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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-01543-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
8 de mayo de 2019
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2017-01543-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. º Confírmase la sentencia de 7 de febrero de 2019, a través de la cual el Consejo de Estado (sección primera) (i) amparó los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y elegir y ser elegido del señor Ronald José Fortich Rodelo; (ii) dejó sin efectos la providencia cuestionada; y (iii) ordenó a las autoridades accionadas proferir una nueva dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones. 2. º

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2017-01543-01

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

8 de mayo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y A ELEGIR Y SER ELEGIDO / DEFECTO SUSTANTIVO - Se configura, por interpretación errónea de la norma / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Se configura / ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL - Que declaró la nulidad de la elección de Concejal / DOBLE MILITANCIA - No se configura / POSTULACIÓN POR FIRMAS A UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR - Se materializa con la suscripción del formulario E-6, a partir de ese momento se adquiere la connotación de candidato y militante

[R]esulta desacertado deducir que para el 23 de junio de 2015 el actor pertenecía a la agrupación Cartagena por Firmas, puesto que si bien el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011 estipula que «la militancia […] a un partido o movimiento político [se da] con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización», tal precepto no se aplica a quienes aspiran a una corporación de elección popular sin aval, es decir, por firmas, debido a que no hay certeza de que integren este, por cuanto si no alcanzan el apoyo popular necesario no pueden proponer candidatos, caso contrario a los partidos políticos, los cuales tienen vocación de permanencia. (…) esa diferenciación, entre otras, impide aceptar que una persona que pretenda ser postulada a través de un grupo significativo de ciudadanos, adquiera la connotación de militante solo con el registro del comité de que trata el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, (…) Así las cosas, la supuesta simultaneidad puesta de presente en la demanda de nulidad electoral (…) solo había lugar a contabilizarse a partir del momento en que el tutelante tuvo la calidad de candidato, esto es, desde la suscripción del formulario E-6, (…) fecha para la que ya no pertenecía al Partido Liberal Colombiano, de manera que no existió la doble militancia alegada y, por consiguiente, tampoco la causal de nulidad señalada en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA. (…) [la providencia] también adolece de desconocimiento del precedente, habida cuenta de que el Consejo de Estado (sección quinta), en sentencia de 13 de octubre de 2016, había explicado que la postulación por firmas a un cargo de elección popular se materializa con la suscripción del formulario E-6, y es a partir de ese momento en que se adquiere la connotación de candidato y militante, premisa desatendida por los accionados. (…) se impone confirmar la decisión impugnada, con la cual el Consejo de Estado (sección primera) accedió al amparo deprecado por el tutelante.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 107 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 108 / LEY 130 DE 1994 - ARTÍCULO 9 - INCISO 3 / LEY 130 DE 1994 - ARTÍCULO 9 - INCISO 4 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 275 - NUMERAL 8 / LEY 1475 DE 2011 - ARTÍCULO 2 / LEY 1475 DE 2011 - ARTÍCULO 28 - INCISO 3 / LEY 1475 DE 2011 - ARTÍCULO 275 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 306 DE 1992 / DECRETO 1382 DE 2000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01543-01(AC)

Actor: RONALD JOSÉ FORTICH RODELO

Demandado: MAGISTRADOS DE LA SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO

Procede la Sala a decidir las impugnaciones formuladas por los señores Judith Margarita Díaz Agámez, Enrique Luis Cervantes Vargas y magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, contra la sentencia de 7 de febrero de 2019, proferida por esta Corporación (sección primera), que accedió al amparo deprecado en la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

La solicitud de amparo (ff. 1 a 18 c. 1). El señor Ronald José Fortich Rodelo, quien actúa en nombre propio, presenta acción de tutela con el fin de que se le protejan sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y elegir y ser elegido, presuntamente vulnerados por los señores magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado.

Como consecuencia de lo anterior, se deje sin efectos el fallo de 16 de marzo de 2017, por medio del cual el Consejo de Estado (sección quinta) revocó el de 9 de agosto de 2016, emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral 13001-23-33-000-2016-00112-00 promovida por el señor Enrique Luis Cervantes Vargas; y en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas dictar uno nuevo en el que se nieguen las súplicas formuladas en ese trámite contencioso-administrativo.

Hechos. Relata el accionante que el 23 de junio de 2015 el Partido Liberal Colombiano lo certificó como candidato al concejo de Cartagena, empero el 21 de julio de siguiente pidió su desvinculación de esa organización, la cual, a través del «comité de acción liberal departamental de Bolívar», otorgó avales a varios aspirantes, pero no a él, motivo por el que no fue incluido en los formularios E-6 y E-8.

Que con acta 4 de 23 de junio de 2015, se registró el comité del grupo significativo de ciudadanos Cartagena por Firmas, del cual hacía parte, y luego de colmar las exigencias señaladas en el marco jurídico, aceptó la candidatura al cabildo de esa ciudad el 23 de julio siguiente (al suscribir el formulario E-6) para el período constitucional 2016 a 2019 y resultó electo el 25 de octubre de esa anualidad.

Dice que contra esa elección el señor Enrique Luis Cervantes Vargas incoó demanda de nulidad electoral en su contra (expediente 13001-23-33-000-2016-00112-00), con la finalidad de que se declarara nula, bajo el argumento de que incurrió en doble militancia, pues inscribió el comité del mentado grupo cuando aún pertenecía al Partido Liberal Colombiano, pretensión que negó el 9 de agosto de 2016 el Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar que en el interregno comprendido entre el 23 de junio y el 21 de julio de 2015 no ocupó cargos directivos en alguna de las aludidas organizaciones, de ahí que no se configurara la irregularidad advertida.

Que el señor Cervantes Vargas apeló la anterior decisión, alzada desatada por el Consejo de Estado (sección quinta), mediante sentencia de 16 de marzo de 2017, en el sentido de revocarla y, en su lugar, acceder a lo pedido en el proceso contencioso-administrativo, al estimar que al momento en que se registró la representación del grupo significativo de ciudadanos Cartagena por Firmas adquirió la filiación en este, y no con el diligenciamiento del formulario E-6, puesto que es allí donde el postulante expresa su voluntad de aspirar a una corporación pública de elección popular.

Indica que en la providencia objeto de censura se desconoció que los grupos significativos de ciudadanos no nacen a la vida jurídica con el registro del comité promotor, dado que ello comporta una mera expectativa que debe sujetarse a otros procedimientos, como la recolección de rúbricas y validación de estas, en consecuencia, no es dable calificar de militante a quienes quieran ser electos sin aval político, pues se tiene esa condición únicamente en el instante en que suscribe el mencionado documento.

Que la determinación judicial atacada incurre en defecto sustantivo, por cuanto en ella se aplicó de manera equivocada la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 8 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y se interpretó erradamente el artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011, toda vez que no estaba sujeto al concepto de militancia allí señalado, porque solo tuvo la calidad de candidato después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil convalidó las firmas y aceptó la aspiración, lo que ocurrió el 23 de julio de 2015, esto es, luego de renunciar al Partido Liberal Colombiano, el cual no le otorgó el aval.

Concluye que la postura enunciada en el pronunciamiento cuestionado quebranta el precepto superior a la igualdad, debido a que concluye que la pertenencia a un grupo significativo de ciudadanos ocurre con la inscripción del comité promotor, mientras que la de los aspirantes de los partidos políticos se da con el diligenciamiento del formulario E-6, trato disímil que no goza de justificación alguna.

1.3 Contestaciones de la acción.

1.3.1 El señor Enrique Luis Cervantes Vargas (ff. 244 a 252 c. 2), vinculado como tercero interesado a la acción de tutela de la referencia, pide negar el amparo deprecado por el demandante, comoquiera que la providencia reprochada no transgrede derechos constitucionales fundamentales, pues obedeció a una deducción racional de la normativa que regula la doble militancia, la cual también aplica para los que desean ocupar un cargo de elección popular sin aval.

Que las pruebas practicadas en el trámite contencioso-administrativo evidencian que el actor aceptó hacer parte del conglomerado Cartagena por Firmas al registrarse el respectivo comité promotor, cuando todavía integraba el Partido Liberal Colombiano, lo cual configura la irregularidad que desencadenó la anulación de su elección como concejal de esa ciudad.

1.3.2 El señor Registrador Nacional del Estado Civil, por conducto de la jefe de la oficina jurídica del ente que regenta (ff. 267 a 271 c. 2), solicita declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, habida cuenta de que la presunta vulneración de las garantías superiores aludidas en el escrito inicial le es atribuible a una providencia que él no profirió, motivo por el cual no tiene incidencia en la controversia, máxime si carece de competencia para emitir ese tipo de decisiones.

Que el tutelante emplea la acción de amparo como un instrumento para revivir un asunto desatado en debida forma, es decir, como una tercera instancia, lo que desconoce su naturaleza jurídica.

1.3.3 La señora Judith Margarita Díaz Agámez, quien detenta la curul de concejal que inicialmente ocupó el demandante (ff. 295 a 301 c. 2), sostiene que el amparo deprecado no tiene vocación de prosperidad, toda vez que la sentencia atacada se profirió bajo una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico que no merece reproche constitucional alguno, cuanto más si en el litigio planteado en sede contencioso-administrativa concurrieron los presupuestos de la doble militancia, pues el accionante se inscribió «como candidato» por un grupo significativo de ciudadanos, pese a que el Partido Liberal Colombiano le había otorgado aval, anormalidad que implicaba declarar la nulidad de su elección, como efectivamente acaeció.

1.3.4 Los señores magistrados de la sección quinta del Consejo de Estado, por conducto de la ponente del fallo cuestionado (ff. 359 a 368 c. 2), aducen que el actor no expuso argumentos de los que se infiera la configuración de los defectos invocados, dado que se limitó a alegar el sustantivo sin exponer planteamientos que demostraran su existencia.

Que una vez analizadas las pruebas arrimadas al proceso contencioso-administrativo, se constata que el demandante promovió el 23 de junio de 2015, junto con otros ciudadanos, el comité para aprobar aspiraciones por firmas al concejo de Cartagena, pese a que en ese instante integraba el Partido Liberal Colombiano, lo que involucra una doble militancia catalogada por el marco jurídico como una causal de nulidad electoral.

Aseveran que no es dable asumir, como lo sugiere el acccionante, que una persona se adhiere a una organización política con la inscripción de la candidatura, por cuanto ello ocurre con el registro del correspondiente comité, en el evento en que se constituya un grupo significativo de ciudadanos, «pues solo de esta manera se garantiza la efectividad de la prohibición consagrada en el inciso 2. º del artículo 107 constitucional».
Que la postura acogida en la providencia censurada asegura que no se presenten medidas corruptas en el sistema político del país y se castiguen microempresas electorales que giran en torno a una sola persona, como la que instituyó el tutelante, quien perteneció a dos (2) conglomerados simultáneamente en aras de beneficiarse, práctica que provocó que se accediera a las pretensiones de la demanda 13001-23-33-000-2016-00112-00.

1.3.5 El señor presidente del Partido Liberal Colombiano, a través del director jurídico de esa colectividad (ff. 372 y 373 c. 2), informó que el señor Ronald José Fortich Rodelo no estaba vinculado a esta, pues revisados los documentos no obran registros de que se le haya otorgado aval para ser candidato al concejo de Cartagena.

1.3.6 Los señores presidente del Consejo Nacional Electoral y representante legal del grupo significativo de ciudadanos Cartagena por Firmas guardaron silencio.

Providencia impugnada (ff. 424 a 452 c. 3). El 7 de febrero de 2019 el Consejo de Estado (sección primera) (i) amparó los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y elegir y ser elegido; (ii) dejó sin efectos la sentencia reprochada; y (iii) ordenó a las autoridades accionadas que profirieron una nueva en la que tuvieran en cuenta que la filiación sin aval político, se da con la formalización de la candidatura y no con el registro del respectivo comité.

Que el numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 establece que la doble militancia es una causal de nulidad electoral y esta ocurre, según el artículo 2.º de la Ley 1475 de ese año, cuando el aspirante, al formalizar su aspiración, está vinculado a dos (2) o más partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos, etapa que para los partícipes de estos últimos se colma con la convalidación de las firmas y el diligenciamiento del formulario E-6, conforme lo explicado por el Consejo de Estado, premisa de la cual se infiere que el demandante no incurrió en irregularidad alguna al aspirar al concejo de Cartagena, pues el momento en que formalizó su inscripción, esto es, el 23 de julio de 2015, no era del Partido Liberal Colombiano, del que hizo parte hasta el 21 de los mismos mes y año y no recibió aval.

Sostiene que como la irregularidad advertida en sede contencioso-administrativa no se configuró, tampoco lo hizo la causal de nulidad electoral bajo la cual los accionados invalidaron la elección del señor Ronald José Fortich Rodelo, pero como aquellos decidieron lo contrario, con fundamento en que la pertenencia al pluricitado grupo significativo de ciudadanos la determina el registro de su comité, se imponía acceder al amparo deprecado.

1.5 Impugnaciones.

1.5.1 Inconforme con la anterior providencia, la señora Judith Margarita Díaz Agámez la impugnó (ff. 480 a 485 c. 3), al estimar que el fallo cuestionado no quebranta las garantías superiores invocadas en el escrito inicial, por cuanto en él se aplicó un precedente que desató un asunto disímil al debatido en el proceso 13001-23-33-000-2016-00112-00.

Que de acuerdo con lo explicado por la Corte Constitucional en la sentencia C-334 de 2014, en virtud del criterio objetivo, la militancia se presenta con la inscripción que haga un ciudadano ante la autoridad electoral, regla de la que se infiere que con el registro del comité del grupo significativo de ciudadanos Cartagena por Firmas, el actor quedó vinculado a este, instante en el cual aún integraba el Partido Liberal Colombiano, irregularidad que imponía declarar nula su elección.

Arguye que en el pronunciamiento atacado se interpretó de manera razonable la normativa que regula la causal de nulidad planteada en la demanda contencioso-administrativa, de ahí que no sea posible imputarle desconocimiento de derechos constitucionales fundamentales.

1.5.2 Las autoridades accionadas, por conducto de la ponente de la decisión judicial reprochada (ff. 486 a 495 c. 3), solicita revocar la impugnada, para en su lugar negar el amparo exigido por el tutelante, habida cuenta de que aquella no adolece de defecto sustantivo, porque obedeció a un razonamiento plausible del marco jurídico.

Que el señor Fortich Rodelo incurrió en doble militancia, pues el registro del comité del aludido grupo significativo de ciudadanos obedeció a su intención de pertenecer a este, voluntad que expresó cuando aún integraba el Partido Liberal Colombiano, por consiguiente, resultaba imperativo declarar nula su elección como concejal, conforme al artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011.

Explica que el precedente de 13 de octubre de 2016 invocado en la providencia impugnada, no se aviene al asunto sub examine, debido a que en él se estudió una causal de nulidad electoral disímil a la que motivó la anulación de la designación del señor Ronald José Fortich Rodelo.

1.5.3 El señor Enrique Luis Cervantes Vargas, demandante en el proceso 13001-23-33-000-2016-00112-00, pide que sea revocada la sentencia de primera instancia emitida en el trámite constitucional de la referencia y, en consecuencia, se nieguen las súplicas del tutelante, toda vez que en aquella se privilegió el aspecto formal sobre el sustancial.

Que un individuo que aspire a ser candidato a concejal a través de firmas, con el registro del comité del grupo significativo de ciudadanos expresa su intención de obrar como tal, de manera que para ese momento no debe pertenecer a algún partido político, pues de lo contrario incurriría en doble militancia, premisa que no fue obedecida por el accionante, dado que cuando ello ocurrió todavía hacía parte del Partido Liberal Colombiano.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia. En virtud de los artículos 32 del Decreto ley 2591 de 1991 y 2 del Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018, expedido por la sala plena del Consejo de Estado, esta sección es competente para conocer de las presentes impugnaciones.

2.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional fundamental que pueda comportar la sentencia de 16 de marzo de 2017, por medio de la cual el Consejo de Estado (sección quinta) revocó la de 9 de agosto de 2016, emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para en su lugar acceder a las pretensiones de la demanda de nulidad electoral 13001-23-33-000-2016-00112-00 promovida por el señor Enrique Luis Cervantes Vargas contra el aquí tutelante; y en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a la igualdad y elegir y ser elegido.

2.4 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestida de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento previsto.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.

Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de manera protuberante se vulneren o amenacen derechos fundamentales. La regla general de improcedencia de la acción de tutela contra tales decisiones, se expone en la citada providencia al destacar que incluso las sentencias judiciales constituyen ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales y, además, porque el valor de cosa juzgada de las sentencias, la garantía del principio de seguridad jurídica y la autonomía e independencia son principios que caracterizan a la jurisdicción en la estructura del poder público.

En otro aparte, en la mencionada decisión se precisó:

[…] 22. Con todo, no obstante que la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias es compatible con el carácter de ámbitos ordinarios de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales inherente a los fallos judiciales, con el valor de cosa juzgada de las sentencias y con la autonomía e independencia que caracteriza a la jurisdicción en la estructura del poder público; ello no se opone a que en supuestos sumamente excepcionales la acción de tutela proceda contra aquellas decisiones que vulneran o amenazan derechos fundamentales […].

Así las cosas, se elaboró el test de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con fin de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, con el fin de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos puesto que se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; lo anterior porque el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Al respecto señala la Corte Constitucional que de no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales. (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. Dicha irregularidad debe comportar grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse frente a crímenes de lesa humanidad, y la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio, por ello hay lugar a la anulación del juicio. (v) Que el actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible. Sobre este punto, la Corte anota que esta exigencia es comprensible, pues sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el accionante tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, dado el riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

Asimismo, bajo el rótulo de las causales de procedibilidad se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de decisión ilegítima con el propósito de destacar la excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga eminente relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

La Sala se ha detenido en el análisis de la posición de la Corte Constitucional en lo concerniente a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, por las razones que se exponen a continuación:

La primera es que en este aspecto, comparte plenamente la idea cardinal de que en el Estado social de derecho la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales compromete la actuación de «cualquier autoridad pública» (artículo 86 de la CP), incluidos desde luego los jueces de la República de todas las jurisdicciones y rangos.

En segundo lugar, de acuerdo con los derroteros jurisprudenciales de la Corte Constitucional aunque la acción de tutela resulta procedente contra providencias judiciales, esta comporta carácter excepcional y no puede significar, en modo alguno, una prolongación indefinida del debate jurídico.

En tercer lugar, la metodología contenida en la jurisprudencia constitucional para verificar si una decisión judicial debe o no ser tutelada, constituye un valioso mecanismo para resolver el asunto, cuya adopción facilita el análisis de este complejo problema.

Por último, es pertinente destacar que la sala plena de lo contencioso- administrativo del Consejo de Estado, la cual había sostenido que la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales, rectificó su posición, mediante sentencia de 31 de julio de 2012, y dispuso que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.

2.5 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado es de relevancia constitucional, pues recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y elegir y ser elegido del tutelante; (ii) contra el fallo objeto de censura no procede recurso alguno, dado que se emitió en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que originaron el presunto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) la exigencia de inmediatez está satisfecha, porque la decisión atacada quedó ejecutoriada el 23 de marzo de 2017 y la solicitud de amparo se instauró el 16 de junio siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (2 meses y 23 días), y (v) la sentencia acusada no decidió una acción de tutela.

2.5.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el expediente, se destaca lo siguiente:

a) El señor Enrique Luis Cervantes Vargas instauró demanda de nulidad electoral contra el tutelante (expediente 13001-23-33-000-2016-00112-00), con el propósito de que se anulara su elección como concejal, puesto que inscribió el 23 de junio de 2015, junto con otras personas, el comité del grupo significativo de ciudadano de Cartagena por Firmas, pese a que era del Partido Liberal Colombiano, del cual hizo parte hasta el 21 de julio de ese año, lo que configuraba doble militancia, pretensión que el 9 de agosto de 2016 negó el Tribunal Administrativo de Bolívar, al considerar que la formalización de su aspiración política se produjo luego de que se retirara de ese partido (ff. 35 a 51 anexo).

b) La anterior decisión fue apelada por el allí demandante, alzada desatada el 16 de marzo de 2017 por el Consejo de Estado (sección quinta), en el sentido de revocarla y acceder a la súplica enunciada en el párrafo precedente, bajo el argumento de que el señor Ronald José Fortich Rodelo había incurrido en la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA (doble militancia), porque para el 23 de junio de 2015, cuando él promovió el comité encargado de recolectar las firmas integraba el Partido Liberal Colombiano, del que dimitió el 21 de julio siguiente, de manera que hubo un lapso de casi un (1) mes en que pertenecía a las dos (2) organizaciones políticas.

Que no era dable concluir que la filiación del allí demandado en el aludido grupo significativo de ciudadanos se dio con la suscripción del formulario E-6, por cuanto ello ocurrió con el registro del comité promotor, puesto que fue a partir de ese momento que su nombre empezó a producir eco en el electorado (ff. 4 a 30 anexo).

Hechas estas precisiones fácticas, la Sala efectuará las siguientes acotaciones jurídicas, con el propósito de dilucidar si el fallo atacado quebranta preceptos superiores.

2.5.2 Defecto sustantivo. El actor sostiene que la providencia acusada a través de la acción de tutela de la referencia adolece de defecto sustantivo, comoquiera que en ella los accionados aplicaron de manera equivocada la causal de nulidad electoral prevista en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA, pues no incurrió en doble militancia, máxime cuando no era destinatario del artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011.

Con la finalidad de dilucidar si prospera o no la afirmación del tutelante, es indispensable recordar que el artículo 230 superior prevé que los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas vigentes, con lo que se garantiza el principio de legalidad.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que las pronunciamientos proferidos en desconocimiento de preceptos normativos involucran un defecto sustantivo, que se configura cuando la litis es decidida con fundamento en una norma inaplicable al caso concreto, bien sea porque fue derogada, declarada inexequible o anulada, versa sobre otro asunto que no tiene relación con el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es irracional u omite emplearla.

Sobre el particular, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de los derechos constitucionales.

Ahora bien, en aras de establecer si el fallo cuestionado por medio del trámite constitucional del epígrafe incurre en la analizada causal específica de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, resulta oportuno realizar las siguientes acotaciones jurídicas.

2.5.2.1 Doble militancia en el escenario electoral. El artículo 107 de la Constitución Política establece la posibilidad de que los ciudadanos funden, organicen y desarrollen partidos y movimientos políticos, y puedan afiliarse o retirarse de ellos libremente, no obstante, señala que «En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un[o] [...]», prohibición que tiene por objeto asegurar que esos conglomerados obedezcan una ideología definida y evitar que personas que no la compartan afecten el funcionamiento de la organización, accedan a beneficios previstos en los correspondientes estatutos y obtengan provechos personales, situación que involucra prácticas antidemocráticas, como lo explicó la Corte Constitucional en los siguientes términos:

[…] la proscripción de la doble militancia apunta a consolidar partidos y movimientos políticos fuertes, en el sentido de evitar que determinados ciudadanos puedan llegar a interferir indebidamente en el funcionamiento de una organización política a la cual realmente no pertenecen, e igualmente, ejercer ciertos derechos estatutarios[…] reservados a quienes sí comparten una determinada ideología o programa político.

Tal prohibición fue reproducida en el artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011, norma en la cual también se estipuló que «La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política», y su configuración puede conllevar trámites destinados a castigarla, como lo es uno administrativo ante el Consejo Nacional Electoral, con el fin de que se revoque la inscripción del candidato (conforme al artículo 265 superior), y otro judicial, en el que se pide de la jurisdicción contencioso-administrativa la nulidad de la elección, en virtud del numeral 8 del artículo 275 del CPACA.

Resulta oportuno anotar que para saber cuándo se milita en una organización política, es necesario distinguir los conceptos de (i) ciudadano, en cabeza de quien está el derecho al sufragio; (ii) miembros de partidos o movimientos, titulares de prerrogativas y obligaciones establecidas en los respectivos estatutos, porque pertenecen a la estructura del conglomerado; y (iii) integrantes de dichas estructuras, quienes ejercen cargos de elección popular.

Aunque tanto los miembros de los partidos y movimientos políticos como los integrantes de estos tienen la condición de militantes, el impedimento previsto en el artículo 107 de la Carta Fundamental tiene a estos últimos como especiales destinatarios, por cuanto son los encargados de mantener en las corporaciones públicas la disciplina e ideología que representan y los encargados de velar por el cumplimiento de los programas por los cuales fueron elegidos, debido a que con ello se hace efectiva la confianza que el electorado les otorgó con el voto y, en consecuencia, se colma la finalidad de la democracia participativa.

Al respecto, la Corte Constitucional explicó:

Para la Corte, son los integrantes de los partidos los destinatarios particulares de la prohibición de doble militancia, puesto que (i) una concepción diferente configuraría una interdicción desproporcionada al derecho político al voto libre; y (ii) son esos integrantes, en virtud del régimen jurídico que les es aplicable, quienes tienen un deber más específico y de mayor peso en lo que refiere a la disciplina de partido. Ello en el entendido que la vinculación con los objetivos programáticos, principios ideológicos y decisiones políticas internas democráticamente adoptadas, tiene una mayor vinculación para los servidores elegidos como parte de listas avaladas por partidos y movimientos políticos que se definen –y obtienen respaldo electoral entre los ciudadanos-, en razón de su adscripción a tales parámetros. Igualmente, vistas las condiciones deliberativas que impone el régimen de bancadas, la vocación de permanencia en un solo partido o movimiento político es un presupuesto ineludible para el normal funcionamiento de las corporaciones públicas y, en últimas, para el ejercicio ordenado y eficiente de la democracia participativa en dichas instancias de decisión política.

Cabe advertir que el artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011 establece que «En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político», texto del cual se podría colegir que a esa restricción no están sujetos los grupos significativos de ciudadanos (que más adelante se estudiarán), sin embargo, la Corte Constitucional, en atención a una interpretación sistemática, determinó que los miembros de estos también son destinatarios de esa norma.

2.5.2.2 Postulación a cargos de elección popular. Para que un ciudadano pueda aspirar a un cargo de elección popular, es necesario que un movimiento o partido político lo inscriba como candidato, conforme al inciso 3.º del artículo 108 superior, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política, ley y los respectivos estatutos, lo cual se materializa con el otorgamiento del aval, que acredita la pertenencia del aspirante a la organización y su idoneidad, moralidad y ética para desempeñar un cargo representativo, tal como lo dijo esta Corporación, al sostener:

[…] el aval es un requisito necesario para la inscripción de candidatos a cargos de elección popular, se otorga por escrito firmado por el representante legal del partido o movimiento político, o por quien él delegue, y debe ser presentado al momento de la inscripción de los candidatos ante la autoridad electoral respectiva, de lo cual se dejar  constancia en el acta de inscripción. El aval constituye un mecanismo de control ético de los partidos y movimientos políticos y su otorgamiento expresa reconocimiento de moralidad, corrección y decoro personal del avalado. Constituye garantía de las calidades del avalado frente a la organización electoral y los electores.

Otra de las formas que el ordenamiento jurídico contempla para que una persona pueda aspirar a un cargo de elección popular, es mediante un grupo significativo de ciudadanos (inciso 4.º del artículo 108 de la Constitución Política), sobre el cual, al no estar definido por la normativa que rige la materia (Ley 130 de 1994), la Corte Constitucional ha explicado que está constituido por «manifestaciones sociales con alcances políticos» que no implican una estricta organización y vocación de permanencia, como los partidos políticos, sino que atienden asuntos coyunturales con respaldo popular, y para que estos puedan proponer candidato, es imprescindible colmar las exigencias señaladas en los incisos 3.º y 4.º del artículo 9 de la Ley 130 de 1994 y agotar el trámite consagrado en el inciso 3.º del artículo 28 de la 1475 de 2011, cuyo tenor es:

Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de las firmas de apoyo.

Ahora bien, el propósito de la recolección de firmas, cuando se pretende ser candidato de un grupo significativo de ciudadanos, es constatar que el aspirante tenga un mínimo de respaldo popular en aras de evitar la proliferación de inscripciones de conglomerados minoritarios, y se entiende que adquiere ese apoyo al obtener por lo menos el «veinte por ciento (20%) del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para  votar en la correspondiente circunscripción electoral por el número de puestos por proveer».

Por consiguiente, si la Registraduría Nacional del Estado Civil certifica que el número de rúbricas alcanza la cifra enunciada en el párrafo precedente, el ciudadano consigue lo que equivale al aval otorgado por los partidos políticos, de ahí que pueda formalizar su aspiración ante el correspondiente delegado de ese organismo, en los términos del artículo 6 del Reglamento 1 de 2003 del Consejo Nacional Electoral (diligenciamiento del formulario E-6).

En razón a que los grupos significativos de ciudadanos también están sujetos a la prohibición de la doble militancia, como se advirtió en párrafos precedentes, resulta imperativo determinar a partir de qué momento se adquiere el carácter de integrante de este, para tal efecto, se precisa que la candidatura de los postulantes solo se formaliza o habilita cuando el mencionado organismo electoral constata que las firmas fueron suficientes y veraces, de manera que aquellos, antes de que esto ocurra, solo tienen una mera expectativa de participar en los comicios, pues para que ello se materialice deben obtener un respaldo popular considerable.

Con base en lo expuesto, la pertenencia a un grupo de esa naturaleza surge con la aceptación formal de la aspiración, es decir, cuando se satisface lo previsto en el artículo 6 del aludido Reglamento 1 de 2003, por cuanto es allí que se tiene certeza de la existencia de aquel, tal como lo concluyó esta Corporación.

Visto lo anterior, en el asunto sub judice, tanto en el trámite contencioso- administrativo como en esta instancia judicial, se demostró que el 23 de junio de 2015 fue inscrito el comité del grupo significativo de ciudadanos Cartagena por Firmas, en aras de que unas personas pudieran ser candidatos al concejo de esa ciudad, dentro de las que se encontraba el tutelante, quien para esa época era del Partido Liberal Colombiano, del cual dimitió el 21 de julio siguiente.

Asimismo, que el 23 de julio de 2015 el actor suscribió el formulario E-6 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, luego de que ese organismo validara el número de firmas requerido para ratificar su aspiración política, con lo que la formalizó, de ahí que participara en las elecciones celebradas el 25 de octubre siguiente, en las que resultó electo como concejal de Cartagena para el período constitucional 2016 a 2019.

Por su parte, las autoridades accionadas, al decidir en segunda instancia el trámite contencioso-administrativo 13001-23-33-000-2016-00112-00, declararon la nulidad de la elección del tutelante, bajo el argumento de que incurrió en doble militancia, pues cuando se promovió el comité del mentado grupo significativo de ciudadanos era del Partido Liberal Colombiano.

En la solicitud de amparo, el actor sostiene que el fallo enunciado en el párrafo precedente adolece de defecto sustantivo, en atención a que en él se dio una interpretación inadecuada del ordenamiento jurídico, por cuanto para el momento en que formalizó su candidatura al concejo de Cartagena, esto es, con la suscripción del formulario E-6 ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, ya no integraba el aludido partido político, por lo que la irregularidad invocada en la demanda ordinaria no se configuró.

La Sala evidencia que en la decisión censurada se concluyó que la militancia del aquí accionante en el referido grupo significativo de ciudadanos inició con la inscripción de su comité, aserción que resulta contraria al marco jurídico, comoquiera que el acto de registro de 23 de junio de 2015 fue una etapa previa a la aceptación de su postulación, la cual solo se dio tras la constatación que hizo el mencionado órgano electoral sobre las rúbricas requeridas para que participara en los comicios y su aceptación, pues antes de ello el actor solo tenía una mera expectativa, porque su aspiración estaba condicionada al cumplimiento de las exigencias señaladas en los artículos 9 de la Ley 130 de 1994 y 4 del Reglamento 1 de 2003, emitido por el Consejo Nacional Electoral.

En ese orden de ideas, resulta desacertado deducir que para el 23 de junio de 2015 el actor pertenecía a la agrupación Cartagena por Firmas, puesto que si bien el artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011 estipula que «la militancia […] a un partido o movimiento político [se da] con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización», tal precepto no se aplica a quienes aspiran a una corporación de elección popular sin aval, es decir, por firmas, debido a que no hay certeza de que integren este, por cuanto si no alcanzan el apoyo popular necesario no pueden proponer candidatos, caso contrario a los partidos políticos, los cuales tienen vocación de permanencia.

En otras palabras, esa diferenciación, entre otras, impide aceptar que una persona que pretenda ser postulada a través de un grupo significativo de ciudadanos, adquiera la connotación de militante solo con el registro del comité de que trata el artículo 28 de la Ley 1475 de 2011, dado que para ello, se reitera, resulta indispensable la recolección de las rúbricas requeridas, la corroboración de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la aceptación de la candidatura.

Cabe destacar que el Consejo de Estado indicó que en el evento en que sea necesario determinar una posible pertenencia simultánea a organizaciones políticas, se debe tener en cuenta que cuando se trata de los mentados grupos, aquella solo se materializa con la suscripción del formulario E-6, en los siguientes términos:

El 7 de abril de 2015 el señor Mantilla Rueda renunció al Partido Conservador mediante correo electrónico y al día siguiente fue radicada la renuncia en físico, tal como lo certificó el representante legal de dicha colectividad.

El día 7 de abril el comité del grupo significativo de ciudadanos “Renace Floridablanca” se registró ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de solicitar la inscripción de la candidatura del demandado a la alcaldía de dicho municipio.

El 8 de julio de 2015, una vez avaladas las firmas recogidas, el señor Mantilla Rueda suscribió el formulario E-6 AL como candidato a la alcaldía de Floridablanca por el mencionado grupo significativo de ciudadanos.
Conforme lo anterior, la inscripción del demandado por una organización política distinta al Partido Conservador en el que de manera temporal -26 de enero del año 2014- fungió como directivo, se materializó el día 8 de julio de 2015.

Así las cosas, la supuesta simultaneidad puesta de presente en la demanda de nulidad electoral 13001-23-33-000-2016-00112-00 solo había lugar a contabilizarse a partir del momento en que el tutelante tuvo la calidad de candidato, esto es, desde la suscripción del formulario E-6, lo cual ocurrió el 23 de julio de 2015, fecha para la que ya no pertenecía al Partido Liberal Colombiano, de manera que no existió la doble militancia alegada y, por consiguiente, tampoco la causal de nulidad señalada en el numeral 8 del artículo 275 del CPACA.

De acuerdo con lo expuesto, la Sala evidencia que las autoridades accionadas erraron al indicar en la providencia censurada, en atención al artículo 2.º de la Ley 1475 de 2011, que el actor militó en el grupo significativo de ciudadanos Cartagena por Firmas desde que se inscribió el respectivo comité (23 de junio de 2015), pues solo formalizó su aspiración hasta el 23 de julio de 2015, es decir, cuando no integraba ese partido político.

En virtud de lo anotado, se observa que la aludida causal de nulidad electoral no se configuró, debido a que no hubo doble militancia, y por ende, no era dable acceder a las pretensiones ordinarias, pero en razón a que ello aconteció, como consecuencia de interpretaciones normativas desacertadas, dicha decisión adolece de la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra pronunciamientos judiciales denominada defecto sustantivo.

De igual modo, esta Sala advierte que la determinación judicial cuestionada también adolece de desconocimiento del precedente, habida cuenta de que el Consejo de Estado (sección quinta), en sentencia de 13 de octubre de 2016, había explicado que la postulación por firmas a un cargo de elección popular se materializa con la suscripción del formulario E-6, y es a partir de ese momento en que se adquiere la connotación de candidato y militante, premisa desatendida por los accionados al indicar que ello se produjo con el registro del respectivo comité.

Resulta preciso anotar que las autoridades demandadas y la señora Judith Margarita Díaz Agámez, en las impugnaciones por ellas presentadas y que se desatan a través de esta providencia, indicaron que el fallo citado en el párrafo anterior no era aplicable en el sub lite, dado que trató aspectos fácticos disímiles, argumento que no tiene vocación de prosperidad, por cuanto la regla allí contemplada es de obligatoria observancia en este asunto, pues fue la razón por la que no declaró la doble militancia de una persona que renunció a un partido político luego de que se registrara el comité de un grupo significativo de ciudadanos del que fue aspirante, pero antes de que suscribiera el formulario E-6.

A partir de los anteriores prolegómenos, comoquiera que el pronunciamiento atacado en esta instancia judicial incurre en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, se impone confirmar la decisión impugnada, con la cual el Consejo de Estado (sección primera) accedió al amparo deprecado por el tutelante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1. º Confírmase la sentencia de 7 de febrero de 2019, a través de la cual el Consejo de Estado (sección primera) (i) amparó los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y elegir y ser elegido del señor Ronald José Fortich Rodelo; (ii) dejó sin efectos la providencia cuestionada; y (iii) ordenó a las autoridades accionadas proferir una nueva dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la decisión, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones.

2. º Notifíquese este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3. º Comuníquese el presente pronunciamiento a la sección primera de esta Corporación y remítasele copia.

4.º Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991 envíese el expediente a la honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Cabe advertir que la sentencia fue aprobada con el beneplácito de dos (2) conjueces y una señora consejera de Estado, por cuanto los otros dos (2) integrantes de la Sala salvaron voto. No determina la fecha. Sección quinta, sentencia de 13 de octubre de 2016, C. P. Alberto Yepes Barreiro, expediente 68001-23-33-000-2015-01292-01.
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente […]».
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
«[…]
Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
«Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. Notificada electrónicamente el 17 de marzo de 2017. Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras. Sentencia T-259 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. Modificado por el artículo 1.º del Acto legislativo 1 de 2009. Sentencia C-342 de 2006, M. P. Humberto Sierra Porto.
«Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones».
«El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:
[…]
12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corporaciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista en la Constitución y la ley.

En ningún caso podrá declarar la elección de dichos candidatos».
«Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[…]
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política». Sentencia C-334 de 2014, M. P. Mauricio González Cuervo. Sentencia C-490 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «[…] la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia son los ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos de ciudadanos que han adquirido personería jurídica […]».
«[…]
Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien él delegue.
[…]». Sección quinta, sentencia de 21 de octubre de 2005, C. P. María Nohemi Hernández Pinzón, expediente 11001-03-28-000-2004-00035-01.
«[…]
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos.
[…]». Sentencia C-89 de 1994, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
«[…]
Las asociaciones de todo orden, que por decisión de su Asamblea General resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales, y los grupos de ciudadanos equivalentes al menos al veinte por ciento del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, también podrán postular candidatos. En ningún caso se exigirán más de cincuenta mil firmas para permitir la inscripción de un candidato. Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior.
[…]». Corte Constitucional, sentencia C-1081 de 2005, M. P. Gerardo Monroy Cabra. Artículos 9 de la Ley 130 de 1994 y 4 del Reglamento 1 de 2003, emitido por el Consejo Nacional Electoral. Artículo 7 de la Resolución 757 de 2011 expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil: «La inscripción de candidatos por suscripción de firmas queda condicionada a la revisión y verificación de la validez de los apoyos entregados, el número de estos nulos y el número de apoyos válidos exigidos para el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales para que produzca efectos jurídicos la respectiva inscripción». Corte Constitucional, sentencia C-1081 de 2005, M. P. Gerardo Arenas Monsalve: «[…] el requisito de cierto número de firmas que respalden la inscripción de candidatos a corporaciones  públicas y cargos uninominales por parte de los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos equivale al aval de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, requerido para la inscripción que éstos hacen de los mismos candidatos y listas».
«Los candidatos integrantes de una lista y los candidatos a cargos uninominales, deberán aceptar por escrito su candidatura, en el que manifestarán, bajo la gravedad del juramento. Su filiación política; Que cumple con los requisitos para ser elegido; Que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad;

Que no ha aceptado ser candidato a ningún otro cargo o corporación en la misma elección y
Que no ha participado en consultas internas de partidos o movimientos diferentes al que lo inscribe. Cuando los candidatos no se encuentren en el lugar donde se hace la inscripción, podrán hacer presentación personal de su aceptación ante el Registrador del Estado Civil o funcionario Diplomático o consular, del lugar donde estuvieren, de lo cual los funcionarios receptores dejarán constancia y comunicarán inmediatamente por escrito a las autoridades electorales ante las cuales deba hacerse la inscripción». Corte Constitucional, sentencia C-192 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Sección quinta, sentencia de 13 de octubre de 2016, C. P. Alberto Yepes Barreiro, expediente 68001-23-33-000-2015-01292-01. Corte Constitucional, sentencia C-955 de 2001, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Sección quinta, sentencia de 13 de octubre de 2016, C. P. Alberto Yepes Barreiro, expediente 68001-23-33-000-2015-01292-01. Folio 186. Folio 184.
«Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
[…]
Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política». C. P. Alberto Yepes Barreiro, expediente 68001-23-33-000-2015-01292-01. Corte Constitucional, sentencia T-439 de 2000, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez: «[…] la ratio decidendi, constituye un precedente de obligatorio cumplimiento para las autoridades públicas, ya que además de ser el fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una norma».

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