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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07804-01

Fecha
26 de junio de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07804-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de febrero de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07804-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

26 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: JOSÉ ALEJANDRO MÁRQUEZ CEBALLOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Cumplimiento de
requisitos generales de procedencia y configuración de defecto sustantivo.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación de la sentencia del 2 de febrero de 2026, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que concedió el amparo
solicitado por el señor José Alejandro Márquez Ceballos1.

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirmará la decisión de primera instancia, porque la autoridad judicial demandada
incurrió en un defecto sustantivo al establecer erróneamente que el recurso de insistencia
no procedía contra el ONAC. El Tribunal no aplicó ninguna de las siguientes
disposiciones: artículos 1 y 3 del Decreto 4738 de 2008, artículo 2.2.1.7.7.3. del Decreto
1074 de 2015, artículo 260 de la Ley 2294 de 2023 y artículos 2 y 33 del CPACA, de
cuya lectura conjunta se concluye que ese organismo estaba sometido al artículo 26 de
ese código, relativo al mencionado recurso, bien sea porque constituye una autoridad o
porque presta un servicio público.

II. ANTECEDENTES

Demanda

2. El 5 de diciembre de 20252, José Alejandro Márquez Ceballos instauró demanda de
tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, para obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

Hechos relevantes3

3. El 1.° de septiembre de 2025, el señor Márquez Ceballos solicitó al Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) una copia del informe de acreditación de
CDA Capital Neiva S.A.S., con exclusión de los aspectos descritos por la Subsección B
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la providencia del
1 El expediente es electrónico y se encuentra almacenado en Samai.
2 Índice 2 del expediente de primera instancia.
3 Extraídos de la demanda de tutela y del expediente.

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

27 de julio de 2020, proferida en el trámite del recurso de insistencia identificado con el
radicado 25000-23-41-000-2020-00257-00, encaminado a obtener información de la
acreditación de CDA Movilidad Bogotá S.A.S.

4. Dichos aspectos fueron (i) los nombres y los cargos del personal de CDA Movilidad
Bogotá; (ii) la marca, el modelo y el serial de sus equipos; (iii) su software; (iv) sus
inspectores y (v) recomendaciones y estrategias empresariales.

5. El 18 de septiembre de 2025, el ONAC negó la solicitud del señor Márquez Ceballos,
con fundamento en que la información obtenida o creada en el proceso de acreditación
es confidencial, en virtud de «la cláusula de confidencialidad pactada con el Organismo
Evaluador de la Conformidad (OEC)» y de las disposiciones relativas a la «protección de
información confidencial».

6. El 1.° de octubre de 2025, el solicitante interpuso recurso de insistencia y, como
consecuencia, el ONAC lo remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Así, se
originó el trámite 25000-23-41-000-2025-01684-00.

7. El 20 de octubre siguiente, el señor Márquez Ceballos presentó el recurso
directamente ante dicho tribunal. Ese escrito, «aparentemente», nunca fue estudiado,
pues no hubo ningún pronunciamiento sobre los argumentos formulados en él.

8. En providencia del 24 de octubre de 2025, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el recurso de insistencia,
con sustento en que no podía ser interpuesto contra el ONAC, por ser un sujeto de
derecho privado. Al respecto, explicó lo siguiente:

9. De acuerdo con el segundo inciso del artículo 32 del CPACA, el ejercicio del derecho
de petición ante particulares está sometido al Capítulo I del Título II de ese código y,
como el recurso de insistencia se encuentra consagrado en el Capítulo II de dicho título,
no puede ser interpuesto contra tales sujetos —los particulares—. De hecho, en la
sentencia T-487 de 2017, con fundamento en la C-951 de 2014, la Corte Constitucional
explicó que la voluntad del legislador fue excluir a los particulares de las reglas de la
insistencia, en tanto comporta un asunto sometido al conocimiento de la jurisdicción de
lo contencioso-administrativo.

Pretensiones

10. El accionante solicitó (i) dejar sin efectos la providencia del 24 de octubre de 2025,
(ii) reconocer al ONAC como autoridad administrativa y (iii) estudiar si ese organismo
remitió un escrito que haya inducido en error a la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, si ello es resuelto afirmativamente, (iv)
enviar copias del expediente a la Fiscalía General de la Nación y a la comisión seccional
de disciplina judicial competente.

Fundamentos

11. El demandante sostuvo lo siguiente:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

12. Se indujo en error a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues, aparentemente, el ONAC le remitió una solicitud
diferente a la originalmente presentada.

13. Dicha subsección profirió una decisión sin motivación, dado que no estudió lo
alegado en el recurso de insistencia: que, de acuerdo con el artículo 2 del CPACA, el
ONAC es una autoridad, pues ejerce funciones administrativas y tiene un patrimonio
constituido en más del 50% por capital público.

14. Además, desconoció el precedente contenido en la providencia citada en la petición
y las sentencias enunciadas a continuación, en las que se reconoció el carácter de
autoridad del ONAC: (i) las proferidas por esta corporación en los procesos 25000-23-
41-000-2016-00533-01, 25000-23-41-000-2017-01957-00, 25000-23-41-000-2020-
00358-01, 11001-03-24-000-2018-00391-00 y (ii) la expedida por la Sala de Casación
Civil de la Corte Suprema de Justicia en el proceso 11001-22-03-000-2019-00952-01.

15. Por lo expuesto, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó la condición de autoridad del ONAC sin sustento legal ni
jurisprudencial, con lo que se vulneró el derecho fundamental al debido proceso. Es por
ello que el asunto reviste relevancia constitucional.

Trámite en primera instancia e intervenciones

16. Por auto del 16 de diciembre de 20254, el magistrado sustanciador en primera
instancia admitió la demanda y vinculó al trámite al ONAC.

17. Uno de los servidores5 del despacho a cargo del magistrado Felipe Alirio Solarte
Maya, integrante de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca6, solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo constitucional. Al respecto, argumentó lo expuesto a continuación:

18. El asunto carece de relevancia constitucional, pues el propósito del accionante es
acceder a una instancia adicional, como lo evidencian sus pretensiones y sus
argumentos. Estos últimos, además de ser enteramente legales, se dirigen a reabrir el
debate ya resuelto en la providencia cuestionada, específicamente, en lo atinente a la
naturaleza jurídica del ONAC y a la reserva de la información solicitada.

19. El demandante no dio cuenta de la causación de un perjuicio irremediable ni explicó
adecuadamente la configuración de causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
20. En la providencia controvertida se aplicaron plenamente las disposiciones del
CPACA relativas al ejercicio del derecho fundamental de petición.

21. El ONAC7 se opuso a la solicitud de amparo, con fundamento en lo siguiente:

4 Índice 5 del expediente de primera instancia.
5 En la contestación, presentada el 16 de enero de 2026, dicho servidor expuso que la Presidencia del Tribunal

Administrativo de Cundinamarca autorizó al magistrado Felipe Alirio Solarte Maya a ausentarse los días 14, 15, 16, 19
y 20 de enero de 2026.
6 Índice 12 del expediente de primera instancia.
7 Índice 14 del expediente de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

22. Las acreditaciones se sustentan en disposiciones internas de derecho privado y en
instrumentos internacionales sobre la materia. Además, resultan de contratos de derecho
privado, en los que se incluyen cláusulas de confidencialidad. Por esto último, la
información obtenida o creada en el proceso de acreditación es confidencial.

23. En la providencia invocada en la petición del señor Márquez Ceballos, la Subsección
B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la entrega
parcial de la información solicitada, pues excluyó datos confidenciales de un CDA
específico. Por consiguiente, los efectos de esa providencia no fueron generales ni
absolutos, sino que se circunscribieron a un caso concreto y se delimitaron por
«condiciones de reserva».

24. A la autoridad judicial demandada se le remitieron los documentos necesarios para
el trámite de insistencia, en observancia del principio de buena fe.

25. Aunque la acreditación es un servicio de interés público y social, no comporta una
función pública ni convierte al ONAC en una entidad estatal. Por el contrario, este
constituye una persona jurídica de derecho privado, de acuerdo con lo dispuesto en sus
estatutos y en el artículo 3 del Decreto 4738 de 2008. Además, el capital público en su
patrimonio se ha diluido.

26. Esta Subsección ha determinado que el ONAC no cumple una función administrativa.

Sentencia impugnada

27. Mediante sentencia del 2 de febrero de 20268, la Subsección B de la Sección
Segunda de esta corporación amparó el derecho fundamental al debido proceso del
señor Márquez Ceballos y, por consiguiente, dejó sin efectos la providencia cuestionada
y ordenó a la autoridad judicial demandada que emitiera una nueva decisión, en la que
considerara las razones del amparo constitucional.

28. Dichas razones consistieron en que se configuró un defecto sustantivo, en tanto se
inaplicó el artículo 33 del CPACA por la sola naturaleza privada de la ONAC. Como
consecuencia, no solo se desconoció el artículo 260 de la Ley 2294 de 2023, en el que
se calificó el servicio de acreditación como de interés público y social, sino el régimen
del ejercicio del derecho de petición ante particulares que prestan servicios públicos o
ejercen funciones de esa naturaleza, que incluye los artículos 26 del CPACA y 2 de la
Ley 1712 de 2014, relativos, respectivamente, al recurso de insistencia y al principio de
máxima publicidad de la información pública.

Impugnación

29. El magistrado Solarte Maya solicitó revocar la anterior decisión9. Para sustentar esa
petición, insistió en que lo pretendido por el accionante es acceder a una instancia
adicional y expuso lo siguiente:

8 Índice 16 del expediente de primera instancia.
9 Índice 20 del expediente de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

30. La tesis planteada en la providencia cuestionada, además de ser la acogida por la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca desde
la entrada en vigor del CPACA, no implica una interpretación irrazonable de la ley. En
consecuencia, la concesión del amparo constitucional reclamado por el señor Márquez
Ceballos se sustentó en una diferencia interpretativa y, de ese modo, desconoció la
independencia judicial.

31. Por otro lado, según el concepto 386441 de 2020 del Departamento Administrativo
de la Función Pública, el ONAC es un sujeto de derecho privado y ejerce funciones de
esa naturaleza, que están sometidas al principio de confidencialidad.

Actuaciones posteriores y trámite en segunda instancia

32. El demandante se opuso a la impugnación de la sentencia10. Para ese efecto, insistió
en el argumento relativo a que el ONAC ejerce una función administrativa, por lo que es
una autoridad y, por ende, el recurso de insistencia procede en su contra. Además,
sostuvo lo siguiente:

33. El magistrado Solarte Maya carece de legitimación para impugnar, pues, como la
providencia controvertida fue dictada por la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sentencia de tutela solo puede ser
impugnada por todos los integrantes de esa subsección, con inclusión del magistrado
Luis Manuel Lasso Lozano, quien salvó su voto de dicha providencia.

34. En el trámite de insistencia identificado con la radicación 25000-23-41-000-2019-
00715-00, la autoridad judicial demandada reconoció la función administrativa del ONAC
y, en consecuencia, declaró mal negada una petición presentada ante este.

35. El 12 de marzo de 202611, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca se pronunció nuevamente sobre el recurso de
insistencia interpuesto por el señor Márquez Ceballos, en el sentido de declarar mal
negada su petición. Ese pronunciamiento se sustentó en que, si bien la información
solicitada se encuentra sometida a reserva, debe ser entregada en virtud del fallo de
tutela de primera instancia.

36. En sala del 15 de mayo de 2026, se derrotó el proyecto de sentencia presentado por
el magistrado José Roberto Sáchica Méndez, integrante de esta Subsección. Como
consecuencia, por auto del 20 de mayo siguiente12, se ordenó la remisión del expediente
a la actual magistrada ponente, lo que ocurrió el 25 de ese mes13.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

37. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32

10 Índices 23 del expediente de primera instancia y 4 del de segunda.
11 Índices 25 y 27 del expediente de primera instancia.
12 Índice 6 del expediente de segunda instancia.
13 Índice 11 del expediente de segunda instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

del Decreto Ley 2591 de 1991, con los que concuerdan los artículos 13, 17 y 25 del
Acuerdo 080 de 2019, por el cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de
Estado.

Cuestión previa: interés para impugnar

38. Según el accionante, el magistrado Solarte Maya carece de legitimación para
impugnar, pues, como la providencia controvertida fue dictada por la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la sentencia de tutela solo
puede ser impugnada por todos los integrantes de esa subsección.

39. Sobre el particular, la Sala advierte que, en el auto 567 de 2019, reiterado en la
sentencia T-298 de 2023, la Corte Constitucional explicó que la sentencia de tutela de
primera instancia puede ser impugnada, entre otros sujetos14, por el tercero con interés
legítimo en la decisión.

40. Ahora, si un tercero con interés legítimo en el fallo de tutela puede impugnarlo, con
mayor razón puede hacerlo un integrante de la autoridad a la cual se dirige la orden de
amparo, como lo es el magistrado Solarte Maya, quien, además, fue el ponente de la
providencia causante de la vulneración de derechos fundamentales.

41. De ese modo, se desvirtúa la falta de legitimación para impugnar alegada por el
accionante y, en consecuencia, la Sala resolverá la impugnación presentada por el
magistrado Solarte Maya.

Problema jurídico

42. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.
Para ello, establecerá si se cumplen los requisitos generales 15 de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. En caso afirmativo, en atención a lo
expuesto en la impugnación, definirá si la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto sustantivo al declarar improcedente el recurso de insistencia interpuesto por el
señor Márquez Ceballos y, con ello, vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

Cumplimiento de requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales

43. Se cumple el requisito de legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva,
pues el accionante es el titular del derecho fundamental cuya protección se reclama y la

14 En el mencionado auto, la Corte señaló lo siguiente: «El artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la

impugnación podrá (…) por (i) el Defensor del Pueblo, (ii) el solicitante, (ii) la autoridad pública o el representante del
órgano correspondiente. También puede[n] impugnar (iv) el tercero con interés legítimo en la decisión, (v) el Procurador
General de la Nación por sí o través de sus delegados y agentes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 277
Constitucional y en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012, [y] (v) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
(…) en su calidad de interviniente —además de cuando asume su función de apoderada—, en los asuntos en los que
es parte una entidad pública o en los que se considere necesario defender los intereses patrimoniales del Estado».
15 En la sentencia de unificación 215 de 2022, la Corte Constitucional indicó que tales requisitos son (i) legitimación

en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad; (iv) relevancia constitucional del asunto; (v) identificación clara,
detallada y comprensible de los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales invocados y que, si fue
posible, debieron manifestarse en el proceso correspondiente; (vi) carácter determinante de la irregularidad procesal
alegada, si es el caso, y (vii) que la providencia cuestionada no sea una sentencia de tutela ni un fallo mediante el cual
la Corte Constitucional o el Consejo de Estado hayan resuelto, respectivamente, una demanda de inconstitucionalidad
o de nulidad por inconstitucionalidad. Además, en la sentencia de unificación 388 de 2023, dicha corte estableció que
la acción de tutela no es procedente para controvertir sentencias interpretativas de la Sección de Apelación del Tribunal
para la Paz de la JEP, expedidas «como consecuencia de una petición específica de algún órgano de dicha
Jurisdicción y que detenten exclusivamente un carácter general, impersonal y abstracto».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es la
autoridad a la cual se le atribuye la vulneración correspondiente, de modo que, si se
comprueba, debe responder por ella.

44. También se satisface el requisito de inmediatez, en tanto la acción de tutela se
ejerció en un término razonable, pues la demanda respectiva se presentó el 5 de
diciembre de 2025 y la providencia cuestionada se profirió el 24 de octubre de ese año16
y se notificó el 13 de noviembre siguiente17.

45. Igualmente, se cumple el requisito de subsidiariedad, ya que el accionante no
cuenta con ningún mecanismo de defensa judicial distinto a la acción de tutela para
cuestionar la decisión de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, pues, de acuerdo con el artículo 26 del CPACA, el
recurso de insistencia debe ser decidido en única instancia, por lo que la providencia
respectiva no es susceptible de impugnación.

46. Además, se satisface el requisito de relevancia constitucional del asunto18, pues,
de entrada, la motivación de la providencia cuestionada permite advertir una afectación
del derecho fundamental al debido proceso, derivada de la falta de aplicación de
disposiciones pertinentes para definir la naturaleza jurídica del ONAC y de sus funciones,
lo que, a su vez, determinaba el régimen del ejercicio del derecho de petición aplicable
y, por ende, la procedencia del recurso de insistencia. Así, no puede considerarse que lo
expuesto por el accionante se encamine simplemente a acceder a una instancia adicional
o carezca de la carga argumentativa necesaria para adentrarse en un juicio sobre la
configuración de un defecto sustantivo.

47. Finalmente, se identificó claramente la causa de la lesión de derechos fundamentales
alegada, no se planteó una irregularidad procesal y la sentencia cuestionada no fue
proferida por la Corte Constitucional, ni es de aquellas dictadas por la JEP y el Consejo
de Estado respecto de las cuales no procede la acción de tutela.

Configuración del defecto sustantivo

48. En criterio del magistrado Solarte Maya, la decisión de primera instancia se sustentó
en una diferencia de apreciación, pues la tesis planteada en la providencia cuestionada
no implicó una interpretación irrazonable de la ley.

49. Dicha tesis consistió en que el recurso de insistencia no procedía contra el ONAC,
pues este no es una autoridad, sino «una corporación de carácter privado, de naturaleza

16 Índice 6 del expediente 25000-23-41-000-2025-01684-00, almacenado en Samai.
17 Índice 9 del expediente 25000-23-41-000-2025-01684-00, almacenado en Samai.
18 Sobre dicho requisito, la Corte Constitucional (sentencias de unificación 128 de 2021, 103 de 2022 y 215 de 2022 y

sentencia T-131 de 2021) ha explicado que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional de los
procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad o de índole patrimonial, o la
apreciación propia de los jueces naturales. Además, ha advertido que es inidónea si lo pretendido es que el juez
constitucional se adentre en juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de las especialidades de
cada jurisdicción. En concordancia con ello, en sentencia del 5 de agosto de 2014 (proceso 11001-03-15-000-2012-
02201-01), la Sala Plena de esta corporación indicó que, para considerar acreditado el requisito de relevancia
constitucional, se requiere que el actor cumpla una carga argumentativa mínima, es decir, que explique
suficientemente la vulneración de derechos fundamentales alegada, y que la solicitud de amparo no se erija en una
instancia adicional del proceso en el que se profiera la providencia cuestionada.

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Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

y participación mixta, que fue constituida y organizada bajo las leyes colombianas, dentro
del marco del Código Civil Colombiano»19, por lo que, de acuerdo con el segundo inciso
del artículo 32 del CPACA, no le son aplicables las disposiciones del Capítulo II del Título
II de ese código, entre las cuales se encuentra el artículo 26, relativo al mencionado
recurso.

50. Para establecer lo anterior, la autoridad judicial demandada prescindió de toda
consideración sobre lo siguiente:

51. El ONAC fue constituido el 20 de noviembre de 2007, mediante acto autenticado ante
la Notaría Sexta de Bogotá20, no solo en aplicación de las disposiciones del Código Civil
—como equivocadamente se sugirió en la providencia cuestionada—, sino de las del
Decreto Ley 393 de 1991 y del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, relativos a la facultad
de las entidades de asociarse con particulares para el desarrollo de actividades
científicas y tecnológicas21 y, en general, de aquellas encaminadas al cumplimiento de
cometidos y funciones estatales22.

52. La aplicación de las disposiciones de derecho público aludidas en la creación del
ONAC, de hecho, fue reconocida en el artículo 3 del Decreto 4738 de 2008 23 y en la
sentencia C-219 de 2015 de la Corte Constitucional24.
53. A través del artículo 1 de este último decreto, se suprimieron las funciones de
acreditación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estas fueron asignadas al
ONAC mediante el artículo 3 aludido.

54. En el artículo 2.2.1.7.7.3. del Decreto 1074 de 2015 —Único Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo—, el servicio prestado por el ONAC fue

19 Párrafo 25 de la providencia cuestionada, ubicada en el índice 6 del expediente 25000-23-41-000-2025-

01684-00, almacenado en Samai.
20 Anexo 8 de la contestación del ONAC, ubicada en el índice 14 del expediente de primera instancia.
21 En el artículo 1 del Decreto Ley 393 de 1991, se estableció lo siguiente: «Para adelantar actividades

científicas y tecnológicas proyectos de investigación y creación de tecnologías, la Nación y sus entidades
descentralizadas podrán asociarse con los particulares bajo dos modalidades.
1. Mediante la creación y organización de sociedades civiles y comerciales y personas jurídicas sin
ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones.
2. Mediante la celebración de convenios especiales de cooperación (énfasis añadido)».
22 En el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, se dispuso lo siguiente: «Las entidades estatales, cualquiera

sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el
artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de
convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades
en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley (énfasis añadido)».
23 «Desígnase como Organismo Nacional de Acreditación al Organismo Nacional de Acreditación de

Colombia, ONAC, corporación de carácter privado, de naturaleza mixta, sin ánimo de lucro, constituida
mediante documento privado del 20 de noviembre de 2007, debidamente autenticado por la Notaría Sexta
de Bogotá, dentro del marco de la Ley 489 de 1998 y las normas sobre ciencia y tecnología (énfasis
añadido)».
24 «(…) en el CONPES 3446 de 2006, el Gobierno reconoció la importancia de impulsar un organismo con

las características del ONAC como estrategia para la conformación del Subsistema Nacional de la Calidad
en Colombia. Lo anterior, (sic) respondía también a los preceptos contenidos en el artículo 4º de la Decisión
Andina 376 de 1995.
En ejecución del referido documento de política pública, se creó el Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia, como una corporación de carácter privado, sin ánimo de lucro de naturaleza y participación
mixta, constituida a partir del 20 de noviembre de 2007, dentro del marco del Código Civil, las normas
sobre ciencia y tecnología y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y
lo establecido en el Decreto 4738 de 2008, modificado por los Decretos 323 de 2010, y 2124 de 2012,
cuyas actividades y programas están sujetas al control administrativo del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, en los términos del artículo 109 de dicha Ley (énfasis añadido)».

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

caracterizado como de interés público y social. Ello, como bien lo advirtió el juez de tutela
de primera instancia, también se efectuó en el artículo 260 de la Ley 2294 de 2023.

55. Las disposiciones mencionadas eran imprescindibles para establecer la naturaleza
jurídica del ONAC y de la función a su cargo. De ello dan cuenta las providencias
relacionadas a continuación:

56. En sentencia del 6 de abril de 201725 —reiterada en providencia del 15 de junio de
ese año26 y citada en el fallo de tutela de primera instancia—, la Sección Quinta de esta
corporación estableció que el ONAC cumple una función pública, en virtud de las
disposiciones tomadas en consideración para su creación y de lo establecido en el
Decreto 4738 de 2008.

57. En auto del 18 de marzo de 202227 —confirmado mediante providencia del 27 de
mayo de ese año—, la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón, integrante de la Sección
Primera de esta corporación, determinó que el ONAC ejerce una función administrativa,
con fundamento en los artículos 1 y 3 del Decreto 4738 de 2008.

58. En auto del 24 de febrero del presente año28 —confirmado mediante providencia del
15 de abril siguiente—, el magistrado Fernando Alexei Pardo Flórez, integrante de esta
Subsección, concluyó que el ONAC es una entidad descentralizada por servicios de
carácter indirecto, integrante de la estructura de la administración, con sustento, entre
otras fuentes, en la sentencia C-219 de 2015, en los artículos 1 y 3 del Decreto 4738 de
2008 y en el artículo 260 de la Ley 2294 de 2023.

59. Así las cosas, los artículos 1 y 3 del Decreto 4738 de 2008, el artículo 2.2.1.7.7.3. del
Decreto 1074 de 2015 y el artículo 260 de la Ley 2294 de 2023 conducían a establecer
que el ONAC, como bien lo advirtió el accionante, es una autoridad como las descritas
en el artículo 2 del CPACA, bien porque ejerce una función administrativa o porque
integra la administración. En consecuencia, de acuerdo con ese artículo 2, se encuentra
sometido a las disposiciones de la Parte Primera de dicho código, con inclusión del
artículo 26, en lo atinente al ejercicio del derecho de petición.

60. Con todo, como bien lo estableció el juez de tutela de primera instancia, el servicio
prestado por el ONAC es público, porque fue trasladado directamente de una entidad
estatal mediante el artículo 3 del Decreto 4738 de 2008 y fue calificado como de interés
público y social en los artículos 2.2.1.7.7.3. del Decreto 1074 de 2015 y 260 de la Ley
2294 de 2023. En esa medida, por virtud del artículo 33 del CPACA, el ONAC también
estaría sometido a las disposiciones de los capítulos I y II de ese código, con inclusión
del artículo 26, que alude al mecanismo de la insistencia.

61. Por lo expuesto, se concluye que la autoridad judicial demandada determinó
erróneamente que el recurso de insistencia no procedía contra el ONAC, por no haber
aplicado ninguna de las disposiciones mencionadas en precedencia, incluidos los
artículos 2 y 33 del CPACA. Contrario a lo alegado en la impugnación, la providencia
cuestionada no implicó simplemente una interpretación normativa, sino un

25 Proceso 25000-23-41-000-2016-00533-01.
26 Proceso 25000-23-41-000-2017-00589-01.
27 Proceso 11001-03-24-000-2016-00636-00.
28 Proceso identificado con la radicación interna 74024.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-01
Demandante: José Alejandro Márquez Ceballos

desconocimiento de disposiciones determinantes para resolver el asunto, por lo que se
configuró un defecto sustantivo29 y, con ello, se vulneró el derecho fundamental al debido
proceso del señor Márquez Ceballos.

62. Finalmente, aunque el Departamento Administrativo de la Función Pública haya
conceptuado que el ONAC es un sujeto de derecho privado y ejerce funciones de esa
naturaleza, lo cierto es que ello no se deriva de los artículos 1 y 3 del Decreto 4738 de
2008 ni de los artículos 2.2.1.7.7.3. del Decreto 1074 de 2015 y 260 de la Ley 2294 de
2023, como se evidencia en la sentencia del 6 de abril de 2017 y en los autos del 18 de
marzo de 2022 y del 24 de febrero del presente año, referenciados en los párrafos 57 a
59 de esta providencia. De modo que tal concepto no desvirtúa la configuración del
defecto sustantivo.

63. Por todo lo explicado, se confirmará la sentencia de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de febrero de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, a través del enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente,
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha.

29 En la sentencia de unificación 063 de 2023, la Corte Constitucional explicó que el defecto sustantivo se configura,

entre otros eventos, cuando «la decisión se fundamenta en una interpretación asistemática del derecho, al omitir el
análisis de otras disposiciones aplicables al caso (énfasis añadido)».

10

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