Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-00596-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-00596-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2017-00596-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
13 de febrero de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA / IMPROCEDENCIA DE INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA POR RENUNCIA A REINTEGRO EN EL CARGO
[D]el expediente de tutela se observa que el accionante afirma que “promovió consecuente proceso ejecutivo (…) desde agosto 12 de 2014”. De esto, la Sala comparte la afirmación que realizó la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación, en el sentido de que a dicho trámite judicial se aplica el CPACA, en el entendido de que es la jurisdicción [contenciosa administrativa] competente para conocer de la ejecución de los fallos proferidos por esta misma, lo cierto es que dicha norma no lo reguló, por lo que resulta necesario acudir al Código General del Proceso (…) En ese orden de ideas, no le asiste la razón al demandante al afirmar que se debió aplicar “C.P.C.”, sobre todo cuando al momento de interponer la demanda ejecutiva ya se encontraba vigente el CGP (…) Por otra parte, en el auto de 17 de noviembre de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo de Santander no se hace alusión al artículo 189 del CPACA frente a la indemnización compensatoria del eventual no reintegro. (…) [se] pudo verificar que el actor en escrito de 16 de noviembre de 2010, manifestó que renunciaba al reintegro (…) En ese orden de ideas, es claro que (…) este debió ser el sustento para negar el mandamiento de pago por la indemnización compensatorio (…) Ahora bien, dicha situación no fue advertida ni planteada por el demandante en el escrito de tutela, sin embargo, el juez de tutela no podía omitir dicho análisis, pues se debía verificar que en verdad existiera una renuncia al reintegro por parte del accionante, para así determinar si tenía o no derecho a la mencionada indemnización. En consecuencia se negará el cargo relacionado con el defecto sustantivo, pues se demostró que el Tribunal Administrativo de Santander hizo una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, sin que se pueda endilgar la procedencia del mencionado defecto.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00596-01(AC)
Actor: MARTÍN EMILIO SANTOS NOVA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE BUCARAMANGA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el apoderado del accionante contra la sentencia dictada el 3 de abril de 2017, por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, en la que denegó las pretensiones de la acción de tutela.
ANTECEDENTES
Hechos
El accionante afirmó que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el departamento de Santander, Contraloría General de Santander, la cual correspondió al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Bucaramanga.
Relató que el mencionado despacho judicial, en sentencia que quedó en firme el 14 de septiembre de 2010, ordenó al ente territorial demandado que reintegrara al actor sin solución de continuidad al cargo que ocupaba en la Contraloría General de Santander, manteniendo sus derechos de carrera y, además, que se le pagaran los sueldos y demás prestaciones correspondientes de manera indexada.
Sostuvo que el 12 de agosto de 2014, inició proceso ejecutivo contra el departamento de Santander, en el que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Santander en auto de 16 abril de 2015, negó el mandamiento de pago, toda vez que la sentencia que allegó como título no contenía una obligación clara, expresa y exigible.
El actor interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión. El Tribunal Administrativo de Santander en proveído de 17 de noviembre de 2016, lo revocó parcialmente, al considerar que se debía librar mandamiento de pago, pero negó la orden de pago frente a la pretensión subsidiaria de indemnización compensatoria del eventual incumplimiento al reintegro del accionante.
Resaltó que la anterior decisión “contrarió precedentes (no simples antecedentes como el que se citó de modo precario en el folio 38) que se habían puesto de presente expresamente al respecto por ejemplo en septiembre 10 y 29 de 2015 (fls. 27 y 28), marzo 4 de 2016 (fls. 29 a 31) y agosto 22 de 2016 (fl.32), de los que se hizo caso omiso y mutis, como se hizo caso omiso también a la normatividad sobre ejecución de obligaciones de hacer y del juramento estimatorio respecto al monto de la indemnización deprecada como subsidiaria ante incumplimiento de la obligación de hacer según el Código de Procedimiento Civil aplicable”.
Indicó que la orden de pago de la indemnización compensatoria que denegaron las autoridades judiciales demandadas, es de origen legislativo y su aplicación y cuantificación se encuentra desarrollada en los precedentes en los que se estableció que procede su decreto en el proceso ejecutivo y que para esto no es aplicable el artículo 189 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) sino el Código de Procedimiento Civil (CPC).
Por último, manifestó que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en auto de 15 de febrero de 2017, libró mandamiento de pago pero con las limitaciones establecidas por el Tribunal Administrativo de Santander, es decir, negó la orden de pago frente a la indemnización compensatoria por el no reintegro.
2. Fundamentos de la acción
El actor adujo que las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo y en desconocimiento de precedentes judiciales, pues, en su sentir, la norma aplicable en el caso objeto estudio era el CPC y no el artículo 189 del CPACA. Agregó que la indemnización compensatoria está regulada en el CPC, por lo que no era necesario que se estableciera en la sentencia de 14 de septiembre de 2010 dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que es una prerrogativa de “origen legislativo”.
Aunado a lo anterior, afirmó que el tribunal accionado se apartó de su propio precedente dictado en providencias de 31 de julio de 2015, de “octubre de 2015” y 30 de marzo de 2016, en los que libró mandamiento de pago frente a la indemnización compensatoria, en casos similares. Asimismo, indicó que se omitió la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en las sentencias T-216 de 2013 y T-218 de 2005 y, por otra parte, los fallos de tutelas dictados por el Consejo de Estado, específicamente las sentencias de 20 de febrero de 2017, 21 de enero de 2016 y 7 de septiembre de 2015. Por consiguiente, consideró que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, así como los principios de legalidad y confianza legítima.
3. Pretensiones
El accionante formuló la siguiente pretensión:
“Se tutelen al accionante sus derechos fundamentales enunciados en la parte inicial de este escrito y demás que aparecieron vulnerados: Dejando sin efectos lo dispuesto en los autos de febrero 20 de 2015 y febrero 16 de 2017 del Juzgado 5º Administrativo Oral de Bucaramanga y en el auto de noviembre 17 de 2016 del Tribunal Administrativo de Santander y en su lugar librando expreso mandamiento ejecutivo concreto y acorde a la Jurisprudencia Constitucional sobre procedencia de la indemnización compensatoria del incumplimiento al reintegro sin aplicar el CPACA (ej. Art 189) sino el C.P.C., y sobre el debido respeto a los precedentes puestos de presente, en cuanto a que:
1º. Se ordene expresa y categóricamente cumplir con los pagos y el reintegro deprecado en la demanda para lo cual se conceda un término de cuarenta y ocho horas.
2º. Se ordene expresa y categóricamente que en caso de incumplimiento al reintegro se pague la indemnización prevista bajo juramento en la pretensión tres de la demanda ejecutiva y que sobre ello se dispongan los respectivos intereses.
3º. Se inste, expresa y categóricamente al H. Tribunal Administrativo de Santander y al Juzgado accionado: a no volver a incurrir en hechos vulneratorios como los que dieron origen a esta Tutela.”
Pruebas relevantes
El accionante allegó los siguientes documentos:
Copia de la sentencia de 12 de agosto de 2010, emanada del Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el accionante contra el departamento de Santander, Contraloría General de Santander.
Copia del auto de 20 de febrero de 2015, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, en el que negó librar el mandamiento de pago.
Copia del proveído de 17 de noviembre de 2016, proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, en el que revocó parcialmente la decisión del 20 de febrero de 2015.
Oposición
5.1. Respuesta del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga
En escrito de 15 de marzo de 2017, la titular del despacho solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela por considerarlas improcedentes.
Afirmó que la providencia de 15 de febrero de 2017, por medio de la cual el juzgado libró mandamiento de pago no está en firme, pues contra esta se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, por lo que no se encuentran agotados los mecanismos en sede judicial.
Por lo demás, se remitió a los argumentos expuestos en las providencias motivo de tacha constitucional.
5.2. Respuesta de la Contraloría General de Santander
En escrito de 15 de marzo de 2017, el contralor pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela.
Resaltó que lo solicitado por el accionante en caso de incumplimiento de la obligación de reintegro, es que se ordene el pago de una indemnización en una suma equivalente a lo que tendría derecho a devengar hasta el día de su retiro forzoso, lo que es desproporcionado pues, pidió que se liquide algo superior a las sumas equivalentes a los emolumentos dejados de percibir desde enero del 2000, época en la cual fue retirado del servicio y todo el tiempo que duró el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que fueron más de 9 años.
Indicó que seguir adelante con la ejecución por la cuantía señalada por el demandante conllevaría un daño al patrimonio público, máxime si se tiene en cuenta que el legislador estableció en la Ley 1437 de 2011, un procedimiento especial para la fijación de dicha indemnización y que si esta no es considerada procedente, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, que hace relación a la indemnización en caso de supresión del cargo de empleados de carrera administrativa.
5.3. El Tribunal Administrativo de Santander, guardó silencio.
6. Sentencia de tutela impugnada
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en sentencia de 3 de abril de 2017, negó las pretensiones formuladas por el demandante, toda vez que no se evidenció amenaza o violación de los derechos fundamentales invocados.
Afirmó que de las pruebas allegadas se constató que el proceso ejecutivo se inició el 12 de agosto de 2014, de lo que se colige que para su trámite se aplicó el CPACA. Sin embargo, pese a que el mencionado código prevé que la jurisdicción contencioso administrativa tiene competencia para conocer de los procesos ejecutivos derivados de las condenas impuestas por esta jurisdicción, no reguló su trámite, por lo que resulta necesario acudir al Código General del Proceso (CGP).
Por otra parte, sostuvo que, cuando el juez ordena a la administración reintegrar a un trabajador, evidentemente constituye una obligación de hacer, pues exige del deudor adoptar las acciones necesarias para reincorporar a este a su empleo, las cuales de no ser realizadas, autorizan al interesado a promover la acción ejecutiva.
Señaló que en tal sentido, el CGP faculta al deudor para que, además de exigir el derecho que tiene reconocido, pida los perjuicios compensatorios en caso de que el deudor no cumpla con la obligación en la forma ordenada en el mandamiento ejecutivo.
Afirmó que la decisión del tribunal accionado de dejar a criterio del Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga el librar mandamiento de pago frente al reintegro, en atención a que había una manifestación condicionada de desistimiento por parte del actor, toda vez que el “16 de noviembre de 2016” informó al gobernador de Santander que renunciaba libre y voluntariamente al reintegro, siempre que lo adeudado le fuera girado antes del 30 de noviembre de 2016.
Resaltó que mediante “Resolución 772 de 16 de noviembre de 2010”, se aceptó el requerimiento del accionante, pero que el pago solo se realizó hasta el “21 de diciembre de 2010”, por consiguiente se creería que la administración no cumplió con lo pactado. Sin embargo, encontró que mediante comunicación de “13 de diciembre de 2010”, el demandante prorrogó su interés de desistir al reintegro y de los intereses moratorios causados, con la condición de que se cancelara lo debido a más tardar el 22 de diciembre de 2010.
Manifestó que el actor al renunciar a la posibilidad de exigir de la contraloría de Santander el reintegro al empleo en los términos de la sentencia ordinaria, se entiende que igualmente lo hizo frente a la indemnización compensatoria, pues ante el desistimiento de aquel, el eventual derecho a esta también desapareció.
Por último, señaló que en auto de 15 de febrero de 2017 el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga libró mandamiento de pago y ordenó al departamento de Santander, Contraloría de Santander reintegrar al demandante al empleo que desempeñaba al momento de ser retirado del servicio, por lo que envió copias de la providencia al mencionado juzgado para su conocimiento y para los fines que estime pertinente.
7. Escritos de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el apoderado del accionante impugnó la anterior decisión, pues consideró que las decisiones demandadas son lesivas de sus derechos fundamentales, pues dentro del proceso ejecutivo se cumplió con los requisitos previstos “en el Art. 495 C.P.C. (actualmente 428 del C.G.P.)”, razón por la cual se debió librar mandamiento de pago según “el Art. 504 C.P.C. (actualmente 437 C.G.P. –pero en el caso que nos ocupa, por tratarse de ejecución de una sentencia proferida conforme al C.C.A. la normativa aplicable en principio sería la del C.P.C., tema decantado en la jurisprudencia citada en la demanda de tutela y que adelante se reitera.)”.
Afirmó que el debate abordado en la sentencia impugnada no fue el planteado, pues si se realizó o no pago extintivo de la obligación, es del resorte exclusivo del juez natural que es el del proceso ejecutivo.
Aunado a lo anterior, sostuvo que no se verificó que el pago que realizó el departamento de Santander no fue íntegro, toda vez que lo cancelado equivalía a un abono y no a un pago completo de la obligación, por lo que no se cumplió lo pactado con el gobernador, por consiguiente podía solicitar el reintegro y la indemnización compensatoria.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999, el 2º [c] del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.
2. Aclaración previa
La Sala observa que el accionante reprocha, entre otros, el auto de 15 de febrero de 2017, dictado por el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga en el que se libró mandamiento de pago acatando la orden del Tribunal Administrativo de Santander.
Al respecto, se constató que contra dicho proveído se interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, por lo que la mencionada providencia no se encontraba en firme al momento en que se presentó la solicitud de amparo de la referencia, razón por la cual no será tenida en cuenta en el estudio que se aborde en el presente caso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la decisión impugnada que negó las pretensiones de la acción de tutela se debe confirmar o, si por el contrario, las decisiones judiciales dictadas por el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga incurrieron (i) en defecto sustantivo al aplicar el artículo 189 del CPACA y no el CCA, frente a la indemnización compensatoria por no reintegro, lo cual, en su sentir, es una prerrogativa de “origen legislativo” y (ii) en desconocimiento del precedente judicial, al apartarse de las providencias emanadas de la misma autoridad judicial de 31 de julio de 2015, de “octubre de 2015” y 30 de marzo de 2016, y además, los pronunciamientos dictados por la Corte Constitucional en las sentencias T-216 de 2013 y T-218 de 2005 y, por otra parte, los proferidos por el Consejo de Estado, específicamente las sentencias de 20 de febrero de 2017, 21 de enero de 2016 y de 7 de septiembre de 2015.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:
“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
El caso bajo estudio, ha superado los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto (i) goza de relevancia constitucional en la medida que debe decidirse si el Tribunal Administrativo de Santander con el auto de 17 de noviembre de 2016 y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga con el proveído de 20 de febrero de 2015, se vulneraron los derecho fundamental al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como a los principios de legalidad y confianza legítima, cuya protección se invoca, toda vez que no se libró mandamiento de pago frente a la indemnización compensatoria; (ii) el accionante agotó el recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, por lo que no cuenta con otro medio de defensa judicial, razón por la cual acude a la acción de amparo; (iii) la providencia de segunda instancia se profirió el 17 de noviembre de 2016 y se notificó mediante estado el 18 de noviembre de 2016. La acción de tutela se presentó el 7 de marzo de 2017, transcurridos tres (3) meses y dieciocho (18) días después de su notificación, por lo que se interpuso dentro del término razonable de seis (6) meses, el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte Constitucional; (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal manera que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la acción de tutela no es contra un fallo de la misma naturaleza.
Cumplidos los requisitos genéricos de procedencia de la solicitud de amparo, procede la Sala a efectuar el estudio de fondo.
5.2. La autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos alegados
El demandante indicó en el escrito de tutela que el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga en auto de 20 de febrero de 2015 y el Tribunal Administrativo de Santander en auto de 17 de noviembre de 2016, incurrieron en defecto sustantivo, pues no debieron aplicar el artículo 189 del CPACA sino el CCA y, por otra parte, invoca el desconocimiento del precedente judicial, pues afirma que el tribunal accionado se apartó de su propio precedente dictado en providencias de 31 de julio de 2015, de “octubre de 2015” y 30 de marzo de 2016, en los que libró mandamiento de pago en relación con la indemnización compensatoria. Asimismo, el actor señaló que se omitieron las reglas jurisprudenciales dictadas por la Corte Constitucional en las sentencias T-216 de 2013 y T-218 de 2005 y, por otra parte, los proferidos por el Consejo de Estado, específicamente las sentencias de 20 de febrero de 2017, 21 de enero de 2016 y de 7 de septiembre de 2015.
La Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado en fallo de 3 de abril de 2017, denegó las pretensiones de la acción de tutela, por considerar que el demandante había renunciado al reintegro siempre y cuando los dineros adeudados le fueran cancelados el 22 de diciembre de 2010, y que para el 21 del mismo mes y año habían sido cancelados, por lo que no habría lugar a una indemnización compensatoria, pues el actor había renunciado al reintegro.
El accionante impugnó la anterior decisión, bajo el argumento de que ese no era el debate planteado, pero que a pesar de eso, el pago que se le realizó fue solo un abono, no era el pago total de la obligación, razón por la cual el cumplimiento íntegro de la obligación no se efectuó. Por lo demás, se remitió a los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
5.2.1. La Sala observa que, en el sentir del demandante, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo al aplicar el artículo 189 del CPACA y no el CCA, frente a la indemnización compensatoria por no reintegro. Además, sostiene que la indemnización compensatoria está regulada en el CPC y no era necesario que se indicara en la sentencia de 14 de septiembre de 2010 dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues es una prerrogativa de “origen legislativo”.
La Corte Constitucional ha sostenido que la indebida aplicación de las normas también es una modalidad del defecto sustantivo y que ocurre cuando, a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final que se hace de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente lesiva de los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada).
Ahora bien, del expediente de tutela se observa que el accionante afirma que “promovió consecuente proceso ejecutivo Rad. 68001333300520140034200 desde agosto 12 de 2014”. De esto, la Sala comparte la afirmación que realizó la Sección Segunda Subsección “B” de esta Corporación, en el sentido de que a dicho trámite judicial se aplica el CPACA, en el entendido de que es la jurisdicción competente para conocer de la ejecución de los fallos proferidos por esta misma, lo cierto es que dicha norma no lo reguló, por lo que resulta necesario acudir al Código General del Proceso (CGP).
Lo anterior, con sustento en la providencia de unificación del 24 de junio de 2014, dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la que se determinó que en los aspectos no regulados en el CPACA e iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2014 ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo deberían resolverse a la luz de las normas del Código General del Proceso.
En ese orden de ideas, no le asiste la razón al demandante al afirmar que se debió aplicar “C.P.C.”, sobre todo cuando al momento de interponer la demanda ejecutiva ya se encontraba vigente el CGP.
Por otra parte, en el auto de 17 de noviembre de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo de Santander no se hace alusión al artículo 189 del CPACA frente a la indemnización compensatoria del eventual no reintegro. De hecho, el argumento que se expuso para que se negaran fue: “no puede perderse de vista que sobre esta no es posible librar mandamiento ejecutivo ya que no se encuentra sustento en el título ejecutivo sobre esta, por cuanto la sentencia de 15 de octubre de 2009, no dispuso que en el evento de que el señor MARTÍN EMILIO SANTOS NOVA, no pudiese ser reintegrado al cargo de Revisor 550, el Departamento de Santander – Contraloría General debía indemnizarlo”.
Al respecto, se debe aclarar que dicha situación la establecen los artículos 428 y 437 del CGP que regulan lo concerniente a los perjuicios compensatorios, por lo que no es necesario que en la sentencia declarativa se establezca dicho reconocimiento. Sin embargo, la Sala considera que tal error en el argumento antes transcrito no genera la relevancia necesaria que permita revocar los efectos de las decisiones atacadas, más aún, cuando pudo verificar que el actor en escrito de 16 de noviembre de 2010, manifestó que renunciaba al reintegro por lo que la Contraloría General de Santander, mediante Resolución Nº 000772 de 16 de noviembre de 2010, “[p]or la cual se toman las medidas tendientes a adoptar el fallo judicial de fecha 15 de octubre de 2009, proferido por el Juzgado Quinto del Circuito Administrativo de Bucaramanga Santander, ejecutoriado el 13 de septiembre de 2010”, resolvió:
“ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de hacer efectivo el reintegro del señor MARTÍN EMILIO SANTOS NOVA, identificado con la cédula de ciudadanía número 5.784.519 Expedida en el Valle de San José de conformidad con la manifestación voluntaria efectuada en escrito de fecha 16 de noviembre de 2010”.
Posteriormente, en escrito radicado ante la Gobernación de Santander el 13 de diciembre de 2010, el accionante le manifestó que “[e]n consecuencia al incumplimiento del pago que debía realizarse el 30 de noviembre del año en curso me permito comunicarle decisión de prorroga con la condición que el pago se efectué a más tardar el 22 de diciembre de 2010, de igual forma renuncio al reintegro y a los intereses comerciales moratorios a mi favor mediante sentencia de fecha 12 de agosto de 2010.”
En vista de lo anterior, la gobernación de Santander expidió la Resolución Nº 018758 de 14 de diciembre de 2010, “por la cual se reconoce una cuenta”, a favor del actor por la suma de $181.998.875, los cuales fueron cancelados el 21 de diciembre de 2010.
En ese orden de ideas, es claro que el accionante renunció al reintegro y este debió ser el sustento para negar el mandamiento de pago por la indemnización compensatoria. Por consiguiente, la Sala comparte lo resuelto en la providencia impugnada, pues si al actor se le cancelaron los dineros adeudados antes del 22 de diciembre de 2010, no había razón para que se librara orden de pago frente a la mencionada indemnización, razón por la cual no tendría ningún efecto útil dejar sin efecto el auto de 17 de noviembre de 2016, dictado por el Tribunal Administrativo de Santander.
Ahora bien, dicha situación no fue advertida ni planteada por el demandante en el escrito de tutela, sin embargo, el juez de tutela no podía omitir dicho análisis, pues se debía verificar que en verdad existiera una renuncia al reintegro por parte del accionante, para así determinar si tenía o no derecho a la mencionada indemnización.
En consecuencia se negará el cargo relacionado con el defecto sustantivo, pues se demostró que el Tribunal Administrativo de Santander hizo una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, sin que se pueda endilgar la procedencia del mencionado defecto.
5.2.2. Por otra parte, el demandante considera que el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga incurrieron en desconocimiento del precedente judicial horizontal, al desconocer las providencias de 31 de julio de 2015, de “octubre de 2015” y 30 de marzo de 2016 dictadas por el tribunal demandado, en los que libró mandamiento de pago frente a la indemnización compensatoria en casos similares. Asimismo, indicó que se omitió aplicar la regla jurisprudencial dictada por la Corte Constitucional en las sentencias T-216 de 2013 y T-218 de 2005 y, por otra parte, los proferidos por el Consejo de Estado, específicamente las sentencias de 20 de febrero de 2017, 21 de enero de 2016 y de 7 de septiembre de 2015.
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».
En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas:
El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció.
El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso concreto.
Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la confianza legítima.
Descendiendo al sub lite, se observa que el actor no cumplió con la carga mínima de la argumentación, pues (i) no allegó las providencias de 31 de julio de 2015, “octubre de 2015” y de 30 de marzo de 2016, las cuales no reposan en el software de gestión Siglo XXI de la Rama Judicial, por lo que no se pudo verificar si eran precedentes aplicables y (ii) respecto de las decisiones proferidas por la Corte Constitucional y el Consejo de estado, si bien reconocen la indemnización compensatoria por el no reintegro al ejecutante, lo cierto es que en todos los casos que trae a colación difieren en el punto de que no hubo renuncia voluntaria por parte del demandante, lo cual varía sustancialmente el debate jurídico.
En ese orden de ideas, es claro que el actor no cumplió con la carga de señalar la regla jurisprudencial supuestamente desconocida por el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga, por lo que se negará el cargo bajo estudio.
Agotado el problema jurídico planteado, la Sala confirmará la sentencia impugnada de 3 de abril de 2017, de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado, por las razones expuestas.
6. Razón de la decisión
Se confirmará la sentencia impugnada, toda vez que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en defecto sustantivo, pues se demostró que el accionante había renunciado al reintegro, por lo que no existía el sustento para que se librara mandamiento de pago frente a la indemnización compensatoria por imposibilidad del reintegro. Igualmente, se constató, en relación con el desconocimiento del precedente, que el demandante no cumplió con la carga mínima de la argumentación, consistente en señalar la regla jurisprudencial que supuestamente se desconoció en las providencias atacadas.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- CONFÍRMASE el fallo de 3 de abril de 2017, proferido por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, dentro de la acción de tutela promovida por Martín Emilio Santos Nova contra el Tribunal Administrativo de Santander y el Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga .
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Así lo afirma en el escrito de tutela.
Folio 2 del cuaderno de tutela.
M.P.: Alexei Julio Estrada.
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Radicado: 11001031500020160315200, M.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E).
Radicado: 11001031500020150315101, M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Radicado: 11001031500020150046301, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Folio 120 del cuaderno de tutela.
Folio 125 del expediente de tutela.
M.P.: Alexei Julio Estrada.
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Radicado: 11001031500020160315200, M.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E).
Radicado: 11001031500020150315101, M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Radicado: 11001031500020150046301, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
M.P.: Alexei Julio Estrada.
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Radicado: 11001031500020160315200, M.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E).
Radicado: 11001031500020150315101, M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Radicado: 11001031500020150046301, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Ver sentencias T-125 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y SU-424 de 2016, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado.
Folio 29 del expediente ordinario.
Folios 30 a 31 del expediente ordinario.
Folio 105 del cuaderno de tutela.
Folios 32 a 36 del expediente ordinario.
Folio 37 del expediente ordinario.
M.P.: Alexei Julio Estrada.
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.
Radicado: 11001031500020160315200, M.P.: Hugo Fernando Bastidas Bárcenas (E).
Radicado: 11001031500020150315101, M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
Radicado: 11001031500020150046301, M.P.: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Sentencia T-158 de 2006.
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica” (se destaca).
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.
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