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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03398-00

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03398-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Jawer Alberto Torres Vélez Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira Radicado: 11001-03-15-000-2022-03398-00 PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del cargo por defecto procedimental absoluto, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos invocados por el señor Jawer Alberto Torres Vélez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03398-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

8 de septiembre de 2022

Demandante: Jawer Alberto Torres Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03398-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03398-00
Demandante: JAWER ALBERTO TORRES VÉLEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA

Temas: Tutela contra providencia judicial – nulidad y restablecimiento del
derecho – límites indemnizatorios por retiro del cargo a
miembros de la Fuerza Pública

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve, en primera instancia, la demanda interpuesta por el señor Jawer
Alberto Torres Vélez contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
La Guajira el 4 de agosto 2021, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la
Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 23 de junio de 2022 al buzón
web de tutelas y habeas corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Jawer Alberto
Torres Vélez, mediante apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales “de acceso a la administración de justicia, debido proceso y reparación
justa”.

2. El accionante consideró vulneradas las garantías invocadas, con ocasión de
la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 4 de agosto de 2021, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el No. 44-001-
33-40-002-2010-00307-02, promovido por el señor Jawer Alberto Torres Vélez
contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, mediante la
cual se modificaron los numerales primero y segundo y se revocó el ordinal quinto
del fallo del 26 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado Primero de
Descongestión del Circuito Judicial de Riohacha.

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Demandante: Jawer Alberto Torres Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03398-00

1.2. Pretensión

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“(…) se ORDENE al Tribunal Administrativo de La Guajira (Magistrada Dra. Irina
del Rosario Meza Rhénals) que al proferir nueva sentencia dentro del proceso
44001334000220100030702, demandante JAWER ALBERTO TORRES
VELEZ, sobre los límites indemnizatorios, NO los imponga teniendo en cuenta
que no fue retirado por facultad discrecional ni era uniformado de la Policía
Nacional, procediendo al pago completo de sus salarios, primas y demás
emolumentos desde el retiro del Ejército Nacional (30 de enero de 2002), hasta
cuando sea efectivamente reintegrado, conforme lo ordenó en primera instancia
el Juzgado 1° Administrativo de Descongestión de Riohacha”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 30 de octubre de 1998, el señor Torres Vélez inició su curso como
suboficial del Ejército Nacional. Entre el 1º de septiembre de 1999 y el 30 de
diciembre del 2000, realizó la formación para ingresar al grado de “cabo tercero”, al
cual fue ascendido el 1º de enero de 2001.

5. Del 15 de enero al 31 de julio de 2001, fue evaluado en virtud del período de
prueba dispuesto para los suboficiales de las Fuerzas Militares. El 30 de enero de
2002, el Ejército Nacional expidió la Resolución 00058 por medio de la cual se retiró
del servicio activo al accionante1, por no haber superado el período de prueba.

6. Por tanto, el señor Torres Vélez instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra dicho acto administrativo. Mediante sentencia
del 26 de mayo de 2014, el Juzgado 1º Administrativo de Descongestión del Circuito
Judicial de Riohacha accedió parcialmente a las pretensiones instauradas por el
accionante y ordenó lo siguiente:

“PRIMERO. -Declárase la nulidad del acto administrativo contenido en la
Resolución No. 00058 adiada 30 de enero de 2002, a través del cual el
comandante del Ejército Nacional retiró del servicio activo al salir JAWER
ALBERTO TORRES VÉLEZ, “por no superar el periodo de prueba”, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. - A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, proferir acto administrativo por medio
del cual se ordene el reintegro del señor JAWER ALBERTO TORRES VELEZ,
identificado con C.C. No. 71.189.107 expedida en Puerto Berrío (Antioquia), al
grado de Cabo Tercero que venía desempeñando o al grado superior que por

1 Entre otros.

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el tiempo desde su desvinculación a la fecha de reintegro le hubiese debido
corresponder, así como el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados
de cancelar desde la fecha del retiro y hasta que se produzca el reintegro
efectivo del actor al servicio activo militar.

TERCERO. - Las sumas que resulten a favor del demandante, serán ajustadas
en los términos del artículo 178 del C.C.A., de la manera como quedó expuesto
en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO. - Declárase que para todos los efectos legales no ha existido
solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte del
demandante, entre la fecha del retiro y la fecha en que se produzca el reintegro
al servicio activo militar.

QUINTO. -Declárase que no hay lugar a descontar de lo adeudado los valores
que pudiera haber percibido el actor en alguna entidad oficial durante el tiempo
de desvinculación por concepto de prestación de servicios.

SEXTO. - Ordenase a La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional,
efectuar los descuentos por concepto de aportes a salud, pensión, seguridad
social y demás a que haya lugar.

SEPTIMO. - La entidad demandada deberá cumplir esta decisión en los
términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A., en la forma como quedó
establecido en la sentencia C – 188 de 1999, proferida por la Corte
Constitucional.

OCTAVO. - Deniégase las demás súplicas de la demanda”.

7. Como fundamento de lo anterior, el juez de primera instancia expuso que la
autoridad demandada desconoció lo previsto por el artículo 35 del Decreto 1790 del
2000 en relación con el período de prueba para suboficiales de las Fuerzas Militares
que debe ser de un año. Lo anterior, puesto que se acreditó que el señor Torres
Vélez fue evaluado entre el 15 de enero y el 31 de julio de 2001, por lo que la
evaluación se produjo con anterioridad al vencimiento de tal período, puesto que
éste debía culminar el 15 de enero de 2002.

8. A su vez, señaló que no obraba en el expediente ninguna anotación que
denotara un mal concepto respecto del accionante en su etapa de evaluación y,
contrario a ello, acreditó que cada uno de los aspectos valorados tuvieron un
examen positivo y satisfactorio. Por tal motivo, concluyó que: i) su calificación se
ajustó a lo regulado por la norma aplicable al caso; ii) su desvinculación se produjo
por razones distintas a la no superación del período de prueba; y iii) el acto
administrativo demandado no se expidió con sujeción a las disposiciones
normativas.

9. Inconforme con lo anterior, el Ejército Nacional interpuso recurso de
apelación mediante el cual argumentó que: i) se encontró acreditada la excepción
de inepta demanda pues, a su juicio, el actor no expuso con claridad las normas
que fueron vulneradas; y ii) el a quo no tuvo en cuenta que en el régimen de las

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Fuerzas Militares se le da prevalencia a aspectos concretos como la confianza y el
desarrollo observado por los superiores, aunado a que las apreciaciones contenidas
en la hoja de vida del señor Torres Vélez no le otorgan un fuero de estabilidad, por
lo que, además de una calificación satisfactoria requiere de un concepto favorable.

10. Por medio de fallo del 4 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de La
Guajira decidió lo siguiente:

“PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia de fecha
veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014), emitida por el juzgado primero
administrativo de descongestión del circuito de Riohacha que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, el cual quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial de la resolución No. 00058 de
fecha 30 de enero de 2002, proferida por el comandante del ejército
nacional y solo en cuanto retiró del servicio activo al señor Jawer Alberto
Torres Vélez, por no superar el periodo de prueba. Lo anterior, de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de ésta
providencia.”

SEGUNDO: MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la sentencia de fecha
veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014), dictada por el juzgado primero
administrativo de descongestión del circuito de Riohacha, el cual quedará así,
conforme a lo razonado en la parte motiva del presente fallo:

“SEGUNDO.- A título de restablecimiento del derecho, ordénase a la
nación – ministerio de defensa – ejército nacional i)proferir acto
administrativo por medio del cual se disponga el reintegro del señor Jawer
Alberto Torres Vélez, identificado con c.c. No. 71.189.107 expedida en
Puerto Berrío (Antioquia), al grado de cabo tercero que venía
desempeñando o al grado superior que por el tiempo desde su
desvinculación a la fecha de reintegro le hubiese debido corresponder, ii)
pagar a dicho ciudadano suma actualizada equivalente a veinticuatro (24)
meses de salario, por concepto de salarios y prestaciones sociales
dejados de cancelar y iii) realizar los descuentos de las sumas que por
cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o
independiente, haya recibido el demandante.”

TERCERO: REVOCAR el numeral QUINTO de la sentencia de fecha veintiséis
(26) de mayo de dos mil catorce (2014), emitida por el juzgado primero
administrativo de descongestión del circuito de Riohacha y en su lugar, estarse
en materia de descuentos a lo resuelto en el numeral segundo modificado de
dicho proveído.

CUARTO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, en el marco de la
alzada interpuesta”.

11. Los motivos que sustentaron dicha decisión fueron los siguientes: frente al
primer argumento esbozado por la entidad, sostuvo que era posible dilucidar con
claridad los fundamentos de la demanda y agregó que si el Ejército Nacional
pretendía cuestionar sus presupuestos formales debió invocar lo pertinente en la
contestación de la demanda.

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12. En relación al segundo argumento de la apelación, aclaró que se dirigía a
justificar el retiro del servicio por la facultad discrecional previsto en el artículo 100
– numeral 8º del Decreto 1790 del 2000; sin embargo, puso de presente que en el
asunto estudiado no fue la facultad discrecional la invocada para retirar al
accionante del servicio, pues fue desvinculado por no haber superado el período de
prueba, causal prevista en el artículo 35 de la misma norma.

13. Al respecto, reiteró lo expuesto por el a quo y aseveró que “la calificación del
actor fue cerrada con anterioridad a la fecha debida, que era el 15 de enero de 2002, y no
el 31 de julio de 2001 como se hizo en el presente asunto”, por lo que el período a evaluar
fue inferior al establecido en el artículo 35 del Decreto 1790 del 2000 y, con ello, se
vulneró el principio de legalidad y el debido proceso.

14. Aunado a lo anterior, evidenció que durante el período evaluado, las
anotaciones efectuadas al accionante fueron positivas en su totalidad, e inclusive,
recibió felicitación por parte de uno de sus superiores el 15 de julio de 2001. Destacó
que en el formulario de evaluación de oficiales y suboficiales suscrito por el
evaluador el 31 de julio de 2001, se registró que el señor Torres Vélez lo situaban
dentro de la calidad exigida a los miembros de la institución, por lo que concluyó
que era posible inferir que iba en camino de superar el período de prueba.

15. Sostuvo que no se acreditó que el actor, a pesar de tener una calificación
positiva en el período evaluado, no obtuvo un concepto favorable, por lo que se
debía entender que este no fue un aspecto valorado en el procedimiento que derivó
en el retiro del cargo, lo cual genera una ilegalidad del acto en cuestión.

16. En punto de la modificación del numeral segundo, relativa a la orden del pago
de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, señaló que en el caso en
concreto resultaban aplicables los límites indemnizatorios fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias SU-556 del 2014 y SU-053 del 2015. Esto, a pesar
de que el acto demandado, declarado nulo por incurrir en falsa motivación, fue
proferido por el Ejército Nacional en aplicación de la causal prevista en el artículo
35 del Decreto 1790 del 2000 y no en uso de su facultad discrecional. Al respecto,
añadió:

“(…) la finalidad que se persigue con las sentencias de unificación citadas es
proteger el erario y evitar pagos excesivos y desproporcionados en relación con
el daño sufrido a causa de la desvinculación, partiendo además de la base que
a la persona que fue desvinculada, le corresponde proveer su propio auto -
sostenimiento, y en consecuencia, acudir a un medio distinto para su sustento”.

17. El fallo de segunda instancia fue notificado el 4 de febrero de 2022 por medio
de correo electrónico remitido a las partes.

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1.4. Sustento de la vulneración

18. La parte actora sostuvo que, al proferir el fallo censurado, la autoridad
demandada incurrió en defecto procedimental absoluto por vulneración del
principio de congruencia externa de la sentencia y en desconocimiento del
precedente.

19. En relación con el primer cargo2, indicó que la autoridad accionada al
modificar la orden relativa al pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir se
pronunció sobre aspectos que no eran de su competencia funcional, pues incurrió
en una “declaración oficiosa de (sic) en segunda instancia de asuntos no debatidos por el
apelante”, sin explicar los motivos que fundamentaran su actuar.

20. Alegó que, de acuerdo con la sentencia proferida el 9 de febrero de 2012 por
la Sección Tercera del Consejo de Estado3, si bien es posible el estudio oficioso de
la caducidad e ineptitud de la demanda, así como de la falta de legitimación en la
causa, el juez de segunda instancia no cuenta con la competencia para
pronunciarse de oficio “en asuntos como el presente, sobre el restablecimiento del
derecho, mucho menos en interpretación totalmente desfavorable a la parte más débil de
la relación jurídico-procesal”.

21. Al respecto, puso de presente que la entidad apelante no hizo referencia en
el recurso de apelación, en la etapa probatoria o en los alegatos de conclusión de
segunda instancia “a los topes indemnizatorios de 24 meses”, motivo por el cual el
Tribunal Administrativo de La Guajira no podía pronunciarse frente a ello.

22. Señaló que, conforme con el artículo 320 del Código General del Proceso, el
recurso de apelación tiene como objeto “(…) que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante,
para que el superior revoque o reforme la decisión”. A su vez, manifestó que el artículo
328 de la misma norma prevé la competencia del juez de segunda instancia en los
siguientes términos: “(…) El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”.

23. Por tanto, concluyó que el Tribunal Administrativo de La Guajira no era
competente para pronunciarse sobre los límites indemnizatorios, pues no fue un
aspecto cuestionado en el recurso de apelación, por lo que se vulneró el principio
de congruencia externa de la sentencia.

2 El accionante denominó a este cargo “violación del debido proceso”; no obstante, como se expondrá

a continuación, todos los argumentos expuestos al respecto estuvieron dirigidos a cuestionar la
presunta vulneración del principio de congruencia externa de la sentencia.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena. Sentencia del 9.01.12., M.P. Mauricio Fajardo

Gómez (sin referenciar número de radicación).

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24. Con respecto al cargo por desconocimiento del precedente4, aseguró que
el tribunal accionado interpretó indebidamente las sentencias SU-556 del 20145 y
SU-053 de 20156 al ordenar “pagar equivocadamente solo 24 meses de salario como
límite indemnizatorio”. Esto, pues conforme con dichas providencias, el referido límite
indemnizatorio únicamente aplica a los retirados de servicio en virtud de la facultad
discrecional con la que cuenta la Policía Nacional.

25. En tal sentido, puso de presente que dicha regla de derecho no regulaba su
situación en concreto, puesto que la causal aplicada en su retiro “fue la consagrada
en el artículo 35 del Decreto Ley 1790 del 2000, denominada «por no superar el período de
prueba» aplicable a un cabo tercero del Ejército Nacional”. En relación con ello, señaló:

“las referidas sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de 2015, resolvieron, entre
otros, el tema de la facultad discrecional aplicable a los miembros de la
Policía Nacional, luego la limitante allí impuesta de 24 meses de salarios no
debería serle aplicada al aquí accionante, quien fue retirado al (sic) servicio
activo del EJÉRCITO NACIONAL en el grado de Cabo Tercero, por causal
distinta a la mencionada”.

26. Agregó que las reglas de derecho relativas a los topes indemnizatorios fijadas
en dichas sentencias de unificación son aplicables a los eventos en los que se
decrete la nulidad de los actos administrativos de retiro de servidores públicos
nombrados en provisionalidad. Por tanto, expuso que el caso en concreto no se
ajusta a tales supuestos fácticos y jurídicos, dado que su vinculación como miembro
del Ejército Nacional en calidad de cabo tercero no fue en provisionalidad, sino en
carrera administrativa, en virtud del Decreto Ley 1793 del 2000.

27. Señaló que, conforme con el criterio reiterado por el Consejo de Estado, el
límite indemnizatorio de 24 meses fue establecido por la Corte Constitucional para
las situaciones que involucran a un miembro de la Policía Nacional – no de las
Fuerzas Militares – que es retirado del servicio en virtud de la facultad discrecional
con la que cuenta dicha institución. Sin embargo, arguyó que en contravía de este
precedente, la autoridad accionada interpretó indebidamente las reglas de derecho
establecidas por el Alto Tribunal Constitucional, pues extendió sus efectos a un
miembro del Ejército Nacional.

28. Sostuvo que dicho criterio ha sido reiterado por el Consejo de Estado en las
siguientes sentencias:

4 El tutelante denominó a este cargo como “defecto sustantivo”; no obstante, como se desarrolla a

continuación, los argumentos corresponden al cargo de desconocimiento del precedente, según el
criterio de esta Sala de Decisión.
5 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-556 del 24.06.14. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez.
6 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-053 del 12.02.15. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de tutela del 25 de febrero de 2016, radicado No. 11001-03-15-
000-2015-03538-00.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencia de tutela del 13 de abril de 2016, radicado No. 11001-03-15-000-
2016-00478-00.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.
Sentencia de tutela del 13 de octubre de 2016, radicado No. 11001-03-15-
000-2016-01947-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda
– Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2017, radicado No. 05001-
23-31-000-2011-00219-01 (0472-14).
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda
– Subsección B. Sentencia de tutela del 21 de febrero de 2018, radicado No.
11001-03-15-000-2018-00064-00.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda
– Subsección B. Sentencia de tutela del 16 de enero de 2019, radicado No.
11001-03-15-000-2018-04124-00.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda
– Subsección B. Sentencia de tutela del 26 de febrero de 2020, radicado No.
1001-03-15-000-2019-04646-01.

1.5. Admisión de la demanda

29. La magistrada ponente de la presente decisión, mediante auto del 1º de julio
del 2022: i) admitió la demanda de tutela; ii) ordenó notificar a la parte actora, al
Tribunal Administrativo de La Guajira como autoridad judicial accionada y a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y; iii) vinculó en calidad de tercero
con interés al Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional que conformó el
extremo demandado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

30. Se advirtió la falta de vinculación del Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Riohacha, quien intervino como juez de
primera instancia en el proceso ordinario. Por tanto, mediante auto del 3 de agosto
de 2022, se ordenó notificar a dicha autoridad judicial al presente trámite.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

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Demandante: Jawer Alberto Torres Vélez
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1.6.1. Ministerio de Defensa

31. Por medio de escrito enviado el 8 de julio de 2022 al correo electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, el coordinador del Grupo Contencioso
Constitucional de la entidad solicitó que “se nieguen las pretensiones del accionante al
resultar esta acción improcedente”.

32. Manifestó que en la sentencia SU-556 del 2014, la Corte Constitucional
estableció la forma en la que las entidades estatales deben indemnizar los daños
producidos a quienes son nombrados en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa o hayan sido desvinculados del servicio mediante un acto
administrativo sin motivación.

33. Expuso que, según el Alto Tribunal, la indemnización a pagar a tales
funcionarios por concepto de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir no
puede ser superior a 24 meses y que se deben descontar de tal monto los
respectivos descuentos de las sumas dinerarias que por cualquier concepto laboral
proveniente del sector público o privado se hayan percibido.

34. En este orden de ideas, argumentó que “a pesar de los errores cometidos en la
sentencia de primera instancia al ordenar el pago desde la fecha de desvinculación”, esto
no le impedía al Tribunal Administrativo de La Guajira modificar el fallo dictado por
el a quo en virtud de los principios constitucionales.

35. Citó textualmente el siguiente apartado de la sentencia de tutela del 22 de
marzo de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado7:

“Independientemente del motivo por el cual fue retirado el servidor público, si el
Juez declara la nulidad del acto administrativo de su desvinculación al
establecer que fue contrario al orden legal y ordena su reintegro, no puede
desconocer los referidos topes señalados por la Corte Constitucional.

(...)

No existe dificultad alguna en cuanto a que, si bien la orden de reintegro
impartida por el juez natural implica la no solución de continuidad y en
consecuencia, conlleva al pago de los emolumentos dejados de percibir desde
el retiro hasta el reintegro efectivo, esto no puede ser de manera indefinida”.

36. Indicó que el tutelante no cumplió con el deber de identificar los defectos en
los que, presuntamente, habría incurrido la autoridad demandada, motivo por el cual
no es posible que el juez estudie de fondo la controversia propuesta. Agregó que el
Tribunal demandado hizo un “análisis pormenorizado de todos los antecedentes
jurisprudenciales y legales que le permitieron haber modificado la sentencia, llegando

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 22.03.18.

M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001031500020170134401.

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incluso a la conclusión adoptada en el mencionado fallo” y, por tanto, no se incurrió en
ningún defecto.

1.6.2. Tribunal Administrativo de La Guajira

37. A través de mensaje de datos remitido el 7 de julio de 2022 al correo
electrónico de la Secretaría General del Consejo de Estado, la magistrada ponente
de la decisión cuestionada rindió informe en el que expuso a detalle el trámite surtido
en la primera y segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. De tal forma, reiteró los motivos que fundamentaron el fallo objeto de
tutela.

38. Destacó que el cargo por “violación al debido proceso” no tiene vocación de
prosperidad, pues:

“el demandante (sic) cuestionó en su totalidad la sentencia de primer grado, por
lo que solicitó su revocatoria integral, para que en su defecto, fueran denegadas
las súplicas de la demanda. Es decir, que en virtud de la solicitud planteada por
el recurrente, el ad quem en el marco del recurso de apelación no se encontraba
facultado única y exclusivamente para decidir sobre la legalidad de los actos
administrativos demandados, sino para disponer sobre el restablecimiento del
derecho a que hubiere lugar”.

39. Adujo que en relación con el “defecto sustantivo”, el demandante no cumplió
con la carga mínima argumentativa pues no identificó las normas inexistentes o
inconstitucionales que, de acuerdo con su criterio, fueron aplicadas al caso en
concreto.

40. Manifestó que la decisión cuestionada estuvo “debidamente motivada en sus
aspectos de hecho y derecho, con valoración probatoria adecuada y previo agotamiento del
procedimiento legalmente prescrito”. Por tanto, arguyó que el desacuerdo del tutelante
con el fallo “no lo habilita para pretender que se abra una tercera instancia a través de la
solicitud de amparo que propone”.

1.6.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Juzgado
Primero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Riohacha,
pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

41. Esta Sala es competente para conocer de la demanda presentada por la
parte actora, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución
Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, el numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, el artículo 2.2.3.1.2.4
del Decreto 1069 de 2015, también modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021

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y el artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 12
de marzo de 2019 (Reglamento Interno del Consejo de Estado).

42. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Tribunal
Administrativo de La Guajira y, en tal sentido, debe aplicarse el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 de 2021, por ser esta Corporación el superior funcional de aquel.

2.2. Problema jurídico

43. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora y
las respectivas pretensiones elevadas, el material probatorio recaudado y las
intervenciones presentadas, corresponde a esta Sala resolver el siguiente problema
jurídico que subyace al caso en concreto:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial?

44. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema

• ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de La Guajira los derechos
fundamentales invocados por presuntamente incurrir en los defectos
formulados en el escrito de tutela, al proferir la sentencia del 4 de agosto de
2021?

45. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) análisis del caso en concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
8
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 9 y declaró su
procedencia.10

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
10 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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47. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

48. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

49. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional

50. La Sala encuentra que este requisito se encuentra cumplido en el caso en
concreto, por cuanto, al revisar el escrito de tutela en relación con los supuestos
fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se
advierte que la controversia propuesta por la parte actora es de naturaleza
constitucional al solicitar la protección de sus derechos fundamentales “de acceso a
la administración de justicia, debido proceso y reparación justa”.

51. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, el accionante cumple con el
requisito de evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo
esencial de los derechos fundamentales alegados, mediante la exposición de los
motivos por los que considera que el Tribunal Administrativo de La Guajira incurrió
en desconocimiento del precedente y vulneración del principio de
congruencia de la sentencia.

52. En efecto, este requisito mínimo implica que la parte accionante, con
suficiencia en la parte motiva de la demanda interpuesta, evidencie la tensión que,
de acuerdo con su criterio jurídico, existe entre los derechos fundamentales
invocados y el fallo proferido por la autoridad judicial.

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53. Dicha pericia argumentativa en la exposición del criterio del demandante con
respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus derechos
fundamentales, es lo que permite la superación de este requisito y evidencia que la
controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo anterior, porque se
evidencia que se cumple con la carga mínima de argumentación, que permite
comprender con suficiente claridad y de manera precisa el debate constitucional en
torno a la vulneración de las garantías fundamentales invocadas. Esto, con
independencia de si se comparte o no los motivos por los que considera el
accionante se vulneraron sus derechos fundamentales.

2.4.2. Tutela contra tutela

54. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue
proferida en segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 44-001-33-40-002-2010-00307-02.

2.4.3. Inmediatez

55. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la providencia del Tribunal Administrativo de La Guajira
fue proferida el 4 de agosto de 2021 y notificada el 4 de febrero de 2022. En tal
sentido, teniendo en cuenta que el accionante interpuso la acción constitucional el
23 de junio de 2022, la Sala considera que se presentó dentro de un término
razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial, sin
necesidad de determinar la fecha en que cobró ejecutoria.

56. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200512, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
12 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de res
olución de conflictos.

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2.4.4. Subsidiariedad

57. En su escrito de tutela, el señor Torres Vélez alegó que el Tribunal
Administrativo de La Guajira incurrió en defecto procedimental absoluto, en síntesis,
por carecer de competencia funcional para modificar la sentencia de primera
instancia en lo relacionado con los límites indemnizatorios, pues incurrió en una
“declaración oficiosa de en segunda instancia de asuntos no debatidos por el apelante”, sin
explicar los motivos que fundamentaran su actuar.

58. En tal sentido, arguyó que tal decisión fue proferida sin el cumplimiento de lo
establecido por los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, debido a
que la entidad apelante no hizo referencia “a los topes indemnizatorios de 24 meses”
en el recurso de apelación, en la etapa probatoria o en los alegatos de conclusión
de segunda instancia, motivo por el cual la autoridad judicial accionada no podía
pronunciarse frente a ello.

59. En consonancia con lo anterior, la Sala advierte que el sustento de la
vulneración a los derechos invocados, en relación con el defecto procedimental
absoluto formulado, se enmarca en una de las causales de procedibilidad del
recurso extraordinario de revisión, contemplada en el numeral 5º del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, a saber, “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin
al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

60. Frente a dicha situación, el Consejo de Estado indicó que uno de los
requisitos para la configuración de la nulidad originada en sentencia como causal
de revisión es la existencia de un “vicio grave o insaneable que afecte su validez” 13. En
tal sentido, esta Corporación14 ha establecido que el mentado recurso procede,
entre otras causales, “cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece
de jurisdicción o competencia”.

61. En este orden de ideas, y sin tomar en consideración la razonabilidad de los
argumentos planteados por el señor Torres Vélez en la formulación del cargo de
defecto procedimental absoluto, esta Sala en su calidad de juez constitucional, no
tiene la competencia para determinar si la autoridad judicial accionada vulneró el
principio de congruencia al modificar el fallo de primera instancia en los términos de
la sentencia del 4 de agosto de 2021, pues dicho estudio corresponde a la autoridad
judicial que conoce sobre el recurso extraordinario de revisión. Por tanto, el cargo
por defecto procedimental absoluto no supera el requisito de subsidiariedad.

13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión.

Sentencia del 05.04.16. M.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 11001-03-15-000-2008-00320-
00.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 25.11.08., M.P.

Bertha Lucía Ramírez de Paez. Radicado: 110010315000200300135-01; Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección “B”. Sentencia del 28.02.13. Radicado: 54001-23-31-000-2000-
01331-01(1216-09).

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62. No obstante, respecto del cargo por desconocimiento del precedente, se
acredita que el tutelante no dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios
ni extraordinarios para cuestionar la providencia dictada en segunda instancia, por
el Tribunal Administrativo de La Guajira, toda vez que el sustento de dicho yerro
alegado no se puede adecuar a las causales de procedencia de los recursos
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. Por tanto, la Sección
entrará a realizar el estudio del cargo en cuestión.

2.5. Caso concreto

63. El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de La Guajira vulneró sus
derechos fundamentales al proferir la sentencia del 4 de agosto de 2021 que
modificó los numerales primero y segundo, y revocó el ordinal quinto del fallo del 26
de mayo de 2014, proferido por el Juzgado Primero de Descongestión del Circuito
Judicial de Riohacha.

64. Lo anterior, al incurrir en desconocimiento del precedente por indebida
interpretación de las reglas de derecho establecidas por la Corte Constitucional en
las sentencias SU-556 del 201415 y SU-053 de 201516 al ordenar “pagar
equivocadamente solo 24 meses de salario como límite indemnizatorio”. Esto pues,
conforme con dichas providencias, el límite indemnizatorio de 24 meses de salario
únicamente aplica a los retirados de servicio en virtud de la facultad discrecional con
la que cuenta la Policía Nacional.

65. A su vez, alegó que se desatendió el criterio reiterado por el Consejo de
Estado17 de acuerdo con el cual el límite indemnizatorio de 24 meses fue establecido
por la Corte Constitucional para las situaciones que involucran a un miembro de la
Policía Nacional – no de las Fuerzas Militares – que es retirado del servicio en virtud
de la facultad discrecional con la que cuenta dicha institución. Sin embargo, arguyó
que en contravía de este precedente, la autoridad accionada interpretó
indebidamente las reglas de derecho establecidas por el Tribunal Constitucional,
pues extendió sus efectos a un miembro del Ejército Nacional.

66. Previo al estudio del caso en concreto, es pertinente señalar que, para esta
18
Sala , el precedente es aquella regla de derecho creada por una alta corte y
órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un
determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el

15 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-556 del 24.06.14. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez.
16 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-053 del 12.02.15. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
17 De las sentencias señaladas en el numeral 28 de este fallo.
18 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación

11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la
providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate.

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mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.

67. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción,
ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe
dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

68. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios
y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

69. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones
judiciales que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues
aquellas corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la
norma cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista
necesariamente una actividad creadora del juez como tal19.

70. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: i) la decisión que considera desatendida;
ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

71. Ahora bien, dado que la controversia propuesta por el señor Torres Vélez
versa, principalmente, sobre la presunta indebida interpretación y aplicación de las
reglas de derecho establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias SU-
556 del 2014 y SU-053 de 2015, es necesario establecer cuáles fueron los
presupuestos fácticos de cada una de las providencias y las reglas de derecho
proferidas por la Sala Plena de tal Corporación.

2.5.1. Sentencia SU-556 del 2014

72. La providencia en cuestión versó sobre la revisión de tres fallos de tutela
contra providencia judicial en los que los accionantes estuvieron vinculados en
provisionalidad a tres entidades estatales20 y fueron declarados insubsistentes

19 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.
20 Fiscalía General de la Nación, DAS y SENA.

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mediante resoluciones no motivadas.

73. Las acciones constitucionales se dirigieron contra sentencias de segunda
instancia proferidas en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en la
que las autoridades judiciales negaron las pretensiones de la demanda al concluir
que un funcionario que ocupe en provisionalidad un cargo de carrera administrativa
puede ser desvinculado discrecionalmente sin que sea necesario motivar la
decisión.

74. Frente a la estabilidad laboral de un servidor público nombrado en
provisionalidad en un cargo de carrera, la Sala Plena de la Corte Constitucional
estableció que a tales funcionarios no les asiste el derecho de estabilidad con el que
cuenta quien accede a la función pública por concurso de méritos; no obstante, ello
no significa que estos cargos sean de libre nombramiento y remoción, debido a que
la vacancia no cambia la naturaleza del cargo. Por tanto, agregó que el acto que
declare insubsistente a esta clase de servidores debe exponer las razones
específicas de su desvinculación “las cuales han de responder a situaciones
relacionadas con el servicio prestado o al nombramiento en propiedad del cargo”.

75. De acuerdo con el Alto Tribunal, dado que el empleado nombrado en
provisionalidad cuenta con una condición excepcional y temporal de permanencia
en el cargo, resultaba inapropiado asumir, para efectos de la indemnización a título
de restablecimiento del derecho originada en la ilegalidad del acto, que su
cuantificación deba hacerse a partir de la ficción de que el servidor público hubiera
permanecido indefinidamente en el desempeño del cargo.

76. Por tanto, concluyó que las órdenes que se deben adoptar en los casos de
retiro sin motivación de personas vinculadas en provisionalidad en un cargo de
carrera son: i) El reintegro del servidor público a su empleo, siempre y cuando el
cargo que venla ocupando antes de la desvinculación no haya sido provisto
mediante concurso, no haya sido suprimido o el servidor no haya llegado a la edad
de retiro forzoso; y ii) a título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y
prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando de
ese monto las sumas que por cualquier concepto laboral, público o privado,
dependiente o independiente, haya recibido la persona sin que la suma a pagar por
indemnización sea inferior a seis (6) meses ni pueda exceder de veinticuatro (24)
meses de salario.

2.5.2. Sentencia SU-053 de 2015

77. Esta providencia versó sobre la revisión de 10 fallos de tutela contra
providencia judicial de los cuales 8 estaban relacionados con accionantes
vinculados en provisionalidad a entidades estatales y fueron declarados
insubsistentes mediante resoluciones no motivadas y 2 trataban sobre miembros de

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la Policía Nacional retirados en uso de las facultades discrecionales con las que
cuenta la institución.

78. Las acciones constitucionales se dirigieron contra sentencias de segunda
instancia proferidas en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho en las
que las autoridades judiciales negaron las pretensiones de la demanda al concluir
que un servidor que ocupe en provisionalidad un cargo de carrera administrativa o
que sea retirado de su cargo en virtud de las facultades discrecionales con las que
cuenta una institución como la Policía Nacional, puede ser desvinculado sin que sea
necesario motivar la decisión.

79. En cuanto al deber de motivación de los actos administrativos de retiro de los
funcionarios que ocupan cargos en provisionalidad, reiteró el criterio expuesto en la
sentencia SU-556 del 2014 estudiado con antelación.

80. En relación con la facultad discrecional con la que cuenta el Gobierno y la
Policía Nacional para retirar miembros del servicio activo, estableció que los actos
que dispongan ello deben contar con un estándar mínimo de motivación, para lo
cual fijó unas reglas de derecho que deben ser cumplidas por las respectivas
resoluciones. De tal forma, la Corte Constitucional agregó:

“(…) en caso de que los jueces de instancia ordinarios o constitucionales
constaten la ausencia de motivación del acto de retiro, deben considerar la
jurisprudencia de la Corte Constitucional para efectos de i) ordenar los
eventuales reintegros a que tengan derecho los demandantes, y ii) determinar
los límites a las indemnizaciones que les serán reconocidas. Específicamente
deben observar la Sentencia SU-556 de 2014, como quiera que debe aplicarse
el principio de igualdad entre los servidores públicos que han sido
desvinculados de sus cargos en contravía de la Constitución”.

81. Ahora bien, en la sentencia cuestionada el Tribunal Administrativo de La
Guajira manifestó que, conforme con el precedente dictado por la Corte
Constitucional, los topes indemnizatorios fijados por tal Corporación son aplicables
a los casos de miembros de la fuerza pública retirados del servicio en virtud de un
acto administrativo sin motivación y en uso de la facultad discrecional que esta
ostenta. A su vez, puso de presente que este no era el caso del señor Torres Vélez.

82. No obstante, adujo que el Consejo de Estado ha establecido que las reglas
sobre los límites indemnizatorios deben ser aplicadas a los casos en que
funcionarios son retirados del servicio mediante actos administrativos declarados
nulos, sin tener en cuenta cuál fue el motivo del retiro. Lo anterior, en virtud de
la obligatoriedad del precedente judicial y del principio de igualdad, pues tales topes
indemnizatorios deben ser aplicados a todos los casos en los que el retiro del
servicio se de en desconocimiento del orden constitucional.

83. Como sustento de lo anterior, la autoridad judicial accionada tomó como

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referencia una sentencia del 10 de septiembre del 2015 proferida por la Sección
Segunda – Subsección B del Consejo de Estado21 que, como órgano de cierre de
la jurisdicción, estableció lo siguiente en un caso de un miembro de la Policía
retirado en uso de la facultad discrecional de la entidad:

“(…) estima la Sala que si bien "la regla de decisión" trazada por la Corte
Constitucional en la sentencia SU- 556 de 2014 fue concebida para el caso de
los empleados nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, la misma
debe ser aplicada, indistintamente, a los asuntos referidos al retiro de los
miembros de la Fuerza Pública cuando en ellos no exista motivación
alguna. Lo anterior, sostuvo el referido Tribunal, en aplicación del principio de
igualdad entre los servidores públicos que han sido desvinculados de sus
cargos en contravía de la Constitución Política.” (Énfasis de la Sala)

84. A su vez, el Tribunal Administrativo de La Guajira referenció un fallo de tutela
proferido por la Sección Segunda – Subsección A de esta Corporación en un caso
en el que una persona fue retirada de la Policía Nacional bajo la causal de
disminución psicofísica22. En dicha providencia, la autoridad reiteró el criterio
jurisprudencial expuesto con antelación y sostuvo:

“(…) la Sección Segunda — Subsección B de esta Corporación, estableció la
posibilidad de aplicar dichos límites indemnizatorios a los casos de
reincorporación de miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, pues si
bien es cierto, la «regla de decisión» trazada por la Corte Constitucional en la
sentencia SU- 556 de 2014, fue concebida para el caso de los empleados
nombrados en provisionalidad en cargos de carrera, la misma debe ser
aplicada, indistintamente, a los asuntos referidos al retiro de los miembros de la
Fuerza Pública cuando en ellos no exista motivación alguna”. (Énfasis de la
Sala).

85. De igual forma, como sustento de su decisión, la autoridad demandada
acudió a dos sentencias de tutela23 de la Sección Cuarta de esta Corporación en
las que se argumentó que si se declara la nulidad del acto administrativo de su
desvinculación al establecer que fue contrario al orden legal, no es posible
desconocer los topes indemnizatorios señalados por la Corte Constitucional en las
sentencias de unificación en cuestión. Esto, con independencia de la causal que
motivó el retiro del cargo de un funcionario de la Fuerza Pública.

86. Esta Corporación ha reconocido la falta de un criterio unificado en relación
con el asunto estudiado24, motivo por el cual las autoridades judiciales que conocen

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección B.

Sentencia del 10.09.15., M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Exp: 05001233100019980055401 (N.I.
0917-2012).
22 Establecida en el numeral 3 del artículo 55 del Decreto 1791 de 2000.
23 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de tutela del 26.03.18. M.P. Jorge Octavio Ramírez

Ramírez. Rad: 11001031500020170134401; Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia de
tutela del 27.07.18. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
24 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de tutela del

22.03.18. M.P. William Hernández Gómez. Rad: 11001-03-15-000-2018-00548-00.

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de este tipo de controversias cuentan con la autonomía para adoptar la decisión a
que haya lugar en su calidad de juez natural. De tal forma, si bien para esta Sección
las sentencias de tutela proferidas por el Consejo de Estado constituyen un criterio
auxiliar de interpretación, es viable que acudan a él como sustento hermenéutico de
sus fallos, siempre y cuando no desconozcan las disposiciones normativas y el
precedente que regule la situación en cuestión.

87. Es necesario poner de presente que, ante la falta de dicho criterio unificado,
las distintas Secciones de esta Corporación se han pronunciado, en ocasiones con
razonamientos diferenciados, en relación con la aplicación de tales reglas de
derecho proferidas por la Corte Constitucional.

88. En sentencia del 4 de octubre de 201825, la Sección Primera negó las
pretensiones de una acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Defensa –
Policía Nacional al encontrar que no es razonable exigir la aplicación de los límites
indemnizatorios previstos por la sentencia SU-556 del 2014 en aquellos casos en
los que el retiro del servicio de un uniformado tenga lugar en virtud de una
disminución en su capacidad laboral.

89. Esto, toda vez que, de acuerdo con la postura reiterada de dicha autoridad,
tales topes se aplican cuando se acredita que la Policía Nacional no motivó el acto
administrativo por medio del cual i) desvinculó a un servidor público que se
desempeñaba en provisionalidad en un cargo de carrera; o ii) retiró del servicio
activo a uno de sus miembros, haciendo uso de su facultad discrecional.

90. Por su parte, la Sección Tercera – Subsección B en sentencia del 12 de
septiembre de 201926 amparó los derechos fundamentales del Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla al concluir que a una funcionaria vinculada en
provisionalidad en un cargo de carrera que fue retirada del cargo mediante acto sin
motivación, debían aplicársele los límites de indemnización a título de
restablecimiento del derecho establecidos por la Corte Constitucional.

91. Esta Sección, en calidad de juez de tutela, ha reiterado27 que ante situaciones
en las que un miembro de la Policía es retirado del cargo en virtud de la causal de
disminución psicofísica mediante acto administrativo declarado nulo, es necesario
aplicar la regla de los topes indemnizatorios, con independencia del motivo de la

25 Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia del 04.10.18. M.P. Hernando Sánchez Sánchez.

Rad: 11001-03-15-000-2018-01327-01
26 Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección B. Sentencia del 19.09.19. M.P. Ramiro Pazos

Guerrero. Rad: 11001-03-15-000-2019-01247-01
27 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 21.11.18. M.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez. Rad: 11001-03-15-000-2018-03892-00; Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia
del 05.07.18. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad: 11001-03-15-000-2018-01327-00; Consejo de Estado,
Sección Quinta. Sentencia del 26.04.17. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad: 11001-03-15-000-2017-
00608-00

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desvinculación. Por tanto, según esto, el precedente de la Corte Constitucional debe
ser aplicado incluso en las situaciones en las que el servidor no es retirado en uso
de la facultad discrecional de la autoridad o así ocupe un cargo de carrera.

92. En el caso en concreto, el Tribunal Administrativo de La Guajira aplicó el
precedente de la Corte Constitucional y de la Sección Segunda – Subsección B de
esta Corporación, mediante el uso de algunos fallos de tutela proferidos por el
Consejo de Estado como criterio auxiliar de interpretación para la aplicación de tales
reglas de derecho. En tal sentido, contrario a lo manifestado por el tutelante, la
decisión no fue arbitraria ni irrazonable ni se profirió en virtud de la indebida
aplicación de las reglas de derecho sobre límites indemnizatorios.

93. Aunado a lo anterior, el accionante no identificó cuál regla de derecho fue
desatendida por la autoridad judicial demandada, pues los argumentos expuestos
se dirigieron a sustentar por qué, a su juicio, se aplicó indebidamente el precedente
de las sentencias de unificación de la Corte Constitucional y se interpretó en
contravía de los parámetros establecidos por algunas sentencias de tutela del
Consejo de Estado de acuerdo con las cuales, el límite indemnizatorio debe ser
aplicado a situaciones en las que un miembro de la Policía Nacional es retirado del
servicio en virtud de la facultad discrecional con la que cuenta la institución.

94. En este orden de ideas, en el caso en concreto el Tribunal Administrativo de
La Guajira profirió el fallo censurado en virtud del principio de autonomía judicial y
concluyó que las reglas de derecho de las sentencias SU-556 de 2014 y SU-053 de
2015 debían ser aplicadas a la situación del señor Torres Vélez, con independencia
del motivo de su retiro y al ser un miembro de la Fuerza Pública.

2.7. Conclusión

95. La Sala declarará la improcedencia del defecto procedimental absoluto y
negará el amparo de los derechos invocados, pues se concluye que el Tribunal
Administrativo de La Guajira, al proferir la sentencia censurada, no incurrió en
desconocimiento del precedente y, en consecuencia, no vulneró los derechos
fundamentales accionados.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

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Demandante: Jawer Alberto Torres Vélez
Demandado: Tribunal Administrativo de La Guajira
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03398-00

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del cargo por defecto
procedimental absoluto, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos invocados por el señor Jawer
Alberto Torres Vélez, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Con salvamento parcial de voto

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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