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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2020-00830-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 25000-23-41-000-2020-00830-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR parcialmente la sentencia de 25 de enero de 2020, proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el sentido de: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en cuanto al acatamiento del numeral 6.2.2.3 de la norma técnica ISO/IEC 17065:2012 y CONFIRMAR la decisión de negar la acción sobre el artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de 2015, porque no se ha incumplido por parte de la ONAC. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 25000-23-41-000-2020-00830-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

21 de abril de 2022

Demandantes: Juan Carlos Martínez Sánchez y otro
Demandado: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
Radicación: 25000-23-41-000-2020-00830-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 25000-23-41-000-2020-00830-01
Demandantes: JUAN CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ Y OTRO
Demandado: ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE
COLOMBIA

Tema: Acción de cumplimiento – Revoca parcialmente la
sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Quinta procede a resolver la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia dictada el 25 de enero de 2022, por la Subsección “B” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda de cumplimiento de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

El señor Juan Carlos Martínez Sánchez y la sociedad ASAM Ltda1, en ejercicio de
la acción prevista en la Ley 393 de 1997, demandaron al Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia - en delante ONAC - con la finalidad de obtener el
cumplimiento del artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de 20152 y del numeral
6.2.2.3 de la norma ISO/IEC17065:20123.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Que se ordene al ONAC, que de manera inmediata, dé cumplimiento con sus
funciones, establecidas en el artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de 2015, el cual
hace parte integral del Decreto Único Reglamentario Nro. 1074 de 2015.

1
De acuerdo con la documental aportada con la demanda la señora Judith Salazar Bahamón, acude
como representante legal suplente de la a sociedad comercial mencionada.
2
“Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el
Capítulo VII y la Sección 1 del Capítulo VIII del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, y se dictan
otras disposiciones”, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 “Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.
3
“EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD. REQUISITOS GENERALES PARA LOS ORGANISMOS
DE ACREDITACIÓN QUE REALIZAN LA ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS DE EVALUACIÓN
DE CONFORMIDAD”.
1
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Demandantes: Juan Carlos Martínez Sánchez y otro
Demandado: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia
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2. Que de manera inmediata, el ONAC cumpla con sus funciones de acreditación
verificando la totalidad de los requisitos de la norma la ISO/IEC 17065:2012, incluido
el numeral 6.2.2.3 para la acreditación de OEC.

3. Como consecuencia de lo ordenado en los numerales 1 y 2, y en virtud de la
facultad que le asiste al ONAC, de realizar evaluaciones extraordinarias, ordenar al
ONAC, realizar dichas evaluaciones a los OECs, (sic) actualmente acreditados, con
el fin de establecer el cumplimiento de las normas declaradas como incumplidas.

4. Se ordene al ONAC, informar a los organismos evaluadores de la conformidad
sobre los cambios y requisitos que se deben cumplir para lograr cualquier cambio en
los requisitos de la acreditación.”.

1.2. Hechos

La Sala sintetiza los supuestos fácticos de la siguiente manera:

El 9 de marzo de 2017, la sociedad ASAM Ltda presentó petición de información
ante la ONAC, según manifestó la parte actora, con el fin de demostrar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio que el certificado de conformidad
requerido por los artículos 8 y 17 de la Resolución 4983 de 20114 es imposible de
obtener, porque los 6 organismos evaluadores de la conformidad 5 acreditados no
tienen identificados los laboratorios para realizar los ensayos de funcionamiento
para las mangueras ensambladas de freno de líquido para automotores.

A través de oficio radicado 201770010017901 el ONAC respondió:

“A la fecha de la emisión de la presente respuesta se encuentran acreditados seis (6)
Organismos de certificación de producto con este alcance: BVQUI COLOMBIA LTDA,
COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LTDA., LENOR COLOMBIA S.A.S., NYCE
COLOMBIA S.A.S. SGS COLOMBIA S.A.S. – SGS, INSTITUTO COLOMBIANO DE
NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN – ICONTEC.

[…]

El proceso de evaluación de ONAC se lleva a cabo por un equipo evaluador que cubre
en su totalidad la competencia requerida para evaluar al Organismo y las actividades
descritas en su alcance de acreditación.

[…]

Para la fecha de emisión de la presente respuesta, ONAC informa que no hay
Laboratorios acreditados para la realización de los ensayos de calificación para la
Certificación de Mangueras Ensambladas para Sistemas de Frenos Hidráulicos,
basado en el referente normativo NTC 977.

[…] me permito informar que no hay ningún laboratorio evaluado por ONAC en
ISO/IEC 17025 que pudiese estar en el marco del reconocimiento ante ILAC.

4
“Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a sistemas de frenos o sus componentes
para uso en vehículos automotores o en sus remolques, que se importen o se fabriquen
nacionalmente para su uso o comercialización en Colombia”.
5
En adelante OEC.
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[…] Nos permitimos informar que ONAC no posee el listado de laboratorios
acreditados a nivel mundial (en donde se puedan realizar las pruebas requeridas para
las mangueras de freno). “[…]”.

La parte actora aludió que el ONAC debe evaluar que los OEC a acreditar cumplen
con la totalidad de los requisitos incluidos en: “NTC 17065. Evaluación de la
conformidad. Requisitos para organismos que certifican productos. Y dentro de esta,
puntualmente el requisito “6.2.2.3. El organismo de certificación debe tener un
contrato legalmente vinculante con el organismo que suministra el servicio
contratado externamente, que incluya las disposiciones en materia de
confidencialidad y de conflicto de intereses, tal como se especifica en el punto c del
apartado 6.1.3”.

Indicaron que en el caso de las mangueras para freno, el OEC debe tener un
contrato con el laboratorio en que se realizarán los ensayos de funcionamiento
establecidos en el artículo 8.2 de la Resolución 4983 de 2011.

Por lo anterior, señalaron que el ONAC acreditó 6 OEC desconociendo los
laboratorios evaluados bajo la norma NTC-ISO 17025, o que pertenezca al ILAC6,
en Colombia o en el exterior, para efectuar los ensayos del numeral 8.2 del
reglamento técnico, de tal manera que ninguno de los OEC acreditados está en
capacidad o tiene la competencia para realizar todas las actividades para el proceso
de certificación ni expedir la declaración.

Informaron que debido a los numerosos obstáculos que han impedido la obtención
del certificado de conformidad, el 13 de diciembre de 2018, un grupo de
ensambladores nacionales acompañados por ASOPARTES, interpusieron queja
ante el IAAC7, que el 29 de enero de 2020 resolvió:

“C) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En función de la información recibida y analizada, el ONAC no cumplió con el punto
6.2.2.3 de la ISO/IEC 17065:2012, en la evaluación de acreditación de los OCPs (sic)
acreditados para el alcance de la Resolución 4983 del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo al no confirmar que dichos OCPs (sic) contaban al momento de la
evaluación con un contrato legalmente vinculante que incluya las disposiciones en
materia de confidencialidad y de conflicto de intereses con el/los laboratorio/s que
suministraran los ensayos requeridos en las normas técnicas relacionadas a la
mencionada resolución. Cabe resaltar que el requisito en cuestión está incluido en el
FR-3.3.2-09 (antes FR-4.2.3-09) Versión 03: Lista de Verificación de Organismo
Certificación de Productos NTC-ISO/IEC 17065:2013.”.

El 28 de septiembre de 2020, los solicitantes pidieron ante la ONAC, radicado
202030040167912, el cumplimiento de las funciones establecidas en el artículo

6
International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC.
7
Inter American Acreditation Cooperation – IAAC, según indicó la parte accionante que es una
asociación regional de organismos de acreditación y de otras organizaciones interesadas en la
evaluación de la conformidad en América, y del cual el ONAC es miembro signatario.
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2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de 2015, cubriendo en su totalidad la competencia
requerida para evaluar a los OEC, incluyendo el numeral 6.2.2.3 de la norma técnica
ISO/IEC 17065:2012, la cual fue resuelta el 13 de octubre de 2020, en oficio
202010220049101, en el que la entidad no accedió.

1.3. Trámite de la solicitud en primera instancia

El presente asunto fue conocido, en primera instancia, por la Subsección “B” de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, por medio de
auto de 4 de diciembre de 2020, admitió la demanda y ordenó notificar a la ONAC
y tuvo como pruebas los documentos aportados.

1.4. Informes

La ONAC se opuso a las pretensiones de la demanda, explicó que el Decreto 1595
de 2015, contempló la actividad de acreditación dentro del Subsistema Nacional de
la Calidad – SICAL y que el sistema tiene como objetivos fundamentales promover
en los mercados, la seguridad, la calidad, la confianza, la productividad y la
competitividad de los sectores productivo e importador de bienes y servicios, y
proteger los intereses de los consumidores, en los asuntos relativos a procesos,
productos y personas.

En consecuencia, el SICAL coordina las actividades que realizan las instancias
públicas y privadas relacionadas con la formulación, ejecución y seguimiento de las
políticas sobre normalización técnica, elaboración y expedición de reglamentos
técnicos, acreditación, designación, evaluación de la conformidad y metrología.

Precisó que el ONAC es responsable de declarar al público en general, que un OEC
tiene la competencia para evaluar la conformidad, en un alcance específico, siempre
que esté cubierto con la acreditación. En consecuencia, no hace un reconocimiento
ilimitado respecto a que un OEC tiene “la capacidad para evaluar la conformidad”,
al respecto explicó que pueden existir OEC que desarrollan su objeto social y no
estar acreditados.

Por tanto, los OEC expiden un certificado de conformidad una vez hayan revisado
el cumplimiento de requisitos especificados, a sus clientes y ONAC evalúa que dicha
actividad se haga con competencia, de acuerdo con el alcance en el que el OEC
pretenda hacer uso de la condición de acreditado.

Indicó que quien manifiesta ostentar una competencia determinada es el OEC y la
demuestra al acreditador, tras una solicitud voluntaria para que sea evaluado, sobre
lo cual media decisión del estado de acreditación deseado. Sobre el numeral 6.2.2.3
de la norma la ISO/IEC 17065:2012, aludió que no es una norma con fuerza de ley
o un acto administrativo que contenga una obligatoriedad o una imposición
contemplada en forma precisa, clara y actual a su cargo.

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Indicó que tener un contrato legalmente vinculante en el uso de servicios externos
en el marco de la norma técnica ISO/IEC 17065:2012, no es de ninguna manera
deber a cargo del acreditador; la obligación es del certificador y no de ONAC. Así,
reiteró que, durante las evaluaciones del uso de la condición de acreditado, ONAC
verifica que el OEC tenga identificado el o los laboratorios que pueden realizar los
ensayos requeridos, a los que acudirá en el evento en que se preste un servicio de
certificación. En el caso de identificar que el organismo ha prestado el servicio de
certificación, es en ese momento, cuando se verifica que se cuente con un contrato
y que este cuente con las condiciones que indica la norma técnica internacional
ISO/IEC 17065.

Señaló que en la respuesta del 13 de octubre de 2020, se informó a la parte
demandante, que en el reglamento técnico a sistemas de frenos, si el OEC no había
realizado algún servicio de certificación al producto (por ejemplo mangueras
ensambladas para sistemas de freno hidráulico), no se requería un “contrato
legalmente vinculante”, dado que hace referencia a un servicio de ensayos
contratado externamente, ya efectuado y en consecuencia, el requisito no aplicaba
en la medida en que no haya sucedido tal servicio.

Sobre el artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de 2015, analizó una por una las
principales labores adelantadas por ONAC y concluyó que no ha incumplido con
ninguna.

1.5. Sentencia de primera instancia

La Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia de 25 de enero de 2022, resolvió:

“[…] Deniéganse las pretensiones de la demanda presentada por el señor Juan Carlos
Martínez Sánchez y la sociedad ASAM Ltda., a través de representante legal
suplente, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.”.

En cuanto al cumplimiento del artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 01595 de 2015, indicó
que establece, en síntesis, funciones que debe desarrollar la ONAC como
representante del país en materia de acreditación ante la Comunidad Andina de
Naciones. Sin embargo, concluyó que, de acuerdo con la decisión IAAC de 20 de
agosto de 2020, el ONAC “se encuentra en cumplimiento con los requisitos del MLA
de IAAC y aprobó el mantenimiento de su reconocimiento mediante la resolución
MLAG/2019/23”, por lo que no ha destendido sus deberes funcionales.

En lo que respecta al numeral 6.2.2.3 de la norma ISO/IEC 17065:2012, manifestó
que sus previsiones no están dirigidas al organismo de acreditación sino al ente
objeto de certificación, por lo que no se podía endilgar a la demandada la
inobservancia de la norma técnica.

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1.6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia con la finalidad que se
revoque y, en su lugar, se acceda a las súplicas de la acción.

Afirmaron que “No es función del ONAC evaluar que la expedición de un certificado
de conformidad por parte de un organismo de certificación se haga con
competencia, es decir que previo a la emisión del certificado haya verificado todos
y cada uno de los requisitos establecidos en un reglamento técnico, esta es función
de la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Reglamentos
Técnicos y Metrología Legal”.

Seguidamente, precisaron que el deber jurídico incumplido que se reclama es
“acreditar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos a los organismos
evaluación la conformidad que lo soliciten”.

En su criterio, si bien el ONAC “debe cumplir en su función como acreditador en la
Norma Técnica Colombiana NTC 17011, requisitos generales para los organismos
de acreditación que realizan la acreditación de Organismos de Evaluación de la
Conformidad, este debe verificar previa otorgación de la acreditación están
contenidos en las normas, documentos normativos y/o los requisitos reglamentarios
con los (sic) se certifican productos, procesos y servicios, lo cual se incumplió por
parte de la accionada como se puede probar de su contestación a la presente
acción.”. Por tanto, el organismo de acreditación debe, antes de tomar la decisión,
mostrarse satisfecho de que la información es adecuada para determinar que se
han cumplido los requisitos de acreditación.

Expresaron que si bien “[…] el cumplimiento del numeral 6.2.2.3 de la norma
ISO/IEC 17065 se encuentra en cabeza del certificador, es función del ONAC
verificar este requisito en la evaluación de acreditación. Para el caso en particular
documentado en esta acción de cumplimiento […] es decir, que el certificador
cuenta en el momento de la evaluación con un contrato legalmente vinculante con
los laboratorios que suministrarán los ensayos requeridos en la norma técnica
relacionada para el alcance específico, requisito sin el cual no se puede llevar a
cabo los ensayos por falta de laboratorios que los realicen. […]”

Por otra parte, contrario a lo concluido por el a quo indicaron que de la queja 2018-
CP03 de 29 de enero de 2020 claramente se encuentra acreditada la violación al
proceso de acreditación, función establecida en el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.7.6
Decreto 1595 de 2015 “en cuanto el ONAC no verificó todos los requisitos
establecidos como criterio de acreditación en los documentos normativos: “En
función de la información recibida y analizada, el ONAC no cumplió con el punto
6.2.2.3 de la ISO/IEC 17065:2012, en la evaluación de acreditación de los OCPs
(sic) acreditados para el alcance de la Resolución 4983 del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo al no confirmar que dichos OCPs (sic) contaban al momento de

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la evaluación con un contrato legalmente vinculante que incluya las disposiciones
en materia de confidencialidad y de conflicto de intereses con el/los laboratorio/s
que suministraran los ensayos requeridos en las normas técnicas relacionadas a la
mencionada resolución”.

Señalaron que, en ninguno de los documentos presentados por el ONAC en este
trámite, el IAAC revoca la decisión contenida en el informe 2018-CP03, con ocasión
de la queja formulada contra la demandada, donde claramente se establece su
incompetencia, por lo que continúa vigente y se requieren acciones correctivas
inmediatas para prevenir la recurrencia de la no conformidad del numeral 6.2.2.3 de
la norma ISO/IEC 17065:2012.

Reprocharon que el a quo consideró que el IAAC evaluó al ONAC hallando que
acata los requisitos como ente de acreditación y que eso es suficiente para no
acceder a las pretensiones de la presente acción, “[…] ello no es suficiente dado
que esa es una consideración general, mas no particular. Particular el
pronunciamiento del IAAC, que después de un análisis de documentos determinó
que el ONAC, desatendió sus obligaciones, lo cual está debidamente probado en el
expediente en referencia.”.

Finalmente aluden que, en primera instancia, se hizo caso omiso a lo señalado por
el IAAC, tan solo se tuvo en cuenta apartes de su pronunciamiento y se desconoció
precisamente el incumplimiento de la accionada, lo cual estiman que debe revisarse
al resolver el presente recurso.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 25
de enero de 2022 de la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
3 de la Ley 393 de 19978, 125, 150 y 243 del Código de Procedimiento

8
“Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado
Administrativo.
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “CPACA”, Ley 1437 de 20119, así
como en el artículo 13, numeral 7º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección
Quinta de esta Corporación para conocer de “[…] las apelaciones contra las
providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales
Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento. […]”.

2.2. Problema jurídico a resolver en la presente instancia de la acción de
cumplimiento

Corresponde a la Sala determinar, de acuerdo con los argumentos de la
impugnación, si modifica, confirma o revoca la sentencia de 25 de enero de 2022
de la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda, para lo cual deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia a la ONAC
respecto del artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de 2015 y del numeral 6.2.2.3 de
la norma ISO/IEC17065:2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la
Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta ¿Hay lugar a ordenar a la ONAC que ejerza sus
funciones de acreditación y evaluación, verificando la totalidad de los requisitos de
la norma la ISO/IEC 17065:2012 respecto de los OEC, en particular, que los
organismos de certificación cuenten con un contrato legalmente vinculante con los
laboratorios en donde realicen los ensayos de funcionamiento para las mangueras
ensambladas de freno de líquido para automotores

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de cumplimiento; (ii) requisitos de
procedibilidad y; (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Generalidades de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política,
como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la autoridad
judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En
caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el
cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de
1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en

9
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
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esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza
material de Ley o actos administrativos […]".

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución Política), la acción en
estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la
ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en
cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas,
la efectividad de las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido
por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la
referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes
y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares
del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden
jurídico, social y económico justo […]”10.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere11, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º) 12.

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba
cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (Arts. 5º y
6º).

10
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera
Vergara.
11
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta Sección:
sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26 de mayo
de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, MP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación 20001-23-33-000-2016-
00371-01 MP. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2 de febrero
de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E).
12
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
9
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iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “[…]
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda (Art. 8º).

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que,
de no proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción. También son causales
de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que
establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

Normas contra las que procede la acción de cumplimiento y requisitos

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae la acción de
cumplimiento comprenden tanto la ley en sentido formal como material, esto último
desde la óptica de aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa
dictados por el presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas
por los artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política13.

Sin dejar a un lado, la procedencia de la acción de cumplimiento contra los actos
administrativos de contenido general o particular, bajo el entendido que éstos
reflejan la voluntad unilateral de la administración de producir efectos jurídicos, se
precisa que no es dable este mecanismo constitucional para pretender la
observancia de normas constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó
para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma
conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que
no procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”14.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad de la acción y, para ello, es
necesario que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud
expresa de cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que
ejerce funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de
requerimiento, lo cual puede realizarse a través del derecho de petición pero
enfocado al fin reseñado15.

13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP. Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
14
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
15
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012, 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
10
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Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia de la acción, si se cuenta
con otros mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo cumplimiento de
la ley o del acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación
gravosa o urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda
de un perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata
de instrumentos judiciales residuales y no principales.

Lo cual se explica en “[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas
sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido
radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo
a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción
de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento
consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento
para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en
relación con la solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de
necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio […]”16.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción de cumplimiento no se
puede incoar frente a normas que generen gastos,17 a menos que estén
apropiados;18 o cuando se pretenda la protección de derechos fundamentales, en
este último caso, el juez competente deberá convertir el trámite en el mecanismo
previsto por el artículo 86 Superior19.

2.3.2. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia, consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este20 y

16
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de 2012,
radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
17
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
18
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, MP. Alberto Yepes Barreiro.
19
Sentencia ibidem.
20
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción
por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la Superintendencia de
Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto
1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6
y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el deber legal que pedía
cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que sobre la materia se ha
fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la acción, por lo que así
se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
11
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que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que
“[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud
expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento […]”21.

Sobre el tema, esta Sección22 ha dicho que:

“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado.
Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición
de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo,
aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para
exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos
[…]23” (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado
dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]”.

Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, MP. Mauricio Torres Cuervo.
22
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP. Susana Buitrago Valencia.
23
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-
2003-00724, MP. Darío Quiñones Pinilla.
12
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constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia […]”.

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la
disposición, bien porque no dé respuesta oportunamente, o porque aunque
sea emitida en tiempo resulte contraria al querer del ciudadano24.

Al expediente, la parte actora con el fin de acreditar el agotamiento del requisito de
renuencia acompañó copia de la solicitud que presentó a la ONAC, el 28 de
septiembre de 2020, en la que pidió el cumplimiento del artículo 2.2.1.7.7.6 del
Decreto 1595 de 2015 y numeral 6.2.2.3 de la norma técnica ISO/IEC 17065:2012,
con el fin de ejercer sus funciones de acreditación y evaluación, verificando la
totalidad de los requisitos respecto de los OEC, en particular, que cuenten con un
contrato legalmente vinculante con los laboratorios en donde realicen los ensayos
de funcionamiento para las mangueras ensambladas de freno de líquido para
automotores.

Por su parte, la ONAC en respuesta de 20 de octubre de 2020, radicado
202030040167912, indicó a los accionantes:

“[…]1. “Que, de manera inmediata, el ONAC dé cumplimiento con sus funciones,
establecidas en el artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de 2015, el cual hace parte
integral del Decreto Único Reglamentario Nro. 1074 de 2015.

ONAC atiende los deberes determinados para el acreditador tanto en el ámbito
nacional dentro de sus responsabilidades en el Subsistema Nacional de Calidad,
como en el internacional dadas las obligaciones adquiridas como signatario de las
cooperaciones internacionales.

Sea lo primero recordar, que ONAC despliega la actividad de acreditación tal y como
se establece en el artículo 2.2.1.7.7.1 del Decreto 1074 de 2015, previa verificación
del cumplimiento de los requisitos a los OEC que lo soliciten. A la fecha ONAC cuenta
con más de 1.400 OEC acreditados, en 9 esquemas cubiertos con alcances
acreditados.

24
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-
00690-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de
septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez,
entre otras.
13
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Lo anterior atiende necesariamente al desarrollo de otro de sus deberes que consiste
en tramitar y responder, de conformidad con las disposiciones y reglamentarias (sic)
vigentes y normas internacionales aplicables, las solicitudes que le presenten los
interesados. La actividad de acreditación se rige a nivel mundial por la norma técnica
internacional ISO/IEC 17011, “Evaluación de la conformidad – Requisitos para los
organismos de acreditación que realizan la acreditación de organismos de evaluación
de la conformidad”, y es esta norma la que establece todos los requisitos que debe
cumplir un organismo acreditador, tanto en su estructura organizacional, como en los
procesos que utiliza para evaluar a los organismos que acredita. El cumplimiento de
estos requisitos es verificado por los organismos internacionales de cooperación de
los que hace parte ONAC, con el propósito de “Obtener y mantener un reconocimiento
internacional a través de la evaluación de sus actividades por parte de pares
internacionales y de la afiliación y participación en las actividades programadas por
las instituciones y actividades regionales e internacionales relacionados con la
acreditación”, otro de los mandatos normativos para ONAC.

En esas condiciones, la norma técnica ISO/IEC 17011 exige que todo servicio de
acreditación que se preste, debe estar enmarcado en un acuerdo entre el ente
acreditador y el organismo evaluador de la conformidad, en el que este último se
comprometa a cumplir las reglas de acreditación, toda vez que el ejercicio se da en
un contexto plenamente objetivo: exigencia del requisito y evidencia de su
cumplimiento, ambas condiciones plenamente conocidas por el OEC, dada su
experticia en la explotación de su objeto social.

En cuanto a la función de mantener un programa de vigilancia que permita demostrar,
en cualquier momento que los organismos acreditados siguen cumpliendo con las
condiciones y requisitos que sirvieron de base para su acreditación, es preciso
remitirse a lo previsto por el artículo 4 del Decreto 4738 de 2008, que establece que
este seguimiento deberá realizarse sobre los organismos de evaluación que
voluntariamente se sometan al proceso de acreditación:

“Artículo 4°. El ONAC, en calidad de Organismo Nacional de Acreditación y sin
perjuicio de las competencias que en la materia tengan las entidades públicas, deberá
bajo tal condición: […]

6. Mantener un programa de seguimiento y vigilancia que permita demostrar en
cualquier momento que los organismos acreditados siguen cumpliendo las
condiciones y requisitos que sirvieron de base para su acreditación”. El programa de
seguimiento se encuentra vertido en las Reglas del servicio de Acreditación que
hacen parte integral del contrato de otorgamiento y uso del certificado de acreditación
que suscriben los OEC con ONAC. […]

“2.- Que de manera inmediata, el ONAC dé cumplimiento con sus funciones,
establecidas en el numeral 6.2.2.3 de la norma la ISO/IEC 17065:2012.”

ONAC ha venido cumpliendo la evaluación del requisito contenido en el numeral
6.2.2.3 de la norma la ISO/IEC 17065:2012, en el esquema de certificación de
producto.

Durante las evaluaciones del uso de la condición de acreditado, ONAC verifica que el
OEC tenga identificado el o los laboratorios que pueden realizar los ensayos
requeridos, a los que acudirá en caso que vaya a prestar un servicio de certificación.
En el caso de identificar que el organismo ha prestado el servicio de certificación, es
en ese momento, cuando se verifica que se cuente con un contrato y que este cuente
con las condiciones que indica la norma técnica internacional ISO/IEC 17065.

14
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“3.- “Informar, si al momento de realizar la evaluación de los OEC, existentes a la
fecha, se verificó el cumplimiento del requisito establecido, como lo era contar con un
contrato legalmente vinculante, con un laboratorio que llevara a cabo los ensayos
requeridos en las normas técnicas relacionadas con la Resolución 4983 de 2.011,
proferida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Informar si este
documento reposa en los archivos y documentos que soportaron esta evaluación.”

ONAC ha venido cumpliendo la evaluación tanto del requisito contenido en el numeral
6.2.2.3 de la norma la ISO/IEC 17065:2012, en el esquema de certificación de
producto, como los reglamentos nacionales que le competan.

En el caso de la Resolución 4983 de 2.011 por la cual se expide el reglamento técnico
aplicable a sistemas de frenos o sus componentes para uso en vehículos automotores
o en sus remolques, que se importen o se fabriquen nacionalmente para su uso o
comercialización en Colombia, si el OEC no ha realizado algún servicio de
certificación al producto (por ejemplo mangueras ensambladas para sistemas de freno
hidráulico), no se requiere un “contrato legalmente vinculante”, para efectos de su
evaluación. No obstante, para este caso en particular, el OEC debe contar con el
registro respectivo de los Laboratorios que tengan la capacidad de atender estos
ensayos.

Lo anterior, dado que el mismo artículo 6.2.2.3 de la norma ISO/IEC 17065 define: “El
organismo de certificación debe tener un contrato legalmente vinculante con el
organismo que suministra el servicio contratado externamente, que incluya las
disposiciones en materia de confidencialidad y de conflicto de intereses, tal como se
especifica en el punto C del apartado 6.1.3. ”El requisito descrito anteriormente,
expresamente se refiere a un “servicio contratado”. En otras palabras, un servicio de
ensayos contratado externamente, ya efectuado (tiempo pasado), debe contar con
dicho contrato. En este sentido, el requisito no aplica, cuando no haya sucedido tal
servicio.

“4. De acuerdo a las conclusiones a las que llego el IAAC, de fecha el 29 de enero de
2020, informe que acciones correctivas se tomaron y las actividades implementadas
para prevenir la recurrencia de la no conformidad del numeral 6.2.2.3 de la norma la
ISO/IEC 17065:2012 señalada determinada en la queja 2018- CP03”.

Aunque sorprende que un tercero como el peticionario, tenga información sobre un
trámite adelantado ante IAAC, trámite que goza de plenas garantías de
confidencialidad, es importante precisar que ONAC presentó apelación de la decisión
del Comité Ejecutivo de IAAC relacionada con la aprobación del informe final de la
investigación a la que usted hace referencia. Como resultado de lo anterior, le informo
que el pasado 20 de agosto del año en curso, ONAC fue notificado por parte de la
secretaria de IAAC, sobre la revocatoria de la decisión, confirmando que ONAC
cumplió con su procedimiento de quejas.

En consecuencia, al no encontrarse en duda la competencia de ONAC, no existe
causa que motive el despliegue de acciones correctivas para “….prevenir la
recurrencia de la no conformidad del numeral 6.2.2.3 de la norma la ISO/IEC
17065:2012.”

“5. En caso de no haber corregido el procedimiento dentro de sus acciones, se solicita
actualizar el numeral 6 del documento INS-3.2- 02 ANEXO 10 ESPECIFICACIONES
PARA LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO CPR de 2020-09-08 y cualquier otro documento
relacionado para que se ajuste a lo establecido en el numeral 6.2.2.3 de la norma ISO
– IEC 16065:2012”

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De acuerdo con la respuesta al punto anterior, al no haber determinado infracción
alguna, no es posible atender su petición, sin embargo, ONAC revisará si existen
oportunidades de mejora al contenido del documento INS-3.2-02 ANEXO 10
ESPECIFICACIONES PARA LAS SOLICITUDES DE OTORGAMIENTO
ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO- CPR de manera general.
[…]”.

En consecuencia, para la Sala sí se agotó en debida forma el presupuesto procesal
objeto de estudio.

2.3.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante, de acuerdo con las pretensiones formuladas, invocó las
siguientes disposiciones:

“DECRETO 1595 DE 2015[25]
(agosto 05)

Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y
se modifica el Capítulo VII y la Sección 1 del Capítulo VIII del Título I de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio,
Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, y se dictan otras
disposiciones.

[…]
Artículo 2.2.1.7.7.6. Representación a cargo del Organismo Nacional de Acredi-
tación. El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia representará y llevará la
posición de país ante la Comunidad Andina de Naciones y foros multilaterales en
materia de acreditación, participará en las instituciones y actividades regionales e
internacionales relacionadas con actividades de acreditación, sin perjuicio de las
competencias que en la materia tengan las entidades públicas. Bajo tal condición
deberá:

1. Proveer sus servicios en condiciones no discriminatorias y observar las demás
disposiciones en materia de competencia económica.

2. Acreditar, previa verificación del cumplimiento de los requisitos pertinentes, a los
organismos de evaluación de la conformidad que lo soliciten.

3. Tramitar y responder, de conformidad con las disposiciones legales y reglamen-
tarias vigentes y las normas técnicas internacionales aplicables, las solicitudes que le
presenten los interesados.

4. Asegurar la idoneidad del personal involucrado en sus actividades.

5. Informar y solicitar concepto previo y aprobación al Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo sobre la intención de celebrar un acuerdo de reconocimiento
mutuo.

25
Compilado en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo”.
16
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6. Mantener un programa de vigilancia que permita demostrar, en cualquier momento,
que los organismos acreditados siguen cumpliendo con las condiciones y los
requisitos que sirvieron de base para su acreditación.

7. Establecer un procedimiento interno que permita a todos los involucrados en el
proceso de acreditación y de administración del organismo declararse impedidos y
excusarse de actuar en situaciones de posible conflicto de interés.

8. Obtener y mantener su reconocimiento internacional a través de la evaluación de
sus actividades por parte de pares internacionales y de la afiliación y participación en
las actividades programadas por las instituciones y actividades regionales e
internacionales relacionados con la acreditación.

9. Proporcionar al Gobierno nacional la información que le solicite sobre el ejercicio
de la actividad de acreditación, sin menoscabo del principio de confidencialidad.

10. Conceptuar de manera oficiosa o por solicitud sobre los proyectos de reglamentos
técnicos elaborados por entidades de regulación.

11. Participar en la Comisión Intersectorial de la Calidad.

12. Apoyar los procesos de legislación, regulación, reglamentación y presentar ante
las autoridades correspondientes iniciativas para promover las buenas prácticas en el
ejercicio de la acreditación, de las actividades de evaluación de la conformidad y de
vigilancia y control de las mismas.

13. Coordinar las funciones relacionadas con la acreditación previstas en este capítulo
y en las normas que lo modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.

14. Informar a los organismos evaluadores de la conformidad sobre cualquier cambio
en los requisitos de la acreditación.

15. Ejercer como autoridad de monitoreo en buenas prácticas de laboratorio de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pide el obedecimiento de un acto
administrativo vigente, por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción
se encuentra satisfecho.

No obstante, en la demanda también se solicita el acatamiento del numeral 6.2.2.3
de la norma técnica ISO/IEC 17065:2012. Al respecto, debe precisarse que esta
Sección ha concluido que el estudio de ese tipo de normativa especial, por medio
del presente medio de control, deviene en improcedente:

“(…) Sobre estas reglas de procedimiento, la Sala precisa que no constituyen
disposiciones con fuerza material de ley ni se trata de un acto administrativo, motivo
por el cual no resulta ser la acción de cumplimiento el medio de control adecuado
para hacer exigible la reglamentación técnica contenida en ellas […]” 26.

26
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de abril 6
de 2017, expediente 25000-23-41-000-2016-00533-01, M.P. Rocío Araújo Oñate, citada en la
sentencia de 6 de mayo de 2021, expediente 25000-23-41-000-2020-00358-01, M.P. Carlos Enrique
Moreno Rubio.
17
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En efecto, estas reglas se emiten por organismos internacionales de cooperación
de los que hace parte el ONAC, como estándares internacionales, producto de un
acuerdo de reconocimiento mutuo en ese nivel del sistema y de la cooperación
internacional de acreditación. Por tanto, no son concebidas de forma unilateral por
el ONAC y, si bien participa en su elaboración, dada su naturaleza de regulación
especial, no tienen el carácter de ley o acto administrativo, esto es, una norma de
naturaleza legislativa, proferidas por el legislador o la administración nacional de
forma unilateral27, simplemente son lineamientos comunes internacionales y, por
ende, no se puede entablar un debate en cuanto a su contenido frente a una
situación en particular o perseguir su obedecimiento por medio de esta acción28.

En consecuencia, no resulta ser la acción de cumplimiento adecuada para hacer
exigible la reglamentación técnica contenida en ellas, por ende, se revocará la
decisión de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de la demanda
respecto de la norma técnica ISO/IEC 17065:2012, para declarar su improcedencia
y se continuará el análisis del presente asunto sobre el artículo 2.2.1.7.7.6 del
Decreto 1595 de 2015.

2.3.4. De las causales de improcedencia de la acción constitucional

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, este
mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo obedecimiento de la norma o
acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e
inminente para el accionante.

De igual forma, esta Sección en reiterada jurisprudencia29 ha desarrollado “la
existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia, en aquellos
casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

Así, se ha indicado que “la razón de ser de esta causal de improcedencia es
garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio para
ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las
diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la
acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales
ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el

27
Sobre la procedencia de la acción frente a actos administrativos de carácter unilateral, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de julio de 2013,
expediente 25000-23-41-000-2013-00486-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
28
En ese sentido, puede consultarse la sentencia Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 12 de noviembre de 2020, expediente 25000-23-41-
000-2020-00370-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
29
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP.
Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-2012-
00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n° 05001-
23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
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Radicación: 25000-23-41-000-2020-00830-01

carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como
excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a
la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la
solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad,
urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio”30.

En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro medio
judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento del artículo 2.2.1.7.7.6 del
Decreto 1595 de 2015, el cual, a su juicio, se encuentra incumplido, porque la ONAC
no cumple con sus funciones de acreditar, evaluar y verificar los requisitos que deben
cumplir los OEC, para lo cual este mecanismo se torna procedente.

Asimismo, lo pretendido no implica la protección de derechos fundamentales y la
disposición del acto invocado tampoco conlleva la incursión de un gasto no
presupuestado que haga improcedente este medio de control.

2.3.5. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin embargo,
a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de disposiciones,
sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan como “deberes”31.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, un mandato “imperativo e inobjetable” en
los términos de los artículos 5, 7, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por ejemplo,
si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se cumplirá el
requisito bajo estudio.

En el presente asunto, la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda dirigida a
“Que se ordene al ONAC, que de manera inmediata, dé cumplimiento con sus funciones,
establecidas en el artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de 2015, el cual hace parte integral
del Decreto Único Reglamentario Nro. 1074 de 2015.”.

Para lo anterior, encontró acreditado que la ONAC como representante del país en
materia de acreditación ante la Comunidad Andina de Naciones, ha cumplido con
las funciones que debe desarrollar de acuerdo la decisión del IAAC de 20 de agosto
de 2020, en el que resolvió que el ONAC “se encuentra en cumplimiento con los

30
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP.
Alberto Yepes Barreiro.
31
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales
o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).
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requisitos del MLA de IAAC y aprobó el mantenimiento de su reconocimiento
mediante la resolución MLAG/2019/23”.

A su turno, en la impugnación los accionantes señalan que la conclusión del a quo
no es acertada por cuanto el IAAC, en la decisión de 20 de agosto de 2020, no revocó
la emitida con ocasión de la queja 2018-CP03 de 29 de enero de 2020, en la cual el
propio IAAC determinó que la parte demandada ha incumplido con los deberes que
dispone el numeral 2 del artículo 2.2.1.7.7.6 ejusdem, por lo que, en su criterio, es
evidente que no verifica y evalúa en debida forma los requisitos e información en
cuanto a la acreditación de los OEC, en especial, que los organismos de certificación
cuenten con un contrato legalmente vinculante con los laboratorios en donde realicen
los ensayos de funcionamiento para las mangueras ensambladas de freno de líquido
para automotores.

En primer lugar, la Sala debe precisar a los accionantes que la IAAC concluyó que
no se cumplía la verificación de las normas técnicas ISO/IEC, que como se dijo no
es procedente analizar en este medio de control, no que desatendiera la normativa
nacional.

Ahora bien, sobre el Decreto 1595 de 2015, esta Sección32 ya ha tenido la
oportunidad de indicar que son normas que están dirigidas en forma genérica al
Sistema General de Acreditación y constituyen obligaciones a cargo de todos los
organismos del Estado. No obstante, el mandato que precisó la parte demandante
en su impugnación, no se puede considerar incumplido por la ONAC, porque si bien
el numeral 2 del artículo invocado dispone que son sus funciones “Acreditar, previa
verificación del cumplimiento de los requisitos pertinentes, a los organismos de
evaluación de la conformidad que lo soliciten”, dicho deber se encuentra obedecido,
por cuanto es aceptado por los sujetos procesales del presente trámite que existen
6 organismos evaluadores de la conformidad acreditados por parte de la
demandada.

Igualmente, debe precisarse que, si bien la norma dispone previa verificación de
requisitos, seguidamente utiliza el término “pertinentes”, esto es, los que la ONAC
considere suficientes para poder acreditar a quien se lo solicite, es decir, de acuerdo
con su discrecionalidad, lo que de suyo desvirtúa que exista el mandato perentorio
que estima la parte actora.

Así las cosas, los reparos de la parte accionante frente al numeral señalado, no
conllevan a concluir que la ONAC incumpla sus deberes, por el contrario, lo que
sucede es que no existen laboratorios acreditados para las necesidades que
requiere la parte actora, pero es una situación diferente y no comporta el

32
Como se indicó en el pie de página 27 de esta sentencia. Asimismo, sobre acciones de
cumplimiento frente a la ONAC pueden consultarse, entre otras, sentencia de junio 15 de 2017,
expediente 25000-23-41-000-2017-00589-01, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio y sentencia de
noviembre 12 de 2020, expediente 25000-23-41-000-2020-00370-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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desobedecimiento de la norma invocada, toda vez que la demandada realizó las
acreditaciones con los requisitos pertinentes que consideró necesarios y que podía
exigir en su momento.

Bajo ese entendido, las pretensiones consecuentes formuladas, referentes a los
deberes de ejercer la evaluación, seguimiento e informar sobre el cambio de los
requisitos para la acreditación que deriva de los demás numerales del artículo
implorado en la demanda, tampoco pueden entenderse desatendidos con la
argumentación expuesta, toda vez que el hecho de no contar con laboratorios
acreditados para esa finalidad, lo cual no desvirtuó la parte demandante, no significa
la desatención de esas funciones, lo que ocurre es que actualmente no puede
exigirles un requisito imposible a los OEC. Igualmente, esa circunstancia no implica
que debió informar sobre el cambio de la reglamentación técnica para dicha materia,
pues en el evento que existan los laboratorios y pidan ser acreditados, si lo considera
la ONAC pertinente, proceda a exigirles a los OEC lo correspondiente.

Finalmente, en la impugnación se refiere a que no se tuvo en cuenta la decisión de
la queja que emitió la IAAC y que la propia demandada acepta que no existen OEC
que cuenten con un contrato legalmente vinculante con los laboratorios en donde
realicen los ensayos de funcionamiento para las mangueras ensambladas de freno
de líquido para automotores, pero tales circunstancias no implican que ha
incumplido con sus deberes, porque precisamente lo que informó es que no hay
laboratorios con tal condición, es decir, que presten ese servicio y, por ende, que
pueda acreditar con esa finalidad. Además, la disposición de la IAAC, que la parte
actora señala en su demanda e impugnación, simplemente contiene
recomendaciones, por lo que de aquel documento no se puede inferir que concurra
una obligación imperativa e inobjetable que se deba ordenar acatar o que el juez de
cumplimiento sea una instancia para que se ejecuten las consideraciones de la
IAAC, lo anterior, indistintamente de que los demandantes acudan ante dicha
organización internacional y utilicen los mecanismos que aquella instancia prevea
para atender las sugerencias que emite.

En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia de 25 de enero de 2020,
proferida por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el sentido de declarar improcedente la acción en cuanto al
acatamiento del numeral 6.2.2.3 de la norma técnica ISO/IEC 17065:2012 y se
confirmará la decisión de negarla sobre el artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto 1595 de
2015, porque no se ha incumplido.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,

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III. FALLA:

PRIMERO. REVOCAR parcialmente la sentencia de 25 de enero de 2020, proferida
por la Subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el sentido de: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción en cuanto
al acatamiento del numeral 6.2.2.3 de la norma técnica ISO/IEC 17065:2012 y
CONFIRMAR la decisión de negar la acción sobre el artículo 2.2.1.7.7.6 del Decreto
1595 de 2015, porque no se ha incumplido por parte de la ONAC.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE a las partes del presente asunto en la forma prevista
en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Login

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