Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00059-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00059-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2022-00059-00
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
19 de septiembre de 2022
ri
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación No.: 11001.-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
Convocado: Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-
Referencia: Recurso extraordinario de anulación de laudo arbitral — Ley
1563 de 2012
SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA
La Sala procede a resolver los recursos extraordinarios de anulación formulados
por la por parte convocada, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -
ONAC-, como por la convocante, Certificaciones S.A., contra el laudo arbitral
proferido el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por el Tribunal
de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Bogotá.
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
I. SÍNTESIS DEL CASO
El Organismo Nacional de Acreditación -ONAC- (parte convocada), por conducto
de apoderado judicial, formuló recurso extraordinario de anulación contra el laudo
arbitral proferido el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por el
Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá, que puso fin a las controversias surgidas con la firma
Certificaciones S.A. (parte convocante) durante la ejecución del "Contrato de
Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-O!N-050", celebrado
entre las partes el día 23 de junio de 2015, con fundamento, de una parte, en las
causales de anulación previstas en los numerales 2°, 7° y 9° del artículo 41 de la
Ley 1563 de 2012 y, de otra, porque a su juicio, en este asunto no se agotó el
trámite de solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones; A su turno, el apoderado de la parte convocante
presentó recurso de anulación con soporte en la causal 9' del artículo 41
ejusdem.
II. ANTECEDENTES'
2.1.- El 23 de junio de 2015 se firmó entre el Organismo Nacional de Acreditación
-en adelante ONAC- y Certificaciones SA., el contrato de otorgamiento y uso del
certificado de acreditaciór No. 14-0IN-050, por el cual el ONAC otorgó a esta
última la "autorización o licencia para utilizar el (los) certificados(s) de acreditación
con el alcance establecido en el ANEXO 1para los sitios incluidos en el ANEXO 1
de este contrato y bajo las condiciones del siguiente contrato (sic)".
2.2.- Las partes acordaron pacto arbitral, en la modalidad de cláusula
compromisoria, en el Artículo 13 del "Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050" de fecha 23 de junio de 2015, en el
que convinieron:
Conforme a la información reportaca en el Expediente Digital contenido en la la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial -SAMAI-, (Índice No. 2)
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
4.
"Artículo 13: Solución de Controversias Contractuales:
Cualquier diferencia que suda entre las partes en relación con este
CONTRATO, se solucionará a través del Centro de Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá de conformidad con las reglas del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Si no hubiera acuerdo entre las partes en el centro de conciliación, la
diferencia será resuelta por un Tribunal de Arbitramento el cual será
designado, convocado y sesionará de conformidad con las reglas del
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El Tribunal funcionará en dicho Centro, será institucional y estará
integrado por 1 Árbitro designado de común acuerdo, o en su defecto,
por sorteo del listado de árbitros del Centro de Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, quien decidirá en derecho. Los costos
que genere el Tribunal de Arbitramento serán cancelados por partes
iguales".
2.3.- La sociedad Certificaciones S.A., con fundamento en la cláusula
compromisoria contenida en el artículo 13 del "Contrato de Otorgamiento y Uso
del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050" de fecha 23 de junio de 2015,
promovió el 12 de septiembre de 2019 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación
de la Cámara de Comercio de Bogotá, la integración de un Tribunal de
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
Arbitramento para dirimir las controversias suscitadas con el ONAC durante la
ejecución del citado contrato; para tal efecto, fue designado por sorteo como
árbitro único el Dr. Henry Sanabria Santos.
2.4.- El Tribunal de Arbitramento se instaló el 26 de noviembre de 2019. En esta
audiencia se dictó el Auto No. 1 en el que: (i) se declaró legalmente instalado el
Tribunal; (ii) se designó como secretario al Dr. Carlos Humberto Mayorca
Escobar; y, (iii) se reconoció personería a los apoderados judiciales de las partes.
En la misma audiencia, mediante Auto No. 2 se inadmitió la demanda.
2.5.- La demanda arbitral fue, consecuentemente, subsanada, por medio de
escrito presentado oportunamente por la sociedad Convocante. En consecuencia,
el Tribunal Arbitral la admitió en proveído del 13 de febrero de 2020; no obstante,
la parte Convocante recurrió el auto admisorio de la demanda con el fin de que en
dicha providencia se dispusiera que el arbitraje debía considerarse como uno de
derecho público por dirigirse contra un particular que "ejerce función
administrativa". Así, en providencia de 19 de marzo de 2020, el Tribunal encontró
que la Convocada cumplía funciones administrativas y, en este sentido, concluyó
que la impugnación debía prosperar, por lo que dispuso vincular a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al Ministerio Público. Además, con
Auto No. 5 de esa misma fecha, el Tribunal aceptó la renuncia presentada por el
secretario del árbitro y designó como tal a la Dra. María Andrea Calero Tafur.
2.6.- El 28 de mayo de 2020, dentro de la oportunidad legal, el apoderado de la
parte convocada presentó escrito de contestación de la demanda en el que se
opuso a las pretensiones formuladas y presentó algunas excepciones de mérito,
objetó el juramento estimatorio, aportó pruebas y solicitó el decreto y práctica de
otras.
2.7.- Seguidamente, el 18 de junio de 2020, la firma Certificaciones S.A. presentó
escrito de reforma a la demanda, en el que formuló las siguientes pretensiones:
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Convocante: Certificaciones S.A.
"A. PRETENSIONES PRINCIPALES:
PRIMERA: Declare que entre el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia — ONAC y Certificaciones S.A. se celebró el 'Contrato de
Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050.'
SEGUNDA: Declare que el 'Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050' es contrario a las normas de
derecho público aplicables a la función de acreditación que tiene a cargo
el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia — ONAC.
TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, declare la nulidad
absoluta del denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN-050.' CUARTA: Declare que
el ONAC empleó el 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de
Acreditación No. 14-01N050' para retirar la acreditación No. 14-0IN- 050
sin respetarle las garantías propias del debido proceso de
Certificaciones S.A.
B. PRETENSIONES SUBSIDIARIAS DE LA PRETENSIÓN SEGUNDA,
TERCERA Y CUARTA PRINCIPAL:
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PRIMERA SUBSIDIARIA: En caso de que el Tribunal Arbitral no declare
la nulidad absoluta del Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado
de Acreditación No. No. 14-0IN-050, le solicito entonces declarar que el
ONAC incumplió lo dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del
denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de
Acreditación No.. 14- 01N-050' al retirarla acreditación No. 14-GIN- 050
sin respetar las garantías propias del debido proceso de Certificaciones
S.A.
SEGUNDA SUBSIDIARIA: Declare también que el ONAC incumplió lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del denominado 'Contrato
de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN-
050' al retirar la acreditación No. 14- OIN-050 sin sujetarse a lo previsto
en la Sección 10 de las Reglas del Servicio de Acreditación R-AC-01
Versión 07.
TERCERA SUBSIDIARIA: Declare también que el ONAC incumplió lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del denominado 'Contrato
de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN-
050' al retirar la acreditación No. 14- 01N-050 sin sujetarse a lo previsto
en la Sección 11 de las Reglas del Servicio de Acreditación R-AC-01
Versión 07.
C. PRETENSIONES COMUNES A LAS PRINCIPALES Y
SUBSIDIARIAS:
PRIMERA COMÚN: Declare la ilegalidad del retiro de la acreditación No.
14-01N050 de la cual era titular la sociedad Certificaciones S.A.
SEGUNDA COMÚN: Declare que el ONAC es responsable por los
daños antijurídicos causados a Certificaciones S.A. a raíz del retiro ilegal
de la acreditación 14-0IN-050.
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Convocante: Certificaciones S.A.
TERCERA COMÚN: Condene al ONAC a resarcir los perjuicios que le
causó a Certificaciones S.A., en sus modalidades de daño emergente y
lucro cesante, derivados del retiro ilegal de la acreditación 14-0IN-050, y
que ascienden a CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS
PESOS ($4.207.945.172).
CUARTA COMÚN: Condene al ONAC al pago del ajuste del monto de la
indemnización en los términos del artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
QUINTA COMÚN: Condene al ONAC al pago de las costas y agencias
en derecho que se fijen dentro del proceso.
SEXTA COMÚN: Ordene al ONAC a dar cumplimiento al laudo en su
contra en los términos de lo previsto en el artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
2.8.- El Tribunal Arbitral a través del Auto No. 10 admitió la reforma a la demanda;
no obstante, el ONAC formuló recurso de reposición cántra dicha decisión y este
fue resuelto desfavorablemente mediante Auto No. 11 del 28 de julio de 2020.
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
2.9.- El 13 de agosto de 2020, el ONAC radicó el escrito de contestación de la
demanda reformada, en el que se pronunció sobre los hechos y pretensiones
rogadas y, además, formuló excepciones de mérito. Así mismo, objetó el
juramento estimatorio, aportó pruebas y solicitó el decreto y práctica de otras.
Luego, la sociedad Legaltec Colombia S.A.S. solicitó, su vinculación al trámite
arbitral a título de litisconsorcio cuasi-necesario, solicitud que fue aceptada por el
Tribunal por medio de Auto No. 18.
2.10.- El día 23 de noviembre de 2020, se cumplió la primera audiencia de trámite
en la que el Tribunal analizó el contenido de las controversias puestas en su
conocimiento y encontró acreditada la existencia del . pacto arbitral; consideró,
además, que las controversias planteadas estaban cobijadas por este acuerdo y,
por tanto, resolvió declararse competente para decidir en derecho las
controversias patrimoniales contenidas en la demanda arbitral reformada, las
excepciones perentorias formuladas y la respuesta a estas; sin embargo, frente a
esta decisión las partes en conflicto no interpusieron recurso alguno. A
continuación, el arbitro decretó las pruebas solicitad,as por los extremos del
proceso.
2.11. Una vez concluida la etapa probatoria, se llevó a cabo la audiencia de
alegatos de conclusión referida en el artículo 33 de la Ley 1563 de 2012, para lo
cual, las partes y el agente del Ministerio Público, formularon sus alegaciones en
el marco de la diligencia celebrada el 12 de agosto de 2021.
2.12.- El Tribunal de Arbitramento resolvió, a través de laudo de fecha treinta (30)
de noviembre de dos mil veintiuno (2021), acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Así, el árbitro dispuso lo siguiente:
"(...) Primero.- Declarar probada la excepción de caducidad del medio
de control de controversias contractuales respecto de la pretensión
tercera principal de la demanda arbitral en su versión reformada,
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Convocante: Certificaciones SA.
pretensión que, en consecuencia, se deniega.
Segundo.- Declarar no probada la excepción de mérito de caducidad
del medio de pontrol de controversias contractuales respecto de las
demás pretensiones principales y subsidiarias de la demanda.
Tercero.- Declarar que entre el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia — 0IVAC y Certificaciones S.A. se celebró el Contrato de
Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-05a
Cuarto.- Negar, por carecer de fundamento jurídico y fáctico, las
pretensiones principales segunda y cuarta de la demanda arbitral en su
versión reformada.
Quinto.- Declarar no probadas las demás excepciones de mérito
formuladas por Organismo Nacional de Acreditación de Colombia —
ONAC.
Sexto.- Declarar que el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia — ONAC incumplió el Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. 14- 01N-050, en especial los artículos 1
y 2 del numeral 2.1., por haber retirado la acreditación a Certificaciones
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S.A., sin respetar las garantías propias del debido proceso y sin
observar lo previsto en las Secciones 10 y 11 de las Reglas del
Servicio de Acreditación R-AC-01 Versión 07, de acuerdo con las
precisas consideraciones incorporadas en este Laudo.
Séptimo.- Declarar la ilegalidad de la decisión de retirar la acreditación
No. 14-01N050 de la cual era titular la sociedad Certificaciones S.A.
Octavo.- Condenar al Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia — ONAC a pagar a favor de Certificaciones S.A., por
concepto de lucro cesante causado por el retiro de la acreditación y la
consecuente terminación del Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050, la suma de
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MNILLONES NOVECIENTOS
VEINTICINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS ($373.925.033,00), de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Noveno.- La anterior condena deberá cumplirse en la forma prevista
por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Décimo.- Abstenerse de condenar en costas de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva del laudo.
Decimoprimero.- Informar sobre la expedición de este Laudo al Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Decimosegundo.- Disponer que por Secretaría se expidan copias
auténticas del presente laudo arbitral con destino a cada una de las
partes, con las constancias de ley, y que se remita el expediente para
su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de
Comercio de Bogotá":
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Convocante: Certificaciones S.A.
2.13.- Las solicitudes de aclaración, corrección y complementación del laudo
arbitral formuladas por las partes, fueron resueltas desfavorablemente por el
Tribunal en Auto No. 43 del 13 de diciembre de 2021, en los términos y por las
razones allí señalados.
2.14.- El 24 de enero de 2022, el apoderado del ONAC presentó recurso
extraordinario de anulación de laudos arbitrales, con fundamento en las causales
r, r y 9a del art. 41 en la Ley 1563 de 2012; alegó, además, que en este proceso
no se agotó el "trámite de solicitud de interpretación prejudicial ante el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN"; por último, solicitó la
suspensión provisional de esta decisión arbitral con fundamento en lo previsto en
el artículo 42 ejusdem. A su turno, el apoderado de Certificaciones S.A. en escrito
presentado el día 24 de enero de esta anualidad, formuló recurso extraordinario
de anulación con soporte en la causal 98 del artículo 41 ejusdem.
2.15.- El 15 de febrero de 2022, el ONAC como parte convocada descorrió el
traslado del recurso y se opuso a todas y cada una de las consideraciones
expuestas, por lo que solicitó negar por improcedente el recurso de anulación
presentado. Por su lado, el 17 de febrero de esta anualidad, el apoderado de la
firma Certificaciones S.A. se opuso a las causales de anulación invocadas por la
convocada y solicitó que, consecuentemente, se declare infundado el recurso
formulado.
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
2.16.- El 16 de febrero de 2022, el Ministerio Público rindió su concepto por
conducto de la Procuradora 144 Judicial II para Asuntos Administrativos, en el que
consideró que los recursos de anulación debían declararse infundados.
2.17.- El 4 de mayo de 2022, el despacho del magistrado sustanciador dictó auto
por el cual dispuso, de una parte, avocar el conocimiento de los recursos
extraordinarios de anulación formulados y, de otra, suspender la ejecución de lo
dispuesto en el laudo arbitral proferido el 30 de noviembre de 2021, hasta que se
decidan los recursos presentados.
III. LAS CAUSALES DE ANULACIÓN
Las causales invocadas para deprecar la anulación del laudo del Tribunal de
Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, proferido el 30 de noviembre de 2021, son las previstas en los numerales
2°, 7°, y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, a saber: "28.
La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia"; "P. Haberse
fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo" y, "98. Haber recaído el laudo sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo
pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento". Así mismo,
el ONAC alegó que en este proceso no se agotó el "trámite de solicitud de
interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones CAN".
IV. CONSIDERACIONES
Para resolver los recursos extraordinarios de anulación interpuestos, la Sala
analizará los siguientes tópicos: (i) La competencia del Consejo de Estado para
conocer el presente asunto; (ii) El recurso de anulación de laudos arbitrales, su
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Convocante: Certificaciones S.A.
naturaleza y características, (iii) Las causales invocadas y los recursos de
anulación en el caso concreto; (iv) la procedencia de la condena en costas.
4.1. Competencia
La Sección Tercera del Consejo de Estado conoce en única instancia de los
recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados
en contratos celebrados por las entidades públicas o por quienes desempeñen
funciones administrativas o en los que intervenga una entidad pública o quien
desempeñe funciones administrativas, tal como lo establece el artículo 149.7 de la
Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el inciso 3° del artículo 46 de la
Ley 1563 de 20122.
El laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia
surgida en el marco de la ejecución del Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050 de fecha 23 de junio de 2015,
acuerdo negocial suscrito, de una parte, por la sociedad Certificaciones S.A.,
domiciliada en la ciudad de Bucaramanga e identificada con el Nit. No.
900.145.799-3 y, de otra parte, por el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia -ONAC-, identificado con el Nit. No. 900.190.680-7, persona jurídica
debidamente constituida con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la
modalidad de corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta
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por comparecer a su creación personas públicas y particulares, constituida en
documento privado del 20 de noviembre de 2007, debidamente autenticado por la
Notaría Sexta de Bogotás, en el marco del Código Civil y las normas sobre ciencia
y tecnología del Decreto Ley 393 de 1991, y con fundamento en las facultades
establecidas artículo 96 de la Ley 489 de 19984 -que regula la constitución de
asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las
entidades públicas con participación de particulares- y las normas técnicas
internacionales aplicables, de manera tal que se trata de una entidad oficial de
segundo orden descentralizada e indirecta por servicioss. Además, el ONAC, en
'Artículo 46. Competencia. Para conocer del recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales, será competente
(...) Cuando se trate de recurso de anulación y revisión de laudo arbitrales en los que intervenga una entidad pública o
quien desempeñe funciones administrativas, será competente la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado".
3 En los términos del articulo 3° del Decreto 4738 de 2008 "Por el cual se dictan normas sobre intervención en la economía para
el ejercicio de las :t'Unciones de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad que hagan parte del Subsistema
Nacional de la Calidad y se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio".
4 "Artículo 96.- Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades
públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo
podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asocial se con personas
jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el
desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley.
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 355 de la constitución Palidecí en ellos se determinara con precisión su objeto. termino, obligaciones de las partes.
aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.
Cuando en virtud de la dispuesto en el presente artículo, sudan personas jurídicas sin ánimo de lucro, estas se sujetarán a
las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común.
En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que de origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes
aspectos:
a. Los objetivos y actividades a cargo. con precisión de la conexidad con los objetivos, júnciones y controles propios de las
entidades públicas participantes;
b. Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago. con sujeción a las
disposiciones presupuestales y fiscales. para el caso de las públicas:
c. La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento yfuncionamiento de la entidad;
d. La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales deben participar representantes de las
entidades publicas y de los particulares;
e. La duración de la asociación y las causales de disolución."
5 El concepto de entidad descentralizada indirecta se consagró en el artículo 4° del Decreto 3130 de 1968, disposición que
establecía lo siguiente: "(...) las personas jurídicas en las cuales participen la nación y entidades descentralizadas
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Convocante: Certificaciones S.A.
los términos del artículo 1° del Decreto 865 de 20136, funge como "único
organismo nacional de acreditación que de manera exclusiva ejercerá y
coordinará las funciones previstas en el Decreto 2269 de 1993 y en el Decreto
4738 de 2008", al tanto que el artículo 2° del Decreto 1595 de 20157, que adicionó
el artículo 1.1.3.20 al Decreto 1074 de 2015 -Único Reglamentado del Sector
Comercio, Industria- determina que el "Organismo Nacional de Acreditación-
ONAC — será la entidad encargada de acreditar la competencia técnica de los
organismos de evaluación de la conformidad".
Sobre el particular, conviene recordar que la Corte Constitucional en la sentencia
C-219 de 20158, analizó la constitucionalidad del Decreto 019 de 2012 y se refirió
a la existencia de personas jurídicas sin ánimo de lucro, creadas a la luz del
Decreto 393 de 1991, cuyas funciones se enmarcan en una forma de
descentralización por colaboración o por servicios al amparo de los artículos 123,
210 y 267 de la Constitución Política, entre otras disposiciones. Al punto, señaló lo
siguiente frente a la naturaleza del ONAC:
"(...) 6.4.2. Las personas jurídicas de derecho privado, han sido
clasificadas en el derecho civil como fundaciones y corporaciones, ambas
sin ánimo de lucro. Mientras que las fundaciones son personas jurídicas
que requieren de la existencia de un conjunto de bienes y su afectación
por el fundador para fines de utilidad pública, la Corporación resulta de la
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
asociación de un conjunto de personas que buscan desarrollar un servicio
o actividad que promueve intereses generales y que les representa un
beneficio.
6.4.3. El Decreto 393 de 1991 "Por el cual se dictan normas sobre
asociación para actividades científicas y tecnológicas, proyectos de
investigación y creación de tecnologías", en virtud del cual se constituyó el
ONAC, establece en el numeral 1 del artículo 1° que, para adelantar
actividades científicas y tecnológicas proyectos de investigación y
creación de tecnologías, la Nación y sus entidades descentralizadas
podrán asociarse con los particulares, balo la modalidad de corporaciones
v fundaciones, mediante la creación de organización de sociedades civiles
v comerciales y personas jurídicas sin ánimo de lucro como corporaciones
y fundaciones.
territorialmente o por servicios, asociadas entre ellas o con particulares, cuando para tal efecto estuvieren debidamente
autorizadas, serán clasificadas en el acto de su constitución dentro de las categorías que establece el decreto 1050 de 1968,
y en dicho acto también se precisará su pertenencia al orden nacional, departamental o municipal, según la naturaleza y
ámbito del servicio, la proporción de las participaciones y la intención de sus creadores. Igual regla se seguirá con respecto
a las personas jurídicas que se creen por la asociación de entidades descentralizadas, con o sin participación de personas
privadas. Cuando la nación o los organismos descentralizados adquieran derechos o acciones en entidades que hasta ese
momento tenían el carácter de personas jurídicas de derecho privado, se harán inmediatamente, si fuere del caso, las
reformas estatutarias que las sometan al régimen que les corresponda conforme al decreto número 1050 de 1968 y al
presente decreto". Ahora, si bien el Decreto 3130 de 1968 fue derogado expresamente por el articulo 121 de la Ley 489 de
1998, la doctrina y la jurisprudencia aun definen como entidades descentralizadas indirectas ode segundo grado a aquellas
personas jurídicas que nacen no de la ley sino de la voluntad asociativa de los .entes públicos, en unión entre si o con
particulares. Al punto, ver Tafur Galvis. Alvaro, "Las entidades descentralizadas", Bogotá, Talleres Gráficos Montoya y
Araujo, 1984; Vidal Perdomo, Jaime, "Derecho Administrativo", Bogotá, Legis, 2016.
6 "Por el cual se designa al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) como único organismo de
acreditación y se dictan otras disposiciones".
7 "Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el capítulo 7 y la sección 1 del
capítulo 8 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, industria y Turismo,
Decreto 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones"
Corte Constitucional, Sentencia C-219 del 22 de abril de 2015. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
8
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
6.4.4. De acuerdo con el artículo 5° del mismo Decreto, el régimen legal
aplicable a las sociedades civiles y comerciales y las personas jurídicas
sin ánimo de lucro como corporaciones y fundaciones, son las normas
pertinentes del Derecho Privado. Al respecto, la jurisprudencia ha indicado
que incluso las corporaciones y fundaciones en las que el Estado tenga
participación mayoritaria y que por consiguiente tengan la condición de
entidades estatales, siguen siendo personas jurídicas de derecho privado.
6.4.5. Las funciones de las corporaciones se enmarcan en una forma de
descentralización por colaboración o descentralización por servicios que
encuentra fundamento en los artículos 123, 210 y 267 de la Constitución.
La jurisprudencia ha señalado al respecto que, "las referidas
corporaciones y fundaciones de participación mixta han sido reconocidas
en nuestro derecho como entidades descentralizadas indirectas, es decir,
constituyen modalidades de la descentralización por servicios. Por lo
tanto, son entes que poseen una vinculación con el Estado en cuanto
participan en el cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los
cometidos propios de éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a
ellas les entrega• a título de aporte o participación bienes o recursos
públicos".
6.4.6. Sobre este tipo de corporaciones y fundaciones, la jurisprudencia
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
estimó en su momento que "el régimen que permite la conformación de
las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con carácter mixto por
la participación de aportes de la Nación y de sus entidades
descentralizadas, en todo caso significa la posibilidad de utilizar formas
válidas y legítimas de asociación y participación en la gestión de fines
públicos o de la atención y de la prestación de verdaderos servicios
públicos, y no comportan por sí mismas un simple traslado de recursos
públicos a los particulares" Lo anterior es coherente con la Constitución,
en la que se prevén mecanismos para la distribución de competencias de
forma participativa y coordinada entre el Estado y los asociados quienes
también están llamados a colaborar con las autoridades para lograr los
fines estatales y el interés colectivo, tal y como lo consignan los artículos
95 y 355 Superior
6.4.7. Así las cosas, la Corte ha reconocido que la realización de
actividades de desarrollo y promoción de la investigación científica
tecnológica, es un obietivo que el Estado debe realizar por mandato
constitucional y que puede desarrollarse en asocio con personas
privadas, a través de corporaciones sin ánimo de lucro que, para estos
efectos, se consideran entidades descentralizadas por servicios de
carácter indirecto. Aun cuando las normas de derecho privado repulan el
funcionamiento de dichas asociaciones, la participación pública en las
mismas, ordena la aplicación de medidas especiales en relación con el
control administrativo y fiscaL" (Destaca la Sala)
Con fundamento en este criterio, la jurisprudencia de la Corporación ha
considerado de tiempo atrás que el ONAC cumple una función publica de
acreditación9, "para los efectos del artículo 6° de la Ley 393 de 1997"1°. Sobre el
particular, se dijo lo siguiente:
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 15 de junio de 2017. Exp: 25000-23-41-000-2017-00589-0I(ACU)
I° Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 6 de abril de 2017. Exp.: 25000-23-41-000-2016-00533-01(ACU)
9
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
"(...) En sentencia C-219 del 22 de abril de 2015, la Corte Constitucional
consideró que las funciones de la ONAC, que inicialmente eran realizadas
por la Superintendencia de Industria y Comercio, se enmarcan "en una
forma de descentralización por colaboración o descentralización por
servicios que encuentra fundamento en los artículos 123, 210 y 267 de la
Constitución".
En la citada sentencia, la Corte agregó que "... las referidas corporaciones
y fundaciones de participación mixta han sido reconocidas en nuestro
derecho como entidades descentralizadas indirectas, es decir, constituyen
modalidades de la descentralización por servicios. Por lo tanto, son entes
que poseen una vinculación con el Estado en cuanto participan en el
cumplimiento de actividades que constituyen objeto de los cometidos
propios de éste, hasta el punto de que aquél al asociarse a ellas les entrega
a título de aporte o participación bienes o recursos públicos".
Reconoció entonces la Corte que constituye una forma válida y legítima de
asociación y participación en la gestión de fines públicos y que la
matización de sus funciones y de actividades de desarrollo y promoción de
la investigación científica y tecnológica, es un objetivo que el Estado debe
realizar por mandato constitucional y que puede desarrollarse en asocio
con personas privadas, a través de corporaciones sin ánimo de lucro que,
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
para estos efectos, se consideran entidades descentralizadas por servicios
de carácter indirecto.
Aun cuando las normas de derecho privado regulan el funcionamiento de
dichas asociaciones, la participación pública en las mismas, ordena la
aplicación de medidas especiales en relación con el control administrativo y
fiscal.
Cabe destacar que inicialmente, las funciones de acreditación eran
realizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, que inició esta
actividad en 1994 y posteriormente, en el CONPES 3446 de 2006, el
Gobierno Nacional dispuso impulsar un organismo con las características
del ONAC como estrategia para la conformación del Subsistema Nacional
de la Calidad en Colombia, en cumplimiento del cual se creó el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia, como una corporación de carácter
privado, sin ánimo de lucro de naturaleza y participación mixta, constituida
a partir del 20 de noviembre de 2007, dentro del marco del Código Civil, las
normas sobre ciencia y tecnología y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y lo establecido en el Decreto 4738 de
2008, modificado por los Decretos 323 de 2010, y 2124 de 2012, cuyas
actividades y programas están sujetas al control administrativo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los términos del artículo 109
de dicha Ley.
A partir del Decreto 4738 de 2008, todas las funciones de acreditación que
antes se encontraban en cabeza de la Superintendencia de Industria y
Comercio, fueron designadas por el Gobierno al ONAC, cuyo objeto
principal es acreditar la competencia de los organismos evaluadores de la
conformidad y desempeñar las funciones de Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia.
10
Radicado:11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
En virtud de lo expuesto,. la Sala entiende que cumple una función pública,
para los efectos previstos en el artículo 6° de la Lev 393 de 1997 [...1"" (Se
destaca)
En ese orden de cosas y, atendiendo la naturaleza jurídica de la convocada, la
Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente controversia.
4.2. El recurso de anulación de laudos arbitrales, su naturaleza y
características.
En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera del Consejo de Estado12, ha
precisado la naturaleza y alcance del recurso de anulación, aspectos sobre los
que ha destacado lo siguiente:
(i) El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional,
restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del
correspondiente proceso; (ii) la finalidad del recurso se orienta a cuestionar la
decisión arbitral por errores in procedendo (por violación de leyes procesales),
que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas
reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
derecho de defensa y del debido proceso; (iii) mediante el recurso extraordinario
de anulación no es posible atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo,
errores in iudicando (por violación de leyes sustantivas), es decir, si el Tribunal
obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva,
indebida aplicación o interpretación errónea), ni plantear o revivir un nuevo debate
probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en
las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal, puesto que el
juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en
consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para
modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterios13; (iv) de
manera excepcional, el juez de anulación podrá corregir o adicionar el laudo si
prospera la causal de incongruencia, al no haberse decidido sobre cuestiones
sometidas al conocimiento de los árbitros o por haberse pronunciado sobre
aspectos no sujetos a la decisión de los mismos o por haberse concedido más de
lo pedido; (y) los poderes del juez del recurso de anulación están limitados por el
llamado "principio dispositivol4, según el cual, es el recurrente quien delimita, con
la formulación y sustentación del recurso, el objeto que con él se persigue y ello,
obviamente, dentro de las precisas y taxativas causales que la ley consagra"; por
tanto, no le es permitido interpretar lo expresado por el recurrente para entender o
deducir la causal invocada y, menos aún, pronunciarse sobre aspectos no
" ibídem
12 Sentencia de mayo 15 de 1992 (Expediente 5326); Sentencia de noviembre 12 de 1993 (Expediente 7809); Sentencia de
junio16 de 1994 (Expediente 6751); Sentencia de octubre 24 de 1996 (Expediente 11632); Sentencia de mayo 18 de 2000
(Expediente 17797); Sentencia de agosto 23 de 2001 (Expediente] 9090); Sentencia de junio 20 de 2002 (Expediente
19488); Sentencia de julio 4 de 2002 (Expediente 21217); Sentencia de julio 4 de 2002 (Expediente 22.012); Sentencia de
agosto I° de 2002 (Expediente 21041): Sentencia de noviembre 25 de 2004 (Expediente.25560); Sentencia de abril 28 de
2005 (Expediente 25811); Sentencia de junio 8 de 2006 (Expediente 32398); Sentencia de diciembre 4 de 2006
(Expediente 32871); Sentencia de marzo 26 de 2008 (Expediente 34071); Sentencia de mayo 21 de 2008 (Expediente
33643); y Sentencia de mayo 13 de 2009 (Expediente 34525).
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de abril de 2017, Expediente No. 58527, M.P. Jaime Enrique
Rodriguez Navas.
" Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326; en el mismo sentido pueden
consultarse las sentencias de 4 de agosi o de 1994, Exp. 6550 y de 16 de junio de 1994, Exp. 6751.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 15 de mayo de 1992, Exp. 5326; en el mismo sentido pueden
consultarse las sentencias de 4 de agosi o de 1994. Exp. 6550 y de 16 de junio de 1994, Exp. 6751.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
contenidos en la formulación y sustentación del correspondiente recurso
extraordinario de anulación16 y, (vi) dado el carácter restrictivo que caracteriza el
recurso, su procedencia está condicionada a que se determinen y sustenten,
debidamente, las causales que de manera taxativa se encuentran previstas por la
ley para ese efecto17; consecuentemente, el juez de la anulación debe rechazar
de plano el recurso cuando las causales que se invoquen o propongan no
correspondan a alguna de las señaladas en la ley".
4.3 Las causales invocadas y el recurso de anulación en el caso concreto"
4.3.1. Como primera causal de anulación se plantea la "caducidad de la
acción, la falta de jurisdicción o de competencia", prevista en el numeral 2°
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
4.3.4.1. Argumentos de la parte convocada (ONAC) relacionados con la
referida causal
El recurrente sostuvo, en síntesis, que, por la naturaleza jurídica, el carácter de
las funciones y las normas de procedimiento del ONAC para el retiro de las
certificaciones, el asunto no es arbitrable a la luz de la Ley 1563 de 2012, además
que, el Tribunal no fue expresa ni tácitamente habilitado por las partes para
pronunciarse sobre esos aspectos.
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
Agregó que esa falta de competencia se originó en el laudo y, por consiguiente, el
ONAC no contó con la posibilidad de recurrir los pronunciamientos sobre la
naturaleza del organismo y sus procedimientos, por lo que no es predicable la
falta de agotamiento del requisito de procedibilidad señalado en el inciso primero
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
En ese orden, señaló que en el auto No. 20 del 23 de noviembre de 2020 -dictado
en el marco de la primera audiencia de trámite-, el Tribunal Arbitral declaró su
propia competencia para estudiar y analizar la existencia, validez y eficacia del
contrato, así como su incumplimiento, la ilegalidad de ,la decisión de retiro de la
acreditación, la responsabilidad contractual y la consecuente indemnización.
Sostuvo que, a su juicio, la materia sometida " a conocimiento excluía
pronunciamiento alguno sobre la naturaleza jurídica de la actividad de
acreditación y las normas que gobiernan el procedimiento de retiro de
acreditaciones, además que, esa decisión en modo alguno habilitó expresa o
tácitamente al Tribunal Arbitral para determinar, desde un punto de vista
sustancial, la naturaleza jurídica del ONAC y calificar -sus procedimientos como
actuaciones administrativas sujetas al CPACA.
Señaló que, si bien es cierto que el Tribunal a través del auto No. 4 de 19 de
marzo de 2020 declaró que el ONAC cumple funcioneb administrativas, lo cierto
es que esta decisión tuvo efectos procesales para vincular al Ministerio Público y
la ANDJE, además que no era recurrible pues esa decisión resolvió un recurso de
reposición y no modificó la declaración de competencia.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 32871.
"Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2004, Expediente 25094, entre otras,
IS Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Etcp. 32871. Consejo de Estado, Sección
Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2004. Exp. 25094. entre otras.
19 Conforme a la información reportada en el Expediente Digital contenido en la la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial -SAMAI-, (Índice No. 2)
12
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
Sostuvo, finalmente, que la actividad de acreditación es una función irrenunciable,
indisponible e inderogable directamente por las partes, lo que excluía cualquier
pronunciamiento del Tribunal sobre el particular. Destacó que los procedimientos
están establecidos en las normas técnicas sin que sea posible para ninguna de
las partes disponer y/o renunciar a lo establecido en estas, al tanto que, la
naturaleza, función y procedimientos del ONAC no se encuentran incluidos en el
pacto arbitral.
4.3.4.2. Posición de la parte convocante (Certificaciones S.A.)
Frente a estos argumentos, quien fungió como parte convocante en el trámite
arbitral señaló, en síntesis, al descorrer el traslado del recurso, que la causal
alegada no está llamada a prosperar teniendo en cuenta que el ONAC no repuso
el auto de asunción de competencia del Tribunal contenido en el Auto No. 20 del
23 de noviembre del 2020, y por ello, de plano se hace improcedente el trámite
del recurso de anulación.
Al punto, recordó algunas actuaciones del trámite arbitral y destacó que, desde un
principio, el Tribunal asumió competencia para pronunciarse sobre las materias
respecto de las cuales se pronunció en el laudo arbitral, de manera tal que el
recurrente debió interponer el recurso de reposición contra el auto de asunción de
competencia. Como no lo hizo, sino que con sus actuaciones reafirmó el objeto
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
del litigio, es evidente que la causal invocada debe ser rechazada por
improcedente.
Destacó, además, que el árbitro se declaró competente para conocer y resolver
sobre la totalidad de las pretensiones y excepciones formuladas en el presente
caso, teniendo en cuenta que su habilitación derivaba de la amplitud con la que
fue redactada la cláusula compromisoria del contrato por parte del ONAC,
además que, a su juicio, el recurso interpuesto no es más que el inconformismo
de la recurrente con el fondo y el sentido del laudo.
Sostuvo, finalmente, que no es cierto que el laudo contenga una decisión de cosa
juzgada sobre la naturaleza de la función de acreditación, ya que estos criterios
son el resultado del deber constitucional y legal que le asistía al fallador de aplicar
unos precedentes que han sido mantenidos en forma uniforme por las más altas
cortes desde hace más de media década.
4.3.4.3. Argumentos del Ministerio Público relacionados con esta causal
El agente del Ministerio Público consideró, en primer lugar, que la convocada no
cumplió con el requisito de procedibilidad para recurrir en anulación por la causal
2a del artículo 41 del estatuto arbitral, ya que no interpuso el recurso de reposición
contra el auto que declaró que el árbitro era competente para conocer de la
controversia, de manera tal que la causal no está llamada a prosperar.
En segundo lugar, sostuvo que, como las partes habilitaron al Tribunal para
decidir sobre las controversias generadas durante la ejecución del contrato y el
retiro de la acreditación, mal podría afirmarse en esta instancia que al efectuar el
análisis de la función de acreditación el Tribunal actuó sin jurisdicción o sin
competencia. En ese orden, no puede ahora señalar la convocante que la
supuesta falta de competencia o jurisdicción se generó en la sentencia por haber
efectuado análisis de la función para concluir que era administrativa, porque
desde la demanda reformada se sometió a debate la función de acreditación, al
13
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
tanto que la conclusión a la que arribó el Tribunal sobre la naturaleza
administrativa de la función no devino de un criterio arbitrario.
4.3.4.4.- Consideraciones de la Sala frente a la causal de anulación
planteada
El numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2011 establece la causal de
anulación por "falta de jurisdicción o de competencia". En el asunto sub lite es
objeto de análisis la competencia.
Como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corporación, la jurisdicción tiene que
ver con un atributo de la soberanía del Estado en el que se manifiesta la función
pública de administrar justicia bajo criterios de especialidad de los órganos
jurisdiccionales a los que se les ha asignado tal cometido. A su turno, la
competencia, corresponde al poder o facultad que 'tiene un sujeto u órgano
perteneciente a la jurisdicción, para adoptar una decisión en un asunto o materia
especifica2°.
De esta forma, el artículo 116 de la Constitución Política dispone que la función
jurisdiccional será ejercida por las Cortes, los jueces y,demás autoridades que, a
través de jurisdicciones especiales o por facultad reconocida a los particulares de
forma transitoria, están investidos del poder de administrar justicia. En este orden,
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
el arbitraje quedó inscrito como un mecanismo procesal, aunque transitorio, de
administración de justicia por particulares, cuya competencia se fija en función de
los asuntos que, de manera precisa y expresa, le asignen las partes del conflicto
bajo el respectivo pacto arbitral ("principio" de habilitación)21.
Por su lado, el artículo 3 la Ley 1563 de 2012 establece que el pacto arbitral es un
negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter a
arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Esta
disposición reconoce expresamente que el pacto arbitral, expresado mediante la
forma de cláusula compromisoria, implica la renuncia dé las partes a acudir al juez
ordinario, para, en su lugar, habilitar a la justicia arbitral con el propósito de que
sea ésta la que conozca el conflicto suscitado con ocasión de su actividad
contractual.
Con fundamento en lo anterior, la falta de jurisdicción tiene lugar frente a los
eventos que el legislador ha excluido del conocimiento de la jurisdicción arbitral, y
en los casos en que una de las partes del proceso no haya suscrito, ni decida
suscribir, el compromiso o la cláusula compromisoria; por su lado, la falta de
competencia se presenta como un vicio que afecta las actuaciones de quien
expide o adopta una decisión sin estar investido legalmente del poder o facultad
para hacerlo22.
En lo que tiene que ver con la justicia arbitral, la falta de competencia se explica a
la luz de la efectiva verificación de los factores objetivo y subjetivo, en los que
debe acreditarse que se trate de una controversia que recaiga sobre asuntos y
derechos de libre disposición, al lado de lo cual se debe apreciar que las
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de noviembre de 2020, Exp. 65494
'Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2016. Rad.: 54405.
22 En otras palabras, si en estricto sentido, "la competencia se refiere solo a la aptitudpara tomar decisiones, o sea emitir
actos jurídicos, se tiene que la incompetencia es la falta de poder legal para tomar esas decisiones o proferir
providencias necesarias o inherentes a la actividad administrativa o jurisdiccional" Consejo de Estado, Auto de 31 de
julio de 1980.
14
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
pretensiones de la demanda se enmarquen en el pacto que da origen al proceso,
pues allí se establece la medida de la jurisdicción, que es la competencia23.
La falta de jurisdicción y de competencia han sido considerados, en estos
asuntos, de tiempo atrás, como un error procedimental que da lugar a la anulación
del laudo. Así, bajo el Decreto 1818 de 1998, este supuesto fue tratado bajo la
causal novena de anulación, esto es, por "Haber recaído el laudo sobre puntos no
sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido"; no
obstante, mediante la Ley 1563 de 2012, la falta de jurisdicción y de competencia,
en conjunto con la caducidad, quedaron contenidos de manera autónoma en la
causal segunda de anulación. Es por esto, que la jurisprudencia de la Corporación
ha precisado que la extralimitación de la competencia que la Constitución, la ley y
el pacto arbitral otorgan a los árbitros por haberse pronunciado sobre asuntos que
no se encontraban sujetos a su decisión, no puede alegarse bajo la causal 9a de
anulación prevista en el Estatuto Arbitral, relativa a la incongruencia del laudo
arbitra124.
Así las cosas, las decisiones adoptadas por un árbitro sin jurisdicción o
competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de
orden público, a la vez que exponen la materialización de conductas prohibidas,
no solo por quienes voluntariamente delegaron en la justicia arbitral la solución de
un conflicto, sino que se presentan como contrarias al propio orden constitucional,
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
en cuya base fundante está el origen y permisión para que un tribunal arbitral
decida un conflicto con la fuerza de quien está investido de plenas facultades de
administrar justicia en un caso concreto25.
Por último, en lo que tiene que ver con la procedencia de esta causal, el artículo
41 de la Ley 1563 de 2012 dispone que el recurrente deberá hacer valer los
motivos de falta de jurisdicción y competencia mediante el recurso de reposición
contra el auto en el que Tribunal Arbitral asumió competencia. De no atender
dicha carga, no podrá alegarse en anulación pues debe entenderse que las partes
estuvieron conformes con la constitución del Tribunal Arbitral para dirimir sus
conflictos.
4.3.4.4.1.- Verificación del requisito de procedibilidad contemplado en el
artículo 41 de la Ley 1563 de 2012
La jurisprudencia de la Corporación ha considerado que una de las etapas más
importantes en el proceso'arbitral es la primera audiencia de trámite, en la que se
profiere el auto con el que el propio tribunal de arbitramento decide sobre su
' 3 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 20 de noviembre de 2020, Exp. 65494
24 Sobre el particular, se dijo lo siguiente: "Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 1563 de 2012 y teniendo en
cuenta que por medio del numeral 2° del artículo 41 de dicho Estatuto arbitral se incorporó una nueva causal de
anulación que de forma especial y especifica regula las circunstancias de falta de jurisdicción o de competencia del juez
arbitral, forzoso es de concluir que por vía de ésta causal, antes prevista en el numeral 8° del artículo 163 del Decreto
1818 de 1998 ya no se pueda alegar hi nulidad del laudo cuando eljuez arbitral profiere un laudo pronunciándose sobre
puntos no sujetos a su decisión o que no eran susceptibles de disposición por mandato legal, pues se repite en vigencia
del nuevo estatuto arbitral ya existe uha causal que específicamente regula ésas hipótesis.
Así las cosas, se entiende que bajo la primera parte de ésta causal, esto es, "Haber recaído el laudo sobre aspectos no
sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido", antes prevista en el numeral 8° del artículo 163
del Decreto 1818 de 1998 ya no podrán alegarse las circunstancias de falta de jurisdicción o competencia por haberse
pronunciado eljuez arbitral sobre asuntos que no se encontraban sujetos a su decisión por voluntad de las partes o sobre
aquellos que por ley no eran susceptibles de ser resueltos por ésta vía, pues con la entrada en vigencia de la ley 1563 de
2012 ya es claro que dichas hipótesis deben ser alegadas con fundamento en la causal del numeral 2° previsto en su
artículo 41 que las regula de forma específica". (Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de
2015. Exp. 52556)
" Consejo de Estado, Sección Tercer& Sentencia del 13 de abril de 2015, Exp. 52556
15
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
competencia26. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012, esa
decisión solo es susceptible de recurso de reposición27._
Por ello, si una parte o un interviniente no está de acuerdo con la competencia
que el Tribunal asume y, pese a ello, se abstiene de presentar el recurso de
reposición, no podrá luego invocar causal de anulación fundada en ese motivo. En
el caso concreto, el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 prescribe:
"Artículo 41. Causales del recurso de anulación. Son causales del
recurso de anulación:
2. La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia.
Las causales 1, 2 y 3 sólo podrán invocarse si él recurrente hizo valer los
motivos constitutivos de ellas mediante recurso de reposición contra el auto
de asunción de competencia." (Destaca la Sala)
En esta ocasión, y en consideración a esta exigencia legal, la Sala, tras revisar los
antecedentes que enmarcan el desarrollo del prpceso arbitral, desde la
convocatoria del Tribunal hasta la expedición del latido, pudo verificar que el
apoderado de la parte convocada -ONAC- no interpuso el recurso de reposición
frente al Auto No. 20 dictado en la primera audiencia de trámite celebrada el 23 de
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
noviembre de 2020, en el que el Tribunal asumió la competencia de la
controversia.
No obstante, el recurrente (ONAC), conocedor de esta circunstancia y del alcance
que podrían tener los artículos 30 y 41 de la Ley 1563 de 2012 en relación con la
procedencia de la invocación de la causal de anulación relativa a la falta de
competencia del Tribunal, ha manifestado que la causal alegada se originó con la
expedición del laudo arbitral y, en ese sentido, que no contó con la posibilidad de
recurrir los pronunciamientos sobre la naturaleza del organismo y sus
procedimientos, por lo que, a su juicio, no es predicable la falta de agotamiento
del requisito de procedibilidad señalado en el inciso primero del artículo 41
ejusdem.
Este aserto no es de recibo para la Sala, pues, tal como lo refirió la parte
convocante y lo conceptuó el agente del Ministerio': Público al momento de
descorrer el traslado del recurso, para resolver las pretensiones de la demanda
reformada, en lo que atañe a las diferencias surgidas durante la ejecución del
Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050,
en particular, a lo relacionado con su validez (pretensiones principales); con el
incumplimiento por parte del ONAC (pretensiones subsidiarias) y, con la legalidad
de las medidas que fueron adoptadas por el ONAC contra la convocante
(pretensiones comunes)28, era necesario que el Tribunal se pronunciara sobre la
naturaleza de la actividad que adelanta este organismo; que determinara si
28 Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 24 de octubre de 2016, Expediente No. 57377
'Articulo 30. Primera audiencia de trámite. Una vez consignada la totalidad de los honorarios y gastos, el tribunal
arbitral celebrará la primera audiencia de trámite con la asistencia de todos sus m' iembros, en la cual resolverá sobre su
propia competencia para decidir de fondo la controversia mediante auto que solo es susceptible de recurso de
reposición. Si decidiere que no es competente para conocer de ninguna de fas pretensiones de la demanda y la
reconvención, se extinguirán los efectos del pacto arbitral para el caso concreto, y se devolverá a las partes, tanto la
porción de gastos no utilizada, como los honorarios recibidos. En este caso, para conservar los efectos derivados de la
presentación de la demanda ante el centro de arbitraje, el demandante tendrá un término de veinte (20) días hábiles para
instaurar la demanda ante el juez competente". (Destaca la Sala)
28 Ver numeral 2.7 de esta providencia
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Convocante: Certificaciones SA.
ejerce función administrativa y si, a los procedimientos que adelanta contra los
organismos de evaluación de la conformidad, le aplican o no las normas del
CPACA, aspectos que, además, fueron objeto de pronunciamiento expreso por
parte de la convocada -ONAC- en la contestación a la demanda arbitral
reformada29, así como en los alegatos de conclusión ante el árbitro39.
Con todo, conviene recordar que el Tribunal Arbitral admitió la demanda
reformada en proveído del 13 de febrero de 2020; no obstante, la Convocante
recurrió esta decisión con el fin de que en dicha providencia se dispusiera que el
arbitraje debía considerarse como uno de derecho público por dirigirse contra un
particular que ejerce función administrativa. Así, por medio del Auto No. 4 del 19
de marzo de 2020 -que resolvió favorablemente la impugnación-, el árbitro
encontró que el ONAC cumplía funciones administrativas y, en este sentido,
vinculó a la actuación la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y al
Ministerio Público, en aplicación del artículo 612 del CGP.
Como puede apreciarse, sin dificultad, lo atinente a la naturaleza jurídica del
ONAC, así como el carácter de sus funciones y las normas de procedimiento que
regulan el retiro de las certificaciones a los organismos evaluadores de
conformidad por parte de este organismo, corresponden a temas sustanciales que
se venían tratando en la actuación arbitral desde antes de dictarse el auto de
asunción de competencia, de manera que no surgieron con la expedición del
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
laudo arbitral como lo manifiesta el ONAC y, en ese orden, si este consideraba
que el árbitro no tenía competencia para resolver la controversia puesta a su
consideración en virtud de estos aspectos sustanciales, debió recurrir tal decisión
durante el desarrollo de la primera audiencia de trámite, en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
En efecto, una interpretación finalista de esta última disposición -como fuente del
requisito de procedibilidad de la causal 2a de anulación-, muestra, claramente, el
carácter medular que tiene el factor competencia en la definición de la justicia
arbitral. Sabido es que el pacto compromisorio tiene por objeto la habilitación de la
competencia de los árbitros para conocer de los litigios que surjan entre las partes
contratantes, habilitación que comporta, correlativamente, la derogación de la
jurisdicción y la competencia de los jueces institucionales respecto de los asuntos
litigiosos que se encuentren comprendidos dentro del correspondiente pacto
arbitral. Desde esa perspectiva, el requisito de procedibilidad se explica por la
necesidad de urgir de todos los intervinientes en el proceso arbitral, el despliegue
de una diligencia mínima que permita una definición pronta y estable de la
competencia. Sobre el particular, la jurisprudencia de la Sala ha señalado lo
siguiente31:
"(...) La pretensión del legislador en este punto no fue otra diferente que la
de exigir de los interesados una conducta activa y oportuna de censura en el
foro primigenio para su alegación: el juicio arbitral y concretamente al
momento de dictarse el auto de asunción de competencia, de ahí que no sea
de recibo alegar en ulterior ocasión cuestiones que no fueron exteriorizadas
en su debido momento, pues la autoridad normativa ha comprendido el
comportamiento pasivo o permisivo del interesado como muestra de su
29 Pág. 26 y siguientes de la contestación a la demanda arbitral reformada
Ver Audiencia de Alegatos de Conclusión celebrada el 12 de agosto de 2021
' I Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de 10 de diciembre de 2015, Exp. 53165.
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Convocante: Certificaciones S.A.
conformidad, razón por la cual entra en profunda contradicción con el
principio de buena fe procesal quien pretencla desconocer su acto
precedente (su silencio aquiescente) en búsqueda de un beneficio o
provecho como es la nulidad de un laudo, pues tiene averiguado la Sala que
"(...) en punto al deber de lealtad con que deben obrar las partes en la
actuación judicial, es claro que ofende a la buena fe el que una parte
pretenda con un acto posterior violar la legitima expectativa que creó con un
actuar antecedente".
Para la Sala, los artículos 30 y 41 de la Ley 1563 de 2012 derivan consecuencias
claras de la conducta procesal de las partes e intervinientes en la primera
audiencia del proceso arbitral: de un lado, el del sometimiento indeclinable a la
competencia del Tribunal de Arbitramento para quien se abstuvo de impugnar la
decisión de avocación de competencia, de otro, la" pérdida de oportunidad
procesal, de quien así obró, para alegar la falta de competencia en sede del
recurso de anulación del laudo.
Por tanto, como quiera que para la causal segunda de anulación se pide por la ley
que se haya hecho valer el motivo que la configura, mediante la interposición del
recurso de reposición contra el auto que asume competencia y, como esto no se
hizo por parte del ONAC, no encuentra esta Sala conlecuente que se pretenda
invocar este motivo en esta sede extraordinaria de anulación. En consecuencia,
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
esta colegiatura rechaza la causal de anulación propuesta y se abstiene de
continuar con el análisis del cargo.
4.3.2. Como segunda causal de anulación se planta la de "haberse fallado
en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta
circunstancia aparezca manifiesta en el laudo", contemplada en el numeral
7° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
4.3.2.1. Argumentos del ONAC relacionados con la referida causal
El apoderado de la convocada sostuvo, luego de traer a colación algunas
referencias jurisprudenciales en torno a la procedencia de la causal 7a de
anulación, que "el Tribunal Arbitral incurrió en la causal (...) por cuanto el Laudo
Arbitral se profirió en conciencia o en equidad, debiendo ser en derecho de
conformidad con el pacto arbitral suscrito entre las partes, en la medida en que se
alejó sin fundamento alguno del ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto,
y en atención a un criterio puramente personal o íntimo, desató la controversia
con base en disposiciones normativas que no tienen ningún tipo de relación con la
materia sometida a su conocimiento".
En ese orden, destacó que el Tribunal Arbitral necesariamente debía fallar en
derecho respecto de las diferencias surgidas con ocasión del Contrato, y que este
debía tener en cuenta el siguiente marco normativo que regula la actividad de
acreditación, las funciones técnicas del ONAC, y los procedimientos aplicables
para otorgar la acreditación o retirarla a los organismos evaluadores de
conformidad: (i) Ley 155 de 1995; (ii) Decisión Andina 3„76 de 1995; (iii) Decisión
Andina 850 de 2019; (iv) Decreto 4738 de 2008 con sus decretos modificatorios;
(v) Decreto 1595 de 2015 incorporado al Decreto Único Reglamentario del Sector
Comercio, Industria y Turismo (Decreto 1074 de 2015); y (vi) Norma técnica
internacional ISO/IEC 17011.
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Agregó, que el Tribunal se apartó totalmente de aplicar el procedimiento especial
regulado en la norma técnica internacional ISO/IEC 17011, y sin explicación lógica
o aparente, aplicó el procedimiento administrativo sancionatorio general
consagrado en la Ley 1437 de 2011 (CPACA), lo que demuestra que la decisión
adoptada en el laudo arbitral del 30 de noviembre de 2021, es consecuencia
directa de la íntima y errada convicción personal del Tribunal Arbitral, en total
desapego del ordenamiento jurídico aplicable.
Por último, indicó que, en su opinión, el árbitro interpretó de manera abiertamente
errada e incorrecta el Contrato denominado "Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050", toda vez que no existe fundamento
para integrar a ese negocio jurídico las normas del procedimiento administrativo
previstas en la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
4.3.2.2. Argumentos de la parte convocante
La empresa convocante (Certificaciones S.A.) sostuvo, en síntesis, que el
recurrente no logró acreditar los presupuestos que describen la causal de
anulación propuesta, pues se limitó a discutir la valoración jurídica y probatoria
que hizo el árbitro y, en manera alguna, a demostrar las circunstancias que
confirmaran que el laudo se emitió en conciencia y no en derecho como
correspondía.
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
Agregó, que el laudo fue proferido en derecho pues, a su juicio, (i) se aplicaron
normas constitucionales, legales y reglamentarias para llegar a la conclusión de
que el ONAC debía respetar el debido proceso administrativo en sus actuaciones
sancionatorias y, por ende, debe aplicar las normas del CPACA; y, (ii) se
apreciaron las pruebas obrantes en el expediente para concluir que el ONAC
incumplió el contrato al darlo por terminado en forma unilateral e injustificada
Destacó, además, que el hecho de que el recurrente no comparta la aplicación
que hizo el Tribunal de la ley, como tampoco la interpretación de esta y que, por
ende, considere que el sustento normativo ha debido ser diferente, no hace que el
laudo se haya proferido en conciencia o en equidad.
4.3.2.3. Argumentos del Ministerio Público relacionados con esta causal
El agente del Ministerio Público consideró, en síntesis, luego de referenciar
algunos pronunciamientos de la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre el
alcance de esta causal de anulación, que la decisión del tribunal arbitral se
produjo en derecho y no en conciencia o equidad, pues, a su juicio, lo que hace el
recurso de anulación es cuestionar el fondo del asunto, la interpretación jurídica y
la conclusión a la que arribó el Tribunal como resultado del análisis normativo,
jurisprudencial y probatorio, aspectos que no pueden servir de fundamento al
recurso. En consecuencia, consideró que la causal invocada no está llamada a
prosperar.
4.3.2.4.- Consideraciones de la Sala frente a la causal de anulación
planteada
La jurisprudencia de la Corporación ha señalado que para determinar, si un laudo
fue proferido en conciencia, se requiere establecer si los árbitros, al resolver el
asunto puesto a su consideración, dejaron de lado, de manera evidente, las
normas legales que debían aplicar, así como el acervo probatorio obrante en el
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expediente32, al basar su decisión de manera exclusiva en su leal saber y
entender, aplicando el sentido común y la verdad sabida y buena fe guardada33.
Solo cuando el fallo omite, de manera evidente, el marco jurídico dentro del que
se debe decidir , o no cuenta con razonamientos jurídicos35, podrá decirse que
se está en presencia de un fallo en conciencia. Pero si los árbitros resuelven con
base en el ordenamiento jurídico, fundados en el análisis y valoración de las
pruebas allegadas de manera oportuna al proceso y qonforme a las reglas de la
sana crítica, ese pronunciamiento será en derecho .
Al respecto, la Sala ha precisado que:
"(...) sólo cuando el fallo que se dice en derecho deje de lado, en forma
ostensible, el mamo jurídico que debe acatar para basarse en la mera
equidad podrá asimilarse a un fallo en conciencia y que, si el juez adquiere
la certeza que requiere para otorgar el derecho disputado con apoyo en el
acervo probatorio y en las reglas de la sana - crítica, ese fallo será en
derecho, así no hable del mérito que le da á determinado medio o al
conjunto de todos 7.
Así mismo, la jurisprudencia de la Corporación predica que se ha fallado en
conciencia cuando se decide sin pruebas de los hechos que sustentan las
pretensiones o las excepciones, es decir, sin tener en, consideración las pruebas
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
que obran en el plenario. Sobre el particular, señaló lo siguiente:
"(...) si los árbitros conculcan en forma íntegra el recaudo probatorio del
proceso arbitral para consultar su propia verdad, dejarán en el ambiente un
pronunciamiento en conciencia en la antesala de la decisión y entonces en la
motivación del fallo, los miembros del Tribunal harán saber a las partes que
sus conclusiones no tuvieron su origen en el procedimiento probatorio"38.
En este orden, el simple desacuerdo de las partes con las razones y valoraciones
hechas por el tribunal al proferir el laudo, en manera alguna configura un fallo en
conciencia, ni faculta la procedencia de la causal, pues el recurso extraordinario
de anulación no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia3g,
razón por la que no es admisible replantear, a manera de aplicación de esta
causal, el debate sobre el fondo del proceso, ni podrán, con fundamento en ella,
revocarse determinaciones del Tribunal de Arbitramento fundadas en la aplicación
de la ley sustancial o por la existencia de errores de hecho o de derecho, al
valorar las pruebas en el caso concreto".
En esta ocasión, el ONAC considera que el laudo se profirió en conciencia o
equidad, puesto que, por una parte, el tribunal arbitra) no aplicó la normatividad
vigente para resolver la controversia, específicamente lo previsto en una serie de
normas dentro de las que se encuentran Decisiones de la Comunidad Andina y la
" Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de septiembre 14 de 1995. Exp.10468
" Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de abril 27 de 1999 y abril 16 de 2000. Exp. 15623 y 18411.
34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de junio 18 de 2008. Exp. 34543
35 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencias de agosto 9 de 2001. agosto 2.3 de 2001, febrero 13 de 2006, junio 18
de 2008 (Exp.I9273, 19090,29704 y 34543).
" Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2016, Exp. 55307.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de abril de 1992, Exp. 6.695.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 1995. Exp. 10.468 y sentencia de 5 de julio de
2006, Exp. 31.887.
" Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de noviembre de 2002, Exp. 22.191.
°° Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 9 de junio de 2017. Exp. 57350
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Norma Técnica Internacional ISO/IEC 17011, disposiciones que, a su juicio, eran
las que debían ser tenidas en cuenta para el efecto y, por otra parte, porque el
Tribunal interpretó de manera errada e incorrecta el contrato celebrado entre las
partes e integró a ese negocio jurídico las normas del procedimiento
administrativo previstas en el CPACA.
Esta Sala de Subsección, teniendo en consideración las pretensiones de la
demanda y los argumentos expuestos en su contestación, así como las
consideraciones y la parte resolutiva del laudo arbitral, estima que la causal
alegada no está llamada a prosperar, con fundamento en las siguientes razones:
Esta colegiatura, tras un análisis de la estructura argumentativa del laudo, puede
apreciar que el árbitro fundamentó su decisión en normas vigentes y aplicables
que respondieron al objeto de la controversia puesta a su consideración, así como
a los argumentos que formuló la parte convocada y, en particular, a las
excepciones de mérito alegadas por esta, con fundamento en las pruebas que
soportaron los hechos y las pretensiones de la demanda. Además, dicho árbitro
incluyó de manera expresa la motivación o exposición de las razones que
soportaron las decisiones adoptadas, en particular lo relacionado con la definición
de la naturaleza jurídica de la función que cumple el ONAC, así como la
aplicación de las normas procedimentales del CPACA en sus actuaciones
sancionatorias. Al punto, se dijo lo siguiente en el laudo:
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
"(...) 2. La naturaleza jurídica de la función del ONAC
2.1. Aspecto cardinal de este litigio es la definición de la naturaleza
jurídica de la función que cumple el ONAC, dado que, por un lado, la
Convocante ha fundado sus súplicas en que dicha función es una típica
función administrativa, mientras que la Convocada ha negado
expresamente dicha calidad. Específicamente, ha dicho el ONAC, tanto
en su escrito de contestación de la demanda, como en sus alegaciones
finales, que su designación como Organismo Nacional de Acreditación en
Colombia no constituyó una delegación de las funciones que otrora
estuvieron en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio por
cuanto la intención del Gobierno Nacional fue la de "eliminar" esas
funciones en cabeza del Estado y que la actividad de acreditación se
desarrollara como un servicio que prestaran los particulares en libre
mercado.
2.2. Es menester tener en cuenta que este Tribunal en Auto No. 4 de 19
de marzo de 2020, en el que resolvió la reposición interpuesta por la
propia Convocante en contra del auto que admitió la demanda, dispuso
que el presente proceso arbitral tenía como parte a una entidad que
cumplía función administrativa y que, por ende, debía aplicarse, para
efectos de la notificación al extremo Convocado, las disposiciones
contenidas en el artículo 612 del Código General del Proceso (entonces
vigente) y que era menester citar al Ministerio Púbfico y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Lo expresado en dicho auto,
que cobró firmeza, es ley para el presente proceso y a pesar de las
argumentaciones expuestas por la parte Convocada en su escrito de
contestación de la demanda y en sus alegaciones finales, considera el
Tribunal que no existen razones jurídicas para variar dicha conclusión,
como pasa a explicarse.
21
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Convocante: Certificaciones S.A.
(•••)
2.11. El recuento de las anteriores disposiciones normativas [Decreto 47.8
de 2008, art. Z Decreto 2153 de 1992; Decreto 2124 de 2012, art. 1;
Decreto 865 de 2013, art. 1; Decreto 1595 de 2015, arts. 2.2.1.7.7.1,
2.2.1.7.7.2 y 2.2.1.7.7.3] permite concluir que la función en cabeza de la
ONAC no puede considerarse como una simple actividad técnica de
carácter privado, desprovista de todo interés por parte del Estado toda
vez que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 334 de la Constitución
Política, "La dirección general de la economía estará a cargo del Estado",
norma que señala adicionalmente que "(...) intervendrá, por mandato de
la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en
la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los
servicios públicos y privados, para racionalizar-la economía con el fin de
conseguir en el plano nacional y territorial, en Un mamo de sostenibilidad
fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo
y la preservación de un ambiente sano."
2.12. Por su parte, el artículo 78 superior establece que le corresponde al
legislador "(...) regular el control de la calidad de los bienes y servicios
ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe
suministrarse al público en su comercialización".,
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
2.13. Adicionalmente, ha de tenerse en cuenta que, de conformidad con el
artículo 3° de la Ley 155 de 1959, al Gobierno Nacional le corresponde
"(...) intervenir en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad,
empaque y clasificación de los productos, materias primas y artículos o
mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y
productores de materias primas", norma que, como se dice expresamente
en la parte motiva del Decreto 865 de 2013, haciendo referencia a un
pronunciamiento de la Consejo de Estado del 3 de junio de 2004, contiene
un mandato que a pesar de ser anterior a la Constitución Política de 1991,
aún conservan hoy vigencia, pues corresponden a las reglas de
intervención del Estado en la economía hoy contempladas en los artículos
333 y 334 de la Carta.
2.14. Como se observa, la función en cabeza dé la ONAC se deriva de las
anteriores disposiciones, normas de las que se desprende con meridiana
claridad que dicha función es de carácter administrativo y no simplemente
de orden privado o técnico, aleladas de los fines del Estado y de la
satisfacción del interés qeneral. No puede pasarse por alto que desde la
expedición del Decreto 2153 de 1992 se le asignó a la Superintendencia
de Industria y Comercio la función de determine coordinar, dirigir y vigilar
los programas nacionales de control industrial de calidad, pesas, medidas
y metrología, organizar los laboratorios de control de calidad y metrología
que considerara indispensables para el adecuado cumplimiento de sus
funciones, así como acreditar y supervisar los organismos de certificación,
los laboratorios de pruebas y ensayo y de calibración que hagan parte del
sistema nacional de certificación. En virtud de lo anterior, en el Decreto
2269 de 1993 se estableció el Sistema Nacional de Normalización,
Certificación y Metrologia, modificado posteriormente por el Decreto 3257
de 2008, que le cambió la denominación 'antes referida por la de
Subsistema Nacional de la Calidad, que, según se lee en dicho Decreto,
22
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
hace parte del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e
Innovación.
U.)
2.17. (...) las anteriores disposiciones f Decreto 3257 de 2008, art. 1;
Decreto 2010 de 20003, art. Z num. 4 y art. 28, num 1), permiten concluir
que la función de acreditación es una función en cabeza del Estado, que
tiene como propósito asegurar el bien común y el bienestar de los
consumidores usuarios v si bien es cierto que ella va no se cumple por la
Superintendencia de Industria y Comercio sino por un organismo de
carácter privado, no existe elemento de juicio alguno que permita inferir
que por ese solo hecho dejó de considerarse como una típica función de
carácter administrativo. Expresado en otras palabras, el hecho de que las
funciones en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio se
hayan suprimido y se le hubiesen asignado al ONAC, en modo alguno
significa que haya dejado de ser una función en cabeza del Estado y que
ahora sea simplemente una función o actividad de orden técnico, ejercida
por particulares, atendiendo estándares internacionales en los que el
Estado no tiene injerencia y alejada de la función administrativa.
2.19. En conclusión, el Tribunal ratifica que como máximo organismo de
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
acreditación en Colombia el ONAC cumple función administrativa y en
virtud de ella busca la satisfacción del interés general, conclusión que no
se ve menoscababa por el hecho de que, como lo dilo la Convocada, no
se haya estado estrictamente en presencia de la delegación o de la
desconcentración de funciones, pues lo cierto fue que, con apoyo en las
normas ya citadas y por las razones expresadas en el CONPES 3446 de
2006, se decidió que dicha función fuese cumplida por el ONAC.
2.20. La anterior conclusión de Tribunal está soportada, además, en lo
señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-219 de 2015, que
estudió la constitucionalidad del Decreto 019 de 2012. En dicha
providencia, la Corte tuvo oportunidad de referirse a la existencia de
personas jurídicas, sin ánimo de lucro, creadas a la luz del Decreto 393 de
1991, cuyas funciones se enmarcan en una forma de descentralización
por colaboración o por servicios, al abrigo, entre otras normas, de los
artículos 123, 210 y 267 de la Constitución Política (...)"
(. • )
2.22. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado, en la
misma línea que, en efecto, el ONAC cumple función administrativa, como
lo permite el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y ha destacado que el
hecho de que esa función de acreditación ya no esté en cabeza de la
Superintendencia de Industria y Comercio, no significa que haya adquirido
el carácter de privada regida exclusivamente por el derecho privado (...)"
(Destaca la Sala)
Una vez definido por parte del Tribunal Arbitral que el ONAC cumple función
administrativa, el estudio se orientó a determinar si en los procedimientos y
trámites a cargo de este organismo, en especial lo relacionado con los
Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC), es necesario aplicar las
normas contenidas en el CPACA o si, por el contrario, son aplicables, única y
exclusivamente, las disposiciones contenidas en el R-AC-01 y la norma técnica
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
NT ISO/IEC 17011, así como las demás regulaciones de la actividad de
certificación, estudio que le llevó a concluir lo siguiente:
"(...) 2.39. En consecuencia, si el ONAC, en 6iercicio de sus funciones,
puede imponer una amonestación a un Orcariismo de Evaluación de la
Conformidad (OEC ), o puede "intensificar la vigilancia, suspender
cautelarmente la acreditación, reducirle su alcance o incuso retirársela, es
claro que adopta decisiones, llámese o no sanciones, que están llamadas
a modificar una situación jurídica individual, particular y concreta, que
deben ser adoptadas con observancia y respeto del derecho fundamental
al debido proceso y, por tratarse de función administrativa, con aplicación
de las reglas del CPA CA.
2.40. Por lo anterior, concluye el Tribunal que, para adoptar la decisión de
retirar la acreditación otorgada a CERTIFICACIONES, era obligatorio
seguir previamente un trámite en el que se respetara a plenitud el derecho
fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la
Constitución Política, obligación que no debía cumplirse en abstracto o de
manera genérica, sino en forma concreta, valga decir aplicando las
normas contenidas en la parte primera del CPA CA, las cuales, como se
sabe, obligan a que en las actuaciones se respete dicho derecho
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
fundamental, lo que se traduce en que "las actuaciones administrativas se
adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y
competencia establecidas en la Constitución y la Lev, con plena garantía
de los derechos de representación, defensa V. contradicción" (art. 3° del
CPA CA) (...)" (Destaca la Sala)
Como puede observarse, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, los
análisis del árbitro antes referidos abarcaron, en forma amplia, el desarrollo del
laudo arbitral censurado, dan cuenta de una argumentaCión jurídica que soporta lo
decidido en normas y criterios jurisprudenciales vigentes, sin que en esta sede
sea procedente entrar a evaluar la pertinencia del análisis jurídico pues ello, tal
como se indicó en precedencia, escapa a las competencias del juez de anulación.
Sobre este aspecto, la jurisprudencia de la Corporación ha emitido, de tiempo
atrás, pronunciamientos del siguiente tenor:
"(...) Se insiste en esta presentación porque. por analogía no pueden
crearse otras causales y menos buscarse, so pretexto de la anulación del
laudo, una nueva evaluación del acervo probatorio por falta de motivación
en tomo a las pruebas y con miras a lograr otra decisión diferente.
No puede olvidarse que en estos eventos también impera el principio de la
autonomía en la apreciación de las pruebas hechas por el juzgador de
instancia, máxime cuando dentro de las causalOs de nulidad del laudo no
figuran, como en casación, las de violación de norma sustancial como
consecuencia del error de derecho por infracción de regla probatoria o por
error de hecho manifiesto en la apreciación de determinada prueba (..
En ese orden, las apreciaciones y conclusiones del laudo sobre los puntos
abordados, son producto de la interpretación y aplicación de la ley por parte del
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de abril de 1992. Exp.
6695.
24
Radicado: 11001-03-26400-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
árbitro, cuya pertinencia e idoneidad, por sí mismas, escapan al juicio en sede
extraordinaria de anulación del laudo, bajo la hipótesis de fallo en conciencia o
equidad, puesto que es propio del juez desentrañar e interpretar el sentido de las
reglas adjetivas que regulan el proceso arbitral y las normas sustantivas o
procesales con el propósito de resolver el conflicto puesto a su consideración, con
base en las reglas particulares de interpretación previstas en los artículos 1618 al
1624 del Código Civi142.
Ahora bien, si hubo suficiencia en la motivación del Tribunal al resolver este
aspecto es un tema que, en virtud de la filosofía del recurso de anulación de
laudos arbitrales, edificado en errores in procedendo y no in iudicando, le está
vedado juzgar a esta Corporación, pues ello implicaría examinar las
consideraciones y motivos determinantes que ha tenido el juzgador en su decisión
y ello encarnaría un análisis sustantivo del asunto.
Entonces, como la decisión del Tribunal Arbitral comportó un análisis normativo y
jurisprudencial relacionado con la definición de la naturaleza jurídica de la función
que cumple el ONAC, así como, la aplicación de las normas procedimentales del
CPACA en sus actuaciones sancionatorias a la luz del contrato celebrado entre
las partes, forzoso es concluir que el fallo fue en derecho y no en conciencia como
lo alega el órgano recurrente. Con todo, como el recurso pretendió la intervención
de esta Corporación en asuntos sustanciales relativos a cuestionar las
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
consideraciones y valoraciones jurídicas realizadas por el Tribunal de
Arbitramento en su laudo, sin demostrar cuáles fueron los errores estrictamente
procesales, aspectos que serían constitutivos, con claridad, de errores in
iudicando, este cargo tampoco está llamado a prosperar.
4.3.3. Como tercera causal de anulación se plantea la de "Haber recaído el
laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber
concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al
arbitramento", contemplada en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012.
Teniendo en consideración que, tanto el ONAC, como la sociedad Certificaciones
S.A., presentaron recurso de anulación con fundamento en esta causal, la Sala
abordará su estudio de manera separada para facilitar su comprensión, veamos:
4.3.3.1. Argumentos del ONAC relacionados con la referida causal
El recurrente, en síntesis, luego de traer a colación una serie de referencias
normativas y jurisprudenciales sobre el alcance de la causal 9' de anulación,
además de transcribir las pretensiones de la demanda reformada y ciertos
apartes del laudo arbitral ha indicado que, en su opinión, en el caso concreto, la
decisión está viciada con base en esta causal teniendo en cuenta que: (i) el laudo
recayó sobre aspectos no sujetos a la decisión del Tribunal, y, (ii) porque el árbitro
no decidió sobre cuestiones sujetas al arbitramento.
Con relación al primer cargo, a juicio del recurrente, el Tribunal se pronunció
sobre asuntos que no fueron solicitados de manera expresa por la Convocante en
la demanda reformada, tales como la naturaleza legal del ONAC y si este
organismo cumplía o no funciones administrativas, o si el procedimiento de retiro
de la acreditación como organismo evaluador de conformidad, debía estar
42
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 12 de febrero de 2014, Expediente No. 46779
25
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
precedido de un procedimiento administrativo en los términos de la Ley 1437 de
2011 (CPACA).
Ya, en relación con el segundo reproche, ha afirmado que el Tribunal no decidió
las cuestiones que necesariamente debían ser objeto de pronunciamiento en el
Laudo Arbitral, configurándose un laudo cifra petita, pués, a su juicio, este omitió
"verificar el cumplimiento o incumplimiento del ONAC del contrato denominado
"Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050"
suscrito el 23 de junio de 2015 entre CERTIFICACIONES y el ONAC, en la
medida en que el Tribunal Arbitral se limitó a examinar las disposiciones de la Ley
1437 de 2011 (CPA CA), pero no estudió ni analizó las disposiciones contractuales
que fueron sometidas a su estudio". Además, que tampoco "estudió de fondo las
excepciones de mérito planteadas por el ONAC, limitát7dose, una vez más, a los
supuestos incumplimientos de las disposiciones de: la Ley 1437 de 2011
(CPA CA), siendo necesario entrar a estudiar material y sustancialmente las
alegaciones sobre el cumplimiento del Contrato por parte del ONAC".
4.3.3.2. Argumentos de la parte convocante
La empresa Certificaciones S.A. sostuvo, en síntesis, que existe congruencia
entre lo pedido en la demanda, lo discutido en el proceso y lo fallado en el laudo
y, por tanto, no tiene vocación de prosperidad la causal de nulidad contemplada
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 en los términos en que fue
planteada por el ONAC. A su juicio, éste se centra en la elección hecha por el
Tribunal de la normatividad aplicable al asunto sometido a su consideración,
aspecto que, como lo tiene establecido la jurisprudenCia nacional, no puede ser
válidamente alegado a través del recurso de anulación
Agregó, que el Tribunal sí resolvió las pretensiones de incumplimiento formuladas
por la Convocante, pues, "como no puede evitar reconocerlo el propio recurrente
cuando señala que "el único supuesto incumplimiento' que encontró el Tribunal
Arbitral fue que el ONAC no agotó una actuación administrativa de carácter
sancionatorio en los términos de la Ley 1437 de 2011, m' ediante la emisión de un
acto administrativo de apertura, acto de pruebas y acto, de decisión final". Lo que
ocurre, se resalta una vez más, es que esa decisión del Tribunal no fue favorable
a sus intereses, y ese es el verdadero motivo de su reclamo".
Por último, señaló que no es cierto que "el Tribunal Atpitral no estudió de fondo
las excepciones de mérito planteadas por el ONAC", como señala el recurrente
sin identificar siquiera puntualmente cuáles fueron las excepciones
supuestamente no estudiadas por el TribunaL Ante el abrumador material
probatorio en contra del ONAC, el Tribunal no vio más remedio que la
desestimación de las excepciones de mérito propuestas por esa parte".
4.3.3.3. Concepto del Ministerio Público
El agente del Ministerio Público sostuvo que, a su juicio, la causal alegada no está
llamada a prosperar, pues, el hecho de que el recurrente no comparta el análisis
normativo, fáctico y probatorio efectuado por el Tribunal, no es supuesto legal
para alegar la anulación del laudo. Destacó, además, que tampoco se configura
la causal por supuestas omisiones en la decisión arbitral, toda vez que en la parte
resolutiva del laudo el Tribunal se pronunció sobre las pretensiones y
excepciones, es decir, sobre el objeto del debate jurídico procesal y probatorio
puesto a su consideración.
26
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones SA.
4.3.3.4. Análisis de la Sala en relación con la causal alegada por el ONAC
Esta Sala de Subsección pone de presente que el artículo 281 del Código General
del Proceso prescribe que "(..) /a sentencia debe estar en consonancia con los
hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades
que el código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley".
Como puede observarse, el principio de congruencia que de esta manera expresa
el estatuto procesal, encuentra su razón de ser en exigencias consustanciales a
los derechos fundamentales de las partes a defenderse y controvertir los hechos
en los que fundan sus contradictores sus pretensiones (artículo 29 C.P.), y a
obtener del juez una decisión que dirima la relación antagónica que expresan las
pretensiones y excepciones planteadas por quienes constituyen los extremos
subjetivos del litigia".
En esta línea, la causal 9a de anulación de laudo arbitral que enuncia el artículo
41 de la Ley 1563 de 2012, constituye una consecuencia a la transgresión del
principio de congruencia cuando los árbitros han proferido un laudo inarmónico
con los hechos, las pretensiones y las excepciones formuladas por las partes o
sobre aquellas que estaban probadas y no debían ser alegadas, pues en este
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
último caso el árbitro, en su condición de juez, tiene la obligación de reconocer
oficiosamente las excepciones de fondo que encuentre demostradas, con
excepción de las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deben
siempre alegarse en la contestación de la demanda, tal como lo regula el artículo
282 del Código General del Proceso".
De otra parte, la jurisprudencia de la Sala ha sostenido que, en ocasiones, los
recurrentes pretenden enmarcar dentro de la causal de falta de competencia,
prevista en la causal segunda, situaciones que en verdad corresponden a la
causal novena por extra petita, o, por el contrario, se pretenden encuadrar en la
causal novena eventos que en realidad configuran la causal segunda, por lo que
ha establecido un criterio para determinar cuándo la situación se adecúa a la una
o a la otra":
Si el error que presenta el laudo consiste en que el Tribunal Arbitral decide sobre
una cuestión que no estaba comprendida dentro del pacto arbitral, esta
equivocación configura la falta de competencia prevista en la causal 2a del artículo
41 de la Ley 1563 de 2012, pues la competencia decisoria de los árbitros se
circunscribe a los asuntos señalados en la respectiva cláusula compromisoria.
Por el contrario, si el yerro consiste en que la cuestión que se decidió en el laudo
puede estar comprendida dentro del pacto arbitral pero no fue solicitado en la
demanda, lo que se configura es un fallo extra petita según lo prevé la causal 9a
del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Así las cosas, para establecer si se ha
incurrido en los yerros a que se refiere la causal 9a, es menester comparar lo
pretendido, lo excepcionado y lo probado, con lo resuelto en el respectivo laudo
arbitral. La necesidad de delimitar el alcance de la causal 9a ha motivado
pronunciamientos de esta Corporación del tenor del siguiente:
43 Consejo de Estado, Sección Tercero, sentencia del 23 de abril de 2018, M.P. Exp. 60181.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 10 de junio de 2009, Exp. 32588.
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de diciembre de 2018, Exp. 61437.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
"(...) La incongruencia, vista de manera general, abarca tres supuestos
perfectamente definidos: (i) cuando en el fallo se otorga más de lo pedido
(ultra petita), (ii) cuando el fallo concede algo distinto de lo pedido (extra
petita) y (iii) cuando se deja de resolver sobre lo pedido (cifra petita).
Las normas en cita (artículos 280 y 281 C.G. del P.) imponen al juez la
concordancia del fallo con las pretensiones y los hechos aducidos en la
demanda y con las excepciones propuestas en la contestación de la misma;
peto, el principio de congruencia se toma aún más estricto en tratándose de
laudos arbitrales, por cuanto las facultades de los árbitros devienen de la
voluntad de las partes (principio de voluntariedad) materializada en el pacto
arbitral (cláusula compromísoria o compromiso) y, por consiguiente, dichas
facultades quedan totalmente restringidas a lo convenido por ellas (principio
de habilitación).
Así, pues, la causal prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563
de 2012 se configura cuando el laudo arbitral decide ultra, extra o citra
petita46, es decir, cuando el laudo: (i) recae sobre materias no susceptibles de
ser sometidas al arbitramento (ir) decide asuntos que las partes no dejaron
sujetos al pronunciamiento de los árbitros en el pacto arbitral (cláusula
compromisoria o compromiso), desconociendo así que el ámbito de su
competencia está delimitado y restringido estrictamente a las precisas
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
materias definidas por las partes, (iii) excede la relación jurídico procesal
delimitada por la demanda y su contestación y la demanda de reconvención
y su oposición, es decir, cuando el mismo contiene pronunciamientos sobre
materias que no fueron planteadas por las partes,' de manera que el fallo no
guarda consonancia con los extremos de la litis, y (iv) "en aquellos eventos
en que ... deja sin resolver las pretensiones de la demanda, es decir, no
cumple con la función de decidir la controversia, por lo cual el litigio subsiste
respecto de los puntos no decididos"47.
Por último, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha sostenido que el examen
del principio de congruencia es relativo, en tanto existen eventos en los que los
árbitros deben entrar a pronunciarse sobre determinadas materias, aun cuando
las partes no lo hayan solicitado en la demanda ni puesto de presente en los
hechos o excepciones que se alegan, sin que ello implique la configuración de la
causal de anulación prevista en el numeral 9° de la Ley 1563 de 2012; sobre el
particular, se han formulado los siguientes supuestos: (i) cuando se hallen
probados los hechos que constituyen una excepción, caso en cual el árbitro
deberá reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, compensación y
nulidad relativa, pues estas excepciones deben ser propuestas en el debate
procesal por el interesado; (ii) en lo atinente a los preáupuestos procesales, por
cuanto tocan con la validez formal del proceso; (iii) en aquellos casos
relacionados con cuestiones que atañen al orden público, como sucede con la
nulidad absoluta del acto o contrato, siempre y cuando aparezca de modo
manifiesto; y (iv) en los pronunciamientos sobre reátituciones mutuas en los
eventos de nulidad del contrato48.
46 En el mismo sentido se citan las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: del 21 de mayo de
2008, Exp. 33643, del 27 de marzo de 2008, Exp. 33645, del 4 de abril de 2002.1Exp. 20356, del 23 de agosto de 2001,
Exp. 19090.
47 Consejo de Estado, Sección Tercera: sentencias del 20 de mayo de 2004 (Exp. 25.759), del 4 de abril de 2002 (Exp.
20.356) del 2 de marzo de 2006 (Exp. 29.703) y del 23 de septiembre de 2015 (Exp. 53.054).
48 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 6 de junio de 2002. Exp.: 20634.
28
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones SA.
Frente a la causal establecida en el numeral 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de
2012, el recurso formulado por la convocada (ONAC) pretende la anulación del
laudo arbitral al considerar, de una parte, que el laudo recayó sobre aspectos no
sujetos a la decisión del Tribunal y, de otra, porque el árbitro no decidió sobre
cuestiones sujetas al arbitramento, cargos que serán analizados de manera
separada por la Sala:
En efecto, su primer reproche con fundamento en esta causal se contrae al
señalamiento de la falta de congruencia entre lo pedido en la demanda y lo
resuelto en el fallo impugnado, pues, a juicio del ONAC, el Tribunal se pronunció
sobre asuntos que no fueron solicitados de manera expresa por la Convocante en
la demanda reformada, tales como determinar la naturaleza legal del ONAC y si
este organismo cumplía o no funciones administrativas, o si el procedimiento de
retiro de la acreditación como organismo evaluador de conformidad debía estar
precedido de un procedimiento administrativo en los términos del CPACA.
Al punto, advierte la Sala que la parte recurrente olvida que las cuestiones sujetas
al arbitramento no sólo están delimitadas por las pretensiones formuladas, sino
con otros aspectos impuestos por la ley y el mismo contrato". Sobre el particular,
la jurisprudencia de la Corporación ha señalado, de tiempo atrás, lo siguiente:
(...) debe recordarse que el mamo de competencia de sus actuaciones
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
[árbitros], está dado en primer lugar por la ley; en segundo lugar, por las
disposiciones de las partes en el pacto arbitral, respecto de los asuntos que
serán sometidos a la decisión de los árbitros; y en tercer lugar, por las
pretensiones incluidas en la demanda y las excepciones propuestas en la
contestación de la demanda.
De tal manera que, el juez arbitral está en el deber de decidir, en primer
término, las cuestiones que le han sido planteadas en el proceso por las
partes, pero sus determinaciones no se limitan exclusivamente a estos
extremos, puesto que en virtud del marco legal de su competencia, existen
otros asuntos que por mandato de la ley está llamado a resolver, así no
hayan sido materia de la demanda o de la contestación, es decir, así no
sean cuestiones propuestas expresamente por las partes; se trata entonces,
del ejercicio de facultades oficiosas que le han sido atribuidas directamente
por el ordenamiento jurídico, en su calidad de juez, aunque la misma sea
tempora150.
Es así como, en el presente caso, el árbitro que dirimió la controversia suscitada
entre las partes encontró que, el sentido de la decisión que le concernía, estaba
determinada, no sólo por lo pedido en la demanda reformada y/o por lo alegado
por la Convocada en su contestación, sino, también por otros elementos, no
planteados por los extremos de la litis, pero necesarios para dirimir la disputa
contractual, tales como la definición de la naturaleza legal del ONAC y de sus
funciones, y las reglas procedimentales aplicables a su gestión como organismo
evaluador de la conformidad, de cara a la ejecución del acuerdo negocial.
Y es que, para emitir decisiones de fondo en relación con controversias
claramente delimitadas, usualmente es indispensable la previa dilucidación de
problemas que están implícitos en aquellas, como ocurre en los litigios
" Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia del 2 de mayo de 2016. Exp. 55307.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2007, Exp. 32399..
29
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
contractuales, en los que no pocas veces se hace necesario tomar posición sobre
aspectos tales como la existencia, la validez, el alcance del clausulado y de las
obligaciones producto del acuerdo negocial, el incumplimiento que se atribuya a
alguna de las partes, o el régimen jurídico aplicable a la entidad contratante o a la
actividad por ella desplegada. Por ello, desde la perspectiva de la congruencia,
ningún reproche puede hacérsele a una decisión que haya estado precedida de
este tipo de reflexiones y conclusiones preliminares, y menos aún, cuando esa
suerte de glosas se formule en el marco del recurso extraordinario de anulación,
contexto en el cual le está vedado al juez un juicio sobre los motivos del laudo. En
consecuencia, el reproche formulado bajo el amparo de esta causal de anulación
no tiene vocación de prosperidad.
En cuanto al segundo reproche formulado con apoyo en esta causal por el
ONAC, la Sala, después de un análisis detallado de loe hechos, concluye que el
laudo fue proferido con estricta sujeción a las pretensiones, a los argumentos de
defensa, a las excepciones propuestas y a lo probado dentro del proceso, tal
como se muestra a continuación:
En primer lugar, las pretensiones planteadas en la demanda que dio origen al
laudo arbitral censurado por la convocante (Certificaciones S.A.), demandaban
pronunciamiento del Tribunal, entre otros aspectos, sobre la validez del acuerdo
negocial (pretensiones principales); sobre el incumpliMiento por parte del ONAC
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
(pretensiones subsidiarias) y, frente a la legalidad dé las medidas que fueron
adoptadas por el ONAC contra la convocante (pretensiones comunes).
En ese sentido, la Sala repara en que, la sociedad dénnandante solicitó, en las
pretensiones primera51, segunda52 y tercera subsidjarias53 de la pretensión
segunda, tercera y cuarta principal, que se declarara que el ONAC: (i) incumplió lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del contrato celebrado entre las
partes, al retirar la acreditación No. 14-0IN- 050 sin respetar las garantías propias
del debido proceso de Certificaciones S.A.; (ii) que el ONAC incumplió lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del contrato al retirar la acreditación
No. 14- 01N-050 sin sujetarse a lo previsto en la Secbión 10 de las Reglas del
Servicio de Acreditación R-AC-01 Versión 07 y, (iii) que el ONAC incumplió lo
dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1) del Contrato al retirar la acreditación
No. 14- 01N-050 sin sujetarse a lo previsto en la Seceión 11 de las Reglas del
Servicio de Acreditación R-AC-01 Versión 07.
Y lo anterior, porque, vistas así las pretensiones, viene transparente la
congruencia que el Tribunal guardó con estas, tanto en sus argumentaciones,
como en las decisiones que adoptó, como que llevó a cabo un detenido estudio
en la parte considerativa del laudo arbitral (pág. 37 a 46) sobre las pretensiones
51 "PRIMERA SUBSIDIARIA: En caso de que el Tribunal Arbitral no declare la nulidad absoluta del Contrato de
Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-01N-050, le solicito entonces declarar que el ONAC
incumplió lo dispuesto en los artículos I y 2 (numeral 2.1) del denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. No. 14- OIN-050' al retirar la acreditación Nd: 14-011V- 050 sin respetar las garantías
propias del debido proceso de Certificaciones S.A."
.52
"SEGUNDA SUBSIDIARIA: Declare también que el ONAC incumplió lo dispuesto en los artículos 1 y 2 (numeral 2.1)
del denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acredita,ción No. No. 14-0IN-050 al retirar la
acreditación No. 14- 01N-050 sin sujetarse a lo previsto en la Sección 10 de las Reglas del Servicio de Acreditación R-AC-
01 Versión 07."
53 "TERCERA SUBSIDIARIA: Declare también que el ONAC incumplió lo dispuesto en los artículos I y 2 (numeral 2.1) del
denominado 'Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN-050' al retirar la
acreditación No. 14- OIN-050 sin sujetarse a lo previsto en la Sección 11 de las Reglas del Servicio de Acreditación R-AC-
01 Versión 07."
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
subsidiarias y sus excepciones que le permitió concluir que el ONAC incumplió el
contrato y, en consecuencia, accedió a las pretensiones anotadas. Al punto, se
dijo lo siguiente:
"(...) 5.22. En consecuencia, todo lo expuesto permite al Tribunal concluir
que el incumplimiento, consistente en haber expedido en el año 2016 y
2017 cinco dictámenes por fuera del alcance concedido, no era motivo
suficiente para cancelar la acreditación y dar por terminado el Contrato, lo
cual significa que se incumplió dicho contrato, especialmente por no
haberse observado lo previsto en el numeral 11.7 del R-AC-01,
documento integrante de aquél, en donde claramente se señala que el
retiro procede, entre otros aspectos, por el incumplimiento que "haya
afectado gravemente la confianza en la acreditación o en el subsistema
nacional de calidad" o que "ponga en riesgo la credibilidad o prestigio del
ONAC o de la acreditación".
5.23. Así las cosas, se accederá a las pretensiones primera, segunda y
tercera subsidiaria y, en tal virtud, se declarará que el ONAC incumplió el
Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No.
14-0IN-050, específicamente los artículos 1 y 2 de su numeral 2.1., por
haber retirado definitivamente la acreditación sin respetar el derecho al
debido proceso de CERTIFICACIONES y no haber observado a plenitud
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
las Reglas del Servicio de Acreditación R-AC-01, versión 07."
Con fundamento en lo anterior, el árbitro accedió a estas pretensiones y declaró
que el ONAC incumplió el contrato celebrado entre las partes y, en consecuencia,
declaró la ilegalidad del retiro de la acreditación No. 14-0IN-050 de la cual era
titular la sociedad Certificaciones S.A. En ese sentido, la parte resolutiva del laudo
arbitral señaló lo siguiente.
"(...) Sexto.- Declarar que el Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia — ONAC incumplió el Contrato de Otorgamiento y Uso del
Certificado de Acreditación No. 14- 01N-050, en especial los artículos 1 y 2
del numeral 2.1., por haber retirado la acreditación a Certificaciones S.A.,
sin respetar las garantías propias del debido proceso y sin observar lo
previsto en las Secciones 10 y 11 de las Reglas del Servicio de
Acreditación R-AC-01 Versión 07, de acuerdo con las precisas
consideraciones incorporadas en este Laudo.
Séptimo.- Declarar la ilegalidad de la decisión de retirar la acreditación No.
14-0IN-050 de la cual era titular la sociedad Certificaciones S.A."
Por otra parte, considera la Sala que no le asiste razón al recurrente cuando
afirma que "el Tribunal Arbitral no estudió de fondo las excepciones de mérito
planteadas por el ONAC, limitándose, una vez más, a los supuestos
incumplimientos de las disposiciones de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)". Veamos:
La jurisprudencia de la Corporación ha sostenido que una de las manifestaciones
del debido proceso, desde la óptica del demandado, se concreta en el derecho a
la contradicción, es decir, en la posibilidad de oponerse a lo que pretende el
demandante a través de la formulación de argumentos de defensa, de refutar y
contrarrestar las afirmaciones realizadas por la parte contraria, de aportar
elementos que le permitan desvirtuar las pruebas aducidas en su contra o de la
proposición de excepciones bien sean perentorias o de fondo, esto es, de
31
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Convocante: Certificaciones S.A.
aquellas que persiguen enervar, total o parcialmente las pretensiones del
demandante".
En ese, el artículo 282 del CGP le asigna al juez la obligación de reconocer
oficiosamente las excepciones de fondo que encuentre demostradas, con las
excepciones antes indicadas, lo que entonces significa que, si generalmente el
juez puede declarar probada de oficio cualquier excepción que encuentre
demostrada, el demandado podrá formular todas aquellas que considere
pertinentes y viables para contrapesar lo pretendido por el demandante, así como
presentar todos aquellos argumentos orientados a garantizar su defensa según lo
previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.
En el asunto Sub-examine, tanto en la demanda, reformada, como en la
contestación a esta, las partes en conflicto hicieron alusión al contenido del laudo
proferido el 30 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Arbitraje constituido para
dirimir las controversias surgidas en virtud del contrato óelebrado entre las partes.
En lo que atañe a la parte convocada (ONAC), esta formuló las siguientes
excepciones: (i) inexistencia del derecho reclamado y de los perjuicios alegados;
(ii) contrato cumplido. Pacta sunt servanda: conocimiento pleno de las
condiciones del contrato y del R-AC-01; (iii) culpa exclusiva de Certificaciones
S.A.; (iv) caducidad o prescripción extintiva de la acción y, finalmente, (y) la
genérica.
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
En ese contexto, el árbitro encontró de recibo la excepción de caducidad del
medio de control de controversias contractuales respecto de la pretensión que
buscaba la declaratoria de nulidad absoluta del (denominado "Contrato de
Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. No. 14-0IN-050", y por
ello, resolvió en los siguientes términos: "(...) Primero.- Declarar probada la
excepción de caducidad del medio de control de crintroversias contractuales
respecto de la pretensión tercera principal de la demanda arbitral en su versión
reformada, pretensión que, en consecuencia, se deniega". El árbitro motivó esa
decisión, diciendo:
"(...) 3.8. En este sentido, es necesario resaltar que la duración del
Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-
01N-050 estaba necesariamente atada a la vigencia de la Acreditación, por
lo que revocada, cancelada o retirada ella, el contrato necesariamente
hubo de terminar. Esta conclusión se desprende de lo establecido en la
estipulación vertida en el artículo 8 del Contrafo, en donde se establece
que su vigencia iría hasta el 6 de agosto de 2018, a menos que fuese
cancelada la Acreditación en la forma establecida por R-AC-01. De esta
manera, es claro que cuando se formuló la pretensión tercera principal de
la demanda, enderezada a declarar la nulidad absoluta del Contrato, éste
no estaba vigente y ya habían transcurrido más de dos años desde su
perfeccionamiento, la caducidad operó y así se dispondrá en la parte
resolutiva del laudo"
No obstante, el Tribunal Arbitral consideró que las demás excepciones formuladas
por el ONAC debían ser negadas y, en ese orden, en lá parte resolutiva del laudo
arbitral dispuso lo siguiente: "(...) Quinto.- Declarar- no probadas las demás
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de diciembre de 2018, Exp. 61437 y Consejo de Estado, Sección
Tercera, sentencia del 28 de febrero de 2020, Exp. 64896).
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Convocante: Certificaciones S.A.
excepciones de mérito formuladas por Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia — ONAC.". A manera de motivación, dijo:
"(...) 5.24. Desde esta perspectiva, se denegarán las excepciones de fondo
asociadas a las súplicas ya referidas, como se explica a continuación:
5.24.1. La excepción intitulada "Inexistencia del derecho reclamado y de los
perjuicios alegados", no está llamada a prosperar, por cuanto se demostró
que el retiro de la acreditación no observó ni el derecho fundamental al
debido proceso ni se ajustó a la totalidad de las disposiciones contenidas
en el R-AC-01.
5.24.2. Igual consideración debe realizarse frente a la excepción de
"Contrato cumplido. Pacta sunt servanda: conocimiento pleno de las
condiciones del contrato y del R-AC-01", pues se demostró que, en
contra vía de lo previsto en dichas reglas, se adoptó la decisión más severa
a pesar de no estar demostrada la gravedad y trascendencia del
incumplimiento.
5.24.3. Tampoco se declarará probada la excepción de "Culpa exclusiva de
Certificaciones", dado que si bien es cierto existió incumplimiento, este no
revistió la gravedad suficiente como para amparar la decisión de retirar la
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
acreditación y, de contera, terminar el contrato."
Por supuesto, el hecho de que el tribunal de arbitramento no haya acogido la
totalidad de los argumentos que soportaron las excepciones referidas no presta
abono al cargo por incongruencia porque lo que hizo el juzgador fue tener como
probados unos hechos que prestaban sustento a lo pretendido por la sociedad
convocante, hechos esos que, según el Tribunal Arbitral, demostraban que los
pedimentos de la demanda eran de recibo parcialmente en tanto la parte
convocada no pudo comprobar la procedencia de la totalidad de las excepciones
alegadas.
En todo caso, salta a la vista que los razonamientos de la recurrente
corresponden a reparos a la interpretación que hizo el tribunal arbitral para
resolver las excepciones formuladas y resolver la Mis planteada, aspectos que,
claramente, escapan a la competencia del juez del recurso extraordinario de
anulación conforme lo ha reiterado la jurisprudencia de la Corporación, razón
suficiente para negar el cargo alegado55.
A continuación, procede la Sala a resolver el recurso formulado por la Convocante
(Certificaciones S.A.) con fundamento en la causal 9a de anulación, veamos:
4.3.3.5. Argumentos de la Convocante frente a esta causal
La sociedad Certificaciones S.A. sostuvo, en síntesis, que el laudo impugnado
omitió pronunciarse sobre el daño emergente reclamado y probado a través del
juramento estimatorio y de otras pruebas documentales allegadas al proceso.
Agregó, que el Tribunal confundió las pruebas de ambas partes y le restó mérito
probatorio al juramento estimatorio, pues, en su opinión, la prueba pericial no fue
aportada por el Convocante sino por el litisconsorte cuasi necesario (Legaltec
Colombia S.A.S.).
" Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2012, Exp. 43456.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159) !
Convocante: Cettifkaciones S.A.
Sostuvo que, conforme al art. 206 del CGP, sólo se considera la objeción que
especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuye al juramento
estimatorio, carga procesal que, a su juicio, no cumplió la Convocada al contestar
la demanda reformada, porque no se refirió al rubro dé daño emergente en forma
concreta, además que, no indicó razonadamente la inexactitud que le atribuía a la
estimación ya que esta se refirió específicamente al lucro cesante más no al daño
emergente.
En su opinión, la Convocada también debió ser condenada a pagar daño
emergente por pérdida en el patrimonio social y dañó emergente por no poder
compensar los pasivos. Agregó que el laudo pasó por alto otras pruebas que
sustentan los conceptos de daño emergente reclamados, en particular las
declaraciones de renta. Sostuvo, finalmente, que la decisión del perjuicio que se
debía indemnizar no se fundó en las pruebas regular y oportunamente allegadas
al proceso en los términos del artículo 164 del CGP. •
4.3.3.6. Argumentos del ONAC sobre la referida causal
Frente a estos argumentos, el apoderado de la Convocada sostuvo, en síntesis,
que el cargo no está llamado al éxito por cuanto la casual novena del artículo 41
de la Ley 1563 de 2012 se verifica mediante un análisis formal que implica
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
comparar lo pretendido, los hechos, las excepciones y la decisión final; por tanto,
el juramento estimatorio no es un elemento único y exclusivo para establecer la
congruencia del fallo, pues en el proceso obran otros medios de prueba que
establecieron la ocurrencia y cuantificación de los perjuicios que soportan la
condena.
A su juicio, el Tribunal Arbitral sí estudió, valoró las pruebas, y decidió respecto
de todos los montos solicitados en la reforma de la demanda; sin embargo, con
base en las pruebas arrimadas al expediente, negó mérito al material probatorio
referente a la cuantía de los perjuicios reclamados y estimados y, por
consiguiente, de ninguna manera puede afirmarse que el laudo arbitral del 30 de
noviembre de 2021 fue incongruente.
Agregó, finalmente, que todos los argumentos de la donvocante van dirigidos a
cuestionar los criterios esgrimidos por el Tribunal Arbitral para determinar el
monto de la cuantía de la indemnización de perjuicios, aspectos que, a su juicio,
simple y llanamente no pueden ser objeto de debate en el marco del recurso
extraordinario de anulación, motivo por el cual la impugnación debe ser
descartada de plano.
4.3.3.7. Intervención del agente del Ministerio Público
Adujo el Ministerio Público, en síntesis, luego de traer a colación una serie de
referencias normativas y jurisprudenciales sobre el alcance de la causal 9° de
anulación que, como quiera que con este cargo simplemente se controvierten las
motivaciones del fallo, la valoración probatoria y jurídica, la causal alegada no
está llamada a prosperar.
4.3.3.8. Consideraciones de la Sala
En primer lugar, la Sala advierte que, conforme a la jurisprudencia de la
Corporación, el juramento estimatorio, previsto en el artículo 260 del C.G.P., es un
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
mecanismo que garantiza pedimentos razonables, con el fin de evitar cuantías
exageradas, conforme a los principios de transparencia y lealtad procesal, que
imponen la carga de probar los perjuicios pretendidos, so pena de la imposición
de multas a la parte demandante56. Dicha disposición establece, asimismo, que el
juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio,
salvo que se trate de perjuicios ocurridos con posterioridad a la demanda o
cuando la parte contraria lo objete.
De esta forma, la norma en comento, con la intención de buscar una igualdad
procesal entre las partes, dispuso que las eventuales consecuencias adversas no
sean únicamente para el reclamante de la condena, sino también para quien la
objeta, de forma tal que, de comprobarse la solicitud de una cuantía exagerada se
le impondrá una multa al demandante, mientras que a quien objete la cuantía se
le podrá condenar a una suma superior a la indicada en el juramento, con base en
las pruebas arrimadas, bajo el entendimiento de que con ello no se infringe el
principio de la congruencia.
Así lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-067 de 201657, en la que
trajo a colación el informe de ponencia del proyecto de Ley núm. 159 de 2001
Senado, 196 de 2011 Cámara, contenido en la Gaceta 261 de 2012, en cuanto
sostiene que:
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
"[E]n el Código General del Proceso se adiciona la regla según la cual el
juramento se entenderá como el máximo de lo pretendido y por lo tanto el
juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento. No
obstante lo anterior, esta limitación no operará cuando los perjuicios que se
causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando el
demandado objete la estimación de perjuicios, toda vez que en estos casos
el juez podrá fallar con base en lo probado en el proceso. Esto le imprime
igualdad a las partes, puesto que en caso de objetar la estimación, el
demandado también correrá el fiasco de que resulte probado en el proceso
una suma superior a la estimada en la demanda [...1". (Se destaca).
Pues bien, traídas estas consideraciones al sub lite, la Sala presta atención a los
términos en que fue presentado el juramento estimatorio de la cuantía, en el
contexto de la reforma de la demanda formulada el 18 de junio de 2020, en el que
fueron identificados los siguientes rubros por daño emergente: (i) daño emergente
por pérdida en el patrimonio social y, (ii) daño emergente por no poder compensar
sus pasivos. Pero, también toma en consideración que, el 13 de agosto de 2020,
esto es, en el término del traslado de la reforma a la demanda, el ONAC se opuso
al juramento estimatorio y lo objetó en uso de la facultad prevista en el artículo
206 del C.G.P. y Esto, para decir que, en el Auto No. 43 del 13 de diciembre de
2021, que resolvió las solicitudes de aclaración, corrección y complementación del
laudo arbitral formuladas por las partes, el árbitro recordó lo siguiente:
"(...) el juramento sí fue objetado por la Convocada al contestar la
demanda reformada, precisamente por la ausencia de soporte de dichas
cifras. Efectivamente, para el Tribunal, tanto no tienen sustento las cifras
del juramento estimatorio, que después la propia Convocante, a
sabiendas que el juramento no iba a servir de prueba, aportó el dictamen
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2016, Exp. 56949
" Corte Constitucional, Sentencia C- 067 del 17 de febrero de 2016. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Demanda de
inconstitucionalidad contra el inciso 4° del articulo 206 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso). modificado
por el artículo 13 de la Ley 1743 de 2014.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159) •
Convocante: Certificaciones S.A.
pericial, que con detalle valoró el Tribunal en el laudo proferido. Debe
recordarse que cuando el juramento estimatorio es objetado, como en
efecto lo fue en este caso, va no servirá de prueba de la cuantía
reclamada (...)". (Destaca la Sala)
Esta providencia permite apreciar, con claridad, que el árbitro no incurrió en un
error in procedendo por emisión de fallo cifra petita, ni desconoció la prohibición
referida al juramento estimatorio, pues, en cuanto el ONAC objetó la cuantía
estimada, el Tribunal no quedó sujeto a la tasación de los perjuicios realizada por
la convocante Certificaciones S.A. y, por consiguiente, estaba habilitado para
proferir condena en función de lo que indicaran las pruebas allegadas al proceso.
Esto, porque, en las pretensiones Segunda y Tercera'Comunes de la demanda
reformada, la Convocante (Certificaciones S.A.) solicitó, por una parte, que se
declarara "que el ONAC es responsable por los daños' antijurídicos causados a
Certificaciones S.A. a raíz del retiro ilegal de la acreditación 14-0IN-050" y, por
otra, que se condenara "al ONAC a resarcir los perjuicios que le causó a
Certificaciones S.A., en sus modalidades de daño emergente y lucro cesante,
derivados del retiro ilegal de la acreditación 14-0IN-050"; y de manera
congruente con este marco de pretensiones, el Tribunal llevó a cabo un detenido
estudio en el Numeral 6 del Capítulo Segundo del laudo arbitral (pág. 46 a 52), en
el que se pronunció respecto de todos los rubros invocados a título de
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
indemnización de perjuicios reclamados y estimados en la demanda reformada
formulada por la Convocante (Certificaciones S.A.) Al pinito, se dijo lo siguiente:
"(...) 6.1. Pidió la Convocante que se declare la ilegalidad del retiro de la
acreditación (pretensión primera común); que se declare que el ONAC es
responsable de los perjuicios causados a CERTIFICACIONES por el retiro
ilegal de la acreditación (pretensión segunda común); que se condene al
pago los perjuicios, en su modalidad de daño emergente y lucro cesante,
en la suma de CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS
PESOS ($4.207.945.172,00), junto con sus -actualizaciones y ajustes
(pretensiones tercera y cuarta comunes)
6.2. Para acreditar dichos perjuicios se aportó el dictamen pericial
elaborado por Julio Emesto Maldonado Contreras, prueba pericia( que se
sometió a contradicción en la forma prevista por el artículo 228 del Código
General del Proceso, específicamente mediante el interrogatorio
practicado en audiencia.
(•••)
6.8. Ahora bien, en el dictamen elaborado por Julio Ernesto Maldonado
Contreras permite al Tribunal demostrar la existencia de un perjuicio cierto
causado a CERTIFICACIONES como consecuencia del retiro de la
acreditación y la consecuente terminación del Contrato, dado que, como
lo dijo el perito, "(...) se determinó con meridiana claridad cómo se frustró
la "Continuidad del Ente Contable"(Negocio en Marcha), por la destrucción
de los activos o derechos que constituyen el establecimiento, al ver
suspendido el desarrollo de su objeto social por el retiro definitivo de la
acreditación otorgada por el ONAC."
(•••)
36
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
6.11. Por ello, para el Tribunal está probada la existencia de un daño
cierto, derivado del cese de las actividades de acreditación que, como se
dijo, constituía su objeto social, lo cual, desde luego, denota la existencia
de una lesión patrimonial que debe ser reparada por ONAC, al haber sido
dicha persona jurídica quien decidió el retiro de la acreditación, causa
adecuada de dicho daño, a lo cual se agrega que en el expediente hay
prueba del cese total de actividades e ingresos, hasta el punto que la
declaración de renta del año gravable 2018 se refleja tal circunstancia que
dio origen a la concesión del amparo de pobreza (...)"
Como puede observarse, el Tribunal Arbitral se pronunció sobre todos y cada uno
de los rubros de la reparación de perjuicios solicitada por la Convocante, de
manera que no existe incongruencia entre lo pretendido y lo resuelto por el árbitro.
Con todo, líneas más adelante el árbitro analizó el monto de los perjuicios con
fundamento en la prueba allegada a la actuación y, en ese sentido, le restó valor
probatorio al dictamen pericial y apreció los demás elementos de convicción
obrantes en el plenario. De este análisis concluyó lo siguiente:
"(...) 6.12. Sin embargo, no ocurre lo mismo en lo atañedero con la
cuantía o monto de la indemnización, dado que del peritaje no se
desprende un monto exacto que corresponda a la medida del daño
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
causado; expresado en otras palabras, el Tribunal encuentra que si bien
es cierto con el dictamen se probó que se causó un daño cierto y actual,
no es menos cierto que la prueba pericial no acredita la verdadera cuantía
o monto indemnizatorio, como pasa a explicarse.
(• •
6./5 Para el Tribunal, no es atendible el cálculo del daño emergente en la
forma establecida por el perito, dado que los escenarios planteados no
corresponden a la realidad en la medida en que todos apuntan a un
tiempo o término mayor al que razonablemente la Convocante ejercería
su actividad de acreditación, a lo cual debe agregarse que los métodos
utilizados no son lo suficientemente claros en el texto del dictamen ni
fueron precisados en la diligencia de interrogatorio del perito. Obsérvese
que, con atención a la definición contenida en el artículo 1614 del Código
Civil acerca del daño emergente, este rubro indemnizatorio corresponde a
una pérdida derivada del hecho constitutivo de incumplimiento, pero no se
tiene claridad de dónde extrae el perito las cifras respectivas, dado que,
como lo indicó la Convocada en su alegato de conclusión, el perito basó
sus cálculos en utilidades brutas que se potencializan a lo largo de los
años sin ningún tipo de sustento, pero dichos cálculos, a decir verdad, son
especulativos, habida consideración que era menester verificar la pérdida,
desmedro o disminución experimentada por CERTIFICACIONES con
base en cifras reales y no calculadas.
6.16. En consecuencia, como quiera que una cosa es la existencia del
perjuicio, que está demostrada, y otra la cuantía del mismo, el Tribunal a
fin de atender el principio de reparación integral consagrado en el artículo
16 de la Ley 446 de 1998 (norma repetida en el artículo 283 del Código
General del Proceso), que enseña que "En todo proceso jurisdiccional la
valoración de daños atenderá los principios de reparación integral y
equidad y observará los criterios técnicos actuariales", echará mano de
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159) . 4,
Convocante: Certificaciones S.A.
los estados financieros que obran en el proceso (...)
6.16.4. Con base en lo anterior, se determinará la extensión del perjuicio
por concepto de lucro cesante, esto es, "la ganancia o provecho que deja
de reportarse" a consecuencia del hecho dañoso, que es el rubro
indemnizatorio que considera este Tribunal procedente en el presente
asunto y su extensión se determinará desde el 13 de septiembre de 2017,
fecha en la que se notificó la decisión del Comité de Apelaciones de
confirmar el retiro de la Acreditación y hasta el día 6 de agosto de 2018,
fecha hasta la que, con total certeza, estada vigente la acreditación
conforme a lo establecido en el artículo 8 del Contrato objeto de este
litigio.
6.17. En consecuencia, se impondrá condena. en contra del ONAC y a
favor del CERTIFICACIONES, por concepto de lucro cesante causado por
el retiro de la acreditación y la consecuente terminación del Contrato de
Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación No. 14-0IN-050, por
la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MNILLONES (sic)
NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS
($373.925.033,00), por lo que prosperan las pretensiones comunes
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
primera a cuarta de las denominadas súplicas comunes, de donde se
sigue que las excepciones de mérito asociadas a dichos pedimentos no
saldrán avante, como ya se expresó en párrafos anteriores (...)".(Destaca
la Sala)
Con fundamento en lo anterior, el árbitro condenó al ONAC a pagar a favor de
Certificaciones S.A. la suma de $373.925.033, por concepto de lucro cesante
causado por el retiro de la acreditación y la consecuente terminación del contrato
celebrado entre las partes, pues, a su juicio, fue el único rubro indemnizatorio al
que era procedente acceder en el presente asunto; en ese sentido, la parte
resolutiva del laudo arbitral señaló lo siguiente:
"(...) Octavo.- Condenar al Organismo Nacional de Acreditación de
Colombia — ONAC a pagar a favor de Certificaciones S.A., por concepto de
lucro cesante causado por el retiro de la acreditación y la consecuente
terminación del Contrato de Otorgamiento y, Uso del Certificado de
Acreditación No. 14-0IN-050, la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y
TRES MNILLONES (sic) NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y
TRES PESOS ($373.925.033,00), de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia."
En todo caso, resulta oportuno recordar que este punto del laudo arbitral fue
objeto de solicitud de aclaración y corrección por parte del apoderado de
Certificaciones S.A., petición que fue negada por el Tribunal Arbitral en el Auto
No. 43 del 13 de diciembre de 2021; así, en cuanto a la solicitud formulada por la
convocante, el árbitro destacó lo siguiente:
"(...) 33. El laudo no omitió pronunciarse sobre la condena por daño
emergente; por el contrario, la consideración 6.15 del laudo explica por
qué no era atendible el cálculo del daño emergente conforme lo
argumentaba la Convocante. La explicación acerca de la denegación de
esta condena es clara y aparece expuesta con precisión, luego no hay
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
lugar a adición alguna. Ahora, los argumentos traídos a colación por la
Convocante para dar por acreditado el daño emergente con fundamento
en el juramento estimatorio pasan por alto que el juramento si fue
objetado por la Convocada al contestar la demanda reformada,
precisamente por la ausencia de soporte de dichas cifras .
Efectivamente, para el Tribunal, tanto no tienen sustento las cifras del
juramento estimatoria que después la propia Convocante, a sabiendas
que el juramento no iba a servir de prueba, aportó el dictamen pericia!,
que con detalle valoró el Tribunal en el laudo proferido. Debe recordarse
que cuando el juramento estimatorio es objetado, como en efecto lo fue
en este caso, ya no servirá prueba de la cuantía reclamada, por lo que le
corresponderá al Convocante aportar o pedir los medios de prueba al
efecto, como ocurrió en este caso con el referido dictamen pericia!".
(Destaca la Sala)
Esta decisión da mayor relieve a la simetría y coherencia que existe entre lo
decidido y lo solicitado por las partes a través de sus pretensiones y excepciones.
En consecuencia, no encuentra que el Tribunal haya omitido el marco de
referencia fijado por los extremos procesales, vulnerando el principio de
congruencia.
Al punto, la jurisprudencia de la Sección ha sostenido que a la decisión definitiva
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
de los árbitros se le reconoce un apreciable margen de autonomía y libertad de
apreciación jurídica y probatoria, de suerte que en este ámbito no son de recibo
los argumentos que esgrimen o dejan entrever el desacuerdo con la
determinación adoptada, con su motivación o con el valor asignado por los
árbitros a las pruebas recaudadas, o siquiera manifestando equivocaciones en lo
laudado. Como se sabe el juez de anulación no desarrolla una segunda instancia,
ni puede reexaminar las pruebas en búsqueda de errores in iudicando59.
Tal cual fue propuesto, para que esta colegiatura pudiera resolver el cargo de
anulación objeto de estudio, debería entrar a revisar los criterios, valoraciones
probatorias o interpretaciones que ofreció el árbitro sobre la materia tratada,
además de juzgar y calificar los mismos; aspectos que están legal y
expresamente marginados del alcance del recurso de anulación conforme lo
prevé el inciso final del articulo 42 de la Ley 1563 de 2012.
Por tanto, como el cargo analizado plantea, en esencia, un reproche que
cuestiona la motivación que le dio el Tribunal a estos puntos, y como la censura
de incongruencia debe ser edificada sobre razones estrictamente adjetivas -que
tampoco fueron observadas en la actuación-, la Sala despachará
desfavorablemente la causal de anulación objeto de análisis, en el entendido que
los reparos formulados desdibujan la finalidad del recurso extraordinario de
anulación, que tiene por objeto única y exclusivamente el estudio de posibles
" Nota original: "Sea lo primero advertir que esta solicitud incumple la condición prevista por el artículo 206 del Código
General del Proceso toda vez que su estimación ni es razonada, ni se hizo bajo la gravedad del juramento. En
consecuencia, OBJETO por completo la estimación de perjuicios de CUATRO MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS (S4.207.945.172), presentada por el
demandante en la reforma de la demolida, por considerar que los rubros que componen dicha cifra no corresponden a la
realidad, además de que no tienen sustento alguno (4"
"(..) es claro que la decisión equivocada no se identifica con la decisión en conciencia, de manera que la causal de
anulación citada no puede justificar la revisión de la argumentación jurídica elaborada por el Tribunal de Arbitramento,
por parte del juez del recurso. De otra manera, so pretexto de su interposición, se abriría paso para desconocer la
convención celebrada por las partes. en el sentido de no acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa,
sometiendo la controversia a la decisión de árbitros, que deben fallar en única instancia." (Consejo de Estado. Sección
Tercera Sentencia del 28 de noviembre de 2002. Exp. 22191).
39
Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159) •
Convocante: Certificaciones S.A.
errores procesales. En suma, la Sala no encuentra configurada la causal de
anulación de laudo arbitral, prevista en el numeral 9° del artículo 41 ejusdem.
4.3.4. Como cuarto cargo el ONAC plantea la falta de agotamiento del trámite
de solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN)
4.3.4.1. Argumentos de la Convocada (ONAC) sobre la referida causal
Sostiene el censor, en síntesis, que el laudo debe ser anulado por la omisión del
trámite obligatorio por parte del Tribunal Arbitral de la solicitud de interpretación
prejudicial al Tribunal de Justicia Andino, pues a la controversia resuelta por el
Tribunal le eran aplicables, de forma directa y necesaria, normas comunitarias
como la Decisión Andina 376 de 1995 y la Decisión Andina 850 de 2019, que
regulan la actividad de acreditación dentro de la Connuhidad Andina de Naciones
(CAN) y, en especial, los trámites y procedimientos que deben adelantar los
organismos de acreditación dentro de la comunidad.
Luego de referir una serie de precedentes jurisprudehciales de la Corporación
sobre la materia, señaló que, a su juicio, en el caso concreto era necesaria la
aplicación directa de normas comunitarias que regulan la actividad de acreditación
y los procedimientos a los que están sometidos los organismos de acreditación,
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como es el ONAC, por lo que el Tribunal Arbitral, con anterioridad a proferir el
laudo arbitral, debió solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia
Andino, empero, como ello no sucedió, se configuró un yerro procedimental que
conduce indefectiblemente a la anulación del laudo.
4.3.4.2. Posición de la Convocante (Certificaciones S.A.)
Frente a estos argumentos, el apoderado de la Convocante manifestó que el
cargo no está llamado a prosperar, por cuanto, a su juicio, la postura asumida por
el ONAC además de desconocer los cánones que rigen el trámite de
interpretación prejudicial y los lineamientos fijados por,e1 Tribunal Andino en sus
últimas sentencias, constituye un claro atentado contra la lealtad procesal y la
buena fe, por cuanto nunca trajo a colación dentro del trámite del proceso arbitral
la necesidad de realizar una interpretación prejudicial.
Agregó que, en su opinión, la causal de anulación alegada es improcedente toda
vez que con esta se ataca el fondo de la decisión lo que significa que no se trata
de un error in procedendo o de la omisión del trámite de interpretación prejudicial,
sino de un auténtico reproche sobre el fondo del asuntó y sobre el criterio legal en
que se fundó el laudo arbitral. Señaló que, en este asunto, no eran aplicables de
forma directa las Decisiones Andinas 376 de 1995 y 850 de 2019, por lo que no
era necesario que el árbitro único solicitara la interpretación prejudicial de manera
facultativa ni mucho menos obligatoria.
Sostuvo, finalmente, que la controversia versó sobre asuntos de orden contractual
y su resolución no necesitaba establecer ni crear un criterio interpretativo de la
normatividad andina, para lo cual trajo a colación un precedente del Tribunal
Andino de Justicia.
4.3.4.3. Intervención del Ministerio Público
40
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Convocante: Certificaciones S.A.
Sostuvo el agente del Ministerio Público, en síntesis, que la causal alegada no
debe prosperar, pues, en su opinión, en el caso concreto no se daban los
presupuestos para una interpretación prejudicial obligatoria ante el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Agregó que, tampoco
aparece diáfana, en la actuación, la necesidad imperiosa de aplicar de forma
directa una norma andina sobre la materia, aspecto que, por demás, no fue objeto
de discusión o de controversia durante el trámite arbitral ni en la decisión que
ahora se reprocha.
4.3.4.4. Consideraciones de la Sala
Esta colegiatura recuerda que la Sala Plena de la Sección Tercera de esta
Corporación ha sostenido que, al listado de causales en las que puede fundarse
el recurso extraordinario de anulación de laudos arbitrales previsto en el artículo
41 de la Ley 1563 de 2012, debe incluirse la consistente en omitir durante el
desarrollo del trámite arbitral la solicitud de interpretación prejudicial de las
normas comunitarias andinas aplicables al caso66, criterio que ha sido acogido por
la jurisprudencia de esta Sala de Subsección61. Sobre el particular, se dijo lo
siguiente:
"(...) En este orden de ideas, el Consejo de Estado al conocer de un
recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas,
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por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que
hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe
declarar la nulidad de la sentencia o laudo arbitral que no cuente con la
correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos
los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de
una manera adecuada. Es muy importante reiterar una vez más, que la
falta de interpretación prejudicial, de conformidad con los principios de
primacía, aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte de las
causales de nulidad o anulación consagradas en la normativa interna.
El Consejo de Estado, independientemente de las causales que haya
esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para
salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su
primera función es examinar si el juez de última o única instancia, en este
caso el Tribunal de arbitramento, cumplió con su obligación de solicitar la
interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener
presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el
funcionamiento del sistema de integración subregionat por esta razón, se
justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito
toral.
Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la
omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma
interna, puede tornar alguna de las siguientes acciones:
• Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que
debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una
60
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencias de 9 de agosto de 2012, Exp. 43281 y Exp. 43195.
61 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección "C", sentencia dl 26 de noviembre de 2018, Exp. 58705
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Convocante: Certificaciones S.A.
nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por e/
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
• Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe
expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación
prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia." (Destaca la
Sala)
Pues bien, el ONAC afirma, en su recurso, que a la controversia eran aplicables la
Decisiones Andinas 376 de 1995 y 850 de 2019, aserto que no comparte esta
Sala.
En efecto, según el contenido de la Decisión Andina 376 de 1995, esta crea el
Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación,
Reglamentos Técnicos y Metrología (art. 1), el cual, tiene como propósito, facilitar
el comercio intra-subregional a través de la mejora en ia calidad de los productos
y servicios, y de la eliminación de las restricciones técnicas al comercio (art. 2).
Además, en apoyo de este Sistema se crea el Comité Subregional de
normalización, acreditación, ensayo, certificación, .reglamentos técnicos y
metrología, que, para todos los efectos, se denomina "el Comité" (art. 5). A
diferencia de lo sostenido por el ONAC, la Decisión 376 de 1995 no establece un
trámite específico que deban adelantar los Organismos Nacionales de
Acreditación en relación con los Organismos Evaluadores de la Conformidad -
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como lo es Certificaciones S.A.-, sino que determina que aquellos deberán
cumplir con los procedimientos establecidos por el Comité para garantizar su
propia competencia técnica. Al punto, el artículo 15 ejusdem precisa lo siguiente:
'Artículo 15.- Los Organismos Nacionales de Acreditación de los Países
Miembros, serán los encargados de autorizar aquellos laboratorios,
organismos de certificación, entidades de inspección y personas cuyos
servicios serán reconocidos subregionalmente. Para garantizar la
competencia técnica de los Organismos Nacionales de Acreditación, éstos
deberán cumplir con los procedimientos establecidos por el Comité y
comunicados a la Junta para su oficialización, los cuales se elaborarán de
acuerdo con normas internacionalmente aceptadas."
Como puede apreciarse, la normativa en cuestión nol guarda relación con los
procedimientos que debe seguir el ONAC para evaluar, otorgar en concesión y/o
retirar las acreditaciones a los organismos evaluadores de la conformidad, sino
con los procedimientos que este debe cumplir para garantizar su competencia
técnica como Organismo Nacional de Acreditación. En ese orden, resulta claro
que no era necesario solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal Andino de
Justicia.
Un análisis similar puede hacerse frente a la Decisión Andina 850 de 2019 -que
derogó la Decisión 376 de 1995-, con la advertencia adicional de que esta
normativa -desde el punto de vista temporal- no era aplicable a la controversia,
pues, el contrato de otorgamiento y uso del certificado de acreditación No. 14-
01N-050, fue celebrado entre las partes el 23 de junio de 2015 y la demanda
arbitral se formuló el 12 de septiembre de 2019 ante el Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, al tanto que la Decisión en
comento fue publicada en la Gaceta Oficial del Organismo el día 25 de noviembre
de esa anualidad62.
62 Consultado 30/05/2022 en el siguiente enlace: httos://www.comunidadandina.ora/nonnativa-andina/
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Convocante: Certificaciones SA.
Sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de la Decisión Andina 850 de 2019 se
advierte, sin dificultad, que esta tiene como propósito simplificar, actualizar y
hacer más transparente y coherente el Sistema Andino de normalización,
acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y metrología que creó la
Decisión Andina 376 de 1995, al tanto que busca asegurar que las medidas que
adopten los países miembros en desarrollo de sus sistemas nacionales de
calidad, se apliquen de forma tal que no constituyan un medio de discriminación o
una restricción encubierta al comercio. En ese orden, en el artículo 1° ejusdem se
crea el Sistema Andino de la Calidad (SAC), entendido este como el conjunto de
actividades conformado por la normalización técnica, acreditación, evaluación de
la conformidad, reglamentación técnica y metrología; además, en el artículo 18°
se destaca que, los organismo nacionales de acreditación, serán los encargados
de evaluar y acreditar la competencia técnica de los organismos de evaluación de
la conformidad, para lo cual deberán cumplir con los requisitos de la versión
vigente de la norma internacional ISO/IEC 17011 (art.18).
Así las cosas, para esta colegiatura resulta claro que las disposiciones anotadas -
Decisiones Andinas 376 de 1995 y 850 de 2019- contienen parámetros y
obligaciones para los países miembros de la comunidad andina en materia de
normalización, acreditación, ensayos, certificación, reglamentos técnicos y
metrología; empero, no contemplan preceptos relacionados con la existencia, la
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
validez, el perfeccionamiento, la ejecución, el alcance de las obligaciones del
acuerdo negocial y el incumplimiento que se atribuya a alguna de las partes en la
ejecución del contrato de otorgamiento y uso de certificados de acreditación,
asunto que está regulado por el orden jurídico interno y así fue tratado en el
marco del proceso arbitral, por lo que no era necesario solicitar la interpretación
prejudicial al Tribunal Andino de Justicia.
Con todo, resulta oportuno recordar que este punto fue objeto de solicitud de
aclaración y corrección por parte del apoderado del ONAC, petición que fue
negada por el Tribunal Arbitral en el Auto No. 43 del 13 de diciembre de 2021, de
la siguiente manera:
"(...) 19. En relación con las decisiones comunitarias que se trajeron a
colación por el apoderado de la Parte Convocada, debe decirse que la
controversia sometida a decisión del Tribunal no requería, para su
resolución, de la aplicación de las mismas, y, por ende, no era necesario
solicitar la interpretación prejudicial que solo hasta ahora, valga decido, se
echa de menos por la Convocada.
20. Basta revisar la demanda reformada, su contestación, alegaciones y
concepto del Ministerio Público, para advertir que a efectos de resolver la
controversia no era necesario aplicar norma comunitaria alguna. De
hecho, el litigio que se decidió en el laudo arbitral giró en tomo a la
terminación de un negocio jurídico celebrado a la luz de la normatividad
interna y para su solución solamente se aplicaron y tuvieron en cuenta las
normas previstas en la Constitución Política, en el CPA CA, en el Código
Civil y en normas de nuestro derecho interno. Desde esta perspectiva,
tampoco hay lugar a aclarar la providencia y mucho menos ofrecer ahora
explicaciones acerca de si había lugar o no a solicitar la interpretación
43
TI
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Convocante: Certificaciones SA.
prejudicial obligatoria, explicaciones que, por lo demás, nunca fueron
pedidas por la Convocada.
21. Causa extrañeza que solo hasta ahora, luego de expedida la decisión
de fondo, la parte Convocada se duela de que no se ordenó la referida
interpretación prejudicial, cuando en ninguna de las oportunidades
procesales existentes al efecto formuló solicitud alguna en ese sentido. Y
aunque dicha interpretación cabe incluso de oficio, si la Convocante
consideraba que ella era indispensable, debió así indicarlo y no aguardar
hasta la decisión de fondo para reclamar por tal motivo (ad. 78 num. 1°
CGP)." (Destaca la Sala)
Con fundamento en las razones expuestas la causal no prospera.
4.3.5. Levantamiento de la suspensión de lo dispuesto en el laudo arbitral
Teniendo en consideración que con esta providencia se resuelven los recursos
extraordinarios de anulación formulados, de una parte, por la por parte
convocada, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC- y, de otra,
por la convocante, Certificaciones S.A., se ordenará levantar la suspensión de la
ejecución de lo dispuesto en el laudo arbitral proferido el 30 de noviembre de
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
2021, medida que, como se indicó en el numeral 2.17 de esta providencia, fue
ordenada por el despacho del magistrado austanciador en auto del 4 de mayo de
2022.
V. CONDENA EN COSTAS
El párrafo final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012; "Por medio de la cual se
expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras
disposiciones", establece lo siguiente:
"Artículo 43. Efectos de la sentencia de anulación. Cuando prospere
cualquiera de las causales señaladas en los numerales 1 a 7 del artículo 41,
se declarará la nulidad del laudo. En los demás casos, este se corregirá o
adicionará.
Si el recurso no prospera se condenará en costas al recurrente, salvo que
dicho recurso haya sido presentado por el Ministerio Público."
En las anteriores condiciones se impone concluir que, como no prosperaron las
casuales invocadas en los recursos extraordinarios de anulación formulados por
las partes en contienda, la Sala no emitirá condena en costas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 43 ejusdem.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección "C", administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADOS los recursos extraordinarios de anulación
formulados por la por parte Convocada, Organismo Nacional de Acreditación
de Colombia -ONAC-, como por la convocante, Certificaciones S.A., contra el
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00059-00 (68159)
Convocante: Certificaciones S.A.
laudo arbitral proferido el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021),
por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá, con ocasión del "Contrato de Otorgamiento y
Uso del Certificado de Acreditación No. 14-01N-050", celebrado entre las partes el
día 23 de junio de 2015.
SEGUNDO: LEVANTAR, en consecuencia, la suspensión de la ejecución de lo
dispuesto en el laudo arbitral proferido el treinta (30) de noviembre de dos mil
veintiuno (2021), por el Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
TERCERO: SIN CONDENA en costas
CUARTO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
Arbitramento a través de su Secretaría.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase
Id Documento: 11001032600020220005900515005030029
N COL O
Li
Presidente de la Sra
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS GUILLERMO SÁNCHEZ 1UQUE
Magistrado Magistrado
Aclaro voto
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