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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02297-00

Acción de tutela contra actuaciones realizadas en trámite de acción de tutela

Fecha
25 de enero de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02297-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriado el presente proveído, por Secretaría General del Consejo de Estado, hágase devolución de los expedientes originales que hubiesen sido allegados en calidad de préstamo por otras dependencias judiciales.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2017-02297-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

25 de enero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTUACIONES REALIZADAS EN TRÁMITE DE ACCIÓN DE TUTELA / ADECUADA NOTIFICACIÓN DE VINCULACIÓN EN CALIDAD DE TERCERO CON INTERÉS EN LAS RESULTAS DEL PROCESO / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a situación fáctica planteada en la acción de tutela de la referencia se enmarca en la hipótesis (…) para que proceda la tutela contra sentencia de tutela, esto es, omitir la notificación a terceros que serían afectados por la demanda de tutela, corresponde a la Sala establecer si se configuran el defecto alegado por la sociedad accionante (…) La Previsora S.A. Compañía de Seguros presentó acción de tutela bajo radicado nro. 11001-03-15-000-2016-02875-00 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado por la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, al no haber sido vinculado al trámite de la acción de tutela cuando dentro del proceso ordinario por reparación directa hizo parte como llamado en garantía de la sociedad Cardiovalscular del Caribe Colombiano S.AS. El Consejo de Estado Sección Primera profirió sentencia de primera instancia el 2 de marzo de 2017 dentro de la acción de tutela nro. 11001-03-15-000-2016-02875-00 en la cual ordenó:“[…] PRIMERO: AMPARANSE los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la Administración de Justicia de la Previsora S.A Compañía de Seguros (…) El Consejo de Estado Sección Cuarta en cumplimiento de la orden anterior, profirió el auto de 5 de abril de 2017 en el cual ordenó: “[…] VINCULAR a la presente acción (sic) La Previsora S.A. Compañía de Seguros, como tercero interesado en las resultas del proceso (…) El auto de 5 de abril de 2017 fue notificado a los accionantes e intervinientes y remitido mediante oficio (…) de 6 de abril de 2017 al apoderado de la aseguradora señor [M.W.H.] al correo electrónico (…)@gmail.com y a La Previsora S.A. Compañía de Seguros a través de oficio (…) de 6 de la misma fecha al correo (…)@previsora.gov.co. El Consejo de Estado Sección Quinta profirió nuevamente sentencia de tutela el 26 de abril de 2017 notificada a las partes e intervinientes el 3 de mayo de 2017. En la referida fecha y mediante oficio (…) se remitió al señor [M.W.H.] al correo (…)@gmail.com y a La Previsora S.A. Compañía de Seguros al correo (…)@previsora.gov.co y (…)@previsora.gov.co (…) De acuerdo con lo anterior, la Sala no advierte vulneración alguna de los derechos de La Previsora S.A. Compañía de Seguros en tanto las direcciones electrónicas a través de las cuales se comunicó y notificó del auto de 5 de abril de 2017, corresponden a las mismas sugeridas en el escrito de acción de tutela de la referencia para efectos de notificaciones judiciales

NOTA DE RELATORÍA: La sentencia hace referencia a la unificación de jurisprudencia respecto de la procedencia o no de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia, al respeto, consultar la sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo, de la Corte Constitucional

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02297-00(AC)

Actor: LA PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la PREVISORA S.A COMPAÑÍA DE SEGUROS, a través de apoderado judicial especial, contra la SECCIÓN QUINTA del CONSEJO DE ESTADO, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, al no haberse llevado a cabo la notificación del auto de 5 de abril de 2017, mediante el cual se le vinculó al trámite de la acción de tutela identificada con radicado nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La Previsora S.A. Compañía de Seguros, actuando a través de apoderado especial, instauró solicitud tutela a fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la SECCIÓN QUINTA del CONSEJO DE ESTADO, al no haber notificado a esa sociedad del auto de 5 de abril de 2017 a través del cual se le vinculaba al trámite de la acción de tutela radicada con el número 11001-03-15-000-2015-01366-01.

1.2. Hechos

Refiere que los señores Berta Fernández de Arias, Orlando Manuel Arias Ortega, Lidis del Socorro Vitoria (en su nombre y representación de la menor de 18 años, Leidis Johana Arias Vitoria), Suad Elena Arias Viloria, Lorena Patricia Arias Viloria, Marta Luz Arias Fernández. Hermides Rafael Arias Fernández, Nubia del Carmen Arias Fernández, Erenis lsabel Arias Fernández, Ruby Ester Arias Fernández, Elsi Arias Fernández. Fenis María Arias Fernández, Félix Norberto Arias Navarro, Osvaldo Mateo Arias Fernández y, Marta Luz Arias Fernández, presentaron el medio de control de reparación directa en contra del Departamento Administrativo de la Salud de Sucre, del Hospital Universitario de Sincelejo, la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S y de Salud Vida EPS, el cual correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Sincelejo, bajo radicado nro. 70001-33-31-000-2012-00128-01.

Afirma que en desarrollo del proceso, la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S. llamó en garantía a la Previsora S.A Compañía de Seguros, por lo que ésta fue vinculada al proceso.

Sostiene que mediante sentencia de primera instancia, el juzgado condenó únicamente al Hospital Universitario de Sincelejo, y exoneró de responsabilidad a la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S y a la Previsora S.A Compañía de Seguros.

Contra la decisión anterior, la parte actora y el hospital condenado interpusieron recurso de apelación. Las demás entidades vinculadas no formularon recurso.

Indica que la apelación de la parte actora se refirió al monto de la sentencia en que se había condenado al Hospital Universitario de Sincelejo, pero no realizó reparo alguno al hecho que no se hubiera condenado a la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S.

Aduce que, mediante sentencia de 23 de octubre de 2014, el Tribunal Administrativo del Sucre revocó el fallo proferido en primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Refiere que, ante la decisión anterior, la señora Bertha Fernández de Arias y los demás demandantes interpusieron acción de tutela el 11 de mayo de 2015, la cual cursó, en primera instancia, ante la Sección Cuarta del Consejo de Estado, declarándola improcedente mediante providencia de 3 de septiembre de 2015, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

La decisión adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado fue impugnada y conocida en segunda instancia por la Sección Quinta de esta misma Corporación, dejando sin efectos la sentencia de 23 de octubre de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo del Sucre, y en su lugar, ordenó dictar sentencia de reemplazo.

Afirma que la Previsora S.A Compañía de Seguros no había sido vinculada al trámite de la acción constitucional, como llamada en garantía de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S. en el proceso de reparación directa. Por lo que se interpuso acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado que fue resuelta por la Sección Primera, mediante sentencia de 2 de marzo de 2017, que amparó los derechos de la aseguradora y ordenó su vinculación al trámite de la acción.

Señala que en cumplimiento de la decisión anterior la Sección Quinta profirió sentencia de reemplazo el 26 de abril de 2017, y ordenó nuevamente revocar la providencia de 3 de septiembre de 2015 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, y dejó sin efectos la sentencia de 23 de octubre de 2014 del Tribunal Administrativo de Sucre

Aduce que la Previsora S.A Compañía de Seguros no tuvo conocimiento de tales actuaciones desarrolladas por la Sección Quinta, sino hasta que le fue notificada el 28 de junio de 2017 la sentencia dictada en reemplazo por parte del Tribunal Administrativo de Sucre de 20 de junio de 2017.

Sostiene que el desconocimiento de tales actuaciones por parte de la Previsora S.A Compañía de Seguros, se debió a la vulneración de su derecho al debido proceso por el hecho que se hubiera dispuesto su vinculación y notificación por auto de 5 de abril de 2017 pero esta no se haya llevado a cabo, puesto que la Sección Primera del Consejo de Estado no remitió al correo notificacionesjudiciales@previsora.gov.co, la notificación a la que se hace mención a folio 8 del fallo de 26 de abril de 2017 de la Sección Quinta, con ponencia del consejero Alberto Yepes Barreiro. El auto de vinculación no fue notificado el 6 de abril de 2017, y en el sistema se incorpora la información “[…] no se envió ningún documento por e- mail con el ánimo de contribuir a la cultura de cero papel, lo invitamos a consultar la referida providencia en el siguiente link […]”

Señala que si bien al correo electrónico mcwhjudicial@gmail.com llegó el correo electrónico de notificación de la sentencia de 2 de marzo de 2017, el archivo que se le adjunto, es distinto al que se descargó de la página web del Consejo de Estado una vez conocida la actuación, pues adjuntó un archivo que no correspondía al de la decisión pese a tener la misma fecha de expedición.

En consecuencia, solicita:

“[…] TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, y declare la nulidad de la actuación surtida en el expediente con radicado número 11001-03-15-000-2015-01386-01, a partir de la vinculación, sentencia de tutela proferida el día cinco (5) de mayo del año 2016 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el marco del proceso con radicado 11001-03-15-000-202158-01366-01. Solcito también anular y dejar sin efecto la sentencia número 052 de fecha 10 de junio de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, por ser consecuencia lógica de la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
También solicito anular y dejar sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de fecha veinte (20) de junio de 2017, Sala Segunda de Decisión, Magistrada ponente: Silvia Rosa Escudero Barboza, proceso de reparación directa radicado con el número 70-001-23-33-001-2013-00128-01 […]”

1.3. Actuación

Este despacho admitió la acción de tutela, mediante auto de 22 de septiembre de 2017, dispuso notificar a los magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado, y vincular al Gobernador del Departamento de Sucre, a los gerentes del Hospital Universitario de Sincelejo y de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano SAS, a los magistrados del Tribunal Administrativo de Sucre y, a los señores Berta Fernández de Arias, Orlando Manuel Arias Ortega, Lidis del Socorro Vitoria (en su nombre y representación de la menor de 18 años, Leidis Johana Arias Vitoria), Suad Elena Arias Viloria, Lorena Patricia Arias Viloria, Marta Luz Arias Fernández. Hermides Rafael Arias Fernández, Nubia del Carmen Arias Fernández, Erenis lsabel Arias Fernández, Ruby Ester Arias Fernández, Elsi Arias Fernández. Fenis María Arias Fernández, Félix Norberto Arias Navarro, Osvaldo Mateo Arias Fernández y, Marta Luz Arias Fernández, a quienes se les solicitó pronunciarse sobre los hechos de la acción en el término de tres (3) días y remitir copia de sus actuaciones, quienes fueron notificados en término.

1.3.1. Informes de las partes accionadas

1.3.1.1 Intervención de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La Sección Quinta de esta Corporación, mediante escrito de 4 de octubre de 2017, solicita desestimar las pretensiones de la acción de tutela, en consideración a que no se advierte la supuesta afectación de los derechos fundamentales alegados, por el contrario, lo que pretende la sociedad accionante es revivir los términos que dejó fenecer al no intervenir, ni en tiempo, ni extemporáneamente, en el trámite de la tutela que hoy reprocha.

Señala que el término concedido a la Previsora S.A Compañía de Seguros para rendir el informe se encuentra dentro del margen fijado por el legislador en el artículo 19 del Decreto 2591 de1 991, y resultaba razonable en el caso en concreto, pues la accionante ya conocía del proceso, pues había sido notificada de la sentencia del tribunal con el cual se daba cumplimiento al primer fallo de tutela, además interpuso acción de tutela contra el mismo y se le ampararon sus derechos.

Refiere que la Previsora S.A Compañía de Seguros hábilmente pretende mezclar las notificaciones realizadas en dos acciones de tutela distintas para que se piense que se anexaron los documentos equivocados que referían a procesos que no tenían relación, una de ellas la identificada con radicado nro. p016-02875 que culminó con el fallo de 2 de marzo proferido por la Sección Quinta dentro del proceso nro. 11001-03-15-000- 2015-01366-01.

Indica que para aclarar lo alegado por la accionante, ofició a la Secretaría General para que explicara las actuaciones tendientes a realizar la notificación de la Previsora S.A Compañía de Seguros e informara sobre el contenido de los archivos adjuntos para la notificación del auto dictado en el proceso 11001-03-15-000- 2015-01366-01 y, en efecto, se evidencia que de manera correcta, el auto de vinculación fue notificado el 6 de abril de 2017 a la accionante al correo electrónico notificaciones judiciales@previsora.gov.co, remitiendo copia escaneada del auto de 5 de abril de 2017 y, del texto original de amparo presentado por la señora Bertha Fernández de Arias.

1.3.1.2 Intervención de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S.

El Representante Legal de la sociedad vinculada, a través de apoderado especial, mediante escrito de 5 de octubre de 2017, se refirió a cada uno de los hechos esbozados en la demanda de acción de tutela de la referencia, e indica que la debida integración del contradictorio es esencial en el trámite de la acción de tutela pues significa que deba vincularse a todos los sujetos que puedan tener interés en la decisión, y tratándose de sentencia contra providencias judiciales, en quienes ha sido parte del proceso correspondiente.

Afirma que tanto la Sección Cuarta como la Quinta de esta misma Corporación incurrieron en una irregularidad en desarrollo de la acción de tutela, pues omitieron vincular a todas las partes implicadas en el proceso ordinario como a la Previsora S.A Compañía de Seguros en su calidad de tercero llamado en garantía de la Sociedad Cardiovascular del Caribe Colombiano S.A.S y la EPS Saludvida como demanda en el proceso, por lo que una vez el Tribunal Administrativo de Sucre proceda a dar cumplimiento a la orden de la Sección Quinta violaría el derecho de defensa que le asiste a la aseguradora

Indica que la orden entregada por la Sección Quinta del Consejo de Estado al Tribunal Administrativo de Sucre para que falle una sentencia de cierto forma, se presenta como una inseguridad jurídica, toda vez que en este caso, el juez constitucional sanó la omisión o descuidado del apoderado de la parte demandante al momento de apelar pues había apelado únicamente el monto de la condena del Hospital Universitario de Sincelejo.

Señala que la sentencia de la Sección Quinta deja muchos interrogantes y abre la puerta a la inseguridad jurídica que podría desencadenar un caso jurídico en contra de las instituciones prestadoras de los servicios de salud que están colapsadas económica y prestacionalmente, al no contar con recursos para cumplir con sus obligaciones.

Finalmente considera que las pretensiones de la acción de tutela están llamadas a prosperar puesto que la Sección Quinta no vinculó a la Previsora S.A Compañía de Seguros en la acción de tutela y tampoco a la EPS Saludvida.

El Tribunal Administrativo de Sucre, el Gobernador del Departamento de Sucre, el Gerente del Hospital Universitario de Sincelejo y el apoderado de los señores Berta Fernández de Arias, Orlando Manuel Arias Ortega, Lidis del Socorro Vitoria (en su nombre y representación de la menor de edad 18, Leidis Johana Arias Vitoria), Suad Elena Arias Viloria, Lorena Patricia Arias Viloria, Marta Luz Arias Fernández. Hermides Rafael Arias Fernández, Nubia del Carmen Arias Fernández, Erenis lsabel Arias Fernández, Ruby Ester Arias Fernández, Elsi Arias Fernández. Fenis María Arias Fernández, Félix Norberto Arias Navarro, Osvaldo Mateo Arias Fernández y, Marta Luz Arias Fernández no presentaron informe alguno.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia de la Sala

Esta Sala es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

2.2. Generalidades de la tutela

La tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

2.3. Problema jurídico

En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en determinar si, en efecto: i) es procedente la acción de tutela contra la sentencia de 20 de julio de 2017, dentro del proceso de acción de tutela, identificado con el radicado nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01, dictada por la Sección Quinta de esta corporación, al no haberse integrado debidamente el contradictorio con la notificación del auto de 5 de abril de 20107 que ordenó vincular a la Previsora S.A Compañía de Seguros.

De resultar procedente la acción de tutela, la Sala debe ii) determinar si las actuaciones desarrolladas por la Sección Quinta del Consejo de Estado para lograr la vinculación de la aseguradora accionante al trámite de la acción de tutela con radicado nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01 vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia de la Previsora S.A Compañía de Seguros.

A fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la tutela contra providencias judiciales y su evolución jurisprudencia, ii) los requisitos tanto generales como especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; procediendo, posteriormente, a: iii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.

2.4 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

2.5. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción constitucional cuando se dirige contra decisiones judiciales

Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

Además de estas exigencias, la Corte en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.

Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que éste instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01, Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

2.6 Procedencia de la acción de tutela contra de sentencia proferida en trámite de la misma acción constitucional.

La Corte Constitucional ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela en contra de actuaciones judiciales arbitrarias pero no respecto de las sentencias de tutela, porque con ello la resolución del conflicto resultaría interminables y sería instituir un recurso adicional ante la Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de tutela ya concluido, proceder contrario a la Constitución y a la Ley, dado que una vez terminado el proceso de recisión opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

No obstante lo anterior, la Corte Constitucional admite la procedencia excepcional de la acción de tutela en contra de sentencias proferidas en trámites de tutela siempre y cuando se trate de casos de fraude y, respecto de actuaciones realizadas en el trámite de la acción, pues es posible que ocurran vulneraciones a los derechos fundamentales en dichas actuaciones.

Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015, fijó como reglas para que proceda la tutela contra sentencias de tutela, las siguientes:

A.- Por lo general no procede la acción de tutela contra sentencias de tutela. Ello no admite excepción cuando la tutela ha sido proferida por la Corte Constitucional ya sea en su Sala Plena o en las Salas de Revisión. En tal caso solo procede el incidente de nulidad ante la Corte Constitucional.

B.- Si la sentencia ha sido proferida por otro juez o tribunal la acción de tutela puede proceder de manera excepcional cuando exista fraude y, por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando además de los requisitos generales se satisfagan las siguientes exigencias: i) que la tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada, es decir que no se esté en presencia de la cosa juzgada; ii) que se pruebe de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación de fraude; y iii) que no exista otro mecanismo legal para resolver tal situación.

C.- Si la tutela se dirige contra actuaciones del proceso de amparo constitucional diferentes a la sentencia se debe distinguir si estas ocurren con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

D.- Si la actuación ocurre con anterioridad al fallo y consiste en la omisión del juez de informar, notificar o vincular a terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para revisión.

E.- Si la actuación sucede con posterioridad a la sentencia de tutela y se trata de lograr el cumplimiento de órdenes impartidas en ella, la acción no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional. La mayoría de estas actuaciones acaecen con posterioridad a la sentencia de única o de segunda instancia.

F.- Después de la sentencia de primera instancia también pueden presentarse actuaciones lesivas de derechos fundamentales. Una de las hipótesis posibles es la negación de la impugnación frente a lo cual procede la acción de tutela.

Sobre la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones proferidas dentro de otra acción de tutela, la Sala en sentencia de 2 de marzo de 2015, reiteró lo dicho por la jurisprudencia constitucional sobre la omisión de informar, notificar o vincular a los terceros interesados en un proceso de tutela anterior, error que comporta la violación al debido proceso y configura la procedencia excepcional de la acción de tutela contra tutela.

La providencia de la Sala, consideró:

“De la Procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra actuaciones dentro del proceso de tutela

La Corte Constitucional en el fallo SU-627 de 2015 decidió unificar su Jurisprudencia en torno a la procedibilidad de la acción de tutela contra actuaciones dentro del proceso de tutela y contra la sentencia de tutela.

Para el efecto, el Alto Tribunal al conocer una solicitud de amparo motivada por la omisión del Juez de tutela en el cumplimiento de su deber de vincular al proceso a todas las personas que pueden verse afectadas con la decisión que se tome, para que puedan ejercer su derecho a la defensa, diferenció las acciones de tutela instauradas contra sentencias de tutela y contra actuaciones dentro del proceso de tutela, en cuyos eventos el proceder difiere, razón por la que planteó diversas hipótesis que pueden darse en este ámbito y su correspondiente solución.

Para efectos de resolver el caso concreto, la Sala se referirá a las hipótesis relacionadas con la acción de tutela contra actuaciones producidas dentro del proceso de tutela.

Así, la Corte Constitucional puso de presente que era posible que ocurrieran vulneraciones a los derechos fundamentales en las actuaciones previas y posteriores a la sentencia.

En relación con las vulneraciones ocurridas con anterioridad a la sentencia, destacó que la principal y más repetida era no vincular a un tercero interesado en la acción de tutela, en cuyo caso, tras estudiar diversas sentencias que se referían al asunto (T-1009 de 1999, T-043 de 1996 y T-014 de 1998), la Corte extrajo de tales providencias las siguientes reglas:

1.- Que es obligación del Juez notificar e informar de la iniciación de la acción de tutela a quienes se verían afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren mencionados en la solicitud, es decir, que también se debe notificar a quienes quedarían sujetos por la decisión de tutela, porque les asiste el derecho a impugnar.

2.- La determinación de poner en conocimiento la presunta nulidad se toma dentro del expediente donde ocurrió la omisión, para que se decida sobre el saneamiento o no de la misma. Pero si en las instancias no se hizo y el expediente no fue escogido para revisión, se puede acudir válidamente a otra acción de tutela para que se determine si se vulneró o no el derecho al debido proceso y, en consecuencia, se dé la orden de nulidad para que se tramite la tutela inicial en debida forma.

En aras de unificar su Jurisprudencia, la Corte concluyó que en este evento particular, el Juez deberá determinar, en primera medida, si concurren los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, y si es del caso, la solicitud de amparo resultaría procedente, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el caso para revisión.

Para el efecto, en dicha oportunidad expresó lo siguiente:

“4.5. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones realizadas en el trámite de la acción de tutela.

4.5.1. Es posible que ocurran vulneraciones a los derechos fundamentales en las actuaciones previas y en las actuaciones posteriores a la sentencia.

4.5.2. La principal y la más repetida irregularidad en la que incurre el juez de tutela en las actuaciones previas a la sentencia es el no vincular a un tercero interesado en la acción de tutela. En efecto, esta hipótesis ha sido estudiada por este tribunal, entre otras, en las Sentencias T-162 de 1997, T-1009 de 1999, T-414 de 2011 y T-205 de 2014. A las dos primeras se refiere expresamente la Sentencia SU-1219 de 2001, al precisar el sentido y alcance de la unificación de jurisprudencia en ella hecha y las dos restantes son posteriores a ella. Por su especial relevancia para el caso sub examine es menester dar cuenta en detalle de estas sentencias, como se hace enseguida.

4.5.2.1. En la Sentencia T-162 de 1997, este tribunal planteó el siguiente problema jurídico: “¿la decisión de un juez que niega la impugnación de un fallo de tutela puede ser cuestionada mediante otra acción de tutela?”. La respuesta fue afirmativa, pues el juez de tutela, “al igual que cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho fundamental”, como es la de negar el derecho a impugnar un fallo de tutela, evento en el cual procede la acción de tutela.

4.5.2.2. En la Sentencia T-1009 de 1999 no se llega a plantear un problema jurídico, porque este tribunal constató que se había vulnerado los derechos fundamentales del tercero a quien no se notificó de la demanda de tutela, de tal suerte que no se le permitió concurrir al proceso y defender sus intereses. Con base en la Sentencias T-043 de 1996 y T-014 de 1998, se precisa que es una obligación del juez notificar o informar de “la iniciación de la acción a quienes se verían afectados dentro de una acción de tutela, así no fueren indicados en la solicitud, es decir, no solamente se notifica a quien o quienes se relaciona en la solicitud de tutela, sino a quienes quedarían sujetos por la decisión de tutela, entre otras cosas porque les asiste el derecho a impugnar”. En este caso se decidió anular lo actuado en el proceso de tutela y se fijó, a modo de regla, que:

En principio, esta determinación de poner en conocimiento la presunta nulidad se toma dentro del expediente en donde ocurrió la omisión, para que se diga si se sanea o no la nulidad. Pero si en las instancias no se hizo y el expediente no fue escogido para revisión, entonces se puede válidamente pedir mediante nueva tutela que se determine que se violó el debido proceso y por ende se dé la orden de nulidad para que se tramite la inicial tutela debidamente.

4.5.2.3. En la Sentencia T-414 de 2011 se reconoce, como ya se advirtió que la tutela sí procede frente a actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela. En este caso la tutela se declara improcedente, porque

Resulta evidente para la Sala, en el presente caso, (i) que al haberse declarado la improcedencia del recurso de nulidad mediante Auto del 26 de julio de 2010 emitido por el Juzgado Civil del Circuito de Lorica, el accionante mediante la acción de tutela contra tutela pretende reabrir el debate constitucional; (ii) que conforme con la jurisprudencia constitucional la acción de tutela contra sentencias de tutela, resulta del todo improcedente; (iii) que el mecanismo que debió emplear el actor para atacar la decisión que considera violatoria del derecho de defensa y del debido proceso era solicitar su eventual revisión ante la Corte Constitucional; (iv) que por medio de la Resolución 654 de 2001, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispuso que el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1999 es obligatorio y no requiere autorización previa y escrita del Ministerio ni del promotor ni del nominador del promotor; (v) que la Corte mediante Auto del 22 de septiembre de 2010 decidió no seleccionar el fallo cuestionado, sin que el actor, el Defensor del Pueblo o un magistrado de la Corte Constitucional, hubieren insistido oportunamente en su selección para revisión por parte de la Corporación; y (vi) que una vez terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, de manera que al quedar definitivamente en firme la sentencia de tutela por decisión judicial de esta Corte, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.

4.5.2.4. En la Sentencia T-205 de 2014, este tribunal reitera la diferencia que existe entre la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y la acción de tutela contra las actuaciones arbitrarias de los jueces de tutela. Conforme al precedente de la Sentencia T-1009 de 1999, la ratio decidendi de esta sentencia, que confirmó la sentencia objeto de revisión que, a su vez, anulaba lo actuado en un proceso de tutela anterior, es la de que:

4.3. Por ello, si no se notificó al tercero que quedaría afectado por el fallo, ciertamente se configuró una violación al debido proceso y al derecho de defensa, resultando necesario tomar las medidas tendientes a superar dicha trasgresión, pero al no haber sido seleccionada para revisión aquella decisión de tutela, no quedaba camino jurídico distinto al incoado como nueva demanda de amparo, indefectible para poder resucitar ese debido proceso.

4.5.3. Con posterioridad a la sentencia de tutela también pueden presentarse actuaciones. Una de las hipótesis posibles, como ya se vio es la de que el juez niegue la impugnación del fallo de tutela, que acaece después del fallo de primera instancia pero antes de que pueda darse el de segunda. Sin embargo, las actuaciones más frecuentes que ocurren con posterioridad a la sentencia de única o de segunda instancia, son las que tienen que ver con el cumplimiento de las órdenes dadas. Como este tribunal lo precisó en la Sentencia C-367 de 2014, el mecanismo idóneo para lograr el cumplimiento de una orden de tutela es la solicitud al juez de primera instancia ejerza las competencias previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, por lo tanto, como lo advierte la Sentencia T-956 de 2010, la acción de tutela no procede para lograr el cumplimiento de las órdenes de tutela. En el contexto de las medidas necesarias para lograr dicho cumplimiento, es posible tramitar un incidente de desacato, en el cual, como es obvio, se debe respetar el debido proceso. De no ser así y, por el contrario, darse una actuación contraria al ordenamiento jurídico, respecto de la cual no existe otro medio eficaz de defensa, de manera excepcional procede la acción de tutela. Así lo ha reconocido este tribunal en las Sentencias T-088 de 1999, T-086 y T-553 de 2003, T-368 de 2005 y T-474 de 2011.

4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela, anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.”

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad.” (Negrillas y subrayas fuera del texto)

Advierte la Sala que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación referida, al resolver el caso concreto, el cual resulta similar al aquí planteado, para efectos de estudiar los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela tuvo en cuenta los siguientes: i) afectación de un derecho fundamental; ii) legitimación en la causa por activa; iii) legitimación en la causa por pasiva y por los terceros interesados en el proceso; iv) inmediatez; y v) subsidiariedad.”

Como la situación fáctica planteada en la acción de tutela de la referencia se enmarca en la hipótesis descrita en el literal D de las reglas para que proceda la tutela contra sentencia de tutela, esto es, omitir la notificación a terceros que serían afectados por la demanda de tutela, corresponde a la Sala establecer si se configuran el defecto alegado por la sociedad accionante.

2.7 El caso concreto

En el sub lite pretende el accionante que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por la SECCIÓN QUINTA del CONSEJO DE ESTADO, al haber incurrido en un aparente defecto procedimental en desarrollo de las acciones tendientes a lograr la notificación personal del auto admisorio de vinculación a la acción de tutela nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01, promovida por la señora Bertha Fernández Arias y otros contera el Tribunal Administrativo de Sucre, y, como consecuencia de lo anterior, solicita se declare la nulidad de las actuaciones posteriores a su vinculación dentro del trámite de la acción constitucional y se deje sin efecto la sentencia de 20 de junio de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre dentro de la acción de reparación directa nro. 70-001-23-33-001-2013-00128-01.

La accionante atribuye la violación de sus derechos fundamentales a la ausencia de notificación de la providencia de 5 de abril de 2016 11001-03-15-000-2015-01366-01 por medio de la cual se le vincula como tercero interesado en las resultas del proceso.

2.7.1 Problema jurídico

Una vez se estableció la procedencia de la acción de tutela, la Sala debe determinar si las actuaciones desarrolladas por la Sección Quinta del Consejo de Estado para lograr la vinculación de la aseguradora accionante al trámite de la acción de tutela con radicado nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01 vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y de acceso a la administración de justicia de la Previsora S.A Compañía de Seguros, al no notificarle el auto de 5 de abril de 2017 por el cual se le vinculaba la trámite de la acción de tutela nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01.

2.7.2 Del defecto procedimental absoluto

Dado que la parte actora denuncia la existencia de un defecto procedimental absoluto, es menester de la Sala poner de presente los planteamientos que al respecto ha expuesto la Corte Constitucional. En tal virtud, la jurisprudencia constitucional ha establecido que el defecto procedimental absoluto se configura cuando: i) el juez se aparta de las normas procesales ii) desconoce el procedimiento determinado por la ley iii) o al exceso ritual que anula la efectividad de los derechos fundamentales:

“Este tiene lugar siempre que, en desarrollo de la actividad judicial, el funcionario se aparte de manera evidente y grotesca de las normas procesales aplicables. Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. También se ha admitido que, en forma excepcional, éste puede configurarse debido a un exceso ritual manifiesto, a consecuencia del cual el operador judicial resta o anula la efectividad de los derechos fundamentales por motivos excesivamente formales.”

“…el juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones y actúa de forma arbitraria y caprichosa, con fundamento en su sola voluntad, se configura el defecto procedimental. El defecto procedimental se erige en una violación al debido proceso cuando el juez da un cauce que no corresponde al asunto sometido a su competencia, o cuando pretermite las etapas propias del juicio, como por ejemplo, omite la notificación de un acto que requiera de esta formalidad según la ley, o cuando pasa por alto realizar el debate probatorio, natural a todo proceso, vulnerando el derecho de defensa y contradicción de los sujetos procesales al no permitirles sustentar o comprobar los hechos de la demanda o su contestación, con la consecuente negación de sus pretensiones en la decisión de fondo y la violación a los derechos fundamentales.” .

Igualmente, la Corte señaló que si el desconocimiento del procedimiento debe es trascendental podría llegar a afectar de manera grave el derecho al debido proceso. En este sentido, señaló:

“Al desconocer completamente el procedimiento determinado por la ley, el juez termina produciendo un fallo arbitrario que vulnera derechos fundamentales. No obstante, el desconocimiento del procedimiento debe tener unos rasgos adicionales para configurar el defecto bajo estudio: a) Debe ser un error trascendente que afecte de manera grave el derecho al debido proceso y que tenga una influencia directa en la decisión de fondo adoptada y, b) debe ser una deficiencia no atribuible al afectado. Así por ejemplo, se configura un defecto procedimental cuando se deja de notificar una decisión judicial a raíz de lo cual la parte pierde arbitrariamente la oportunidad de controvertir dicha decisión HYPERLINK "http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/t-1246-08.htm" \l "_ftn16" \o "" [16]. Sin embargo, si la falta de notificación no tiene efectos procesales importantes, si se deriva de un error del afectado, o si la misma no produjo verdaderamente un efecto real – por ejemplo por que el afectado tuvo oportunidad de conocer el acto por otros medios –,  no procederá la tutela.” (Resaltos de la Sala).

Teniendo en cuenta lo anterior, es de relevancia poner de presente que La Previsora S.A. Compañía de Seguros, fundamenta este cargo manifestando que el mencionado defecto se constituyó cuando el Juez omitió notificarle en debida forma el contenido de la decisión proferida el 5 de abril de 2017 en el proceso de acción de tutela con radicación nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01.

Al respecto, la Sala pone de presente que la inconformidad de La Previsora S.A. Compañía de Seguros no recae en los fundamentos de derecho de la sentencia de 26 de abril de 2017 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sino en las irregularidades relacionadas con la indebida notificación de las decisiones adoptadas en el curso de la acción de tutela con radicación nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01.

Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales citados en la presente sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

2.8. Análisis y acervo probatorio

Del expediente de tutela con radicación nro. 11001-03-15-000-2015-01366-01, la Sala observa lo siguiente:

La señora Berta Fernández de Arias y otros presentaron el 11 de mayo de 2015 acción de tutela contra el Tribunal a Administrativo del Sucre por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la vida.

El Consejo de Estado – Sección Cuarta admitió la acción de tutela mediante auto de 25 de mayo de 2015, y ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Sucre como accionados, y, al Gobernador del Departamento de Sucre, al Gerente del Hospital Universitario de Sincelejo y al Representante legal de la Sociedad Cardiovascular del Caribe S.A.S, en calidad de terceros con interés directo.

El Consejo de Estado – Sección Cuarta, profirió fallo de primera instancia en la que denegó el amparo solicitado por improcedente. Contra la decisión anterior la parte actora formuló escrito de impugnación que fue concedido mediante auto de 7 de abril de 2016.

El Consejo de Estado – Sección Quinta profirió fallo de segunda instancia el 5 de mayo de 2016 con la cual revocó lo decidido por la Sección Cuarta y dispusó dejar sin efectos la sentencia de 23 de octubre de 2014 del Tribunal Administrativo de Sucre y le ordenó dictar una sentencia de reemplazo.

El Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia de reemplazo el 10 de junio de 2016.

La Previsora S.A. Compañía de Seguros presentó acción de tutela bajo radicado nro. 11001-03-15-*000-2016-02875-00 contra la Sección Quinta del Consejo de Estado por la vulneración de sus derechos al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia, al no haber sido vinculado al trámite de la acción de tutela cuando dentro del proceso ordinario por reparación directa hizo parte como llamado en garantía de la sociedad Cardiovalscular del Caribe Colombiano S.AS.

El Consejo de Estado – Sección Primera profirió sentencia de primera instancia el 2 de marzo de 2017 dentro de la acción de tutela nro. 11001-03-15-000-2016-02875-00 en la cual ordenó:

“[…] PRIMERO: AMPARANSE los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la Administración de Justicia de la Previsora S.A Compañía de Seguros.

SEGUNDO: DEJASE SIN EFECTO la sentencia de 5 de mayo de 2016, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado al interior del expediente de tutela radicado bajo el núm. 2015-01366. En consecuencia, ORDENASE a dicha Sección que, en el término de la distancia, llame al proceso a La Previsora S.A. Compañía de Seguros para que ésta se haga parte del mismo y se le garantice su derecho de audiencia y de defensa y; una vez esto ocurra, en el término de tres días, profiera la sentencia que resuelva el asunto.
TERCERO: DEJASE SIN EFECTO el fallo de 1o de junio de 2016,
proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre al interior del proceso de reparación directa radicado bajo el núm. 2012-00128. CONMÍNASE a dicho Tribunal para que, una vez la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronuncie definitivamente respecto de la tutela núm. 2015-01366, acate con suma diligencia y celeridad la orden que ésta le imparta.

El Consejo de Estado – Sección Cuarta en cumplimiento de la orden anterior, profirió el auto de 5 de abril de 2017 en el cual ordenó:

“[…] VINCULAR a la presente acción (sic) La Previsora S.A. Compañía de Seguros, como tercero interesado en las resultas del proceso, para lo cual dispondrá de un término de un (1) día para, si lo considera pertinente, se pronuncie sobre los hechos objeto de la petición de amparo.”

El auto de 5 de abril de 2017 fue notificado a los accionantes e intervinientes y remitido mediante oficio nro. 24767 de 6 de abril de 2017 al apoderado de la aseguradora señor Manfred C. Wagener Hollman al correo electrónico mcwhjudicial@gmail.com.y, a La Previsora S.A. Compañía de Seguros a través de oficio nro. 24781 de 6 de la misma fecha al correo notificacionesjudiciales@previsora.gov.co.

El Consejo de Estado – Sección Quinta profirió nuevamente sentencia de tutela el 26 de abril de 2017 notificada a las partes e intervinientes el 3 de mayo de 2017. En la referida fecha y mediante oficio nro. 29662 se remitió al señor Manfred C. Wagener Hollman al correo mcwhjudicial@gmail.com y a La Previsora S.A. Compañía de Seguros al correo notificacionesjudiciales@previsora.gov.co y contactenos@previsora.gov.co.

2.9. Conclusiones de la Sala

De acuerdo con lo anterior, la Sala no advierte vulneración alguna de los derechos de La Previsora S.A. Compañía de Seguros en tanto las direcciones electrónicas a través de las cuales se comunicó y notificó del auto de 5 de abril de 2017, corresponden a las mismas sugeridas en el escrito de acción de tutela de la referencia para efectos de notificaciones judiciales como se advierte a folio 22 del cuaderno principal, esto es, al abogado Manfred C. Wagener Hollman al correo mcwhjudicial@gmail.com y a la Fiduprevisora al correo notificacionesjudiciales@previsora.gov.co.

Además, se advierte en los pantallazos de envío de los correos electrónicos que se adjuntó el archivo correspondiente como se advierte a folios 370 y 370 vuelto, por lo que no existe duda para esta Sala que la notificación se realizó.

Así las cosas, por las razones antes señaladas se negará la acción de tutela al no encontrarse probado que se vulneró los derechos de La Previsora S.A. Compañía de Seguros.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela de la referencia por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriado el presente proveído, por Secretaría General del Consejo de Estado, hágase devolución de los expedientes originales que hubiesen sido allegados en calidad de préstamo por otras dependencias judiciales.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Acción de Tutela promovida por Bertha Fernández Arias y otros en contra del Tribunal Administrativo de Sucre.
Cfr. Folios 1 a 22 del expediente.
Cfr. Folios 64 y 65 del expediente.
Cfr. Folios 72 y 73 del expediente.
Cfr. Folios 89 a 93 del expediente.
Radicación: 2009-01328-01 (IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
Expediente D-5428. Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
Sentencia T-162 de 1997, se refiere a la decisión de un juez que niega la impugnación de un fallo, la cual puede ser cuestionada mediante acción de tutela porque el juez de amparo, al igual que cualquier otro funcionario judicial, puede realizar una actuación que viole o ponga en peligro un derecho fundamental como es el de negar el derecho a impugnar un fallo de tutela, evento en el cual procede la tutela.
Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 2 de marzo de 2017. Actor: Javier Alirio Ramos Obando. Exp. nro. 11001-03-15-000-2016-02565-01. M.P. María Elizabeth García González.
Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1º de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
Supra II, 3.6.3.1.
Supra II, 3.6.3.4.
Folio 275 del cuaderno principal.
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resolución 654 de del 11 de abril de 2001. “Artículo 1°. Señalar que el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1.999 es obligatorio.”
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Resolución 654 de del 11 de abril de 2001. “Artículo 2°. Señalar que en el cumplimiento de los fallos de tutela proferidos contra las entidades territoriales que se encuentran en proceso de acuerdo de reestructuración de pasivos de que trata la Ley 550 de 1.999 no requiere de autorización previa y escrita del Ministerio de hacienda y Crédito Público, ni del Promotor ni del Nominador del Promotor.”
Artículo 243, numeral 1, de la Constitución.
Supra II, 3.6.4.2.1.
Supra II, 4.3.5.
Corte Constitucional, expediente T-3106156 Acción de Tutela instaurada por Jairo Alfonso Manrique Bocanegra. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
Corte Constitucional, sentencia T-993/03 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández).
Corte Constitucional. Sentencia t-1246 de 11 de diciembre de 2008. Actor: Juan José García Romero. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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