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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2016-00533-01

Inexistencia de un mandato imperativo e inobjetable

Fecha
6 de abril de 2017
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2016-00533-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia de primera instancia del 10 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A, la cual quedará así: PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de las reglas de acreditación, toda vez que no satisfacen los requerimientos del artículo 1º de la Ley 393 de 1997. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción respecto a las demás normas invocadas, por existencia de otros mecanismos judiciales de protección que el accionante podía ejercer en contra de las autoridades accionadas, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. COPIÉSE,

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 25000-23-41-000-2016-00533-01

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

6 de abril de 2017

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO POR EXISTENCIA DE OTRO MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL

Frente a las resoluciones de habilitación expedidas por el Ministerio de Transporte, la Sala advierte que, de conformidad con los hechos probados en el proceso, en ejercicio de sus funciones el ente profirió la Resolución (…) por medio de la cual habilitó al CDA MOVILIDAD BOGOTÁ como centro de diagnóstico automotor, acto administrativo contra el que el aquí accionante, como tercero interesado reconocido en la actuación de la Administración, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación que fueron resueltos mediante Resoluciones (…) del 1 de julio de 2016 (…). Tales actos administrativos eran pasibles de control judicial en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la cual el accionante hubiera podido inclusive solicitar medidas cautelares (…) en relación con las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Transporte el accionante contó con otro medio de defensa judicial que hace improcedente la acción de cumplimiento (…) Respecto de la Resolución (…) del 21 de mayo de 2014, expedida por Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, la Sala destaca que por medio del acto administrativo se resolvieron unos recursos de apelación interpuestos contra la modificación de la Licencia de Construcción (…) del 21 de noviembre de 2013, expedida por la Curadora Urbana No. 3 de Bogotá, tratándose, en consecuencia, de un acto administrativo que es susceptible de ser cuestionado en sede contencioso administrativa, lo cual torna igualmente improcedente la acción en relación con esta entidad territorial.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 88 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 1 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 8 - INCISO 2 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 9 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 10 - NUMERAL 5 / LEY 472 DE 1998 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 138 / DECRETO 271 DE 1997 / DECRETO 190 DE 2004 DEL DISTRITO DE BOGOTÁ - ARTÍCULO 2 / DECRETO 344 DE 2006 DEL DISTRITO DE BOGOTÁ - ARTÍCULO 3 / DECRETO 344 DE 2006 DEL DISTRITO DE BOGOTÁ - ARTÍCULO 5 / DECRETO 344 DE 2006 DEL DISTRITO DE BOGOTÁ - ARTÍCULO 7 / DECRETO 344 DE 2006 DEL DISTRITO DE BOGOTÁ - ARTÍCULO 8 / DECRETO 520 DE 2006 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 520 DE 2006 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 1595 DEL 2015 - ARTÍCULO 2.2.1.7.1 / ACUERDO 6 DE 1990 DEL DISTRITO DE BOGOTÁ

NOTA DE RELATORÍA: La sentencia desarrolla las generalidades de la acción de cumplimiento, así como la constitución en renuencia y la inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial, como requisitos de procedibilidad de la misma. Sobre éste último consultar las sentencias del 24 de mayo de 2012, exp. 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, del 23 de agosto de 2012, exp. 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU), y del 21 de junio de 2012, exp. 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo, de esta Corporación.

INEXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO E INOBJETABLE / ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN - ONAT

[D]e la transcripción de las normas contenidas en el Decreto 520 de 2006, cuyo cumplimiento pretende el accionante, se desprende, sin lugar a dudas, que ellas contienen aspectos, sustantivos y procesales, referidos a la reglamentación del sistema de acreditación en el país, como parte de las funciones de regulación que le corresponde cumplir al Estado en virtud de claros preceptos constitucionales, además de los tratados internacionales sobre esta materia. Sin embargo, de tales reglas sustantivas y procesales -que en forma genérica refirió el accionante- no se desprende la existencia de un mandato imperativo e inobjetable en virtud del cual pueda el juez del cumplimiento ordenar “paralizar” el proceso de certificación que se adelantó en la ONAT, actuación que constituye la pretensión del actor en sede de cumplimiento. Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el trámite de acreditación terminó con la expedición por parte de la ONAC del Certificado 14-OIN-002 del 16 de febrero de 2016, sin que resulte ser potestad del juez del cumplimiento dejar sin efectos certificaciones expedidas en ejercicio de la función de acreditación, circunstancia esta que igualmente hace que la acción de cumplimiento sea improcedente frente a esta reglamentación.

FUENTE FORMAL: DECRETO 520 DE 2006

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., seis (6) de abril del dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 25000-23-41-000-2016-00533-01(ACU)

Actor: JOSÉ ALEJANDRO MÁRQUEZ CEBALLOS

Demandado: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y OTROS

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el accionante contra el fallo del 10 de febrero de 2017, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A negó las pretensiones de la demanda frente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Transporte y la Secretaría Distrital de Planeación y declaró improcedente la acción de cumplimiento frente al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC y al CDA de Movilidad Bogotá S.A.S.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

Mediante escrito radicado el 3 de marzo de 2016, en la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor José Alejandro Márquez Ceballos, en nombre propio, ejerció acción de cumplimiento contra la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Organismo Nacional de Acreditación - ONAC, con el fin de obtener el acatamiento de las siguientes normas:

Decreto 1595 de 2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Artículo 2.2.1.7.1.5. numerales 4º y 5º.

Decreto 520 de 2006, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Resolución No. 0587 del 21 de mayo de 2014, expedida por la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. D.C.

Reglas del servicio de acreditación. “Acto administrativo expedido el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC”.

En la demanda formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que antes de terminado el presente proceso el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC profiera acto motivado mediante el cual paralice el proceso de acreditación del CDA ubicado en la Carrera 73 A No. 77 A – 38 y Carrera 73 A No 77 A – 32, hasta tanto, en cumplimiento de la normatividad y sus propias reglas, no cuente con la licencia urbanística en donde se especifique el uso del suelo adecuado para la operación de dicho CDA. Esto daría como consecuencia la terminación anticipada de este proceso, que coadyuvaríamos en intereses de no congestionar la justicia.

SEGUNDO: Se ordene al ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC, por parte del Honorable Despacho que, en aplicación de la normatividad vigente NO se otorgue la ACREDITACIÓN al CDA ubicado en la Carrera 73 A No. 77 A – 38 y Carrera 73 A No 77 A – 32, hasta tanto no cuente con la licencia urbanística, en donde se especifique el uso del suelo adecuado para la operación del CDA”.

La parte actora fundamentó la solicitud de cumplimiento de las normas referidas en que el Decreto 210 de 2003, expedido por el Presidente de la República, determinó la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y señaló que el Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial tendrá dentro de su estructura la Dirección de Regulación, que tiene entre sus funciones administrativas la de acreditación.

Afirmó que para ejercer la función de acreditación, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se asoció con particulares y crearon una corporación regida por el derecho privado, sin ánimo de lucro, denominada Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC para que desarrollara la función administrativa de acreditación.

Precisó que en la dirección en la que pretende operar el Centro de Diagnóstico Automotor el uso del suelo no está permitido para llevar a cabo tal actividad, por lo que las autoridades accionadas no pueden continuar con el proceso de acreditación, pues con ello estarían desconociendo los actos administrativos cuyo cumplimiento pretende.

El accionante afirmó que ONAC, “… cuenta con un concepto que permite la operación de un CDA en la dirección…, sin embargo este concepto carece completamente de validez, y no es de carácter vinculante, toda vez que existe ya decisión, RESOLUCIÓN 0857 DEL 21 DE MAYO DE 2014 (Anexo No. 6) que señala que no hay licencia de urbanismo, decisión que ya es cosa juzgada y que va por encima de cualquier concepto”.

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes hechos, que son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC adelanta el proceso de acreditación de un Centro de Diagnóstico Automotor ubicado en la Carrera 73 A No. 77 A- 38/ 77 A-25.
Al referido lote de terreno le corresponde la Licencia de Construcción LC 12 – 3 – 0625, cuyo uso es “Comercio Clase IIA”.

Mediante escrito del 16 de febrero de 2016, el señor José Alejandro Márquez Ceballos le solicitó al representante legal del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC el cumplimiento de las reglas de servicio de acreditación, expedidas por el mismo organismo y los actos cuyo cumplimiento pretende a través de esta acción, pidiendo que profiriera acto motivado mediante el cual paralizara el proceso de acreditación del CDA, hasta tanto el mismo no cuente con licencia urbanística en donde se especifique el uso adecuado del suelo.

La petición fue contestada por el organismo, mediante comunicación del 29 de febrero de 2016, en la que le informó al solicitante que resultaba erróneo considerar que existe conexidad entre la actividad de acreditación y la entidad estatal que la conforma, esto es, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Realizó un análisis de las normas que regulan el organismo y las funciones que le corresponde cumplir y precisó que los procesos de acreditación se encuentran amparados por el principio de confidencialidad, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9º del capítulo IV de los estatutos de la ONAC, el numeral cuarto de la norma internacional ISO/IEC 17011:3004, norma para Colombia NTC ISOMEC 17011-2005, bajo la que se encuentra estructurado el sistema de gestión.

Manifestó que el objeto principal del organismo “… es el de acreditar la competencia técnica de Organismos de Evaluación de la Conformidad y desempeñar funciones de Organismo Acreditador de Colombia. El regulador ha venido reiterando a ONAC como único organismo nacional de acreditación de Colombia, ejerciendo de manera exclusiva dicha actividad, definida en el Decreto 1595 de 2015 el cual hace parte integral (capitulo 7) del Decreto 1074 de 2015, por el cual se expidió el Decreto Único reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.

Precisó que las Reglas del Servicio de Acreditación no son un acto administrativo, dada la naturaleza jurídica de esa corporación y en consideración a que las mismas hacen parte integral de un contrato de “Uso y Otorgamiento del Certificado de Acreditación”.

Mediante comunicación radicada el 17 de febrero de 2016, el accionante solicitó al Director de Regulación del Ministerio de Industria Comercio y Turismo, el cumplimiento de las normas referidas, la cual fue contestada por la entidad según Oficio No. 000064 del 29 de febrero de 2016 en el que precisó las funciones que le corresponde cumplir en virtud de la Constitución y la Ley, aclaró el concepto de acreditación y señaló que el organismo encargado de realizar tal actividad es la ONAC, cuya naturaleza jurídica precisó, de conformidad con los actos de creación.

Aclaró que la función de acreditación que cumple la ONAC se ejerce de manera autónoma e independiente del Ministerio y que sus pronunciamientos en esta manera no son susceptibles de recurrirse ante esa dependencia, toda vez que no se trata de un organismo adscrito o vinculado.

Precisó que las funciones que cumple la ONAC no tienen carácter administrativo y, en relación con las normas cuyo cumplimiento se solicitó, afirmó que “dado que no se efectúa cuestionamiento alguno con funciones a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, no hay lugar a respuesta. Se infiere del texto allí consignado que el supuesto incumplimiento se formula exclusivamente al Organismo Nacional de Acreditación”.

3. Actuaciones procesales relevantes

3.1. Admisión de la demanda

Mediante auto del 4 de marzo de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A admitió la demanda de cumplimiento y dispuso la notificación al representante legal del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC y del Ministro de Comercio, Industria y Turismo.

3.2. Contestación de la parte accionada

3.2.1. Organismo Nacional de Acreditación – ONAC

Por intermedio de apoderada judicial, contestó la demanda mediante escrito del 6 de abril de 2016, precisando la naturaleza jurídica de la entidad como una corporación de carácter privado, de naturaleza y participación mixta, sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal es “acreditar la competencia técnica de los Organismos de Evaluación de la Conformidad y desempeñar las funciones de Organismo Acreditador de Colombia”.

Alegó que el organismo no se encuentra legitimado por pasiva y, por lo tanto, no es destinatario de la presente acción de cumplimiento, por cuanto no funge como una autoridad administrativa ni ejerce una función pública.

Afirmó que la actividad de acreditación no es propia de alguna entidad pública, de tal manera que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no funge como instancia respecto de las decisiones adoptadas por la ONAC en su proceso de acreditación, aseverando que “el demandante, confunde de manera errónea, la actividad de acreditación con la formulación, implantación y seguimiento de la política pública de acreditación, función asignada a la Dirección de Regulación del MinCIT (Sic)”.

Manifestó que la acción de cumplimiento no está llamada a prosperar por cuanto no ha incumplido una norma con fuerza material de ley, refiriendo nuevamente su marco de regulación.

Finalizó su escrito afirmando que el accionante ha presentado varias peticiones ante el organismo, tendientes a frenar el procedimiento de acreditación de un CDA, el cual es confidencial y, en respuesta a las peticiones, se le ha informado que “… ni las licencias de construcción, ni el concepto de uso del suelo, son documentos solicitados en el proceso de evaluación por tratarse de requisitos de habilitación en el marco de la Resolución No. 3768 del 2013 y no de requisitos de acreditación, razón por la cual lo que se hubiere presentado en el caso del inmueble ubicado en la carrera 73 A No. 77 – 38 y carrera 73 A No. 77 – 32 respecto de su situación urbana, NO es un requisito técnico que se debe tener en cuenta en su evaluación de competencia, por ser propio del habilitador, esto es, el Ministerio de Transporte”.

Solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de cumplimiento, por cuanto la ONAC no es una autoridad pública ni administrativa y las normas cuyo cumplimiento se pretende no son susceptibles de ser verificadas por el organismo.

3.2.2. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio contestó la demanda, según escrito del 19 de mayo de 2016, en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por encontrarse dirigidas al Organismo Nacional de Acreditación – ONAC y no a ese ministerio.

Aclaró que ONAC es una corporación de carácter privado, que la ley ha dotado de expresas funciones y facultades para acreditar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos pertinentes, a los diferentes organismos que soliciten acreditación, sin intervención del Ministerio.

Formuló como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, la improcedencia de la acción de cumplimiento y el incumplimiento del requisito de renuencia.

4. Fallo de primera instancia

El 9 de junio de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A dictó sentencia en la que (i) negó las pretensiones de la demanda frente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y (ii) declaró improcedente la acción de cumplimiento frente al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC.

Para arribar a la citada resolutiva, consideró que ONAC no ejerce una función pública o administrativa, por cuanto la actividad de acreditación se realiza de conformidad con preceptos técnicos de mercado de conformidad con la norma NTC ISO/IEC 17011, siendo un organismo evaluador.

Con fundamento en lo expuesto aclaró que las reglas de servicio de acreditación no serían estudiadas por cuanto las mismas contienen una descripción del proceso establecido por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC.

En relación con las demás normas cuyo cumplimiento se solicitó consideró que no contienen un deber jurídico claro, expreso y exigible a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al no existir una obligación en la norma que la entidad tenga el deber jurídico de cumplir.

Agregó que “… el demandante solicita unas pretensiones en la demanda que al leerlas se evidencia que pretende el reconocimiento de derechos, más no el cumplimiento de las normas anteriormente transcritas, por lo que la acción de cumplimiento tampoco puede usarse para buscar pretensiones de carácter subjetivo”.

3.4. Impugnación

Mediante escrito radicado el 8 de julio de 2016 impugnó el fallo, señalando que en la sentencia se afirmó que el Organismo Nacional de Acreditación no cumple una función administrativa, sin haberse tenido en cuenta que con la expedición del Decreto 210 de 2003 por parte del Presidente de la República por medio del cual se determinó la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Afirmó que, mediante Decreto Ley 210 de 2003, el Presidente de la República estableció los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y según el artículo 3º del Decreto 2785 que modificó el artículo 6º el Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial tiene a su cargo la Dirección de Regulación.

Afirmó que el Ministerio en asociación con particulares creó una corporación regida por el derecho privado, sin ánimo de lucro, denominada Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC para que desarrollara la función administrativa nacional de acreditación.

Precisó que en el numeral 4º del acto constitutivo del organismo se consideró que “El artículo 96 de la Ley 489 de 1998, permite a las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo, asociarse con particulares, mediante la creación de personas jurídicas para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que la ley le asigna a las entidades públicas siempre y cuando se respeten los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en la relación con los cometidos y funciones que les asigna la ley a aquellas”.

Señaló que en un primer momento la actividad de acreditación estaba en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, según lo establecía el Decreto 2269 de 1997, quien ejercía tal función mediante resolución motivada.

3.5. Auto de nulidad saneable, dictado en sede de impugnación

Mediante proveído del 11 de agosto de 2016, el despacho de la magistrada que funge como ponente decretó la nulidad saneable en el proceso del vocativo de la referencia.

Lo anterior por cuanto al revisar el trámite encontró que el auto admisorio de la demanda no fue notificado por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A a la sociedad CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S., como tercero interesado en el resultado del proceso, ni al Ministerio del Transporte y al Distrito de Bogotá, a pesar de que en comunicación del 29 de febrero de 2016, visible a folio 383 del expediente, al accionante se le informó que la competencia en el caso concreto la tenía ese ministerio y, adicionalmente, se pide el cumplimiento de normas de urbanismo que son de competencia del ente territorial.

En consecuencia, en aplicación del artículo 136 del Código General del Proceso, por remisión que a él hacen los artículo 208 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, al que a su vez remite el artículo 30 de la Ley 393 de 1997, se ordenó que por Secretaría General de esta Corporación se pusiera en conocimiento la nulidad saneable que se presentó en el proceso de la referencia para que, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación: i) alegaran la nulidad; ii) se pronunciaran sobre los fundamentos de hecho y de derecho que dieron origen a la presente solicitud de cumplimiento, sin alegar la nulidad, o iii) guardaran silencio. En estos dos últimos eventos, la nulidad se entendería saneada.

La decisión anterior fue notificada a las personas jurídicas referidas por medios electrónicos, según constancias obrantes a folios 534 a 442, habiéndose recibido el memorial del 21 de agosto del 2016, suscrito por el señor José Francisco Ortega Bolaños, Director de Defensa Judicial del Distrito Capital – Secretaría de Planeación Distrital, quien tiene la potestad de representar judicialmente a la entidad, según Resolución No. 00521 del 3 de julio de 2007 y acto administrativo de nombramiento contenido en la Resolución No. 0185 del 2 de febrero de 2016, documentos obrantes a folios 545 y 546, en el que solicitó que se decretara la nulidad de lo actuado en la acción de cumplimiento, con sustento en la causal prevista en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso.

Fundamentó la solicitud de nulidad en el hecho de que la entidad que representa no fue notificada del auto admisorio de la demanda de cumplimiento, no obstante el evidente interés que le asistía, de tal manera que no pudo ejercer el derecho de contradicción y defensa.

A juicio del memorialista, “al no presentarse la debida notificación del auto admisorio de la demanda a esta Entidad o al menos en su debido momento a la Alcaldía Mayor, con el fin de controvertir al actor, se vulneró el legítimo derecho de defensa como parte pasiva de la acción, sin que se pudiera argumentar contradicción alguna sobre las pretensiones de la demanda, más aún cuando se señalan dentro del escrito actos administrativos que se generaron directamente por esta entidad, como es la Resolución 0587 del 21 de mayo de 2014, expedida por la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá”.

Por intermedio de apoderado judicial, el CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S. presentó memorial del 26 de agosto de 2016 en el que manifestó que saneaba la nulidad advertida y se pronunció sobre los hechos de la demanda, afirmando que el trámite que pretendía “paralizar” el accionante se surtió en su totalidad, tal como se constata en el certificado de acreditación que anexó al escrito expedido el 16 de febrero de 2016, según documento visible a folio 565 del expediente.

Se aclaró en el escrito, que el actor de la acción de cumplimiento la instauró con el propósito de impedir que su establecimiento abriera sus puertas al público, para así evitar algún tipo competencia, lo que conlleva a la violación del derecho a la libre competencia.

Precisó que la ONAC no es una entidad que actúe en ejercicio de una función pública o administrativa, las normas cuyo cumplimiento solicita no contienen un mandato imperativo e inobjetable, toda vez que el proceso de acreditación que realiza está sujeto a las normas de imparcialidad de los organismos que evalúan la conformidad de productos y procesos aplicando normas técnicas de exigencia y adaptación global.

Agregó que las reglas de servicio de acreditación son una descripción del proceso que realiza la ONAC, por lo que no se tienen fuerza material de ley ni un deber claro, expreso y exigible a cargo de las entidades accionadas.

Por su parte, el Coordinador del Grupo Operativo de Tránsito y Transporte Terrestre, Acuático y Férreo del Ministerio de Transporte intervino en la actuación, según escrito del 7 de septiembre de 2016, en el que manifestó que el accionante del cumplimiento, mediante escritos del 5 y 7 de abril de 2016, interpuso recursos de reposición y, en subsidio, de apelación en contra de la Resolución No. 001194 del 28 de marzo de 2016, por medio de la cual se habilitó al establecimiento de comercio denominado CDA MOVILIDAD BOGOTÁ, como centro de diagnóstico automotor, los cuales fueron resueltos por el Ministerio en el sentido de negarlos, porque se cumplieron todos los requisitos de habilitación.

Puso en conocimiento que el accionante ha hecho las mismas peticiones de manera temeraria, “reincidiendo sobre aspectos que ya han sido decididos y declarados cosa juzgada por la justicia administrativa, como también por el Ministerio de Transporte. En donde se evidencia que se trata de una disputa de libre competencia de mercado, dado que ambos establecimientos tanto el que representa el accionante, denominado DIAGNOSTIYA LTDA., ubicado en la Carrera 73 # 77 A – 62; como el establecimiento de comercio denominado CDA MOVILIDAD BOGOTÁ, ubicado en la Carrera 73 A No. 77 A -38 y Carrera 73 A No. 77 A – 32 ejercen la misma actividad en el mismo sector”.

Allegó los actos administrativos que cobraron firmeza en relación con la habilitación del CDA.

3.5. Auto que decretó la nulidad de lo actuado

Con fundamento en las intervenciones referidas, el despacho ponente, mediante auto del 8 de septiembre de 2016, decretó la nulidad de lo actuado, dejando a salvo las intervenciones realizadas, por considerar que si bien las demás personas jurídicas vinculadas a la actuaciones sanearon la irregularidad, no ocurrió lo mismo con el Distrito Capital de Bogotá, quien expresamente alegó la causal de invalidez, por lo que resultaba imperativo decretar la nulidad de lo actuado y disponer la devolución del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A, para que repusiera la actuación anulada.

6. Actuaciones posteriores a la nulidad por parte del a quo

6.1. Auto admisorio

Mediante providencia del 3 de octubre del 2016 el a quo dictó auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, admitió nuevamente la demanda e integró en debida forma el contradictorio.

6.2. Intervención del CDA MOVILIDAD BOGOTÁ S.A.S.

El tercero interviniente, mediante escrito del 3 de octubre de 2016, reiteró lo expuesto en su anterior pronunciamiento, solicitando la declaratoria de improcedencia de la acción.

6.3. Intervención del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Según escrito radicado el 12 de octubre de 2016, reiteró su oposición a las pretensiones de la demanda.

6.4. Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaria Distrital de Planeación

El Director de Defensa Judicial de la entidad territorial contestó la demanda el 14 de octubre de 2016; alegó la falta de requisitos formales de la demanda, la falta de legitimación en la causa por pasiva y la existencia de otras acciones judiciales para lograr lo propendido por el accionante.

Respecto a los requisitos formales de la demanda expresó que la normas cuyo cumplimiento se pretende no contienen un deber claro expreso y exigible; frente a la falta de legitimación por pasiva dijo que la Secretaría Distrital de Planeación no tiene relación alguna con el Organismo Nacional de Acreditación – ONAC y respecto a la existencia de otras acciones judiciales precisó que la acción de cumplimiento no era el medio idóneo para la protección de los derechos colectivos, los cuales son los que el autor está buscando que se protejan.

6.5 Ministerio de Transporte

Pese a haberse surtido la notificación a dicha entidad del auto admisorio de la demanda, a través del correo notificacionesjudiciales@mintransporte.gov.co, no hubo respuesta de la misma ante esta instancia judicial.

7. Fallo impugnado

El 10 de febrero de 2017, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A dictó sentencia en la que (i) negó las pretensiones de la demanda frente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; al Ministerio de Transporte y a la Secretaria Distrital de Planeación; y (ii) declaró improcedente la acción de cumplimiento frente al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC y a la CDA de Movilidad Bogotá.

Para arribar a la citada resolutiva, previa consideración sobre la legitimación en la causa que les asistía a las entidades demandadas y vinculadas, precisó que la presente acción no solo se dirige hacia la ONAC, sino también contra autoridades administrativas del orden nacional, por lo que estudió si la obligación que se pide cumplir está consignada en una norma con fuerza material de ley o acto administrativo.

Precisó que las reglas del servicio de acreditación no serían estudiadas porque contienen una descripción del proceso establecido por el Organismo Nacional de Acreditación, para llevar a cabo el trámite en relación con los entes de evaluación de la conformidad.

Transcribió las normas cuyo cumplimiento se solicita, para concluir que las mismas no contienen una obligación clara, expresa y exigible a cargo del Ministerio del Transporte, el Distrito Capital - Secretaría Distrital de Planeación, por lo que “… no se evidencia que dichas entidades hayan incumplido norma o acto administrativo alguno”, correspondiendo negar las pretensiones de la demanda en relación con éstas.

Sobre la ONAC consideró que es un particular que no cumple funciones públicas y que “del contenido de la demanda se observa que el demandante pretende en realidad es que a través de la acción de cumplimiento se interrumpa el proceso de acreditación del CDA ubicado en la carrera 73 A No. 77 A -38, hasta tanto no cumpla con la licencia urbanística del uso del suelo correspondiente, pretensión que al ser de carácter subjetivo, no podrá ser del conocimiento a través de la presente acción”.

8. Impugnación

Mediante escrito radicado el 20 de febrero de 2017, el accionante impugnó el fallo, señalando que en la sentencia se afirmó que el Organismo Nacional de Acreditación no cumple una función administrativa, sin haberse tenido en cuenta que con la expedición del Decreto 210 de 2003 por parte del Presidente de la República, por medio del cual se determinó la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Señaló que desde el año 2013, mediante la expedición del Decreto 0865 la acreditación recuperó la función administrativa, esto debido a que en el artículo primero de dicho decreto se establece que el Organismo Nacional de acreditación – ONAC, de manera exclusiva ejercerá y coordinará las funciones previstas en los Decretos 2269 de 1993 y 4738 de 2008.

Precisó el contenido del acto de creación de la ONAC a la luz de lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley 498 de 1998, siendo el único organismo nacional de acreditación que ejerce las funciones antes señaladas y afirmó que, de conformidad con la sentencia del 2 de junio de 2011, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, transcribiendo los siguientes apartes:

“Al efecto, la Jurisprudencia de esta Sala ha sido reiterativa en precisar que un acto administrativo corresponde a toda manifestación de voluntad de una entidad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos, concepto dentro del cual bien puede caber una certificación, siempre que de su contenido se deriven los efectos mencionados. Así ha dicho la Sala:

“El acto administrativo es la declaración de voluntad de una entidad pública o persona privada en ejercicio de funciones administrativas, capaz de producir efectos jurídicos. A la luz de la doctrina el contenido del acto se traduce en una decisión, en una certificación o registro, o en una opinión o concepto, este último excepcionalmente se puede considerar como tal por razón de su obligatoriedad.” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Lo anterior implica que, independientemente de la forma que se adopte o la denominación que se le dé (Resolución, Oficio, Certificación, Circular, etc.), cualquier manifestación de voluntad de la autoridad pública o particular que ejerce función pública, generadora por sí misma de efectos jurídicos, constituye acto administrativo, pasible de control jurisdiccional. En tal sentido, ha dicho esta Corporación:

“La Sala, en sentencia de 31 de marzo de 2005, radicación núm. 11001 0324 000 1999 02477 01, [C.P.] Rafael E Ostau de Lafont Pianeta, precisó “que para que un acto jurídico constituya acto administrativo debe consistir en una i) declaración unilateral, ii) que se expida en ejercicio de la función administrativa, que lo puede ser por una autoridad estatal de cualquiera de sus ramas u organismos, o incluso por entidades privadas en virtud de autorización legal, a menos que por norma especial de orden Constitucional o legal dicha declaración, no siendo expedida en ejercicio de función administrativa sea demandable en acción contencioso administrativa y iii), que ella produzca efectos jurídicos por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante”. (las negrillas y subrayas no son del texto original)”.

Consideró que el ONAC, en ejercicio de su función administrativa debe propender por la protección del medio ambiente, logrando que las entidades acreditadas cumplan el marco ambiental legal.

Manifestó que el Ministerio de Transporte, al expedir la Resolución No. 1194 de 2016, resolvió otorgar la habilitación al CDA MOVILIDAD BOGOTÁ, sin el cumplimiento de su propia regulación, con lo cual resulta evidente que incumplió la Resolución No. 3768 de 2013.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A el 10 de febrero de la presente anualidad, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y el Acuerdo 015 del 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Cuestión previa

En relación con el argumento de impugnación referido al cumplimiento de funciones públicas por parte del Organismo Nacional de Acreditación – ONAC, que haga procedente que esta persona jurídica de derecho privado tenga legitimación en la causa por pasiva para comparecer a la presente acción, la Sala considera que le asiste razón al recurrente.

En efecto, este organismo fue creado en virtud de las facultades conferidas por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 que regula la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación de particulares, en los siguientes términos:

“ARTICULO 96. CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y FUNDACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACION DE PARTICULARES. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común.
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos:
a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas participantes…”

En sentencia C-219 del 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional  consideró que las funciones de la ONAC, que inicialmente eran realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, se enmarcan “en una forma de descentralización por colaboración o descentralización por servicios que encuentra fundamento en los artículos 123, 210 y 267 de la Constitución”.

En la citada sentencia, la Corte agregó que “… las referidas corporaciones y fundaciones de participación mixta han sido reconocidas en nuestro derecho como entidades descentralizadas indirectas, es decir, constituyen modalidades de la descentralización por servicios. Por lo tanto, son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos propios de éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a ellas  les entrega a título de aporte o participación bienes o recursos públicos”.

Reconoció entonces la Corte que constituye una forma válida y legítima de de asociación y participación en la gestión de fines públicos y que la realización de sus funciones y de actividades de desarrollo y promoción de la investigación científica y tecnológica, es un objetivo que el Estado debe realizar por mandato constitucional y que puede desarrollarse en asocio con personas privadas, a través de corporaciones sin ánimo de lucro que, para estos efectos, se consideran entidades descentralizadas por servicios de carácter indirecto.

Aun cuando las normas de derecho privado regulan el funcionamiento de dichas asociaciones, la participación pública en las mismas, ordena la aplicación de medidas especiales en relación con el control administrativo y fiscal.

Cabe destacar que inicialmente, las funciones de acreditación eran realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que inició esta actividad en 1994 y posteriormente, en el CONPES 3446 de 2006, el Gobierno Nacional dispuso impulsar un organismo con las características del ONAC como estrategia para la conformación del Subsistema Nacional de la Calidad en Colombia, en cumplimiento del cual se creó el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, como una corporación de carácter privado, sin ánimo de lucro de naturaleza y participación mixta, constituida a partir del 20 de noviembre de 2007, dentro del marco del Código Civil, las normas sobre ciencia y tecnología y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y lo establecido en el Decreto 4738 de 2008, modificado por los Decretos 323 de 2010, y 2124 de 2012, cuyas actividades y programas están sujetas al control administrativo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los términos del artículo 109 de dicha Ley.

A partir del Decreto 4738 de 2008, todas las funciones de acreditación que antes se encontraban en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio, fueron designadas por el Gobierno al ONAC, cuyo objeto principal es acreditar la competencia de los organismos evaluadores de la conformidad y desempeñar las funciones de Organismo Nacional de Acreditación de Colombia.

En virtud de lo expuesto, la Sala entiende que cumple una función pública, para los efectos previstos en el artículo 6º de la Ley 393 de 1997 y, en ese orden de ideas, corresponde modificar la sentencia proferida por el a quo constitucional en la medida en que el mismo consideró que la acción contra la ONAC resultaba improcedente por incumplimiento del presupuesto objeto de análisis, toda vez que la causal de improcedencia en el caso concreto corresponde a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial.

3. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 10 de febrero de 2017, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A, que (i) negó las pretensiones de la demanda frente al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; al Ministerio de Transporte y a la Secretaría Distrital de Planeación; y (ii) declaró improcedente la acción de cumplimiento frente al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC y a la CDA de Movilidad Bogotá.

Para tal efecto resulta necesario dilucidar si hay lugar a ordenar a las autoridades accionadas el cumplimiento de las siguientes normas:

Decreto 1595 de 2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Artículo 2.2.1.7.1.5. numerales 4º y 5º.

Decreto 520 de 2006, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Resolución No. 0587 del 21 de mayo de 2014, expedida por la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. D.C.

Reglas del servicio de acreditación. “Acto administrativo expedido el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC”.

Concretamente, la Sala deberá resolver en el caso concreto los siguientes subproblemas jurídicos:

(i) ¿Cuenta el accionante con otro mecanismo de defensa judicial que torne improcedente la presente acción de cumplimiento?

(ii) ¿Las normas cuyo cumplimiento se pretende contienen un mandato imperativo e inobjetable?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) Naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) Requisito de procedibilidad; y (iii) Análisis del caso concreto con fundamento en el libelo introductorio y los argumentos de impugnación.

3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "… acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el incumplimiento de los deberes consagrados, la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “… el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” (Subraya fuera del texto).

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º).

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento.

iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º). El referido artículo señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “… cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que la hace procedente. A contrario sensu, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

Ello significa que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que de no ordenarse por parte del juez el cumplimiento, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

De igual forma, esta Sección en reiterada jurisprudencia ha desarrollado “… la existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia de la acción de cumplimiento, en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

Así, en sentencia de 24 de mayo de 2012, se reiteró como “… la razón de ser de esta causal de improcedencia es garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio”.

3.2. Acreditación del requisito de renuencia

El inciso 2º del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el numeral 5° del artículo 10 ejusdem, estableció como requisito de procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de haber pedido a la entidad demandada en forma directa y con anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo “presuntamente” desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala estudiará si el solicitante cumplió con su carga de probar que constituyó en renuencia al Organismo Nacional de Acreditación – ONAC y al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en consideración a que las otras entidades comparecieron al proceso en virtud de la vinculación realizada por el juez del cumplimiento durante el trámite del proceso, por lo que no se requiere el agotamiento del presupuesto objeto de análisis.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que “… el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”.

Para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el solicitante en su petición haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la solicitud que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y, que de éste pueda inferirse el propósito de agotar el prerrequisito en mención.
Al abordar el caso concreto, la Sala encuentra que para cumplir con el requisito de renuencia el señor José Alejandro Márquez Ceballos, presentó peticiones sobre el cumplimiento de las normas referenciadas a las dos autoridades accionadas, así:

Mediante escrito del 16 de febrero de 2016, le solicitó al representante legal del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC el cumplimiento de las reglas de servicio de acreditación, expedidas por el mismo organismo y los actos objeto de la demanda, pidiendo que profiriera acto motivado mediante el cual paralizara el proceso de acreditación del CDA, hasta tanto el mismo no cuente con licencia urbanística en donde se especifique el uso adecuado del suelo.

Mediante comunicación radicada el 17 de febrero de 2016, solicitó al Director de Regulación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el cumplimiento de las normas referidas.

Manifestó “expresamente” que las solicitudes tenían por objeto agotar el requisito de procedibilidad que exige el artículo 8º de la Ley 393 de 1997.

El término con el que contaban el organismo y el ministerio accionados para contestar las solicitudes venció el 1º y el 2 de marzo, respectivamente, habiéndose dado las respuestas correspondientes el 29 de febrero de 2016, según constancias obrantes a folios 233 a 245 y 263 a 268, en las cuales se le expresó al actor los motivos por los que no resultaba procedente la actuación objeto de la petición.

De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que se encuentra probado que la parte actora constituyó en renuencia a las autoridades accionadas respecto de las normas cuyo cumplimiento pretende.

En consecuencia, al encontrar acreditado este requisito de procedibilidad abordará el análisis del caso concreto.

3.3. Análisis del caso concreto

3.3.1. Normas jurídicas cuyo cumplimiento se solicita

El actor pretende el cumplimiento de las siguientes normas:

“DECRETO 1595 DEL 2015

(5 de agosto de 2015)

“Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y la sección 1 del capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones”

…

Artículo 2.2.1.7.1 Objetivos del SNCA. El Subsistema Nacional de la Calidad SNCA tiene como objetivos fundamentales siguientes:

4. Coadyuvar a los usuarios del sistema en la protección de la salud y la vida de las personas así como animales y la preservación de los vegetales.

5. Proteger el medio ambiente y la seguridad nacional”.

“DECRETO 520 DE 2006
(21 de diciembre)
“Por el cual se modifica la reglamentación relacionada con los Centros de Diagnóstico Automotor en Bogotá, Distrito Capital”
DECRETA:

ARTÍCULO  1°. Modificar el artículo 3° del Decreto Distrital 344 de 2006, el cual quedará así:
"ARTÍCULO 3°. Localización específica y Condiciones. La localización de los Centros de Diagnóstico Automotor se sujetará a los siguientes parámetros:

a. En las zonas de la ciudad que cuentan con reglamentación según disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial:

b. En las áreas de la ciudad cobijadas por el régimen de transición de que trata el numeral 9 del artículo 478 del Decreto 190 de 2004 y mientras se expiden las reglamentaciones del Plan de Ordenamiento Territorial:

c. En los predios pertenecientes a urbanizaciones industriales o comerciales que no hayan desarrollado el uso Residencial, ubicados en Consolidación Urbanística del POT y en Continuidad de Norma (CN) del Acuerdo 6 de 1990 se permiten los Centros de Diagnóstico Automotor siempre y cuando se localicen en Zonas o Áreas de Actividad previstas en los literales a. y b. del presente artículo. Así mismo, se permite en los predios ubicados en Continuidad de Norma CU-CN (CR) del Decreto 271 de 1997 "Por el cual se asigna el tratamiento de incorporación, se establecen normas específicas a los predios del área suburbana del Corredor regional de acceso al Distrito Capital, Autopista del Norte o Paseo de los Libertadores y se dictan otras disposiciones.", siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Decreto y se desarrollen a través de los instrumentos contemplados en el Decreto Distrital 190 de 2004.

c. En los predios pertenecientes a urbanizaciones industriales o comerciales que no hayan desarrollado el uso Residencial, ubicados en Consolidación Urbanística del POT y en Continuidad de Norma (CN) del Acuerdo 6 de 1990 se permiten los Centros de Diagnóstico Automotor siempre y cuando se localicen en Zonas o Áreas de Actividad previstas en los literales a. y b. del presente artículo. Así mismo, se permite en los predios ubicados en Continuidad de Norma CU-CN (CR) del Decreto 271 de 1997 "Por el cual se asigna el tratamiento de incorporación, se establecen normas específicas a los predios del área suburbana del Corredor regional de acceso al Distrito Capital, Autopista del Norte o Paseo de los Libertadores y se dictan otras disposiciones.", siempre que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Decreto y se desarrollen a través de los instrumentos contemplados en el Decreto Distrital 190 de 2004.

d. No se permite el funcionamiento de Centros de Diagnóstico Automotor en conjuntos, agrupaciones y urbanizaciones en las que se haya aprobado el uso Residencial.

Parágrafo. Se entiende por área útil, el área resultante de restarle al área neta urbanizable, el área correspondiente a la malla vial intermedia, local, franjas de control ambiental de las vías de la malla vial arterial y las zonas de cesión para parques y equipamientos comunales públicos (anteriormente denominados cesiones tipo A), como lo dispone el anexo No. 4 "Glosario", del Decreto 190 de 2004.

ARTÍCULO  2°. Modificar el ARTÍCULO 8 del Decreto Distrital 344 de 2006, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 8°. Propuesta de estudio de atención de la demanda vehicular. El estudio de atención de la demanda vehicular para los Centros de Diagnóstico Automotor, se adelantará de la siguiente manera:

a. Los Centros de Diagnóstico Automotor Clase A y B de escala zonal, que no se ubiquen sobre ejes de la malla vial arterial no requieren de la propuesta de estudio de atención de la demanda vehicular.

b. Para los Centros de Diagnóstico Automotor Clase A y B de escala zonal que se ubiquen sobre ejes de la malla vial arterial y para los Centros de Diagnóstico Automotor Clase C y D de escala urbana, se debe presentar una propuesta de estudio de atención de la demanda vehicular, con la debida aprobación de la Secretaría de Tránsito y Transporte, cumpliendo con las condiciones indicadas en el numeral 3 del artículo 182 del Decreto 190 de 2004".

ARTÍCULO  3°. El presente Decreto rige a partir de su publicación en el Registro Distrital, y en la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, los artículos 5 y 7 del Decreto Distrital 344 de 2006”.

“RESOLUCIÓN No. 0587
(21 de mayo de 2014)

“Por la cual se deciden unos recursos de apelación interpuestos contra la modificación de la Licencia de Construcción LC12-3-625 del 21 de noviembre de 2013, expedida por la Curadora Urbana No. 3 de Bogotá”
RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar el recurso subsidiario de apelación presentado por el doctor Luis Miguel González Sánchez, en calidad de apoderado de la señora Yeimi Lorena García Prieto, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar la modificación de la Licencia de Construcción vigente LC 12-3-625 del 21 de noviembre de 2013 “para el predio urbano localizado en la dirección KR. 73 A 77 A – 38 (Actual) / KR 13 A 77 A 32 (ACTUAL) con chip AA.005.KTSK /AAA 0211DTCX y matricula inmobiliaria 50C1841557…” de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión”.

Finalmente, el actor solicita el cumplimiento de las “Reglas del Servicio de Acreditación”, que consisten en el procedimiento establecido para llevar a cabo la acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad (OEC), de acuerdo con los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17011 “Conformity assessment – General requeriments for accreditation bodis accrediting conformity assessment bodies” y el documento IAF/ILAC A5:2009.

Sobre estas reglas de procedimiento, la Sala precisa que no constituyen disposiciones con fuerza material de ley ni se trata de un acto administrativo, motivo por el cual no resulta ser la acción de cumplimiento el medio de control adecuado para hacer exigible la reglamentación técnica contenida en ellas.

Lo anterior, a la luz de lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 393 de 1997, en virtud de la cual “toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”.

3.3.2. Existencia de otro mecanismo de defensa judicial

3.3.2.1. Frente a las normas contenidas en el Decreto 1595 de 2015, la Sala destaca que están dirigidas en forma genérica al Sistema General de Acreditación y constituyen obligaciones a cargo de todos los organismos del Estado y de los particulares, cuyo cumplimiento se puede hacer efectivo a través de la acción popular.
Lo expuesto en consideración a que está involucrado un derecho colectivo de todos los ciudadanos a un ambiente sano, en los términos del artículo 88 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 472 de 1998, mecanismo de defensa judicial principal y autónomo, que torna improcedente la acción de cumplimiento.

3.3.2.2. Frente a las resoluciones de habilitación expedidas por el Ministerio de Transporte, la Sala advierte que, de conformidad con los hechos probados en el proceso, en ejercicio de sus funciones el ente profirió la Resolución No. 001194 del 28 de marzo de 2016, por medio de la cual habilitó al CDA MOVILIDAD BOGOTÁ como centro de diagnóstico automotor, acto administrativo contra el que el aquí accionante, como tercero interesado reconocido en la actuación de la Administración, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación que fueron resueltos mediante Resoluciones Nos. 1824 del 12 de mayo de 2016 y 2785 del 1º de julio de 2016, respectivamente.

Tales actos administrativos eran pasibles de control judicial en sede de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 137 y 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la cual el accionante hubiera podido inclusive solicitar medidas cautelares, al tenor de lo dispuesto por los artículos 229 ejusdem y siguientes.

En consecuencia, en relación con las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Transporte el accionante contó con otro medio de defensa judicial que hace improcedente la acción de cumplimiento, al tenor de lo dispuesto por el artículo 9º de la Ley 393 de 1997.

3.3.2.3. Respecto de la Resolución No. 0587 del 21 de mayo de 2014, expedida por Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá, la Sala destaca que por medio del acto administrativo se resolvieron unos recursos de apelación interpuestos contra la modificación de la Licencia de Construcción LC12-3-625 del 21 de noviembre de 2013, expedida por la Curadora Urbana No. 3 de Bogotá, tratándose, en consecuencia, de un acto administrativo que es susceptible de ser cuestionado en sede contencioso administrativa, lo cual torna igualmente improcedente la acción en relación con esta entidad territorial.

3.3.2.4. Finalmente, de la transcripción de las normas contenidas en el Decreto 520 de 2006, cuyo cumplimiento pretende el accionante, se desprende, sin lugar a dudas, que ellas contienen aspectos, sustantivos y procesales, referidos a la reglamentación del sistema de acreditación en el país, como parte de las funciones de regulación que le corresponde cumplir al Estado en virtud de claros preceptos constitucionales, además de los tratados internacionales sobre esta materia.

Sin embargo, de tales reglas sustantivas y procesales –que en forma genérica refirió el accionante– no se desprende la existencia de un mandato imperativo e inobjetable en virtud del cual pueda el juez del cumplimiento ordenar “paralizar” el proceso de certificación que se adelantó en la ONAT, actuación que constituye la pretensión del actor en sede de cumplimiento.

Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el trámite de acreditación terminó con la expedición por parte de la ONAC del Certificado 14-OIN-002 del 16 de febrero de 2016, sin que resulte ser potestad del juez del cumplimiento dejar sin efectos certificaciones expedidas en ejercicio de la función de acreditación, circunstancia esta que igualmente hace que la acción de cumplimiento sea improcedente frente a esta reglamentación.

III. DECISIÓN

En virtud de lo expuesto, la Sala modificará el fallo de primera instancia para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento frente a todas normas jurídicas referidas, por las consideraciones expuestas en esta providencia en la medida en que la ratio decidendi difiere de la señalada por el juez constitucional a quo.

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia de primera instancia del 10 de febrero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera – Subsección A, la cual quedará así:

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de las reglas de acreditación, toda vez que no satisfacen los requerimientos del artículo 1º de la Ley 393 de 1997.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción respecto a las demás normas invocadas, por existencia de otros mecanismos judiciales de protección que el accionante podía ejercer en contra de las autoridades accionadas, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

CUARTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

COPIÉSE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
Folio 17. Folio 12. Folios 217 a 232. Folios 233 a 245. Folios 246 a 262. Folio 267. Folio 271. Folios 481 a 483. Folio 564. Folio 543 vuelto. Folios 563 a 568. Folios 685 a 686. Folio 739. Folios 742 a 748. Folio 787. Folio 814.
“Por el cual se determinan los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y se dictan otras disposiciones”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de agosto de 2004, proferida en el expediente N°2000.0057-01, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de abril de 2008, proferida en el expediente N°2002-00583-01, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta
De conformidad con lo expuesto en el artículo primero de los estatutos “El ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA, en adelante identificado como ONAC, es una corporación de carácter privado, de naturaleza y participación mixta, sin fines de lucro, que se constituye y organiza bajo las leyes colombianas, dentro del marco del Código Civil, las normas sobre ciencia y tecnología del Decreto Ley 393 de 1991 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen, la Ley 489 de 1998, artículo 96, y de acuerdo con lo establecido en los Decretos 4738 de 2008, modificado por el decreto 323 de 2010, y 2124 de 2012 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen”. Con ponencia del Magistrado Mauricio González Cuervo. De conformidad con la sentencia C-157 de 1998 esta acción se “… nutre del principio constitucional de la efectividad de los derechos que es anejo al Estado Social de Derecho, pues si éste busca crear unas condiciones materiales de existencia que aseguren una vida en condiciones dignas y justas a los integrantes de la comunidad, y la acción de los poderes públicos para lograr estos propósitos se traducen en leyes y actos administrativos, toda persona como integrante de ésta, en ejercicio del derecho de participación política e interesado en que dichos cometidos materiales se realicen, tiene un poder activo para instar el cumplimiento de dichas leyes y actos, acudiendo para ello al ejercicio de una acción judicial”. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices. Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). M.P. Mauricio Torres
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro
Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres Cuervo. Expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De conformidad con la normatividad objeto de análisis el Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA), hace parte del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación de que trata el Capítulo VI del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto. Adicionalmente, hace parte del Sistema Andino de Calidad; está compuesto por instituciones públicas y privadas que realizan actividades de cualquier orden para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control. Expedida por la Subsecretaría Jurídica de la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.
“ARTICULO 88.

La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos”.

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