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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2016-02995-00

Fecha
24 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2016-02995-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario especial de revisión promovido por el señor Luis Enrique Salas Moisés contra la sentencia del 20 de septiembre de 2011 por medio de la cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decretó la pérdida de su investidura como congresista. SEGUNDO: Por Secretaría ARCHIVAR la presente actuación y el expediente de pérdida de investidura núm. 2010-01357-00 allegado en calidad de préstamo. TERCERO: Por Secretaría HACER las anotaciones pertinentes en la plataforma del Consejo de Estado “SAMAI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2016-02995-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Magistrado Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., Veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2016-02995-00
Recurrente: LUIS ENRIQUE SALAS MOISÉS
Asunto: Sentencia

Tema: Recurso Extraordinario Especial de Revisión de Pérdida de Investidura /
Alcances de la causal prevista en el artículo 183 numeral 4° de la Constitución.

SENTENCIA

1. ASUNTO
1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado decide el

recurso extraordinario especial de revisión presentado por el señor Luis Enrique
Salas Moisés contra la sentencia del 20 de septiembre de 2011, por medio de la
cual esta Corporación decretó la pérdida de su investidura como congresista.

2. ANTECEDENTES
2.1.- La solicitud de pérdida de investidura y sus fundamentos
2. El ciudadano Fernando Augusto Ramírez Guerrero solicitó la pérdida de
investidura del Representante a la Cámara Luis Enrique Salas Moises, elegido por
la circunscripción electoral del departamento de Cundinamarca para los períodos
constitucionales 2002-2006 y 2006-2010, invocando las causales previstas en los
artículos 180-1, 110 y 183-4 de la Constitución, consistentes en “hacer o inducir a
otros a realizar contribuciones a los partidos, movimientos, o candidatos”,
“desempeñar cargo o empleo público o privado” y la “indebida destinación de
dineros públicos”.
3. Lo anterior, por haber fungido en forma simultánea como Representante a la

Cámara y pastor de la iglesia cristiana “En tu presencia”, esto último de manera
preferente; por inducir a los funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo a
realizar contribuciones económicas en favor suyo bajo la modalidad de diezmos o
mediante la prestación de servicios a la iglesia antes mencionada, desviando de
esa manera los recursos públicos destinados al pago de los salarios de dichos
servidores hacia su patrimonio personal; y en ese mismo orden de ideas, por
haberles asignado unas funciones de carácter privado, totalmente ajenas a las que
debían cumplir como miembros de su unidad de trabajo legislativo.

2.2.- Sentencia de única instancia objeto de revisión
4. El 20 de septiembre de 2011, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, dictó sentencia de única instancia, mediante la cual se decretó
la pérdida de investidura del legislador cuestionado.
5. En sus consideraciones precisó en todo caso, que el hecho de que el congresista

fuese la cabeza visible de la iglesia cristiana “En tu presencia”, no es por sí misma
una circunstancia suficiente para que se configure la incompatibilidad prevista en el
art. 180-1 constitucional, en virtud del cual los congresistas no podrán “desempeñar
cargo o empleo público o privado”, pues las actividades inherentes a la práctica de

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una religión no se subsumen en el concepto de cargo o empleo, por corresponder
al ejercicio del derecho fundamental a profesar libremente una religión y difundirla
en forma individual o colectiva, consagrado en el art. 19 de la norma superior.
6. La Sala Contenciosa explicó que las prácticas propias del culto deben armonizarse

con el ejercicio de los deberes de congresista, con el propósito de evitar que las
actividades religiosas interfieran en el desarrollo de la tarea parlamentaria, lo cual
no fue acreditado en el proceso y por ello se descartó la configuración de la causal
invocada.
7. No obstante lo anterior, la Sala Plena Contenciosa encontró probado que el
congresista cuestionado incurrió en las conductas descritas en los artículos 110 y
183-4 de la Constitución “porque indujo a los miembros de su unidad de trabajo
legislativo a realizar contribuciones a su favor y a través suyo, a favor del movimiento
o partido político al cual pertenece y destinó indebidamente los dineros públicos con
los cuales se pagaban los salarios de aquéllos a actividades ajenas a las que debían
cumplir en apoyo de la labor legislativa que correspondía al Representante”(sic).

2.3.- El recurso extraordinario especial de revisión.
8. Inconforme con esa decisión, el apoderado del señor Salas Moisés interpuso
recurso extraordinario especial de revisión contra la sentencia de pérdida de
investidura antes mencionada, con la pretensión de que se declare su “nulidad”
(sic)1 y se profiera, en su lugar, una sentencia sustitutiva en la que se desestimen
los cargos formulados.
9. El recurso se sustentó en las causales de revisión previstas en el numeral 1º del

art. 188 del Código Contencioso Administrativo y en el art. 17 de la Ley 144 de 1994,
que consideró configuradas bajo los siguientes argumentos:
10.Según el recurrente, la sentencia impugnada está afectada de nulidad, por
haberse fundado en unos “testimonios falsos que adulteraron la realidad” (sic)2 y
que llevaron a la Sala Plena Contenciosa a tener por demostrada la conducta
consistente en “inducir a otros a realizar contribuciones a los partidos, movimientos
o candidatos”. Al sustentar la anterior afirmación, asegura que los testimonios
rendidos por Martha Liliana Santander Bueno y José Darío Vargas Avendaño,
fueron desestimados por la Corte Suprema de Justicia en los procesos identificados
con los radicados 37102 y 39014, por cuanto ellos “no fueron veraces y tenían ánimo
retaliatorio contra su jefe de la UTL Luis Enrique Salas Moisés”.
11. Adujo además que el fallo objeto de revisión vulneró el debido proceso por haber

decretado la pérdida de la investidura que ostentaba el señor Salas Moisés, a pesar
de no obrar en el expediente las “pruebas documentales bancarias y contables” que
en su criterio eran indispensables “para comprobar los supuestos pagos periódicos
realizados por las fingidas víctimas” (sic).
12. Aparte de ello, el recurrente señaló que la mencionada vulneración ocurrió
además por la interpretación extensiva que se hizo de la causal descrita en el art.
183-4 Constitucional, pues dicha norma se circunscribe a la “indebida destinación
de dineros públicos”, y por lo mismo no es dable incluir dentro de dicho supuesto
normativo, las actividades de labor social adelantadas por diferentes miembros de
la UTL, pues “las personas no pueden ser catalogadas como dinero” (sic).

1 Pág.19 de la sentencia objeto de revisión.
2 Pág. 4 de la sentencia ibidem.

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2.4.- Contestación del recurso
13. El señor Fernando Augusto Ramírez Guerrero, promotor del proceso de pérdida

de investidura, no se hizo presente en el proceso, a pesar de los múltiples esfuerzos
realizados de manera infructuosa por la Secretaría General del Consejo de Estado
para notificarle en forma personal el auto admisorio del recurso y de haber
adelantado los trámites de la notificación por aviso previstos en el art. 292 del
Código General del Proceso.

2.5.- El concepto del ministerio público
14. Al rendir su concepto fiscal, el agente del Ministerio Público solicitó declarar
infundado el recurso extraordinario especial de revisión, por considerar que en el
asunto bajo examen no se configuró la causal consagrada en el numeral 1º del art.
188 del CCA alegada por el demandante, pues según la jurisprudencia de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, aquella solamente tiene aplicación respecto
de “documentos falsos” y no se amplía a otros medios probatorios como los
“testimonios”, tal como lo pretende hacer valer el recurrente.
15. El delegado de la Procuraduría puso de relieve, que en el trámite del proceso de

pérdida de investidura el exrepresentante cuestionado gozó de todas las garantías
jurídicas propias del debido proceso y del derecho de defensa, pues tuvo la
oportunidad de ser escuchado, de controvertir, allegar y solicitar la práctica de
pruebas e interponer los recursos de ley.
16.Destacó asimismo que el recurso extraordinario no puede ser utilizado para
cuestionar la valoración probatoria realizada por el juez natural y añadió a lo
expuesto que el juicio de pérdida de investidura es autónomo e independiente del
proceso de responsabilidad penal y, por lo mismo, no está subordinado a las
decisiones que en este se adopten.
17. Por otra parte, precisó que la Sala Plena del Consejo de Estado optó por una
interpretación lógica y plausible de la expresión “dineros públicos” a partir de la
finalidad que está llamada a cumplir el instituto procesal de la pérdida de investidura
y por ello no es cierto que al hacerlo haya extendido el alcance de la norma a
supuestos no previstos en ella.

2.6.- Trámite del recurso
18. El 1º de agosto de 2018 se admitió el recurso por haber sido interpuesto y
sustentado en término; se dispuso su notificación personal al solicitante de la
pérdida de investidura, al congresista cuestionado y al agente del ministerio público
y se fijó en lista por diez (10) días para los efectos previstos en el art. 253 del
CPACA., notificación que en el caso del señor Fernando Augusto Ramírez Guerrero
se realizó finalmente por aviso, ante la imposibilidad de hacerlo personalmente.
19.Mediante auto del 4 de abril de 2019, se incorporaron al proceso las pruebas
aportadas, se decretaron las documentales pedidas por el recurrente y se fijó el
término de 30 días para su práctica.
20. En aplicación de lo previsto en el art. 110 del CGP, se ordenó el traslado de las

pruebas decretadas.
21. Vencido el término del traslado, pasó el proceso al despacho para fallo.

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3. CONSIDERACIONES
3.1.- La competencia de la Sala
22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer en

única instancia del presente recurso extraordinario especial de revisión, según lo
dispuesto en el art. 111 numeral 7º del CPACA, y en el art. 29 del Reglamento del
Consejo de Estado, Acuerdo 080 de 2019.

3.2 Oportunidad en la presentación del recurso
23. El recurso se presentó el 6 de octubre de 2016 en forma oportuna, dentro del

término de cinco (5) años consagrado en el art. 17 de la Ley 144 de 1994, toda vez
que la sentencia recurrida, fue proferida el 20 de septiembre de 2011 y notificada
por edicto fijado por el término de 3 días, que corrió entre el 5 y el 7 de octubre de
2011.

3.3 Normatividad aplicable
24.Es importante aclarar, que aunque el Congresista presentó el recurso
extraordinario especial de revisión con fundamento en la causal consagrada en el
numeral 1º del art. 180 del CCA., lo cierto es que dicho medio impugnatorio no es
una continuación de la instancia ordinaria, sino un nuevo proceso, razón por la cual,
procede la aplicación de las normas vigentes al momento de su interposición. En tal
sentido, se analizará el recurso bajo las luces del numeral 2º del artículo 250 del
CPACA. y el art. 17 de la Ley 144 de 1994.

3.4.- El problema jurídico planteado
25. Hecha la claridad que antecede, corresponde a la Sala determinar si en el caso

bajo examen se configuran o no las causales de revisión previstas en el numeral 2º
del art. 250 del CPACA y en el art. 17 de la Ley 144 de 1994 y, en caso afirmativo,
si es del caso infirmar o no la sentencia del 20 de septiembre de 2011 proferida por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
26. Para resolver la discusión planteada, se abordarán algunas generalidades del

recurso extraordinario de revisión, para abordar luego el análisis de las causales
invocadas, para poder determinar si se cumplen o no, los presupuestos de su
configuración en el caso concreto.

3.5.- Del recurso extraordinario especial de revisión
27. Tanto en el artículo 17 de la derogada Ley 144 de 1994, como en el artículo 19

la Ley 1881 de 2018, norma actualmente vigente, se dispuso que el recurso
extraordinario especial de revisión procede contra las sentencias del Consejo de
Estado que decreten la pérdida de investidura de un congresista.
28. En cuanto a su finalidad, la Corte Constitucional, en sentencia C-247 del 1º de

junio de 1995, explicó que dicho recurso tiene un carácter de suyo extraordinario, lo
cual significa que solamente puede intentarse en casos excepcionales definidos en
forma taxativa por el legislador y contra sentencias que hayan hecho tránsito a cosa
juzgada, con el objeto de hacer prevalecer un adecuado equilibrio entre la seguridad
jurídica y la justicia. De acuerdo con ello, en esos únicos casos se morigera o
relativiza la regla constitucional que proclama la inmutabilidad de las sentencias en
firme.
29. Este mecanismo procesal, materializa el principio de la tutela judicial efectiva,

previsto en los artículos 8º numeral 1 y 25 de la Convención Americana de Derechos

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Humanos, que se traduce en la posibilidad excepcional de acudir en condiciones
de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar la integridad
del orden jurídico y la debida protección o el restablecimiento de sus derechos
e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y
procedimentales consagradas en la ley.
30. Dada su naturaleza extraordinaria, este mecanismo de defensa está sometido al

cumplimiento de unos requisitos específicos, a saber: debe presentarse dentro de
los 5 años según lo disponía el anterior art. 17 de la Ley 144 de 1994 o 2 años bajo
el vigente art. 19 de la Ley 1881 de 2018 contados a partir de la ejecutoria de la
sentencia; el escrito contentivo del recurso debe atender a los parámetros
consignados expresamente en el artículo 252 del CPACA; y el recurrente debe
demostrar la configuración de alguna de las causales taxativamente señaladas en
los artículos 250 del CPACA3, y 17 de la Ley 144 de 1994 referentes a la violación
del debido proceso y el derecho de defensa.
31. Si bien este mecanismo fue concebido por el legislador para materializar un fin

legítimo, ello no puede interpretarse como la habilitación de una tercera instancia o
una nueva oportunidad para que las partes subsanen conductas omisivas o
negligentes y menos aún para corregir o subsanar las falencias probatorias en las
que hubieren incurrido durante el trámite del proceso4.

3.6 Análisis de las causales de revisión invocadas

3.6.1 Primer cuestionamiento: “Haberse dictado la sentencia con
fundamento en documentos falsos o adulterados”.
32. Según lo dispone el numeral 2º del artículo 250 del CPACA, es causal de revisión

de una sentencia ejecutoriada “[…] 2. Haberse dictado la sentencia con fundamento
en documentos falsos o adulterados […]”.
33. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, que para la configuración de

esta causal es preciso que se presente la falsedad o adulteración de uno o más
documentos y que éstos hayan sido fundamentales para proferir el fallo recurrido,
al punto que, sin su consenso o su incidencia, el fallo hubiere tenido otro sentido5.
34.Según la interpretación y alcance que esta Corporación le ha dado a la causal en

estudio, el análisis que realiza el juez en sede de revisión, con respecto a la
falsedad o adulteración de los documentos, tiene un carácter puramente objetivo,
sin que el operador jurídico se detenga a discurrir sobre la responsabilidad del actor,
puesto que dicho aspecto le corresponde resolverlo al juez penal competente, a
quien se le debe poner en conocimiento de dicha situación en los eventos en que
se presente.
35. En cuanto a la determinación de si una prueba documental aportada es falsa o

ha sido adulterada, debe tenerse en cuenta “que la falsedad documental siempre
será dolosa y que puede ser material o ideológica, siendo la primera la mutación
física del documento y correspondiendo la segunda a la alteración intelectual de su
contenido.”6
36. Dicha causal se funda en la necesidad de obtener una sentencia conforme a

3 A esta norma remite en la actualidad al art. 19 de la Ley 1881 de 2018.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, rad. 2013-00035-00(46453), M.P. Marta Nubia Velásquez
Rico.
5 Consejo de Estado. Sala Veintiuno Especial de Decisión, sentencia del 3 de diciembre de 2019, rad 11001-

03-15-000-2014-01303-00(REV). M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
6 Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de 2013.

Expediente: 11001-03-15-000-2008-00638-00.

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derecho, no afectada por hechos fraudulentos que puedan incidir en la definición
del caso, particularmente cuando este tiene origen en una prueba de tipo
documental.

3.6.1.1 Caso concreto

37.Señaló el recurrente que la sentencia del 20 de septiembre de 2011, se
fundamentó exclusivamente en los testimonios de Martha Liliana Santander Bueno
y de José Darío Vargas Avendaño, los cuales no solo fueron tachados por falsos
por el demandante, sino que además, su credibilidad quedó desvirtuada por la Sala
de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia en los autos de 28 de mayo
de 2014 y 11 de agosto de 2016 en los cuales se abstuvo de imponer medida de
aseguramiento al congresista cuestionado en el curso del proceso penal por
“concusión”, y se dictó decisión inhibitoria en la investigación adelantada por el delito
de “presión a testigos”, respectivamente.

38. A juicio del recurrente, las decisiones de la justicia ordinaria demuestran que los

testigos en referencia actuaron bajo una actitud retaliatoria en contra del congresista
Luis Enrique Salas Moisés, quien declaró insubsistente sus nombramientos
impidiéndoles continuar en sus cargos hasta conseguir una mejor mesada
pensional, con lo cual se desvirtúan “los pilares probatorios con los que la Sala
Plena del Consejo de Estado fundamentó su decisión de decretar la pérdida de
investidura” (sic).

39. Independientemente de los argumentos relacionados con la credibilidad de los

testigos, la Sala pone de relieve que la causal invocada está referida exclusivamente
a los documentos y no a los testimonios. Aunque suene de Perogrullo, los primeros
corresponden a los medios de prueba aludidos en el artículo 243 del Código General
del Proceso, en tanto que los segundos, consisten “en la declaración representativa
que una persona, que no es parte en el proceso en que se aduce, hace a un juez,
con fines procesales, sobre lo que sabe respecto a un hecho de cualquier
naturaleza”7.
40. Es importante precisar, que aunque los testimonios consten por escrito y se

aporten de esta manera al expediente, la forma de materializarlos no los convierte
en una prueba documental, pues lo relevante es la información declarada por el
testigo con relación a los hechos sobre los que se le indagan8.

41. Si bien la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se abstuvo de

imponer medida de aseguramiento al congresista Luis Enrique Salas Moisés en la
investigación adelantada en su contra por el delito de concusión9, y se inhibió de
abrir investigación por el delito de “presión de testigos”10, ello no significa que los
testimonios y las conclusiones a las que se llegó en relación con este medio
probatorio adquieran el carácter de falsos.

42. Es bien sabido que el juicio de pérdida de investidura es completamente
independiente y autónomo del proceso penal. En tal sentido, por razón de la
naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida de investidura corresponde a un
juicio de responsabilidad, que conlleva la imposición de una sanción de carácter
jurisdiccional fundada en la transgresión del código de conducta de los miembros
de las corporaciones públicas de elección popular, responsabilidad que es

7 Devis Echandía, Hernando. Teoría General de la Prueba Jurídica, Tomo II, Quinta Edición. Editorial Temis,

Bogotá, 2002, pág. 27.
8 Ibidem, píe de página 10.
9 Proceso adelantado bajo el radicado núm. 37102, fols. 76-104.
10 Proceso núm. 39014, fols.105-113.

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claramente diferenciable de la responsabilidad penal, tal como lo ha venido
sosteniendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional11 y del Consejo de Estado12.
43. En ese orden de ideas, el Consejo de Estado como máxima autoridad en el
ámbito de lo contencioso administrativo, no está limitado o supeditado a las
decisiones que se surtan ante la justicia ordinaria.

44. La independencia y autonomía del juicio de pérdida de investidura han sido
ratificadas por la Corte Constitucional, al punto que, en la Sentencia C-319 del 14
de julio de 1994 declaró la inexequibilidad del parágrafo 2º del art. 296 de la Ley 5ª
de 1992, en el cual se condicionaba la procedencia de la acción de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos o tráfico de influencias, a
la existencia previa de una sentencia penal condenatoria.
45. La Sala concluye entonces que las razones expuestas son más que suficientes

para declarar infundada la causal alegada.

3.6.2- Segundo cuestionamiento: La vulneración del derecho al
debido proceso por insuficiencia de “pruebas que acrediten la
indebida destinación de dineros públicos”.
46. El literal a) del artículo 17 de la Ley 144 de 1994, determina que es causal de

revisión de una sentencia que levanta la investidura de un parlamentario, que esta
se haya dictado con “[…] falta al debido proceso […]”.
47. La Sala resalta que uno de los rasgos distintivos del recurso extraordinario
especial de revisión previsto en la Ley 144 de 1994, radica en que admite como
causales adicionales a las consagradas en el artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, aquellas
originadas en el desconocimiento del debido proceso y del derecho de defensa.
48.El derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 de la
Constitución, ha sido entendido como el conjunto de garantías consagradas en el
ordenamiento jurídico y que se aplica en toda actuación judicial o administrativa,
con el fin de garantizar el derecho a la defensa y contradicción, el respeto por las
formas propias de cada juicio y la competencia del juez o funcionario.
49. De acuerdo con lo anterior, este derecho se traduce en un procedimiento justo

que contiene, entre otros, los siguientes principios y derechos: legalidad, tipicidad,
juez natural, favorabilidad, presunción de inocencia, publicidad, eficacia, doble
instancia, non bis in idem, derecho de defensa, derecho de contradicción y la
nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida irregularmente, derecho a obtener
una decisión motivada y el derecho a la independencia e imparcialidad del juez,
entre otras.
50. En lo que concierne específicamente al derecho de defensa, este se materializa

entre otras garantías, en el respeto por los términos probatorios, la oportunidad de
pedir, aportar y contradecir las pruebas.
51. Cabe subrayar que el juez de la pérdida de investidura está llamado a motivar su

decisión bajo la interpretación y análisis de las causales invocadas y la valoración
de las pruebas allegadas regular y oportunamente al proceso, de tal suerte que, la
sentencia que se profiera, exprese con claridad el marco jurídico que se analiza, así
como los supuestos fácticos que llevan a demostrar la existencia de la causal o
causales de que se trate.

11 Puede consultarse al respecto, entre otras, la sentencia C- 319 de 1994.
12 Entre otras providencias, puede consultarse, la sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida en el

expediente núm. 11001-03-15-000-2021- 01129-00, Sala 24 Especial de Decisión.

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52. Finalmente, la Sala considera necesario resaltar que el juez del proceso goza de

autonomía para valorar el material probatorio en el cual funda su decisión, aplicando
las reglas de la sana crítica. En tal sentido, las diferencias de valoración en la
apreciación de una prueba, no son una habilitante para que por el camino del
recurso extraordinario especial de revisión, se busque abrir una instancia adicional
para debatir aspectos de carácter probatorio, que ya fueron definidos en el curso
del proceso ordinario de pérdida de investidura.

3.6.2.1 Caso concreto
53.El recurrente alega que la causal de revisión de falta al debido proceso se
configura porque la Sala Plena del Consejo de Estado, sustentó la declaratoria de
pérdida de investidura en un acervo probatorio insuficiente “constituido tan solo con
los testimonios de Martha Liliana Santander Bueno y José Dario Vargas Avendaño,
y dos consignaciones bancarias de uno solo de ellos, sin analizar otras piezas
documentales como “los extractos bancarios fidedignos y las certificaciones
contables”(sic).
54. También adujo que no se dio valor probatorio a los testigos allegados por la

defensa, a pesar de que los mismos señalaron de manera unánime que “el
Representante a la Cámara Salas Moises no les cobraba de su salario ningún
dinero, ni los inducía a realizar alguna contribución y que el pago de los diezmos
salía de la libre voluntad de aportar de las personas que asistían a los cultos”.
55. En síntesis, concluyó que “la sentencia objeto de revisión se profirió con ausencia

de material probatorio que permitiera concluir con certeza que el congresista
cuestionado incurrió en la conducta de inducir a realizar contribuciones, descrita en
el art. 110 de la Constitución Política”.
56.Para resolver este cargo de revisión, es importante precisar que dada la
naturaleza excepcional y extraordinaria del recurso especial de revisión, este no es
el escenario propicio para reabrir el análisis probatorio surtido en la instancia
ordinaria. Por esa razón, la Sala no se pronunciará sobre el alcance y el valor de las
pruebas aportadas o practicadas en el proceso y se abstendrá de emitir un juicio
sobre el análisis que realizó el juez de la pérdida de investidura sobre dichas
probanzas, por cuanto ello no corresponde a la naturaleza, alcance y propósitos de
este mecanismo procesal.

3.6.3.- Tercer cuestionamiento: La “vulneración del derecho al
debido proceso por desconocimiento del principio de legalidad y
errónea interpretación de la causal de “indebida destinación de
dineros públicos” consagrada en el art. 183-4 de la C.P
57. Según el cargo de revisión elevado por el recurrente, la sentencia proferida por

la Sala Plena de lo Contencioso que se analiza, se fundamenta en una
interpretación de la causal de pérdida de investidura por indebida destinación de
dineros públicos consagrada en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución
Política, que en su criterio desconoce la regla de interpretación restrictiva, debido a
que dicha norma se circunscribe a la “indebida destinación de dineros públicos”, y
por lo mismo, no es dable incluir dentro de dicho supuesto normativo “las presuntas
actividades de diferentes miembros de la UTL en actividades de labor social”, ya
que “las personas no pueden ser catalogadas como dinero”.
58. A su juicio, la equivocada interpretación en la que incurrió el plenario al proferir

la sentencia objeto de revisión, vulnera el debido proceso y el derecho de defensa
del ex Representante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés, concretamente en lo
que atañe al desconocimiento del principio de legalidad en su componente de

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tipicidad, el cual exige la determinación previa, clara, precisa y concreta de la
conducta objeto de reproche, por cuanto fue sancionado por un comportamiento
que no está previsto en la causal, sobre la cual insiste, regula la indebida destinación
de dineros públicos y no la indebida destinación de personas.
59. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo anuncia desde ahora que no
coincide con los razonamientos expresados por el recurrente, y por el contrario,
considera que la interpretación que ha dado esta Corporación a la causal de pérdida
de investidura en cita, se ajusta a la finalidad perseguida por el Constituyente de
1991 y garantiza los postulados protegidos por el principio de legalidad.
60. Ciertamente, a juicio de este cuerpo colegiado, el entendimiento de la causal

anunciada no se limita o agota en su tenor literal como lo propone el demandante;
contrario a ello, su concreción ha requerido la aplicación de diversos métodos de
interpretación jurídica sin que ello implique ir en contravía de la regla de
interpretación restrictiva que se debe aplicar en asuntos de linaje sancionatorio.
61. Para dar un mayor soporte a la decisión que ha de adoptarse, la Sala se ocupará

de explicar a continuación algunos aspectos relevantes sobre la naturaleza
constitucional de las causales de pérdida de investidura; el alcance que la
jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo le ha dado a la
causal de indebida destinación de dineros públicos y resaltará algunos aspectos de
especial importancia en la jurisprudencia, para finalmente decidir con fundamento
en ello, el caso concreto.

3.6.3.1 Naturaleza constitucional de las causales de pérdida de investidura.

3.6.3.1.1 Las causales de pérdida de investidura derivan su fuerza normativa
directamente del texto constitucional.
62. Para comprender el alcance de las causales de pérdida de investidura de los

miembros del Congreso de la República es necesario comenzar diciendo que ellas
están consagradas en normas que desde el punto de vista formal como material son
de rango constitucional y no en disposiciones legales de raigambre meramente legal
o infraconstitucional. En efecto, lo son en sentido formal, por su consagración
expresa en los arts. 110, 109-7, 134,179, 183 y184 de la Carta Política de 1991 y lo
son en sentido material, por cuanto las causales establecidas por el constituyente,
están directa y estrechamente relacionadas con aspectos axiológicos y filosóficos
de especial relevancia, que tocan directamente con la ética pública, la dignidad del
cargo de Congresista, la necesidad de depurar las costumbres políticas, la
representación democrática, el buen servicio, el interés general, y en fin, con la
supervivencia misma de nuestro Estado social y democrático de derecho.
63. La Sala destaca que en el proceso constituyente de 1991, uno de los principales

asuntos que ocupó la atención de los miembros de la Comisión Tercera de la
Asamblea Nacional Constituyente, consistió en la necesidad de depurar las
instituciones de representación popular debido al alto grado de corrupción y
desprestigio que acusaban, lo cual ponía en entredicho la credibilidad del Congreso
como institución fundante de nuestro sistema democrático.13
64. La consagración constitucional de ese listado de conductas censurables,
encuentra su explicación en la necesidad de proscribir las malas costumbres
políticas de nuestro país. La Asamblea Nacional Constituyente no encontró un mejor
antídoto que el de instaurar en nuestro ordenamiento jurídico superior el juicio de

13 En la Asamblea Nacional Constituyente el tema comenzó a ser debatido en la Comisión Tercera, con
ponencia original del Constituyente Luis Guillermo Nieto Roa. Luego se discutió sobre la base del proyecto
presentado por la Comisión nombrada como ponente colectivo, integrada por los Delegatarios Alfonso Palacios
Rudas, Hernando Yepes Arcila, Alvaro Echeverry Uruburu, Antonio Galán y otros, según consta en el medio
oficial de publicación de la Asamblea. Gaceta Constitucional No. 51 del 16 de abril de 1991.

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pérdida de investidura, cuyo trámite se adelanta ante el Consejo de Estado, ya sea
a iniciativa de la propia corporación a la cual pertenece el congresista o por iniciativa
directa de los mismos ciudadanos. La legitimación ciudadana para interponer ese
tipo de acciones públicas es un derecho político fundamental propio de las
democracias participativas y deliberativas, que se concreta y materializa en el
derecho de todos los ciudadanos de intervenir en la conformación, ejercicio y control
del poder político, en la posibilidad de adelantar acciones públicas en defensa de la
Constitución y la ley.
65. Ahora bien, el hecho de que las causales de desinvestidura tengan su origen

directo en la Carta Política, trae consigo que sus contenidos queden revestidos de
su fuerza normativa, entendida como “la supremacía de la Constitución Política
sobre las restantes normas que integran el ordenamiento jurídico” (art. 4º) C.P.
66. Comoquiera que las causales de pérdida de investidura de los congresistas están

consagradas en disposiciones de rango constitucional, tienen un carácter normativo
propio, del cual se derivan su fuerza vinculante, su eficacia directa y su efecto útil,
lo cual explica que los criterios de interpretación y la determinación de su sentido y
alcance, no dependan necesariamente de la aplicación de los mismos métodos de
interpretación previstos en el código civil, ni de los parámetros o categorías
conceptuales definidos por el legislador ordinario, salvo en los casos puntuales en
los cuales el propio constituyente, haya hecho una remisión expresa a lo que
establezca la ley.
67. Dicho en otras palabras, la correcta intelección de los mandatos constitucionales,

no requiere por regla general de la intervención del órgano legislativo para producir
efectos vinculantes, pues no sería lógico que la interpretación de un mandato
superior, esté supeditada a lo que dispongan fuentes normativas subordinadas a la
Carta Fundamental. En ese contexto, el contenido dispositivo de las leyes expedidas
por el Congreso no puede determinar, restringir, condicionar, o restarle efecto
normativo a lo que de manera amplia dispone la Carta. De igual modo, el juez de la
pérdida de investidura no puede en ningún caso limitar el alcance o sentido de las
causales de pérdida de investidura ni restarle obligatoriedad a los contenidos de la
Constitución Política, adoptando criterios restrictivos con los cuales la disposición
superior podría tornarse ineficaz, inane, inútil, pues lo propio de las normas
constitucionales, como normas fundantes que son de nuestro ordenamiento jurídico,
es que produzcan siempre un efecto jurídico concreto, aunque hayan cambiado las
circunstancias históricas que dieron lugar a su incorporación en nuestra ley
suprema.
68. Al fin y al cabo, las disposiciones constitucionales, en palabras del jurista italiano

Paolo Grossi, “son formas abiertas a través de las cuales pasa la vida, vida en forma
y forma que viene de la vida", lo cual significa, que ellas son instrumentos dinámicos
que se entrelazan con la realidad social, cultural y política de un país. Se trata de
normas que evolucionan y se adaptan a medida que sus contenidos se ven
impactados por los cambios inexorables que de manera continua operan en la
sociedad. Ello explica que tales mutaciones no conlleven necesariamente la
desuetud de los mandatos superiores, pues los operadores jurídicos encargados de
su aplicación pueden atribuirles nuevos alcances y significados.

3.6.3.1.3 La interpretación de las causales de pérdida de investidura, no se
agota en el entendimiento literal de sus enunciados.
69. En el proceso de interpretación de las normas jurídicas de raigambre
constitucional que definen las causales de pérdida de investidura, el operador
jurídico, si bien puede apelar a una lectura literal de su contenido, lo cierto es que
allí no se apaga su juicio, por cuanto es necesario que los principios y valores de la
Carta Política se hagan efectivos en armonía con los demás preceptos que integran

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el texto constitucional, atendiendo a la finalidad que persigue la causal que se debe
aplicar al caso concreto.
70. Valga precisar, que los criterios o métodos tradicionales de interpretación jurídica

(gramatical, histórico, sistemático y lógico) fueron codificados en la primera mitad
del siglo XIX por Savigny, y se introdujeron en la interpretación jurídica
latinoamericana particularmente para la comprensión de la Ley, dado el alto grado
de importancia otorgado a la productividad legislativa para aquella época14.
71. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha admitido que las referidas
fórmulas de interpretación, para aquellos eventos en que se analiza el contenido de
normas constitucionales serán admisibles siempre y cuando garanticen el principio
de supremacía constitucional plasmado en el artículo 4º de la Constitución Política,
y en consecuencia de ello “el intérprete deberá desechar aquellas opciones
interpretativas que contradigan la Carta, incluso cuando las mismas sean un
ejercicio razonable de las fórmulas de interpretación mencionadas. Lo anterior, so
pena de estar violando directamente la Constitución” 15.
72. Sobre el particular, resulta oportuno hacer referencia a la sentencia T-406 de

1992 en la cual la Corte Constitucional, desde el albor de la Carta Política de 1991,
dejó ampliamente explicado que con la nueva constitución se introdujo un cambio
en la manera de interpretar el derecho cuyo concepto clave se resume según la
Corte en “la pérdida de la importancia sacramental del texto legal entendido como
emanación de la voluntad popular y mayor preocupación por la justicia material y
por el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos”.
73. En consonancia con lo dicho, la textura abierta del contenido constitucional, ha

llevado a los jueces no solo a recurrir a los métodos tradicionales de interpretación,
sino de manera adicional a privilegiar la aplicación del método finalístico y
sistemático16, en tanto permiten a diferencia de los primeros, efectivizar en mejor
medida los fines y objetivos legítimos que las normas constitucionales persiguen,
la coherencia de la disposición con las demás que integran el ordenamiento jurídico
y la observancia de los valores y principios que guardan mayor pertinencia en cada
caso concreto, todo ello, en acatamiento del principio de la supremacía
constitucional.
74. Tal como lo explicara el profesor Bielsa “la Constitución tiene unos fines y la

apreciación de los fines implica la opción por un método teleológico, y no positivo
lógico formal, ya que cuando el juez juzga no se limita a un ejercicio de lógica formal,
como sería el de establecer si hay conformidad lógica de la norma legal cuestionada
con la norma constitucional anterior. El juez examinará el valor de la norma o del
principio constitucional”17.
75. Lo anterior también ha representado un criterio constante en la jurisprudencia, a

punto de señalar que el alcance de un precepto constitucional no puede reducirse
a la lectura literal, aislada, y solitaria de cada una de las palabras que lo integran
y que a su turno forman el conjunto del texto constitucional, “ya que ha de
garantizarse la unidad de la Constitución y el cumplimiento de los fines generales
que esta persigue y los precisos definidos en las normas que regulan las distintas
instituciones jurídico-constitucionales”18.
76. De acuerdo con lo dicho se puede considerar, que si bien, las disposiciones

constitucionales que determinan las causales de pérdida de investidura ciertamente
corresponden a la categoría de regla jurídica, pues presentan un enunciado y una

14 Corte Constitucional, sentencia C -054 de 2016.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-566 de 2019 y sentencia C-054 de 2016.
16 Al respecto pueden consultarse las sentencias de la Corte Constitucional T 446 de 1992, T -322 de 1992.
17 Linares Quintana, Segundo V. Tratado de Interpretación Constitucional. Pág., 62.
18 Ibidem.

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consecuencia que las convierte en obligatorias y exigibles, cuya transgresión
conlleve a una sanción, no puede soslayarse que su comprensión debe realizarse
a través de los diversos métodos de interpretación en armonía con los principios y
valores como una unidad o sistema.

3.6.3.1.4 El principio de legalidad y las normas de textura abierta
77. La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional19 como del Consejo de Estado20

ha señalado de manera reiterada que el instituto de la pérdida de investidura está
sujeto de manera general a los principios que gobiernan el debido proceso entre los
cuales se encuentra, el principio de legalidad de la causal por la cual se impone la
sanción de desinvestidura.

78. Ciertamente, la positivización constitucional del principio de legalidad en el art.

29 de la Carta Política, refleja una visión garantista y protectora en cuanto se traduce
en el derecho que tiene el acusado de conocer anticipadamente cuáles son las
conductas prohibidas y las sanciones que se derivan de su infracción, que su juicio
se adelante conforme a los procedimientos preexistentes al acto que se le imputa y
según las normas vigentes al momento de comisión de la conducta objeto de
reproche21.

79.
Adicionalmente, en el juicio de pérdida de investidura es exigible el principio de
tipicidad el cual hace parte igualmente del derecho al debido proceso, que se
manifiesta según lo ha explicado la jurisprudencia constitucional en que la causal
describa de manera “clara, expresa e inequívocamente las conductas que pueden
ser sancionadas y su correspondiente sanción”22. En este sentido, el principio
desarrolla el aforismo latino nulla crimen, nulla poena sine lege, el cual se traduce
en que “no existe delito ni pena, sin ley que lo establezca”.
80. Si bien el juicio de pérdida de investidura hace parte del derecho sancionador,

también lo es, que no por ello el principio de tipicidad en esta clase de procesos
suele tener el mismo grado de rigor del derecho penal, pese a que pertenezcan al
mismo género.

81. En efecto, se ha aceptado por la jurisprudencia constitucional que en
determinados regímenes de responsabilidad exista una flexibilización razonable en
cuanto a la descripción típica de la conducta, tal como ocurre en el derecho
administrativo sancionatorio, en el que se permite el uso de conceptos jurídicos
indeterminados y tipos en blanco, sin que ello conlleve a la violación del principio de
legalidad23.
82. En materia penal, por el contrario, la descripción típica
de las conductas punibles
es mucho más completa, precisa y concreta en atención a la relevancia de los
bienes jurídicos tutelados y la severidad de las sanciones previstas por el
ordenamiento jurídico.
83. En otros regímenes como el disciplinario, por ejemplo, este principio se aplica

con mayor flexibilidad debido principalmente a la naturaleza misma de las normas
disciplinarias que suelen carecer como lo ha explicado el Tribunal Constitucional de
“completud y autonomía”24 ya que es necesario remitirse a otras normativas en
donde se encuentren regulados en concreto los deberes, funciones, obligaciones o

19 Pueden consultarse entre otras, la sentencia T-147-2011, SU-516-2019, SU-424 de 2016.
20 Al respecto pueden consultarse, sentencia del 21 de octubre de 2020, exp. núm 11001-03-15-000-2020-

00517-00(PI), MP María Adriana Marín.
21 Corte Constitucional sentencia SU 261 de 2021.
22 Corte Constitucional sentencia T- 1039 de 2006.
23 Sobre el particular pueden consultarse las sentencias de la Corte Constitucional C- 921 de 2001, C-860 de

2006.
24 Corte Constitucional SU 261 de 2021.

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prohibiciones para los diferentes servidores públicos, teniendo en cuenta los cargos
y ramas del poder público a los que pertenezcan, y además, porque se presenta la
dificultad para el legislador de establecer o contar con un listado detallado de las
conductas que puedan dar lugar a la sanción disciplinaria.
84.Por lo anterior, se admite que en el derecho disciplinario la tipicidad de la
conducta se defina a través de la remisión a normas complementarias bajo el
método de “normas o tipos en blanco”25, y de “tipos abiertos”.
85. Si se analizan las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 183

de la Carta, se puede advertir que la descripción típica de las conductas
sancionables con la pérdida de investidura presenta distintos grados de precisión,
claridad y detalle, en función de la necesidad de acudir o no a algunas remisiones
normativas o a criterios de orden técnico, lógico, empírico o de otro orden.
86. La primera causal de pérdida de investidura, por ejemplo, consistente en la
“…violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades…”, puede
catalogarse como una norma de remisión, pues en su aplicación, el operador
jurídico se ve precisado a acudir a las disposiciones adoptadas por el legislador en
las que se describe y subsume la inhabilidad o la incompatibilidad que se imputa al
congresista cuestionado, para saber si su conducta es o no sancionable.
87. Las causales segunda y tercera de ese mismo precepto superior, por su parte,

consistentes en “…la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis
reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o
mociones de censura” y en el hecho de “…no tomar posesión del cargo dentro de
los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras, o a la fecha en
que fueren llamados a posesionarse”, respectivamente, son claros ejemplos de lo
que ha de entenderse por tipos cerrados, pues el operador jurídico no tiene
necesidad de remitirse a ninguna norma infra constitucional, para precisar cuál es
la conducta sancionable, ya que su descripción típica se encuentra clara, detallada
y suficientemente definida en ese precepto superior.
88. En cuanto a las causales cuarta y quinta del artículo 183, consistentes en la

“…indebida destinación de dineros públicos” y en el “tráfico de influencias
debidamente comprobado”, el constituyente no remite al operador jurídico a ninguna
disposición de rango legal ni describe en forma detallada los elementos del tipo,
dejando un amplio margen de apreciación a fin de precisar en qué casos el proceder
del congresista cuestionado puede ser catalogado como una indebida destinación
de dineros públicos o como un ejercicio inapropiado de influencias adecuadamente
demostrado. En estos dos casos, el constituyente optó por establecer tipos abiertos,
sin entrar a describir con precisión un catálogo concreto y preciso de acciones u
omisiones sancionables con la pérdida de la investidura.
89. Volviendo sobre la causal de “indebida destinación de dineros públicos”, la
jurisprudencia de lo contencioso administrativo ya había señalado de manera
temprana que el artículo 183 numeral 3º de la Carta Política es una norma superior
de textura abierta o indeterminada, pues no define con exactitud y detalle los
elementos normativos que estructuran la falta ni especifica los supuestos de hecho
que le dan origen, de manera que, su definición quedó a cargo del Consejo de
Estado como juez natural de la pérdida de investidura según el preciso mandato del
artículo 184 de la C.P.26

25Este método consiste “en descripciones incompletas de las conductas sancionadas, o en disposiciones que

no prevén la sanción correspondiente, pero que en todo caso pueden ser complementadas por otras normas a
las cuales remiten las primeras”
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de mayo de 2000, C.P.

Germán Rodríguez Villamizar expediente AC-9877.

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90. Bajo esta perspectiva, el juez plural de la pérdida de investidura está llamado a

establecer, con criterios de imparcialidad y razonabilidad y alejado de sus propias
convicciones personales o subjetivas, si la conducta desplegada por el congresista
se encuadra o no en esa causal de “indebida destinación de dineros públicos”, lo
cual supone establecer, si el sujeto activo de la conducta ostenta o no esa condición
de ser o haber sido elegido como tal; si la acción u omisión que se le endilga puede
ser catalogada o no como una “destinación indebida”, es decir si ha realizado o
propiciado o no un uso debidamente autorizado de los recursos públicos; y si el bien
que resulta afectado o amenazado con su proceder está representado en “dineros
públicos”.
91. De manera que, la función interpretativa del juez de lo contencioso administrativo

está limitada a lo dispuesto por el Constituyente, y en este marco, procedió a dotar
de eficacia interpretativa el contenido de la causal, sobre el cual se llama la atención,
que las palabras “destinar”, “indebida” y “dineros públicos”, son de contenido abierto
y no fueron circunscritos a una conducta concreta, más que señalar que ésta tenga
lugar de manera indebida y con ella, se cause un detrimento a los dineros públicos.
92. Así las cosas, debe tenerse en claro, que al no preverse por el Constituyente un

cartabón taxativo y ni siquiera enunciativo de comportamientos o conductas que den
lugar a la aplicación de causal, no permite predicar la existencia de un vacío
normativo y menos aún que al aplicarlo a un caso concreto se está haciendo una
interpretación extensiva o restrictiva de la causal. El querer del constituyente, fue el
de dejar en manos del operador jurídico un amplio margen de apreciación para
entrar a determinar en cada caso particular, si la conducta se enmarca dentro de
esos parámetros generales, lo cual se justifica, no solo por tratarse de una norma
constitucional que tiene fuerza normativa propia e implícita, sino porque resultaría
en extremo difícil visualizar de manera anticipada las acciones u omisiones que
puedan dar lugar a ese tipo de detrimentos patrimoniales.

3.6.3.1.5 Interpretación restrictiva.
93. El juicio de pérdida de investidura conlleva una sanción de alta gravedad que

impide al afectado el ejercicio pleno de sus derechos políticos por cuanto implica la
pérdida del cargo y una inhabilidad permanente para ejercer de nuevo cargos de
elección popular. Por tal razón, las causales de pérdida de investidura son normas
de derecho estricto, de orden público y de interpretación restrictiva, dado que
constituyen limitaciones al derecho fundamental a ser elegido y de acceso a las
funciones y cargos públicos garantizado por el artículo 40 de la Constitución Política.

94. Es oportuno destacar que si bien el derecho de ser elegido y de acceder al

desempeño de funciones y cargos públicos tiene carácter fundamental, ello no
quiere decir que ese derecho sea absoluto, pues para el caso de los Congresistas
fue la propia Constitución la que contempló una restricción significativa al ejercicio
de tales derechos a través de la consagración de la acción de pérdida de
investidura, fundamentada en otras garantías, también de raigambre constitucional,
en el buen servicio, el interés general y la protección de la dignidad del Congreso
como institución fundante del sistema democrático.
95. Con el fin de determinar si con la sentencia objeto de revisión se desconoció o

no el deber de interpretar de manera restrictiva la causal de indebida destinación de
dineros públicos como lo alega el recurrente, es necesario primero aclarar, en qué
consiste esta regla de interpretación. Lo primero que debe indicarse, es que
“interpretación literal” no es sinónimo de “interpretación restrictiva”, dado que tienen
objetivos y finalidades distintas.

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96. La interpretación literal como lo ha señalado en numerosas oportunidades la

jurisprudencia de esta Corporación27 “tiene como finalidad ceñirse únicamente al
sentido lato de las expresiones, esto significa que el juez solo puede derivar de los
signos lingüísticos en las cuales las normas se expresan, su sentido o significado
común sin entrar a realizar mayores razonamientos”28.
97. Por su parte, la interpretación restrictiva “busca limitar el alcance del intérprete

porque su objetivo es aplicar cierta disposición a un determinado caso concreto;
mientras que la literalidad o exégesis pretende ceñirse estrictamente al sentido lato
de las expresiones”29. En tal medida, la jurisprudencia ha considerado que la
interpretación restrictiva “opera en un sentido más amplio que la interpretación
literal, ya que si la norma tiene vacíos, la laguna debe llenarse con los distintos
elementos que proporciona el sistema jurídico, acogiendo de ellos lo más benéfico
a los fines de la disposición30”.
98. De acuerdo con lo determinado por la jurisprudencia de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo31:

“6.1.5.3 Ello quiere decir que de la literalidad, el juez solo deriva el sentido o significado
común que las expresiones de la norma tienen, pero sin entrar a realizar ningún otro
razonamiento. Mientras que la interpretación restrictiva supone que el texto dispositivo se
encuentre en consonancia con la finalidad o propósito de la norma constitucional, responda
a su poder normativo y eficacia inmediata y salvaguarde su utilidad.

6.7.4.5 Una hermenéutica como la señalada anteriormente, permite cobijar el propósito de
la norma, sin que ello suponga perder su carácter restrictivo o se confunda con la
interpretación analógica32, o con la interpretación expansiva33 , pues cuando hay laguna
normativa no se está acogiendo una regla existente y ya prevista en el ordenamiento para
resolver el caso, ni tampoco se está ampliando la órbita jurídica de la disposición, y por ello
no hay expansión alguna del ámbito del derecho en el que se aplica, del objeto regulado,
de los sujetos destinatarios, del supuesto o de la consecuencia prevista por la norma
constitucional; simplemente se evita vaciar de contenido dicha disposición superior.”

99. De la mano con todo lo anterior, y reiterando el criterio desarrollado por esta

Corporación en varias oportunidades al analizar normas de naturaleza sancionatoria
que limitan el ejercicio de un derecho fundamental32 es posible afirmar que el juez
puede utilizar una técnica de interpretación que de manera simultánea sea
sistemática, restrictiva, y finalística.
100. Precisamente, como lo ha dicho la jurisprudencia33 “la interpretación sistemática

no desconoce el significado de las palabras en las cuales se expresa la norma,
simplemente, de manera adicional, reconoce que dichas expresiones carecen de
sentido si no se leen de manera armónica con las demás disposiciones del orden
jurídico”.
101. Valga destacar igualmente que la interpretación sistemática no significa, per se,

un ejercicio amplio o violatorio de la regla de interpretación restrictiva propia de las
normas sancionatorias que imponen límites a los derechos fundamentales, por

27 Pueden consultar entre otras, sentencia del 26 de marzo de 2015, exp. Rad.11001-03-28-000-2014-00034-

00. MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 29 de enero del 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-
03-28-000-2018-00031-00(SU).
28 Ibidem.
29 Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 29 de enero del 2019.

M.P. Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
30 Providencia ut supra.
31 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia del 29 de enero del 2019. M.P. Rocío Araújo

Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(su).
32 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicado 110001-0328-000-2013-0006-00.

Acumulado (2013-0007-00) Sentencia del 15 agosto de 2014. sentencia del 26 de marzo de 2015, exp.
Rad.11001-03-28-000-2014-00034-00. MP. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 29 de enero del 2019. M.P.
Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
33 Sentencias referencias ut supra.

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cuanto “el sentido de la norma no solo está dado por los términos que la expresan
y su articulación sintáctica, sino por su relación con las otras normas”34.
102. Siguiendo la misma línea, el método de interpretación finalístico o teleológico en

el cual “la aplicación de cualquier texto requiere la previa identificación del valor o
propósito que la norma busca proteger”35, tampoco se opone a la aplicación de la
regla de interpretación restrictiva, contrario a ello, busca dotarla de un efecto jurídico
que se armoniza con los preceptos constitucionales que persigue la Carta Política
como una unidad y con los particulares que impone el contenido de la causal sin
salir de los precisos límites trazados por el Constituyente.
103. En lo que concierte a la causal de indebida destinación de dineros públicos, se

advierte, tal como se explicará en el acápite siguiente, que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, se ha ocupado de interpretar la causal a través de los
distintos métodos de interpretación, lo cual ha traído como resultado que, en la
actualidad se cuente con una postura consolidada de la jurisprudencia de la
Corporación.

3.6.3.2. Alcance dado a la causal de “indebida destinación de dineros
públicos” por la Jurisprudencia de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo.
104.El artículo 183-4 de la Constitución Política consagra que los Congresistas
perderán su investidura, por incurrir en “indebida destinación de dineros públicos”.
105. La Sala Plena del Consejo de Estado, en ejercicio de su competencia de juez

natural del juicio de pérdida de investidura, de acuerdo con lo prescrito por el art.
184 de la Constitución, ha determinado varios aspectos de la causal con el objetivo
de brindar concreción y determinación a su contenido, tomando como punto de
partida los métodos tradicionales de interpretación jurídica, para con posterioridad,
consolidar un criterio sistemático y finalístico de sus enunciados.
106. Como puntos clave en el proceso de concreción, la Sala considera importante

destacar que la Corporación en un proceso de construcción jurisprudencial que lleva
un poco más de dos décadas, consideró desde época temprana que el contenido
de la disposición constitucional podía explicarse al tenor del sentido natural y obvio
de las palabras que la integran, interesándose en primer lugar por explicar el
alcance de las expresiones “destinación” e “indebida” sobre las cuales en
sentencia del 30 de mayo de 200036, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
indicó lo siguiente:

“destinación, como acción y efecto de destinar, significa ordenar, señalar, aplicar o
determinar una cosa para algún fin o efecto; por consiguiente, desde el punto de vista
jurídico, aquélla se torna indebida, cuando quiera que recae o se aplica a un fin o propósito
distinto, o contrario al que legal o reglamentariamente se encuentra previsto o destinado
un determinado bien, o cuando versa sobre algo prohibido, ilícito o injusto, o innecesario”.

107. En la misma providencia en cita expuso que la “indebida destinación de dineros

públicos” puede llevarse a cabo de múltiples maneras “bien sea por la transgresión
de tipos penales o por medio de conductas diferentes a estos, siempre y cuando
consistan en la aplicación de dineros públicos a una finalidad o propósito diferente
o contrario al legal o reglamentariamente preestablecido”37.

34 Sentencia ut supra del 26 de marzo de 2015.
35 Sentencia del 29 de enero del 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. radicación 11001-03-28-000-2018-00031-

00(SU).
36 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de mayo de 2000, C.P.

Germán Rodríguez Villamizar expediente AC-9877.
37 Ibidem

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108. Siguiendo esa misma estela interpretativa, la Sala Plena, en el fallo de 30 de

mayo de 200038 definió el elemento tipificador y para ello analizó la conducta
funcional del servidor público frente a la finalidad de la institucionalización de la
causal y concluyó que estas deben ser contrarias a la Constitución, a la ley y/o a
los reglamentos, así lo indicó en su momento:

“El elemento tipificador de la causal de pérdida de investidura está en el hecho de que el
congresista, en su condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la Constitución),
con su conducta funcional, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la
Constitución, la ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí autorizados pero diferentes a aquellos
para los cuales se encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a materias
expresamente prohibidas, no necesarias o injustificadas, o cuando la finalidad es obtener
un incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando pretende derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o de terceras personas, etc.” 39 (resaltado fuera
de texto).

109. De otra parte, en decisión posterior proferida el 5 de febrero de 2001, la Sala

Plena consideró que el contenido de la causal corresponde a una proposición
jurídica completa, en cuanto era posible distinguir en su formulación el sujeto activo
de la conducta, el verbo rector, el modo en que se desarrolla la conducta, el bien
jurídico protegido, y la consecuencia jurídica. En este sentido, se precisó lo
siguiente:

“además, el sentido natural y obvio de las palabras que componen el
enunciado del pretranscrito numeral 4.º hace suficiente para tenerlo como
una descripción típica completa, en tanto indica el sujeto activo de la misma
(congresista), el verbo rector (destinar), la circunstancia de modo que la
cualifica, esto es, que sea indebida, y el objeto sobre el cual recae la acción,
que viene a ser el bien jurídico protegido: los dineros públicos, así como la
consecuencia de su realización, la pérdida de la investidura de congresista”.
110. En sentencia del 8 de agosto de 2001 40, la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo estableció como supuestos jurídicos para la configuración de la
causal, que se demuestre, concurrentemente, que el congresista en su condición
de servidor público incurrió en alguna de las siguientes conductas:

“[...] distorsionó o cambió los fines y cometidos estatales consagrados en la
Constitución, la ley o el reglamento; destinó los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados o a otros sí autorizados pero diferentes a
aquellos para los cuales se encuentran asignados; aplicó los recursos a materias
prohibidas, no necesarias o injustificadas; persiguió la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; y/o pretendió derivar un beneficio
no necesariamente económico en su favor o de terceras personas” .

111. En este proceso de brindar concreción a la causal, cobra especial relevancia la

sentencia el 13 de noviembre de 200141 por cuanto sentó los parámetros de
interpretación que sirvieron de sustento no solo a la sentencia objeto del presente
recurso, sino a pronunciamientos emitidos con posterioridad, hasta su reiteración
en la época actual.

38 Se reitera sentencia dictada en el expediente AC-9877.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 30 de mayo de 2000, C.P.

Germán Rodríguez Villamizar expediente AC-9877.
40 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 8 de agosto de 2001,

solicitante Francisco Joel Ángel Gómez, accionado Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, radicación Número: AC-
12546. M.P. María Elena Giraldo Gómez.
41 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 13 de noviembre de 2001, exp.

11001-03-15-000-2001-0101-01(PI), C.P. Ligia López Díaz.

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112. De manera breve, puede indicarse que la citada providencia determinó dos
parámetros clave en la manera de definir el alcance de la causal que merecen
destacarse:
113. (I) Definió el alcance del sintagma “dineros públicos”: sobre el particular
indicó que “la expresión “dineros públicos” contenida en la norma constitucional
citada debe entenderse como “el caudal del Estado conformado por los impuestos,
las tasas, las contribuciones y los recursos del capital los cuales deben cumplir la
destinación prevista en el respectivo Presupuesto, de suerte que se haga efectivo
el mandato del artículo 345 de la Constitución Política”42.
114. (ii) Determinó que el énfasis interpretativo de la causal debe realizarse en

la “indebida destinación” y no en la expresión “dineros públicos”. Destacó la
Sala que el Constituyente de 1991 no restringió la indebida destinación a que esta
se realizara únicamente de forma directa por el Congresista cuando actuara como
ordenador del gasto, por lo cual, la indebida destinación podría llevarse a cabo
también de forma indirecta cuando a pesar de haber sido ordenado el gasto para
el objeto previsto en el respectivo presupuesto, el congresista propicia con su
conducta una destinación distinta al objeto para el cual fueron consagrados, o
también se presenta cuando utiliza intangibles o contratos como instrumentos para
desviar los dineros públicos a fines distintos de los previstos en las disposiciones
legales y reglamentarias.
115. En jurisprudencia más reciente, la sentencia de 28 de marzo de 201743 respecto

de los dineros públicos señaló que: “los recursos recaudados del público por los
canales de las autoridades fiscales del Estado ingresan como dinero en sentido
amplio y se transforman en recursos públicos cuando son administrados por
aquellos servidores que señale la ley o el reglamento, según el caso”.
116. Así mismo, explicó de manera amplia que la “la positivización del término “dinero

público” debe interpretarse, en su acepción lógica de la voluntad constituyente, que
se trata de recursos públicos que administra el Estado. Bajo este razonamiento, el
salario que se paga a través de la nómina de personal de las entidades públicas, se
expresa en dinero público”.
117. Bajo este análisis, la “indebida destinación de dineros públicos”, se configura,

entre otros eventos, cuando el congresista en el marco de su competencia funcional
tiene incidencia inmediata y determinante en el pago de salarios de los miembros
de su Unidad de Trabajo Legislativo al expedir la certificación de labores que no se
realizaron44, con lo cual se abre el camino a “una aplicación diferente o que se
distorsione el destino último de los dineros públicos” esto es, que en la práctica se
efectúen pagos sin mediar justa causa”45.
118. Así las cosas, “los dineros con que se paga la nómina de los empleados públicos

de las Unidades de Trabajo Legislativo son recursos públicos y más concretamente
«dineros públicos», pues, provienen de una actividad económica del Estado y se
integran al ciclo presupuestal, con el propósito de ser redistribuidos para la
satisfacción de las necesidades que demanda el interés general. Se aclara,
entonces que dentro del ciclo presupuestal, los salarios hacen parte del componente

42 Ibidem.
43 Consejero ponente. Rafael Francisco Suárez Vargas. Accionante: Pablo Bustos Sánchez y otros.

Accionado: Carlos Enrique Soto Jaramillo. Radicación: 11001-03-15-000-2015-00111-00.
44
Ley 5a de 1992, art. 388.
45 En sentencia de 28 de marzo de 2017, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decretó la pérdida de

investidura del congresista Carlos Enrique Soto Jaramillo por cuanto “ (...) al certificar el 21 de agosto 2012 y el
28 de noviembre de 2013, que el asistente de su Unidad de Trabajo Legislativo, Juan David Giraldo Saldarriaga,
había laborado de manera normal durante el mes de julio de 2012 y desarrollado sus funciones durante el mes
de noviembre de 2013, sin que lo hubiera hecho, pues viajó a las ciudades de Toronto y Canadá el 2 y el 7 de
julio de 2012 y entre el 1 y el 12 de noviembre de 2013, propició una indebida destinación de dineros públicos,
por cuanto conllevó el pago de la totalidad del salario a alguien que no laboró el mes completo, en ambos
casos”.

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de gastos y, específicamente, de gastos de funcionamiento y, por ello, son recursos
públicos y per se dineros públicos”46.
119.En sentencia posterior, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado el 10 de agosto de 202147, se reiteraron los
argumentos sobre la noción de dineros públicos desarrollados en la jurisprudencia
señalada y se dijo respecto de las Unidades de Trabajo Legislativo lo siguiente:
“50.
En ese contexto, un representante a la Cámara puede incurrir en la indebida
destinación de dineros públicos, cuando certifica el cumplimiento de labores por
parte de alguno de los integrantes de su UTL que en realidad no se cumplieron, o
cuando certifica el desarrollo de actividades, tareas o labores que no tienen
relación con la actividad legislativa, con el propósito de que unas y otras sean
remuneradas con cargo al presupuesto de la Cámara, siempre y cuando su
proceder se concrete en la realización efectiva de un pago que no ha debido
efectuarse […]”.
51.
Las Unidades de Trabajo Legislativo son equipos de apoyo que tienen como
finalidad contribuir al eficiente cumplimiento de la labor legislativa de los
Congresistas, motivo por el cual su función se encuentra ligada indefectible y
exclusivamente a ese cometido.
52.
El hecho de que los congresistas tengan asignada la potestad nominadora y de
integración48 de sus Unidades de Trabajo Legislativo, no significa en modo alguno
que puedan apartarse de lo establecido en los artículos 122, 144 y 209 de la
Constitución, relativos a su función legislativa, a las condiciones que deben tener
en cuenta para la vinculación de sus colaboradores y, a los principios que deben
orientar el cumplimiento de sus funciones de naturaleza administrativa.
[…]

Al fungir los Congresistas como nominadores y superiores jerárquicos y funcionales
de los empleados de las UTL, les corresponde brindar las condiciones necesarias
para que estos últimos puedan desarrollar las funciones encomendadas, las cuales
deben propender la eficiente labor legislativa; deben ejercer, oportuna y
debidamente, los controles que sean necesarios para garantizar que estos realicen
las tareas a su cargo y certificar el cumplimiento de su función como condición previa
indispensable para posibilitar su retribución salarial y prestacional, tal como lo
dispone el inciso tercero del artículo 388 de la Ley 5ª de 199249.”

120. Finalmente, si bien, la Sala Plena se pronunció sobre la causal de indebida

destinación de dineros públicos en la sentencia del 10 de mayo de 202250, la
argumentación allí planteada no conlleva una variación de la jurisprudencia
consolidada de la Corporación y, por lo mismo, tan solo refleja la posición
mayoritaria de los miembros de la Sala Plena al considerar que en ese caso
concreto no era procedente declarar la pérdida de investidura del Representante a
la Cámara acusado, más por razones de interpretación fáctica, que por fundamentos
relacionados con el marco teórico de interpretación de la causal, sobre lo cual se
presentaron varias aclaraciones y salvamentos de voto. Dicho de otra manera, con
la expedición de esa providencia, no se tuvo la intención expresa de rectificar o
cambiar la línea jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
sobre la materia.

46
Consejero ponente. Rafael Francisco Suárez Vargas. Accionante: Pablo Bustos Sánchez y otros.
Accionado: Carlos Enrique Soto Jaramillo. Radicación: 11001-03-15-000-2015-00111-00.
47 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 10 de agosto de 2021; C.P.

Gabriel Valbuena Hernández, expediente110010315000202004001-01.
48 Artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 7 de la Ley 868 de 2003.
49 Inciso tercero. «La certificación del cumplimiento de labores de los empleados de la unidad de trabajo

legislativo será expedida por el respectivo Congresista».
50 Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 10 de mayo de 2022, proferida en el expediente

núm. 11001-03-15-000-2019-00771-01. C.P. Martín Bermúdez Muñoz.

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3.6.3.3. Aspectos relevantes de la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo sobre la indebida destinación de dineros públicos
121. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en cumplimiento de su deber de

garantizar la supremacía material de la Constitución que prescribe el art. 4º de la
C.P., se ocupó de superar la indeterminación lingüística que presentaban las
nociones de “indebida”, “destinación” y “dineros públicos” que integran la causal.
122. Es importante destacar que para atribuir un significado específico a los vocablos

mencionados acudió a la utilización de los métodos de interpretación, literal,
histórico, sistemático y finalístico o teleológico, con lo cual fijó un criterio despojado
de intelecciones subjetivas, cimentado en los valores y principios que consagra el
texto constitucional, las reglas de derecho, y los fines propios que persigue la causal
y los que fundamentan la institución jurídica de la pérdida de investidura a la cual
se encuentran incorporados.
123. La determinación que la jurisprudencia de lo contencioso administrativo ha dado

a la causal permite garantizar el derecho al debido proceso del congresista acusado
en lo que concierne al principio de legalidad, el cual exige la prexistencia de una
norma que señale de forma clara y precisa los comportamientos que configuran la
indebida destinación de dineros públicos que ocasionan la pérdida de investidura.
124. Lo anterior es así, en tanto que, si bien no se presenta una descripción detallada

o pormenorizada de las conductas que dan lugar a la desinvestidura, lo cierto es
que los derroteros que la jurisprudencia ha dado sobre las conductas que dan origen
a la causal, están construidos sobre la base del deber del congresista en su calidad
de servidor público51 de ejercer sus funciones de la forma prevista por la
Constitución, la ley y el reglamento, tal como lo prescribe el art. 123 de la
Constitución, en estricta sujeción de su comportamiento a los fines que irradian la
función pública, siendo uno de ellos, el interés general como lo prevé el preámbulo
y el art. 209 de la Carta Política.
125. De esta manera, el comportamiento que se reprocha al Congresista, no solo, no

le es ajeno, sino que le es reconocible, porque claramente se deriva de las
relaciones de sujeción a la cual está supeditado todo servidor público. Así las cosas,
mediante una elemental inferencia lógica, el congresista está en la capacidad de
prever que su conducta va en contravía de principios como el interés general o la
moralidad pública, y que ciertos comportamientos redundan en provecho personal
y no son consonantes con la labor legislativa.
126. En la misma línea de pensamiento, se pone de relieve que existe una postura

consolidada de la Corporación, de la cual se destaca que la indebida destinación,
está atada al desconocimiento concreto de los fines o propósitos que la ley o el
reglamento previó para la destinación del dinero público, o cuando versan sobre
algo prohibido, ilícito o injusto, o innecesario, circunstancias sobre las cuales el
ordenamiento jurídico ofrece una respuesta objetiva. Lo anterior evidencia, que la
jurisprudencia sobre la causal no encuentra sustento en categorías morales,
subjetivas y discrecionales, sino obedecen a parámetros generales que tienen un
sentido y alcance que se conoce en el ámbito jurídico, tal es el caso, de las
categorías prohibido, ilícito o injusto, y dinero público.

127. Cabe destacar que, en lo que atañe a la comprensión de la noción de “dinero
público”, la jurisprudencia ha dispuesto un criterio neutral, vinculado al principio del
gasto público regulado en el artículo 345 de la Constitución Política, y sentó entre
otros, el criterio conforme al cual “los dineros con que se paga la nómina de los
empleados públicos de las Unidades de Trabajo Legislativo son recursos públicos y

51 Art. 123 de la Constitucion Política

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más concretamente “dineros públicos” por ello se materializa su indebida
destinación, cuando se les da un uso indebido, como es el caso, en que el
Congresista certifica el cumplimiento de funciones, cuando en la realidad designó
otras que son ajenas a la labor legislativa y que redundan en el beneficio personal
del parlamentario puesto que desconocen el interés general y el art. 122 de la
Constitución Política que indica que todo empleo público tiene unas funciones
detalladas en la ley o el reglamento.
128. Es importante hacer especial énfasis en que la indebida destinación en este

último caso, está relacionada con el deber que tienen los Congresistas de certificar
el cumplimiento de funciones de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo
por virtud del art. 388 de la Ley 5ª de 1992, conforme al cual para la provisión de los
cargos de cada Unidad de Trabajo Legislativo “[…] cada congresista postulará, ante
la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara y, ante el Director General, o quien haga
sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre
nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato […]” y “[…] La
certificación del cumplimiento de labores de los empleados de la unidad de trabajo
legislativo será expedida por el respectivo Congresista […]”.
129. En esta medida, es claro que dada la relación de sujeción a la que se encuentra

sometido el Congresista en razón de su calidad de servidor público, está llamado a
actuar siempre al servicio del Estado y de la comunidad en general, de manera que,
los parámetros señalados por la jurisprudencia de lo contencioso administrativo en
la materia que se analiza, no comportan exigencias nuevas o adicionales a las ya
señaladas por el ordenamiento jurídico, que además, se centran en la competencia
atribuida al Congresista, y al deber de actuar desprovisto de cualquier interés o
provecho personal.
130. De otra parte, la Sala destaca que la aplicación del parámetro determinado por

la jurisprudencia sobre la indebida destinación de dineros públicos en el plano de
decisión de los casos concretos, ha permitido que se decida qué hechos están
situados dentro o fuera de la descripción de la causal.
131. Así las cosas, se consideró por ejemplo que la indebida destinación puede
configurarse de forma indirecta, en aquellos eventos en que el Congresista, sin ser
ordenador del gasto, utiliza instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos como ha ocurrido frente a la contratación pública 52, los anticipos53
y las autorizaciones54, incluso, lo ha entendido así, en los eventos de cesión de
tiquetes aéreos55, la asignación de funciones distintas a los funcionarios públicos de
las unidades de trabajo legislativo, el desarrollo de funciones a esos mismos

52 Sentencia de 23 de mayo de 2000, Expediente AC-9878, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, demandado

Luis Norberto Guerra Vélez, Primer Vicepresidente de la Cámara de Representantes; sentencia de 30 de mayo
de 2000, Expediente AC-9877, M.P. Germán Rodríguez Villamizar, demandado Octavio Carmona Salazar,
Segundo Vicepresidente de la Cámara de Representantes; sentencia de 5 de febrero de 2001, expedientes
acumulados AC-10528 y AC-10967, M.P. Germán Ayala Mantilla, demandado Juan Ignacio Castrillón Roldán,
Vicepresidente de la Cámara de Representantes. En estas oportunidades se juzgó la conducta de unos
Congresistas, quienes en su calidad de miembros de la mesa directiva de la Cámara de Representantes,
dispusieron y avalaron una serie de contrataciones, desconociendo lo establecido en las normas presupuestales y
los principios de la contratación pública.
53 Sentencia de 8 de agosto de 2001, expedientes acumulados AC-10966 y AC-11274, M.P. Reinaldo Chavarro

Buriticá, demandado Darío Saravia Gómez, Representante a la Cámara. En esta oportunidad, se probó que los
dineros públicos pagados a un contratista a título de anticipo fueron destinados al pago de comisiones por la
adjudicación del contrato a favor del congresista demandado y, en consecuencia, se declaró la pérdida de
investidura.
54 Sentencia de 8 de agosto de 2001, expediente AC-12546, M.P. María Elena Giraldo Gómez, demandado Luis

Alfonso Hoyos Aristizábal, Senador.
55 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 13 de noviembre de 2001, exp. 2001-0101-01 (PI), M.P. Ligia

López Díaz.

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funcionarios en lugares diferentes al sitio de trabajo y por motivaciones que no
consultan el servicio público56, entre otros.
132. En este orden, frente a los hechos concretos que materializan las conductas

descritas, el juez de lo contencioso administrativo ha tomado partido por una sola
solución correcta, esto es, ha determinado que cuando se realizan contratos
públicos con desconocimiento de las normas presupuestales, se incurre en la causal
de indebida destinación de dineros públicos, o cuando por ejemplo, se contratan
personas para cumplir una labor legislativa, pero en la realidad se terminan
asignando tareas, que son indiferentes a dicha labor. De allí que, frente a los
hechos, el juez solo tiene una única opción de respuesta y su decisión no es
discrecional, no hay varias opciones para tomar elección por una de ellas. El
comportamiento se subsume o no en la descripción de la causal, de acuerdo con
los postulados jurídicos que se involucran en cada caso, esta es la tarea de
definición del juez de la pérdida de investidura, que como se insiste no está dada a
su libre criterio o libre “parecer”, sino debe ser razonada a la luz del ordenamiento
jurídico.
133. Es de gran importancia destacar que la definición de la causal se encuentra en

consonancia con la finalidad o propósito que se buscó con su establecimiento, y se
acompasa con las exigencias de la sociedad orientadas a depurar ciertas prácticas
de los congresistas que ponen en riesgo el buen uso de los recursos públicos, dando
prevalencia a su interés personal sobre el interés general.
134. De otra parte, la Sala constata que la fijación del concepto sobre “destinación

indebida” y “dineros públicos” no contraviene la regla de interpretación restrictiva de
obligatoria observancia en la aplicación de normas que limitan derechos
fundamentales, por las siguientes razones:
135. Como se ha indicado a lo largo de esta providencia, el artículo 183-4 de la

Constitución consagró la causal de indebida destinación de dineros públicos como
una norma de textura abierta, esto es, que no estableció los supuestos de hecho
que le dan origen, y en razón de ello, el precepto no da cuenta de las conductas que
se subsumen o que se excluyen del radio de acción de la causal.
136. Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible afirmar que se esté ampliando el

espectro contextual de la norma constitucional, pues como la misma jurisprudencia
lo evidenció en su momento, el Constituyente no fijó límites respecto de la forma
como se debe realizar la destinación, más que señalar que esta debe ser indebida,
y tampoco especificó en que sentido debía entenderse el vocablo dineros públicos.
137. Una mirada histórica, si bien no ofrece una visión concluyente para fijar los

alcances del artículo 183-4, si es útil para demostrar que la norma se consagró
precisamente en rechazo a las prácticas reiteradas de los Congresistas de desviar
el uso de los dineros públicos. Así fue expresado claramente por la delegataria
María Teresa Garcés en su intervención en la Asamblea Nacional Constituyente, en
la sesión plenaria llevada a cabo el 28 de mayo de 1991, en la cual indicó:

“(…) en relación con el artículo octavo sobre las causales de pérdida investidura, sugiero
adicionar las que están en el proyecto con otras dos causales que sería la indebida
destinación de dineros públicos que ha sido una práctica reiterada del Congreso.
Conocemos los casos en que no solamente han desviado dineros públicos a través de la
utilización de auxilios parlamentarios en las reelecciones de los congresistas sino también
en pagar sueldos a personas que no asisten, que no trabajan en el Congreso de la

56 Sentencia de 8 de agosto de 2001, expediente AC-12546, M.P. Elena Giraldo Gómez, demandado Luis

Alfonso Hoyos Aristizábal, Senador.

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República, esto claramente debe constituir una causal de pérdida de investidura”
(negrilla fuera de texto).57

138. Nótese sobre este punto que, el desvío de los dineros públicos que interesó

purgar a los asambleístas no solo recaía en los expresados en forma directa en
moneda de cambio o exclusivamente cuando el Congresista actuara como
ordenador del gasto o tenedor del mismo a través de cheques, bonos etc, sino
también, buscaba castigar su indebida destinación en los diversos ámbitos en los
que se encontrara vinculada la competencia del Congresista respecto de los recursos
públicos, siendo un ejemplo de ello, el reconocimiento de salarios a personas que no
asisten o no trabajan en el Congreso, o el pago de auxilios parlamentarios, práctica
que buscó erradicarse de la cultura política. Así la textura abierta de la norma
constitucional, permite sancionar no solo los comportamientos que para la
expedición de la constitución eran reprochables, sino todos aquellos que dada la
dinámica de la sociedad vayan surgiendo en el tiempo.
139. En ese orden, es claro para la Sala, que la expresión “dinero público” a la que

alude la causal analizada no se circunscribe a su noción de medio de intercambio,
como lo analizó la jurisprudencia en su momento, sino que debe interpretarse a la
luz de la finalidad perseguida por la misma causal, y en razón de ello, su
entendimiento está vinculado al desvío de los recursos públicos cuando estos no
cumplen la destinación prevista en la Ley, reglamento o respectivo presupuesto, sin
que ello conlleve a una interpretación extensiva de la expresión dinero público, ya
que como se ha dicho insistentemente, la interpretación de esta expresión no puede
limitarse a su tenor literal, sino que debe entenderse de manera sistemática con las
demás disposiciones que integran el ordenamiento jurídico.
140. Además de lo anterior, considerar una interpretación en la cual la expresión
“dineros públicos” se entienda en su tenor literal, obvio o común, sin vincular su
entendimiento con los valores, principios y normas que integran el texto
constitucional, conllevaría no solo a contrariar el carácter axiológico de la
Constitución y de la supremacía que ostenta, sino que traería consecuencias
nefastas para los fines propios perseguidos con la causal que en estricto sentido
busca que los recursos públicos se destinen para los propósitos dispuestos en las
normas de carácter presupuestal en cumplimiento del interés general.
141. Con este entendimiento quedarían por fuera del ámbito de control del juicio de

pérdida de investidura, prácticas que precisamente se buscaron eliminar dada la
realidad de desprestigio que irradiaba la institución del Congreso, y que ponían en
riesgo su credibilidad como institución representativa del sistema democrático.
142. De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala considera que la interpretación que se

ha dado a la causal de indebida destinación de dineros públicos encuentra sustento
en el contexto de la institución jurídica de la pérdida de investidura, y en las
disposiciones constitucionales que imponen la ya mencionada relación de sujeción
de la conducta del Congresista a los principios que irradian la función pública, entre
ellos el interés general.

3.6.3.4. Caso concreto-.
143.. A juicio del demandante, en la sentencia objeto de censura se desconoció la

regla de interpretación restrictiva que se debe observar al aplicar disposiciones de
origen sancionatorio como la causal que se analiza. Según su dicho, la
interpretación literal de la causal conlleva a concluir que la conducta objeto de
reproche se configura exclusivamente cuando se destinan indebidamente y de
manera expresa dineros públicos entendidos en su acepción de “moneda”, de

57 Memorias y Antecedentes artículo 183 de la Constitución Política, Asamblea Nacional Constituyente,
transcripción de sesiones, sesión plenaria mayo 28 de 1991, página 59.

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manera que no es posible incluir en la intelección de esta causal comportamientos
del Congresista relacionados con la asignación de funciones a los miembros de su
unidad de trabajo legislativo ajenas o distintas de aquellas relacionadas con la
naturaleza legislativa de su labor, por cuanto ello redundaría en una extensión de la
causal que no fue prevista por el Constituyente.
144. De otra parte arguyó que, la sentencia objeto de censura desconoció el derecho

al debido proceso del ahora demandante, en tanto que lo sancionó por una conducta
que no estaba tipificada en la causal, por cuanto esta prevé que se trata de la
indebida destinación de dineros públicos y no de personas.
145. Para resolver, es necesario precisar que la sentencia objetada decretó la pérdida

de investidura del entonces Representante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés58
al encontrar demostrado de conformidad con las pruebas allegadas al plenario, que
el servidor destinó de manera indebida e indirecta los dineros públicos asignados para
el pago de los servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo al atribuirles funciones
que son ajenas a la naturaleza de dicha labor.
146. Los fundamentos que sirvieron de sustento para la decisión, fueron en síntesis

los siguientes:

“[…] Es cierto que de conformidad con el artículo 88 de la Resolución MD-0975 de
1995 “Por el cual se establece el Estatuto de Administración de Personal para los
servidores públicos de la H. Cámara de Representantes”, el congresista podía asignar
a sus colaboradores un sitio diferente al de la sede del Congreso para el cumplimiento
de sus funciones, pero esa autorización no se hacía extensiva al cumplimiento de
labores diferentes a aquellas para las cuales fueron nombrados.

[…]

También advierte la Sala que aunque las actividades particulares de beneficio social
a las comunidades más desfavorecidas son desde todo punto de vista loables, el
congresista no estaba autorizado para ocupar a los servidores estatales en esas
actividades. Entre las funciones de los miembros de las unidades de trabajo legislativo
de los representantes a la Cámara no se incluyen labores de apoyo a organizaciones
no gubernamentales. Esas labores no podían cumplirse a expensas de aquéllas para
las cuales fueron creados esos cargos, en particular cuando esas labores resultaban
vinculadas espacial y finalísticamente a sus intereses proselitistas, en tanto tales
reuniones se celebraban en la misma edificación donde funcionaba la iglesia, de la
cual derivaba el congresista su potencial electoral y era también su sede política, que
facilitó al menos en una ocasión a uno de sus exservidores en la misma unidad de
trabajo.

Mucho menos podía el demandado asignar a los servidores estatales nombrados para
apoyarlo en su labor legislativa, actividades diferentes a las propias de esos cargos,
en beneficio propio o de terceros y aún menos, inducir a aquéllos a hacer
contribuciones económicas que finalmente redundarían en beneficio de sus intereses
políticos y de los de su movimiento o partido.

[…]

Destaca la Sala que si bien el congresista no tenía la calidad de ordenador del gasto
ni era el nominador de las personas vinculadas a su unidad de trabajo legislativo,
destinó de manera indebida e indirecta los dineros públicos asignados para el pago
de esos servidores, a otros fines, en tanto asignó a esos servidores, durante toda su
jornada laboral o parte de ella, el ejercicio de funciones ajenas a las propias de sus
cargos, en beneficio de la iglesia donde funge como pastor, o de sus intereses

58 La Sala aclara que el Congresista fue sancionado con la pérdida de investidura por incurrir en las causales

contempladas en los artículos art. 110 C.P. y 183-4 de la Constitución Política, no obstante, el cargo alegado
en el presente recurso solamente hace referencia a la “indebida destinación de dineros públicos”, razón por la
cual, el conocimiento de la Sala se suscribirá a este único tema.

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proselitistas, o de labores sociales, en lugar de ordenarles que se dedicaran a cumplir
las funciones señaladas en el artículo 388 de la Ley 5ª de 1992, o sea, la ejecución
de tareas encaminadas a la eficiente labor legislativa que le correspondía, en aras del
bien común”.

147. De acuerdo con lo expresado en las consideraciones de esta sentencia, los

hechos decididos en el caso concreto y la jurisprudencia que sirvió de fundamento
para declarar la pérdida de investidura, la Sala considera que el cargo planteado
por el recurrente no está llamado a prosperar, por las siguientes razones:
148.Si bien la sentencia objeto del recurso de revisión declaró la pérdida de
investidura del entonces representante a la Cámara Luis Enrique Salas Moisés por
incurrir en la causal de indebida destinación de dineros públicos, la ratio o
fundamento de esta decisión, no tuvo lugar en la “indebida destinación de personas”
como lo afirma el recurrente, sino en la concepción de la noción de dinero público
que había sido definida por la jurisprudencia vigente para la época.
149.De acuerdo con la jurisprudencia reinante, el bien protegido es el “dinero
público”, no solo cuando es destinado indebidamente por el Congresista como
ordenador del gasto, sino también, cuando con su comportamiento destina el dinero
público para un uso indebido, esto es, cuando certifica que los miembros de la
Unidad de Trabajo Legislativo realizaron labores acordes a su función legislativa y
por ello reciben un salario, desconociendo que en la realidad el Congresista les
asignó funciones ajenas a la actividad legislativa que redundaron en su favor y
provecho personal.
150. Para esta Sala, dicha interpretación lejos de considerarse lesiva de la regla de

interpretación restrictiva como lo aduce el apoderado del demandante, corresponde
a una intelección razonada de los enunciados que integran la estructura normativa
de la causal.
151. En este punto, es importante destacar, que aunque el recurrente alude a la

vulneración de dicho criterio restrictivo, lo cierto es que, su alegato está más
orientado a considerar que la interpretación que se realizó en el caso concreto, se
apartó en su entender, del contenido literal o gramatical del art. 183-4 constitucional,
interpretación que como se explicó ampliamente en acápites anteriores de la
presente providencia, corresponde a una visión reducida del alcance de la causal,
que desconoce la finalidad que la funda, que no es otra, que la protección de los
dineros públicos.
152.Realizada la anterior acotación, la Sala Concluye que la decisión analizada, se
profirió acatando los lineamientos dados por la jurisprudencia vigente para la época,
los cuales como quedó dicho guardan armonía con la finalidad perseguida por la
misma causal y con el contenido material de la Constitución.
153.Finalmente, es importante destacar que la interpretación realizada por el
Consejo de Estado, a la que se ha venido haciendo referencia, ha sido objeto de
pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional, entre otras, en la Sentencia T-
555 de 200859, en la cual conoció de la acción de tutela en contra de las sentencias
proferidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en las que se decretó
la pérdida de investidura de un Senador de la República que certificó el
cumplimiento de funciones de su Asistente II de la UTL, pese a que se encontraba
fuera del país por varios meses.

59 Corte Constitucional, sentencia T- 555 de 29 de mayo de 2008, MP. Jaime Araújo Rentería. En

esta decisión se revisó la sentencia dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado de 10 de octubre
de 2006 mediante la cual se negó la prosperidad del recurso especial de revisión formulado contra
la sentencia de 8 de agosto de 2001, con la cual se decretó la pérdida de investidura del Senador
Luis Alfonso Hoyos Aristizábal.

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154. Luego de analizar la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, la Corte

Constitucional concluyó “ que si bien el alcance que el Consejo de Estado le da a la
causal de indebida destinación de dineros públicos puede ser discutida
jurídicamente desde distintos ángulos, tal interpretación no puede ser concebida
como un ostensible quebrantamiento del orden jurídico o como la “invención de una
nueva causal” que constituya un defecto sustantivo, en detrimento del principio de
legalidad en la aplicación de sanciones que comprometen el artículo 40 de la Carta”.
155. En otra oportunidad, en la sentencia T-086 de 2007 la Corte conoció de la

sentencia proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 23 de
mayo de 2000, en la cual declaró la pérdida de investidura de un Congresista que
incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos en la actividad
contractual, en esta oportunidad la Sala expresó lo siguiente:

“En el caso del actor, las apropiaciones presupuestales derivadas de la indebida
celebración de contratos y los anticipos girados a los contratistas conforme a la
apreciación de la Procuraduría, fueron determinantes en la consolidación de la
indebida destinación de dineros públicos. (b) La consideración del actor de que se
trata de dos causales distintas, es una interpretación conforme con el procedimiento
penal, pero no por ello oponible obligatoriamente al Consejo de Estado, que en su
jurisprudencia ha resaltado que la contratación es un instrumento que pude ser
distorsionado para convertirlo en un vehículo de la indebida destinación de recursos
públicos. Por estas razones, concluye entonces esta Corporación, que si bien el
alcance que el Consejo de Estado le da a la causal de indebida destinación de
dineros públicos puede ser discutida jurídicamente desde distintos ángulos, tal
interpretación no puede ser concebida como un ostensible quebrantamiento del
orden jurídico o como la “invención de una nueva causal” que constituya un defecto
sustantivo, en detrimento del principio de legalidad en la aplicación de sanciones que
comprometen el artículo 40 de la Carta. La consistente jurisprudencia de esa
Corporación en la materia, la imposibilidad de percibir en tal interpretación una
manifiesta arbitrariedad jurídica, la interpretación semántica de la norma y la
separación de las interpretaciones propias del proceso penal de las específicas del
proceso de pérdida de investidura, le impiden a esta Corporación concluir que hubo
un análisis abiertamente irrazonable en las decisiones del Consejo de Estado
respecto de la figura, que comprometa fehacientemente los derechos fundamentales
a los que alude el actor. Por consiguiente, se desestima la causal de vía de hecho
invocada”.

156. Los anteriores pronunciamientos son un referente para considerar que la
Jurisprudencia desarrollada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se
ajusta a los postulados constitucionales.
157. De acuerdo con todo lo dicho, la Sala considera que no hay lugar a acceder a

los argumentos planteados en el recurso de revisión, la interpretación que realizó la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia que se acusa,
corresponde a una interpretación razonada que se ajusta a los fines perseguidos
por la norma constitucional y a la intelección restrictiva que corresponde realizar en
el juicio de pérdida de investidura. En consecuencia, no prospera la causal alegada.

4. CONCLUSIÓN
158. La Sala declarará infundado el recurso extraordinario especial de revisión por
cuanto no se demostró la configuración de las causales de revisión consagradas en
el numeral 2º del art 250 del CPACA, y literal a) del art. 17 de la Ley 144 de 1994.
159. En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del

Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

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FALLA
PRIMERO: DECLARAR infundado el recurso extraordinario especial de revisión
promovido por el señor Luis Enrique Salas Moisés contra la sentencia del 20 de
septiembre de 2011 por medio de la cual la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo decretó la pérdida de su investidura como congresista.

SEGUNDO: Por Secretaría ARCHIVAR la presente actuación y el expediente de
pérdida de investidura núm. 2010-01357-00 allegado en calidad de préstamo.

TERCERO: Por Secretaría HACER las anotaciones pertinentes en la plataforma
del Consejo de Estado “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Presidente
Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrado Magistrada

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrado Magistrada
Con aclaración de voto

MILTON CHAVES GARCÍA JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ
Magistrado ARGÜELLO
Magistrada

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

MARÍA ADRIANA MARÍN ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrada Magistrado
Con aclaración de voto

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CÉSAR PALOMINO CORTÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrado Magistrada
Con aclaración de voto Con aclaración de voto

WILSON RAMOS GIRÓN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado Magistrado

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
Con aclaración de voto

JORGE EDISÓN PORTOCARRERO OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
BANGUERA Magistrado
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500020160
2995001100103

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