Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 66001-23-33-000-2024-00012-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 66001-23-33-000-2024-00012-02
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 66001-23-33-000-2024-00012-02
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
29 de agosto de 2024
Demandante: John Jairo Bello Carvajal
Demandado: Javier Darío Marulanda Gómez,
diputado de Risaralda, periodo 2024-2027
Radicado: 66001-23-33-000-2024-00012-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 66001-23-33-000-2024-00012-02
Demandante: John Jairo Bello Carvajal
Demandado: Javier Darío Marulanda Gómez, diputado de la Asamblea
Departamental de Risaralda, periodo 2024-2027
Temas: Doble militancia e infracción de las normas en que debía
fundarse.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 27 de junio del 2024, dictada por Tribunal Administrativo de
Risaralda, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1. John Jairo Bello Carvajal solicitó que se anulara la elección de Javier Darío
Marulanda Gómez, como diputado de la Asamblea Departamental de Risaralda,
período 2024 - 2027, porque, en su criterio, incurrió en doble militancia en la
modalidad de simultaneidad de pertenencia, y por infracción de las normas en
que debía fundarse.
2. Fundamentos fácticos, normativos y concepto de la violación
2. La parte actora mencionó que el demandado inscribió su candidatura a la
Gobernación de Risaralda, periodo 2024-2027, el 23 de enero de 2023 por un
grupo significativo de ciudadanos denominado «Sentimiento de Todos»; fecha a
partir de la cual inició su campaña con el proceso de recolección de firmas que
avalarían su candidatura.
3. Por otra parte, el 26 de julio de 2023, el demandado recibió aval del Partido
de la U para participar en las elecciones a la gobernación de Risaralda del 29 de
octubre de la misma anualidad.
4. El 28 de junio de 2023, los miembros del comité inscriptor y promotor del
grupo significativo de ciudadanos «Sentimiento de Todos», entregaron los
formularios de recolección de apoyos a la candidatura del demandado ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC).
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Demandante: John Jairo Bello Carvajal
Demandado: Javier Darío Marulanda Gómez,
diputado de Risaralda, periodo 2024-2027
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5. El 28 de julio de 2023, Javier Darío Marulanda Gómez junto con los
miembros del comité inscriptor y promotor del grupo significativo de ciudadanos,
renunció ante la RNEC al proceso de recolección de firmas para inscribir su
candidatura a la Gobernación de Risaralda1, fecha en la cual también se inscribió
formalmente2 como candidato por la coalición denominada «Sentimiento de
Todos», compuesta por el Partido de la U3 y el Partido en Marcha.
6. El 4 de agosto de 2023 la RNEC expidió el informe de verificación de firmas
de apoyo del grupo significativo de ciudadanos «Sentimiento de Todos» e indicó
que Javier Darío Marulanda Gómez alcanzó el número de apoyos mínimos
requeridos, pues necesitaba 50.000 y obtuvo 57.699.
7. De acuerdo a los hechos narrados, el demandante considera que Javier
Darío Marulanda Gómez perteneció al grupo significativo de ciudadanos
«Sentimiento de Todos» desde el 23 de enero de 2023 cuando se inscribió, hasta
el 28 de julio de la misma anualidad cuando desistió al proceso de recolección de
firmas; organización que, a su juicio, y de conformidad con el artículo 2 4 de la Ley
130 de 1994, se convirtió en un «movimiento» político, pues se trató de una
«asociación de ciudadanos para participar en las elecciones territoriales».
8. A su vez, indicó que el demandado es militante del Partido de la U desde el
26 de julio de 2023, fecha en la que recibió el aval, por lo cual, el accionante
afirmó que incurrió en doble militancia debido a que perteneció simultáneamente a
un partido político y a un grupo significativo de ciudadanos, por lo menos desde la
fecha descrita en el presente párrafo hasta el 28 de julio de 2023, cuando renunció
formalmente al grupo significativo de ciudadanos.
9. Al respecto, manifestó que, aunque la Constitución Política prohíba la
militancia simultánea a «más de un partido o movimiento político con personería
jurídica», la Ley 1475 de 2011 contiene un margen de aplicación más amplio, pues
también incluyó a los movimientos políticos, como parte de la prohibición; situación
concordante con lo concluido por la Corte Constitucional en sentencia C-490 de
20115 y, posteriormente, en la sentencia SU-209 de 20216.
1 Renuncia presentada a las 3:37 pm.
2 Inscripción realizada a las 4:30 pm.
3 Partido que le otorgó el aval al demandado.
4 «DEFINICIÓN. Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político,
promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y
manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección
popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación. Los movimientos
políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de
la voluntad política o para participar en las elecciones. Los partidos y movimientos políticos
constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y legales tendrán personería
jurídica». (Negrilla y subrayado del escrito de demanda)
5 «Según lo expuesto, la Corte advierte que los destinatarios de la prohibición de la doble militancia
son los ciudadanos que pertenezcan a (i) los partidos, movimientos políticos o grupos significativos
de ciudadanos que han adquirido personería jurídica, en los términos y condiciones previstos en el
inciso primero del artículo 108 C.P., esto es, que hayan obtenido una votación no inferior al tres por
ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara o
Senado, exceptuándose el régimen particular previsto en la ley para las circunscripciones de
minorías étnicas o políticas, caso en el que bastará acreditar representación parlamentaria; y (ii) las
mismas agrupaciones políticas, sin personería jurídica».
6 «En efecto, como se demostró en las consideraciones que fundamentan la presente sentencia,
esta corporación ha entendido que la prohibición en comento cobija a quienes detenten cargos
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10. En tal sentido, consideró que la doble militancia se configura en el presente
caso, puesto que el demandado perteneció simultáneamente a un grupo
significativo de ciudadanos (Sentimiento de Todos) y a un partido político (Partido
de la U).
11. Por otra parte, afirmó que el accionado hizo campaña a la Gobernación de
Risaralda desde el 23 de enero de 2023, con vallas publicitarias y mediante el
proceso de recolección de firmas, cuando se inscribió por el grupo significativo de
ciudadanos, hasta el 29 de octubre de la misma anualidad, es decir, por más de 9
meses, lo que denota una violación a los artículos 30 y 34 de la Ley 1475 de 2011,
pues solo es permitido hacerlo por un periodo de 4 meses.7
12. Además, manifestó que Javier Darío Marulanda Gómez solo reportó la
suma de $583.910.123 de pesos, de conformidad con el informe individual de
ingresos y gastos registrados ante la organización electoral, y adujo que
únicamente informó los ingresos de campaña de julio a octubre de 2023, sin poner
en conocimiento los ingresos y gastos del periodo comprendido entre el 23 de
enero al 28 de julio de 2023 cuando desarrolló el proceso de recolección de
firmas.
13. Por otra parte, se refirió al logotipo y el eslogan utilizado «Sentimiento de
Todos» por el demandado en el proceso de recolección de firmas y en su
campaña8, por considerar que era igual al utilizado por la Gobernación de
Risaralda para el periodo 2020-2023, el cual, además, fue adoptado institucional y
legalmente en el plan de desarrollo mediante la Ordenanza nro. 008 de 31 de
mayo de 20209.
14. Al respecto, indicó que de conformidad con las normas electorales 10 está
prohibido en la publicidad electoral el uso de logotipos, símbolos de otros partidos
o movimientos políticos, o que se parezcan o tengan relación gráfica o fonética
con los símbolos de la patria o con emblemas estatales.
15. Así pues, consideró que Javier Darío Marulanda Gómez con el lema
«Sentimiento de Todos» violó las normas en materia de publicidad al tener una
relación fonética con un emblema departamental contenido en el plan de
desarrollo para el periodo 2020-2023.
unipersonales de elección popular o curules en corporaciones públicas. Incluso, ha explicado que
la norma constitucional contempla un mínimo y el legislador estatutario puede ser más exigente e
incorporar una reglamentación más extensa respecto de esta prohibición de doble militancia, con el
fin de cumplir con los propósitos de esta figura. (…) En este contexto, definió que estas
modalidades apuntan a la consecución de un propósito común: “crear un régimen severo de
bancadas en el que esté proscrito el transfuguismo político, pues su propósito es, precisamente,
dar preponderancia a los partidos y movimientos políticos sobre los intereses personales de los
candidatos. Finalmente, es de anotar que se ha entendido que la figura de doble militancia incluye
a todas las agrupaciones políticas sin importar que aquellas tengan o no personería jurídica”».
7 Al respecto el demandante allegó registros fotográficos y videos con los que pretende sustentar
dicho cargo de nulidad.
8 A la Gobernación de Risaralda.
9 «Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo para el periodo 2020-2023».
10 Artículos 5 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de 2011.
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16. Finalmente, precisó que el 29 de octubre de 2023 el demandado, en virtud
del estatuto de la oposición y por haber alcanzado la segunda votación más alta
en las elecciones a la Gobernación de Risaralda, obtuvo una curul en la asamblea
de dicha circunscripción.
3. Trámite inicial
17. En auto de 8 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Risaralda
admitió la demanda, ordenó las respectivas notificaciones y negó la suspensión
provisional de los efectos del acto demandado11 porque concluyó que de las
pruebas aportadas no era posible establecer la configuración de todos los
elementos configurativos de la doble militancia ni la violación de las normas que
sustentaron la solicitud.
4. Contestaciones
4.1. Javier Darío Marulanda Gómez (demandado)
18. A través de apoderado judicial se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de la demanda, para lo cual indicó que las afirmaciones del
accionante son falsas y no se circunscriben a ninguna de las causales de nulidad
electoral, pues la presunta omisión en el reporte de gastos, la realización de la
campaña por fuera de los términos legales y la utilización de logos institucionales
no están contempladas el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) que regula este medio de control.
19. Respecto de la causal de nulidad por doble militancia en la modalidad de
simultaneidad, argumentó que nunca existió la dualidad en la pertenencia al grupo
significativo de ciudadanos y al partido que finalmente avaló su candidatura, pues
lo que inicialmente hubo fue una iniciativa realizada por tres (3) ciudadanos que
postularon su nombre para que, luego de surtidos los trámites de ley y contar con
la aprobación de las autoridades electorales, pudiera ser candidato a la
Gobernación de Risaralda para el periodo 2024-2027; sin embargo, hubo una
mora injustificada en la revisión de las firmas, motivo por el cual, los promotores
que encabezaron la iniciativa decidieron desistir de ella, lo que llevó a que se
inscribiera por la coalición mediante la cual participó en la contienda electoral,
avalado por el Partido de la U.
20. Si bien el demandante considera que el acto de registro del grupo
significativo de ciudadanos denominado «Sentimiento de Todos», es equiparable a
un acto formal de inscripción de la candidatura, lo cierto es que esta colectividad
no llegó a contar con la facultad para hacerlo, razón por la que tal circunstancia,
como la plantea el demandante, nunca se concretó.
21. Agregó que la lectura del Acta nro. 00002 de 23 de enero de 2023, se
evidencia que Daniela Valencia Burgos, Junior Stiven Machado Palacios y Juan
Guillermo Gutiérrez Forero, como miembros del comité promotor del grupo
11 Aunque esta decisión fue recurrida, el magistrado ponente de la presente decisión rechazó el
recurso por ser extemporáneo mediante providencia de 12 de abril de 2024.
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significativo de ciudadanos, se reunieron con los delegados departamentales de la
RNEC, y fueron ellos quienes recibieron la autorización para la recolección de
apoyos y firmas, sin que se encuentre vinculado el demandado, por lo que no
puede predicarse militancia alguna a esta agrupación, y solo hasta el cumplimiento
de los requisitos fijados por la ley12 sería reconocido como candidato, situación
que tampoco ocurrió, pues esta colectividad no adquirió la condición formal para la
inscripción de su candidatura.
22. Manifestó que los miembros del comité promotor del grupo significativo de
ciudadanos, el 28 de julio de 2023 desistieron del proceso iniciado, debido a que la
RNEC, previo al cierre de inscripciones, y aunque contó con más de 30 días, no
emitió concepto formal ni certificó los apoyos recolectados para la inscripción de la
candidatura.
23. Así pues, al no haber alcanzado la condición formal de candidato del grupo
significativo de ciudadanos, no le estaba prohibido inscribirse a las elecciones
avalado por un partido político, tal y como lo hizo.
24. Con relación a los registros fotográficos y videos aportados, indicó que no
existe certeza respecto de la autenticidad de tales medios probatorios, pues no se
soportaron en otros elementos que den certeza de su legitimidad y autoría, razón
por la que no pueden tenerse en consideración para sustentar situación fáctica
alguna. Además, manifestó que no se tiene la trazabilidad que dé cuenta sobre la
no alteración o edición de dichos medios de convicción.
25. Adujo que al no tratarse de documentos públicos sino privados, el
demandante tenía la obligación probatoria de que fueran sometidos a ratificación,
con el ánimo de brindarles validez y permitir un auténtico ejercicio de contradicción
a la contraparte.
4.2. Consejo Nacional Electoral (CNE)
26. Por medio de apoderado judicial indicó que no tenía legitimación en la
causa por pasiva dentro del trámite del presente medio de control, en virtud a que
este versa sobre una causal de nulidad sustentada en hechos que difieren de la
competencia constitucional y legal de la entidad.
4.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)
27. Por medio de representante, solicitó declarar la falta de legitimación en la
causa por pasiva, al concluir que es ajena a las pretensiones de la demanda, pues
no se relacionan con el objeto, misión o funciones de la entidad.
5. Trámite posterior
28. El 8 de mayo de 2024, se realizó la audiencia inicial (artículo 283 del
CPACA), en la cual se saneó el proceso, se decretaron las pruebas aportadas con
12 No precisó a qué ley o norma hacía referencia.
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la demanda, su reforma13 y sus contestaciones, se accedió al testimonio requerido
por el demandado y se citó a audiencia de pruebas14. Además, se fijó el litigio en
los siguientes términos:
¿La doble militancia se configura cuando se inicia el proceso de inscripción de la
candidatura por medio de recolección de apoyos a través de un grupo significativo
de ciudadanos y finalmente se inscribe como candidato por medio de un acuerdo de
coalición suscrito entre dos partidos políticos?
¿El periodo durante el cual se realizó la recolección de apoyos puede tenerse como
tiempo de campaña política, de publicidad y de reporte de ingresos y gastos de la
campaña, cuando finalmente no se inscribe como candidato del grupo significativo
de ciudadanos?
¿Se demostró la confusión de los electores por utilizar el emblema igual o similar al
del gobierno en turno dentro de la propaganda electoral?
¿Las fotografías y videos constituyen medios probatorios idóneos para probar la
causal de nulidad invocada?
¿En este tipo de asuntos carece de legitimación en la causa por pasiva las
entidades encargadas del procedimiento electoral?
29. El 22 de mayo de 2024, se llevó a cabo audiencia de pruebas, en la cual se
practicó el testimonio requerido por el demandado, se cerró la etapa probatoria,
ordenó correr traslado para alegar de conclusión, y comunicó al Ministerio Público
para que rindiera concepto.
6. Alegatos de conclusión en primera instancia
6.1. Javier Darío Marulanda Gómez (demandado)
30. Su apoderado judicial solicitó negar las pretensiones de la demanda. Al
respecto reiteró los argumentos planteados en la contestación de la demanda e
indicó que el periodo en que se realizó la recolección de firmas no se considera
campaña política ni uso de publicidad electoral, pues tales circunstancias ocurren
luego de que los partidos o movimientos políticos inscriben la candidatura de quien
va a participar en la contienda electoral.
31. Indicó que tal y como fue probado con el testimonio rendido en la audiencia
de pruebas: i) el comité inscriptor buscó el posicionamiento de un mecanismo de
participación, sin que de ello se pueda predicar una campaña electoral, tal y como
lo permiten las normas vigentes15 y; ii) la recolección de firmas y apoyos obedeció
a una de las iniciativas ciudadanas con las que contaba como candidato, pero
fueron los miembros del comité los que procuraron dar vida jurídica al mismo, sin
que hubiese sido concretada, pues tal y como lo ha definido la jurisprudencia, «la
postulación por firmas a un cargo de elección popular se materializa con la
13 Adicionó las pruebas que pretendía hacer valer en el proceso.
14 Conforme lo dispone el inciso final del artículo 180 del CPACA.
15 No precisó a que normas hacía referencia.
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suscripción del formulario E-6, y es a partir de ese momento en que se adquiere la
connotación de candidato y militante»16.
32. Por último, consideró que no se probó la confusión en los electores por el
uso del emblema similar al de la gobernación de turno en la propaganda electoral
del demandado, pues estos no son iguales, razón por la que no existe identidad
marcaria o conceptual entre estos.
6.2. John Jairo Bello Carvajal (demandante)
33. Reiteró los argumentos planteados en la demanda. Afirmó que el
demandado se aprovechó de los vacíos que existen en la norma 17 para posicionar
su candidatura haciendo uso de la recolección de firmas y apoyos mediante un
grupo significativo de ciudadanos.
34. Indicó que ni la Ley 1475 de 2011, ni la sentencia de la Corte Constitucional
C-490 de 2011, que efectuó la revisión de constitucionalidad de dicha norma,
establecieron que para la inscripción del candidato con el formulario E-6 fuese
necesario e indispensable que se tenga el certificado que acredite la validez del
número de firmas mínimo requerido, pues ese es un procedimiento que la
autoridad electoral puede hacer con posterioridad a la inscripción.
35. Por otra parte, adujo que en el periodo de recolección de firmas, se
realizaron actos públicos para promocionar su campaña, como la utilización de la
radio y televisión para plantear propuestas, por lo que se encuentra acreditado que
no se limitó a la obtención de firmas con el grupo significativo de ciudadanos, pues
incluso instaló vallas, tal y como quedó probado con las fotos, video y lo expuesto
por el testigo.
36. En tal sentido, se encuentra probada la infracción de las normas en que
debía fundarse, pues hizo campaña de forma anticipada al periodo que disponen
las normas de carácter electoral.
6.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)
37. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y
requirió nuevamente su desvinculación. Además, indicó que no hubo mora alguna
o irregularidad imputable a la entidad al momento de verificar la recolección de
apoyos del demandado, pues de conformidad con la Resolución 28795 de 2022,
cuenta con 40 días calendario para dar respuesta a la solicitud.
38. En tal sentido, dado que la recepción de los documentos fue el 28 de junio
de 2023, tenía hasta el 7 de agosto para la validación de los apoyos, sin embargo,
el 4 de agosto de la misma anualidad dio respuesta al requerimiento, es decir,
dentro del término previsto para tal fin.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, MP. Carmelo Perdomo Cueter, sentencia
de 8 de mayo de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-01543-01.
17 No precisó a que disposiciones hacía referencia.
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39. Por tanto, el desistimiento en el proceso de recolección de firmas obedeció
a una decisión por voluntad del comité inscriptor y no por mora alguna de la
RNEC.
40. El CNE en esa instancia procesal guardó silencio.
7. Concepto del Ministerio Público, en primera instancia
41. El procurador delegado ante el Tribunal Administrativo de Risaralda
consideró que no es posible acceder a las pretensiones de la demanda, debido a
que:
i) Precisó que aunque el demandado fue escogido por un grupo significativo
de ciudadanos que pretendió inscribirlo como candidato a la Gobernación de
Risaralda, dicha candidatura no se consolidó y tampoco fue aceptada por él, por lo
que no puede predicarse militancia o pertenencia formal a dicha colectividad.
Contrario a esto, el aval otorgado por el Partido de la U y la pertenencia al
movimiento político, se concretó con la aceptación del candidato con la firma en el
formulario de inscripción de la coalición, lo que se dio con posterioridad al
desistimiento del grupo significativo de ciudadanos a la inscripción de la
candidatura del demandado.
ii) Frente a la infracción de las normas en que debía fundarse, manifestó que
no es posible establecer que haya vulnerado el periodo previsto por la norma para
la realización de la campaña electoral, pues tal y como lo concluyó el tribunal al
resolver la medida cautelar y como lo expresó el testigo en la audiencia de
pruebas, la recolección de firmas pretende promover la inscripción del candidato y
no su candidatura.
En cuanto a la omisión en el reporte de gastos de campaña durante los meses
comprendidos entre enero y julio, consideró que el artículo 25 de la Ley 1475 de
2011 dispuso que el candidato está obligado a reportar los ingresos y gastos a
partir de su inscripción, circunstancia acreditada por el demandado puesto que
esta data del 28 de julio de 2023, por lo que no puede predicarse vulneración
alguna.
En tal sentido, como la inscripción del candidato por el grupo significativo de
ciudadanos no se consolidó, no es posible exigírsele dicha obligación como lo
pretende el accionante.
Finalmente, respecto de la coincidencia en el eslogan del grupo significativo de
ciudadanos, la coalición que avaló la candidatura del demandado y el plan
departamental de desarrollo de Risaralda 2020-2023, manifestó que aunque hay
semejanzas, la concordancia no es total, además, estuvo de acuerdo con lo
concluido por el tribunal al resolver la medida cautelar, pues tal circunstancia no
está definida como una causal de nulidad electoral, pues ello solo acarrearía
irregularidades de carácter administrativo que podrían generar consecuencias
sancionatorias diferentes.
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Además, no existe prueba en el plenario que permita inferir que la utilización del
eslogan de campaña haya incidido materialmente como una ventaja electoral o
que haya perturbado el equilibro del proceso electoral o la transparencia de este.
8. Sentencia de primera instancia
42. El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió a la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada por la RNEC y el CNE, al considerar
que lo debatido obedece a irregularidades no relacionadas con las funciones de
estas entidades.
43. Negó las pretensiones de la demanda, pues de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado18 y la Ley 1475 de 2011, la militancia
simultánea a un partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos se
configura al momento de la inscripción.
44. Posteriormente indicó que, para la configuración de la causal de nulidad por
doble militancia, el Consejo de Estado19 concluyó que cuando la postulación a un
cargo de elección popular se hace mediante la recolección de firmas, esta se
materializa con la suscripción del formulario E-6, y a partir de ese momento se
adquiere la condición de candidato.
45. En tal sentido, de las pruebas obrantes en el expediente se puede
evidenciar que el 28 de julio de 2023, a las 3:37 pm, los ciudadanos promotores
del grupo significativo de ciudadanos presentaron desistimiento, ante la RNEC, al
proceso de recolección de firmas y que ese mismo día, a las 4:30 pm, el
demandado se inscribió como candidato a la Gobernación de Risaralda con el aval
del Partido de la U.
46. Así pues, contrario a lo concluido por el demandante el 23 de enero de
2023 no se produjo la inscripción del candidato sino el registro del grupo
significativo de ciudadanos, como requisito previo a dar inicio a la recolección de
firmas y apoyos, tal y como lo prevé el numeral 3 del articulo 28 de la Ley 1475 de
2011, concordante con la Resolución 28795 de 2022, expedida por la RNEC, que
dispuso que la inscripción del candidato se consolida con la certificación del
director de censo electoral y con la suscripción del formulario E-6.
47. De manera que no fue posible establecer la simultaneidad de la militancia
del demandado al grupo significativo de ciudadanos, pues no se formalizó su
pertenencia, y la coalición «Sentimiento de Todos» se materializó con la
inscripción de su candidatura el 28 de julio de 2023 avalado por el Partido de la U.
48. Respecto de la violación al límite temporal de la campaña electoral, el a quo
realizó una diferenciación de los conceptos de:
18 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia de 10 de marzo de
2022, radicado 76001-23-33-000-2019-01141-01.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, MP. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia
del 8 de mayo de 2019, radicado 11001-03-15-000-2017-01543- 01.
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Demandante: John Jairo Bello Carvajal
Demandado: Javier Darío Marulanda Gómez,
diputado de Risaralda, periodo 2024-2027
Radicado: 66001-23-33-000-2024-00012-02
I) campaña electoral20, que corresponde a la actividad que se materializa en
el periodo preelectoral con la intención de convocar a la ciudadanía a votar
proyectos electorales o una forma de participación, haciendo propaganda,
recaudación de contribuciones y gastos dentro de los lapsos legalmente
establecidos;
II) grupo significativo de ciudadanos manifestó que no supone una
organización permanente sino la simple coyuntura para postular listas y
candidatos en determinado certamen electoral y solo puede estar conformado
por personas naturales.
49. En consideración con lo anterior, afirmó que no existe norma que regule o
prohíba la divulgación y publicidad en el periodo de recolección de firmas, pues los
grupos de ciudadanos tienen la posibilidad de impulsar la divulgación y promoción
de este proceso especial de participación mediante mecanismos publicitarios
como volantes, pendones, camisetas, vallas, reuniones o redes sociales.
50. Por tanto, de las pruebas obrantes no fue posible establecer que el
demandado hubiese actuado con la intención de hacer campaña electoral y
publicidad antes de la inscripción de su candidatura o de los tres (3) meses de que
trata el artículo 3521 de la Ley 1475 de 2011, pues las conductas y las invitaciones
que se hicieron durante ese periodo fueron tendientes a la recolección de firmas.
51. Referente a los gastos de campaña no reportados por el grupo significativo
de ciudadanos, luego de analizar el artículo 34 de la Ley 1475 de 2011 concluyó
que estos obedecen a los realizados por los partidos, movimientos políticos y
grupos significativos de ciudadanos durante los 6 meses anteriores a la fecha de
votación y los realizados por los candidatos a partir de su inscripción.
52. Así pues, dado que el demandado inscribió su candidatura a la
Gobernación de Risaralda el 28 de julio de 2023 por la coalición «Sentimiento de
Todos», solo se encontraba obligado a reportar los ingresos y gastos desde dicha
fecha, por lo cual, conforme al contenido de la página web de «Cuentas Claras» y
lo afirmado en la misma demanda, Javier Darío Marulanda Gómez reportó los
gastos de su campaña desde julio a octubre de 2023.
20 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 22 de junio de 2023,
radicado 11001-03-28-000-2022-00275-00.
21 «PROPAGANDA ELECTORAL. Entiéndase por propaganda electoral toda forma de publicidad
realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos
políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en
blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.
La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, únicamente
podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la respectiva votación, y la
que se realice empleando el espacio público podrá realizarse dentro de los tres (3) meses
anteriores a la fecha de la respectiva votación.
En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente
registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos
significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o
reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o
generar confusión con otros previamente registrados».
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Demandante: John Jairo Bello Carvajal
Demandado: Javier Darío Marulanda Gómez,
diputado de Risaralda, periodo 2024-2027
Radicado: 66001-23-33-000-2024-00012-02
53. Por otra parte, indicó que la Resolución 5289 de 202222 del CNE, en su
artículo 1° obliga a los grupos significativos de ciudadanos a reportar, ante dicha
entidad, dentro de los cinco (5) días siguientes a la inscripción de su candidato el
consolidado general de ingresos y gastos acumulado hasta la fecha desde el
registro del comité inscriptor.
54. Sin embargo, concluyó que en virtud a que en el presente caso no existió
inscripción de Javier Darío Marulanda Gómez como candidato a la Gobernación
de Risaralda por el grupo significativo de ciudadanos «Sentimiento de Todos» no
se encontraba obligado a reportar los gastos efectuados durante el proceso de
recolección de firmas, razón por la cual, no se configura la infracción a que alude
el demandante.
55. Finalmente, con relación a la publicidad «ilegal» por utilizar emblema estatal
departamental en su campaña, coligió que tanto en el lema de la Gobernación de
Risaralda, como en la etapa de recolección de firmas y en la promoción de la
campaña electoral se usó la frase «Sentimiento de Todos», y aunque podría en
este caso constituir una conducta irregular por ser contraria al libre ejercicio del
derecho al voto, es necesario probar que su uso generó una confusión en los
electores al asociar al mandatario con el ente gubernamental.
56. En consecuencia, dado que en el plenario no se demostró la incidencia
directa o indirecta que pudo tener el uso de la frase «Sentimiento de Todos» en la
decisión del electorado al momento de depositar el voto, la perturbación de los
principios de transparencia y equilibrio de la contienda, la desventaja electoral de
otros candidatos a la gobernación y el grado de afectación de la pureza del
sufragio, determinó que tampoco resultaba procedente dicho cargo.
9. Recurso de apelación
57. El demandante recurrió la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda. Expuso que el demandado el 23 de enero de 2023 «inscribe o
consiente o permite que inscriban» el grupo significativo de ciudadanos y no es
hasta el 28 de julio de la misma anualidad que renuncia a dicho procedimiento; sin
embargo, el 26 de julio de 2023 fue avalado por el Partido de la U para participar
en el mismo proceso electoral, por lo que resulta evidente que, aunque la fecha
del aval sea esa, lo cierto es que tuvo que gestionarlo con anterioridad a dicha
calenda.
58. Lo que, a su juicio, permite concluir que sin renunciar al grupo significativo
de ciudadanos al que hacía parte, gestionó el aval y afiliación al Partido de la U,
demostrándose así la doble militancia.
59. Aunque la Corte Constitucional mediante sentencia C-334 de 2014 haya
declarado inexequible la expresión «al momento de la elección»23 para la
configuración de la doble militancia, eso no significa que cuando se inscriba el
22 Reguló la financiación y el reporte de gastos por parte de los grupos significativos de ciudadanos
conformados para las elecciones de autoridades locales a celebrarse el 29 de octubre de 2023.
23 Aparte declarado inexequible del numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
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candidato tenga que pertenecer simultáneamente a los dos partidos o
movimientos políticos para establecer dicha causal de nulidad. Ejemplo de ello es
que en el caso de las modalidades «“iii. Miembros de una corporación pública” y
“v. Directivos de organizaciones políticas” pueden haber renunciado a su partido
antes de la inscripción (6, 8 o 10 meses antes), pero si no lo hicieron antes de los
12 meses, incurren en doble militancia». (sic)
60. En tal sentido, consideró que la temporalidad implica que, pueden haber
renunciado antes de la inscripción, pero no se requiere la simultaneidad en la
pertenencia a los partidos o movimientos políticos al momento de la inscripción o
que se inscriban dos veces, como lo interpretó el a quo. Por tanto, para aplicar el
margen temporal en esta modalidad de doble militancia debe implicar por lo
menos que ocurra durante el proceso electoral, razón por la que el demandado sí
incurrió en doble militancia.
61. Así pues, conforme a lo manifestado en la sentencia recurrida, la doble
militancia no se configuró puesto que el demandado no suscribió el formulario E-6,
es decir, para el tribunal solo se establecería si se inscribe dos veces, lo cual
resultaría «casi que en un imposible jurídico»; situación que desconoce que para
la inscripción no es necesario que se tenga el certificado que acredite la validez
del número de firmas mínimo de conformidad con lo definido en la sentencia C-
490 de 201124 de la Corte Constitucional, incluso ignora lo establecido la
Resolución 28795 de 202225.
62. Reiteró que el demandado inició el proceso mediante el grupo significativo
de ciudadanos con el fin de evadir la ley electoral, hacer campaña anticipada y
posicionar su nombre y su eslogan.
63. Además, reafirmó lo dicho en la demanda y sus alegatos de conclusión
respecto de que en el periodo de recolección de firmas hizo actos públicos, utilizó
la radio y la televisión para promover su campaña, realizó propuestas de campaña
y no se limitó a la recolección de firmas, sino que se trató de una campaña política
propiamente dicha.
64. A su vez, indicó que de las pruebas aportadas quedó demostrado que,
aunque formalmente existen dos campañas diferentes, refiriéndose al periodo de
recolección de firmas y la coalición conformada en la inscripción de la candidatura
del demandado, en la práctica era solo una, pues se buscó posicionar el nombre
de Javier Darío Marulanda Gómez y el eslogan «Sentimiento de Todos», el cual
24 «97. En esta dirección el inciso cuarto del precepto examinado prevé que para la inscripción de
los candidatos postulados por los grupos significativos de ciudadanos, además del respaldo
popular que deben acreditar mediante la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista, es
preciso seguir un procedimiento consistente en que: (i) la inscripción debe efectuarse por un comité
conformado por tres ciudadanos, el cual debe registrarse ante la autoridad electoral
correspondiente; (ii) este registro debe efectuarse cuando menos con un mes de antelación a la
fecha prevista para el cierre de la inscripción respectiva, y en todo caso, antes del proceso de
recolección de firmas; y (iii) los formularios de recolección de firmas deben contener tanto las fotos
de los integrantes del comité, como las de los candidatos a inscribir».
25 «Por la cual se reglamenta el procedimiento para el registro de los comités inscriptores de
candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos».
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siempre fue la misma imagen, publicidad y colores, lo que le permitió sobrepasar
los límites temporales para hacer propaganda electoral.
65. Así pues, dado que el demandado realizó campaña electoral desde el 23 de
enero de 2023, fecha en la que inició el proceso de recolección de firmas, este
debió reportar, todos los gastos ocasionados durante ese periodo, es decir, desde
enero hasta julio.
66. Por otra parte, adujo que las pruebas obrantes permiten evidenciar cómo
desde las cuentas de las redes sociales, utilizaba todas las actuaciones y
programas sociales de la Gobernación de Risaralda junto con la imagen del
gobernador, para relacionarla con su campaña usando el eslogan «Sentimiento de
Todos».
67. En tal sentido, aunque la norma no establezca tal irregularidad como causal
de nulidad propiamente dicha, lo cierto es que la mera confrontación y
demostración de la violación de una ley en que debía fundarse la elección, genera
la infracción endilgada, pues se trata de un motivo de anulación de carácter
subjetivo tal y como lo dispuso el Consejo de Estado en sentencia de 16 de mayo
de 201926.
68. Por tanto, consideró que no es razonable pretender que la violación de las
normas que consagran el procedimiento para la elección popular, que además son
leyes estatutarias, no generen la nulidad de la elección sino un trámite
administrativo ante el CNE y una posible multa, ante la clara vulneración de los
principios democráticos.
10. Trámite en segunda instancia
69. El 25 de julio del 202427, se admitió la apelación y se ordenaron los
traslados de ley.
11. Alegatos de conclusión en segunda instancia
70. El demandado28 concluyó que debe confirmarse la decisión y se remitió a
los argumentos expuestos en el curso del proceso.
71. Las demás partes guardaron silencio.
12. Concepto del Ministerio Público
72. La procuradora delegada, luego de hacer un recuento normativo y
jurisprudencial de la causal de nulidad por doble militancia29 concluyó que se debe
confirmar la decisión de primera instancia, pues para establecerse su
configuración en la modalidad de los ciudadanos, deberá probarse la pertenencia
26 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 16 de mayo
de 2019, radicado 11001-03-28-000-2018-00084-00.
27 Índice 6 Samai.
28 Índice 11 Samai.
29 Solo se refirió a este cargo de nulidad, sin hacer manifestación alguna respecto de los demás.
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simultánea a dos agrupaciones políticas al momento de la inscripción de la
respectiva candidatura, sin que del material probatorio allegado se hubiera
establecido pertenencia a una organización política diferente a la que avaló al
demandado.
73. Por tanto, para acreditar la militancia en el grupo significativo de ciudadanos
debía contar, además del certificado de aprobación de firmas suscrito por la
RNEC, con la suscripción del formulario E-6 con lo que se materializaría su
candidatura, circunstancia que tampoco ocurrió, pues el comité promotor desistió
del procedimiento de recolección de firmas antes de que se inscribiera como
candidato por el Partido de la U.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
74. De conformidad con los artículos 150, 152 numeral 7.a30, así como también
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta corporación es competente para conocer en segunda instancia, dado que se
trata de la apelación interpuesta contra la providencia del Tribunal Administrativo
de Risaralda, y es la Sección Quinta, en este caso, quien debe resolver el asunto,
porque se demandó el acto de elección de Javier Darío Marulanda Gómez como
diputado del departamento de Risaralda, periodo 2024-2027 (art. 13 del
Reglamento).
2. Problema jurídico
75. A partir de los fundamentos de la apelación expuestos, se deberá
determinar si se revoca, modifica o confirma la sentencia del Tribunal
Administrativo de Risaralda, que negó las pretensiones de la demanda formulada
contra la elección de Javier Darío Marulanda Gómez, como diputado del
departamento de Risaralda, periodo 2024-2027.
76. Para solucionar la anterior cuestión, la Sala verificará si el demandado
perteneció simultáneamente al grupo significativo de ciudadanos y al Partido de la
U que avaló su candidatura y si tal circunstancia acarrea la incursión en la causal
de nulidad por doble militancia.
77. Adicionalmente, se deberá determinar si la vulneración de los límites
temporales de la propaganda electoral fijados en el artículo 35 de la Ley 1475 de
2011, con ocasión del proceso de recolección de firmas iniciado el 23 de enero de
30Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) 7.a. De la nulidad
del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las
asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos,
de los miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de
miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la
nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y
jueces de reconsideración (…)». (Subrayado fuera del texto original)
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2023 por el grupo significativo de ciudadanos es constitutivo de nulidad electoral y
de ser afirmativa la respuesta si ello se concretó, pues a juicio del demandante
corresponde a un acto de campaña electoral y no se circunscribió únicamente a la
promoción de este mecanismo de participación democrática, como lo permite la
norma y si esto conlleva la nulidad de su elección.
78. Además, es necesario definir si el uso del eslogan «Sentimiento de todos»
de la gobernación de Risaralda 2020-2023 utilizado en el proceso de recolección
de firmas y en la coalición que inscribió la candidatura del demandado, conllevó
una vulneración de los artículos 5 de la Ley 130 de 1994 y 35 de la Ley 1475 de
2011, que ocasione la nulidad de la elección.
79. Con el propósito de dar solución a los cuestionamientos antes planteados,
la Sala abordará los siguientes tópicos: i) la doble militancia por pertenecer
simultáneamente a dos agrupaciones políticas; ii) límite temporal, propaganda
electoral e informe de ingresos y gastos en las campañas políticas; iii) regulación
del nombre y símbolos de los partidos y movimientos políticos; iv) de los grupos
significativos de ciudadanos y, v) caso concreto.
3. De la doble militancia por pertenecer simultáneamente a dos agrupaciones
políticas
80. La prohibición de doble militancia fue establecida al interior del
ordenamiento jurídico, con el fin de imprimir seriedad y fortalecer las instituciones
de las agrupaciones políticas, para evitar que sus militantes desplegaran
conductas contrarias a los principios y lineamientos propios de cada uno de
ellos.31
81. En tal sentido, en el artículo 107 de la Constitución Política de 1991, se
dispuso:
Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar
partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político con personería jurídica.
Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democráticamente y tendrán
como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de
género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.
Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos propios o por
coalición, podrán celebrar consultas populares o internas o interpartidistas que
coincidan o no con las elecciones a Corporaciones Públicas, de acuerdo con lo
previsto en sus Estatutos y en la ley.
En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre financiación y
publicidad de campañas y acceso a los medios de comunicación del Estado, que
rigen para las elecciones ordinarias. Quien participe en las consultas de un partido o
31 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 23 de junio de 2022, Rad. 70001-23-33-000-
2020-00004-03, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio.
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movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el
mismo proceso electoral. El resultado de las consultas será obligatorio […].
82. Posteriormente, con la Ley 1475 de 201132, se fijaron presupuestos
taxativos para poder estructurar dicha prohibición, para lo cual, en su artículo 2° se
contempló:
Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia
o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción
que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de
identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse
conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un
partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por
un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce
(12) meses antes del primer día de inscripciones.
Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en
cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos
o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de
estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la
nueva designación o ser inscritos cómo candidatos.
El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada
de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la
revocatoria de la inscripción.
Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los
miembros de los partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de
sus miembros o pierdan la personería jurídica por causas distintas a las sanciones
previstas en esta ley, casos en los cuales podrán inscribirse en uno distinto con
personería jurídica sin incurrir en doble militancia.
83. Ahora bien, en relación con la prohibición de doble militancia, esta Sala de
lo Electoral reiteró lo sostenido por la jurisprudencia, en sentencia del 10 de marzo
de 202233, e indicó que existen 5 modalidades en las que esta se puede
configurar, de las cuales se destaca la que se propone en este asunto:
[L]a doble militancia, hablando específicamente de la pertenencia simultánea a dos
partidos o movimientos políticos, como causal de nulidad de un acto electoral
surgido como consecuencia del voto popular, SE MATERIALIZA AL MOMENTO DE
LA INSCRIPCIÓN DE LA CANDIDATURA”, ASPECTO RESPECTO DEL CUAL
ESTA SECCIÓN CLARAMENTE, señaló:
«Para que en el sub examine se configure esta modalidad de doble militancia como
causal de nulidad electoral, es necesario que al momento de la inscripción de su
candidatura el demandado tuviera la condición de militante del partido Cambio
32 «Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos
políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones»
33 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 10 de marzo de 2022, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil radicado No. 76001-23-33-000-2019-01141-01.
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Radical y al mismo tiempo de militante del partido de la U»34. (Negrita no
original del texto)35.
Recientemente, la Sala Electoral reiteró que los elementos de la modalidad de doble
militancia en la modalidad de los ciudadanos, son: i) un sujeto activo: los
ciudadanos; ii) una conducta prohibitiva consistente en pertenecer a más de una
organización política y, iii) un elemento temporal, según el cual la pertenencia a
más de una agrupación debe ser simultánea, concurrente o concomitante36.
Asimismo, ha sostenido frente {sic} que «tanto el marco normativo como el
jurisprudencial ya mencionados, expone una prohibición expresa de pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político. Sin embargo, no existe
un deber temporal – como si ocurre con los directivos – que le imponga al
ciudadano retirarse con un tiempo determinado – 12 meses – si decide inscribirse a
otra colectividad para así no estar inmerso en doble militancia». (Negrilla y subraya
del texto original)». Mayúscula sostenida de la Sala.
4. límite temporal, propaganda electoral e informe de ingresos y gastos en
las campañas políticas
84. La Ley 1475 de 2011 ha definido la campaña electoral como «el conjunto de
actividades realizadas con el propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un
determinado sentido o a abstenerse de hacerlo»37, para lo cual la propaganda
electoral se constituye como «una de las actividades principales de la campaña y
cumple la función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos
a consideración de los ciudadanos o una determinada forma de participación»38.
85. Al respecto, esta Sección precisó frente al concepto de campaña electoral:
i) es una actividad que se materializa en el período prelectoral, ii) su finalidad es
convocar a los ciudadanos a votar, iii) promueve masivamente los proyectos
electorales o una forma de participación, iv) la conforman varias actividades, entre
ellas la propaganda, la recaudación de contribuciones y los gastos y, v) puede
hacerse por las colectividades políticas y los candidatos dentro de los lapsos
legalmente establecidos.39
86. Sin embargo, el legislador limitó el ejercicio de estas actividades a un
periodo definido, el cual de conformidad con la Ley 1475 de 2011, comprende:
La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público,
únicamente podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de
la respectiva votación, y la que se realice empleando el espacio público podrá
realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la respectiva
votación.40
34 Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 13 de enero de 2017, Exp. 2016-00005-00,
MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
35 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de noviembre de 2017, expediente:
200012339000201600591-02, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
36 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 8 de septiembre de 2016, expediente: 63001-
23-3-000-2015-00361-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro y de 6 de mayo de 2021, expediente: 08001-
23-33-000-2019-00820-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
37 Artículo 34.
38 Ibidem.
39 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 13 de mayo de 2021, Rad. 11001-03-28-000-
2020-00034-00, MP. Rocío Araújo Oñate; concepto reiterado en sentencia de 22 de junio de 2023,
radicado 11001-03-28-000-2022-00275-00.
40 Artículo 35.
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87. Existe un período específico durante el cual a los candidatos se les permite
llevar a cabo actos propios de la campaña electoral, lapso que tiene como objetivo
mantener la igualdad entre las distintas fuerzas políticas y proteger el derecho al
sufragio, lo cual se logra mediante la implementación de normas que previenen
que el elector sea sometido a presiones que puedan restringir su libertad y
autonomía.
88. Así pues, el legislador con estas medidas buscó alcanzar niveles más altos
de democracia participativa real, promoviendo la transparencia y legitimidad del
proceso administrativo que culmina con la declaración del acto de elección.
89. En tal sentido, con la intensión de brindar claridad respecto del proceso
electoral desplegado por los partidos políticos, movimientos y grupos significativos
de ciudadanos, se impuso la obligación de rendir informes de ingresos y gastos de
la campaña política ante el CNE, tal y como lo prevé el artículo 1841 de la Ley 130
de 1994; por lo cual, la vulneración a esta limitante en el ejercicio de actividades
proselitistas por fuera del lapso legal y la carencia en el reporte de ingresos y
gastos de campaña, deben ser objeto de análisis por parte de la autoridad
electoral competente.
90. En tal sentido, esta Sala42 ha considerado que:
(…) [L]a norma que se aduce desconocida, no establece en su redacción un
mandato prohibitivo que afecte alguno de los actos preparatorios (inscripción) del
proceso electoral, por el contrario de las normas que rigen la materia, se establece
que corresponde al Consejo Nacional Electoral investigar y sancionar aquellas
conductas contrarias a las disposiciones electorales, al respecto se tiene:
«ARTÍCULO 39. FUNCIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. El
Consejo Nacional Electoral tendrá las siguientes funciones, además de las que le
confiere la Constitución, el Código Electoral y la legislación vigente. a) Adelantar
investigaciones administrativas para verificar el estricto cumplimiento de las
normas contenidas en la presente ley y sancionar a los partidos,
movimientos y candidatos con multas cuyo valor no será inferior a dos
millones de pesos ($2.000.000), ni superar a veinte millones de pesos
($20.000.000), según la gravedad de la falta cometida (…)»
«ARTÍCULO 40. —Reajustes. Los valores señalados en pesos en la presente ley
se reajustarán anualmente de acuerdo con el aumento del índice de precios al
consumidor certificado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE».
41 «INFORMES PÚBLICOS: Los partidos, movimientos y las organizaciones adscritas a los grupos
o movimientos sociales a los que alude esta ley y las personas jurídicas que los apoyen deberán
presentar ante el Consejo Nacional Electoral informes públicos sobre:
a) Los ingresos y egresos anuales del partido o del movimiento antes del 31 de enero de cada año;
b) La destinación y ejecución de los dineros públicos que les fueron asignados; y
c) Los ingresos obtenidos y los gastos realizados durante las campañas. Este balance deberá ser
presentado a más tardar un (1) mes después del correspondiente debate electoral.
PARÁGRAFO. Todos estos informes serán publicados en un diario de amplia circulación nacional,
después de haber sido revisados por el Consejo Nacional Electoral».
42 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 13 de mayo de 2021,
radicado 11001-03-28-000-2020-00034-00.
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108. Una muestra de ello, es la consecuencia prevista en los artículos 109 de la
Constitución Política43 y 26 de la Ley 1475 de 201144, que establecieron las
sanciones de pérdida de investidura para los miembros de las corporaciones
públicas y de pérdida del cargo para quienes ocupen las dignidades de alcalde o
gobernador, por la violación de los topes máximos fijados para la financiación de las
campañas de partidos y movimientos políticos.
109. Nótese como en el caso del desconocimiento de los límites de financiación por
parte de los mandatarios de elección popular, las normas electorales previeron una
consecuencia a su actuar, la cual es la sanción de desinvestidura por incurrir en
conductas incompatibles con la dignidad que detentan.
110. En este caso, las citadas disposiciones, contienen unas limitantes para los
candidatos en el ejercicio de actos de campaña o para desarrollar prácticas
proselitistas en un determinado lapso, omisión sancionable por el Consejo Nacional
Electoral en la forma prevista en la Ley 130 de 1994 en sus artículos 39 y 40.
111. Teniendo en cuenta que el desconocimiento del artículo 34 de la Ley 1475 de
2011 no se erige como causal de nulidad, la Sala se releva del estudio de este
reproche contra el acto de elección del señor Juan Guillermo Zuluaga Cardona.
5. Los nombres y símbolos de los partidos políticos en Colombia y su
relación con los símbolos patrios
91. De conformidad con lo estipulado en el artículo 5 de la Ley 130 de 1994, los
partidos y movimientos políticos en Colombia tienen la titularidad exclusiva sobre
su nombre y símbolo, siempre que estos estén debidamente registrados ante el
Consejo Nacional Electoral, protección jurídica se traduce en una prohibición
expresa para que cualquier organización política, ya sea reconocida o no, haga
uso de dichos nombres o símbolos, con el fin de evitar confusiones o
apropiaciones indebidas.
92. Específicamente, esta norma también establece que los nombres y
símbolos de los partidos o movimientos políticos no deben asemejarse, ni gráfica
ni fonéticamente, a los patrios o a emblemas estatales, por lo que esta disposición
subraya la importancia de preservar la integridad y el respeto hacia estos, los
cuales representan la soberanía y unidad nacional.
93. Además, el inciso tercero del artículo 35 de la Ley 1475 de 2011 refuerza
esta protección al regular la propaganda electoral, para lo cual, el legislador
dispuso que solo se podrán utilizar aquellos símbolos, emblemas o logotipos que
hayan sido previamente registrados ante el Consejo Nacional Electoral.
94. Esta disposición contiene la prohibición del uso de símbolos patrios,
emblemas de otros partidos o movimientos políticos, o cualquier símbolo que
pueda generar confusión con los previamente registrados, lo cual es esencial para
garantizar un proceso electoral transparente y libre de engaños.
43 “[…] la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente
comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo […]”.
44 “[…] [l]a violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se sancionará
con la pérdida del cargo, así: […] 1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se
seguirá el procedimiento de pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley […]”.
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95. En tal sentido, la ley colombiana al proteger de manera exclusiva los
nombres y símbolos de los partidos y movimientos políticos, busca salvaguardar
tanto la identidad de estas organizaciones como la transparencia en el proceso
electoral, por lo cual, la finalidad de estas disposiciones es evitar que un partido o
movimiento político pueda aprovecharse de la resonancia emocional y el sentido
de pertenencia que los símbolos patrios generan en los ciudadanos.
96. Así pues, al prohibirse el uso de estos símbolos en contextos políticos, se
previene que una organización política pueda manipular la percepción del
electorado, asociando su causa con los valores nacionales que son comunes a
todos los ciudadanos.
97. Al respecto, la Corte Constitucional, en la Sentencia C-490 de 2011,
refuerza este enfoque al destacar que la protección de los símbolos patrios tiene
como objetivo preservar su función como emblemas de unidad nacional, evitando
que sean utilizados para fines particulares que puedan distorsionar su significado.
98. Desde ese punto de vista, la Corte subraya que la utilización de estos
símbolos en favor de una opción política podría generar confusión en el
electorado, afectando la imparcialidad que debe caracterizar los procesos
democráticos.
99. Sin embargo, esta Sección ha considerado que este tipo de reproches no
tienen la virtualidad suficiente para desencadenar la nulidad de la elección, pues
«corresponden a asuntos que podrían tener consecuencias desde el ámbito
sancionatorio»45.
100. Al respecto, en dicha providencia se indicó que:
Así pues, comoquiera que la irregularidad alegada recae en estricto sentido en el
acto por el cual se registró la simbología del GSC Fuerza Ciudadana - La Fuerza del
Cambio Magdalena para identificarse como grupo político, efectuado mediante la
Resolución 179 del 13 de enero de 2022, es claro que los reparos de cualquier
índole que se tuvieran en contra de dicho acto debieron ser esgrimidos en sede
administrativa ante el Consejo Nacional Electoral, organismo que expidió la
decisión, y, en caso de que se pretendiera cuestionar su validez, lo procedente era
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que se surtiera el
correspondiente debate de legalidad.
Lo anterior significa que el medio de control de nulidad electoral ejercido no es el
mecanismo idóneo para establecer si hubo infracción de la normatividad en la que
debía fundarse el acto administrativo que otorgó el registro del logo-símbolo de
Fuerza Ciudadana - La Fuerza del Cambio Magdalena, por el hecho de tener
similitudes notorias con la publicidad institucionalizada de la Gobernación del
Magdalena para el periodo 2020-2023. (Subrayado fuera del texto original)
101. Dicho esto, debe advertirse que el CNE tiene la responsabilidad primordial
de asegurar el cumplimiento de las normas relativas a los partidos y movimientos
políticos, así como de las disposiciones sobre publicidad electoral; función que se
enmarca en la obligación de velar por el desarrollo de los procesos electorales en
45Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 20 de
octubre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00050-00.
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condiciones de plenas garantías, tal como lo establece el numeral 6 del artículo
265 de la Constitución Política.
102. Esta disposición constitucional subraya la importancia de un órgano
independiente y robusto que supervise los procesos electorales, garantizando que
estos se desarrollen de manera justa y equitativa.
103. En consonancia con este mandato constitucional, el artículo 39 de la Ley
130 de 1994 otorga al CNE la facultad de adelantar investigaciones
administrativas con el propósito de verificar el estricto cumplimiento de las
disposiciones legales por parte de los partidos, movimientos políticos y candidatos;
disposición que no solo habilita al CNE para investigar posibles infracciones, sino
que también le confiere la potestad de imponer sanciones de multa cuando se
constate el incumplimiento de la normativa electoral.
6. De los grupos significativos de ciudadanos
104. De conformidad con el contenido de la Constitución Política de 1991, en el
ordenamiento jurídico colombiano se encuentra estatuido el derecho a elegir y a
ser elegido, por lo cual, se aceptó la pluralidad de manifestaciones de políticas,
como los grupos significativos de ciudadanos.
105. A su vez, la Corte Constitucional ha concluido que «la idea de incluir los
grupos sociales significativos refleja esta intención de proteger el derecho a la
participación política, incluso en aquellos niveles en los cuales su manifestación
carece de una clara organización que le asegure su institucionalidad y
permanencia»46.
106. Al respecto, esta Sala de lo Electoral ha definido que:
[L]a diferencia que existe entre partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos se encuentra en los fines fundantes de los mismos, en
cuanto son completamente diferentes entre sí47. En el caso de los partidos políticos
estos buscan acceder al poder, a los cargos de elección popular e influir en las
decisiones políticas y democráticas de la Nación, mientras que los movimientos
políticos buscan influir en la formación de la voluntad política o participar en las
elecciones; por su parte los grupos significativos de ciudadanos recogen una
manifestación política coyuntural.48
107. De modo que, los grupos significativos de ciudadanos se entienden como
manifestaciones políticas coyunturales que carecen tanto de vocación de
permanencia como de un nivel de organización tal, que les permita asegurar algún
nivel de institucionalidad. De todas formas, estos grupos recogen una voluntad
popular cualitativamente importante, cuya finalidad puede ser la de obtener
resultados concretos sociales y/o económicos o simplemente participar en un
46 Corte Constitucional sentencia C-490 de 2011.
47 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, Providencia del 29 de septiembre
de 2016, radicado 05001-23-33-000-2015-02495-01.
48 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, providencia de 13 de junio
de 2024, radicado 47001-23-33-000-2023-00288-02.
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proceso electoral determinado49. En este sentido, es dable afirmar que la principal
diferencia entre los grupos significativos de ciudadanos y las organizaciones
políticas con estructuras definidas, como lo son los partidos y los movimientos
políticos, es su vocación estructural de permanencia.
108. En relación con los requisitos necesarios para oficializar candidaturas
mediante grupos significativos de ciudadanos esta Sala de decisión en reciente
pronunciamiento50 indicó:
[L]a designación y postulación oficial de candidatos por parte de un grupo
significativo de ciudadanos o movimiento político, requiere básicamente, entre otros:
i) el registro por parte del comité inscriptor correspondiente de sus candidatos y
listas, y ii) de la validación de las firmas logradas por parte de la organización
electoral. Con todo, debe tenerse en cuenta que la mera recolección de aquellas sin
la validación correspondiente por parte del funcionario electoral competente no
constituye factor que oficialice la inscripción de la candidatura, únicamente esta
surtirá efecto jurídico a la posterior validación de los apoyos. (Subrayado fuera del
texto original)
109. A su vez la Corte Constitucional en sentencia SU-213 de 2022 concluyó:
[C]onviene mencionar que, al tenor de lo establecido en el artículo 32 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, la autoridad electoral ante la cual se hace la inscripción
deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales indicados anteriormente.
En caso de encontrar que los cumple, aceptará la inscripción suscribiendo el
formulario respectivo. De lo contrario, se abstendrá de firmarlo. Para el caso de la
inscripción de candidaturas por movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos, la inscripción estará sujeta a la verificación de las firmas requeridas
para ello. Cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante
consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la
consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe, la
autoridad electoral rechazará la inscripción mediante acto motivado. (Subrayado
fuera del texto original)
110. Así pues, la inscripción de los candidatos requerirá el registro por parte del
comité inscriptor, la validación de firmas por parte de la autoridad electoral
correspondiente y por último inscripción formal del candidato para la
materialización de la candidatura y poder participar como miembro de un grupo
significativo de ciudadanos, requisitos sin los cuales no se podrá entender la
participación mediante este mecanismo de agrupación política.
7. Caso concreto
7.1. Doble militancia
111. Ahora bien, para el recurrente, respecto de la causal de nulidad por doble
militancia, se encuentra configurada en el entendido que el demandado perteneció
simultáneamente a un grupo significativo de ciudadanos y al Partido de la U quien
49 Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, providencia del 15 de julio
de 2021, radicado 11001-03-28-000-2019-00098-00.
50 Concejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, auto de 13 de junio de 2024,
radicado 47001-23-33-000-2023-00288-02.
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lo inscribió en coalición para participar como candidato a la gobernación del
departamento de Risaralda.
112. Lo anterior, debido a que el grupo de significativo de ciudadanos se registró
e inició el proceso de recolección de firmas y apoyos ciudadanos el 23 de enero
de 2023 y, posteriormente, el demandado fue avalado por el Partido de la U el 26
de julio de la misma anualidad; sin embargo, no fue sino hasta el 28 de julio
siguiente que renunció al procedimiento de recolección de firmas.
113. En tal sentido, el actor considera que sí hubo simultaneidad en la militancia
en el grupo significativo de ciudadanos y al partido de la U en la coalición que lo
inscribió para participar en las justas electorales.
114. Al respecto, en el plenario reposan las siguientes pruebas relevantes:
• Acta 00002 de 23 de enero de 2023 mediante la cual se registró el comité
inscriptor de candidaturas por grupos significativos de ciudadanos o
movimientos sociales para las elecciones territoriales del 29 de octubre de
2023.
• Acta de 28 de junio de 2023 mediante la cual se recibieron los formularios
de recolección de apoyos ciudadanos que respaldaron la inscripción de la
candidatura por el grupo significativo de ciudadanos «Sentimiento de
Todos».
• Solicitud de desistimiento del procedimiento de recolección de firmas
suscrito del 28 de julio de 2023.
• Aval otorgado el 26 de julio de 2023 por el Partido de la U a Javier Darío
Marulanda Gómez para participar en las elecciones a la gobernación de
Risaralda 2024-2027.
• Formulario E-6 de inscripción de la candidatura del demandado a las
elecciones a la Gobernación de Risaralda 2024-2027, mediante coalición
conformada por el Partido de la U y la agrupación política En Marcha.
115. De las pruebas descritas se tiene que el demandado participó en la
contienda electoral a través de la coalición «Sentimiento de Todos» de
conformidad con el formulario E-6 del 28 de julio de 2023 y que este a su vez fue
avalado por el Partido de la U.
116. Así pues, valga la pena precisar que de conformidad con las
consideraciones expuestas en el capítulo 3 de la parte considerativa de la
presente providencia, la jurisprudencia de la Sección ha sido enfática en definir
que la militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, específicamente
respecto de la causal de doble militancia por simultaneidad, se materializa, para la
nulidad electoral, mediante la inscripción realizada a la contienda electoral, la cual,
como ya se evidenció fue mediante la coalición avalada por el Partido de la U.
117. En tal sentido, dado que para la fecha en la que se inscribió el demandado
no existe prueba que acredite la pertenencia a otra agrupación política diferente al
Partido de la U que avaló su candidatura, no es posible establecer la doble
militancia alegada.
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118. Sin embargo, en necesario advertir que la solicitud de desistimiento del
procedimiento de recolección de firmas del grupo significativo de ciudadanos, ante
la RNEC, se realizó el 28 de julio de 2023 a las 3:37 pm tal y como se evidencia
del correo electrónico mediante el cual se remitió, obrante en el plenario; y a su
vez, la inscripción del demandado como candidato del Partido de la U, fue el
mismo día a las 4:30 pm de conformidad con el formulario E-6 que reposa en el
expediente.
119. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia reiterada a lo largo
de esta providencia y como se deduce de las pruebas y la línea temporal de los
hechos, para el 28 de julio de 2023, los promotores del grupo significativo de
ciudadanos ya habían desistido del este mecanismo de participación al momento
en que Javier Darío Marulanda Gómez se inscribió como candidato a la
Gobernación de Risaralda, por lo que no puede predicarse la simultaneidad
alegada.
120. Ahora bien, para resolver todos los argumentos expuestos por el
demandante, es necesario definir si el proceso de recolección de firmas iniciado el
23 de enero de 2023 mediante el grupo significativo de ciudadanos es suficiente
para establecer su pertenencia a él.
121. No obstante, como se expuso con precisión en las consideraciones y
antecedentes citados51, para el nacimiento a la vida jurídica del grupo significativo
de ciudadanos y la postulación de candidatos, se requiere: i) el registro por parte
del comité inscriptor correspondiente de sus candidatos y listas, ii) de la validación
de las firmas logradas por parte de la organización electoral y, iii) la suscripción del
formulario respectivo. Requisitos sin los cuales, no puede nacer a la vida jurídica.
122. Empero, aunque la RNEC emitió el informe de verificación de las firmas el 4
de agosto de 2023, debe advertirse que fue posterior al desistimiento radicado el
28 de julio de la misma anualidad por los miembros del comité del grupo
significativo de ciudadanos, ante dicha entidad.
123. Así pues, tal y como se expuso en la parte considerativa de la presente
providencia, y la jurisprudencia de esta Sección52, para materializar la pertenencia
a un movimiento político, en materia de nulidad electoral, específicamente
respecto de la causal de doble militancia por simultaneidad, debe hacerse
mediante la inscripción de la candidatura, y a su vez, con relación a los grupos
significativos de ciudadanos deben cumplir, además, con el registro del comité
inscriptor y la validación de las firmas por parte de la RNEC.
124. En tal sentido, para la actual controversia, no fue posible acreditar la doble
militancia como causal de nulidad, pues esta solo se configura al pertenecer a dos
movimientos políticos al momento de la inscripción del candidato, circunstancia
que no fue acreditada en el proceso hoy debatido.
51 Concejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, auto de 13 de junio de 2024,
radicado 47001-23-33-000-2023-00288-02, y la sentencia SU-213 de 2022 de la Corte
Constitucional.
52 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 10 de marzo de 2022, M.P. Pedro Pablo
Vanegas Gil radicado No. 76001-23-33-000-2019-01141-01.
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125. Sumado a lo anterior, aunque el demandante afirma que Javier Darío
Marulanda Gómez hubiera tramitado el aval del Partido de la U, previo al
desistimiento del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos, tal
afirmación tampoco fue probada en el proceso; no obstante, se reitera que el
nacimiento a la vida jurídica de estos últimos solo se presenta al satisfacer la
totalidad de los requisitos fijados por la jurisprudencia53, los cuales, no fueron
acreditados.
126. Por otra parte, el demandante considera que no es necesario al momento
de la inscripción pertenecer simultáneamente a dos partidos o movimientos
políticos para configurar la doble militancia, como ocurre en el caso de los
«miembros de las corporaciones públicas» y los «directivos de organizaciones
políticas» a los cuales se les exige renunciar con doce meses de antelación para
postularse por otra organización, sino que el margen temporal debe contemplar
además el curso del proceso electoral.
127. Sin embargo, no solo tales argumentos, no fueron objeto de la fijación del
litigio para la presente controversia, sino que además, como lo ha dicho de
manera pacífica y constante la jurisprudencia de esta Sección54, no se trata de dos
inscripciones, sino de una doble vinculación, circunstancia que tampoco se
encuentra acreditada en el proceso, sin que asimismo puede exigírsele un
ingrediente temporal no contemplado en la norma respecto de esta prohibición.
128. Al respecto, debe aclararse que las causales de nulidad por doble militancia
de «miembros de las corporaciones públicas» y los «directivos de organizaciones
políticas» comprenden finalidades diferentes a la aquí estudiada, pues buscan
limitar la participación en las elecciones por un partido diferente al que se
pertenece, mientras que la presente controversia radica en la pertenencia
simultánea a dos agrupaciones políticas al momento de la inscripción de la
candidatura.
129. En tal sentido, aunque en el presente caso el aval otorgada por el Partido
de la U fue el 26 de julio de 2023 y el desistimiento del grupo significativo de
ciudadanos ocurrió el 28 del mismo mes y año, la participación del demandado por
dicha iniciativa ciudadana no se materializó, pues no cumplió con las exigencias
previstas por la jurisprudencia y descritas en los párrafos precedentes, tampoco
puede establecerse la causal de nulidad por doble militancia con base en tal
planteamiento, pues nunca existió simultaneidad a las agrupaciones políticas y los
promotores del dicho grupo desistieron del proceso ante la RNEC, razones por las
cuales se despachará negativamente dicho cargo.
53 Concejo de Estado, Sección Quinta, MP. Luis Alberto Álvarez Parra, auto de 13 de junio de 2024,
radicado 47001-23-33-000-2023-00288-02, y la sentencia SU-213 de 2022 de la Corte
Constitucional: i) el registro por parte del comité inscriptor correspondiente de sus candidatos y
listas, ii) de la validación de las firmas logradas por parte de la organización electoral y, iii) la
suscripción del formulario respectivo.
54 Ver entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia de 3 de noviembre de 2017, radicado 20001-23-39-000-2016-00591-02, MP.
Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia del 13 de enero de 2017, radicado 11001-03-28-000-
2016-00005-00, MP. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia del 10 de marzo de 2022,
radicado 76001-23-33-000-2019-01141-01, MP. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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7.2. Infracción de las normas en que debía fundarse
130. Es necesario advertir que como en la presente controversia se planteó, por
parte del apelante, reproche respecto del desconocimiento del límite temporal en
el ejercicio de la campaña política y la carencia en el reporte de todos los gastos
ocasionados durante el periodo comprendido entre enero y julio, es dable concluir
que, con base en el precedente citado55 en la parte considerativa de esta
providencia, esta Sala de lo Electoral no cuenta con competencia para resolverlo,
pues en el presente medio de control se analiza la legalidad del acto de elección
del demandado y la vulneración alegada corresponderá tramitarse en sede
administrativa por el CNE, quien es el encargado de definir si hubo o no infracción
de las normas en que debía fundarse e imponer las sanciones que legalmente
correspondan, al partido o movimiento político respectivo.
131. De igual manera, como se anticipó en la parte considerativa de la presente
providencia, sucede con el planteamiento respecto del uso del eslogan en la
campaña del demandado, que a juicio del actor es igual al usado en la
gobernación de Risaralda, 2020-2023, pues este reproche se enmarca en las
prohibiciones contenidas en la Ley 130 de 1994, razón por la que, será el CNE la
entidad encargada de adelantar las investigaciones administrativas
correspondientes, para verificar el cumplimiento de las normas allí descritas.
132. En consecuencia, la Sala no hará manifestación de fondo respecto del
desconocimiento del límite temporal, los gastos no reportados en el ejercicio de la
campaña política desplegada por el demandado y el uso del eslogan de esta.
133. Sin embargo, tal como lo ha precisado esta Sala en otras ocasiones56,
aunque el uso de símbolos patrios o de otros partidos políticos podrían constituir
«conductas irregulares por ser contrarias al libre ejercicio del derecho al voto, en la
medida en que pueden generar confusión en los electores» al asociar la campaña
con otra colectividad a la que pertenezca el demandado, para acreditar la causal
de nulidad se deberá aportar medios de prueba suficientes para «determinar la
incidencia directa o indirecta que pudo tener el uso de la publicidad en la decisión
del elector al momento de depositar el voto».
134. Sumado a lo anterior, debe advertirse que tanto el uso del eslogan como los
símbolos de la campaña electoral, deben ser reconocidos y aprobados
formalmente mediante un acto administrativo por el CNE, previo al desarrollo de la
campaña electoral, sin embargo, de las pruebas aportadas al proceso no se pudo
evidenciar que tal reconocimiento hubiese sido objeto de reproche ante la
autoridad competente.
55 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 13 de mayo de 2021,
radicado 11001-03-28-000-2020-00034-00.
56 Consejo de Estado, Sección Quinta, MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, sentencia de 20 de
octubre de 2022, radicado 11001-03-28-000-2022-00050-00.
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Demandante: John Jairo Bello Carvajal
Demandado: Javier Darío Marulanda Gómez,
diputado de Risaralda, periodo 2024-2027
Radicado: 66001-23-33-000-2024-00012-02
135. Valga la pena precisar que, analizar el desconocimiento de dicha norma
bajo el entendido de la causal contenida en el artículo 137 del CPACA, de
conformidad con lo expuesto por el recurrente por infracción de norma superior, no
es suficiente para declarar la nulidad.
136. Contrario a esto, la norma solo previó la posibilidad, mediante una
actuación administrativa dirigida por el CNE conforme lo establecen los artículos
39 y 40 de la Ley 130 de 1994, de sancionar a la agrupación política que incumplió
dicho mandato, sin embargo, tal desconocimiento no puede erigirse como una
causal de nulidad, pues será la autoridad electoral la encargada de estudiar tal
situación.57
137. De igual forma, es necesario recordar que el presente medio de control
evalúa la legalidad del acto de elección del demandado, sin que pueda
pretenderse nulidad alguna de un acto previo a la inscripción, como lo son el
registro de los logo-símbolos de campaña o el eslogan utilizado, por lo cual, si
para el demandante existió irregularidad frente a dicho acto, deberá demandarlo
mediante el medio de control correspondiente.
138. En consecuencia, la eventual desatención de las normas que regulan la
propaganda electoral, tal y como se previó en la parte considerativa de la presente
providencia, es una conducta que deberá ser investigada por el CNE como
organismo electoral facultado para tal fin y de ser procedente imponer las
consecuencias legales a que haya lugar.
8. Conclusión
139. De conformidad con las consideraciones expuestas y dado que, en este
preciso asunto no se encuentran acreditados los cargos de nulidad propuestos por
doble militancia e infracción de las normas en que debía fundarse por uso indebido
del eslogan de campaña, es lo procedente confirmar la sentencia del Tribunal
Administrativo de Risaralda, por las razones que se manifestaron en la presente
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley
III. RESUELVE:
PRIMERO: Confirmar la sentencia de 27 de junio del 2024 del Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante la cual negó las pretensiones de nulidad en
contra de la elección de Javier Darío Marulanda Gómez como diputado de
57 Al respecto, esta Sala de lo Electoral se pronunció en similares términos, en la sentencia de 13
de mayo de 2021, MP. Rocío Araújo Oñate, radicado 11001-03-25-000-2020-00034-00.
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Demandante: John Jairo Bello Carvajal
Demandado: Javier Darío Marulanda Gómez,
diputado de Risaralda, periodo 2024-2027
Radicado: 66001-23-33-000-2024-00012-02
Risaralda, periodo 2024-2027, por las razones expuestas en la presente
providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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