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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00508-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
15 de junio de 2017
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00508-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la empresa SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SA ESP, con fundamento en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Dejar sin efectos todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda formulada dentro de la acción de cumplimiento No. 18001-33-33-002-2014-00775-01, por el señor José Jairo Díaz Andrade contra del municipio de Florencia, donde exigió que se acatara lo previsto por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, el cual fue adelantado por el Tribunal Administrativo de Caquetá. El Tribunal deberá disponer la vinculación oficiosa de la sociedad SERVINTEGRAL SA ESP, en cuanto titular de una relación jurídica sustancial que resultará directamente afectada con la decisión a proferir, para que de esta manera se le respete los derechos conculcados. TERCERO: Negar el amparo deprecado por el señor ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, en nombre propio y como alcalde del MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ, de acuerdo con las consideraciones atrás plasmadas. CUARTO: Si no fuese impugnado este fallo, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria, de conformidad con lo establecido por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991. QUINTO: Devolver el expediente allegado en calidad de préstamo, según el oficio visible a folio No. 161 del cuaderno de la tutela No. 2017-00508-00. SEXTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-00508-00

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

15 de junio de 2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO PROCEDIMENTAL / SALVAMENTO DE VOTO - Noción / SELECCIÓN DE OPERADOR PARA EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO - Licitación Pública

Para este juez constitucional, el ordenar dar cumplimiento al artículo 3 de la Ley 689 de 2001, para que se lleve a cabo una licitación pública para seleccionar al operador que prestará el servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Florencia, actividad que no es ejecutada por este, no puede entenderse como una afectación a los principios de libertad de empresa, de entrada y de competencia; pues lo que se busca es garantizarlos, a la luz de la normativa que regula tal situación. (…) En cuanto al presunto defecto procedimental que alegó el MUNICIPIO con fundamento en el salvamento de voto, este no está llamado a prosperar, toda vez que, dicha salvedad constituyen las razones personales por las cuales un magistrado de un cuerpo colegiado no está de acuerdo con la posición mayoritaria de una Sala de Decisión. (…) [Finalmente, indicó el alcalde del MUNICIPIO] que, de cumplirse con la decisión cuestionada, se vulnerarían sus derechos al trabajo, al buen nombre y a la honra del tutelante, pues, en su consideración, ello acarrearía posibles consecuencias de tipo fiscal, disciplinario y penal (…) Este juez constitucional no se pronunciará sobre estos aspectos, toda vez que corresponden a sucesos futuros e inciertos que surgen de la apreciación del tutelante, quien en su consideración la providencia judicial cuestionada es contraria a derecho, pero como se explicó en párrafos anteriores, la misma se ajustó a la Ley 393 de 1997, motivo por el cual, en el caso concreto, el Tribunal Administrativo del Caquetá ordenó cumplir con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 689 de 2001. (…) Por las anteriores razones, se negará el amparo deprecado.

VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA / VINCULACIÓN OFICIOSA DE PARTE A LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

En cuanto a las razones que fundamentaron la acción de tutela de SERVINTEGRAL y de los CIUDADANOS, para la Sala debe prosperar el cargo relativo a la afectación de los derechos al debido proceso y a la defensa por la falta de vinculación de la empresa al proceso por tener interés en el resultado de este (…) la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la sociedad SERVINTEGRAL SA ESP, por la falta de vinculación a la acción de cumplimiento, al tener un interés legítimo en el proceso (…) Por lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejará sin efectos todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda formulada en acción de cumplimiento No. 18001-33-33-002-2014-00775-01, por el señor JJDA contra el municipio de Florencia, donde exigió que se acatara lo previsto por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, el cual fue adelantado por el Tribunal Administrativo de Caquetá (…) El Tribunal en cita deberá disponer la vinculación oficiosa de la sociedad SERVINTEGRAL SA ESP, en cuanto titular de una relación jurídica sustancial que resultará directamente afectada con la decisión a proferir, para que de esta manera se le respeten los derechos conculcados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00508-00(AC)

Actor: MUNICIPIO DE FLORENCIA-CAQUETÁ, SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS S.A. E.S.P, SERVINTEGRAL Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

DE LOS AUTOS DE ACUMULACIÓN

Con escrito radicado en la Secretaría General de esta Corporación (fls 1-83), el señor ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, en nombre propio y como alcalde del MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ, presentó tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, al «…buen nombre, la honra y al trabajo», que consideró vulnerados con la providencia judicial adoptada, el 27 de octubre de 2016, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro de la acción de cumplimiento No. 18001-33-33-002-2014-00775-01.

Revisados los documentos que componen la presente acción constitucional, se observó que el gerente de la sociedad SERVINTEGRAL SA ESP informó que, a través de apoderado judicial, también presentó acción de tutela con la que se busca dejar sin efectos la mencionada sentencia de cumplimiento, por violación del debido proceso y defensa. Dicho expediente, para ese momento, estaba en conocimiento de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Consejero Ponente GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, bajo el radicado No. 11001-03-15-000-2017-00507-00. Lo anterior se pudo constatar en el sistema de consulta de procesos de la Corporación.

Por lo anterior, con auto del 23 de marzo de 2017, este Despacho ordenó por Secretaría General remitir el presente expediente (2017-00508-00) a la Subsección A, Sección Segunda de esta Corporación, para que allí se decidiera sobre su posible acumulación con el radicado No. 2017-00507-00.

El Consejero GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, ponente dentro de la tutela 2017-00507-00, con auto del 20 de abril del año en curso, decretó la acumulación de ambos procesos.

Finalmente, con auto del 5 de mayo de 2017, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del mencionado Consejero, dispuso:

«DÉJASE SIN EFECTOS el auto de 20 de abril de 2017 proferido por este Despacho. Por conducto de la Secretaría General, remítanse los expedientes de la referencia al despacho de la doctora LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ para que resuelva sobre la acumulación de procesos, a la luz de lo señalado en los artículos 149 del Código General del Proceso y 2.2.3.1.3.1, 2.2.3.1.3.3 del Decreto 1834 de 2015».

Lo anterior, con fundamento en el artículo 149 del Código General del Proceso, aplicable al trámite constitucional, por lo indicado en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto No. 1069 de 2015, norma procesal que fija la competencia para la acumulación de procesos en los siguientes términos:

«Cuando alguno de los procesos o demandas objeto de acumulación corresponda a un juez de superior categoría, se le remitirá el expediente para que resuelva y continúe conociendo del proceso. En los demás casos asumirá la competencia el juez que adelante el proceso más antiguo, lo cual se determinará por la fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo al demandado, o de la práctica de medidas cautelares».

Ahora bien, como lo puso de presente el auto que dejó sin efecto la acumulación y es verificado por la Consejera Ponente, de las piezas procesales que reposan en los expedientes, se observa que dentro de la tutela No. 2017-00508-00, la cual correspondió por reparto a este Despacho, se dictó auto admisorio el 2 de marzo de 2017 y fue notificado a las partes el 8 de marzo de 2017 (fls. 91 - 96).

Por otro lado, la acción No. 2017-00507, asignada por reparto a la Subsección A, Sección Segunda de la Corporación, se admitió el mismo día que la anterior, pero fue notificado el 17 de marzo de 2017 (fls. 147 - 153).

En vista de lo anterior y con fundamento en la norma procesal transcrita, la competencia para conocer de ambas tutelas está radicada en la Sección Quinta del Consejo de Estado. En consecuencia, en observancia del artículo 149 del Código General del Proceso, aplicable por la remisión que hace a él el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto No. 1069 de 2015, con auto del 12 de mayo de 2017, se decretó la acumulación de la tutela 2017-00507-00 al radicado 2017-00508-00, toda vez que, en este último, se notificó primero su auto admisorio.

De igual manera, el Despacho ponente, mediante auto del 25 de mayo de 2017, decretó la acumulación de la tutela No. 11001-03-15-000-2017-00754-00 al radicado de la referencia.

Aquella fue presentada por los ciudadanos CRISTIAN CAMILO HERNÁNDEZ LÓPEZ, OLGA ROCÍO ORTIZ OBREGÓN y JASMÍN BELTRÁN MORALES, en su condición de trabajadores de SERVINTEGRAL, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al «…Debido Proceso, Derecho de Defensa y al Trabajo en conexidad con el Derecho a la Vida Digna», que consideraron vulnerados con la providencia judicial adoptada el 27 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro de la acción de cumplimiento No. 18001-33-33-002-2014-00775-01, acción constitucional que fue remitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado para tal fin y al darse los requisitos del artículo 149 del CGP, se procedió de conformidad.

ESTUDIO DE LAS ACCIONES
CONSTITUCIONALES ACUMULADAS

La Sala procede a resolver las peticiones de amparo instauradas, por:

a) El señor ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, en nombre propio y como alcalde del MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ (en adelante el MUNICIPIO), presentó tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, al «…buen nombre, la honra y al trabajo».

b) El apoderado judicial de la empresa SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SA ESP (en lo sucesivo SERVINTEGRAL), promovió la acción constitucional, para lograr la protección de sus derechos al debido proceso y defensa.

c) Los ciudadanos CRISTIAN CAMILO HERNÁNDEZ LÓPEZ, OLGA ROCÍO ORTIZ OBREGÓN y JASMÍN BELTRÁN MORALES (en adelante los CIUDADANOS), con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al «…Debido Proceso, Derecho de Defensa y al Trabajo en conexidad con el Derecho a la Vida Digna».

Quienes consideraron vulnerados con la providencia judicial adoptada, el 27 de octubre de 2016, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro de la acción de cumplimiento No. 18001-33-33-002-2014-00775-01; de conformidad con lo dispuesto por el Decreto No. 2591 de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015.
ANTECEDENTES

1.1. La tutela 2017-508-00

El MUNICIPIO solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al «…buen nombre, la honra y al trabajo», que consideró vulnerados con la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro de la acción de cumplimiento de marras.

1.1.1. Hechos de la acción T-2017-508-00

La Sala resume los hechos relevantes de la acción, de la siguiente manera:

a) El señor JOSÉ JAIRO DÍAZ ANDRADE promovió acción de cumplimiento contra del municipio de Florencia, donde exigió que se acatara lo previsto por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, consistente en aplicar el estatuto general de la contratación pública (Ley 80 de 1993) para el otorgamiento de la «concesión» del servicio público domiciliario de aseo.

b) El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, con sentencia del 13 de noviembre de 2015, luego de los trámites del caso y de analizar las pruebas allegadas y estudiar la normatividad cuyo cumplimiento se solicitó en la demanda, resolvió en primera instancia, lo siguiente

«PRIMERO: ACCEDER a las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. En consecuencia,

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, en un término perentorio de diez (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este fallo, proceda a darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la ley 689 de 2001, esto es, si el municipio de Florencia no va a prestar directamente el servicio público domiciliario de aseo, realice el proceso de licitación pública, para que adjudique la prestación de dicho servicio a una empresa de servicios públicos de conformidad a lo establecido en la ley 80 de 1993, toda vez que los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993».

c) El municipio inconforme con la anterior decisión la impugnó.

d) El Tribunal Administrativo del Caquetá, con providencia del 27 de octubre de 2016, resolvió la impugnación presentada, en la que decidió:

«PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la providencia del 13 de noviembre de 2015 proferida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Florencia; mediante la cual, se accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: MODIFICAR la providencia aludida es su ordinal segundo, el cual quedará así:

“SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ que en un término perentorio de DÍAZ {sic} (10) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de este fallo, proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, esto es, si el municipio de Florencia no va a prestar directamente el servicio público domiciliario de aseo, realice el proceso de licitación pública, para que lo adjudique a una empresa de servicios públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, trámite administrativo que no podrá exceder de cuatro (04) meses, término durante el cual el ente territorial aludido no puede dejar de prestar el servicio público de aseo, tomando todas las medidas necesarias para su prestación efectiva y permanente”.

TERCERO: El MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, deberá dentro de los cuatro meses, informar a esta Corporación el cumplimiento de lo ordenado».

1.1.2. Fundamentos de la acción T-2017-508-00

El tutelante expresó que, en el presente caso, se presenta una irregularidad sustancial más que procesal, toda vez que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá, objeto de controversia, desconoció por completo la esencia de la Constitución Política de 1991 y el giro que ésta dio en relación con la prestación de los servicios públicos domiciliarios en Colombia.

Así mismo, va en contravía de los principios constitucionales de la libertad de empresa, la libertad de entrada y la libre competencia.

De igual forma, la sentencia parte de una interpretación errónea de las normas de la Ley 142 de 1994, de la Ley 689 de 2001 y de los antecedentes fácticos que fueron expuestos en el marco del proceso administrativo que tuvo origen en el «medio de control» de cumplimiento.

A su vez, existe un defecto procedimental que, a su juicio, vale la pena destacar. Los supuestos de procedencia de la acción de cumplimiento previstos en la Ley 393 de 1997 no fueron acreditados por el actor en la acción de cumplimiento, tal y como fue expuesto por el Magistrado del Tribunal Administrativo del Caquetá, Jesús Orlando Parra en el salvamento de voto que presentó a la decisión adoptada por el Tribunal.

Luego, reiteró que el requisito especial de procedencia que se configura y hace viable la tutela contra providencia judicial es la violación directa de la Constitución Política. Esto como consecuencia que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá ordena al municipio adelantar un proceso licitatorio para adjudicar la prestación del servicio público de aseo cuando la norma lo que establece es un esquema de prestación del servicio público de aseo en un modelo de libertad de empresa sin necesidad de adjudicación alguna, salvo el cumplimiento de los requisitos que establece la ley y los organismos de regulación como lo es la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Finalmente, desarrolló un capítulo para explicar por qué el cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Caquetá vulneraría los derechos al trabajo, al buen nombre y a la honra del tutelante, pues, en su consideración de hacerlo, acarrearía posibles consecuencias de tipo fiscal, disciplinario y penal.

1.1.3. Pretensión constitucional T-2017-508-00

El tutelante, para lograr la cesación de la vulneración de su derecho, solicitó:

«2.1. Que se declare la violación de los derechos fundamentales al buen nombre, a la honra y al trabajo, al imponérseme la obligación de dar cumplimiento, en calidad de Alcalde municipal de Florencia Caquetá, a las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo del Caquetá en la sentencia No. 06-10-242-16/ORD 02-02, las cuales como se expondrá en el numeral 3 y los subnumerales que lo componen, desconocen los principios constitucionales de libertad de empresa y libertad de entrada en servicios públicos domiciliarios, los cuales son pilares de la prestación de estos servicios en Colombia. Todo ello a partir de una interpretación errada de la Ley 142 de 1994 y de la Ley 689 de 2001.
2.2. Que se declare la violación de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra, los cuales se ven afectados con la orden de cumplir el fallo del Tribunal Administrativo Caquetá (sentencia No. 06-10-242-16/ORD 02-02). Esto por cuanto el cumplimiento de esa providencia implica adoptar decisiones administrativas que van en contravía de preceptos constitucionales y legales, situación que en un Estado social de derecho como Colombia, tiene graves consecuencias de naturaleza disciplinaria, fiscal y penal. (Numeral 3.1.1.5.1)
2.3. Que como consecuencia de la anterior declaración se ordene que debido a la vulneración de los derechos fundamentales cuya protección se solicita por medio de la presente acción, el municipio de Florencia se abstenga de cumplir con la orden impartida por el Tribunal Administrativo de Caquetá».

1.1.4. Trámite de la T-2017-508-00

Mediante auto del 2 de marzo de 2017, la Consejera Ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandados a los integrantes del Tribunal Administrativo del Caquetá y al Juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia; finalmente, negó la medida de suspensión provisional elevada.

Por tener interés en el resultado de la presente tutela se ordenó comunicar a SERVINTEGRAL.

La anterior providencia se notificó mediante los mensajes de correo electrónico enviados el 8 de marzo del año en curso, visibles a folios 91 a 96.

1.2. La tutela 2017-507-00

SERVINTEGRAL solicitó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que consideró vulnerados con la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro de la acción de cumplimiento de marras.

1.2.1. Hechos de la acción T-2017-507-00

Son los mismos que fueron resumidos en el numeral 1.1.1.

1.2.2. Fundamentos de la acción T-2017-507-00

Para el apoderado judicial de SERVINTEGRAL, en el presente caso, las autoridades judiciales de cumplimiento violaron el debido proceso y el derecho de defensa por la falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva, debido a la falta de citación, convocación a juicio y concesión del derecho a ejercer su defensa en la acción de cumplimiento, litigio en que directamente se comprometían o podían comprometer, como en efecto aconteció, los intereses jurídicos y patrimoniales de la sociedad

Afirmó que la parte actora no solicitó vinculación al proceso de SERVINTEGRAL y menos de oficio en garantía del derecho constitucional fundamental al debido proceso, lo dispuso el señor Juez de primera instancia, ni la Corporación de segunda instancia ahora también accionada.

Se profirieron, en consecuencia, además, sentencias que no pudieron ser controvertidas o impugnadas a través de los recursos ordinarios que prevé el ordenamiento jurídico para quienes están legitimados en causa pasiva para el efecto.

Por otro lado, sostuvo que no se cumplió con los requisitos de procedibilidad de la acción que dio origen a la providencia judicial que se cuestiona.

Frente a lo anterior, sostuvo que, al momento de efectuarse el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción de cumplimiento previsto en la Ley 393 de 1997, se hace alusión de forma íntegra al artículo 3º de la Ley 689 de 2001, motivo por el cual, se desconoce si se hace alusión a los dos incisos o al parágrafo de la norma. En tales condiciones, el requisito de procedibilidad de la acción no se cumplió a cabalidad y, sin embargo, se admitió la demanda y posteriormente se dictaron las sentencias cuestionadas. La falencia en el agotamiento del requisito indicado no se podía pasar por alto, como en efecto se hizo por los operarios jurisdiccionales de turno.

Advirtió también que, en el caso en particular, se incumplió otro presupuesto de la acción de cumplimiento, por cuanto la norma que la parte accionante predicaba como incumplida estaba constituida como mandato imperativo e inobjetable en cabeza, no sólo del municipio de Florencia, sino también de las empresas prestadoras del servicio público de aseo, como lo son la empresa SERVINTEGRAL e, incluso, la empresa de SERVICIOS DE ASEO DEL CAQUETÁ S.A. ESP, instituciones a las que no se les tuvo en cuenta no solo dentro del agotamiento del requisito de procedibilidad, sino tampoco dentro de las actuaciones procesales surtidas.

También alegó que, existió incongruencia entre la ratio decidendi, lo pedido y lo decidido, al sostener que frente a la causa de petición que esbozó el actor en la demanda, planteó para el debate, que la finalidad de su demanda era la de asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios domiciliarios, por empresas de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo municipio (artículo 5 numeral 5.1 de la Ley 142 de 1994), pero, terminó decidiendo sobre algo diferente, como era el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, para que se ordenara entregar la prestación del servicio previa licitación pública.

Finalmente, indicó que existió una indebida aplicación de la ley, por parte de la autoridad judicial cuestionada, pues desconoció que, en la contestación de la demanda, el municipio de Florencia, a fin de demostrar la inexistencia de la transgresión del artículo 3º de la Ley 689 de 2001, invocó los principios constitucionales de libertad de empresa, además de la situación fáctica y jurídica actual del municipio respecto a la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

1.2.3. Pretensión constitucional T-2017-507-00

El tutelante, para lograr la cesación de la vulneración de su derecho, solicitó:

«1.1. Concédase el amparo al derecho constitucional fundamental al Debido Proceso y de defensa, que a la Sociedad SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SA ESP- SERVINTEGRAL SA ESP, le han conculcado EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA {sic} Y EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FLORENCIA-CAQUETA {sic}, con ocasión y desarrollo del Proceso de Acción de Cumplimiento promovido por el señor JOSE JAIRO DÍAZ ANDRADE contra EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA {sic}, con radicación 18001-33-33-002-2014-00775-01 y 18001-33-33-002-2014-00775-00 respectivamente.

1 2. Como consecuencia del amparo deprecado, solicito a los Señores Magistrados se declare sin valor o efecto toda la actuación procesal y las decisiones judiciales cuestionadas, a saber, las providencias impartidas por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA {sic} el día 27 de octubre de 2016 Y por EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FLORENCIA-CAQUETA {sic} el día 13 de noviembre de 2015, que accedieron a las súplicas de la demanda dentro de la Acción de Cumplimiento ya referida, por constituir auténticas vías de hecho, en los términos que describe de manera reiterada la jurisprudencia constitucional; y en su lugar si fuere el caso, disponer la restauración del derecho conculcado, bajo los parámetros que la Corporación de amparo determine».

1.2.4. Trámite de la T-2017-507-00

Mediante auto del 2 de marzo de 2017, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandados a los integrantes del Tribunal Administrativo del Caquetá y al Juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.

Por tener interés en el resultado de la presente tutela ordenó comunicar al señor José Jairo Díaz Andrade, ciudadano que promovió la acción de cumplimiento cuya decisión se cuestiona en el presente caso. Por último, dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La anterior providencia se notificó con los correos electrónicos enviados el 17 de marzo del año en curso, visibles a folios 147 a 153, de dicho cuaderno.

1.3. La tutela 2017-754-00

Con escrito recibido por la Secretaría General de esta Corporación, a través de correo electrónico, los ciudadanos CRISTIAN CAMILO HERNÁNDEZ LÓPEZ, OLGA ROCÍO ORTIZ OBREGÓN y JASMÍN BELTRÁN MORALES, en nombre propio, presentaron tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al «…Debido Proceso, Derecho de Defensa y al Trabajo en conexidad con el Derecho a la Vida Digna», en su condición de trabajadores de SERVINTEGRAL, los cuales consideraron vulnerados con la providencia judicial adoptada el 27 de octubre de 2016 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro de la acción de cumplimiento No. 18001-33-33-002-2014-00775-01.

1.3.1. Hechos de la acción T-2017-754-00

Son los mismos que fueron resumidos en el numeral 1.1.1.

1.3.2. Fundamentos de la acción T-2017-754-00

Revisado el escrito presentado por los CIUDADANOS, dan los mismos argumentos que planteó el apoderado judicial de SERVINTEGRAL, que se pueden ver en el numeral 1.2.2.

De forma general, indicaron que existe un defecto procedimental y sustantivo por i) la falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva; porque ii) no se cumplió con los requisitos de procedibilidad de la acción que dio origen a la providencia judicial que se cuestiona; iii) existió incongruencia entre la ratio decidendi, lo pedido y lo decidido, y iv) por una indebida aplicación de la ley, por parte de la autoridad judicial cuestionada, pues desconoció los argumentos de defensa dados en la contestación de la demanda por parte del municipio de Florencia.

1.3.3. Pretensión constitucional T-2017-754-00

Los CIUDADANOS, para lograr la cesación de la vulneración de sus derechos, solicitaron:

«Que se conceda el amparo a los derechos constitucionales fundamentales al Debido Proceso, Derecho de Defensa y al Trabajo en conexidad con el Derecho a la Vida Digna, que Ie han sido vulnerados a todos los trabajadores de la Sociedad SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SA ESP-003C SERVINTEGRAL SA ESP, por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA {sic} y EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FLORENCIA-CAQUETA {sic}, con ocasión y desarrollo del Proceso de Acción de Cumplimiento {sic} promovido por el señor JOSE JAIRO DÍAZ ANDRADE contra EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ, con radicación 18001-33-33-002-2014-00775-01 y 18001-33-33-002-2014-00775-00, respectivamente.

Como consecuencia del amparo deprecado, solicito a los Señores Magistrados se declare sin valor o efecto toda la actuación procesal y las decisiones judiciales cuestionadas, a saber, las providencias impartidas por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA {sic} el día 27 de octubre de 2016 y por EL JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE FLORENCIA-CAQUETA {sic} el día 13 de noviembre de 2015, que accedieron a las súplicas de la demanda dentro de la Acción de Cumplimiento {sic} ya referida, por constituir auténticas vías de hecho que además desconocen el derecho fundamental al trabajo de los trabajadores de SERVINTEGRAL S.A. E.S.P., en los términos que describe de manera reiterada la Jurisprudencia constitucional; y en su lugar si fuere el caso, disponer la restauración de los derechos conculcados, bajo los parámetros que la Corporación determine».

1.3.4. Trámite de la T-2017-754-00

Mediante auto del 27 de marzo de 2017, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar como demandados a los integrantes del Tribunal Administrativo del Caquetá y al Juez Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.

Por tener interés en el resultado de la presente tutela ordenó comunicar al señor José Jairo Díaz Andrade, ciudadano que promovió la acción de cumplimiento cuya decisión se cuestiona en el presente caso.

La anterior providencia se notificó mediante los respectivos mensajes de correo electrónico enviados el 31 de marzo del año en curso, visibles a folios 24 a 28, de dicho cuaderno.

2. Intervenciones

2.1. El Tribunal Administrativo del Caquetá

La autoridad judicial cuestionada al contestar la tutela, solicitó negar las pretensiones de la misma.

Manifestó que en el proceso que dio origen a la providencia judicial que se cuestiona con la presente acción de tutela, se resolvió un recurso de apelación, el cual se analizó conforme a la competencia otorgada a la segunda instancia por el artículo 27 de la Ley 393 de 1997, en concordancia, con el 320 del Código General del Proceso.

Luego, indicó los problemas jurídicos que allí se resolvieron; transcribió las principales razones dadas en la decisión con la que resolvió dicho recurso.

A partir de ello, concluyó que el Tribunal actúo investido de la autonomía e independencia en la aplicación del derecho, haciendo una interpretación amplia de las normas que aplicó y dando las garantías procesales pertinentes para el acatamiento de la orden dada y ciñéndose a los reparos concretos del recurso de apelación.

Afirmó que no existió ninguna irregularidad procesal, que haya lesionado algún derecho de los invocados y menos se denota en la actuación del Tribunal un defecto que dé lugar a la procedencia del amparo.

2.2. El señor JOSÉ JAIRO DÍAZ ANDRADE

El ciudadano que presentó la acción de cumplimiento intervino en el trámite, donde afirmó que su único interés en el trámite de la acción de cumplimiento incoada en contra del municipio de Florencia fue exigir que se acate lo previsto por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, en procura del respeto de los derechos de la comunidad residente en el municipio, de la cual hace parte. Luego, manifestó:

«Respetuoso de nuestro Estado de Derecho y las leyes que regulan las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, incluyendo por supuesto las decisiones de los jueces y magistrados de la república, como el caso de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, debo añadir, que es claro, que el citado operador judicial en legítimo derecho acogió las pretensiones de la demanda; decisión que sujeta de revisión por parte del superior jerárquico (Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá) por vía de apelación, fue confirmada parcialmente, ordenándose a la parte demandada, dar cumplimiento al artículo 3° de la Ley 689 de 2001 dentro del término perentorio estipulado, sin que el representante legal del Municipio de Florencia se haya dispuesto a cumplir en debida forma, de modo que se hace necesario manifestar expresamente mi inconformidad contra tal omisión y por ende, oponerme a la prosperidad de las pretensiones de la tutela, máxime cuando es inapreciable la vulneración de derecho fundamental alguno…».

2.3. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.

La anterior autoridad judicial pese a que fue notificada en debida forma no intervino en el trámite de la presente acción constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de las acciones de tutela presentadas por el señor ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, en nombre propio y como alcalde del MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ; por el apoderado judicial de la empresa SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SA ESP y por los ciudadanos CRISTIAN CAMILO HERNÁNDEZ LÓPEZ, OLGA ROCÍO ORTIZ OBREGÓN y JASMÍN BELTRÁN MORALES, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto No. 2591 de 1991 y el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015.

2. Asunto bajo análisis

De acuerdo con los antecedentes de las acciones de tutela y las intervenciones durante el trámite de esta instancia, corresponde a la Sala determinar:

i. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y en caso de que se supere lo anterior;

ii. Si con la providencia judicial cuestionada, proferida dentro de la acción de cumplimiento de marras, el Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró los derechos fundamentales alegados por los tutelantes, de conformidad con lo alegado por ellos en cada escrito introductorio, respectivamente.

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:

«… si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente…».

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo, procedencia sustantiva, y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iii) inmediatez.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva

4.1. Tutela contra Tutela

La Sala no encuentra reparo alguno frente a este requisito, pues a través de la presente acción constitucional se cuestiona una providencia judicial adoptada en segunda instancia dentro de la acción de cumplimiento con radicado No. 18001-33-33-002-2014-00775-01.

4.2. Inmediatez

Este juez constitucional evidencia que las diferentes acciones se ejercieron en un término razonable, ello por cuanto la providencia judicial se profirió el 27 de octubre de 2016 y fue notificada por correo electrónico el 9 de noviembre, es decir, quedó ejecutoriada el 15 siguiente de ese mes y año y las tutelas 2017-00507-00 y 2017-00508-00 se radicaron en la Secretaría General del Consejo de Estado el 24 de febrero de 2017 y la 2017-00754-00 se presentó el día 22 de marzo del año en curso.

4.3. Subsidiariedad

Finalmente, frente al tercer requisito aludido, esto es la subsidiariedad, para la Sala los accionantes no disponen de otros medios de defensa judicial, ordinarios y los extraordinarios no proceden contra las sentencias dictadas en el curso de una acción de cumplimiento.

5. Fondo del asunto

Corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial accionada vulneró de alguna manera los derechos fundamentales alegados por los tutelantes. Para ello, se analizará la providencia cuestionada, y luego se hará referencia a los planteamientos hechos por los actores.

Como se indicó en los antecedentes, el señor JOSÉ JAIRO DÍAZ ANDRADE promovió acción de cumplimiento contra del municipio de Florencia, para exigir que se acate lo previsto por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, el cual ordena aplicar el estatuto general de la contratación pública (Ley 80 de 1993) para el otorgamiento de la «concesión» del servicio público domiciliario de aseo. Dicha normativa establece:

«ARTÍCULO 3. Modifícase el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 el cual quedará así:

“Artículo 31. Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.

Las Comisiones de Regulación podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos, de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consulta expresa por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas facultades estarán sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa. Las Comisiones de Regulación contarán con quince (15) días para responder las solicitudes elevadas por las empresas de servicios públicos domiciliarios sobre la inclusión de las cláusulas excepcionales en los respectivos contratos, transcurrido este término operará el silencio administrativo positivo.

PARÁGRAFO. Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993”».

El Tribunal Administrativo de Caquetá, como problemas jurídicos a resolver en la segunda instancia del proceso en cita, estableció:

«Analizada la sentencia de primera instancia y el escrito de apelación, en aplicación del artículo 27 de la Ley 393 de 1997, y el artículo 320 del Código General del Proceso, se tienen como problemas jurídicos dentro del presente asunto, los siguientes

¿La empresa pública de aseo que opera en el Municipio de Florencia, no requiere autorización para su funcionamiento toda vez que opera en esta localidad la libertad de competencia?

¿Se necesita para el Municipio de Florencia, agotar el procedimiento previsto en el parágrafo del artículo 3 de la Ley 689 de 2001?».

Luego, estudió las normas que regulan las empresas de servicios públicos domiciliarios, las autorizaciones de funcionamiento de las ESP de aseo, a la luz de lo regulado en la Ley 142 de 1994, para concluir, a partir de allí, que:

«Ahora, tampoco se requiere una autorización de la entidad territorial para operar, pues cualquier persona jurídica, pública o privada, se puede constituir en empresa para efectos de asumir la prestación de un servicio público que sea de competencia de un municipio, cumpliendo los requisitos y formas de creación previstos en la ley privada y obteniendo los permisos y licencias según lo previsto en los artículos 25 y 26 de la Ley 142 de 1994, sin que en ningún caso se puedan negar o condicionar tales licencias o permisos con el propósito de favorecer los monopolios o limitar la competencia.

Así las cosas, es claro que no se requiere una inscripción u obtener una autorización o permiso previo, para prestar un servicio público domiciliario, tal como lo menciona la parte actora.

Sin embargo, la parte accionada confunde o mejor quiere hacer ver como si la autorización y la exigencia de adelantar licitación se tratase de la misma situación jurídica, esto es, que si no se requiere autorización para constituir la empresa no se requiere adelantar un proceso público de selección, alegando que esto último va en contra del principio de libre competencia».

Así, la autoridad judicial acá cuestionada entró a analizar lo relativo a la licitación pública para adjudicar contratos de prestación de servicios públicos y cuándo se requiere ello.

En este apartado, resaltó que los artículos 365 y 367 de la Constitución Política, disponen que los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, así mismo que la prestación puede ser indirecta, por comunidades organizadas, o por particulares.

Indicó que, el artículo 6 de la Ley 142 de 1994, define el procedimiento que debe adelantar el municipio para la prestación directa del servicio de su competencia.

Debe iniciar, por realizar una invitación pública a las empresas que se hayan constituido al efecto, para que participen ofertando el servicio, y así se garantice la libre competencia económica y el bienestar de los usuarios, quienes tendrán la posibilidad de gozar de un servicio óptimo y ejecutado por quien demuestre estar en mejores condiciones técnicas para ello. En caso de no concurrir ningún operador, el municipio puede asumir la prestación.

Después, hizo referencia a la modificación que el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, introdujo al 31 de la Ley 142, para exponer que en dicha normativa, existen dos eventos en los cuales se debe acudir al proceso de licitación pública a saber:

1. Cuando los entes territoriales entreguen a las empresas de servicios públicos la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios.

2. Cuando la empresa de servicios públicos, sustituya en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación.

Acotó que, el libelista en este caso, pidió la aplicación por parte del municipio de Florencia de la norma antes comentada, adujo que el servicio de aseo en esta ciudad, actualmente es prestado por la firma SERVINTEGRAL sin que el ente territorial hubiera realizado el proceso de selección en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley 689 de 2001.

El Tribunal Administrativo se refirió a la posición de la defensa, en el recurso de apelación bajo estudio, donde indicó que no ha omitido el cumplimiento de norma legal alguna, pues es un derecho o garantía organizar y operar la empresa de servicios públicos las cuales, no requieren autorización del municipio de Florencia para prestar dicho servicio.

Dicha garantía hace parte de la libertad de empresa y libertad de entrada, lo cual ha sido reconocido reiteradamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Explicó que, en relación con la entrega de la infraestructura de propiedad del municipio para la prestación de los servicios públicos, como sería este caso, mediante Concepto-SSPD-OJ-2011-139 de fecha 2 de marzo de 2011, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios expresó lo siguiente:

«…Ahora bien, existe otra diferencia entre el prestador directo y la empresa de servicios públicos constituida por el municipio de conformidad con las reglas de la Ley 142 de 1994 y el Código de Comercio. Dicha diferencia, tiene que ver con el manejo y entrega de la infraestructura de servicios públicos propiedad del municipio.

En efecto, mientras que el municipio prestador directo que agotó el procedimiento previsto por el artículo 6 de la Ley 142 de 1994 no debe agotar ningún acto formal de entrega de la infraestructura asociada a los respectivos servicios, la empresa de servicios público municipal, en tanto constituye un actor más en el mercado de los servicios públicos domiciliarios, no puede recibir, con posterioridad a su creación, de manera directa la infraestructura municipal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el parágrafo del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, conforme al cual los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios públicos con el objeto de que estas últimas asuman la prestación de uno o de varios servicios públicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestación a otra que entre en causal de disolución o liquidación, se regirán para todos sus efectos por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en todo caso la selección siempre deberá realizarse previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993».

También hizo referencia al concepto SSPD-OAJ-2010-107, de la mencionada Superintendencia, del cual se extrajo lo siguiente:

«Asimismo, si se constituye una empresa oficial de la cual hacen parte algunos municipios, pero los municipios no aportaron la infraestructura a la nueva sociedad o si además en el futuro esos municipios quieren entregar la operación a un tercero, deben acudir al trámite del parágrafo del Artículo 31 de la ley 142 de 1994, para efectos de garantizar que todas las empresas interesadas puedan concurrir al proceso y se garantice la libre competencia prevista en los Artículos 334 y 365 de la C. P.

Ahora bien, en el evento de que se constituya una empresa por iniciativa de un municipio para prestar los servicios públicos, no se necesita acudir el trámite del Artículo 31, cuando, si esa es la decisión de las autoridades municipales, los bienes o infraestructuras hayan sido entregados a la empresa que se constituyó, como aportes a la nueva empresa o a cualquier otro título».

El Tribunal Administrativo del Caquetá, a partir de lo anterior, concluyó que de la normativa consultada, de los hechos expuestos y de los conceptos elaborados sobre la materia por parte de la Superintendencia, la cual tiene la competencia en materia de servicios públicos domiciliarios, es claro que los contratos que las entidades territoriales celebren para que una empresa de servicios públicos asuma la prestación de un servicio público, se deben regir por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en cuanto a que requieren adelantar un proceso de selección, esto es, una licitación pública; así, lo que se entregue sea, en apariencia, uno de los componentes del servicio público.

Luego del recuento normativo se infirió, que tal exigencia aplica para los casos en que el municipio propietario de la infraestructura utilizada para la prestación del servicio la cede a una empresa de servicios públicos para que ésta, mediante un contrato de operación u otro de naturaleza similar, preste el servicio público respectivo.

El Tribunal Administrativo del Caquetá, manifestó:

«Ahora bien, para el caso que nos ocupa, la concesión recae sobre la infraestructura y no sobre el servicio, tal como lo afirma el ente accionado, y como lo prevén las Leyes 142 y 143 de 1994, según las cuales los servicios públicos regulados en estas disposiciones normativas, no operan bajo la modalidad de la concesión, a excepción de las áreas de servicio exclusivo de que tratan los artículos 40 y 174 de la ley 142 de 1994, que no es el caso que nos ocupa, pues como de forma enfática lo expresa el Municipio de Florencia, esta localidad no está constituida como un área de servicio exclusivo. En este orden, cuando el municipio decide no prestar de forma directa el servicio, ante la necesidad de entregar la infraestructura hecha para la prestación del mismo a un operador distinto del ente público, debe adelantar la licitación pública, conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001.

En el caso bajo examen, se reúnen todos los supuestos fácticos y jurídicos, para que el Municipio de Florencia este compelido a dar cumplimiento a la norma invocada por el libelista, tal como lo consideró el a quo.

7. CONCLUSIÓN

Finalmente, no es de recibo por parte de la Sala, el argumento de la defensa acerca que un proceso de selección pública trasgrede los postulados de libertad de empresa y libertad de entrada; pues contrario a ello la libertad de entrada se garantiza con la posibilidad que varios operadores constituidos legalmente para el efecto puedan presentar sus propuestas y demostrar, tras un proceso público, que están en mejores condiciones para la prestación del servicio…
(…)
De acuerdo con lo antes visto, la garantía de libertad de empresa, tiene el fin precisamente de permitir la participación en el mercado de todas las empresas en igualdad de condiciones, sin que se permita en la Constitución o en la Ley que exista discriminación o privilegios, evitando la constitución de monopolios. Dichas garantías, se cumplen de manera efectiva a través del proceso público de selección -licitación pública, entre otros-, donde los interesados tienen igualdad de oportunidades para participar, y se adjudica la ejecución del contrato a la empresa que supere las etapas previstas previamente en los pliegos de condiciones.

Igualmente, no se comparte el argumento de la entidad accionada según el cual lo que se pretende con esta acción es expulsar una empresa que presta sus servicios en esta ciudad hace más de 10 años, pues la empresa de Servicios Integrales Efectivos S.A. E.S.P., puede participar en el proceso licitatorio cumpliendo los parámetros previstos en el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 y demás normas concordantes».

Para este juez constitucional al revisar la providencia cuestionada, de la cual, en precedencia se trajeron a colación las principales razones que la soportan, evidencia que la misma se encuentra motivada en aspectos jurídicos, fácticos y conceptos sobre la materia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por lo que no puede calificarse esta de apartada a derecho o que constituye una «vía de hecho», como lo alegaron los accionantes; pero se afectó el debido proceso por la falta de vinculación de un tercero con interés legítimo en el proceso, como se explicará más adelante.

A partir del análisis en conjunto del proceso, el Tribunal Administrativo de Caquetá concluyó que el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, que modificó el 31 de la Ley 142 de 1994, posee un mandato imperativo, es decir, una obligación clara, expresa y exigible vía acción de cumplimiento, pues la norma es precisa en indicar, en uno de sus supuestos de hecho que, cuando el municipio no preste directamente alguno de los servicios públicos a su cargo, la selección del operador (empresa de servicios públicos, sin importar su naturaleza) se debe hacer «… previa licitación pública, de conformidad con la Ley 80 de 1993».

Por todo lo anterior, los argumentos de algunos de los tutelantes no están llamados a prosperar, toda vez que, de su lectura, para la Sala, lo pretendido por estos no es otra cosa que reabrir el debate de instancia y revivir interpretaciones que son propias del juez natural, competencias que escapan del fallador de tutela, por cuanto este último no puede establecer si existe un mejor criterio que el utilizado por el juzgador de instancia.

Así, los reparos planteados por algunos de los tutelantes no tienen la entidad para enervar la fundamentación dada por la autoridad judicial cuestionada ni la realidad procesal y fáctica que se debatió, vemos porqué:

El MUNICIPIO alegó que el Tribunal Administrativo del Caquetá al resolver la segunda instancia de la acción de cumplimiento, violó directamente la Constitución al desconocer los principios allí contenidos de la libertad de empresa, la libertad de entrada y la libre competencia que en materia de servicios públicos domiciliarios.

El Tribunal, en este punto, realizó un estudio sobre las autorizaciones de funcionamiento a la luz de la Ley 142 de 1994, recalcó el hecho que «…la parte accionada confunde o mejor quiere hacer ver como si la autorización y la exigencia de adelantar licitación se tratase de la misma situación jurídica, esto es, que si no se requiere autorización para constituir la empresa no se requiere adelantar un proceso público de selección, alegando que esto último va en contra del principio de libre competencia».

La autoridad judicial también fue enfática en explicar en su fallo que un proceso de selección pública no trasgrede los postulados de libertad de empresa ni de libertad de entrada, pues, contrario a ello, la libertad de entrada se garantiza con la posibilidad de que varios operadores, constituidos legalmente para el efecto, puedan presentar sus propuestas y demostrar, tras un proceso público, que están en mejores condiciones para la prestación del servicio.

Así mismo, precisó que la garantía de libertad de empresa, tiene el fin precisamente de permitir la participación en el mercado de todas las empresas en igualdad de condiciones, sin que se permita en la Constitución o en la ley que exista discriminación o privilegios, evitando la constitución de monopolios. Dichas garantías, se cumplen de manera efectiva a través del proceso público de selección -licitación pública, entre otros-, donde los interesados tienen igualdad de oportunidades para participar, y se adjudica la ejecución del contrato a la empresa que supere las etapas previstas previamente en los pliegos de condiciones.

Por lo anterior, para este juez constitucional, el ordenar dar cumplimiento al artículo 3º de la Ley 689 de 2001, para que se lleve a cabo una licitación pública para seleccionar al operador que prestará el servicio público domiciliario de aseo en el municipio de Florencia, actividad que no es ejecutada por este, no puede entenderse como una afectación a los principios de libertad de empresa, de entrada y de competencia; pues lo que se busca es garantizarlos, a la luz de la normativa que regula tal situación.

En cuanto al presunto defecto procedimental que alegó el MUNICIPIO con fundamento en el salvamento de voto, este no está llamado a prosperar, toda vez que, dicha salvedad constituyen las razones personales por las cuales un magistrado de un cuerpo colegiado no está de acuerdo con la posición mayoritaria de una Sala de Decisión.

En este caso, el juez consideró que no existía un mandato imperativo, pero la providencia censurada explicó con suficiencia por qué la norma cuyo cumplimiento se solicitó, sí lo contiene.

Finalmente, indicó, en nombre propio el señor ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA (alcalde del MUNICIPIO) que, de cumplirse con la decisión cuestionada, se vulnerarían sus derechos al trabajo, al buen nombre y a la honra del tutelante, pues, en su consideración, ello acarrearía posibles consecuencias de tipo fiscal, disciplinario y penal.

Este juez constitucional no se pronunciará sobre estos aspectos, toda vez que corresponden a sucesos futuros e inciertos que surgen de la apreciación del tutelante, quien en su consideración la providencia judicial cuestionada es contraria a derecho, pero como se explicó en párrafos anteriores, la misma se ajustó a la Ley 393 de 1997, motivo por el cual, en el caso concreto, el Tribunal Administrativo del Caquetá ordenó cumplir con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 689 de 2001.

Por las anterior razones, se negará el amparo deprecado por el señor ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, en nombre propio y como alcalde del MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ.

En cuanto a las razones que fundamentaron la acción de tutela de SERVINTEGRAL y de los CIUDADANOS, para la Sala debe prosperar el cargo relativo a la afectación de los derechos al debido proceso y a la defensa por la falta de vinculación de la empresa al proceso por tener interés en el resultado de este.

Para la Sala tal vulneración se da, toda vez que, como lo ha afirmado esta Sección al conocer acciones de cumplimiento, como lo fue en el proceso con radicación No. 25000-23-41-000-2016-00533-01, actor: José Alejandro Márquez Ceballos y demandados: Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, la doctora Rocío Araújo Oñate, como ponente, mediante auto del 11 de agosto de 2016, ordenó poner en conocimiento una nulidad saneable por falta de vinculación, de CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S., al Ministro del Transporte y al Alcalde del Distrito de Bogotá, por tener interés directo en el proceso. En el mencionado auto se indicó:

«Revisado el expediente, se encuentra que la acción de la referencia no fue notificada por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección “A” a la sociedad CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S. ni tampoco al Ministerio del Transporte y al Distrito de Bogotá, a pesar de que en comunicación del 29 de febrero de 2016, visible a folio 383 del expediente, al accionante se le informó que la competencia en el caso concreto la tenía ese ministerio y, adicionalmente, se pide el cumplimiento de normas de urbanismo que son de competencia del ente territorial.

Así las cosas, comoquiera que la sociedad CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S., el Ministerio del Transporte y el Distrito de Bogotá tienen interés directo en las resultas de este proceso y atendiendo a que ni su vinculación ni su notificación se produjeron, el despacho considera que el proceso está viciado de una nulidad de carácter saneable que deben alegar o sanear los directamente interesados.

En consecuencia, en aplicación del artículo 136 del Código General del Proceso, por remisión que a él hacen los artículo 208 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al que a su vez remite el artículo 30 de la Ley 393 de 1997, se ordenará que por Secretaría General se ponga en conocimiento de los referidos, la nulidad saneable que se presenta en el proceso de la referencia para que, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación: i) aleguen la nulidad si a bien lo tienen; ii) se pronuncien sobre los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a la presente solicitud de cumplimiento, sin alegar la nulidad, o iii) guarden silencio. En estos dos últimos eventos, la nulidad se entenderá saneada».

En sentido similar se ha pronunciado la Corte Constitucional, como lo hizo en sentencia T-1064 del 10 de diciembre de 2007, donde amparó el debido proceso y el derecho de defensa, en la acción promovida por el señor Gustavo Coronado Pinto, actuando en representación de la Sociedad C. I. VUELVEN S.A; quien instauró acción de tutela con el fin de que se le amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa, vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por no vincularlo a una acción de cumplimiento. Al respecto explicó la Corte:

«Es indiscutible entonces, el deber que surge para el juez de vincular al proceso a todas las personas que resulten directamente interesadas en el mismo, a las personas que son titulares de las relaciones jurídicas que pueden resultar afectadas, o a las personas que han intervenido en los actos sobre los cuales versa la controversia. Lo anterior, por cuanto, siendo imperioso para las autoridades públicas “proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” ( C. P. artículo 2º. ) es claro que el juez, en su condición de autoridad pública que dirige el proceso, esta {sic} obligado a hacer realidad la garantía constitucional que a toda persona se otorga de acceder a la administración de justicia, ( artículo 229 C.P.) bajo las reglas del debido proceso, aplicables por supuesto a las actuaciones judiciales».

En vista de lo anterior, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de defensa de la sociedad SERVINTEGRAL SA ESP, por la falta de vinculación a la acción de cumplimiento, al tener un interés legítimo en el proceso.

Por lo anterior, la Sección Quinta del Consejo de Estado dejará sin efectos todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda formulada en acción de cumplimiento No. 18001-33-33-002-2014-00775-01, por el señor José Jairo Díaz Andrade contra del municipio de Florencia, donde exigió que se acatara lo previsto por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, el cual fue adelantado por el Tribunal Administrativo de Caquetá.

El Tribunal en cita deberá disponer la vinculación oficiosa de la sociedad SERVINTEGRAL SA ESP, en cuanto titular de una relación jurídica sustancial que resultará directamente afectada con la decisión a proferir, para que de esta manera se le respeten los derechos conculcados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la empresa SERVICIOS INTEGRALES EFECTIVOS SA ESP, con fundamento en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Dejar sin efectos todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda formulada dentro de la acción de cumplimiento No. 18001-33-33-002-2014-00775-01, por el señor José Jairo Díaz Andrade contra del municipio de Florencia, donde exigió que se acatara lo previsto por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001, el cual fue adelantado por el Tribunal Administrativo de Caquetá.

El Tribunal deberá disponer la vinculación oficiosa de la sociedad SERVINTEGRAL SA ESP, en cuanto titular de una relación jurídica sustancial que resultará directamente afectada con la decisión a proferir, para que de esta manera se le respete los derechos conculcados.

TERCERO: Negar el amparo deprecado por el señor ANDRÉS MAURICIO PERDOMO LARA, en nombre propio y como alcalde del MUNICIPIO DE FLORENCIA, CAQUETÁ, de acuerdo con las consideraciones atrás plasmadas.

CUARTO: Si no fuese impugnado este fallo, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria, de conformidad con lo establecido por el inciso 2º del artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.

QUINTO: Devolver el expediente allegado en calidad de préstamo, según el oficio visible a folio No. 161 del cuaderno de la tutela No. 2017-00508-00.

SEXTO: Notifíquese a los interesados por el procedimiento previsto en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Acumulados (11001-03-15-000-2017-00507-00-11001-03-15-000-2017-00754)00
Fls. 123 -140. Cdo. 2 del Expediente de cumplimiento allegado en calidad de préstamo (en adelante Exp. Cumpl.).
Fls. 102 – 150 (Cdo. T-17-508-00).
http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones.asp?mindice=20170050700
Fl. 193 (Idem).
Fl. 206 (Ibidem).
Fls. 207 – 208 (Cdo. T-17-508-00).
Énfasis propio.
Cdo. T-17-507-00.
Fls. 209 – 210 (Cdo. T-17-508-00).
Fls. 229 – 230 (Idem).
Fls. 123 -140. Exp. Cumpl.
Fls. 1 – 83 (Cdo. T-17-508-00).
Fls. 1 – 39. Poder fl. 140 (Cdo. T-17-507-00).
Fls. 2 – 20 (Cdo. T-17-754-00).
Fls. 123 -140. Cdo. 2. Exp. Cumpl.
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho».
Fls. 1 – 3. Cdo. 1. Exp. Cumpl.
Fls. 57 – 73. Cdo. 2. Idem.
Fls. 80 – 82. Cdo. 2. Exp. Cumpl.
Fls. 123 – 140. Idem. Los argumentos dados se revisan en las consideraciones de esta providencia.
Fls. 86 – 87 (Cdo. T-17-508-00).
Fl. 146 (Cdo. T-17-507-00).
Fls. 1 – 20. (Cdo. T-2017-754-00).
Fls. 123 -140. Expediente ordinario allegado en calidad de préstamo.
Negrilla es del texto original.
Fl. 23 (Cdo. T-17-754-00).
Fls. 98 – 100 (Cdo. T-17-508-00).
Fls. 153 (Cdo. T-17-508-00).
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
«Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho».
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Negrilla con subrayado no es del texto original.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Fls. 141 - 145. Cdo. 2. Exp. Cumpl.
Fls. 1 de ambas tutelas.
Fl. 1. (Cdo. T-17-754-00).
Énfasis propio.
Énfasis propio.
Énfasis propio.
Idem.
En este punto aclaró la autoridad judicial, que si bien, «…los conceptos no obligan, los transcrito de ellos contiene una interpretación legal que la Sala comparte y en esos precisos términos es que se cita».
Parágrafo del artículo 3º de la Ley 689 de 2001. Énfasis propio.
Esta causal de nulidad está contemplada en el Código General del Proceso en el numeral 8º del artículo 135.
Negrilla es del original.
M. P. RODRIGO ESCOBAR GIL.

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