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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00687-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
26 de abril de 2017
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
9 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-00687-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVOLVER al despacho judicial de origen, el expediente allegado en calidad de préstamo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-00687-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

26 de abril de 2017

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN OBTENIDA EN VIGENCIA DE LA ORDENANZA 057 DE 1966 - No existe criterio unificado / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[L]a actora alega y adjunta al expediente, dos fallos de tutela adoptados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado (…) así como uno de la Sección Segunda (…) sobre los cuales, resta indicar que los mismos no constituyen precedente que vincule la actuación de la autoridad judicial accionada, en tanto en que el Consejo de Estado no es Corporación Judicial de cierre en materia de tutela, siendo dicha competencia clara y expresamente asignada a la Corte Constitucional. (…) esta Sala reitera lo señalado en la sentencia del 2 de marzo del 2017 (Radicación 11001-03-15-000-2016-03136-01 C.P. Rocío Araújo Oñate), en donde se indicó que sobre el asunto en particular, relacionado con el reconocimiento de pensiones con fundamento en la Ordenanza 057 de 1966, no existe posición unificada en la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que impide predicar la existencia de un precedente aplicable a dichos casos, ante la falta de una regla de decisión constante sobre el particular (…) la providencia que fundamentó el cargo de la actora, corresponde a una de las posiciones que las diferentes Subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación han sostenido sobre el particular, razón por la cual, no resulta cuestionable en sede de amparo, y por vía del defecto por desconocimiento del precedente, que el Tribunal accionado haya acogido uno de los razonamientos que la jurisprudencia ha señalado sobre el tema.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 53 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / ORDENANZA 057 DE 1966 DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la actividad creadora de reglas como resultado de las decisiones de las altas cortes, ver la sentencia del 19 de febrero de 2015, exp. 11001-03-15-000-2013-02690-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro. En relación con la inexistencia de un criterio unificado respecto de la reliquidación de una pensión reconocida en régimen especial y como consecuencia su no exigibilidad a los operadores judiciales para acogerse a alguno de ellos por el criterio de autonomía judicial, ver las sentencias del 7 de junio de 2007, exp. 73001-23-31-000-2000-03669-01(4016-2005), M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, del 14 de abril del 2016, exp. 11001-03-15-000-2016-01955-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio y del 2 de marzo del 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03136-01 M.P. Rocío Araújo Oñate, todas las anteriores de esta Corporación.

DEFECTO FÁCTICO / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA

Estudiado el escrito de tutela presentado por la [actora], se observa que los requerimientos relacionados con la carga mínima y razonable para efectuar un estudio del defecto alegado, no se cumplen, situación que impide dictar un pronunciamiento de fondo sobre el particular. Al respecto, se observa que incluso, la actora delega en el juez constitucional la actividad de “evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso”, sin precisar siquiera cuáles elementos de prueba aportados a la actuación judicial fueron los indebidamente valorados por el juez de instancia.

VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN - Inexistencia

[N]o puede cuestionarse que un juez haya escogido o no una de las posiciones vigentes sobre el tema, así la misma no resulte favorable a los intereses del demandante, en la medida en que el funcionario judicial puede, razonadamente y bajo el amparo de sus competencias y la autonomía e independencia en el ejercicio de las mismas, escoger uno de los criterios y de esta manera fallar el proceso, sin que ello implique arbitrariedad, capricho, o, como se pretende en el sub judice, el desconocimiento de uno u otro derecho fundamental.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-00687-00(AC)

Actor: BLANCA LIGIA PUENTES DE GÓMEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta directamente por la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez, en contra del Tribunal Administrativo del Tolima.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

Mediante escrito radicado el 14 de marzo de 2017 en la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez, actuando a nombre propio, interpuso acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo del Tolima, con el fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales de “acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, violación directa de la constitución”.

Tales garantías las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia del 20 de enero de 2017, proferida por la autoridad judicial accionada, mediante la cual se confirmó la sentencia del 18 de julio de 2016 proferida por el Juzgado 10 Administrativo de Ibagué. Esta última negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por la actora, en contra del Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones (Radicación No. 73001-33-33-751-2015-00150-00).

A título de amparo constitucional solicitó:

“PRIMERO: Decrétese (sic)el amparo de los derechos fundamentales al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA SEGURIDAD JURÍDICA, VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN.

SEGUNDO: Declarar que el fallo del día 20 de enero de 2017, proferido por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, Magistrado Ponente Dr. CARLOS LEONEL BUITRAGO CHAVEZ, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de BLANCA LIGIA PUENTES DE GÓMEZ contra EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA- SECRETARÍA ADMINISTRATIVA- FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES Rad: 73001-33-33-751-2015-00150-01, constituye una vía de hecho violatoria de los DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DE LA IGUALDAD, LA SEGURIDAD JURÍDICA Y VIOLACIÓN DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA ART. 53

TERCERO: Se deje sin efecto la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, emitida el 20 de enero de 2017, por el Magistrado Ponente Doctor CARLOS LEONEL BUITRAGO CHAVEZ

CUARTO: Se ordene AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente Doctor CARLOS LEONEL BUITRAGO CHAVEZ, a que profiera sentencia en el sentido de valorar correctamente la prueba aportada y recaudada dentro de la actuación procesal, así como de proteger las condiciones de igualdad a otras demandas de iguales características y con fallos favorables que declararon la nulidad de actos administrativos y ordenaron la reliquidación de la pensión con la inclusión de todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, lo anterior teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales que sobre el tema ha tenido este mismo órgano y que propendan por la prevalencia de los derechos fundamentales a la igualdad como el debido proceso por defecto sustancial, y por consiguiente, accediendo a las pretensiones de la demanda.”

La parte accionante fundamentó la solicitud de tutela en que, la autoridad judicial accionada, desconoció el precedente jurisprudencial tanto del mismo Tribunal, como el de esta Corporación.

En efecto, señaló primero la accionante las providencias del Tribunal Administrativo del Tolima que considera como precedentes desconocidos por la providencia acusada, citando las siguientes:

“Demandante PAULA PASION PEÑAS DE DIAZ, Rda. 576-206(01) de fecho 29 de abril de 2011, magistrado Ponente Doctor BELISARIO BELTRAN BASTIDAS, demandante: CRISTINA BELTRAN BELTRAN, Rad: 2008-082(01), magistrado Ponente: Doctora SUSANA NELLY ACOSTA de fecha 18 de marzo de 2013, demandante DANIEL REYES MACHADO, Magistrado Ponente Doctor ALVARO JAVIER GONZALES BOCANEGRA de fecha 11 de septiembre de 2014 y por último, Demandante JOSE ANTONIO GUZMAN RAMIRES, Rad: 2014-104(01) Magistrado Ponente: Doctor JOSE ALETH RUIZ CASTRO, de fecha 24 de junio de 2016 (…)” (Texto original)

Acto seguido, refirió las providencias de esta Corporación que calificó como precedentes aplicables al caso en los siguientes términos:

“Sentencia del 4 de agosto de 2010, radicado 25000-23-25-000-2006-07509-01 Magistrado Ponente Doctor VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA y la sentencia de fecha 18 de febrero de 2010, Magistrado Ponente Doctor GERARDO ARENAS MONSALVE, demandante: ANA LINDELIA VALDERRAMA rad: 204-02509-01 (sic) Sección segunda- subsección B. (…) Fallo de tutela de fecha 09 de febrero de 2017, el Honorable Consejo de Estado sección Cuarta- Magistrada Ponente Doctora STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO, dentro del radicado 11001-03-15-000-2016-03337-00 (…)” (Texto original)

Así, estableció la accionante que en las sentencias descritas con anterioridad, se ha reconocido que la pensión de jubilación obtenida en vigencia de la Ordenanza 057 de 1966, expedida por la Asamblea Departamental del Tolima, debe ser tenida en cuenta como una pensión ordinaria. En consecuencia, debe ser reliquidada teniendo presentes todos los factores salariales devengados en el último año de prestación del servicio.

Sobre este punto, la accionante transcribió, sin citar ni referenciar, un aparte de una sentencia de esta Corporación, en la que se establece que si bien la Ordenanza 057 de 1966 fue declarada nula, ello no resta el carácter ordinario de la pensión reconocida en virtud de aquel acto administrativo, y que la petición de reliquidación requiere la aplicación de las normas reguladoras de la pensión ordinara de jubilación.

Por otro lado, indicó la señora Puentes de Gómez en su escrito de tutela, la existencia de un defecto fáctico que vicia la providencia acusada, pues según su criterio, hubo una incorrecta valoración de las pruebas aportadas al proceso, así como aquellas que fueron recaudadas durante el curso procesal. Refirió igualmente algunas sentencias de la Corte Constitucional atinentes a la configuración del defecto fáctico. Sin embargo, se advierte que el escrito de tutela no refiere cuáles fueron las pruebas indebidamente valoradas, o que se dejaron de valorar en el proceso contencioso administrativo. Entonces, para sustentar su cargo, la tutelante libró al juez constitucional la carga de auscultar el yerro probatorio o fáctico, e indica: “lo que corresponde al juez constitucional es evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso.”

Finalmente, acusó a la providencia del 20 de enero de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, de haber violado directamente la Constitución. Específicamente refirió el artículo 53 Superior, que consagra el principio de favorabilidad en materia laboral. Adujo, que al existir posiciones contrarias pero razonables frente al mismo tema por parte del Consejo de Estado, el juez debería elegir el criterio más favorable, so pena de incurrir en violación directa de la carta fundamental.

2. Hechos probados y/o alegados

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos, que son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

En el año de 1969, la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez comenzó a prestar sus servicios como docente; en virtud del Decreto 796 del 19 de diciembre de 1968.

Con Resolución No. 4127 del 29 de diciembre de 1980, se concedió una pensión mensual vitalicia de jubilación a favor de la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez, por cuantía de 86.949.37 pesos.

Mediante la Resolución No. 0633 del 20 de junio de 2002, se aceptó la renuncia de la docente Blanca Ligia Puentes de Gómez y fue retirada del servicio activo.

A través de la Resolución número 1026 del 23 de diciembre de 2002, se reliquidó la pensión vitalicia de jubilación de la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez en la cuantía de 1´161.955 pesos.

Mediante escrito presentado en ejercicio del derecho de petición, radicado el 1º de agosto de 2001 en la Gobernación del Tolima, la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez solicitó que se incluyesen en la liquidación de su derecho pensional, otros factores como los porcentajes de ley de la prima de navidad, académica, de vacaciones, de alimentación y demás factores salariales en su pensión vitalicia de jubilación.

Con Oficio No. 468 del 11 de marzo de 2014, la Gobernación del Tolima resolvió de manera negativa la solicitud de revisión y reliquidación de la pensión de jubilación por factores salariales de la señora Puentes de Gómez.
La tutelante, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del Departamento del Tolima, Fondo Territorial de Pensiones. Ello con el fin de que se declarase la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio número 468 del 11 de marzo de 2014, por medio del cual se resolvió de manera negativa la solicitud de revisión y reliquidación de la pensión de jubilación por factores salariales.

Que el proceso le correspondió por reparto al Juzgado 10 Administrativo de Ibagué (antes Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Ibagué) autoridad judicial que en sentencia del 18 de julio de 2016 resolvió negar las pretensiones de la demanda. Consideró el a quo del proceso ordinario que:

“Deben negarse las pretensiones de la demanda, toda vez que el reconocimiento de la pensión de jubilación efectuada a la actora (sic) se hizo bajo el régimen de la ordenanza 057 de 1966, no siendo procedente el reajuste de su mesada, pues el acto administrativo fundador del reconocimiento de la misma, fue declarado nulo, y acceder a su reliquidación daría lugar a mejorar un derecho adquirido en contra del ordenamiento jurídico.

(…)

Derecho consolidado (…) corresponde a la pensión de jubilación reconocida a favor de un empleado público bajo la vigencia de la declarada nula ordenanza 057 de 1966, pues dicha situación jurídica no tiene fundamento en actos declarados nulos, como ocurre con la reliquidación pensional luego de la anulabilidad de la pluricitada ordenanza.”

Inconforme con la decisión, la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez la apeló, debido a que a su juicio, el Juzgado de primera instancia no tuvo en cuenta que:

“la reliquidación de pensión de mi poderdante no se pode (sic) con fundamento en la Ordenanza 057 de 1966, si no por el contrario se pide con fundamento en la pensión ordinaria de jubilación, que en el caso en estudio hablamos de la ley 6 de 1946, ley 33 y 62 de 1985, decreto 1045 de 1978 entre otras normas concordantes.

(…)

El Consejo de Estado reconoció “a esta pensión con el carácter de ordinaria y por tanto sometida a las normas que regulan la pensión ordinaria de jubilación de los docentes en cuanto a los factores que conforman la base para su liquidación.”

Entonces sostuvo que:

“no es necesario la verificación de los factores salariales tenidos en cuenta en la ordenanza, sino por el contrario, se deben tener en cuenta todos los factores salariales que constituyen salario y que fueron devengados durante el último año de servicio.”

Finalmente, trajo a colación la sentencia de unificación del 25 de febrero de 2016 de la Sección Segunda del Consejo de Estado (C.P. Gerardo Arenas Monsalve), de donde concluyó que:

“Al solicitar la reliquidación de pensión (…) se deben tener en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicio, lo anterior al tener en cuenta el marco normativo vigente y la jurisprudencia de nuestro órgano de cierre, se puede establecer que para calcular la cuantía de las pensiones de los servidores públicos se debe tener en cuenta todos los factores que constituyen salario (…)”.

El Tribunal Administrativo del Tolima resolvió la apelación mediante la sentencia del 20 de enero de 2017 por medio de la cual confirmó la decisión apelada.

Como fundamento de su decisión explicó que:

“(…) la accionante adquirió su derecho pensional según la Ordenanza No. 057 de 1966, expedida por la Asamblea Departamental del Tolima, acto administrativo que fue declarado nulo (…) las pensiones reconocidas con base en esa disposición no podrán ser desconocidas, ya que se tratan de derechos consolidados; sin embargo, no es posible acceder a la reliquidación de las mesadas pensionales debido al origen ilegal de dicha prestación.

(…)

Cabe advertir, que dentro del expediente no se evidencia prueba alguna que demuestre que la actora obtuvo de la accionada el reconocimiento de una pensión ordinaria que sustituya a la especial, para que en este evento se pudiera efectuar la reliquidación a partir del momento en que se consolidó su status pensional.”

3. Actuaciones procesales relevantes

3.1. Admisión de la demanda

Con auto del 17 de marzo de 2017, la Magistrada Ponente de esta providencia, admitió la demanda de tutela y dispuso la notificación a la parte demandante y de los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima.

Igualmente, vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado 10 Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y al Departamento del Tolima – Fondo Territorial de Pensiones del Tolima.

Requirió a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Tolima, para que allegara en préstamo el expediente de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la presente solicitud de amparo.

3.2. Contestación del Tribunal Administrativo del Tolima.

Mediante escrito suscrito por el Magistrado Carlos Leonel Buitrago Chávez, se pronunció el Tribunal y solicitó se denegaran las súplicas de la tutela. Lo anterior teniendo en cuenta que lo que realmente sucede es la existencia de criterios disímiles en cuanto a la interpretación de la normativa entre la autoridad judicial y la hoy accionante.

Estableció el Magistrado, que ello da al traste con la violación de algún derecho fundamental, pues “la decisión se ajustó a la normatividad legal vigente y a lo dispuesto en la jurisprudencia de esa alta corporación”.

Pese a que los demás vinculados fueron efectivamente notificados de la presente providencia, como obra del folio 137 al 142, estos guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015.

2. Problemas jurídicos

Le corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan, en el caso concreto, los requisitos de procedibilidad adjetiva?

De resultar positiva la respuesta anterior, ¿desconoció la autoridad judicial accionada los derechos fundamentales alegados por la tutelante, al dictar la providencia judicial cuestionada, a través de la cual confirmó la negativa de las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho por ella incoadas?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver este problema, la Sala analizará los siguientes aspectos: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) criterio de la Sección sobre el desconocimiento del precedente; (iv) estudio de las características de los defectos fáctico y por violación directa de la Constitución; y, finalmente, (v) un análisis del caso en concreto.

3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema, por lo que procedió a unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

Sobre este punto en particular, y en respuesta al primer problema jurídico expuesto en el numeral 2º del presente acápite, se realizan las siguientes consideraciones:

No existe reparo en cuanto al primero de los requisitos de procedibilidad, relacionado con que no se trate de una acción de tutela contra un fallo adoptado en un trámite de igual naturaleza, en la medida en que la sentencia cuestionada por la tutelante, fue dictada dentro de un proceso que resolvió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incoado por la tutelante.

De otro lado, en lo atinente al requisito de inmediatez en el ejercicio de la petición de amparo, se observa que la decisión judicial atacada se dictó el 20 de enero del 2017, siendo notificada con correo electrónico del 25 de enero del corriente año, razón por la cual, cobró ejecutoria hasta el 30 del mismo mes y año. Así las cosas y considerando que la acción de la referencia se interpuso el 14 de marzo del 2017, encuentra esta Sala que se la misma fue presentada dentro de un plazo razonable.

Finalmente, en lo que respecta al requisito de subsidiaridad, se tiene que la sentencia del 20 de enero del 2017, se adoptó con fundamento en el recurso de apelación presentado contra el fallo de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la actora, por lo que se entiende el agotamiento de los recursos ordinarios.

En relación con los recursos extraordinarios, es de señalar que los alegatos presentados en el escrito de tutela, no se enmarcan dentro de las causales de revisión consagradas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

En lo referido a la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, si bien en el escrito de tutela se alega como desconocida una sentencia con dicha característica adoptada de la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo cierto es que el mismo se tornaría improcedente en razón a la cuantía de las pretensiones, que de conformidad con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se estimaron en $16.845.372, lo que no permite encontrar acreditado el requisito de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por el numeral 1º del artículo 257 ejusdem.

De esta forma, procede la Sala al estudio de fondo de la petición de tutela elevada por la señora Puentes de Gómez.

3.3. Desconocimiento del precedente

La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.

Resulta necesario precisar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”

En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.

3.3.1. Del desconocimiento del precedente en el caso concreto

En relación con este punto, y descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que el cargo elevado por esta situación no está llamado a prosperar, en atención a las siguientes razones:

En primer lugar, de conformidad con el marco teórico antes descrito, las providencias del Tribunal Administrativo del Tolima alegadas como desconocidas, no pueden ser consideradas, en estricto sentido, como precedentes, dado que ello sólo proviene de las decisiones adoptadas por una Alta Corte, en su función del órgano de cierre de una respectiva especialidad de la jurisdicción.

A pesar de lo anterior, esta Sala ha considerado, que en casos como estos, procedente realizar un estudio frente a la situación de igualdad de quien acude en tutela, en relación con las decisiones adoptadas en otros procesos fallados por la misma autoridad judicial. Así las cosas, se tiene que la sentencia cuestionada por la aquí accionante, fue suscrita por los Magistrados Carlos Arturo Mendieta Rodríguez, José Aleth Ruíz Castro y Carlos Leonel Buitrago Chávez.

De otro lado, las providencias alegadas como desconocidas por la actora, se relacionan de la siguiente manera:

Radicación
Fecha
Magistrados
73001-33-33-005-2014-00104-01 Actor: José Antonio Guzmán Ramírez
24 de junio del 2016
José Aleth Ruíz Castro, Belisario Beltrán Bastidas y Carlos Leonel Buitrago Chávez
73001-33-31-006-2012-00148-01 Actor: Daniel Reyes Machado
11 de septiembre del 2014
Susana Nelly Acosta Prada, Carlos Enrique Ardila Obando y Álvaro Javier González Bocanegra.

De lo transcrito, se observa que la composición de las Salas de Decisión varía en las autoridades judiciales que suscribieron los fallos, y por lo tanto, no es posible predicar un juicio de igualdad al respecto. Por ello, no resulta necesario realizar análisis adicional alguno en relación con este aspecto.

De otra parte, la actora alega y adjunta al expediente, dos fallos de tutela adoptados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, uno del 14 de abril del 2016 (Radicación No. 11001-03-15-000-2016-00392-00, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez) y del 9 de febrero del 2017 (Radicación 11001-03-15-000-2016-03337-00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Bastos), así como uno de la Sección Segunda del 26 de septiembre del 2012 (Radicación No. 11001-03-15-000-2012-01329-00, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila), sobre los cuales, resta indicar que los mismos no constituyen precedente que vincule la actuación de la autoridad judicial accionada, en tanto en que el Consejo de Estado no es Corporación Judicial de cierre en materia de tutela, siendo dicha competencia clara y expresamente asignada a la Corte Constitucional.

En relación con la sentencia del 4 de agosto del 2010, con radicación 25000-23-25-000-2006-07509-01, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, de la simple lectura de dicha providencia se observa que la misma no tiene identidad fáctica con el caso de la señora Puentes de Gómez, en la medida en que en aquella oportunidad no se discutió sobre una pensión reconocida con fundamento en la Ordenanza No. 057 de 1966 dictada por la Asamblea Departamental del Tolima, ni tampoco se analizó sobre la procedencia o no, de reconocer la reliquidación pensional con base en dicho acto administrativo declarado nulo por la jurisdicción. En esta medida, a providencia alegada como desconocida, no resultaba aplicable o vinculante para la actividad del Tribunal Administrativo del Tolima al momento de dictar el fallo que ahora se cuestiona vía tutela.

Frente al desconocimiento del fallo del 18 de febrero del 2010, radicación No. 73001-23-31-000-2004-02509-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, esta Sala reitera lo señalado en la sentencia del 2 de marzo del 2017 (Radicación 11001-03-15-000-2016-03136-01 C.P. Rocío Araújo Oñate), en donde se indicó que sobre el asunto en particular, relacionado con el reconocimiento de pensiones con fundamento en la Ordenanza 057 de 1966, no existe posición unificada en la Sección Segunda del Consejo de Estado, lo que impide predicar la existencia de un precedente aplicable a dichos casos, ante la falta de una regla de decisión constante sobre el particular.
En esta medida, la providencia que fundamentó el cargo de la actora, corresponde a una de las posiciones que las diferentes Subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación han sostenido sobre el particular, razón por la cual, no resulta cuestionable en sede de amparo, y por vía del defecto por desconocimiento del precedente, que el Tribunal accionado haya acogido uno de los razonamientos que la jurisprudencia ha señalado sobre el tema.

Así las cosas, la autonomía y la independencia que caracteriza la función jurisdiccional, resultan relevantes, toda vez que, razonadamente, los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima consideraron que era improcedente el reconocimiento de la reliquidación de la pensión de la tutelante, en virtud de la ilegalidad del acto que fundó su reconocimiento, ello en atención a decisiones adoptadas por la misma Sección Segunda de esta Corporación, y sin que por ello, pueda catalogarse su actuación como caprichosa o arbitraria.

Así la cosas, el cargo por desconocimiento del precedente no prospera.

3.4 Defecto Fáctico

Esta Corporación ha considerado, que el defecto fáctico “surge cuando el juez carece de apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.” Sobre este particular, se ha reiterado por esta Sección, que a efectos del estudio respecto a cargos relacionados con el análisis probatorio que el juez de instancia realiza, se requiere de una carga argumentativa mínima y razonable, que permita identificar (i) la prueba indebida o erróneamente valorada; (ii) la forma en que dicha situación implica un desconocimiento de los parámetros de la sana crítica; y (iii) la incidencia de ello frente a la decisión adoptada por el juez de instancia.

3.4.1. Del defecto fáctico en el caso concreto.

Estudiado el escrito de tutela presentado por la señora Puentes de Gómez, se observa que los requerimientos relacionados con la carga mínima y razonable para efectuar un estudio del defecto alegado, no se cumplen, situación que impide dictar un pronunciamiento de fondo sobre el particular.

Al respecto, se observa que incluso, la actora delega en el juez constitucional la actividad de “evaluar si en el marco de la sana crítica, la autoridad judicial desconoció la realidad probatoria del proceso”, sin precisar siquiera cuáles elementos de prueba aportados a la actuación judicial fueron los indebidamente valorados por el juez de instancia. Lo pretendido por la actora en su argumentación, es a todas luces improcedente tratándose de tutela contra providencia judicial, ya que ello implicaría un estudio oficioso de toda la actuación judicial –aspecto que corresponde al juez de la causa-, en reemplazo de la competencia propia del funcionario competente para ello.

Dicho análisis ex officio, se encuentra proscrito dentro de las facultades del juez constitucional de tutela, en la medida en que con la procedencia del amparo en contra de una decisión judicial, se busca no sólo la protección de los derechos fundamentales de las partes involucradas en el proceso, sino también garantizar principios de igual importancia, como lo son la seguridad jurídica y la cosa juzgada, así como el principio del juez natural. Aceptar lo contrario, conllevaría a concebir esta garantía de protección constitucional como una tercera instancia, adicional a las ordinarias de todo trámite jurisdiccional, lo que a todas luces contraría la intención del constituyente al fijar la naturaleza subsidiaria de la tutela, en los términos del artículo 86 del Texto Superior.

3.5. Violación directa de la constitución

Al respecto, la actora alega un desconocimiento del artículo 53 constitucional, el cual consagra el principio de favorabilidad en materia laboral, en tanto según su criterio, los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, se encontraban en la obligación de acoger la interpretación más favorable a sus intereses, ante la existencia de diversas posiciones sobre el asunto, para con ello, acceder a las pretensiones de su demanda ordinaria.

Sobre el particular, y con fundamento en lo dicho en párrafos precedentes bajo el razonamiento expuesto en fallo del 2 de marzo del 2017 (Radicación 11001-03-15-000-2016-03136-01 C.P. Rocío Araújo Oñate), es claro que frente al punto de derecho debatido en el caso de la tutelante, no existe una posición pacífica al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que, en dicha medida, no puede cuestionarse que un juez haya escogido o no una de las posiciones vigentes sobre el tema, así la misma no resulte favorable a los intereses del demandante, en la medida en que el funcionario judicial puede, razonadamente y bajo el amparo de sus competencias y la autonomía e independencia en el ejercicio de las mismas, escoger uno de los criterios y de esta manera fallar el proceso, sin que ello implique arbitrariedad, capricho, o, como se pretende en el sub judice, el desconocimiento de uno u otro derecho fundamental.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por la señora Blanca Ligia Puentes de Gómez, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVOLVER al despacho judicial de origen, el expediente allegado en calidad de préstamo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La presente decisión se adoptó y suscribió en sesión de la fecha.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Aclaración de voto

ACLARACIÓN DE VOTO DEL CONSEJERO ALBERTO YEPES BARREIRO

PRECEDENTE - Fuerza vinculante y obligatoria

[E]ncuentro cardinal aclarar mi voto en relación con un tema que considero fundamental, el uso del término “precedente”. (…) pues, este concepto del precedente que, debo advertir, no es el que ha venido exponiendo la mayoría de la Sección, parte una serie de elementos conceptuales inaceptables en el marco de un Estado Constitucional y Social Derecho (…) el primer paso que debe agotar el juez, cualquier que sea su especialidad, es determinar si el supuesto normativo que ha de aplicar al caso concreto, efectivamente puede hacer realizable los fundamentos constitucionales, y, bajo ese supuesto, siempre que aplica la disposición después de ese raciocinio, está haciendo un ejercicio de creación que no puede ser desconocido, en tanto si bien el juez no encarna esa voluntad popular o general atribuida al legislador, hemos de reconocer (…) que dependerá del carácter jerárquico del juez que profiere la decisión que se le reconozca la fuerza vinculante y obligatoria de sus decisiones en el ordenamiento. (…) la fuerza vinculante y obligatoria del dictum del juez para él y para los de inferior categoría, tiene el sustento en la necesidad de generar la confianza y seguridad jurídica en los asociados, en el sentido que su caso va a ser resuelto en la misma forma en que lo fueron asuntos similares al suyo en el pasado. La fuerza vinculante de este, deviene de la facultad creadora o constitutiva de derecho que genera la decisión judicial, en la que avizora una regla o subregla que ha permitido definir la controversia, es decir, lo que en la tradición no continental se ha denominado -ratio decidendi-. (…) hay una diferencia radical entre el precedente propio de una tradición jurídica ajena a la nuestra y la jurisprudencia o doctrina probable, en tanto esta niega la capacidad de creación normativa del juez y requiere, por demás, la confirmación o repetición de la interpretación que hizo un juez de mayor jerarquía ante la oscuridad del precepto a ser aplicado. (…) dejo expuesto mi criterio sobre el llamado precedente y su fuerza obligatoria y vinculante, sin dejar de advertir que lo expuesto en el fallo frente al cual presento mi voto individual - si ese es el entendimiento que la Sala va a aplicar - genera serias y graves consecuencias frente a la noción de la Constitución como norma, como a la fuerza expansiva de las decisiones de las Altas Corporaciones.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 256

NOTA DE RELATORÍA: La Corte Constitucional en la sentencia C-634 de 2011 aceptó el efecto vinculante y obligatorio de las decisiones de las Altas Cortes.

Con el acostumbrado respeto por las decisiones de esta Sección, me permito señalar que comparto el sentido del fallo de la referencia, porque las circunstancias del caso así lo imponían, es decir, debía negarse el amparo de los derechos fundamentales invocados por la peticionaria. No obstante lo anterior, encuentro cardinal aclarar mi voto en relación con un tema que considero fundamental, el uso del término “precedente”. Paso a explicar:

En el acápite 4.4. de la providencia, frente a la que presento mi voto individual, se indicó que “para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos”.

No comparto el anterior aserto, pues, este concepto del precedente que, debo advertir, no es el que ha venido exponiendo la mayoría de la Sección, parte una serie de elementos conceptuales inaceptables en el marco de un Estado Constitucional y Social Derecho, por las siguientes razones:

Primero, ata la noción del precedente a la idea clásica o concepción estrictamente positivista del ordenamiento jurídico, propia de una tradición germano románica de la que el sistema jurídico colombiano es heredero, pero de la que se fue desprendiendo desde el momento en que se hizo tránsito de un Estado formal de Derecho a un Estado material o constitucional de derecho, el cual se materializó con la expedición de la Constitución de 1991, en ese Estado formal o positivista del derecho se entendía que la fuente de derecho por excelencia era la ley. Hoy, huelga decirlo, pues de Perogrullo se sabe, que ello no es así, en razón de la variación que sufrió en nuestro ordenamiento el sistema de fuentes, en lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho.

La sociedad actual está compuesta por una amplia diversificación de grupos y estratos sociales que participan en el “mercado de las leyes”, lo cual ha determinado la denominada hiperinflación normativa, o pulverización del derecho legislativo, generándose con ello una explosión de legislaciones sectoriales, con la consiguiente crisis del principio de generalidad.

Esta pérdida de las características clásicas de la ley obedece sin duda, a una acentuada diferenciación de tratamientos normativos, bien como una aplicación del principio de igualdad que exige el modelo de Estado Social de Derecho en el que el Constituyente de 1991 adscribió al Estado colombiano y, hay que decirlo, también como consecuencia de la presión que sobre el legislador ejercen los intereses corporativos. Hecho que, sin lugar a dudas, erosiona el fin supremo de la seguridad jurídica del hombre común y obviamente del operador jurídico, quien se ve enfrentado a un sinnúmero de normas contradictorias y vigentes, en donde el dilema de cuál aplicar siempre estará presente.

En ese orden de ideas, la ley no es ya ese acuerdo de voluntades, ni la garantía absoluta de unificación del derecho, sino que se convierte, la mayoría de las veces, en instrumento y causa de inestabilidad del sistema jurídico y la sociedad. Cuando las leyes actúan como medidas de apoyo a un sujeto social definido y están determinadas por las cambiantes relaciones de fuerza más que por diseños generales y coherentes, la inestabilidad es máxima y se hace acuciante la exigencia de protección frente a esos acuerdos particulares que impulsan la legislación.

Protección que necesariamente estará a cargo del juez cuando la controversia resultante de esos diversos intereses llegue a su conocimiento, de ahí que su función será la creación de una nueva norma que permita la resolución del conflicto y que por tanto debe hacer parte del “ordenamiento jurídico” que aquel tendrá que aplicar para no desconocer entre otros el principio de igualdad en que se fundamenta hoy nuestro Estado Social de Derecho, una igualdad que no se concibe única y exclusivamente desde el tratamiento que ofrece el legislador sino todo el sistema jurídico que incluye, huelga repetirlo, las decisiones de los funcionarios judiciales.

En otros términos, la ley, que era la fuente por excelencia de los ordenamientos jurídicos no es hoy un factor unificador de la sociedad para resolver sus conflictos con certeza y legitimidad. Si bien es uno de sus instrumentos no es el único y, por tanto, es necesario identificar otro centro de imputación en el ordenamiento jurídico que permita de manera efectiva, clara y veraz garantizar a la sociedad su convivencia pacífica.

En ese sentido, la transformación del Estado de Derecho al Estado Constitucional de Derecho responde a la necesidad de encontrar o reconocer un centro de imputación jurídica diverso a la ley, pues ya no será esta sino la Constitución, la llamada a ocupar el lugar que los revolucionarios le concedieron a la ley soberana y única fuente de derecho.

En efecto, un estudio del precedente en nuestro sistema jurídico, impone como primer objeto de análisis, un examen del nuevo sistema de fuentes para entender que este se modificó, en tanto la Constitución pasó a ocupar el lugar que los revolucionarios franceses, en su conquista y como parte de sus reivindicaciones le dieron a la ley. Esta cedió el sitio que ocupaba como expresión máxima de la voluntad general y soberana, a un nuevo orden: la Constitución.

El tránsito o si se prefiere la evolución en el Estado clásico de Derecho a un Estado material o constitucional de Derecho, implicó que la ley, que en el Estado de Derecho formal, entiéndase un Estado propio de la Constitución de 1886, era la fuente única y primigenia de todo el ordenamiento, fuera sustituida, en razón de una serie de acontecimientos sociales e históricos, por el de la Constitución como norma, dejando así la concepción según la cual aquella era una simple declaración de aspiraciones sin ninguna fuerza vinculante para los distintos detentadores del poder, para convertirse, entonces, en la fuente de derecho por excelencia.

Es decir, en un Estado Constitucional como el nuestro, tanto la producción normativa como la actividad judicial están supeditas al cumplimiento efectivo de la Constitución, razón por la que esa transformación necesariamente tendría un impacto en la producción jurídica del juez, por cuanto aquel, antes que cumplir el mandato legal, está obligado a hacer realizable los postulados constitucionales expuestos en forma de valores, principios y reglas.

Por tanto, su análisis, el juez jamás puede limitarse a ejercer una labor de subsubsión, es decir, establecer si el caso se subsume en el precepto, en tanto, además, debe determinar si la consecuencia en el caso se ajusta a la norma superior. Es decir, no basta resolver el caso con fundamento en lo expuesto en la ley, independientemente de que la solución resulte contraria a los mandatos constitucionales, pues si ello es así, el juez debe materializar los mandatos constitucionales, y si para ello debe inaplicar la norma, así debe hacerlo. En ese sentido, la claridad de la ley en el marco de un Estado Constitucional no es suficiente para su uso, como lo platea la decisión mayoritaria.

Es claro que, bajo la concepción formal del Estado de Derecho, y como respuesta de rechazo al modelo absolutista, se tuviera a la ley como el único centro de imputación jurídica, respondiendo así a las ideas de los revolucionarios franceses de sustituir la voluntad del monarca por la voluntad general del pueblo representada en la Asamblea General, en donde, por demás, existía una alta desconfianza de la función judicial, razón por la que estos solo estaban llamados a aplicar lo que señalara el legislador, en tanto, al único que le era permitido crear derecho era al legislador, idea esta que encontró en el principio de separación de poderes su mayor sustento y en algunos pensadores como Montesquieu su máximo defensor, al señalar el juez era la boca muda de la ley.

Por tanto, aceptar el aserto según el cual hoy, la ley es por excelencia la fuente de derecho de nuestro sistema jurídico, es pregonar una idea decimonónica que desconoce años de historia y conquistas constitucionales, en las que la Constitución es y debe tenerse como la fuente de derecho principal y la ley necesariamente subordinada a ella. Bajo esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que el texto constitucional tiene el carácter de fuente primaria del ordenamiento jurídico.

Igualmente, y bajo la idea de una Constitución con fuerza vinculante, el argumento según el cual el juez solo puede crear derecho cuando no encuentre una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, es inaceptable y desconoce, sin más ni más la fuerza normativa y vinculante que tiene la Carta Política.

Segundo, desconoce el papel que, en el marco del Estado Constitucional de Derecho juegan los jueces, pues atendiendo al desplazamiento de la ley por la Constitución Política como centro de imputación jurídica, con la consecuencia lógica del papel que en ella tienen los derechos fundamentales, los principios y los valores, permite afirmar, sin vacilación alguna, que los jueces ya no pueden ser definidos como lo hacía Montesquieu como “… la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden moldear su fuerza ni su rigor”.

No. El juez en este nuevo estado de cosas, en esta nueva forma de concebir el Estado, debe privilegiar la preeminencia de esos derechos y, en consecuencia, moldear la fuerza y rigor de la norma aplicable al caso, creando, en muchos casos, una nueva, compatible con las características y la realidad puesta a su conocimiento, cuando a ello haya lugar, pese a la existencia del precepto que pudiera aplicarse al caso. Por tanto y como lo reconoció la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la providencia de 11 septiembre de 2012, el juez también puede crear derecho.

En ese sentido, hoy, el juez no puede ser simplemente la boca muda del legislador como lo concebían los clásicos, pero específicamente los revolucionarios franceses, en tanto, a este le corresponde antes que aplicar la ley, hacer realizable los derechos y principios constitucionales, por tanto, bajo la concepción normativa de la Constitución y desde su carácter vinculante, no se puede aceptar que el juez cumpla una función residual como lo plantea la providencia frente a la cual aclaro mi voto.

El juez debe buscar la realización de los derechos, principios y valores constitucionales fundamentales, razón por la que el artículo 230 de la Constitución ha tenido, una redefinición, en la medida en que los jueces en el marco de un Estado Social de Derecho, como el que nos rige, están subordinados a la norma constitucional y a su efectiva materialización y no a la ley, lo que implica que aquél siempre estará en la obligación de interpretar la norma, a fin de garantizar la materialización de esos derechos.

Es claro que, el intérprete, antes de la aplicación de una norma que considere que no requiere ser interpretada, bajo la supuesta claridad de su texto, debe indagar si aquella es compatible con la Constitución, porque de no ser así, la claridad no puede ser excusa para darle eficacia a una disposición contraria a la Carta Política. En ese sentido, debe entenderse que el papel del juez cambió, en razón a que la ley no es ya la fuente soberana del derecho, en tanto la Constitución la reemplazó.

A la luz de la Constitución, entonces, entendida como norma y en razón de su carácter vinculante, no solo es inadmisible el argumento falaz de la providencia, en el sentido de que solo en aquellos eventos de oscuridad o inexistencia del supuesto normativo, el juez tiene la capacidad de creación normativa; huelga manifestarlo, porque ese aserto resulta contrario al principio de supremacía constitucional desde las facetas jerárquica, directiva e integradora, como fueron explicadas en la sentencia C-054 de 2016 y que no es del caso reproducir aquí, además de desconocer la unidad, coherencia y plenitud del sistema jurídico que nos rige.

Luego, debo insistir que el primer paso que debe agotar el juez, cualquier que sea su especialidad, es determinar si el supuesto normativo que ha de aplicar al caso concreto, efectivamente puede hacer realizable los fundamentos constitucionales, y, bajo ese supuesto, siempre que aplica la disposición después de ese raciocinio, está haciendo un ejercicio de creación que no puede ser desconocido, en tanto si bien el juez no encarna esa voluntad popular o general atribuida al legislador, hemos de reconocer, como se explicará en otro apartado, que dependerá del carácter jerárquico del juez que profiere la decisión que se le reconozca la fuerza vinculante y obligatoria de sus decisiones en el ordenamiento.

En ese contexto, la providencia olvida que, como lo señalaba Hans Kelsen "… la aplicación de derecho es de consuno producción de derecho.  Ambos conceptos no expresan, como supone la teoría tradicional, una oposición absoluta. Es erróneo distinguir entre actos de producción y actos de aplicación de derecho."

En consecuencia, es importante que se admita, sin reenvíos a las normas de un código –me refiero al Civil que debe ser interpretado en un nuevo contexto constitucional al que le dio origen que, cuando el juez o el operador jurídico aplica una disposición a un caso concreto está de suyo generando una nueva disposición, que muchos tienden a llamar “regla” o “subregla” a efectos de darle un carácter diferente y no confundirla con aquella que produce el legislador.

El carácter normativo y vinculante de la Constitución impone este razonamiento y, en consecuencia, se debe aceptar que el sistema de fuentes del derecho sufrió una transformación no solo porque la ley dejó de ser la principal entre ellas y, porque, desde el nuevo concepto del Estado, las decisiones de ciertos jueces, también integran el sistema de fuentes.

En ese sentido, considero, a diferencia del criterio que expresa la sentencia, que la capacidad creadora de derecho por parte de quien ejerce la jurisdicción no solo se produce en aquellos casos en donde la ley es oscura o no exista un supuesto normativo que aplicar, pues se impone reconocer que la ley dejó de ser el centro de imputación jurídica como lo entendieron los revolucionarios franceses, amén que, por regla general, toda disposición jurídica es fuente de otra.

Sobre el particular es importante recordar lo que señalaba un filósofo argentino, Carlos Cossio, seguramente leyendo a Carnelutti, en el sentido según el cual se concibe más fácil un sistema jurídico sin legislador que sin jueces, en la medida en que sin una aplicación de la norma jurídica el derecho deja de ser lo que es. Para Carnelutti sería preferible para un pueblo tener malas reglas legislativas con buenos jueces que malos jueces con buenas reglas legislativas.

El anterior razonamiento impone, como el juez constitucional lo ha determinado, una lectura diferente del artículo 230 de la Constitución, pues es claro que el juez en el ejercicio de su labor no puede quedarse simplemente en lo que señale la ley, entendida ésta en su sentido formal, pues siempre debe determinar su alcance, hacer una actualización de la misma al contexto social en que se va a aplicar, lo que lo llevará a generar un supuesto normativo que pasará a integrar o hacer parte del sistema jurídico.

Lo anterior argumentación se considera suficiente para no aceptar las aseveraciones que contiene la sentencia sobre la labor del juez, que si bien están expuestas en simples líneas, implican un desafío, seguramente sin proponérselo, al sistema constitucional que nos rige, a partir de su carácter vinculante y obligatorio.

Tercero, el fallo respecto del cual presento mi voto individual define el precedente, bajo la noción de doctrina probable que, insisto, no puede confundirse con la de precedente, en tanto este tiene unas connotaciones diferentes a aquella.

La Sección, en sentencia de 19 de febrero de 2015, se refirió a este tema para indicar que el precedente es “la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, [la cual] (…) no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho”,mientras que el concepto de jurisprudencia o doctrina probable “… se asoció al quantum, es decir, a las veces en las que el juez supremo, por lo general colegiado, de mayor jerarquía y, por tanto, órgano de cierre, ha mantenido una misma exégesis frente a la forma como debe entenderse o aplicarse una determinada norma o cómo debe resolverse un caso.”

La jurisprudencia o doctrina probable tiene como características las siguientes: (i) solo lo puede generar el Tribunal de Cierre desde su atribución de órgano unificador, es decir, no todos los jueces tienen la capacidad para generarla; (ii) la conforma un número o conjunto de decisiones, una única decisión no constituye jurisprudencia y (iii) tiene como fin la interpretación de los textos legales oscuros.

El precedente, es una noción ajena, en principio, a nuestra tradición jurídica en tanto como se ha explicado repetitivamente, tiene su origen en un derecho no estatuido, en donde es el juez el que determina la regla con la que fallará el caso. Ese raciocinio, al no existir precepto de carácter general, impersonal y abstracto, determinará la forma en que se han de fallar los asuntos posteriores.

A diferencia de llamada jurisprudencia, en la que se acepta la sola interpretación de textos oscuros, en el precedente el juez está obligado a buscar la solución jurídica que mejor se adecue al caso en pro de la realización de los principios y valores constitucionales, en consecuencia, esa labor de creación puede darse no solo cuando los textos resultan oscuros, sino y, principalmente, a partir de la textura abierta que caracteriza en la actualidad a los preceptos tanto constitucionales como legales, que requieren de una labor de análisis y raciocinio del juez en procura de lograr la satisfacción máxima de los derechos y demandas de protección que efectúan los individuos.

Esa labor que hace el órgano de cierre, precisamente por provenir por su posición jerárquica y frente a la cual existe la presunción de racionalidad y universalidad en términos kantianos, se debe entender obligatoria y vinculante no solo para los jueces de inferior jerarquía sino para todos los destinarios del sistema, en la medida en que se entiende que la regla generada por aquel es la que permite la realización de los fines estatales de una mejor manera.

Por tanto, a diferencia de los sistemas continentales, antes de las transformaciones que estos han vivido, en los ordenamientos de tradición anglosajona, el fundamento de la decisión no es una norma en sentido formal, sino el case law, es decir, el racionamiento que empleó el juez para fallar el caso.

En consecuencia, la fuerza vinculante y obligatoria del dictum del juez para él y para los de inferior categoría, tiene el sustento en la necesidad de generar la confianza y seguridad jurídica en los asociados, en el sentido que su caso va a ser resuelto en la misma forma en que lo fueron asuntos similares al suyo en el pasado. La fuerza vinculante de este, deviene de la facultad creadora o constitutiva de derecho que genera la decisión judicial, en la que avizora una regla o subregla que ha permitido definir la controversia, es decir, lo que en la tradición no continental se ha denominado –ratio decidendi-.

En ese orden, se advierte que hay una diferencia radical entre el precedente propio de una tradición jurídica ajena a la nuestra y la jurisprudencia o doctrina probable, en tanto esta niega la capacidad de creación normativa del juez y requiere, por demás, la confirmación o repetición de la interpretación que hizo un juez de mayor jerarquía ante la oscuridad del precepto a ser aplicado.

En los anteriores términos, dejo expuesto mi criterio sobre el llamado precedente y su fuerza obligatoria y vinculante, sin dejar de advertir que lo expuesto en el fallo frente al cual presento mi voto individual - si ese es el entendimiento que la Sala va a aplicar - genera serias y graves consecuencias frente a la noción de la Constitución como norma, como a la fuerza expansiva de las decisiones de las Altas Corporaciones.

Fecha ut supra,

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero de Estado
Folio 1-9. Folio 1 del plenario. Folios 7 y 8 del cuaderno de tutela. Folio 2 del expediente. Folio 2 del plenario
Folio 7 del expediente. Folio 320 del cuaderno original. Folio 30 del cuaderno original. Folio 22 del cuaderno original. Folio 31 a 34 del cuaderno original
Folio 38 del cuaderno original. Esta solicitud fue reiterada en diversas oportunidades, como son los escritos radicados ante la Gobernación del Tolima el 29 de julio del 2002, 28 de enero del 2004, 26 de agosto del 2004, 3 de marzo del 2006, 2 de agosto del 2006, 14 de agosto del 2008, 20 de octubre del 2011 y 28 de junio del 2013. Folio 19 del cuaderno original. Folio 1 del cuaderno original. Folio 164 del cuaderno original. Folio 106 del cuaderno original
Folio 173 del cuaderno original
Ibídem
Folio 173 del Cuaderno original
Folio 383 del cuaderno original
Folio 221 del cuaderno de tutela. Folio 150 del plenario de tutela
Consejo de Estado, Sentencia del 31 de julio de 2012. C.P. María Elizabeth García González. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. De manera general, dicha decisión consagró la necesidad de que la acción de tutela cumpla con unos presupuestos generales de procedibilidad –inmediatez, tutela contra tutela, subsidiaridad-, así como fijó las causales específicas de procedencia, los cuales denominó defectos, y dependiente de su naturaleza, pueden ser fáctico, sustantivo, procedimental, orgánico, por desconocimiento del presente o desconocimiento directo de la Constitución. Folio 193. Expediente del proceso ordinario. Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01
En dicha oportunidad se indicó: “Frente a la anterior solicitud y como se ha ilustrado durante la presente actuación, debe reiterarse, que respecto a la posibilidad de reliquidar las pensiones reconocidas con fundamento en la Ordenanza 057 de 1966, no existe una posición unificada, es más, al interior del Consejo de Estado como bien lo ilustró el A quo constitucional, se han desarrollado posturas interpretativas opuestas, por lo que ante tal disyuntiva, resulta necesario precisar si puede reprochársele a la autoridad judicial accionada el no haber acogido la posición que invocó en su favor la demandante, aunque sustentó su decisión en un criterio interpretativo que ha sido aplicado por la Sección Segunda de esta Corporación. A juicio de la Sala la respuesta a la anterior cuestión es negativa, toda vez que ante la inexistencia de una decisión de unificación alrededor de la posibilidad de reliquidar las referidas pensiones, las autoridades judiciales dentro del margen de autonomía que les asiste, válidamente pueden optar por alguna de las posiciones interpretativas que se han desarrollado alrededor de la controversia, máxime cuando las mismas han sido expuestas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, especialista en la materia.

Dicho de otro modo, si frente a un asunto, como la posibilidad o imposibilidad de reliquidar las pensiones reconocidas con fundamento en la Ordenanza 057 de 1966, no existe una decisión de unificación, que constituya precedente en los términos expuestos en el numeral 3.2. de la parte motiva de esta providencia, no puede considerarse irrazonable la decisión que dentro del margen de autonomía funcional adopta una autoridad judicial, cuando la misma está debidamente sustentada en una posición jurisprudencial que ha sido considerada válida (sin perjuicio de la existencia de tesis distintas), como ocurrió en el caso de autos, donde el Tribunal accionado sustentó el fallo controvertido, en la tesis desarrollada en la sentencia del 7 de junio de 2007 del Consejo de Estado - Sección Segunda – Subsección B, que no ha sido materia de unificación. Sobre el particular resultan ilustrativas las siguientes consideraciones de la sentencia del 30 de noviembre de 2016, proferida por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, en un caso en el que también se reprochó por vía de la acción constitucional, que el Tribunal Administrativo del Tolima aplicara la tesis según la cual, no es procedente la reliquidación de pensiones reconocidas en virtud de la Ordenanza 057 de 1966, a pesar de que existen decisiones judiciales que sí han admitido la posibilidad de reliquidar dichas prestaciones: “Visto el contenido de la sentencia acusada, se encuentra que el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que no era posible acceder a las pretensiones de la demanda ni acoger los argumentos del recurso de apelación, toda vez que la pensión que le fue reconocida a la actora se efectuó con fundamento en un acto administrativo (Ordenanza 057 de 1966) que fue declarado nulo por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que no era viable avalar la reliquidación de dicha prestación, ya que se originó en una norma ilegal. Contrario a lo afirmado por la parte actora, a juicio de la Sala resulta válida la interpretación realizada por el Tribunal accionado sobre la situación fáctica y jurídica que rodea las pretensiones del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho por ella presentado y de las cuales se pretende derivar la configuración de una vulneración de sus derechos fundamentales, pues al revisar el contenido de la providencia proferida en segunda instancia, se concluye que un juez de la República no incurre en una vía de hecho cuando aplica las normas dentro del margen de interpretación razonable. Ahora bien, en relación con el supuesto desconocimiento del precedente proferido por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Tolima sobre la reliquidación de la pensión de jubilación a partir de la inclusión de los factores devengados en el último año de servicios, teniendo en cuenta lo dispuesto en la sentencia proferida el 4 de agosto de 2010 dentro del proceso 0112-2009 y en casos puntuales en los que se analizó la reliquidación de pensiones reconocidas con fundamento en la Ordenanza 057 de 1966, se advierte que no le asiste razón a la accionante, toda vez que aunque sí se han emitido sentencias en las que se ha accedido a las pretensiones de la demanda en asuntos similares al planteado por la actora, dichas decisiones no constituyen un precedente jurisprudencial obligatorio para el juez natural del proceso.

Lo anterior, teniendo en cuenta que así como existen sentencias en las cuales el Tribunal acusado y el Consejo de Estado han accedido a las pretensiones de reliquidación de pensiones reconocidas con ocasión del cumplimiento de los requisitos previstos en la Ordenanza 057 de 1966 expedida por la Asamblea Departamental del Tolima, también se han dictado fallos en los que se han negado las súplicas de las demandas ordinarias o de tutela, por lo que al no existir un criterio unificado al respecto no puede el juez constitucional entrar a usurpar la competencia del juez de conocimiento y entrar a fijar cuál es la posición que debe acogerse. Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Tolima, en ejercicio del principio de autonomía judicial podía adoptar cualquiera de los dos criterios existentes a la fecha de dictar la sentencia, razón por la cual no se puede hablar de un desconocimiento del precedente jurisprudencial ni de la afectación de los derechos fundamentales invocados. Teniendo en cuenta lo expuesto, la presente acción de tutela no está llamada a prosperar, en la medida en que no se evidencian los supuestos que se alegan como constitutivos de una vía de hecho” (Destacado fuera de texto). Por lo tanto, si la misma Sección Segunda de esta Corporación, especialista en el asunto, ha admitido la existencia de distintos criterios frente a la controversia objeto de estudio y que no se ha dictado un fallo de unificación respecto a la misma, no se advierte razón alguna para considerar que el Tribunal accionado incurrió en desconocimiento del precedente.”
Sentencia del Consejo de Estado; Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, del 05 de agosto de 2014. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Es importante señalar que para explicar la crisis de la teoría clásica de la ley, estudiada como principal fuente de derecho por sus características de generalidad, abstracción e impersonalidad, se hizo uso del desarrollo teórico expuesto en ZAGREBELSKY, Gustavo. “El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia”. Editorial Trotta, Madrid. 1995. Capítulo 2. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencias C-415 de 2012 y C-054 de 2016. Citado por PRIETO SANCHIS, Luis. Introducción al Derecho-coordinador. Ediciones de la Universidad de la Mancha-Cuenca. 1996. Pág. 25
CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de 12 de septiembre de 2012. Radicación: AP 170013331003201000205-01. Accionante: JAVIER ELIAS ARIAS IDARRAGA. Accionado: Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. CHEC. Referencia: Revisión eventual. Acción Popular. Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Universidad Autónoma de México, págs. 244 y 245. Cfr. CARLOS COSSIO. La Plenitud del orden jurídico, Ed. Losada, 1936., citado por la Corte Constitucional en la sentencia C-083 de 1995. Citado por María José Falcón y Tella. “La jurisprudencia en los Derechos romano, anglosajón y continental. Editorial Marcial Pons, pág. 161. Cfr. Corte Constitucional, Sentencias C-836 de 2001, C-335 de 2008, C-539 y C-816 de 2011, entre otras. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 19 de febrero de 2015. Expediente No. 2013-02690-01. Sentencia de 5 de febrero del 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2014-01312-01, C.P.: Lucy Jeannette Bermúdez y Sentencia de 19 de febrero de 2015, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01 C. P.: Alberto Yepes Barreiro. Ese efecto vinculante y obligatorio de las decisiones de las Altas Cortes fue aceptado por la Corte Constitucional, entre otros, en la sentencia C-634 de 2011, al indicar que “Esta interpretación, cuando es realizada por autoridades investidas de facultades constitucionales de unificación de jurisprudencia, como sucede con las altas cortes de justicia, adquiere carácter vinculante”.

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