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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-07804-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07804-00

Fecha
2 de febrero de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-07804-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor José Alejandro Márquez Ceballos por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo del 24 de octubre de 2025, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A declaró improcedente el recurso de insistencia promovido por el accionante contra el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia [expediente 25000-23-41-000-2025-01684-00]. TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, 24 Modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015. 12 Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-00 Accionante: José Alejandro Márquez Ceballos Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A Sección Primera, Subsección A que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, dicte un nuevo fallo en el aludido asunto de insistencia, teniendo en cuenta las razones planteadas en esta decisión. CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. SEXTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-07804-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

2 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-07804-001
Accionante : José Alejandro Márquez Ceballos
Accionado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Vinculado : Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sentencia que declara
improcedente recurso de insistencia
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por José Alejandro Márquez Ceballos contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por la presunta vulneración de su
derecho fundamental al debido proceso.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos por el
actor frente a la vulneración alegada. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de
la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las
pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela

El 9 de diciembre de 2025, el señor José Alejandro Márquez Ceballos, actuando en
nombre propio, interpuso el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la
protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A.

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-00
Accionante: José Alejandro Márquez Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 24 de octubre de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A, en única instancia, declaró improcedente el recurso de insistencia
presentado contra el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), al no
satisfacer los presupuestos señalados en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015
(expediente 25000-23-41-000-2025-01684-00). En su lugar, pidió ordenar a la autoridad
demandada emitir una nueva decisión en la que «[…] SE RECONOZCA EL CARÁCTER DE
AUTORIDAD PÚBLICA DEL ONAC, AL SER UN PARTICULAR QUE EJERCE UNA FUNCIÓN
ADMINISTRATIVA».

1.3 Hechos2

De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el
accionante, se puede evidenciar que, el señor Márquez Ceballos formuló derecho de
petición ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), el 1 de
septiembre de 2025, con el propósito de obtener copia completa del informe con base
en el cual se acreditó al «CDA CAPITAL NEIVA S.A.S con Nit. 901.690.928-7, con código de
acreditación 24 – CDA – 053».

El ONAC, mediante Oficio núm. 2025104262 del 18 de septiembre de 2025, negó la
entrega de lo solicitado. Para ello, fundamentó su decisión en la cláusula de
confidencialidad pactada con el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC), la cual
impone reserva sobre la información obtenida o creada durante el proceso de
acreditación. Además, precisó que la sentencia del 27 de julio de 2020 (radicado 25000-
23-41-000-2020-00257-00) se circunscribió al proceso de acreditación del CDA
Movilidad Bogotá, sin establecer una obligación general de entrega respecto de otros
CDA u OEC.

Ante esa negativa, interpuso recurso de insistencia, el cual fue remitido por el ONAC al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su correspondiente trámite el 16 de
octubre de 2025. El accionante, además, radicó escrito ante el Tribunal el 20 de octubre
de 2025, por cuanto manifestó desconocer el contenido efectivamente enviado.

En sentencia del 24 de octubre de 20253, la Sección Primera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, declaró improcedente la insistencia al considerar que,

2
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico, índice 2.
3
Proceso radicado núm. 25000-23-41-000-2025-01684-00.

2

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Accionante: José Alejandro Márquez Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

la procedencia del recurso exige que la información repose en poder de una autoridad
pública; agregó que, aunque el derecho de petición ante entidades privadas puede
operar en casos determinados por la ley, el recurso de insistencia no se prevé frente a
particulares. En ese marco, identificó al ONAC como una corporación de carácter
privado, de naturaleza y participación mixta, por lo tanto, no procedía el recurso.

Sobre la precedente situación, el actor sostiene que la providencia reprochada incurre
en error inducido, para lo cual manifestó que «[…] si el documento radicado corresponde [al]
mismo que radi[có] ante el ONAC, o si es un documento diferente que desconoce los antecedentes y las
órdenes judiciales dadas por el mismo accionado en el año 2020, y de esta forma se logró inducir en error
al fallador […]».

Asimismo, en decisión sin motivación al considerar que «[…] [se concluyó] sin un mayor
análisis, que el ONAC es una entidad privada, sin estudiar los argumentos expuestos que le fueron
presentados, [los cuales daban cuenta que] [e]l ONAC pertenece al sector central de la administración del
orden nacional, y ejerce funciones administrativas […]»

Finalmente, en desconocimiento del precedente, ya que, se apartó sin justificación de lo
resuelto por el Consejo de Estado4, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil5
y del propio Tribunal6 respecto a que el ONAC es una persona jurídica de derecho
privado, pero que ejerce funciones administrativas, lo que, en su criterio, vulneró su
derecho fundamental al debido proceso.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 16 de
diciembre de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A; y
(ii) dispuso vincular al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción

4
Al respecto señaló como desconocidas las providencias del 6 de abril de 2017 proceso núm. 25000-23-41-000-2016- 00533-01
(AC), M. P, Rocío Araújo Oñate, del 21 de febrero de 2019, proceso núm. 25000-23-41-000-2017-01957-01 (desacato), M.P, Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez, del 6 de mayo de 2021, proceso núm. 25000-23-41-000-2020-00358-01 (AC), M.P, Carlos Enrique
Moreno Rubio y 20 de enero de 2020, proceso núm. 11001-03-24-000-2018-00391-00, M.P, Hernando Sánchez Sánchez.
5
Sentencia del 10 de julio de 2019, proceso núm. 11001-22-03-000-2019-00952-01, M.P, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
6
Sentencia del 27 de julio de 2020, proceso núm. 25000-23-41-000-2020-00257-00 (recurso de insistencia), M.P, Moisés Rodrigo
Mazabel Pinzón.

3

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

2.1.1 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección
A7 manifestó que, la tutela resultaba improcedente, por cuanto el accionante pretende
convertirla en una instancia adicional con el fin de reabrir un debate ya resuelto en el
trámite del recurso de insistencia.

Asimismo, sostuvo que no se acreditó vulneración al derecho invocado, en la medida en
que la providencia cuestionada se apoyó en la normatividad aplicable al caso, sin que
evidenciara defecto alguno.

En particular, precisó que el recurso de insistencia previsto en el artículo 268 de la Ley
1437 de 2011 se predica de autoridades públicas y exige que la información repose en
poder de estas. En consecuencia, al ostentar el ONAC naturaleza jurídica privada, dicho
mecanismo no resultaba procedente.

2.1.2 El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)9 afirmó su
naturaleza de persona jurídica de derecho privado y que no integraba las ramas del poder
público. En ese sentido, sostuvo que atribuirle funciones administrativas desconocía la
ley y su acto constitutivo. Asimismo, señaló que no expedía actos administrativos y que,
aunque su actividad se orienta al interés público y social, esa circunstancia no alteraba
su régimen jurídico privado ni habilita la atribución de funciones administrativas.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.

3.2 Problema jurídico

Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual
quebranto del derecho fundamental que pueda comportar la providencia del 24 de
octubre de 2025, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Primera, Subsección A, declaró improcedente el recurso de insistencia

7
Visible a índice 12 de SAMAI.
8
Modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015.
9
Visible a índice 14 de SAMAI.

4

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presentado por el tutelante contra el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
(ONAC) (expediente 25000-23-41-000-2025-01684-00); y, en caso afirmativo, si se ha
vulnerado el derecho fundamental al debido proceso invocado en la solicitud de amparo.

3.3 La acción

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de
2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la
inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte
permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el
reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el
fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad
envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de
todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra
decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se
determinaran cuáles defectos podían conducir a que, una sentencia fuera calificada
como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al
menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que
se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente

5

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inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece
de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se
sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y
(iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actúa
completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-
590 de 2005, se destacó su carácter excepcional, vale decir cuando de manera
protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales
de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una
sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en
aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o
si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de
los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito
de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en
el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; (vi) que no se trate de
sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias
judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de

6

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procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela
contra decisiones judiciales, la cual, solamente cuando tenga indudable relevancia
constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que
se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental
absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen del procedimiento
establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión;
(iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las
consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que
afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la
Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión
judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no
se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales10, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 201211, en el sentido de disponer que la acción constitucional
es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos fundamentales, con
observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad

10
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo
de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo
Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp.
2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de
diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
11
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.

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al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos12.

3.5 Caso concreto

Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado comporta
relevancia constitucional, en la medida en que recae, en una indebida aplicación
normativa que reconoce que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, a
pesar que es una organización privada presta un servicio público, lo cual, de
comprobarse, conllevaría a la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso;
(ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida garantía superior; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada
quedó ejecutoriada el 19 de noviembre de 202513 y la solicitud de amparo se presentó el
9 de diciembre siguiente, es decir, dentro de los seis meses; y (v) el fallo acusado no es
de tutela.

En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo del
asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo, comoquiera que, pese
a que el actor alegó error inducido, decisión sin motivación y desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, en una presunta indebida aplicación normativa relacionada con la función
administrativa que ejerce el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, aun
cuando esta es una organización privada, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad,
que señala que el juez de tutela está en la obligación de interpretar de manera extensiva
el escrito inicial14, resulta procedente analizar este trámite a partir de la aludida causal
de procedencia de tutela contra providencia judicial.

12
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre
de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010,
exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de
marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
13
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 11 de noviembre de 2025, motivo por
el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.
14
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela, esta Corte
ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos fundamentales
de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su deber esclarecer los
hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y en esta
medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».

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3.5.1 Defecto sustantivo

Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que los
jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las
autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que
regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional15 ha estimado que la providencia judicial proferida con
desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado defecto sustantivo, que
se configura cuando la controversia es decidida con fundamento en una disposición legal
inaplicable al caso concreto, bien porque fue derogada, declarada inexequible, versa
sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella
el juez es paradójica o simplemente se omite aplicarla. Al respecto, la Corte
Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en
una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar
a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales16.

En el caso sub examine, se advirtió que, a partir de los argumentos expuestos por el
demandante, se pretendía controvertir la decisión cuestionada por la presunta
configuración de un defecto sustantivo, al considerarse que el recurso de insistencia sí
procedía ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Pues, si bien
dicha entidad ostenta naturaleza jurídica privada, en su sentir desarrolla funciones
administrativas.

Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura, concluyó:

[…]

24. De conformidad con lo citado en precedencia, es claro para la Sala que no es procedente
el recurso de insistencia contra particulares, que estos no pueden ser vinculados al recurso
de insistencia, que los particulares se encuentran en la obligación de suministrar información,
sólo en los siguientes supuestos: “quienes se encuentran en estado de indefensión o
subordinación tienen la posibilidad de asumir una verdadera defensa de sus intereses”; no
obstante, el mecanismo para obtener la información de particulares es la acción de tutela, y
no el recurso de insistencia. Por tal razón, el trámite del recurso de insistencia está
exclusivamente RESERVADO a las leyes estatutarias, como se ha citado en la presente
providencia.

15
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
16
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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Accionante: José Alejandro Márquez Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

25. Cabe destacar que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC es una
corporación de carácter privado, de naturaleza y participación mixta, que fue constituida y
organizada bajo las leyes colombianas, dentro del marco del Código Civil Colombiano,
registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el No. S0031036; dicho sea de paso,
es relevante traer a colación lo dispuesto en el Decreto No. 1595 de 5 de agosto de 2015 “por
el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
Capítulo VII y la Sección 1 del Capítulo VIII del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de
2015, y se dictan otras disposiciones” que dispone:

“Artículo 2.2.1.7.1.4. Definición. El Subsistema Nacional de la Calidad (SNCA), está
compuesto por instituciones públicas y privadas que realizan actividades de cualquier
orden para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas en materia de
normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad,
metrología y vigilancia y control.”

26. De lo anterior, se tiene que el Subsistema Nacional de Calidad está compuesto por
instituciones públicas y privadas que realizan actividades para la reglamentación técnica,
entre otras y de acuerdo con lo citado en párrafos anteriores, el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia – ONAC es la entidad privada encargada de acreditar la
competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad; entidad a la cual se
le está requiriendo la información por parte del peticionario.

27. Para la procedencia del recurso de insistencia es necesario acreditar: (1) el derecho de
petición; (2) la respuesta de la entidad pública en la que se invoquen razones de reserva; y
(3) la presentación oportuna del recurso de insistencia reiterando la solicitud de acceso a la
información reclamada en la petición inicial.

28. En el caso objeto de estudio, la Sala encuentra probada la improcedencia del recurso de
insistencia, en consideración a que el mismo solo se predica de autoridades y frente a
entidades particulares solo procede el derecho de petición, pero no el recurso de insistencia;
situación que permite inferir que en el presente asunto no se cumple con los presupuestos
señalados en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015, esto es, que se niegue el acceso a la
información en razón a la calidad de reserva legal invocada por la entidad administrativa.

Con base en lo expuesto, se observa que la autoridad judicial accionada determinó que
no era procedente el recurso de insistencia frente al Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia (ONAC), bajo el entendido que dicho mecanismo solo opera cuando una
autoridad pública niega el acceso a la información solicitada con fundamento en reserva
legal. En ese orden, al constatar la naturaleza jurídica privada del ONAC, determinó que
ante esa entidad únicamente procedía el derecho de petición, sin que exista lugar el
trámite de insistencia.

Sin embargo, para la Sala, la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A es errada, por lo que en virtud del
principio de iura novit curia, la autoridad accionada estaba en el deber constitucional de
estudiar el caso puesto a su conocimiento bajo la normatividad que indica que el ONAC
cumple con un servicio público y ejerce funciones públicas asociadas al sistema de
acreditación.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-00
Accionante: José Alejandro Márquez Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

La jurisprudencia17 Constitucional ha precisado que, cuando el derecho de petición se
formula ante particulares, procede como si se dirigiera a la administración si el particular
presta un servicio público o ejerce funciones de autoridad, al respecto manifestó:

[…]

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares,
es necesario separar tres situaciones: 1. cuando el particular presta un servicio público o
cuando realiza funciones de autoridad, el derecho de petición opera igual como si se
dirigiera contra la Administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un
medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera
inmediata. 3. Si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será
un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

En esa misma línea, la Ley 1437 de 2011 en su artículo 3318 prevé el ejercicio del derecho
de petición ante instituciones particulares entre ellas las empresas que prestan
servicios públicos y se rigen por el derecho privado, se aplican en sus relaciones con
sus usuarios, en lo pertinente, las disposiciones que trata la mencionada ley sobre
derecho de petición ante autoridades.

A su turno, el artículo 260 de la Ley 2294 de 202319 calificó el servicio de acreditación a
cargo del ONAC como un servicio de interés público y social. En igual sentido, el
Consejo de Estado, en sentencia del 6 de abril de 201720, reconoció que dicho organismo
cumple funciones públicas en el ámbito de la acreditación de la calidad.

Adicionalmente, la Ley 1712 de 201421 dispone el «principio de máxima publicidad»22, según
el cual la información bajo poder o custodia de un sujeto obligado tiene carácter público,
salvo restricción constitucional o legal. Esa misma disposición incluye como sujetos
obligados23 a las personas jurídicas privadas que presten función pública o
servicios públicos, respecto de la información directamente vinculada con esa
prestación.

Con fundamento en ese marco, la Sala concluye que el Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia presta un servicio público calificado de interés público y social
y por ello, se ubica dentro del supuesto previsto en el artículo 33 del CPACA. En
consecuencia, le resultan aplicables las disposiciones del derecho de petición

17
Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014 del 4 de diciembre de 2014, M.P (e), Martha Victoria Sáchica Méndez.
18
Modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015.
19
«Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”».
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 6 de abril de 2017, proceso núm.
25000-23-41-000-2016-00533-01, M.P, Rocío Araújo Oñate.
21
«Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.».
22
Artículo 2.
23
Artículo 5 (letra C).

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-00
Accionante: José Alejandro Márquez Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

desarrolladas en los capítulos II y III del título II de la mencionada codificación dentro de
los cuales se prevé el recurso de insistencia (artículo 2624) para los casos en que la
entidad manifiesta reserva legal sobre la información requerida por el peticionario.

En ese orden de ideas, se advierte que el fallo objeto de censura incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto sustentó su decisión en una norma errada al excluir al ONAC, por
su sola naturaleza privada, del ámbito del artículo 33 del CPACA y, por esa vía omitió
aplicar el régimen jurídico que gobierna la petición ante particulares que prestan servicios
públicos o ejercen funciones públicas, incluida la insistencia del artículo 26. Tal lectura
contrarió el marco legal vigente que califica el servicio de acreditación como de interés
público y social (art. 260, Ley 2294 de 2023), lo que conllevó a declarar improcedente el
recurso de insistencia.

IV. DECISIÓN

Por los motivos expuestos, la Sala considera que en el presente asunto el tutelante
demostró que la sentencia del 24 de octubre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, incurrió en defecto
sustantivo, lo que impone acceder al amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso del señor José
Alejandro Márquez Ceballos por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS el fallo del 24 de octubre de 2025, por cuyo conducto
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A declaró
improcedente el recurso de insistencia promovido por el accionante contra el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia [expediente 25000-23-41-000-2025-01684-00].

TERCERO. En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

24
Modificado por el artículo 1.° de la Ley 1755 de 2015.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07804-00
Accionante: José Alejandro Márquez Ceballos
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A

Sección Primera, Subsección A que, dentro del término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, dicte un nuevo fallo en el aludido asunto de insistencia,
teniendo en cuenta las razones planteadas en esta decisión.

CUARTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones establecidas
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

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