Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04943-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-04943-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-04943-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
1 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., primero (1o.) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-04943-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: CERTIFICACIONES S.A.
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL,
EL CUAL ES MÁS RIGUROSO EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
DE TUTELA CONTRA LAUDOS ARBITRALES. LO PRETENDIDO POR LA ACTORA
ES REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL LAUDO ARBITRAL Y EL
RECURSO EXTRAORDINARIO DE ANULACIÓN. ASUNTO ECONÓMICO.
PERJUICIOS EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE.
DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra
el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE
Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ1
y la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
1
En adelante el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-04943-00
Actora: CERTIFICACIONES S.A.
ESTADO2.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La sociedad CERTIFICACIONES S.A., actuando a través de
apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en
el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue
vulnerado por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO3 y la SECCIÓN
TERCERA al haber proferido el laudo arbitral de 30 de noviembre de
2021 y la providencia de 19 de septiembre de 2022,
respectivamente, esta última dentro del recurso extraordinario de
anulación identificado con el número único de radicación
110010326000-2022-00059-00.
I.2.- Hechos
Indicó que es una sociedad dedicada a la prestación de servicios de
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En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Conformado dentro del trámite arbitral núm. 118490 por el Árbitro único Henrry Norberto Sanabria
Santos.
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Actora: CERTIFICACIONES S.A.
inspección e instalaciones eléctricas bajo los reglamentos técnicos
expedidos por el Gobierno Nacional, por lo que requería una
acreditación que, inicialmente, debía obtener ante la
Superintendencia de Industria y Comercio y, posteriormente, ante el
Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC.
Relató que el ONAC expidió la acreditación el 15 de junio de 2015 y
en 2017 le impuso la medida de retiro de la acreditación,
vulnerándole así su derecho al debido proceso, comoquiera que no
se le permitió ejercer su derecho de contradicción y defensa y
sometiéndola a un trámite sancionatorio, decisión contra la cual
interpuso los recursos establecidos y fue confirmada por el comité de
apelación de la entidad.
Refirió que, por lo anterior, presentó demanda ante el Centro de
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá contra el ONAC, con
el fin de que se declarara a la entidad responsable del retiro de la
acreditación, sin el respeto por las garantías propias del debido
proceso, así como otras pretensiones subsidiarias tendientes a
declarar la ilegalidad de dicha decisión.
Adujó que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO mediante laudo de
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Actora: CERTIFICACIONES S.A.
30 de noviembre de 2021, declaró entre otras, que el ONAC
incumplió el Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de
Acreditación, por lo que la decisión de retirar la acreditación resultaba
ilegal, de tal forma que ordenó a la entidad a pagar por concepto de
lucro cesante la suma de trescientos setenta y tres millones
novecientos veinticinco mil treinta y tres pesos ($373.925.033).
Señaló que, por ello, presentó ante el TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO solicitud de complementación del laudo arbitral,
pues se dejó de incluir en la condena la modalidad de daño
emergente por pérdida en el patrimonio social y por no poder
compensar sus pasivos, comoquiera que en las declaraciones de
renta presentadas se evidenciaba que para el cierre del año 2016 su
patrimonio líquido era de doscientos quince millones cincuenta y un
mil pesos ($215.051.000), el cual quedó reducido a cero al finalizar
el año 2017 y un pasivo insoluto de cuatrocientos cuarenta y seis
millones doscientos cincuenta y dos mil pesos ($446.252.000).
Relató que el TRIBUNAL DE ARBITRAMIENTO atendió
negativamente la solicitud de aclaración y complementación
presentada.
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Actora: CERTIFICACIONES S.A.
Sostuvo que inconformes con lo anterior, tanto la parte convocada
como la convocante, interpusieron recurso extraordinario de
anulación, al cual le fue asignado el número único de radicación
2022-00059-00 y le correspondió por reparto a la SECCIÓN
TERCERA que, mediante providencia de 19 de septiembre de 2022,
declaró infundados los recursos.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que en las providencias cuestionadas se incurrió en
defecto fáctico, pues omitieron tener en cuenta las pruebas
obrantes en el expediente, particularmente, aquellas que eran
determinantes para acreditar los perjuicios por daño emergente
causados en sus modalidades de “pérdida en el patrimonio social” y
“no poder compensar sus pasivos”, como lo eran las declaraciones
de renta aportadas.
Aseguró que en dichas declaraciones de renta se podían evidenciar
las dos modalidades de daño emergente que no fueron reconocidas,
además, aun cuando el dictamen pericial aportado por el litisconsorte
cuasi necesario cuantificaba de otra forma los perjuicios sufridos, ello
no era razón suficiente para desconocer las pruebas que fueron
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Actora: CERTIFICACIONES S.A.
válidamente allegadas.
Así las cosas, aseveró que tanto el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO
como la SECCIÓN TERCERA, omitieron tener en cuenta las pruebas
que soportaban el daño emergente, limitándose a ordenar
únicamente el lucro cesante, lo que resulta vulnerador de su derecho
al debido proceso y a los principios de equidad y reparación integral,
toda vez que únicamente se pronunciaron sobre la prueba pericial y
el juramento estimatorio, omitiendo de estar forma estudiar las
declaraciones de renta aportadas.
Finalmente, afirmó que la acción de tutela de la referencia reviste un
asunto de verdadera relevancia constitucional, por desconocimiento
de las pruebas allegadas al plenario, lo que vulnera su derecho
fundamental invocado.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de
Certificaciones S.A.
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2. Dejar sin efecto el fallo del Consejo de Estado dentro del
radicado No. 11001- 03-26-000-2022-00059-00(68159),
únicamente en lo relativo a la resolución del recurso
extraordinario de anulación formulado por Certificaciones S.A.
bajo la causal novena.
3. Adicionar el laudo emitido el pasado 30 de noviembre del 2021
(Trámite 118490), en el sentido de también condenar a la
entidad CONVOCADA al pago del daño emergente por: a. Por
perdida en el patrimonio social; y b. Por no poder compensar sus
pasivos. Soportados con las declaraciones de renta que no
fueron valoradas por dicho Tribunal y que se encuentran
acreditadas y decretadas en el mismo. (Anexo 15 y 16) […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA indicó que el defecto planteado en la
solicitud de amparo más allá de buscar la protección del derecho
fundamental al debido proceso está dirigido contra la decisión y el
resultado, tanto del laudo arbitral como del recurso extraordinario de
revisión, como si este mecanismo de amparo constituyera una
instancia adicional en ambos procesos.
Afirmó que la actora planteó el cargo bajo análisis sin tener en cuenta
que las declaraciones de renta fueron el sustento del juramento
estimatorio formulado en la corrección de la demanda,
posteriormente, objetado por el ONAC y que, en virtud de dicha
situación, dejó de servir como prueba de la cuantía reclamada, de tal
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forma que el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO no quedó sometido a
la tasación de los perjuicios realizada por la convocante, sino que
estaba habilitado para dictar la condena de acuerdo con las demás
pruebas que fueron allegadas al proceso.
Aseveró que la discrepancia planteada no habilita al juez
constitucional a realizar un estudio de las pruebas que la autoridad
judicial tuvo en cuenta o no al resolver el asunto, pues le compete al
interesado demostrar cómo la valoración de las pruebas afectó su
derecho, condición que no se cumplió en el caso concreto.
Adujo que la parte actora tampoco tuvo en cuenta que el objeto del
recurso extraordinario de anulación es que las partes involucradas
puedan cuestionar la decisión arbitral respecto de errores procesales
y no por asuntos de fondo o de mérito relacionados con la valoración
de las pruebas, pues la función del juez de anulación no es la de
actuar como superior jerárquico del tribunal de arbitramento, para
revivir el debate probatorio que ya fue concluido.
Por lo anterior, comentó que el asunto carece del requisito general
de la relevancia constitucional, además, la sentencia cuestionada
garantizó el debido proceso, por lo que solicitó declarar improcedente
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el amparo.
I.5.2.- Los señores HENRY SANABRIA SANTOS y MARÍA
ANDREA CALERO TAFUR, en calidad de Árbitro Único y Secretaria
del Tribunal constituido para dirimir las diferencias surgidas entre la
actora y el ONAC, destacaron que la controversia planteada en la
acción de tutela de la referencia no es nueva, pues ya fue objeto de
análisis y pronunciamiento por parte del TRIBUNAL DE
ARBITRAMENTO, no solo en el laudo sino también en el auto núm.
43 del proceso arbitral, por medio del cual se resolvió la solicitud de
complementación y corrección presentada.
Alegaron que la providencia acusada se defiende sola, pues su
razonabilidad y coherencia se detectan con una sola lectura, de tal
forma que no existe argumento más que agregar.
Manifestaron que no se cumple con el requisito general de la
relevancia constitucional, pues basta con comparar el escrito del
recurso extraordinario de anulación y el escrito de tutela para darse
cuenta que la segunda es una versión adaptada del primero, por lo
que lo pretendido es buscar un nuevo escenario para litigar un debate
clausurado.
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Finalmente, refirieron que la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones proferidas en el marco de procesos arbitrales es
especialmente excepcional, de conformidad con lo expuesto por la
Corte Constitucional en la sentencia T-131 de 20224.
I.5.3.- El ONAC, vinculado en calidad de tercero con interés en el
proceso, sostuvo que la solicitud de amparo no cumple con el
requisito general de la relevancia constitucional, pues el extenso
escrito de la actora se resumen en una supuesta y, ciertamente
inexistente, ausencia de valoración probatoria respecto de los daños
y perjuicios solicitados, por lo que la situación versa sobre un aspecto
puramente económico.
Resaltó que este mecanismo constitucional no es el medio para
debatir los razonamientos, interpretaciones y decisiones que adoptan
las autoridades judiciales al momento de dirimir las controversias, lo
que conduce a que se declare la improcedencia de la acción de tutela
de la referencia.
Comentó que, en el hipotético evento en el que se estudiara de fondo
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M.P. Diana Fajardo Rivera.
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el asunto, basta con señalar que el supuesto defecto fáctico alegado
no aconteció, toda vez que el asunto fue decidido de conformidad con
las pruebas y los argumentos fácticos y jurídicos invocados, de tal
forma que no existió la supuesta omisión alegada.
Así las cosas, solicitó declarar improcedente el amparo o, en su lugar,
denegar las pretensiones.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
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Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
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la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
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judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
De la procedencia de la acción de tutela contra laudos
arbitrales
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La Corte Constitucional en sentencia T-131 de 20225 dispuso sobre
el particular que, si bien es cierto, en principio, resultan aplicables a
los laudos las mismas causales tanto generales como específicas para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
su examen debe ser más riguroso y estricto, de conformidad con la
SU-174 de 20076.
Por su parte, la sentencia SU-033 de 20187 precisó que el respeto
por la decisión de los árbitros y la procedencia de la tutela supone
analizar con especial detenimiento el requisito general de la
relevancia constitucional.
Al respecto, en la mencionada sentencia T-131 de 2022 la Corte
Constitucional sostuvo lo siguiente:
“[…] La relevancia constitucional en materia de tutela
contra laudos arbitrales8 y contra sentencias que resuelven
el recurso extraordinario de anulación. En concordancia con lo
indicado en precedencia, demostrar la relevancia constitucional de
las afectaciones causadas por un laudo arbitral exige una sólida
5
M.P. Diana Fajardo Rivera.
6
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
7
M.P. Alberto Rojas Ríos.
8
Al respecto, ver especialmente, las consideraciones expuestas en las sentencias SU-033 de 2018. M.P.
Alberto Rojas Ríos. AV. Alejandro Linares Cantillo y T-133 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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carga argumentativa. Lo anterior, para que la acción de tutela no
se convierta en una instancia judicial que remplace las vías
ordinarias, de modo tal que las transgresiones alegadas sean
constitucionalmente significativas y trasciendan la esfera legal, el
carácter eminentemente económico de la controversia y la
inconformidad con las decisiones adoptadas por los árbitros.9
[…]
Así mismo, la Sala Séptima de Revisión determinó que carecen de
relevancia constitucional los asuntos que (i) se contraen a dirimir
discusiones estrictamente económicas o patrimoniales relacionadas
con la condena impuesta en el laudo arbitral; o (ii) tienen una
relación directa con la interpretación de un contrato o su valoración
probatoria por parte del tribunal de arbitramento.10 Precisó,
también, que el carácter económico de la discusión no
excluye, per se, la posibilidad de que el caso comprometa la
faceta constitucionalmente protegida del debido proceso, pero
además de los perjuicios económicos, debe demostrarse el
desconocimiento de un derecho fundamental o la intervención en
otros bienes y derechos constitucionalmente relevantes como la
libertad personal o la eficaz administración de justicia.11
44. Ahora bien, aunque específicamente la jurisprudencia
constitucional no ha realizado una distinción en la determinación
de los supuestos que acreditan la relevancia constitucional o la
tornan carente en el análisis de procedencia de la acción de tutela
contra laudos arbitrales y contra la sentencia que resuelve el
recurso extraordinario de anulación,12 importa señalar que en éste
último escenario sí ha precisado que se debe tener en cuenta la
9
En la Sentencia SU-033 de 2018 la Sala Plena refirió, a partir de Ferrajoli, que una distinción entre
los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales consiste en que los primeros se destacan
“entre otras características por no ser negociables, mientras que los segundos establecen ‘relaciones
de dominio y de sujeción, es decir, de poder’.” Sentencia SU-033 de 2018. M.P. Alberto Rojas Ríos. AV.
Alejandro Linares Cantillo. Criterio reiterado en la Sentencia T-354 de 2019. M.P. Antonio José Lizarazo
Ocampo. AV. Antonio José Lizarazo Ocampo. AV. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Sentencia T-131 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
11
Ver sentencia T-102 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
12
Así ocurre, por ejemplo, en las Sentencias T-244 de 2007, SU-174 de 2007, SU-033 de 2018 y SU-
500 de 2015, entre otras.
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naturaleza especial que enmarca al recurso extraordinario de
anulación y justamente el alcance restringido que tienen sus
causales de procedencia. Lo anterior porque es ese el escenario
natural para que el juez verifique la adecuación del laudo a la
Constitución respecto de las causales que están enfocadas en la
valoración del derecho al debido proceso por posibles errores in
procedendo, y en ese sentido el análisis de relevancia
constitucional que se realiza en sede de tutela se torna más estricto
con miras a que el amparo no se utilice como un nuevo espacio
procesal para reexaminar cuestiones jurídicas y fácticas que fueron
objeto del proceso arbitral, o para cuestionar el criterio que empleó
el fallador dentro de su ámbito de autonomía13 […]”.
Caso concreto
En el caso bajo examen, la sociedad actora pretende que se dejen
sin efecto el laudo arbitral de 30 de noviembre de 2021 y la
providencia de 19 de septiembre de 2022, proferidas por el
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO y la SECCIÓN TERCERA,
respectivamente, por medio de las cuales se resolvió la controversia
planteada por la accionante contra el ONAC y el posterior recurso
extraordinario de anulación identificado con el número único de
radicación 2022-00059-00.
La controversia tiene origen en una demanda presentada por la
13
Al respecto se pueden consultar las Sentencias SU-500 de 2015, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez;
SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; y, SU-081 de 2020, M.P. Luis Guillermo Guerrero
Pérez.
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Actora: CERTIFICACIONES S.A.
actora ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de
Bogotá contra el ONAC, con el fin de que se declarara a la entidad
responsable del retiro de la acreditación, sin el respeto por las
garantías propias del debido proceso.
El proceso fue asumido por el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO que,
mediante laudo de 30 de noviembre de 2021, declaró que el ONAC
incumplió el Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de
Acreditación, por lo que ordenó pagar los perjuicios reconocidos por
concepto de lucro cesante. La parte actora, inconforme con la
omisión en el reconocimiento de los perjuicios en la modalidad de
daño emergente, presentó solicitud de complementación del laudo,
petición que fue atendida desfavorablemente.
Finalmente, la SECCIÓN TERCERA, mediante providencia de 19 de
septiembre de 2022, declaró infundados los recursos extraordinarios
de anulación propuestos por las partes, al estimar que no se cumplían
las causales taxativas expuestas para ese tipo de recursos.
La sociedad actora estima que el laudo arbitral y la providencia
cuestionada vulneraron su derecho fundamental al debido proceso,
dado que, en su sentir, las autoridades judiciales accionadas
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incurrieron en defecto fáctico, pues omitieron tener en cuenta las
declaraciones de renta aportadas que acreditaban los perjuicios de
daño emergentes causados en sus modalidades de “pérdida en el
patrimonio social” y “no poder compensar sus pasivos”.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, especialmente, contra laudo arbitral y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO y la
SECCIÓN TERCERA vulneraron el derecho fundamental al debido
proceso invocado e incurrieron en el defecto fáctico, al haber
proferido el laudo arbitral de 30 de noviembre de 2021 y la
providencia de 19 de septiembre de 2022, respectivamente, esta
última dentro del recurso extraordinario de anulación de laudo
identificado con el número único de radicación 2020-00124-01.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, especialmente contra laudos arbitrales,
según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida
por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito
general de la relevancia constitucional.
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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación14, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene
dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces
(artículos 228 y 230 de la Carta)”; por otro, evita que la acción
de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”.
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del
actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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relevancia constitucional por la afección de sus derechos
fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de
derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional.
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no
puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida
para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial
que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de
relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que
se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una
cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en
cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a
una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras
palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un
asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad. Si bien no
siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional
de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
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sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de
diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los
antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de
1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al
debido proceso. El primero que emerge de la propia Constitución y
que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente
debido proceso.
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29
CN-, aboga por la protección de las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso. En criterio de la Corte, tales garantías
esenciales son el derecho al juez natural; el derecho a presentar y
controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en
el proceso penal; el principio de predeterminación de las reglas
procesales o principio de legalidad; el derecho a la publicidad de
los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de juicios
secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos y
arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa y
contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales impone un estudio riguroso de los requisitos de
procedibilidad y de prosperidad de la acción, más cuando se
trata de atacar las providencias de las altas Cortes, tal como
lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917
de 2013. […]” (Destacado fuera del texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
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discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Ahora, de conformidad con lo expuesto en líneas anteriores, el
requisito general de la relevancia constitucional resulta más
exigente para la procedencia de la acción de tutela contra
laudos arbitrales, de tal forma que dicho presupuesto no se
encuentra superado cuando i) el asunto resulta estrictamente
económico o versa sobre discusiones patrimoniales relacionadas con
la condena impuesta en el laudo o ii) tiene una relación directa con
la interpretación probatoria dada en el laudo.
Se destaca que, aun cuando el carácter económico no excluye, per
se, la posibilidad de que se comprometan principios y derechos
constitucionales, en este caso se debe demostrar el desconocimiento
de un derecho fundamental relevante como la libertad personal o la
eficaz administración de justicia.
Sumado a lo anterior, se debe tener en cuenta la naturaleza especial
del recurso extraordinario de anulación, así como su restringido
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alcance, por lo que el estudio de la relevancia constitucional también
se torna más estricto, con el fin de que no se utilice a la acción de
tutela como un nuevo espacio donde se pretenda reabrir un debate
fáctico o jurídico ya zanjado o para cuestionar el criterio del árbitro
dentro de su ámbito de autonomía.
En el caso bajo examen, la solicitud de tutela se fundamentó en el
hecho, según el cual, las autoridades judiciales accionadas omitieron
analizar las pruebas obrantes en el expediente, específicamente, las
declaraciones de renta aportadas, las cuales, a juicio de la actora,
acreditaban los perjuicios por daño emergente causados en sus
modalidades de “pérdida en el patrimonio social” y “no poder
compensar sus pasivos”, por lo que se debieron reconocer.
Conforme con lo anterior, la Sala advierte que las inconformidades
descritas por la parte actora pretenden retrotraer asuntos que fueron
objeto de análisis dentro del proceso arbitral y el recurso
extraordinario de anulación, en la medida en que lo pretendido por
la sociedad CERTIFICACIONES S.A. es que se realice un nuevo
análisis del asunto puesto a consideración del juez competente, como
si este mecanismo constitucional se tratara de una instancia
adicional.
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Así las cosas, la Sala advierte que los argumentos que invoca la parte
actora como fundamento de la presunta vulneración del derecho
deprecado, son los mismos que fueron puestos a consideración ante
el juez arbitral y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se
evidencia que lo pretendido es crear una instancia adicional trayendo
argumentos que ya fueron suficientemente debatidos por los jueces
naturales del litigio.
En efecto, la divergencia recae sobre un asunto económico y de mera
legalidad, porque los motivos que fundamentan la inconformidad de
la parte actora se sustentan, básicamente, en que se debió reconocer
el pago de los perjuicios en la modalidad de daño emergente a los
que, a su juicio, tiene derecho como consecuencia del retiro de la
certificación por parte del ONAC.
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión meramente económica y
legal, que gira en torno a la inconformidad con la decisión adoptada
en el laudo arbitral, la cual fue resuelta de manera admisible.
En efecto, revisada la providencia de 19 de septiembre de 2022, se
observa que CERTIFICACIONES S.A. fundamentó el recurso
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extraordinario de anulación de la siguiente manera:
“[…] en síntesis, que el laudo impugnado omitió pronunciarse sobre
el daño emergente reclamado y probado a través del juramento
estimatorio y de otras pruebas documentales allegadas al proceso.
Agregó, que el Tribunal confundió las pruebas de ambas partes y
le restó mérito probatorio al juramento estimatorio, pues, en su
opinión, la prueba pericial no fue aportada por el Convocante sino
por el litisconsorte cuasi necesario (Legaltec Colombia S.A.S.)
Sostuvo que, conforme al art. 206 del CGP, sólo se considera la
objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le
atribuye al juramento estimatorio, carga procesal que, a su juicio,
no cumplió la Convocada al contestar la demanda reformada,
porque no se refirió al rubro dé daño emergente en forma concreta,
además que, no indicó razonadamente la inexactitud que le atribuía
a la estimación ya que esta se refirió específicamente al lucro
cesante más no al daño emergente.
En su opinión, la Convocada también debió ser condenada a pagar
daño emergente por pérdida en el patrimonio social y dañó
emergente por no poder compensar los pasivos. Agregó que el
laudo pasó por alto otras pruebas que sustentan los conceptos de
daño emergente reclamados, en particular las declaraciones de
renta. Sostuvo, finalmente, que la decisión del perjuicio que se
debía indemnizar no se fundó en las pruebas regular y
oportunamente allegadas al proceso en los términos del artículo
164 del CGP […].
Conforme con la transcripción en cita, la Sala advierte que los
motivos de inconformidad expuestos por la parte actora en el recurso
extraordinario de anulación del laudo, son los mismos en lo que se
fundamentó la solicitud de amparo de la referencia, de tal forma que
además de tratarse de un asunto meramente económico sin ninguna
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connotación constitucional, lo que se pretende es cuestionar una
decisión judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, sin que en todo caso se vislumbre que las
autoridades accionadas pudieron haber actuado de forma
abiertamente arbitraria o desbordando los límites del principio de la
autonomía.
Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de
tutela haga un nuevo examen integral de las pruebas arrimadas al
trámite arbitral y al recurso extraordinario de anulación, con la
finalidad de que se corrija el análisis que hizo tanto el TRIBUNAL
DE ARBITRAMENTO como la SECCIÓN TERCERA y se acoja la
interpretación que propone, como si el mecanismo de amparo fuera
una instancia o recurso adicional a los previstos.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala encuentra que la acción de
tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito
general de relevancia constitucional, porque a través de esta la
actora trae un asunto meramente económico y, además, lo que
pretende es cuestionar una decisión judicial como si este mecanismo
se tratase de un recurso o instancia adicional.
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Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí
dispuesta al ser adversa a sus intereses, lo cual no significa que la
decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la autonomía
judicial de la que goza el juez de conocimiento, se decidió el asunto
sometido a su consideración.
Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado
improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no
resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se
centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue
el caso de la providencia de 9 de febrero de 201715, en la que se
indicó:
“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).
15
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201816, sostuvo lo
siguiente:
“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.
Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
16
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.
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sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como
si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la
decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, especialmente cuando se trata de laudos arbitrales, lo
cual sólo es dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo
que en el presente caso no se encontró probado.
En consecuencia, la Sala declarará improcedente la presente acción
de tutela por carecer del requisito general de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de
la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional por no cumplir el requisito general de la relevancia
constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 1o. de febrero de 2024.
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Actora: CERTIFICACIONES S.A.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
ALFREDO BELTRÁN SIERRA JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Conjuez Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
magistrados y conjueces integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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