Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00608-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00608-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2017-00608-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
26 de abril de 2017
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / LÍMITE INDEMNIZATORIO POR RETIRO DEL CARGO DE MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA FIJADO POR LA CORTE CONSTITUCIONAL / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD
[P]ara la Sala es claro que si bien los funcionarios de la Policía Nacional cuentan con un régimen de carrera, prestacional y disciplinario especial, no es menos cierto que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-053 de 2015, dio aplicación expresa a los lineamientos fijados en la sentencia SU-556 del 2014 a casos como el fallado por el Tribunal Administrativo de Caldas, y que es objeto de cuestionamiento, lineamientos de los cuales resaltó el uso del monto de indemnización a reconocer como restablecimiento del derecho. Así las cosas, de declararse la nulidad de un acto administrativo de retiro, independientemente de la naturaleza del cargo que ocupe el funcionario policial, la autoridad judicial debe observar lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación antes mencionadas, en consideración a que se trata de indemnizar el daño cierto y efectivamente causado con independencia de la calidad del uniformado y la entidad en la que preste sus servicios. (…) considera la Sala que la autoridad judicial accionada, al ordenar a la parte actora al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro, desconoció los topes indemnizatorios establecidos por la Corte Constitucional, en sentencias de unificación que tienen un carácter vinculante, y por ende, vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad de la Policía Nacional.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 25 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 909 DE 2004 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 250 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 257
NOTA DE RELATORÍA: En la sentencia SU-556 de 2014, la Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en relación con los límites indemnizatorios que, a título de restablecimiento, se debe reconocer en los casos en que se ordena un reintegro. De otra parte en la providencia se reitera el criterio de la Corporación respecto a la correlación que debe existir entre el monto de la indemnización con el daño efectivamente sufrido por el servidor público, sobre el tema ver la sentencia del 24 de noviembre de 2016, exp. 11001-03-15-000-2016-01066-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00608-00(AC)
Actor: MINISTERIO DE DEFENSA, POLICÍA NACIONAL - SECRETARÍA GENERAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
La Sala decide la acción de tutela interpuesta directamente por el apoderado de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, en contra del Tribunal Administrativo del Caldas.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
Mediante escrito radicado el 6 de marzo de 2017 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Caldas, con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Tales garantías las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia del 27 de septiembre del 2016, proferida por la autoridad judicial accionada, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio, para en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Nilson de Jesús Pérez González, condenando a las entidad tutelante, al reconocimiento y pago de todos los salarios y demás prestaciones sociales dejados de percibir por el demandante, hasta el momento efectivo de su reintegro.
A título de amparo constitucional solicitó:
“PRIMERA: Que se declare que la Sentencia (sic) de segunda instancia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – MAGISTRADA PONENTE DRA. PATRICIA VARELA CIFUENTES, fallo de fecha 27-09-2016 y publicado mediante edicto fijado el 19-10-2016, dentro del proceso acción de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado bajo número. 500011233100020152025901, demandante NILSON DE JESUS PÉREZ GONZÁLEZ, demandado NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL, violó el derecho fundamental a la igualdad y al Debido (sic) Proceso (sic) de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaratoria anterior, se conceda el amparo de tutela solicitado por la Policía Nacional, y se DEJE SIN EFECTOS los ordenado en el numeral cuarto de la sentencia de segunda proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, específicamente lo relacionado con el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar desde la fecha de desvinculación y hasta que se haga efectivo su reintegro y en consecuencia se ordene a dicho TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – MAGISTRADA PONENTE DRA. PATRICIA VARELA CIFUENTES, que dentro del término razonable, proceda a dictar sentencia de reemplazo, en la cual se acaten los argumentos jurídicos expuestos en la presente acción y observando el precedente vertical fijado por el Honorable Consejo de Estado y la Corte Constitucional en la sentencias cuyo desconocimiento se invocó.”
La entidad accionante, tras precisar las razones por las cuales consideró que en el presente asunto se encuentran superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, alegó que con la providencia judicial cuestionada, la autoridad judicial incurrió en una vulneración a sus derechos fundamentales, dado que desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación SU-556 del 2014, adoptada por la Corte Constitucional, en donde se fijaron reglas de decisión claras en torno al monto de indemnización a reconocer cuando se orden el reintegro de un funcionario público.
Relató que en dicha oportunidad, el Tribunal Constitucional estableció que la indemnización procedente como restablecimiento del derecho conculcado, no puede ser inferior a 6 meses ni superior a 24 meses de salario, siendo necesario descontar los montos percibidos por el actor en virtud de relaciones laborales privadas o con el Estado, dependientes o independientes, aspecto que fue desconocido por la orden número 4 de la sentencia 27 de septiembre del 2016 dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas.
Señaló que dicho aspecto fue reiterado en sentencia SU-053 del 2015, alegado que tanto el pronunciamiento del 2014, como el último de los referidos, ostentan un carácter vinculante para el ejercicio de la función jurisdiccional, siendo estricta su obediencia, salvo que se exponga motivos suficientes para apartarse de las razones de decisión allí expuestas.
De otro lado, alegó que el Tribunal accionado, al momento de proferir su orden de restablecimiento en la forma en que fue consagra en la parte resolutiva de su fallo, incurrió en una decisión sin motivación, en tanto “el despacho judicial accionado no tuvo en cuenta, lo desarrollado por las sentencias unificadoras en cuanto a topes indemnizatorios en casos de reitero (…)”.
2. Hechos probados y/o alegados
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos, que son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Nilson de Jesús Pérez González, presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se estudiara la legalidad de la Resolución No. 023 del 19 de enero del 2005, expedida por el Comandante del Departamento de Policía del Meta, y por medio de la cual, se le retiró del servicio activo de la referida institución castrense.
El referido proceso, al cual le correspondió el número de radicación 500013331000-2005-20259-00, fue conocido en primera instancia por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio, autoridad judicial que, en fallo del 19 de diciembre del 2011, negó las pretensiones de la demanda de nulidad.
Tras la correspondiente impugnación, el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 27 de septiembre del 2016, revocó la decisión del a quo, para en su lugar, acceder a las solicitudes elevadas por el demandante y, en consecuencia, ordenado el restablecimiento del derecho, para lo cual, entre otros aspectos, condenó a la entidad demandada a “reconocer y pagar (…) los sueldos, prestaciones y demás emolumentos y haberes legales causados y dejados de devengar desde la fecha del retiro y hasta que se haga efectivo el reintegro, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.”
3. Actuaciones procesales relevantes
3.1. Admisión de la demanda
Con auto del 9 de marzo de 2017, la Magistrada Ponente de esta providencia, admitió la demanda de tutela y dispuso la notificación a la parte demandante y de los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas.
Igualmente, vinculó en calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo del Meta y al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Villavicencio, autoridades judiciales que conocieron de la actuación ordinaria cuestionada, así como al señor Nilson de Jesús Pérez González, demandante en la misma.
3.2. Contestación del Tribunal Administrativo del Meta
Mediante escrito suscrito por el Magistrado Carlos Enrique Ardila Obando, señaló que al no haber sido dicha autoridad judicial la que expidió el fallo cuestionado, se limita a lo que se encuentre demostrado en el trámite de la presente acción constitucional de amparo.
El Tribunal Administrativo de Caldas y el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Villavicencio, a pesar de haber sido efectivamente notificados, guardaron silencio.
3.3. Otra actuación de primera instancia
Con auto del 30 de marzo del 2017, la Magistrada Ponente de la presente providencia, dispuso la notificación efectiva del señor Nilson de Jesús Pérez González, en su calidad de tercero con interés en las resultas del presente proceso.
Lo anterior en la medida en que, tras la orden dictada en tal sentido en el auto admisorio de la demanda, se verificó que la Secretaría General del Consejo de Estado efectuó dicha notificación a través de su apoderado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por él incoado, ello a pesar de que en el escrito de tutela, se aportó la dirección de notificación directa del referido tercero.
En esa medida, se ordenó la notificación al mencionado. Tras lo anterior, el referido tercero con interés presentó escrito de intervención en los siguientes términos:
En primer lugar, indicó que la acción de tutela presentada por la Nación – Ministerio de Defensa-Policía Nacional, pretende la apertura de una tercera instancia respecto de la actuación ordinaria, lo cual desconoce la naturaleza de la acción, más aún, cuando el juez ordinario de la causa, resolvió con fundamento en las pruebas y normas aplicables a su caso. Adicional a ello, alegó que desde la ejecutoria de la providencia hasta el momento en que se interpuso la acción de tutela, han transcurrido cerca de seis (6) meses, lo que permite derivar, en sus términos, un derecho adquirido por causa de una sentencia judicial ejecutoriada.
En cuanto al sustento de la vulneración alegado en el escrito de tutela, refirió que no es procedente dar aplicación a la sentencia SU-556 del 2014, en la medida en que dicho precedente hizo referencia a empleados públicos nombrados en provisionalidad, lo cual, a su juicio, implica una diferencia fundamental, en la medida en que ocupó un cargo de carrera de la Policía Nacional.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por el apoderado judicial de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015.
2. Problemas jurídicos
Le corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
¿Se superan, en el caso concreto, los requisitos de procedibilidad adjetiva?
De resultar positiva la respuesta anterior, ¿desconoció la autoridad judicial accionada los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de la entidad tutelante, al haberla condenado al pago de todos los salarios y demás emolumentos dejados de percibir por el señor Nilson de Jesús Pérez González, presuntamente desconociendo los límites establecidos en las reglas de decisión de las sentencias SU-556 del 2014 y SU-053 del 2015?
3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver este problema, la Sala analizará los siguientes aspectos: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) criterio de la Sección sobre el desconocimiento del precedente; (iv); y, finalmente, (v) un análisis del caso en concreto.
3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema, por lo que procedió a unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, observando al efecto los criterios fijados hasta el momento jurisprudencialmente.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
Sobre este punto en particular, y en respuesta al primer problema jurídico expuesto en el numeral 2 del presente acápite, se realizan las siguientes consideraciones:
No existe reparo en cuanto al primero de los requisitos de procedibilidad, relacionado con que no se trate de una acción de tutela contra un fallo adoptado en un trámite de igual naturaleza, en la medida en que la sentencia cuestionada por la entidad tutelante, fue dictada en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
De otro lado, en lo atinente al requisito de inmediatez en el ejercicio de la petición de amparo, se observa que la decisión judicial atacada se dictó el 27 de septiembre del 2016, siendo notificada con edicto desfijado el 21 de octubre del mismo año, razón por la cual cobró ejecutoria hasta el 27 del mismo mes y año. Así las cosas, y considerando que la acción de la referencia se interpuso el 6 de marzo del 2017, encuentra esta Sala que se la misma fue presentada un poco más de cinco (5) meses después de la ejecutoria, por lo que se considera que se ejerció dentro de un plazo razonable.
Finalmente, en lo que respecta al requisito de subsidiaridad, se tiene la sentencia del 27 de septiembre del 2016, se dictó con fundamento en el recurso de apelación presentado contra el fallo de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la actora, por lo que se entiende el agotamiento de los recursos ordinarios.
En relación con los recursos extraordinarios, es de señalar que los alegatos presentados en el escrito de tutela, no se enmarcan dentro de las causales de revisión consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, así como tampoco en los presupuestos establecidos para el recurso de unificación de jurisprudencia, en los términos del artículo 257 ejusdem.
De esta forma, procede la Sala al estudio de fondo de la petición de tutela elevada por la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
3.3. Desconocimiento del precedente
La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.
Resulta necesario resaltar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”
En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.
Respecto de la vinculatoriedad de las sentencias dictadas por la Corte Constitucional, en fallo del 17 de noviembre del 2016, en el expediente con radicación 11001-03-15-000-2016-00625-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, en donde se fijó posición al respecto en los siguientes términos:
“Es tesis de esta Sala lo concerniente a la fuerza vinculante de las decisiones de la Corte Constitucional, así como lo es también su carácter prevalente sobre las interpretaciones de las demás altas corporaciones, por cuanto el referido Tribunal tiene a su cargo la guarda de la supremacía de la Carta Política y, por lo tanto, resulta ser el intérprete autorizado de las disposiciones legales desde el punto de vista de su concordancia con los dictados de la Constitución:
“(…) cuando la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias, fija el alcance de una norma a partir de los presupuestos constitucionales o la aplica de un determinado modo a un caso concreto, no está generando jurisprudencia, está fijando doctrina constitucional que, por envolver la interpretación de la Constitución, tiene un carácter vinculante y obligatorio para todos los jueces de la República, sin distingo alguno.
(…)
En ese sentido, cuando la Corte Constitucional fija el alcance de una norma constitucional, en el caso del control abstracto de constitucional o determina el alcance de un derecho constitucional fundamental, en ejercicio de su función de revisión de las acciones de tutela, sus decisiones pasan a formar parte de las fuentes del derecho y, por ende, vinculan a todos los jueces.
En otros términos, el precedente de las llamadas Altas Cortes es obligatorio y vinculante, tanto para estos como para los jueces de inferior jerarquía y los demás órganos del Estado, quienes conociéndolo están obligados a su aplicación.
(...)
En consecuencia, la Sección debe indicar que cambia así su postura sobre la materia y entiende que frente a criterios o posturas divergentes entre la Corte Constitucional y otra Alta Corporación, han de prevalecer los del Tribunal Constitucional, contenidos únicamente en sentencias de constitucionalidad y de unificación en tutela, siempre que la ratio decidendi se aplique al caso concreto y, por tanto, su desconocimiento configura el defecto de violación del precedente.” (Destacado por la Sala)
Sobre la base del criterio expuesto, los pronunciamientos de la Corte Constitucional, cuando definen el contenido y alcance de un texto legal desde la perspectiva propia de los postulados superiores, prevalecen sobre las interpretaciones de las demás altas corporaciones, entre ellas el órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Significa lo anterior que aún bajo la circunstancia de que una posición jurisprudencial haya hecho tránsito en cualquiera de las altas corporaciones, si tal criterio difiere del sentado por la Corte Constitucional, ha de prevalecer el de esta última, por cuanto en el ejercicio de sus funciones está fijando doctrina constitucional que tiene un carácter vinculante y obligatorio para todos los jueces de la República.”
3.3.1. Del desconocimiento del precedente en el caso concreto
Sobre el punto de derecho que se debate en la presente acción de tutela, esta Sala de Sección, en fallo del 14 de febrero del 2017, radicación 11001-03-15-000-2016-00143-01 (C.P. Rocío Araújo Oñate), decidió un caso de iguales características al sub judice, argumentos que se reiteran a efectos de la decisión que se adopta en la presente providencia:
En primer lugar, en relación con la sentencia SU-556 del 24 de julio de 2014, la Sala reitera el criterio expuesto en la providencia del 24 de noviembre de 2016, con ponencia del Consejero Alberto Yepes Barreiro, en la cual se indicó que la Corte Constitucional en la sentencia de unificación antes mencionada dispuso:
“…que la jurisprudencia ha venido evolucionando en la dirección de vincular el monto de la indemnización con el daño efectivamente sufrido por el servidor público, el cual debe corresponder a lo dejado de percibir durante el tiempo en que aquél ha permanecido cesante con motivo de su retiro injustificado, esto, con el fin de evitar un pago excesivo y desproporcionado en relación con el verdadero daño sufrido a causa de la desvinculación.
En razón a lo anterior, fijó una regla, según la cual a la suma indemnizatoria a que tiene derecho el empleado público, habrá de descontársele todo lo que haya recibido durante el periodo de desvinculación, como retribución por su trabajo, bien sea que provenga de fuente pública o privada, como dependiente o independiente, sin que aquella sea menor a los 6 meses que según la Ley 909 de 2004 es el término máximo de duración de la provisionalidad, estableciendo, a su vez, un límite superior a la suma indemnizatoria de hasta 24 meses, atribuible a la ruptura del nexo de causalidad entre la ausencia de ingresos o el nivel de los mismos y la desvinculación del servicio.”
En efecto la Corte Constitucional indicó que
“(…) es claro que una indemnización así concebida resulta excesiva en los términos de los artículos 1º y 25 de la Constitución Política. Ello por cuanto, con base en los mismos, no es posible presumir que la persona permaneció cesante durante todo el tiempo que demoró la justicia en resolver el conflicto jurídico. Por el contrario, se debe asumir que, como parte activa de un Estado Social de Derecho, esa persona contribuyó al desarrollo de la sociedad, en la medida en que ese concepto parte de la consideración de que el individuo es, en principio, capaz de auto sostenerse, y como tal, tiene la carga de asumir su propio destino, siendo excesivo y contrario a la equidad, indemnizarle como si desde el día de su desvinculación hubiere cesado de cumplir la carga de su auto-sostenimiento, y ésta se hubiere trasladado al Estado, quien fungía como empleador.
(…)
De este modo, la solución que fija como indemnización el pago de salarios desde la desvinculación hasta el reintegro efectivo, no solo desnaturaliza el derecho al trabajo, sino que además contraviene los principios estructurales sobre los cuales se edifica el Estado Constitucional y Social de Derecho, y en particular, la dignidad humana, el principio general de la autodeterminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Entender y establecer una presunción general sobre la incapacidad de las personas para atender sus propias necesidades, y sobre esta base edificar el alcance de las obligaciones del Estado, termina por anular al individuo mismo y por imponer obstáculos y barreras para el ejercicio de la autonomía individual. La solución propuesta invierte la lógica de las cosas, puesto que, justamente, nuestro modelo constitucional parte de la presunción general sobre la capacidad de las personas para definir el rumbo de su vida y para atender por sí mismas sus necesidades vitales. En ese contexto, no es de recibo una cuantificación de la indemnización por la injusta terminación del vínculo laboral, que tenga como punto de partida la consideración implícita conforme a la cual, a partir del acto de desvinculación, y hasta tanto se produzca el reintegro, cesó la obligación de la persona de asumir la responsabilidad de generar sus propios ingresos.
Finalmente, cabe señalar que la responsabilidad individual por la auto-provisión de recursos, tiene como contrapartida la obligación del Estado de adoptar las medidas, positivas y negativas, para asegurar su goce efectivo por todas las personas, pero que esta obligación difiere sustancialmente del deber de atender y proveer directamente las prestaciones derivadas de todos y cada uno de los derechos constitucionales. Por tal motivo, entender que, en los supuestos sobre los que versa esta providencia, las entidades estatales tienen la obligación de pagar indefinidamente los salarios dejados de percibir desde la desvinculación del servidor público, de un cargo cuya estabilidad era tan sólo relativa, sobrepasa por mucho los deberes a cargo del Estado y la responsabilidad que le es imputable a título de daño por una conducta antijurídica.”
Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que en “…la sentencia de unificación 556 de 2014, estudió los casos en los que se desvinculó a personas que ocupaban en provisionalidad cargos de carrera, y estableció que, el monto de la indemnización debe corresponder con el daño efectivamente sufrido, de manera que su cuantificación debe coincidir con lo dejado de percibir durante el tiempo que permaneció cesante con motivo del retiro injustificado.”
Por otro lado, en la Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015, la Corte Constitucional hizo referencia a la función constitucional de la Policía Nacional, luego de lo concluyó que:
“42. Ahora bien, debido a la importancia de su misión institucional y a que, para su correcto funcionamiento, se hace necesario el seguimiento de códigos jerárquicos, disciplinarios y éticos estrictos, la Policía Nacional cuenta con un régimen de carrera, prestacional y disciplinario especial, cuya regulación es competencia principal del Legislador. En esa medida, se han desarrollado, por parte del Congreso o del Gobierno Nacional en uso de facultades extraordinarias, diversas normas para establecer el referido marco normativo de carrera, prestacional y disciplinario de la Policía Nacional.”
De otro lado, en la providencia de unificación referenciada en el párrafo anterior, la Corte Constitucional consideró como plenamente aplicables los criterios de indemnización fijados en la sentencia SU-556 del 2014, a los casos en los cuales se discuta la desvinculación de miembros de la Policía Nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, para la Sala es claro que si bien los funcionarios de la Policía Nacional cuentan con un régimen de carrera, prestacional y disciplinario especial, no es menos cierto que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-053 de 2015, dio aplicación expresa a los lineamientos fijados en la sentencia SU-556 del 2014 a casos como el fallado por el Tribunal Administrativo de Caldas, y que es objeto de cuestionamiento, lineamientos de los cuales resaltó el uso del monto de indemnización a reconocer como restablecimiento del derecho.
Así las cosas, de declararse la nulidad de un acto administrativo de retiro, independientemente de la naturaleza del cargo que ocupe el funcionario policial, la autoridad judicial debe observar lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación antes mencionadas, en consideración a que se trata de indemnizar el daño cierto y efectivamente causado con independencia de la calidad del uniformado y la entidad en la que preste sus servicios.
En virtud de lo anterior, considera la Sala que la autoridad judicial accionada, al ordenar a la parte actora al pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir desde la fecha del retiro y hasta cuando se haga efectivo el reintegro, desconoció los topes indemnizatorios establecidos por la Corte Constitucional, en sentencias de unificación que tienen un carácter vinculante, y por ende, vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad de la Policía Nacional.
En esta medida, se concederá el amparo solicitado por la entidad tutelante, para, como consecuencia de ello, ordenar al Tribunal Administrativo de Caldas, que en un término de treinta (30) días siguientes dicte una sentencia de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones de la presente providencia, haciendo claridad que la orden de amparo no abarca las consideraciones en relación con la nulidad del acto administrativo demandado y la orden de reintegro, pues es claro que la inconformidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, se limita exclusivamente a la forma de fijación de la indemnización que como parte del restablecimiento del derecho se ordena.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso e igualdad de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de conformidad con las razones expuestas esta providencia.
SEGUNDO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Caldas, que en el término de treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente providencia, se dicte sentencia de reemplazo dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 50001-23-31-000-2005-20259-01, actor: Nilson de Jesús Pérez González, en la cual deberá tener en cuenta las consideraciones de la presente providencia, en lo que se refiere a la indemnización.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVOLVER al despacho judicial de origen, el expediente allegado en calidad de préstamo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La presente decisión se adoptó y suscribió en sesión de la fecha.
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera
Aclaración de voto
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Aclaración de voto
ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO ALBERTO YEPES BARREIRO
PRECEDENTE COMO FUENTE FORMAL DE DERECHO - Por su fuerza vinculante / FACULTAD CREADORA DEL JUEZ - No debe requerir repetición por parte de una Alta Corte
[E]ncuentro cardinal aclarar mi voto en relación con un tema que considero fundamental, el uso del término “precedente”. (…) pues, este concepto del precedente que, debo advertir, no es el que ha venido exponiendo la mayoría de la Sección, parte una serie de elementos conceptuales inaceptables en el marco de un Estado Constitucional y Social Derecho (…) el primer paso que debe agotar el juez, cualquier que sea su especialidad, es determinar si el supuesto normativo que ha de aplicar al caso concreto, efectivamente puede hacer realizable los fundamentos constitucionales, y, bajo ese supuesto, siempre que aplica la disposición después de ese raciocinio, está haciendo un ejercicio de creación que no puede ser desconocido, en tanto si bien el juez no encarna esa voluntad popular o general atribuida al legislador, hemos de reconocer (…) que dependerá del carácter jerárquico del juez que profiere la decisión que se le reconozca la fuerza vinculante y obligatoria de sus decisiones en el ordenamiento. (…) la fuerza vinculante y obligatoria del dictum del juez para él y para los de inferior categoría, tiene el sustento en la necesidad de generar la confianza y seguridad jurídica en los asociados, en el sentido que su caso va a ser resuelto en la misma forma en que lo fueron asuntos similares al suyo en el pasado. La fuerza vinculante de este, deviene de la facultad creadora o constitutiva de derecho que genera la decisión judicial, en la que avizora una regla o subregla que ha permitido definir la controversia, es decir, lo que en la tradición no continental se ha denominado -ratio decidendi-. (…) hay una diferencia radical entre el precedente propio de una tradición jurídica ajena a la nuestra y la jurisprudencia o doctrina probable, en tanto esta niega la capacidad de creación normativa del juez y requiere, por demás, la confirmación o repetición de la interpretación que hizo un juez de mayor jerarquía ante la oscuridad del precepto a ser aplicado. (…) dejo expuesto mi criterio sobre el llamado precedente y su fuerza obligatoria y vinculante, sin dejar de advertir que lo expuesto en el fallo frente al cual presento mi voto individual - si ese es el entendimiento que la Sala va a aplicar - genera serias y graves consecuencias frente a la noción de la Constitución como norma, como a la fuerza expansiva de las decisiones de las Altas Corporaciones.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 256
NOTA DE RELATORÍA: La Corte Constitucional en la sentencia C-634 de 2011 aceptó el efecto vinculante y obligatorio de las decisiones de las Altas Cortes.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sección, me permito señalar que comparto el sentido del fallo de la referencia, porque las circunstancias del caso así lo imponían, es decir, debían ampararse los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, invocados por la peticionaria. No obstante lo anterior, encuentro cardinal aclarar mi voto en relación con un tema que considero fundamental, el uso del término “precedente”. Paso a explicar:
En el acápite 3.3. de la providencia, frente a la que presento mi voto individual, se indicó que “para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos”.
No comparto el anterior aserto, pues, este concepto del precedente que, debo advertir, no es el que ha venido exponiendo la mayoría de la Sección, parte una serie de elementos conceptuales inaceptables en el marco de un Estado Constitucional y Social Derecho, por las siguientes razones:
Primero, ata la noción del precedente a la idea clásica o concepción estrictamente positivista del ordenamiento jurídico, propia de una tradición germano románica de la que el sistema jurídico colombiano es heredero, pero de la que se fue desprendiendo desde el momento en que se hizo tránsito de un Estado formal de Derecho a un Estado material o constitucional de derecho, el cual se materializó con la expedición de la Constitución de 1991, en ese Estado formal o positivista del derecho se entendía que la fuente de derecho por excelencia era la ley. Hoy, huelga decirlo, pues de Perogrullo se sabe, que ello no es así, en razón de la variación que sufrió en nuestro ordenamiento el sistema de fuentes, en lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho.
La sociedad actual está compuesta por una amplia diversificación de grupos y estratos sociales que participan en el “mercado de las leyes”, lo cual ha determinado la denominada hiperinflación normativa, o pulverización del derecho legislativo, generándose con ello una explosión de legislaciones sectoriales, con la consiguiente crisis del principio de generalidad.
Esta pérdida de las características clásicas de la ley obedece sin duda, a una acentuada diferenciación de tratamientos normativos, bien como una aplicación del principio de igualdad que exige el modelo de Estado Social de Derecho en el que el Constituyente de 1991 adscribió al Estado colombiano y, hay que decirlo, también como consecuencia de la presión que sobre el legislador ejercen los intereses corporativos. Hecho que, sin lugar a dudas, erosiona el fin supremo de la seguridad jurídica del hombre común y obviamente del operador jurídico, quien se ve enfrentado a un sinnúmero de normas contradictorias y vigentes, en donde el dilema de cuál aplicar siempre estará presente.
En ese orden de ideas, la ley no es ya ese acuerdo de voluntades, ni la garantía absoluta de unificación del derecho, sino que se convierte, la mayoría de las veces, en instrumento y causa de inestabilidad del sistema jurídico y la sociedad. Cuando las leyes actúan como medidas de apoyo a un sujeto social definido y están determinadas por las cambiantes relaciones de fuerza más que por diseños generales y coherentes, la inestabilidad es máxima y se hace acuciante la exigencia de protección frente a esos acuerdos particulares que impulsan la legislación.
Protección que necesariamente estará a cargo del juez cuando la controversia resultante de esos diversos intereses llegue a su conocimiento, de ahí que su función será la creación de una nueva norma que permita la resolución del conflicto y que por tanto debe hacer parte del “ordenamiento jurídico” que aquel tendrá que aplicar para no desconocer entre otros el principio de igualdad en que se fundamenta hoy nuestro Estado Social de Derecho, una igualdad que no se concibe única y exclusivamente desde el tratamiento que ofrece el legislador sino todo el sistema jurídico que incluye, huelga repetirlo, las decisiones de los funcionarios judiciales.
En otros términos, la ley, que era la fuente por excelencia de los ordenamientos jurídicos no es hoy un factor unificador de la sociedad para resolver sus conflictos con certeza y legitimidad. Si bien es uno de sus instrumentos no es el único y, por tanto, es necesario identificar otro centro de imputación en el ordenamiento jurídico que permita de manera efectiva, clara y veraz garantizar a la sociedad su convivencia pacífica.
En ese sentido, la transformación del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho responde a la necesidad de encontrar o reconocer un centro de imputación jurídica diverso a la ley, pues ya no será esta sino la Constitución, la llamada a ocupar el lugar que los revolucionarios le concedieron a la ley soberana y única fuente de derecho.
En efecto, un estudio del precedente en nuestro sistema jurídico, impone como primer objeto de análisis, un examen del nuevo sistema de fuentes para entender que este se modificó, en tanto la Constitución pasó a ocupar el lugar que los revolucionarios franceses, en su conquista y como parte de sus reivindicaciones le dieron a la ley. Esta cedió el sitio que ocupaba como expresión máxima de la voluntad general y soberana, a un nuevo orden: la Constitución.
El tránsito o si se prefiere la evolución en el Estado clásico de Derecho a un Estado material o constitucional de Derecho, implicó que la ley, que en el Estado de Derecho formal, entiéndase un Estado propio de la Constitución de 1886, era la fuente única y primigenia de todo el ordenamiento, fuera sustituida, en razón de una serie de acontecimientos sociales e históricos, por el de la Constitución como norma, dejando así la concepción según la cual aquella era una simple declaración de aspiraciones sin ninguna fuerza vinculante para los distintos detentadores del poder, para convertirse, entonces, en la fuente de derecho por excelencia.
Es decir, en un Estado Constitucional como el nuestro, tanto la producción normativa como la actividad judicial están supeditas al cumplimiento efectivo de la Constitución, razón por la que esa transformación necesariamente tendría un impacto en la producción jurídica del juez, por cuanto aquel, antes que cumplir el mandato legal, está obligado a hacer realizable los postulados constitucionales expuestos en forma de valores, principios y reglas.
Por tanto, su análisis, el juez jamás puede limitarse a ejercer una labor de subsubsión, es decir, establecer si el caso se subsume en el precepto, en tanto, además, debe determinar si la consecuencia en el caso se ajusta a la norma superior. Es decir, no basta resolver el caso con fundamento en lo expuesto en la ley, independientemente de que la solución resulte contraria a los mandatos constitucionales, pues si ello es así, el juez debe materializar los mandatos constitucionales, y si para ello debe inaplicar la norma, así debe hacerlo. En ese sentido, la claridad de la ley en el marco de un Estado Constitucional no es suficiente para su uso, como lo platea la decisión mayoritaria.
Es claro que, bajo la concepción formal del Estado de Derecho, y como respuesta de rechazo al modelo absolutista, se tuviera a la ley como el único centro de imputación jurídica, respondiendo así a las ideas de los revolucionarios franceses de sustituir la voluntad del monarca por la voluntad general del pueblo representada en la Asamblea General, en donde, por demás, existía una alta desconfianza de la función judicial, razón por la que estos solo estaban llamados a aplicar lo que señalara el legislador, en tanto, al único que le era permitido crear derecho era al legislador, idea esta que encontró en el principio de separación de poderes su mayor sustento y en algunos pensadores como Montesquieu su máximo defensor, al señalar el juez era la boca muda de la ley.
Por tanto, aceptar el aserto según el cual hoy, la ley es por excelencia la fuente de derecho de nuestro sistema jurídico, es pregonar una idea decimonónica que desconoce años de historia y conquistas constitucionales, en las que la Constitución es y debe tenerse como la fuente de derecho principal y la ley necesariamente subordinada a ella. Bajo esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que el texto constitucional tiene el carácter de fuente primaria del ordenamiento jurídico.
Igualmente, y bajo la idea de una Constitución con fuerza vinculante, el argumento según el cual el juez solo puede crear derecho cuando no encuentre una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, es inaceptable y desconoce, sin más ni más la fuerza normativa y vinculante que tiene la Carta Política.
Segundo, desconoce el papel que, en el marco del Estado Constitucional de Derecho juegan los jueces, pues atendiendo al desplazamiento de la ley por la Constitución Política, como centro de imputación jurídica, con la consecuencia lógica del papel que en ella tienen los derechos fundamentales, los principios y los valores, permite afirmar, sin vacilación alguna, que los jueces ya no pueden ser definidos como lo hacía Montesquieu como “… la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moldear su fuerza ni su rigor”.
No. El juez en este nuevo estado de cosas, en esta nueva forma de concebir el Estado, debe privilegiar la preeminencia de esos derechos y, en consecuencia, moldear la fuerza y rigor de la norma aplicable al caso, creando, en muchos casos, una nueva, compatible con las características y la realidad puesta a su conocimiento, cuando a ello haya lugar, pese a la existencia del precepto que pudiera aplicarse al caso. Por tanto y como lo reconoció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la providencia de 11 septiembre de 2012, el juez también puede crear derecho.
En ese sentido, hoy, el juez no puede ser simplemente la boca muda del legislador como lo concebían los clásicos, pero específicamente los revolucionarios franceses, en tanto, a este le corresponde antes que aplicar la ley, hacer realizable los derechos y principios constitucionales, por tanto, bajo la concepción normativa de la Constitución y desde su carácter vinculante, no se puede aceptar que el juez cumpla una función residual como lo plantea la providencia frente a la cual aclaro mi voto.
El juez debe buscar la realización de los derechos, principios y valores constitucionales fundamentales, razón por la que el artículo 230 de la Constitución ha tenido, una redefinición, en la medida en que los jueces en el marco de un Estado Social de Derecho, como el que nos rige, están subordinados a la norma constitucional y a su efectiva materialización y no a la ley, lo que implica que aquél siempre estará en la obligación de interpretar la norma, a fin de garantizar la materialización de esos derechos.
Es claro que, el intérprete, antes de la aplicación de una norma que considere que no requiere ser interpretada, bajo la supuesta claridad de su texto, debe indagar si aquella es compatible con la Constitución, porque de no ser así, la claridad no puede ser excusa para darle eficacia a una disposición contraria a la Carta Política. En ese sentido, debe entenderse que el papel del juez cambió, en razón a que la ley no es ya la fuente soberana del derecho, en tanto la Constitución la reemplazó.
A la luz de la Constitución, entonces, entendida como norma y en razón de su carácter vinculante, no solo es inadmisible el argumento falaz de la providencia, en el sentido de que solo en aquellos eventos de oscuridad o inexistencia del supuesto normativo, el juez tiene la capacidad de creación normativa; huelga manifestarlo, porque ese aserto resulta contrario al principio de supremacía constitucional desde las facetas jerárquica, directiva e integradora, como fueron explicadas en la sentencia C-054 de 2016 y que no es del caso reproducir aquí, además de desconocer la unidad, coherencia y plenitud del sistema jurídico que nos rige.
Luego, debo insistir que el primer paso que debe agotar el juez, cualquier que sea su especialidad, es determinar si el supuesto normativo que ha de aplicar al caso concreto, efectivamente puede hacer realizable los fundamentos constitucionales, y, bajo ese supuesto, siempre que aplica la disposición después de ese raciocinio, está haciendo un ejercicio de creación que no puede ser desconocido, en tanto si bien el juez no encarna esa voluntad popular o general atribuida al legislador, hemos de reconocer, como se explicará en otro apartado, que dependerá del carácter jerárquico del juez que profiere la decisión que se le reconozca la fuerza vinculante y obligatoria de sus decisiones en el ordenamiento.
En ese contexto, la providencia olvida que, como lo señalaba Hans Kelsen "… la aplicación de derecho es de consuno producción de derecho. Ambos conceptos no expresan, como supone la teoría tradicional, una oposición absoluta. Es erróneo distinguir entre actos de producción y actos de aplicación de derecho."
En consecuencia, es importante que se admita, sin reenvíos a las normas de un código –me refiero al Civil que debe ser interpretado en un nuevo contexto constitucional al que le dio origen que, cuando el juez o el operador jurídico aplica una disposición a un caso concreto está de suyo generando una nueva disposición, que muchos tienden a llamar “regla” o “subregla” a efectos de darle un carácter diferente y no confundirla con aquella que produce el legislador.
El carácter normativo y vinculante de la Constitución impone este razonamiento y, en consecuencia, se debe aceptar que el sistema de fuentes del derecho sufrió una transformación no solo porque la ley dejó de ser la principal entre ellas y, porque, desde el nuevo concepto del Estado, las decisiones de ciertos jueces, también integran el sistema de fuentes.
En ese sentido, considero, a diferencia del criterio que expresa la sentencia, que la capacidad creadora de derecho por parte de quien ejerce la jurisdicción no solo se produce en aquellos casos en donde la ley es oscura o no exista un supuesto normativo que aplicar, pues se impone reconocer que la ley dejó de ser el centro de imputación jurídica como lo entendieron los revolucionarios franceses, amén que, por regla general, toda disposición jurídica es fuente de otra.
Sobre el particular es importante recordar lo que señalaba un filósofo argentino, Carlos Cossio, seguramente leyendo a Carnelutti, en el sentido según el cual se concibe más fácil un sistema jurídico sin legislador que sin jueces, en la medida en que sin una aplicación de la norma jurídica el derecho deja de ser lo que es. Para Carnelutti sería preferible para un pueblo tener malas reglas legislativas con buenos jueces que malos jueces con buenas reglas legislativas.
El anterior razonamiento impone, como el juez constitucional lo ha determinado, una lectura diferente del artículo 230 de la Constitución, pues es claro que el juez en el ejercicio de su labor no puede quedarse simplemente en lo que señale la ley, entendida ésta en su sentido formal, pues siempre debe determinar su alcance, hacer una actualización de la misma al contexto social en que se va a aplicar, lo que lo llevará a generar un supuesto normativo que pasará a integrar o hacer parte del sistema jurídico.
Lo anterior argumentación se considera suficiente para no aceptar las aseveraciones que contiene la sentencia sobre la labor del juez, que si bien están expuestas en simples líneas, implican un desafío, seguramente sin proponérselo, al sistema constitucional que nos rige, a partir de su carácter vinculante y obligatorio.
Tercero, el fallo respecto del cual presento mi voto individual define el precedente, bajo la noción de doctrina probable que, insisto, no puede confundirse con la de precedente, en tanto este tiene unas connotaciones diferentes a aquella.
La Sección, en sentencia de 19 de febrero de 2015, se refirió a este tema para indicar que el precedente es “la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, [la cual] (…) no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho”,mientras que el concepto de jurisprudencia o doctrina probable “… se asoció al quantum, es decir, a las veces en las que el juez supremo, por lo general colegiado, de mayor jerarquía y, por tanto, órgano de cierre, ha mantenido una misma exégesis frente a la forma como debe entenderse o aplicarse una determinada norma o cómo debe resolverse un caso.”
La jurisprudencia o doctrina probable tiene como características las siguientes: (i) solo lo puede generar el Tribunal de Cierre desde su atribución de órgano unificador, es decir, no todos los jueces tienen la capacidad para generarla; (ii) la conforma un número o conjunto de decisiones, una única decisión no constituye jurisprudencia y (iii) tiene como fin la interpretación de los textos legales oscuros.
El precedente, es una noción ajena, en principio, a nuestra tradición jurídica en tanto como se ha explicado repetitivamente, tiene su origen en un derecho no estatuido, en donde es el juez el que determina la regla con la que fallará el caso. Ese raciocinio, al no existir precepto de carácter general, impersonal y abstracto, determinará la forma en que se han de fallar los asuntos posteriores.
A diferencia de llamada jurisprudencia, en la que se acepta la sola interpretación de textos oscuros, en el precedente el juez está obligado a buscar la solución jurídica que mejor se adecue al caso en pro de la realización de los principios y valores constitucionales, en consecuencia, esa labor de creación puede darse no solo cuando los textos resultan oscuros, sino y, principalmente, a partir de la textura abierta que caracteriza en la actualidad a los preceptos tanto constitucionales como legales, que requieren de una labor de análisis y raciocinio del juez en procura de lograr la satisfacción máxima de los derechos y demandas de protección que efectúan los individuos.
Esa labor que hace el órgano de cierre, precisamente por provenir por su posición jerárquica y frente a la cual existe la presunción de racionalidad y universalidad en términos kantianos, se debe entender obligatoria y vinculante no solo para los jueces de inferior jerarquía sino para todos los destinarios del sistema, en la medida en que se entiende que la regla generada por aquel es la que permite la realización de los fines estatales de una mejor manera.
Por tanto, a diferencia de los sistemas continentales, antes de las transformaciones que estos han vivido, en los ordenamientos de tradición anglosajona, el fundamento de la decisión no es una norma en sentido formal, sino el case law, es decir, el racionamiento que empleó el juez para fallar el caso.
En consecuencia, la fuerza vinculante y obligatoria del dictum del juez para él y para los de inferior categoría, tiene el sustento en la necesidad de generar la confianza y seguridad jurídica en los asociados, en el sentido que su caso va a ser resuelto en la misma forma en que lo fueron asuntos similares al suyo en el pasado. La fuerza vinculante de este, deviene de la facultad creadora o constitutiva de derecho que genera la decisión judicial, en la que avizora una regla o subregla que ha permitido definir la controversia, es decir, lo que en la tradición no continental se ha denominado –ratio decidendi-.
En ese orden, se advierte que hay una diferencia radical entre el precedente propio de una tradición jurídica ajena a la nuestra y la jurisprudencia o doctrina probable, en tanto esta niega la capacidad de creación normativa del juez y requiere, por demás, la confirmación o repetición de la interpretación que hizo un juez de mayor jerarquía ante la oscuridad del precepto a ser aplicado.
En los anteriores términos, dejo expuesto mi criterio sobre el llamado precedente y su fuerza obligatoria y vinculante, sin dejar de advertir que lo expuesto en el fallo frente al cual presento mi voto individual - si ese es el entendimiento que la Sala va a aplicar - genera serias y graves consecuencias frente a la noción de la Constitución como norma, como a la fuerza expansiva de las decisiones de las Altas Corporaciones.
Fecha ut supra,
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA ROCÍO ARAUJO
INAPLICACIÓN DEL PRECEDENTE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES - En virtud del principio de prosperidad de los derechos
[L]as autoridades judiciales, en virtud del principio de autonomía judicial, no son jerárquica sino funcionalmente inferiores en relación con las Altas Cortes, por lo cual tienen la posibilidad de apartarse del precedente, en la medida en que éste tiene efectos vinculantes, por regla general, salvo que se trate del precedente contenido en las sentencias de constitucionalidad, que tienen efectos obligatorios erga omnes y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 Superior, por lo que el juez no puede apartarse de su ratio. (…) pueden apartarse del precedente cuando evidencian que, si bien éste es aplicable al caso bajo estudio, al resolver el asunto haciendo uso de la regla creada, ésta resulta menos garantista que la solución que pretenden adoptar. Conclusión a la que llega el juez, luego de realizar un juicio de adecuación y necesidad de la medida que pretende implementar, pues resulta necesario garantizar en mayores proporciones, en virtud del principio de prosperidad de los derechos, el contenido de la garantía que se analiza.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 243 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 7
NOTA DE RELATORÍA: La aclaración de voto centra su tesis en la opción que tienen las autoridades judiciales de apartarse del precedente, en virtud de los principios de prosperidad de los derechos y de autonomía judicial, para lo cual se basa en las sentencias de la Corte Constitucional C-836 de 2001, T-656 de 2011 y SU-053 de 2015.
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sección, me permito exponer las razones por las cuales suscribo la providencia del vocativo de la referencia con aclaración de voto.
La presente aclaración tiene por objeto precisar que las autoridades judiciales, en virtud del principio de autonomía judicial, no son jerárquica sino funcionalmente inferiores en relación con las Altas Cortes, por lo cual tienen la posibilidad de apartarse del precedente, en la medida en que éste tiene efectos vinculantes, por regla general, salvo que se trate del precedente contenido en las sentencias de constitucionalidad, que tienen efectos obligatorios erga omnes y hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 Superior, por lo que el juez no puede apartarse de su ratio.
Sin embargo, en lo que respecta a fallos que no son de constitucionalidad, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-053 de 2015, consideró que los jueces pueden apartarse del precedente en los siguientes eventos:
“19. De otro modo, los funcionarios judiciales cuando encuentran cumplidos los tres criterios mencionados, tienen la posibilidad de apartarse de la jurisprudencia en vigor, siempre y cuando i) hagan referencia al precedente que van a inaplicar y ii) ofrezcan una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, que dé cuenta de las razones de por qué se apartan de la regla jurisprudencial previa. Así se protege el carácter dinámico del derecho y la autonomía e independencia de que gozan los jueces.
“En esa medida, sólo cuando un juez se aísla de un precedente establecido y es plenamente aplicable a determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa antes descrita, incurre en la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, referente al desconocimiento del precedente judicial. Debido a que, con ese actuar, vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de las personas que acudieron a la administración de justicia” (Negrillas fuera del texto).
Adicionalmente, las autoridades judiciales pueden apartarse del precedente cuando evidencian que, si bien éste es aplicable al caso bajo estudio, al resolver el asunto haciendo uso de la regla creada, ésta resulta menos garantista que la solución que pretenden adoptar. Conclusión a la que llega el juez, luego de realizar un juicio de adecuación y necesidad de la medida que pretende implementar, pues resulta necesario garantizar en mayores proporciones, en virtud del principio de prosperidad de los derechos, el contenido de la garantía que se analiza.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha considerado que el juez que necesite apartarse del precedente debe:
“… ii) demostrar con suficiencia que la interpretación brindada aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales. Lo anterior se sustenta en que en el sistema jurídico colombiano el carácter vinculante del precedente está matizado, a diferencia de como se presenta en otros sistemas en donde el precedente es obligatorio con base en el stare decisis (Subrayado fuera del texto)”.
En concordancia con el criterio expuesto por la Corte, el legislador consagró en forma expresa en el artículo 7° del Código General del Proceso que:
“Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos (Subrayado fuera del texto)”.
La anterior disposición constituye la consagración positiva de la modulación efectuada por la Corte Constitucional en la parte resolutiva de la sentencia C-836 de 2001 y de la garantía de autonomía e independencia de la que gozan los jueces, sin que esto implique que puedan incurrir en arbitrariedad.
En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia, retomando el criterio expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C-836 de 2001, explicó las situaciones en las que el juez puede apartarse del precedente:
“Existen varias formas para apartarse del precedente. Una, cuando se presenta modificación de la regla de decisión, derivada de la concurrencia de elementos de distinción entre el caso actual y el que, prima facie, se consideró precedente; la otra, el surgimiento de motivos normativos, valorativos o sociales que compelen de tal forma el contexto de la decisión, obligando al juez a replantear la subregla jurisprudencial. Un viraje en el punto demanda asumir exigentes cargas argumentativas (sentencia C-836 de 2001).”
En los términos expuestos, queda presentada mi aclaración de voto.
Fecha ut supra,
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera de Estado
Folio 1. Folios 7 y 8 del cuaderno de tutela. Folio 15. Folio 40. Este Tribunal fue vinculado, en la medida en que trámite la segunda instancia del proceso ordinario donde se dictó la providencia judicial cuestionada, hasta el momento previo a dictarse el fallo, cuando en virtud de acuerdos de descongestión, se remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Caldas. Folio 63. Consejo de Estado, Sentencia del 31 de julio de 2012. C.P. María Elizabeth García González. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
De manera general, dicha decisión consagró la necesidad de que la acción de tutela cumpla con unos presupuestos generales de procedibilidad –inmediatez, tutela contra tutela, subsidiaridad-, así como fijó las causales específicas de procedencia, los cuales denominó defectos, y dependiente de su naturaleza, pueden ser fáctico, sustantivo, procedimental, orgánico, por desconocimiento del presente o desconocimiento directo de la Constitución. Folio 34. Expediente de segunda instancia del proceso ordinario. Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación: 11001-03-15-000-2016-00103-00. Magistrado ponente: Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado. Radicación 11001-03-15-000-2016-01066-01
Corte Constitucional, Sentencia SU-556 del 24 de julio de 2014. MP. Luís Guillermo Guerrero Pérez. Consejo de Estado, Sentencia del 24 de noviembre de 2016. C.P. Albert Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2016-01066-01
Es importante señalar que para explicar la crisis de la teoría clásica de la ley, estudiada como principal fuente de derecho por sus características de generalidad, abstracción e impersonalidad, se hizo uso del desarrollo teórico expuesto en ZAGREBELSKY, Gustavo. “El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia”. Editorial Trotta, Madrid. 1995. Capítulo 2. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-415 de 2012 y C-054 de 2016. Citado por PRIETO SANCHIS, Luis. Introducción al Derecho-coordinador. Ediciones de la Universidad de la Mancha-Cuenca. 1996. Pág. 25
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de septiembre de 2012. Radicación: AP 170013331003201000205-01. Accionante: JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA. Accionado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. CHEC. Referencia: Revisión eventual. Acción Popular. Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Universidad Autónoma de México, págs. 244 y 245. Cfr. CARLOS COSSIO. La Plenitud del orden jurídico, Ed. Losada, 1936., citado por la Corte Constitucional en la sentencia C-083 de 1995. Citado por María José Falcón y Tella. “La jurisprudencia en los Derechos romano, anglosajón y continental. Editorial Marcial Pons, pág. 161. Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-836 de 2001, C-335 de 2008, C-539 y C-816 de 2011, entre otras. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Expediente No. 2013-02690-01. Sentencia de 5 de febrero del 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01312-01, Consejera: Lucy Jeannette Bermúdez y Sentencia de 19 de febrero de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01 C. P.: Alberto Yepes Barreiro.
Ese efecto vinculante y obligatorio de las decisiones de las Altas Cortes fue aceptado por la Corte Constitucional, entre otros, en la sentencia C-634 de 2011, al indicar que “Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante”. Corte Constitucional, Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sentencia T-656 del 5 de septiembre de 2011. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Al respecto, Hernán Fabio López Blanco manifestó:
“El inciso segundo del art. 230 de la C.P. igualmente destaca que ‘La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del Derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial’, con lo cual se pone de presente que sigue la orientación jurisprudencial y doctrinaria manteniendo un papel importante como ayudas para que los jueces tomen sus decisiones. Pero de allí a pretender que el juez deba acatar ciegamente esas orientaciones, mucha es la distancia, pues equivaldría a otorgarle a los antecedentes el carácter obligatorio propio de la ley.
“Cierto es que el juez debe tratar de seguir la doctrina, pero de allí a que sea cuestión obligatoria, abismal es la diferencia, de ahí que el inciso segundo del artículo 7 del CGP disponga que “Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos”. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Código General del Proceso. Parte General. Bogotá D.C.: DUPRE Editores, 2016. p. 177.
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