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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2019-00098-00

Nulidad electoral: contra acto de elección de gobernador

Fecha
15 de julio de 2021
Consejero ponente
Luis Alberto Alvarez Parra
Citada por
21 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-28-000-2019-00098-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR LAS PRETENSIONES de las demandas de nulidad interpuestas en contra del acto de elección del señor Luis Carlos Velásquez Cardona como gobernador del Departamento del Caldas, período 2020-2023, contenido en el formulario E-26 GOB expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Caldas. SEGUNDO. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede ningún recurso.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-28-000-2019-00098-00

Consejero ponente: Luis Alberto Alvarez Parra

15 de julio de 2021

NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de gobernador / PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Marco normativo y jurisprudencial / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Finalidad

La doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano tiene su génesis en el Acto Legislativo 01 de 2003, que modificó el artículo 107 de la Constitución Política, al prever que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Dicho Acto Legislativo también dispuso que quien participara en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podía inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009, además de reiterarse las citadas prohibiciones, se añadió que quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido político distinto, debía renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. La Corte Constitucional, en la sentencia C-303 de 2010, al decidir la demanda contra el parágrafo transitorio del artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó el artículo 107 de la Constitución, puso de presente que la antedicha regla propende por el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, en armonía con los principios de democracia participativa y de soberanía popular. (…). Así, entonces, la doble militancia surgió con la finalidad de fortalecer a los partidos y movimientos políticos garantizando su disciplina, de manera que haya un respeto por la colectividad a la cual se pertenece y los electores que ofrecen su respaldo. (…). Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario [Ley 1475 de 2011] extendió el ámbito de aplicación de la figura de la doble militancia, pues eliminó la expresión que imponía que el partido o movimiento político debía contar con personería jurídica, que venía desde el Acto Legislativo 01 de 2003. En consecuencia, dispuso que “…En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”. Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-490 de 2011, (…), determinó que “el legislador estatutario puede incorporar una regulación más exigente o extensiva respecto a la prohibición de doble militancia” y, por ende, extendió la prohibición a las agrupaciones políticas sin personería jurídica.

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Modalidades / PROHIBICIÓN DE DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Elementos que configuran la causal en la modalidad de apoyo

La Sección Quinta de esta Corporación ha estructurado una línea jurisprudencial en materia de contenido, alcance y modalidades por las que se puede configurar la prohibición de la doble militancia, para distinguir cinco (5) hipótesis relacionadas con los sujetos a quienes va dirigida: «i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.” (Inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política) ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política) iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política) iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011) v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)». (…). [L]a Sala advierte que el evento que ocupa la atención de esta colegiatura encaja en el numeral iv), en el que conforme al inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, se establece dentro de las modalidades de la doble militancia la prohibición de “…hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados”. Ahora bien, eso en cuanto al sujeto activo de la prohibición y a la conducta generalizada del transfuguismo entendido este como la migración político-electoral que una persona, hace en forma intencional o no, reflejada en actos positivos de conducta de pasar a otra colectividad política cuando aún mantiene vínculos importantes y obligatorios ideológicos, de estrategia o de utilidad, con la colectividad anterior. Existe otra clasificación y es la que deviene de entender las circunstancias del doble militante en modalidades fácticas, como es lo que acontece con la llamada de apoyo o asistencia a otra persona o colectividad que no le es propia o a la que pertenece por militancia, inscripción, aval, o bancada.

Específicamente en relación con la modalidad de doble militancia contenida en el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, conocida como la doble militancia en la modalidad de apoyo, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado los elementos necesarios para su configuración: «(…) i) Un sujeto activo. (…). ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política. (…). iii) Un elemento temporal, (…) la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. (…).» (…). Así, incurren en la modalidad de doble militancia consagrada en la modalidad de apoyo, descrita en el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, dos clases de personas definidas en forma clara: 1) quienes desempeñen alguna clase de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política y 2) quienes hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular. Siendo la conducta proscrita: 3) que apoyen a un candidato distinto al inscrito o avalado por el respectivo partido político. Además, esta Sala ha establecido que la modalidad de apoyo a candidatos diferentes a los del partido ocurre con un solo acto, cuando se acompaña la aspiración de otro candidato en contra de la lealtad que debe guardar a la colectividad a la que se pertenece. (…). De todas esas generalidades se evidencia que dentro de la estructuración de la doble militancia por la modalidad de apoyo, que debe analizarse cuando se desciende a un caso en concreto, se impone la prueba fehaciente de la conducta positiva del acusado de haber incurrido en la prohibición, a partir de claras y corroboradas manifestaciones de acompañamiento, asistencia y respaldo expreso a quien por ideología, disciplina de partido y/o pertenencia a otra colectividad, no podía apoyar, precisamente porque ese tercero está adepto políticamente a otra colectividad política, que le resulta ajena al demandado por la conducta prohibitiva. Por ello, se descarta dentro de la doble militancia, toda conducta que provenga del apoyo de otro, pues en últimas ni el legislador así lo contempló y, en estricto soporte teleológico y dentro de criterios de razonabilidad, no resulta de recibo responsabilizar política y electoralmente a una persona por los actos o conductas de otro, en atención a que se trata de una sanción que se soporta en las actuaciones o actividades subjetivas y propias de quien es enjuiciado como tránsfuga. Así las cosas, resultaría extraño responsabilizarlo por las actividades de terceros que no puede gobernar y frente a los cuales carece de la posibilidad de impedirlas, por pertenecer al aspecto volitivo que le es ajeno. Esa razón por la cual a un accionado por doble militancia no puede incursionar en esta si el apoyo es prodigado por otros.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la prohibición de la doble militancia, consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 110001-03-28-000-2018-00008-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre del 2016, M. P. Alberto Yepes Barreiro, radicación 730001-23-33-000-2015-00806-01. De las modalidades por las que se puede configurar la prohibición de la doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia 13 de enero de 2017, M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 11001-03-28-000-2016-00005-00. En cuanto a los elementos necesarios para la configuración de la doble militancia en la modalidad de apoyo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de enero de 2019, C.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2018-00008-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, CP. Alberto Yepes Barreiro, exp. 730001-23-33-000-2015-00806-01; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2016, CP. Lucy Jeannette Bermúdez, exp 50001-23-33-000-2016-00077-01. En cuanto a que la modalidad de apoyo a candidatos diferentes a los del partido ocurre con un solo acto, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2018, M.P Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00.

NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección de gobernador / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Inexistencia cuando se trata del apoyo ofrecido por otros / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – Inexistencia de irregularidad en la inscripción en tanto se allegó el acuerdo de coalición

Se aclara por la Sala que los (…) dos aspectos fácticos formulados por los demandantes relativos a si existe doble militancia, al recibir el apoyo de otros candidatos inscritos por otro partido y si el acuerdo de coalición no se radicó al momento de la inscripción, no merecen un estudio adicional, pues (…), es inexistente la doble militancia de un candidato cuando se trata del apoyo ofrecido por otros y en la documentación que remitió al proceso la RNEC, reposa el formulario E-6GOB que sí contiene en los anexos adosados, el acuerdo de coalición, por lo que cae por su peso la afirmación de la parte actora sobre la irregularidad de la inscripción por no contar con dicho acuerdo de voluntades. Así tampoco merece pronunciamiento adicional el cargo atinente a si se configuró la doble militancia por el hecho de haber sido promovido e inscrito inicialmente por un grupo significativo de ciudadanos y luego por una coalición de partidos, en tanto el formulario E-6GOB que reposa en el proceso acumulado, fue allegado por la autoridad electoral competente, mediante oficio de 2 de marzo de 2021 suscrito por los Delegados Departamentales, dando cumplimiento y alcance al requerimiento probatorio del Despacho instructor, y en el que se advierte la inscripción del accionado por parte de la coalición, de la cual hizo parte integrante el grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, sin que existe probanza o certeza, mediante prueba fehaciente aportada al proceso, de una primera inscripción de candidatura y menos de que ésta hubiera sido revocada o anulada.

VALIDEZ DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA DOCUMENTAL – Valoración de la fotografía / VALOR PROBATORIO DEL MENSAJE DE DATOS / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA EN VIDEO / MEDIOS DE PRUEBA – Insuficientes para lograr la convicción de que el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo

El formulario E-6GO. Emerge como una de las pruebas medulares dentro de los asuntos en que se acusa la doble militancia y resulta plenamente valorable, en tanto en este fue adosado al proceso por la RNEC con el escrito de intervención, no fue desconocido por ninguno de los suscriptores ni de los sujetos procesales, lo que permite que se predique de éste que su contenido es auténtico y fidedigno, en el que se evidencia que el accionado fue inscrito por la coalición “Unidos por Caldas”, conformada por el grupo significativo de ciudadanos del mismo nombre y los partidos políticos de La U, MAIS, Alianza Verde y Cambio Radical. (…). Es necesario entonces que la Sala se detenga en la valoración de la fotografía como prueba documental, sometida a todos los requisitos que la ley procesal prevé para los documentos, que conforme a las previsiones del artículo 243 del CGP no se reputa público, en tanto no fue otorgado por funcionario en ejercicio de sus atribuciones o con su intervención ni tampoco se indicó si su autoría es de un particular en cumplimiento de competencias de la misma estirpe. Se trata entonces de documento privado que reproduce una imagen y que se presume auténtico por cuanto “no ha sido tachado de falso ni desconocido” y que permite su valoración probatoria, en tanto en el concepto de autenticidad resulta indispensable al efecto y perfectamente diferenciable de la verdad de su contenido, toda vez que lo auténtico, alude a la total certeza en relación con la persona que lo elaboró, suscribió o firmó. (…). La fotografía como tal luego de ser analizada, por sí sola, no refleja para la Sala que el accionado se encuentre en proselitismo político a favor del Partido Conservador. (…). Pues bien, aunque se diera por ciertas todas las (…) circunstancias modales y de espacio geográfico informadas por la parte interesada, lo cierto es que no materializa la conducta positiva, cierta y activa que se requiere para dar por probada la modalidad de apoyo de la doble militancia. En efecto, aunque el fondo de la foto permita deducir que se trata de una reunión a cargo o por lo menos con participación del Partido Conservador Colombiano y que las personas que acompañan al accionado sean los señores Serna y Murillo, a ello no se refiere la prohibición, en tanto la conducta de departir con otros candidatos no es el sustrato de la misma ni responde a la teleología de la prohibición y menos materializan la ayuda. (…). Así las cosas, para su valoración probatoria debe armonizarse con los demás medios probatorios recaudados, a fin de determinar si tiene la fuerza de convicción que la parte actora busca para acreditar la doble militancia. (…). De todo lo anterior, para la Sala es clara, la carencia de fortaleza probatoria del medio de convicción que se analiza, tendiente a acreditar el supuesto apoyo del demandado a los candidatos del Partido Conservador Colombiano para la circunscripción electoral de Marquetalia (Caldas). (…). [L]a Sala considera que se debe dar aplicación al artículo 247 del CGP, en el que se indica respecto de la valoración de mensajes de datos que la simple impresión de éste debe seguir las reglas generales de valoración probatoria de los documentos, conforme al 243 ejusdem, en tanto aquellos solo pueden ser valorados como tal cuando han sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, recibidos o que los reproduzcan con exactitud, lo cual no acontece con la mera impresión física en papel. (…).

En consecuencia, esta prueba tampoco suministra a esta Judicatura la convicción del apoyo o asistencia que se atribuyó al demandado respecto a los candidatos de otras colectividades diferentes a las coaligadas, además que no resulta converger con otro medio probatorio de los que integran el acervo, generando así la falta de probanza sobre el supuesto que trae la norma que consagra la prohibición del transfuguismo. (…). [E]n el sub judice de conformidad con el artículo 243 del C.G.P, la grabación en la forma como fue aportada, resulta ser un documento privado, que conforme al artículo 244 ib, goza de presunción de autenticidad mientras no haya sido tachada de falsa o desconocida. La referida disposición aplicada al caso concreto, permite afirmar que la grabación en video es privada y emana de un tercero, ya que quien la adosa no se atribuye su autoría. (…). No obstante, el reconocimiento del declarante, la Sala aclara que la existencia de una pancarta política publicitaria tampoco resulta de recibo frente a las probanzas que se requieren para el apoyo constitutivo de doble militancia, precisamente, en aquellos casos en los que no hay evidencia cierta que pueda derivarse de un actuar a voluntad del accionado. (…). Por lo tanto, el hecho de que un candidato asista a reuniones donde figura publicidad de candidatos de otros partidos, no evidencia de manera contundente que con su asistencia se manifieste el apoyo que se requiere para que se pueda anular el acto electoral por doble militancia, sin otro soporte probatorio que evidencia al juzgador que en realidad sí se trató del apoyo cierto, expreso y activo constitutivo de doble militancia. De manera que, del acervo probatorio aportado al expediente no es posible advertir el elemento objetivo requerido para la configuración de la prohibición de la doble militancia en la modalidad de apoyo, pues no se evidencia la conducta o el acto positivo del demandado tendiente al favorecimiento de la campaña política de candidatos de otras colectividades. (…). De las declaraciones tanto de terceros como de parte, se evidencia en forma clara que no es de recibo la afirmación de la parte actora al atribuir al demandado la conducta de apoyo dentro del contexto de la prohibición de la doble militancia, en tanto la Sala echa de menos las pruebas que dieran convicción sobre la asistencia activa que el entonces candidato a la gobernación de Caldas hubiera desplegado, en favorecimiento de aspirantes locales a cargos de elección popular avalados por el Partido Conservador Colombiano. (…). Así las cosas, y como el cuestionamiento de la parte actora recae en la presunta incursión del demandado en el apoyo que se encuadra en la causal de doble militancia, de lo analizado se evidencia que probatoriamente la prueba documental, representativa en video y declarativa contenida en los testimonios y el interrogatorio de parte, no resultaron suficientes para considerar que el demandado asistió, apoyó o ayudó con actos positivos a candidatos de otra colectividad que no hiciera parte de la coalición. (…). Por lo tanto, se concluye que no le asiste razón a la parte actora en su propósito de nulitar la elección del gobernador del departamento de Caldas (…), en tanto las pruebas con las cuales se pretendía acreditar el cumplimiento del supuesto fáctico contenido en la norma y permitir la consecuencia jurídica en ella prevista, resultaron insuficientes para tener la convicción de que el accionado hubiera ayudado, respaldado, asistido o acompañado en forma activa a candidato de otra colectividad.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la doble militancia política, en cuanto “la estructuración de dicha prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido político.”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de octubre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2018-00032-00; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expedientes 11001-03-28-000- 2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00. En cuanto a que “…la sola presencia del accionado en eventos políticos ajenos a los de su partido no conllevan, por ese solo hecho, la configuración de los actos positivos y concretos de apoyo”, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, expedientes 11001-03-28-000- 2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00. Frente a las probanzas que se requieren para el apoyo constitutivo de doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de enero de 2019, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 25001-23-15-000-2020-02312-01.

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA - Con fundamento en la supuesta doble inscripción y falta de certeza del programa de gobierno / DOBLE MILITANCIA POLÍTICA – No configurada

Otro punto (…), es la acusación de que la incursión en la doble militancia quedó en evidencia porque el accionado fue promovido por un grupo significativo de ciudadanos, pero también por una coalición, lo que además conllevó la falta de claridad sobre el programa de gobierno inscrito de cara a la posterior figura del llamado voto programático. La Sala Electoral considera que en esta explicación de los libelistas se presenta una mezcla de conceptos con una línea que los interrelaciona, como es la inscripción a cargos uninominales, concretamente la relativa a gobernador de un departamento, a quien en virtud de la Ley 131 de 1994 se le aplica la figura del voto programático siendo obligatorio que al inscribirse presente su programa de gobierno como plataforma garantista de lo que desarrollará en caso de resultar elegido. (…). En efecto, la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular tiene dos grandes puntos de partida, por una parte, el aval que se permite solo a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica e incluso constituye un elemento diferenciador entre éstos y las demás colectividades, en las que se encuentran los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales. Por otra, los apoyos por firmas, posibilidad que se da como garantía de una mayor participación democrática del conglomerado, pues se deja de lado la exigencia de los requisitos y el engranaje propio de aquellos y se les permite inscribir candidaturas bajo exigencias de determinado número de firmas válidas y la constitución de una póliza de cumplimiento. (…). Lo anterior se concibe dentro del marco de un presupuesto sine qua non dentro de lo que se puede calificar como requisito de la esencia en toda inscripción de candidaturas, al punto que si no se cuenta con ninguna –aval o apoyo por firmas- resulta imposible ser candidato y, en consecuencia, entrar a la competencia electoral con la potencialidad de ser elegido. Otro aspecto es el que resulta del enfoque de la legitimación para inscribir candidaturas, por parte del sujeto activo inscriptor, en cuyo escenario, emergen todas las colectividades políticas mencionadas, agrupadas en dos grupos, a saber: 1) la inscripción individualmente considerada, cuando son únicas postulantes y 2) la de carácter colectivo, cuando voluntariamente varias de ellas unen fuerzas electorales mediante la figura de la coalición, que es una unión política electoral en la que pueden converger todos esos corporativos alrededor de un solo candidato o lista en la que fincan sus expectativas de triunfo electoral, pero sin perder la naturaleza física, ideológica y filosófica distintiva de cada uno de los coaligados y ante todo sin vocación de permanencia en esa unión. Armonizado con el mandato superior contenido en los incisos 3 y 4 del artículo 108, el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 consagra que tanto los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, están facultados para inscribir candidaturas para cargos uninominales. Como consecuencia de ello, el aspirante de la coalición es el único para todos los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos coaligados o para quienes adhieran o apoyen a dicho candidato. Ello por cuanto la misma norma es perentoria en indicar que la suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante, lo que impone que ni los partidos, movimientos políticos ni sus directivos ni los promotores de los grupos significativos de ciudadanos pueden inscribir ni apoyar a candidato distinto al designado, estatuyendo la incursión en esa prohibición como causal de nulidad o de revocatoria de la inscripción del candidato que apoyen diferente al designado por la coalición. (…).

El programa de gobierno del candidato que materializa la aplicación del voto programático se presenta entonces como un requisito que debe acompañar la inscripción de los candidatos a cargos uninominales de elección popular para alcaldes y gobernadores, sin que desde el punto de vista conceptual, presente una contradicción u obstáculo para los candidatos que son inscritos por coaliciones conformadas por grupos significativos de ciudadanos, que (…) pueden concurrir coaligados con otras colectividades para inscribir candidaturas y sin que para el caso concreto se haya demostrado la defraudación al programa de gobierno, que se evidencia siempre fue el mismo y frente al cual no se incluyeron modificaciones, alteraciones o cambios. No existe previsión alguna que así lo haya consagrado y si la hipótesis de que el programa de gobierno fuera un escollo para la inscripción plural coaligada es claro que entonces legalmente hubiera sido objeto de prohibición o por lo menos de exclusión. En consecuencia, dentro de un contexto general no se advierte que exista disconformidad entre la consecución de firmas por un grupo significativo de ciudadanos para promocionar una candidatura a cargo uninominal del nivel territorial, con lograr el apoyo coaligado de otras colectividades que así lo han consentido voluntariamente juntos y en acuerdo con el grupo significativo y converger todos los coaligados en el programa o plataforma de gobierno que el candidato formula y con el que se inscribe para dar cumplimiento a todo el engranaje del llamado voto programático.

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA A LA GOBERNACIÓN - De la recolección de firmas y de la inscripción de candidaturas para cargos públicos de elección popular por parte de los grupos significativos de ciudadanos y de movimientos políticos / GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS – Reglamentación y diferencias con los partidos y movimientos políticos

[L]a Carta Magna de 1991 (…) dio apertura a otros mecanismos de participación de las personas en la vida política del país, entre ellas los grupos significativos de ciudadanos y que emergían como garantía de la democracia participativa. De manera que en forma paralela a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica emergían los grupos significativos de ciudadanos dentro de las posibilidades para que una persona se candidatizara a las diferentes elecciones populares, para dar posibilidad a que los diversos sectores de la sociedad fueran incluidos en la política ciudadana, con el propósito de fortalecer la democracia participativa. (…). La reglamentación de los grupos significativos de ciudadanos de dio con la Ley 130 de 1994 y luego con las Leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011, como nuevo actor electoral en el sistema de partidos en Colombia. Groso modo, la intención de la constituyente y la normatividad reglamentaria de los grupos significativos fue consolidar mediante mecanismos concretos la democracia participativa mediante la ampliación de este principio constitucional no exclusivamente a los partidos y movimientos con personería jurídica. (…). [L]os grupos significativos de ciudadanos se entienden como manifestaciones políticas coyunturales que carecen tanto de vocación de permanencia como de un nivel de organización tal, que les permita asegurar algún nivel de institucionalidad. De todas formas, estos grupos recogen una voluntad popular cualitativamente importante, cuya finalidad puede ser la de obtener resultados concretos sociales y/o económicos o simplemente participar en un proceso electoral determinado (…). En este sentido, (…), es dable afirmar que la principal diferencia entre los grupos significativos de ciudadanos y las organizaciones políticas con estructuras definidas, como lo son los partidos y los movimientos políticos, es su vocación estructural de permanencia. (…). El Consejo de Estado, en la misma línea, en sentencia de 21 de julio de 2016 expresó que la diferencia principal entre los partidos y movimientos políticos con las organizaciones sociales, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, radica principalmente en su vocación de permanencia, y en que aquéllos están amparados en toda su actuación por el reconocimiento de la personería jurídica.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la diferenciación conceptual entre un movimiento político, un partido político y un grupo significativo de ciudadanos, consultar: Corte Constitucional, sentencia C-955 de 6 de septiembre de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS - Elementos reglamentarios / FINANCIACIÓN DE LA CAMPAÑA ELECTORAL – Fuentes

Los elementos para la reglamentación y regulación de los GSC, se encuentran especialmente consignados en la Ley 1475 de 2011, en la cual se ahonda básicamente en cuatro materias: a) principios de organización y funcionamiento de las organizaciones políticas; b) régimen de responsabilidad de las organizaciones políticas; c) sistema de financiación de los partidos y campañas políticas; d) reforma al sistema electoral, y esto incluye por supuesto lo que atañe a los aspectos específicos de los grupos significativos de ciudadanos. En su artículo 3° establece, los mecanismos para el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, y allí en uno de sus parágrafos, establece que los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para el reconocimiento de personería jurídica. De manera que, los grupos significativos de ciudadanos pueden potencialmente constituirse como grupos organizados, esto es como partidos o movimientos políticos, y por ende obtener la personería jurídica correspondiente, siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos por el CNE. Por otra parte, esta misma norma señala que pueden emplear las consultas como mecanismo interno de democracia, y explicita que el CNE reglamentará la convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas. (…). Respecto al régimen sancionatorio de los grupos significativos de ciudadanos, la Ley 1475 de 2011, en su artículo 13 (…), precisa que el CNE es titular del ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos cuando estos no lo hicieren de acuerdo a su régimen disciplinario interno. Sin embargo, posteriormente la sentencia C-490 de 2011, declaró inconstitucional el hecho de que los grupos significativos de ciudadanos lo hiciesen de acuerdo a su régimen disciplinario interno en cuanto volvía supletoria la competencia del CNE para sancionar a los partidos y movimientos. Respecto a la financiación de las campañas electorales por parte de los GSC, se precisa, en el artículo 20°, que las fuentes de financiamiento a las cuales pueden acudir son: 1. Los recursos propios de origen privado, 2. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. 3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares. 4. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. 5. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento. 6. La financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley. (…). En lo que atañe a los anticipos de los grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos, podrán solicitar en forma justificada al CNE hasta un ochenta por ciento (80%) de la financiación Estatal de las consultas o de las campañas electorales en las que participen. (…). Así las cosas, la implementación de los grupos significativos de ciudadanos tiene como ventaja una mayor dinamización democrática respecto a partidos políticos y/o movimientos políticos, en cuanto se genera primero, una mayor legitimidad directa con los electores, puesto que se presenta una mayor cohesión de fuerzas sociales, ultra partidista y de diversidad ideológica y donde puedan confluir diferentes facciones sociales.

NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la diferencia principal entre los partidos y movimientos políticos con las organizaciones sociales, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, que radica principalmente en su vocación de permanencia, y en que aquéllos están amparados en toda su actuación por el reconocimiento de la personería jurídica, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de julio de 2016, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación 05001-23-33-000-2015-02451-01.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATO A ELECCIÓN POPULAR - De la inscripción y la recolección de firmas para la postulación de candidatos a cargos públicos de elección popular / GRUPO SIGNIFICATIVO DE CIUDADANOS

[C]omo lo establece el artículo 9 de la Ley Estatutaria 130 de 1994, los candidatos que no estén avalados por un partido o movimiento político sino por asociaciones de todo orden, como los grupos significativos de ciudadanos, tienen la posibilidad de aspirar a ser elegidos de manera democrática para cargos públicos de elección popular. El primer elemento al respecto, es que tanto los movimientos políticos como dichos grupos significativos deberán cumplir como requisito para la oficialización de su candidatura, la recolección de un número determinado de firmas válidas corroborado por la Organización Electoral. En concreto, la ley señala que la recolección de dichas firmas válidas deben ser equivalentes al menos al veinte por ciento (20%) del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número de curules o cargos por proveer. En todo caso el máximo de firmas a exigir para inscribir una candidatura será de cincuenta mil (50.000). Se entiende entonces desde un principio que la recolección de firmas y su posterior validación se constituyen como requisitos para la oficialización de la inscripción de las candidaturas. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 1010 de 2000, le corresponde a la Dirección de Censo Electoral, coordinar y dirigir el proceso de dicha revisión. (…). Ahora bien, resulta más que pertinente comprender que si bien la oficialización de la inscripción de la candidatura se da con la verificación y validación de firmas recolectadas, esta (la inscripción) inicia de acuerdo con la Ley Estatutaria 1475 de 2011, con inscribir los candidatos y listas, bien sea de los grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales, por parte de un comité integrado por tres (3) ciudadanos, este debe registrarse ante la respectiva autoridad electoral cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. (…). Respecto a lo que atañe a los candidatos de coalición por parte de GSC y/o movimientos políticos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN DE CANDIDATO A ELECCIÓN POPULAR - De la recolección de firmas e inscripción de candidatura, elementos diferenciadores

Se ha de señalar que la designación y postulación oficial de candidatos por parte de grupo significativo de ciudadanos o movimiento político, requiere grosso modo de dos etapas: i) el registro por parte del comité inscriptor correspondiente de sus candidatos y listas, y ii) de la validación de las firmas logradas, pero se ha de tener en cuenta que la mera recolección de estas sin la validación correspondiente por parte del funcionario electoral competente no constituye factor que oficialice la inscripción de la candidatura, únicamente esta surtirá efecto jurídico a la posterior validación de los apoyos. (…). [S]e puede afirmar que los grupos significativos de ciudadanos se les blinda de ciertas prerrogativas en cuanto a la actividad de campaña electoral, puesto que antes de inscribir la candidatura por parte del comité inscriptor pueden realizar la recolección de firmas exigidas, permitiéndoles mediante este mecanismo, realizar, por ejemplo, recolección de apoyos financieros, propaganda del logo y actividades ligadas a campaña, factores que difícilmente pueden ser controlados por parte de la organización electoral. A título conclusivo son todas estas generalidades apreciadas desde la exegética normativa, la historicidad de su creación y evolución, los límites y entendimiento de sus presupuestos y alcances y consecuencias, las que establecen el campo de acción de cada figura mencionada, para entender el punto de inflexión frente a la modalidad de doble militancia que planteó la parte actora.

DOBLE MILITANCIA POLÍTICA / INSCRIPCIÓN DE CANDIDATURA A LA GOBERNACIÓN -– No hubo una doble inscripción ni un doble programa de gobierno, tampoco un trámite de modificación de inscripción

Al descender al caso concreto, la Sala insiste en que la parte actora en este punto, intentó estructurar y entramar una censura de doble militancia, concatenando forzadamente figuras democráticas que conviven armónicamente y que conforme a las probanzas del asunto no se evidencian disconformes a derecho. En efecto, retomando el aspecto probatorio del asunto que ocupa la atención de la Sala, dos pruebas se consideran necesarias para verificar la irregularidad atribuida en las demandas, el formulario E-6GOB y el acuerdo de la coalición. (…). Para la Sala en forma fehaciente se advierte, que a diferencia de lo indicado por la parte actora, el programa de gobierno no se modificó ni se alteró, como tampoco se advierte que existieron dos programas diferentes. (…). Para la Sala, las generalidades expuestas para dar curso a la segunda censura de doble militancia reflejan la autonomía y la escisión de los temas de inscripción por grupos significativos de ciudadanos frente a las coaliciones y el programa de gobierno del cargo uninominal, que difícilmente podrían estructurar una modalidad de doble militancia como la argumentada por la parte actora. En efecto, de las pruebas de mayor relevancia (E-6 GOB y acuerdo de la coalición), de cara al enfoque que la parte actora le diera a la censura, se establece claramente que la inscripción de la candidatura del accionado devino de aquellas colectividades que se coaligaron, en las que se incluyeron partidos políticos con personería jurídica y el referido grupo significativo de ciudadanos, tendientes a apoyar en forma unívoca al accionado en sus aspiraciones a la Gobernación de Caldas y que para tal efecto, celebraron el pacto de asociación y lo registraron como anexo necesario al E-6 GOB, cuyo texto es claro y coincidente con la afirmación de que no se probó que se hubiera presentado una doble inscripción, en tanto emergió como demostrada aquella hecha por la coalición y así lo entendieron los coaligados, entre ellos, el grupo significativo de ciudadanos con la rúbrica total de sus representantes del comité inscriptor debidamente registrados, sin desconocer la condición de este último, quien se itera también es parte integrante de la asociación política que se pactó para apoyar la candidatura del accionado a su aspiración a la Gobernación de Caldas. (…). Así también, normativamente (…), el grupo significativo de ciudadanos está facultado y legitimado por el legislador para converger en coalición con otras colectividades, sin que la norma haya exigido la existencia de autorización de todos y cada uno de los firmantes, en tanto resultaría prácticamente imposible lograrlo y generaría la inoperancia de la posibilidad de una coalición integrada por cualquier grupo significativo, pues ha de recordarse que debe su existencia a las firmas logradas aunada la validez de las mismas certificada por la autoridad electoral competente. (…). En esa línea expuesta, la Sala evidencia que la plataforma ideológica esgrimida por el accionado al momento de candidatizarse e inscribirse, contó con la aprobación de la coalición, quien la adoptó para sí como programa de gobierno del candidato, por lo que mal podía afirmarse que los electores no tendrían claro cuál sería el programa que apoyaban con su voto y menos que afectara la coerción del voto programático.

Ahora bien, de cara a la demanda se evidencia que no se demostró la duplicidad de los programas de gobierno, por lo que se requeriría de otras probanzas para que tal acusación pudiera verse viable de estructurar la prohibición de doble militancia, en tanto el programa de gobierno y el voto programático en su correlación es el reflejo de la importante bitácora de gobierno del candidato, al contener la garantía de que las labores, los propósitos y objetivos a ejecutar y a cumplir serán cumplidos en su administración, en caso de ser elegido, lo que hace claramente evidente que no podría estructurar doble militancia, sin otros elementos que dieran cuenta de la simultaneidad de pertenencia a más de una colectividad. Aunado a la forma armónica como los hechos planteados y comprobados han encajado con los medios probatorios para dar al juez de la nulidad electoral la certeza de que las irregularidades glosadas por la parte demandante no corresponden a la realidad comprobada, imponen desechar las censuras de doble militancia que se plantearon focalizadas en la modalidad de apoyo y en la irregularidad de una doble inscripción de candidatura que afectaba al electorado por no tener la certeza de a cuál programa de gobierno apoyaba, pues tampoco se probó la duplicidad en la referida bitácora y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda. (…). Sea lo primero indicar que ambos documentos [modificación de la lista de candidatos inscrita y las firmas de ciudadanos que respaldaron] no fueron adjuntados ni decretados como pruebas y que normativamente constituyen, en principio, criterios auxiliares conforme a la previsión del artículo 230 de la Constitución Política; sin perjuicio de ello y sin demeritar el ilustrativo contenido de dichos documentos, la temática desarrollada en ellos no resulta pertinente al tema que se decide, en atención a que luego de las consideraciones precedentes, se parte de la premisa de que no hubo una doble inscripción ni un doble programa de gobierno, tampoco un trámite de modificación de inscripción y, en consecuencia, no se encontró de recibo la censura de doble militancia, aunado a que siendo el demandante de ese vocativo el interesado en lograr la consecuencia prevista por la norma, es a quien corresponde la acreditación y comprobación del supuesto fáctico (art. 167 CGP), lo cierto es que la comunidad probatoria no evidenció los extremos alegados y menos aquellos contenidos generales del concepto y antecedente de tutela mencionados. Esas las razones para no detenerse en el estudio de los mismos.

NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a que los candidatos electos por un grupo significativo de ciudadanos pueden ser sujetos activos de la prohibición de doble militancia, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 29 de septiembre de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, radicación 05001-23-33-000-2015-02495-02.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 107 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 108 INCISO 3 Y 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 230 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2003 / ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 2 INCISO 2 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 13 / LEY 1475 DE 2011 – ARTÍCULO 29 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 275 / DECRETO LEY 1010 DE 2000 - ARTÍCULO 37 / LEY 130 DE 1994 – ARTÍCULO 9 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 167 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 243 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 244 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – ARTÍCULO 247

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA

Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-28-000-2019-00098-00 (2020-00019-00, 2020-00020-00)

Actor: DANIEL CORREA GÓMEZ, JOSÉ LUIS ESPITIA DÍAZ y MOISÉS DAVID BOLAÑOS ÁLVAREZ

Demandado: LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA - GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Doble militancia en la modalidad de apoyo e inscripción doble de la candidatura. Grupo significativo de ciudadanos coaligado con partidos políticos

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, promovido mediante escritos independientes, por los señores Daniel Correa Gómez, José Luis Espitia Díaz y Moisés David Bolaños Álvarez, dentro de los procesos acumulados, radicados con los números 11001-03-28-000-2019-00098-00, 11001-03-28-000-2020-00019-00 y 11001-03-28-000-2020-00020-00, contra el acto de elección del señor Luis Carlos Velásquez Cardona como gobernador del Departamento de Caldas, período 2020-2023, contenido en el formulario E-26 GOB expedido por la Comisión Escrutadora Departamental.

ANTECEDENTES

Las demandas

Los señores Daniel Correa Gómez, José Luis Espitia Díaz y Moisés David Bolaños Álvarez, mediante escritos radicados el 19 de diciembre de 2019 y 15 de enero de 2020, pretenden la nulidad del acto de elección contenido en el formulario E-26 GOB del 9 de noviembre de 2019, a través del cual, la Comisión Escrutadora de Caldas declaró la elección del señor Luis Carlos Velásquez Cardona como gobernador de esa entidad territorial, período 2020-2023.

Hechos

1.2.1. Comunes a las tres demandas

Coinciden los demandantes en exponer en sus libelos introductorios que el señor Luis Carlos Velásquez Cardona se inscribió el 27 de julio de 2019, como candidato a la Gobernación del Departamento de Caldas, para el período constitucional 2020-2023, por la coalición “Unidos por Caldas”, según consta en el formulario E-6 GOB.

El señor Velásquez Cardona fue elegido gobernador del departamento de Caldas, período 2020-2023, en los comicios de 27 de octubre de 2019.

1.2.2. Comunes a la demanda 2019-00098 y 2020-00019

En dos de las demandas, las correspondientes a los radicados 2019-00098 y 2020-00019-00, se señala que el gobernador demandado incurrió en doble militancia política en la modalidad de apoyo, constitutiva de causal de nulidad de los actos de elección por voto popular, al haber participado de manera activa en respaldo de candidatos locales avalados por colectividades políticas diferentes a las que inscribieron su candidatura.

1.2.3. Exclusivos de la demanda 2020-00020

1.2.3.1. La doble militancia que se censura en esta demanda tiene origen en la inscripción de la candidatura, por cuanto de estar apoyado por las firmas del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, pasó a ser el candidato de la coalición del mismo nombre integrada por dicho grupo y los partidos: Social de Unidad Nacional - La U; Movimiento Alternativo Indígena y Social - MAIS; Partido Alianza Verde y Partido Cambio Radical.

1.2.3.2. La Registraduría Nacional del Estado Civil –en lo sucesivo RNEC- en respuesta de los delegados del Registrador de 29 de agosto de 2019 (oficio 001690)- informó que de acuerdo con el E-8, el accionado fue inscrito como candidato a la Gobernación de Caldas por la Coalición “Unidos por Caldas”.

1.2.3.3. A juicio de la parte actora, la inscripción del demandado se hizo a través de firmas recolectadas por el grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”. Este obtuvo 75.817 apoyos ciudadanos válidos, conforme consta en la certificación de 9 de agosto de 2019 expedida por el director de Censo Electoral de la RNEC.

1.2.3.4. Debido al cambio de colectividad, en la que el demandado pasó del grupo significativo a una coalición, se impidió que el programa de gobierno inscrito cumpliera y se adecuara al voto programático, porque de las estrategias políticas “abusivas” que rodearon la inscripción del entonces candidato Velásquez Cardona no es posible tener la certeza de si los ciudadanos sufragaron por el programa de gobierno del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas” o por el de la coalición.

1.2.3.5. Al momento de la inscripción no existía el acuerdo de coalición debidamente radicado.

1.2.3.6. Mediante el denominado “contrato de coalición – coalición programática y política ‘Unidos por Caldas’”, solo un representante del grupo significativo de ciudadanos, acordó con las demás colectividades suscribir dicho acuerdo de coalición con el propósito de apoyar a la candidatura del señor Velásquez Cardona a la gobernación del departamento.

1.2.3.7. Llamó la atención sobre la cláusula del acuerdo de coalición, en la que se indicó que la inscripción de la candidatura que se realizaba por los coaligados dejaba sin efectos legales la primera inscripción radicada por el candidato ante la Delegación Departamental del Estado Civil de Caldas, con el apoyo del grupo significativo de ciudadanos.

1.2.3.8. La mencionada cláusula “revocatoria” de la primera inscripción, corrobora en forma certera la incursión del accionado en la doble militancia, por cuanto en principio, se presentó ante la ciudadanía y electorado como un candidato independiente que recogería firmas para materializar su candidatura, pero posteriormente apareció avalado e inscrito por partidos políticos diversos, cuando en la realidad de los hechos “como precandidato militó de manera previa y concomitante a la inscripción del comité promotor del grupo significativo de ciudadanos ‘Unidos por Caldas’”.

Así mismo, dejó en evidencia el engaño a la ciudadanía y electorado, por cuanto en el texto del acuerdo de coalición, los firmantes suscribieron una coalición programática y política, con el fin de apoyar la candidatura, que en principio solo estuvo avalada por el grupo significativo de ciudadanos.

Normas violadas y concepto de violación

1.3.1. Los demandantes Daniel Correa Gómez (2019-00098) y José Luis Espitia Díaz (2020-00019) consideran que el acto de elección del gobernador de Caldas está viciado de nulidad por incurrir en la prohibición prevista en el parágrafo 2° del Acto Legislativo 01 de 2003, en el artículo 107 de la Constitución, en la Ley 1475 de 2011 y en el artículo 275 numeral 8 del CPACA.

Son unívocos estos demandantes en considerar que la figura de la doble militancia debe su causa al propósito de fortalecer a los partidos políticos, que dio inicio con el Acto Legislativo 01 de 2003, en tanto prohibió la simultaneidad de pertenencia o participación en las colectividades políticas. Indicaron que con el Acto Legislativo 01 de 2009 se determinó que afectaba a los candidatos, ya que al inicio solo estaba prevista para los ciudadanos en general.

En ese desenvolvimiento normativo y, en desarrollo del parágrafo 2 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2009, el legislador expide la Ley 1475 de 2011 “por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”. En esta regulación, se establece de manera taxativa la prohibición de la doble militancia y se consagra el primer desarrollo de los presupuestos y de su constitución como factor transgresor de una norma superior.

Dilucidado el aspecto general y normativo, explicaron en qué consiste la doble militancia en la modalidad de apoyo, con fundamento en la doctrina de la Procuraduría –sin referencia- y un antecedente de la Sección Quinta (25000-23-41-000-2015-02347-01). En este último, se citan como manifestaciones de la modalidad de apoyo, el acompañamiento, ayuda y asistencia en la aspiración o actividad política y cualquier otra conducta que pueda favorecer los intereses del candidato de otra colectividad.

En el caso concreto del accionado, plantearon que si bien fue avalado por la coalición conformada por el grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, partidos de La U, MAIS, Alianza Verde y Cambio Radical, probatoriamente se corroboró que se encuentra ejecutando actos positivos tendientes a apoyar a candidatos del Partido Conservador Colombiano a los diferentes cargos de elección popular de carácter regional que no están inscritos por la coalición avalista, concretamente en los municipios de Marquetalia y Manzanares.

Explicaron que el legislador estatutario, con el fin de preservar el principio democrático representativo extendió la prohibición de la doble militancia a los movimientos políticos sin personería jurídica, a través de la recolección de firmas, en el entendido de que si ambas clases de agrupaciones políticas pueden presentar candidatos a cargos de elección popular resulta desfasado que la doble militancia solo se predique con respecto a solo una de ellas.

Indicaron que conforme a la Ley 1475 de 2011 tampoco es procedente que el accionado reciba el apoyo o apoye a candidatos avalados por el Partido Conservador Colombiano, con mayor razón porque dicha colectividad avaló para el cargo de gobernador del departamento de Caldas al señor Ángelo Quintero Palacio.

Dentro de esas líneas argumentativas, consideraron que con la elección del demandado, estando incurso en doble militancia, se vulneró el principio democrático representativo, como lo expuso la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011, al enfocarlo en la confianza que el elector deposita en el candidato de su preferencia, con quien comparten las mismas corrientes de pensamiento político.

Acusaron al gobernador Velásquez Cardona de engañar a su electorado, ya que éste sufragó con la creencia de que el entonces candidato representa y comparte los principios esgrimidos tanto de manera individual y de la colectividad a la que pertenece, lo cual es falso, por cuanto al estar militando con otros partidos y sus aspirantes a otros cargos públicos, reflejan gran incoherencia respecto de sus afinidades partidistas, se aleja de la representación de sus electores, quienes mediante el voto lo consagraron para el cargo al cual aspira y muestra indisciplina partidista.

Finalmente, a juicio de los actores, el demandado no representa a ninguna corriente política, solo a sus propios intereses o microempresas personalistas que pretenden obtener el poder político sin importar el medio utilizado y sin medir las consecuencias sociales, en tanto el pueblo como legislador primario no está siendo representado por el elegido.

En efecto, arguyeron que el fin o el efecto útil de la Ley 1475 de 2011 no es crear un vínculo personalista con el aspirante, toda vez que ello implicaría desconocer el lazo y la disciplina partidista, sino apartar a los aspirantes de objetivos meramente clientelistas con otros candidatos no partidarios.

Por contera, se debe salvaguardar los principios buscados por el artículo 107 constitucional, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2009, origen y causa de la Ley 1475 de 2011, concretamente el de la democracia representativa.

1.3.2. El demandante Moisés David Bolaños Álvarez (2010-00020) planteó la violación de normas con soporte en el artículo 1 de la Ley 131 de 1994; los parágrafos 1 y 2 del artículo 29 y el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.

Indicó que el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011 se transgredió, por cuanto tal y como lo manifestó el concepto del CNE N° 3126 de 2013 –sin otra referencia- “…únicamente podría modificar esta inscripción, dentro del término de modificaciones y por las causales que establece la ley, si pudiese acreditar que cuenta con el apoyo de la mayoría de ciudadanos que respaldaron la postulación inicial. Lo contrario sería permitir que se altere, sin su consentimiento, la voluntad que los ciudadanos habían previamente expresado” (pág. 10).

Complementado con las consideraciones de la tutela con radicación 15001-23-33-000-2014-00037-01, de la Sección Cuarta, que en sus disertaciones indica que no se puede aceptar la modificación de la lista de candidatos inscrita por el comité promotor del grupo significativo de ciudadanos, por cuanto para dar viabilidad al cambio, debió acompañarse de las firmas de la mayoría de los ciudadanos que respaldaron la postulación inicial.

Agregó que la providencia impugnada permitió la modificación que se indica sin tener respaldo, lo que conlleva a que “se cambie parcial o totalmente la lista de candidatos inscrita, sin la correspondiente refrendación ciudadana, [y ello] sería desconocer la voluntad de los potenciales sufragantes que, al firmar la postulación respaldaron los candidatos de la lista inscrita… era razonable rechazar la solicitud de modificación de la lista de candidatos…, por cuanto no contaba con las firmas requeridas para tal fin”.

Actuaciones procesales

1.4.1. De las admisiones de las demandas

Mediante autos de 14 de enero de 2020 (exp. 2019-00098-00), 17 de enero de 2020 (exp. 2020-00019-00) y 10 de febrero de 2020 (exp. 2020-00020-00), expedidos en forma independiente para cada uno de los procesos, se admitieron las demandas por cumplir las exigencias formales ordenadas en la ley procesal y se ordenó notificar personalmente al demandado, al Consejo Nacional Electoral, al Ministerio Público, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones

1.4.2.1. Del demandado Luis Carlos Velásquez Cardona

Por correo electrónico allegado el 10 de febrero de 2020 (2019-00098), 14 de febrero de 2020 (2020-00019), el 3 de julio de 2020 (2020-00020), el demandado presentó memoriales de contestación a cada uno de los procesos, en los que expuso lo siguiente:

1.4.2.1.1. Sobre la doble militancia de apoyo: indicó que conforme a los contenidos del numeral 8 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 y del inciso 2° del artículo 2° y de la Ley 1475 de 2011, no incurrió en dicha modalidad, en doble vía, a favor del accionado y de él hacia algunos candidatos regionales avalados por el Partido Conservador Colombiano.

Aseveró que las conductas de apoyo prodigadas por terceros a favor del demandado no encuadran dentro de la causal de doble militancia, toda vez que debe limitarse a la conducta activa del candidato.

Ahora bien, sobre el apoyo que el accionado supuestamente desplegó a favor de los candidatos de otro partido no fue probado, en tanto la fotografía que se adosó al proceso solo demuestra a tres personas sentadas en una mesa sin ninguna otra connotación. En relación con el pantallazo del facebook del demandado y del video sobre la manifestación política lo cierto es que el demandado no aparece en ninguna de las dos.

Por otra parte, la filiación política del accionado es a la colectividad del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, distinto es que su candidatura a la gobernación de Caldas haya sido inscrita por la coalición, pues esto último no implica que estuviera afiliado a las colectividades coaligadas. Además, no puede perderse de vista que el grupo significativo referido solo postuló candidato a las elecciones populares para gobernador de ese departamento.

Para el caso concreto, las pretensiones sustentadas en el inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011 deben ser denegadas, por cuanto el demandado no pudo haber incurrido en doble militancia de apoyo como aspirante a cargo de elección popular, por dos razones: a) porque no está afiliado a ningún partido o movimiento político y la causal no aplica para grupos significativos de ciudadanos, a los que no puede extenderse los presupuestos y efectos previstos en la norma que es prohibitiva y con alcances restrictivos y b) porque el grupo significativo de ciudadanos no inscribió candidatos para otros cargos ni para otras corporaciones de elección popular.

1.4.2.1.2. Sobre la doble militancia por irregularidades en la inscripción y por incumplimiento en el programa de gobierno:

En relación con las irregularidades en la inscripción: indicó su oposición, principalmente porque las normas invocadas como violadas no guardan relación con la figura de la doble militancia, por lo que resultan impertinentes e incongruentes con la pretensión.

En efecto, el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011 consagra la aceptación o rechazo de inscripciones, mas no la figura de la doble militancia.

La parte actora luego de citar la norma referida, trajo a colación el concepto del CNE, que no aportó al libelo demandatorio ni relacionó en el acápite de pruebas, lo que conlleva a desconocerlo por no haber sido adosado oportunamente.

No obstante, indicó que en el sub lite se trata de un único candidato del grupo significativo de ciudadanos y, luego también de los partidos políticos coaligados, por lo que no se está dentro del supuesto de la norma invocada de una lista plurinominal modificable. Lo anterior implica que al ser unipersonal nada impide se unan otros movimientos y, por ende, ni el concepto del CNE ni el fallo de tutela se refieren a los supuestos que rodean a este asunto.

La parte actora tampoco demostró que se hubiera tratado del cambio de candidatos que requiriera de la aceptación de los firmantes que respaldaron al grupo significativo de ciudadanos, porque lo acontecido fue una inscripción de única candidatura coaligada a cargo unipersonal.

Por otra parte, aclaró que la inscripción del accionado por parte de la coalición se hizo dentro del plazo legal previsto para tal efecto, conforme al artículo 29 de la Ley 1475 de 2011.

En relación con el eje temático del programa de gobierno y que la parte actora encuadra en la violación del artículo 1° de la Ley 131 de 1994, por cuanto a su juicio, con la inscripción del grupo significativo de ciudadanos y luego la candidatura coaligada, se impide materializar su voto programático devenido de las políticas abusivas que rodean todo el proceso y la candidatura del accionado, que impiden tener claridad sobre si los electores sufragarán con soporte en el programa de gobierno o del grupo significativo o de la coalición..

Sobre el voto programático responsabiliza el ejercicio de la actividad política de los partidos y movimientos políticos y de los candidatos, por ser la hoja de ruta seria, razonada y planificación que los gobernantes seguirán durante la administración. Dicho programa se divulga desde la inscripción de las candidaturas hasta la incorporación de ese documento al protocolo oficial de la entidad respectiva, para que quede a disposición de todos.

Agregó “Nótese que el falso dilema que plantea el actor parte de un presupuesto: haber presentado dos programas de gobierno distintos, como el programa de gobierno dependiera de las colectividades que apoyan una candidatura y no del candidato”, por cuanto en realidad solo existe un único programa del gobierno del candidato, que en nada varía la figura de la inscripción.

Finalmente, sobre el acuerdo de coalición que indicó la parte actora no fue debidamente acompañado a la inscripción, resulta una aseveración falsa, como se evidencia de los anexos que se acompañaron al E-6 GOB que se encuentran probados. Así también se dio cumplimiento a todos los requisitos para validar la candidatura.

Finalmente, sobre el acuerdo de coalición que indicó la parte actora no fue debidamente acompañado, resulta una aseveración falsa, como se evidencia de los anexos que se adosaron al E-6 GOB que se encuentran probados.

Concluyó sobre la inexistencia de doble militancia por cuanto conforme al artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 establece claramente que el candidato de la coalición será el candidato único de los partidos y movimientos y grupo significativo de ciudadanos que hagan parte de aquella.

1.4.2.2. Del CNE

En forma oportuna, presentó intervención dentro de los procesos 00019 y 00098, en la que se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. Recordó que por los mismos hechos judicializados, el CNE conoció por vía de la solicitud administrativa de revocatoria de la inscripción por coalición del entonces candidato Luis Carlos Velásquez Cardona a la gobernación del departamento de Caldas y que tuvo fundamento en el presunto apoyo a candidatos y a otros movimientos políticos diferentes a los que avalaron su candidatura y que culminó con la Resolución denegatoria 6691 de 24 de octubre de 2019, ante la inexistencia de pruebas que acreditaran la doble militancia.

El acto referido goza de presunción de legalidad, la cual no ha sido desvirtuada y que incluso no fue objeto de demanda dentro del proceso de la referencia.

Expuso con respecto a las fotografías y video que se adjuntan con la demanda y con las cuales se pretende probar la doble militancia, conforme al artículo 244 del CGP, que por sí mismos no constituyen plena prueba del presunto apoyo a candidatos de otras colectividades ajenas a las que lo inscribieron, por cuanto no se tiene certeza que quien aparece en la foto sea el demandado, ya que las fotos por sí solas no acreditan que las imágenes capturadas correspondan a los hechos que pretenden probarse a través de ellas.

Además, el valor probatorio de la fotografía no pende únicamente de su autenticidad sino de la posibilidad de establecer si la imagen que registra representa la realidad de los hechos que interesan comprobar, de ahí que se imponga una apreciación de las pruebas en conjunto.

En conclusión, como en el caso concreto no aflora de manera evidente que el accionado haya traicionado a su electorado al militar de manera doble en la manifestación de apoyo no hay lugar a anular la elección.

1.4.2.3. De la RNEC

En sendos escritos de intervención dentro de los tres procesos 00019, 00020 y 00098, la entidad indicó que en efecto el accionado fue inscrito por la coalición “Unidos por Caldas” a la gobernación de ese departamento y que dentro del marco de sus competencias legales realizó una inscripción válida, pero advirtió que dentro de su esfera no está la verificación de cuestiones de ética electoral como lo es la doble militancia.

A partir del contexto de sus competencias legales y constitucionales propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó ser desvinculada del proceso, con fundamento en que no expide acto administrativo ni despliega actividad que determine cuándo un candidato está inhabilitado o impedido, ni emite juicios de valor respecto de la doble militancia, toda vez que la competencia en relación con la inscripción de candidaturas es de verificar cuestiones de forma en la inscripción. Agregó que los hechos enunciados en las demandas no tienen relación con sus facultades y funciones. Así también, le indicó al juez que declare probada la excepción que encuentre probada.

1.4.2.4. De los terceros intervinientes

1.4.2.4.1. Del partido de La U

Dentro de la oportunidad legal, en los expedientes 00098 y 00019, presentó las excepciones tituladas “presunción de legalidad de los actos demandados” y “violación del derecho de defensa” en torno a que las conductas de doble militancia endilgadas al accionado tales como: realizó actos que evidenciaron en forma inequívoca que estaba apoyando o estaba siendo apoyado por candidatos diferentes; actos positivos de apoyo por militantes diferentes pertenecientes a otra disciplina partidista como aquellos del Partido Conservador Colombiano; se cuenta con el material probatorio que se pretende hacer valer en debida forma, que demuestra sin lugar a dudas que el demandado se encuentra ejecutando actos positivos y tendientes a apoyar a candidatos a los diferentes cargos de elección popular de carácter regional que no están inscritos en la coalición avalista y participación en actos públicos con militantes diferentes.

Indicó que el uso del lenguaje de la parte actora y los documentos anexos con la demanda carecen de claridad frente a las conductas endilgadas al demandado y adolecen de falta de contexto fáctico puntual lo que impide una defensa idónea.

Sobre el fondo del asunto expuso que la doble militancia se formuló en aseveración etérea, volátil, imprecisa y vaga, que deja a la defensa sin conocer en forma exacta a qué hechos se refiere la parte actora. Se opuso a que se genere doble militancia a partir de los apoyos recibidos por el accionado por parte de otros candidatos o colectividades.

En cuanto a las pruebas documentales: (1) desconoció el origen y contexto temporal de la fotografía adjuntada a la demanda que se tituló como tomada en el municipio de Marquetalia (Caldas) en la que se dice aparece el accionado junto a los señores Jairo Serna y Nicanor Murillo –militantes del Partido Conservador Colombiano- y al fondo se observa la bandera de dicha colectividad, toda vez que no existe certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar ni del autor (arts. 243 y 244 CGP).

(2) Manifestó igual rechazo a la reproducción del pantallazo de facebook y del video adjunto a la demanda, por cuanto conforme al artículo 247 del CGP solo puede valorarse como una simple impresión de un mensaje de datos, pero requiere que se esclarezca quién tomó el pantallazo y contar con certeza que en realidad sí es una publicación de la plataforma. Las mismas condiciones de autoría se requiere con respecto al origen del video, quién lo obtuvo y si tenía autorización para ello, en qué fecha se produjo y para qué y, en general, las circunstancias de su consecución.

En relación con la prueba testimonial (art. 211 de la Ley 1437 de 2011, concordante en el art. 212 CGP) no la encuentra acorde a la técnica probatoria por cuanto el actor pretende que se cite a la testigo de una reunión, sin indicar de qué clase, dónde, con quién se realizó y el objeto de la declaración, siendo la solicitud probatoria impertinente. E indicó que cuestiona la imparcialidad de la declarante al tener conocimiento que fue candidata perdedora al Concejo Municipal de Manzanares en los comicios de 2019.

1.4.2.4.2. Coadyuvante de la parte demandada

La señora Ligia Rosa Sierra Alzate, en calidad de tercero interviniente y de inscriptora del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas” presentó escrito en dos de los procesos (00020 y 00019) para impugnar las pretensiones de la demanda y coadyuvar a la parte demandada.

Sobre la doble militancia de apoyo, expuso que la situación planteada por la parte actora frente al demandado no encuadra en las modalidades que estructuran los hechos constitutivos del transfuguismo e indicó que los supuestos narrados en la demanda resultan ser solo aseveraciones inconexas y carentes de sustento.

Destacó que el señor Velásquez Cardona se presentó como candidato de una coalición a las elecciones a la gobernación de Caldas, pero ello no puede ser entendido como doble militancia. Indicó entonces que la parte actora no tiene claridad sobre los alcances de la figura de la coalición y su pertenencia o militancia en una organización política determinada.

Calificó de temerarias las afirmaciones de la parte actora de endilgar doble militancia al candidato común de las colectividades coaligadas en “Unidos por Caldas”, es decir del grupo significativo de ciudadanos del mismo nombre que procuró la recolección de firmas y apoyado por los partidos políticos ya referidos.

Es claro que conforme al E-6, el accionado pertenece al grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”.

Propuso la excepción que denominó “configuración del principio de confianza legítima”, con fundamento en la aceptación de la inscripción por parte de la Organización Electoral, en cabeza de la RNEC, toda vez que ha de estar entendido que se acreditaron todos los requisitos legales y se anexaron los documentos y pruebas necesarias que dieron viabilidad a la efectiva inscripción, dando lugar a un precedente indicativo del pleno cumplimiento que no ha sido variado y menos porque no existe prueba que arroje que la inscripción del candidato no fue válida.

El accionado actuó bajo la cierta y plena convicción de no estar transgrediendo alguna norma, más aún cuando el máximo órgano de la Organización Electoral negó la solicitud de revocatoria de la inscripción.

Otro aspecto del fondo del asunto que descalificó y no aceptó fue el relativo a la supuesta doble militancia que a juicio de la parte actora se presenta porque el señor Velásquez Cardona se postuló como candidato independiente y así lo entendió el electorado, pero terminó inscrito por una coalición partidista. Con ello, según la parte demandante militó en otra colectividad de manera previa y concomitante a la inscripción. Para oponerse a esta censura de violación, la interviniente indicó:

1) La RNEC con fecha 9 de agosto de 2019 certificó el cumplimiento del mínimo de firmas requeridas para postular la referida candidatura a las elecciones de 27 de octubre de 2019, por parte del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas” con 75.817 apoyos ciudadanos válidos;

2) El 27 de julio de 2019, conforme consta en el formulario E-6 GO de la RNEC, se inscribió al candidato Velásquez Cardona de la coalición “Unidos por Caldas” conformada por el Partido de La U, MAIS, Alianza Verde y Partido Cambio Radical, debidamente firmado y soportado con los poderes de cada una de dichas organizaciones políticas;

3) Como lo evidencia el documento “Coalición programática y política ‘Unidos por Caldas’” entre el grupo significativo de ciudadanos del mismo nombre y los partidos políticos antes mencionados, en observancia del artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, declaran los coaligados que la inscripción deja sin efectos la primera radicada por el candidato ante la Delegación Departamental del Estado Civil de Caldas únicamente por el grupo significativo de ciudadanos.

4) Las pruebas anexadas a la solicitud de revocatoria de la inscripción de la candidatura no son contundentes ni otorgan certeza del supuesto transfuguismo.

Concluyó que dada la existencia de la decisión adoptada por la autoridad electoral administrativa legítimamente constituida que analizó circunstancias similares a las judicializadas y frente a las cuales se determinó que no había lugar a revocar la inscripción, mal puede ahora variarse el criterio, pues ello iría en detrimento de la confianza legítima del accionado.

1.4.3 Acumulación de procesos

Llegada la oportunidad procesal de que trata el inciso tercero del artículo 282 del CPACA, norma especial para la nulidad electoral sobre acumulación de procesos, por auto de 16 de octubre de 2020 se decretó frente a los radicados 2020-00019 y 2020-00020 para que siguieran la misma cuerda procesal con el proceso acumulante 2019-00098. Por sorteo de 26 de octubre siguiente le correspondió a ese despacho ponente.

1.4.4. Audiencia inicial

Fijada por auto de 12 de febrero de 2021, se llevó a cabo el 26 de febrero de la misma anualidad. Luego de sanear el proceso, se indicó que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la RNEC, fue declarada probada por auto de 1º de febrero de 2021, por no concurrir en ella razones para comparecer en este proceso y que no existen excepciones previas ni mixtas pendientes por resolver.

Frente a los fundamentos fácticos de las demandas se aclaró en esta audiencia que si bien la parte actora indicó en forma genérica que durante su campaña, el candidato a la gobernación Velásquez Cardona apoyó a algunos candidatos de organizaciones políticas diferentes de los que integraron el acuerdo de coalición, con las pruebas documentales y el video allegado con los libelos, la censura de doble militancia en la modalidad de apoyo consistió en que el accionado, al parecer, acompañó dos (2) eventos de campaña de candidatos del Partido Conservador, que no integraron la coalición inscriptora, a saber: a) una caravana en el municipio de Pensilvania donde el señor Velásquez Cardona acompañó al candidato a la Asamblea Rubén Darío Giraldo y b) una reunión en el municipio de Manzanares donde el candidato a la Gobernación brindó acompañamiento al candidato a la Alcaldía de dicha municipalidad, sin precisar el nombre de quién apoyaba.

El litigio fue fijado en los siguientes términos:

“…se contrae a establecer si la elección del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, está viciada de nulidad por haber incurrido en la causal de nulidad por doble militancia política prevista en el artículo 107 de la Constitución Política y numeral 8 del artículo 275 del CPACA, para la cual, se debe determinar:

1) Si el candidato y hoy gobernador brindó apoyo, en dos (2) eventos de campaña a candidatos del Partido Conservador, que no integraron la coalición, a saber: a) Una caravana en el municipio de Pensilvania, Caldas, donde el señor Velásquez Cardona acompañó al candidato a la Asamblea Rubén Darío Giraldo y b) Una reunión en el municipio de Manzanares, Caldas, donde el candidato a la Gobernación brindó acompañamiento al candidato a la Alcaldía de dicha municipalidad.

2) Si el gobernador electo incurrió en la prohibición de la doble militancia al recibir el apoyo de algunos candidatos inscritos por el Partido Conservador a distintos cargos de elección popular, pese a que ese partido tenía candidato propio a la Gobernación de Caldas, en cabeza del señor Ángelo Quintero Palacio.

3) Si se configuró la doble militancia por el hecho de haber sido promovido e inscrito inicialmente por un grupo significativo de ciudadanos y luego por una coalición de partidos e impedir al electorado tener claridad sobre el programa de gobierno inscrito.

4) Si como consecuencia de ese cambio se produjo “la inexistencia del acuerdo de coalición debidamente presentado o radicado para el momento de la inscripción”.

En relación con el decreto de pruebas, se incorporaron todas las documentales anexadas por los sujetos procesales con sus escritos de demanda, contestación e intervenciones y se indicó que se les daría el valor probatorio de ley.

Por solicitud de la parte actora, se decretó el testimonio de la señora Rubeira Rivera Mejía, a fin de que declare lo que le conste en relación con la reunión del demandado con el candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Manzanares, Caldas.

Así mismo se decretaron por solicitud de la parte demandada las siguientes declaraciones y testimonios:

Declaración del parte del señor gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, para que informe sobre los hechos que se relatan en las demandas acumuladas contra su elección, frente al apoyo a otros candidatos de diferentes colectividades.

Testimonio del señor José Rodrigo Parra Serna, para que informe sobre la reunión del candidato del Partido Conservador para la Alcaldía de Manzanares, Caldas, en las pasadas elecciones de 27 de octubre de 2019, y el alcance de la participación del señor Luis Carlos Velásquez Cardona en dicho evento.

Testimonio del señor Henry Ramírez Montes, para que deponga sobre la reunión del candidato del Partido Conservador para la Alcaldía de Manzanares, Caldas, en las pasadas elecciones de 27 de octubre de 2019, y el alcance de la participación del señor Luis Carlos Velásquez Cardona en dicho evento.

Por solicitud del Partido de La U, se ordenó oficiar a la Registraduría Delegada en lo Electoral de la RNEC para que allegara el formulario E-6 contentivo de la inscripción del demandado como candidato a la Gobernación de Caldas, con sus anexos y las modificaciones que se hubieren efectuado.

Se indicó que la audiencia de práctica de pruebas se llevaría a cabo el 10 de marzo de 2021.

1.4.4. Audiencia de práctica de pruebas y traslado para alegar

El 10 de marzo de 2021 se llevó a cabo la audiencia de práctica de pruebas fijada en la audiencia inicial de 26 de febrero anterior.

Sobre las pruebas documentales decretadas, el despacho informó que el requerimiento probatorio decretado a fin de obtener el formulario E-6 y sus adendas, fue cumplido por la RNEC, a través del oficio 000411 de 2 de marzo de 2021, visible en el aplicativo SAMAI, conformado por 30 folios con los siguientes documentos:

Formulario E-6 GO de 27 de julio de 2019, donde consta la inscripción del demandado como candidato a la Gobernación de Caldas.
Acuerdo de coalición programática y política “Unidos por Caldas”, con fecha 22 de julio de 2019.
Documentos de delegación para otorgar avales correspondientes a los partidos Cambio Radical, de la U, MAIS y Alianza Verde.
Cédula de ciudadanía del candidato.
Póliza de cumplimiento de disposiciones legales No. 3000120 de 16 de julio de 2019, en respaldo de la candidatura del demandado.
Certificación de 18 de julio de 2019 sobre las fuentes de financiación del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, suscrita por el candidato y el comité inscriptor.
Oficio de 18 de julio de 2019 suscrito por el demandado, mediante el cual fueron radicadas las firmas de apoyo de dicho grupo ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental de Caldas.
Acta No. 04 de 29 de mayo de 2019, en la que consta el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, y el acta de recibo de formularios de recolección de firmas de 18 de julio de 2019.

En ese orden, el Despacho procedió a incorporarlas con el valor que la ley les otorga y corrió traslado a las partes para su contradicción, pasando en silencio por de los sujetos procesales.

Sobre el testimonio de la señora Rubeira Rivera Mejía, debido a la justificación de no comparecencia por la grave enfermedad que la aqueja, el Despacho estimó improcedente hacer una nueva citación y la relevó de escucharla en este proceso. Esta decisión no se repuso, ya que de conformidad con el artículo 204 del CGP resulta improcedente contra la inasistencia de un testigo.

Respecto del testimonio del señor José Rodrigo Parra Serna, testigo solicitado por la parte demandada para que se pronunciara sobre la reunión del candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Manzanares, Caldas, en las pasadas elecciones de 27 de octubre de 2019, y el alcance de la participación del señor gobernador en dicho evento, afirmó desconocer lo acontecido en dicho entidad territorial porque su campaña para esos comicios fue para el municipio de Marquetalia.

En relación con el testimonio del señor Henry Ramírez Montes que también fue solicitado por la parte demandada, con idéntico objeto que el del testimonio Parra Serna se recaudó y dio cuenta de los hechos que se le preguntaron.

En esta audiencia también se recaudó la declaración de parte al entonces candidato Luis Carlos Velásquez Cardona, hoy gobernador del departamento de Caldas y demandado en esta causa.

En aplicación del artículo 181 del CPACA, debido a que las pruebas decretadas se encuentran debidamente recaudadas y practicadas y al considerarse innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, el Despacho ordenó correr traslado para alegaciones finales y para que el Ministerio Público conceptuara y se anunció que surtida esta etapa de alegatos se dictaría sentencia de mérito.

Alegatos de conclusión

En esta etapa procesal, mediante correo electrónico, los sujetos procesales descorrieron traslado en los siguientes términos:

1.4.5.1. La parte demandante presentó alegaciones finales reiterando los argumentos de las demandas.

1.4.5.2. La parte demandada invocando similares argumentos de la contestación de la demanda y luego de relacionar las pruebas recaudadas, concluyó que la doble militancia debió verse desde el candidato elegido y no de los apoyos que recibió. No se probó que el accionado hubiera incurrido en doble militancia, en tanto el demandado no está afiliado a ningún partido ni movimiento político sino al grupo significativo de ciudadanos “Unidos Por Caldas”14, y esa sola circunstancia imposibilita la aplicación de la norma al caso concreto, ya que la modalidad de doble militancia no es predicable de los grupos significativos de ciudadanos. Además, el grupo “Unidos Por Caldas” no inscribió candidatos para otros cargos ni corporaciones de elección popular y con ocasión del acuerdo de coalición jamás se modificó el sujeto del aspirante inscrito ni se alteró o cambió el plan de gobierno registrado.

1.4.5.3. La coadyuvante del demandado, al descorrer el traslado, en forma expresa, indicó que reiteraba los argumentos presentados en el escrito de intervención. Agregó que se debe prestar atención al debate probatorio y las resultas del mismo:

• El contrato de coalición es totalmente legal, por estar permitido por el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, quedando demostrado que el candidato siempre perteneció al grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, sin que hubiese incurrido en causal de doble militancia.

• El programa de gobierno presentado por el aspirante no sufrió modificación alguna.

Precisó que de las pruebas no se demuestra el supuesto apoyo de Luis Carlos Velásquez a otros candidatos de distintas colectividades, toda vez que la prueba fotográfica y el video no reúnen los requisitos para ser considerados como elementos de convicción. En cuanto a la prueba testimonial lo único que deja en claro es la inexistencia de las reuniones en las que presuntamente se dieron las conductas de apoyo, todo esto concluye que deben desestimarse las pretensiones de los actores.

Por lo anterior ha quedado demostrado en el proceso la inexistencia de la causal objeto de la acción de nulidad impetrada.

1.4.5.4. El Partido de La U

Expuso en las alegaciones finales lo siguiente:

a) Sobre el supuesto apoyo del demandado a candidatos de otras colectividades.

De conformidad con las pruebas decretadas en el proceso, y aquellas que fueron practicadas, emerge que el señor Velásquez Cardona no apoyó a candidatos del Partido Conservador en los eventos señalados.

El accionado al rendir declaración, no se reconoció en las distintas pruebas documentales aportadas con las que los demandantes pretendían poner en evidencia la presunta configuración de la causal de doble militancia.

Los medios aportados por la parte actora son contrarios al propósito de las demandas, inconsistentes, insuficientes, desprovistos de conexidad con los hechos que se procuran demostrar, y no permiten determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar a fin de determinar la ocurrencia de los actos que se le endilgan al demandado.

El testimonio de Ramírez Montes, aspirante a la Alcaldía de Manzanares, Caldas, por el Partido Conservador, manifestó que nunca recibió apoyo del señor Velásquez Cardona, en ese entonces candidato a la Gobernación del Departamento.

El acervo en su conjunto, la declaración de parte y los testimonios practicados son consistentes con lo que las documentales y prueban: (i) que el señor Velásquez Cardona no participó en eventos de campaña del Partido Conservador; (ii) y que, como aspirante a la dignidad que hoy ostenta, no apoyó a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentra afiliado.

De la integridad de las pruebas se concluye que el candidato y hoy gobernador de Caldas no “brindó apoyo en dos (2) eventos de campaña a candidatos del Partido Conservador que no integraron la coalición.”.

b) Sobre la configuración de la doble militancia por haber sido promovido e inscrito inicialmente por un grupo significativo de ciudadanos y luego por una coalición, y sobre la inexistencia del acuerdo de coalición

Se encuentra acreditado que, de conformidad con el Formulario E-6 GOB de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la inscripción del demandado como candidato a la Gobernación de Caldas se dio por coalición y que se incorporó el programa de gobierno como parte integral de la misma. A su turno, en la referida oportunidad, fue debidamente allegado el acuerdo de coalición con estricta observancia de los requisitos establecidos en la ley.

Los documentos que reposan en el presente trámite desvirtúan los señalamientos que la parte actora hiciera contra la elección del demandado y, en consecuencia, la causal de doble militancia planteada en las demandadas, tampoco están llamados a prosperar.

Concepto del Ministerio Público

La Procuradora 7° Delegada ante el Consejo de Estado, en memorial de 24 de marzo de 2021, luego de analizar cada una de las censuras contenidas en la fijación del litigio y las pruebas y referir generalidades sobre las diversas figuras electorales pertinentes al asunto, solicitó negar la nulidad del acto de elección del gobernador de Caldas, en el entendido de que los elementos de juicio aportados por los demandantes para atacar la legalidad del acto electoral no dan cuenta de la configuración de la doble militancia atribuida al demandado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la nulidad electoral en única instancia toda vez que recae sobre la elección del gobernador de un departamento, por lo que se acude a la cláusula general de competencia prevista en el numeral 14 del artículo 149 del CPACA, que asigna el conocimiento al Consejo de Estado, cuando el asunto carece de regla especial de competencia.

2. Problema jurídico

La Sección entrará a resolver si existe mérito del asunto tomando como parámetro el contenido de la fijación del litigio que gira en torno a establecer si la elección del gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, está viciada de nulidad por haber incurrido en la causal de nulidad por doble militancia política prevista en el artículo 107 de la Constitución Política y numeral 8 del artículo 275 del CPACA.

Y siguiendo el mismo derrotero, tener como supuestos a dilucidar, los siguientes: 1) Si el candidato y hoy gobernador brindó apoyo, en dos (2) eventos de campaña a aspirantes del Partido Conservador, que no integraron la coalición, a saber: a) Una caravana en el municipio de Pensilvania, Caldas, donde el señor Velásquez Cardona acompañó al señor Rubén Darío Giraldo en su propósito de ocupar el cargo de Diputado a la Asamblea y b) Una reunión en el municipio de Manzanares, Caldas, donde el accionado brindó acompañamiento al candidato a la Alcaldía de dicha municipalidad; 2) Si el gobernador electo incurrió en la prohibición de la doble militancia al recibir el apoyo de algunos candidatos inscritos por el Partido Conservador a distintos cargos de elección popular, pese a que ese partido tenía aspirante propio a la Gobernación de Caldas, en cabeza del señor Ángelo Quintero Palacio; 3) Si se configuró la doble militancia por el hecho de haber sido promovido e inscrito inicialmente por un grupo significativo de ciudadanos y luego por una coalición de partidos e impedir al electorado tener claridad sobre el programa de gobierno inscrito y 4) Si como consecuencia de ese cambio se produjo “la inexistencia del acuerdo de coalición debidamente presentado o radicado para el momento de la inscripción”.

Así las cosas, con base en esos aspectos fácticos, determinar si en el caso del gobernador de Caldas se configuraron los presupuestos fácticos y jurídicos de la prohibición de la doble militancia, consagrada en los artículos 107 de la Constitución Política y 2° de la Ley 1475 de 2011.

Para dilucidar el problema jurídico, se abordarán temas generales que den una mayor ilustración al asunto, tales como: i) el marco normativo y jurisprudencial de la prohibición de doble militancia; ii) la causal de doble militancia en la modalidad de apoyo; iii) el asunto en concreto en materia de doble militancia de apoyo; iv) La doble militancia por la supuesta doble inscripción y falta de certeza del programa de gobierno.

3. Marco normativo y jurisprudencial de la prohibición de doble militancia.

La doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano tiene su génesis en el Acto Legislativo 01 de 2003, que modificó el artículo 107 de la Constitución Política, al prever que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica. Dicho Acto Legislativo también dispuso que quien participara en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podía inscribirse por otro en el mismo proceso electoral. Posteriormente, con la expedición del Acto Legislativo 01 de 2009, además de reiterarse las citadas prohibiciones, se añadió que quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido político distinto, debía renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-303 de 2010, al decidir la demanda contra el parágrafo transitorio del artículo 1° del Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó el artículo 107 de la Constitución, puso de presente que la antedicha regla propende por el fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, en armonía con los principios de democracia participativa y de soberanía popular, al aseverar lo siguiente:

«…la prohibición de la doble militancia y del transfuguismo político, en los términos antes expuestos, constituyen herramientas de primera línea para la consecución del fin constitucional de fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, basado en el aumento del estándar de disciplina de sus miembros e integrantes. A su vez, el fenómeno del transfuguismo tiene importante incidencia en la vigencia del principio de soberanía popular, habida cuenta de las particularidades del sistema electoral colombiano.»

Así, entonces, la doble militancia surgió con la finalidad de fortalecer a los partidos y movimientos políticos garantizando su disciplina, de manera que haya un respeto por la colectividad a la cual se pertenece y los electores que ofrecen su respaldo.

Por su parte, Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual, se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, al desarrollar la institución de la doble militancia dispuso:

«Artículo 2o. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones (…)

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción (…).» (Negritas fuera del original).

Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario extendió el ámbito de aplicación de la figura de la doble militancia, pues eliminó la expresión que imponía que el partido o movimiento político debía contar con personería jurídica, que venía desde el Acto Legislativo 01 de 2003. En consecuencia, dispuso que “…En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político”. Sobre el particular, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-490 de 2011, al revisar la constitucionalidad del citado artículo, determinó que “el legislador estatutario puede incorporar una regulación más exigente o extensiva respecto a la prohibición de doble militancia” y, por ende, extendió la prohibición a las agrupaciones políticas sin personería jurídica.

4. La doble militancia en la modalidad de apoyo

La Sección Quinta de esta Corporación ha estructurado una línea jurisprudencial en materia de contenido, alcance y modalidades por las que se puede configurar la prohibición de la doble militancia, para distinguir cinco (5) hipótesis relacionadas con los sujetos a quienes va dirigida:

«i) Los ciudadanos: “En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.” (Inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política)

ii) Quienes participen en consultas: “Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso electoral.” (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)

iii) Miembros de una corporación pública: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política)

iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra organización: “Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.” (Inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)

v) Directivos de organizaciones políticas: “Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)».

Vista la anterior decantación jurisprudencial realizada años atrás que se ha constituido en herramienta fundamental y de continua utilidad para dar un manejo claro a la figura de la doble militancia, la Sala advierte que el eventos que ocupa la atención de esta colegiatura encaja en el numeral iv), en el que conforme al inciso 2° del artículo 2° de la Ley 1475 de 2011, se establece dentro de las modalidades de la doble militancia la prohibición de “…hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren afiliados”.

Ahora bien, eso en cuanto al sujeto activo de la prohibición y a la conducta generalizada del transfuguismo entendido este como la migración político-electoral que una persona, hace en forma intencional o no, reflejada en actos positivos de conducta de pasar a otra colectividad política cuando aún mantiene vínculos importantes y obligatorios ideológicos, de estrategia o de utilidad, con la colectividad anterior.

Existe otra clasificación y es la que deviene de entender las circunstancias del doble militante en modalidades fácticas, como es lo que acontece con la llamada de apoyo o asistencia a otra persona o colectividad que no le es propia o a la que pertenece por militancia, inscripción, aval, o bancada.

Específicamente en relación con la modalidad de doble militancia contenida en el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, conocida como la doble militancia en la modalidad de apoyo, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado los elementos necesarios para su configuración:

«3.3.10. Corresponde aclarar que la modalidad de doble militancia atribuida en este caso, está consagrada en el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, de la cual, como ya ha definido esta Sección, se pueden extraer los siguientes elementos configurativos de la prohibición a saber:

i) Un sujeto activo, según el cual deben abstenerse de realizar la conducta prohibitiva, de un lado, los que detenten algún tipo de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política, y de otro, los que hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular.

ii) Una conducta prohibitiva consistente en apoyar a un candidato distinto al inscrito por la organización política a la que se encuentren afiliadas las personas descritas anteriormente.

Ahora bien, no se puede perder de vista que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha señalado que esta modalidad de doble militancia incluso se materializa en los casos en los que la colectividad política, por alguna circunstancia, no tiene candidato político para el respectivo cargo uninominal, pero de manera libre, voluntaria, expresa y pública decide brindar su apoyo a determinado candidato inscrito por otro grupo político, pues ha entendido que esos eventos el conglomerado político opta por secundar a cierto candidato, pese a no tener uno propio.

Así las cosas, no cabe duda que lo que esta modalidad de doble militancia proscribe es la ayuda, asistencia, respaldo o acompañamiento de cualquier forma o en cualquier medida a un candidato distinto al avalado o apoyado por la respectiva organización política.

iii) Un elemento temporal, aunque no está expreso en la redacción de la norma, una interpretación sistemática y con efecto útil de esta disposición impone colegir que la modalidad de apoyo de doble militancia solo puede ejercerse en época de campaña electoral, la cual comprende desde el momento en el que la persona inscribe su candidatura hasta el día de las elecciones. Esto es así, porque solo durante ese lapso se puede hablar de candidatos en el sentido estricto de la palabra, y por ende, solo en este espacio de tiempo se podría ejecutar la conducta que la norma reprocha, es decir, el apoyo a las candidaturas.» (Resaltado fuera del original)

Así, incurren en la modalidad de doble militancia consagrada en la modalidad de apoyo, descrita en el inciso 2º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, dos clases de personas definidas en forma clara: 1) quienes desempeñen alguna clase de cargo directivo, de gobierno, administración o control dentro de la organización política y 2) quienes hayan sido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular. Siendo la conducta proscrita: 3) que apoyen a un candidato distinto al inscrito o avalado por el respectivo partido político.

Además, esta Sala ha establecido que la modalidad de apoyo a candidatos diferentes a los del partido ocurre con un solo acto, cuando se acompaña la aspiración de otro candidato en contra de la lealtad que debe guardar a la colectividad a la que se pertenece, así:

«Según los términos de la Ley 1475 de 2011, la doble militancia tiene lugar por el respaldo que el candidato haya dado a otro aspirante del partido político distinto de aquel al cual pertenece, sin que exija como requisito la existencia de actos sucesivos en desarrollo de la campaña.

Esto implica que la conducta prohibida por la legislación electoral puede configurarse incluso con la ocurrencia de un solo acto de apoyo, que permita establecer que en alguna medida respalda al candidato de la organización política diferente al que se encuentra afiliado.

Finalmente, la Sala considera que tampoco es necesario que el apoyo tenga incidencia real en el resultado de la elección, pues al regular la doble militancia la Ley 1475 de 2011 no incluyó ninguna condición de este carácter, ni limitó sus alcances a este tipo de factores.

El desconocimiento de la prohibición legal opera por el hecho de acompañar la aspiración del otro candidato en contra de la lealtad que debe guardar a la colectividad a la que pertenece, sin importar que el favorecido con el respaldo llegue al cargo o a la corporación pública.

En el ámbito del control de los actos electorales, las causales de nulidad establecidas en el ordenamiento jurídico se entienden en forma objetiva, lo cual significa que no atienden a posibles criterios de graduación ni de moderación, según la producción de un resultado, sino que simplemente el análisis busca determinar si la conducta quedó configurada.»

De todas esas generalidades se evidencia que dentro de la estructuración de la doble militancia por la modalidad de apoyo, que debe analizarse cuando se desciende a un caso en concreto, se impone la prueba fehaciente de la conducta positiva del acusado de haber incurrido en la prohibición, a partir de claras y corroboradas manifestaciones de acompañamiento, asistencia y respaldo expreso a quien por ideología, disciplina de partido y/o pertenencia a otra colectividad, no podía apoyar, precisamente porque ese tercero está adepto políticamente a otra colectividad política, que le resulta ajena al demandado por la conducta prohibitiva.

Por ello, se descarta dentro de la doble militancia, toda conducta que provenga del apoyo de otro, pues en últimas ni el legislador así lo contempló y, en estricto soporte teleológico y dentro de criterios de razonabilidad, no resulta de recibo responsabilizar política y electoralmente a una persona por los actos o conductas de otro, en atención a que se trata de una sanción que se soporta en las actuaciones o actividades subjetivas y propias de quien es enjuiciado como tránsfuga. Así las cosas, resultaría extraño responsabilizarlo por las actividades de terceros que no puede gobernar y frente a los cuales carece de la posibilidad de impedirlas, por pertenecer al aspecto volitivo que le es ajeno.

Esa razón por la cual a un accionado por doble militancia no puede incursionar en esta si el apoyo es prodigado por otros.

6. Caso concreto

Dentro del contexto de las demandas y como quedó plasmado en la fijación del litigio dos aspectos interesan a este proceso dentro de la prohibición de la doble militancia, consistentes en corroborar (1) si el candidato -hoy gobernador elegido- brindó apoyo, en dos eventos de campaña a candidatos del Partido Conservador, que no integró la coalición, a saber: a) Una caravana en el municipio de Pensilvania, Caldas, donde el señor Velásquez Cardona acompañó al candidato a la Asamblea Rubén Darío Giraldo y b) Una reunión en el municipio de Manzanares, Caldas, donde el candidato a la Gobernación brindó acompañamiento al candidato a la Alcaldía de dicha municipalidad y (2) si se configuró la doble militancia por el hecho de haber sido promovido e inscrito inicialmente por un grupo significativo de ciudadanos y luego por una coalición de partidos e impedir al electorado tener claridad sobre el programa de gobierno inscrito.

Se aclara por la Sala que los otros dos aspectos fácticos formulados por los demandantes relativos a si existe doble militancia, al recibir el apoyo de otros candidatos inscritos por otro partido y si el acuerdo de coalición no se radicó al momento de la inscripción, no merecen un estudio adicional, pues como se mencionó consideraciones atrás, es inexistente la doble militancia de un candidato cuando se trata del apoyo ofrecido por otros y en la documentación que remitió al proceso la RNEC, reposa el formulario E-6GOB que sí contiene en los anexos adosados, el acuerdo de coalición, por lo que cae por su peso la afirmación de la parte actora sobre la irregularidad de la inscripción por no contar con dicho acuerdo de voluntades.

Así tampoco merece pronunciamiento adicional el cargo atinente a si se configuró la doble militancia por el hecho de haber sido promovido e inscrito inicialmente por un grupo significativo de ciudadanos y luego por una coalición de partidos, en tanto el formulario E-6GOB que reposa en el proceso acumulado, fue allegado por la autoridad electoral competente, mediante oficio de 2 de marzo de 2021 suscrito por los Delegados Departamentales, dando cumplimiento y alcance al requerimiento probatorio del Despacho instructor, y en el que se advierte la inscripción del accionado por parte de la coalición, de la cual hizo parte integrante el grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, sin que existe probanza o certeza, mediante prueba fehaciente aportada al proceso, de una primera inscripción de candidatura y menos de que ésta hubiera sido revocada o anulada.
Aclarados esos puntos del debate, la Sala considera que sobre los supuestos que se requieren corroborar es necesario detenerse en la valoración del acervo probatorio dentro del contexto de los extremos que se discuten. Así las cosas, esta Judicatura abordará el estudio de los elementos probatorios útiles que reposan en el expediente, en el que primero se analizarán las documentales propiamente dichas y representativas y las declarativas de terceros, para luego concluir sobre los puntos focales del apoyo y si hay mérito para dar cabida a la carga argumentativa de la parte actora de la demostración de la doble militancia por parte del accionado en la modalidad referida.

6.1. La prueba documental:

6.1.1. El formulario E-6GO

Emerge como una de las pruebas medulares dentro de los asuntos en que se acusa la doble militancia y resulta plenamente valorable, en tanto en este fue adosado al proceso por la RNEC con el escrito de intervención, no fue desconocido por ninguno de los suscriptores ni de los sujetos procesales, lo que permite que se predique de éste que su contenido es auténtico y fidedigno, en el que se evidencia que el accionado fue inscrito por la coalición “Unidos por Caldas”, conformada por el grupo significativo de ciudadanos del mismo nombre y los partidos políticos de La U, MAIS, Alianza Verde y Cambio Radical.

6.1.2. La fotografía de tres personas.

Reposa en la comunidad probatoria, adjuntada por la parte actora, una fotografía en la que aparecen tres personas, una de ellas responde a la morfología del accionado quien tiene en la mano un micrófono y en cuya ambientación parece de fondo un cubrimiento total oscuro con la letra símbolo “C” del Partido Conservador Colombiano.

Es necesario entonces que la Sala se detenga en la valoración de la fotografía como prueba documental, sometida a todos los requisitos que la ley procesal prevé para los documentos, que conforme a las previsiones del artículo 243 del CGP no se reputa público, en tanto no fue otorgado por funcionario en ejercicio de sus atribuciones o con su intervención ni tampoco se indicó si su autoría es de un particular en cumplimiento de competencias de la misma estirpe.

Se trata entonces de documento privado que reproduce una imagen y que se presume auténtico por cuanto “no ha sido tachado de falso ni desconocido” y que permite su valoración probatoria, en tanto en el concepto de autenticidad resulta indispensable al efecto y perfectamente diferenciable de la verdad de su contenido, toda vez que lo auténtico, alude a la total certeza en relación con la persona que lo elaboró, suscribió o firmó.

Se ha establecido que “la autenticidad es un requisito que debe estar cumplido para que el documento pueda ser apreciado y valorado por el juez en lo que intrínsecamente contenga”, pero “no tiene nada que ver con el efecto demostrativo del documento porque no puede éste ir más allá de lo que incorporó en él o de lo que representa, de ahí la necesidad de erradicar el frecuente malentendido de estimar que por ser auténtico un documento tiene más poder de convicción”.

La fotografía como tal luego de ser analizada, por sí sola, no refleja para la Sala que el accionado se encuentre en proselitismo político a favor del Partido Conservador, nótese que fue integrada a la demanda, con la descripción de que se tomó en el municipio de Marquetalia (Caldas) y que en ella aparecen los señores Jairo Serna y Nicanor Murillo, militantes de dicho partido, junto al accionado y al fondo la bandera de esa colectividad.

Pues bien, aunque se diera por ciertas todas las anteriores circunstancias modales y de espacio geográfico informadas por la parte interesada, lo cierto es que no materializa la conducta positiva, cierta y activa que se requiere para dar por probada la modalidad de apoyo de la doble militancia. En efecto, aunque el fondo de la foto permita deducir que se trata de una reunión a cargo o por lo menos con participación del Partido Conservador Colombiano y que las personas que acompañan al accionado sean los señores Serna y Murillo, a ello no se refiere la prohibición, en tanto la conducta de departir con otros candidatos no es el sustrato de la misma ni responde a la teleología de la prohibición y menos materializan la ayuda.

En esa línea la fotografía por sí misma no deja de ser un mero registro de un encuentro de personas con un afiche de fondo perteneciente a colectividad distinta a la propia, pero que no son demostrativas del apoyo, a partir de conductas activas, en tanto “la estructuración de dicha prohibición exige necesariamente la ejecución de actos positivos y concretos de apoyo en favor del candidato perteneciente a otro partido político.”

Así las cosas, para su valoración probatoria debe armonizarse con los demás medios probatorios recaudados, a fin de determinar si tiene la fuerza de convicción que la parte actora busca para acreditar la doble militancia.

Pero lo cierto es que las demás pruebas tampoco concurren a fortalecer la convicción necesaria, en atención a que el testimonio de la señora Rubeira Rivera Mejía no pudo recaudarse ante la condición de salud de la declarante y los otros dos testigos José Rodrigo Parra Serna y Henry Ramírez Montes no dan razón de lo acontecido en Marquetalia, en tanto son claros en indicar que fueron candidatos del Partido Conservador Colombiano pero en las justas electorales para el municipio de Manzanares (Caldas).

Aunado a que, en la declaración de parte del accionado, al ser preguntado por el Despacho respecto de lo acontecido con los candidatos en el municipio de Marquetalia, contestó que lo recorrió en campaña y que las diferentes colectividades organizaban eventos, pero que no apoyó a los mencionados candidatos en particular. Si bien compartió tarima y recorrió los municipios del departamento de Caldas, lo cierto es que intervenían varias y diversas fuerzas políticas.

E incluso dentro de la audiencia de pruebas, al ponérsele de presente la fotografía, reconoció la foto, pero no a las dos personas que le acompañan, a lo que el Magistrado instructor le aclaró que se trataba de dos militantes del Partido Conservador Colombiano, los señores Jairo Serna y Nicanor Murillo, a lo cual respondió que no reconoce el lugar de la fotografía y que entiende que puede ser la sede de la referida colectividad, pero que estuvo en más de 300 reuniones en su campaña y que fue cuidadoso de no apoyar específicamente a candidatos para no perjudicar a su propio electorado.

Contrario a lo señalado por la actora y hoy apelante, la sola asistencia por parte del demandado a actos proselitistas de otros los candidatos no pueden derivar en la configuración de una conducta de doble militancia y que se proscribe con la nulidad de la elección. Así lo ha considerado la Sección Quinta al sostener que “…la sola presencia del accionado en eventos políticos ajenos a los de su partido no conllevan, por ese solo hecho, la configuración de los actos positivos y concretos de apoyo, pues se requiere la probanza de que la participación tiene como principal propósito el auspicio o impulso electoral de las candidaturas extrañas”.

De todo lo anterior, para la Sala es clara, la carencia de fortaleza probatoria del medio de convicción que se analiza, tendiente a acreditar el supuesto apoyo del demandado a los candidatos del Partido Conservador Colombiano para la circunscripción electoral de Marquetalia (Caldas).

6.1.3. La fotografía captura de pantalla del perfil de Facebook y video

La parte actora adosó como prueba el pantallazo de la red social Facebook del señor Rubén Darío Giraldo, candidato a la Duma de Caldas, por el Partido Conservador Colombiano, para que se tenga claro que el video que dice se adjunta como prueba proviene de la publicación que el señor Giraldo hiciera en esa plataforma.

Al efecto, la Sala considera que se debe dar aplicación al artículo 247 del CGP, en el que se indica respecto de la valoración de mensajes de datos que la simple impresión de éste debe seguir las reglas generales de valoración probatoria de los documentos, conforme al 243 ejusdem, en tanto aquellos solo pueden ser valorados como tal cuando han sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados, recibidos o que los reproduzcan con exactitud, lo cual no acontece con la mera impresión física en papel.

Así las cosas, en el documento presentado solo se advierte que Rubén Darío Giraldo agregó 7 fotos nuevas, con fecha 16 de septiembre –sin año- a las 12:30 a.m. con una leyenda que dice “Pueblo Nuevo Lo vamos hacer bien y con amor” y en lo impreso se observan tan solo 5 fotografías de las 7 anunciadas. En las que se observan, se advierten manifestaciones políticas en caballo, así como un conglomerado de personas en los que es como un coliseo y dos fotos en las que al parecer se trata del señor Giraldo, quien aparece con camiseta alegórica al Partido Conservador Colombiano. Se trata de una publicación estática en imágenes fotográficas impresas.

Sin que por lo demás se advierta la presencia o fisonomía del accionado, la cual identifica la Sala a partir de la observancia de algunas imágenes de la persona del demandado que reposan en el expediente y menos se advierta en forma fehaciente sobre las conductas activas de apoyo del señor Luis Carlos Velásquez Cardona hacia el candidato Rubén Darío Giraldo.

Sobre el punto, el accionado al ser interrogado sobre esta publicación indicó que evita montar a caballo y participar en cabalgatas debido a que tiene afectación en una rodilla y que desconoce la fotografía porque no recuerda haber participado en ese evento.

En consecuencia, esta prueba tampoco suministra a esta Judicatura la convicción del apoyo o asistencia que se atribuyó al demandado respecto a los candidatos de otras colectividades diferentes a las coaligadas, además que no resulta converger con otro medio probatorio de los que integran el acervo, generando así la falta de probanza sobre el supuesto que trae la norma que consagra la prohibición del transfuguismo.

6.1.4. Video

Presentado con la demanda, la parte actora indica que se realizó en el municipio de Pensilvania Caldas y que demuestra la participación del diputado electo por el Partido Conservador Colombiano Rubén Darío Giraldo en un evento político tipo cabalgata, realizado por el señor Luis Carlos Velásquez, con la publicidad de ambos candidatos.

Ahora bien, en el sub judice de conformidad con el artículo 243 del C.G.P, la grabación en la forma como fue aportada, resulta ser un documento privado, que conforme al artículo 244 ib, goza de presunción de autenticidad mientras no haya sido tachada de falsa o desconocida.

La referida disposición aplicada al caso concreto, permite afirmar que la grabación en video es privada y emana de un tercero, ya que quien la adosa no se atribuye su autoría.

En atención a la posibilidad de ser valorada al haber superado su autenticidad, la Sala al observar el video encuentra que en la parte baja izquierda se lee la mención de “Pensilvania Somos Todos”, en lo que al parecer transcurre en una manifestación propia de una campaña política hay varias personas que se desplazan por la vía en caballos, motos y carros haciendo proselitismo político, pues en efecto, portan pancartas en las que se lee “Jairo Alcalde”; “Jairo García” y “Luis Carlos Gobernador”, pero sin que se advierta, como lo menciona el demandante, que fue una actividad organizada por el accionado, a favor del entonces candidato conservador a la Asamblea Rubén Darío Giraldo, frente a quien por lo demás en la grabación no se evidencia a su favor publicidad política alguna.

Sobre el punto, en la declaración de parte, el accionado al exhibírsele el video, reiteró que las cabalgatas no hicieron parte de sus actividades de campaña debido a la condición de rodilla que le aqueja y aseguró que no estuvo en la cabalgata del video, aunque sí reconoció que al inicio del video sí se porta una pancarta de su candidatura a la gobernación.

No obstante, el reconocimiento del declarante, la Sala aclara que la existencia de una pancarta política publicitaria tampoco resulta de recibo frente a las probanzas que se requieren para el apoyo constitutivo de doble militancia, precisamente, en aquellos casos en los que no hay evidencia cierta que pueda derivarse de un actuar a voluntad del accionado “…es evidente que de las imágenes aportadas, no se evidencian elementos que, por ejemplo permitan definir cuándo fueron realizadas las reuniones respectivas y, entre otras cosas, si fue el demandado quien dispuso, autorizó, convino o consintió tales actividades proselitistas y menos que de ellas se derive el cuestionado apoyo.”

Finalmente, no resulta potencialmente transcendente la existencia de una pancarta en el acto de proselitismo político en el que no se sabe si era de apoyo al accionado Velásquez Cardona o a favor del señor Jairo García, de quien se desconoce su militancia y frente a quien, por lo demás, las demandas no refirieron hecho alguno ni derivaron de este sustento para la doble militancia atribuida al demandado.

Por lo tanto, el hecho de que un candidato asista a reuniones donde figura publicidad de candidatos de otros partidos, no evidencia de manera contundente que con su asistencia se manifieste el apoyo que se requiere para que se pueda anular el acto electoral por doble militancia, sin otro soporte probatorio que evidencia al juzgador que en realidad sí se trató del apoyo cierto, expreso y activo constitutivo de doble militancia.

De manera que, del acervo probatorio aportado al expediente no es posible advertir el elemento objetivo requerido para la configuración de la prohibición de la doble militancia en la modalidad de apoyo, pues no se evidencia la conducta o el acto positivo del demandado tendiente al favorecimiento de la campaña política de candidatos de otras colectividades.

6.2. La prueba testimonial

Dos declaraciones de terceros se pudieron recaudar, las correspondientes a los señores José Rodrigo Parra Serna y Henry Ramírez Montes.

6.2.1. Respecto del testimonio del señor José Rodrigo Parra Serna, testigo solicitado por la parte demandada para que declarara lo que le conste de la reunión del demandado con el candidato del Partido Conservador a la Alcaldía de Manzanares, Caldas, en las pasadas elecciones de 27 de octubre de 2019, y el alcance de la participación del accionado en dicho evento, el testigo respondió, en forma contundente, que desconocía lo sucedido en el municipio de Manzanares o con algún aspirante a cargo de elección popular de esa entidad territorial, por cuanto su campaña política para esas elecciones era para el municipio de Marquetalia.

Para despejar cualquier duda, el Despacho instructor en la misma audiencia de pruebas verificó la solicitud probatoria y corroboró que el objeto del testimonio sí fue circunscrito geográficamente al municipio de Manzanares y no de Marquetalia.

Resulta, entonces en forma fehaciente, que este testimonio en nada contribuye a dilucidar los aspectos discutidos en esta causa, razón por la cual se sustrae de la valoración probatoria.

6.2.2. En relación con el testimonio del señor Henry Ramírez Montes que también fue solicitado por la parte demandada, con idéntico objeto que el del testimonio del señor Parra Serna.

Sobre el asunto para el cual fue citado a deponer, relató que sí fue candidato a la Alcaldía de Manzanares (Caldas) para las pasadas elecciones, con el aval del Partido Conservador Colombiano, pero que no recibió apoyo del accionado ni tampoco lo apoyó, toda vez que esa colectividad tenía su propio candidato a la Gobernación de Caldas, el señor Angelo Quintero y que siempre ha sido respetuoso con su militancia de trayectoria y con las decisiones de las directivas del corporativo. Dejó claro que desconoce las razones por las cuales los demandantes afirmaron tal hecho de apoyo y que en lo que sí tiene certeza es que nunca se reunió con el gobernador ni lo apoyó, por las razones anotadas.

Al ser interrogado sobre si presenció alguna visita del entonces candidato a gobernador Velásquez Cardona al municipio de Manzanares en octubre de 2019, reconoció que era fácil coincidir con varios candidatos de distintas, debido a que se trata geográficamente de un territorio reducido e indicó que escuchó sobre la gira política que haría el señor Velásquez, pero lo cierto es que nunca se vio personalmente con el accionado y calificó de absurdo que este pudiera invitar a sus electores a votar por candidatos del Partido Conservador Colombiano, en tanto esa colectividad no lo apoyó.

6.3. La declaración de parte

En la audiencia de pruebas se recaudó la declaración de parte al entonces candidato Luis Carlos Velásquez Cardona, hoy gobernador del departamento de Caldas y demandado en esta causa.

Afirmó que políticamente pertenece a “Unidos por Caldas”, grupo significativo de ciudadanos conformado con tres (3) amigos para lanzar su candidatura por firmas a la Gobernación, pero que ese colectivo no lo inscribió como candidato por cuanto solo fue conformado con el propósito único de promover y promocionar la candidatura.

A la pregunta concreta de si apoyó a un candidato distinto para las elecciones de 2019 contestó que la campaña propia a la gobernación “representó un gran esfuerzo y la unión de diferentes fuerzas políticas, así que fue siempre muy cuidadoso de no apoyar a candidatos en específico en ningún municipio. Informa que fue invitado a más de 300 reuniones a lo largo del departamento, donde compartió tarimas y eventos deportivos propios de las campañas políticas”.

El Despacho formuló preguntas focales respecto de los supuestos fácticos concretos que sustentan las demandas así:

“PREGUNTADO. En las demandas formuladas se afirma que brindó apoyo en dos eventos de campaña a candidatos del partido Conservador, que no integró la coalición: a) Una caravana en el municipio de Pensilvania donde el señor gobernador, según se afirma, acompañó al candidato a la Asamblea Rubén Darío Giraldo y b) Una reunión en el municipio de Manzanares donde brindó acompañamiento al candidato a la Alcaldía. ¿Qué tiene para decir al respecto?

CONTESTADO: Recorrió el municipio en campaña y las diferentes colectividades organizaban eventos. Destaca que obtuvo la votación más alta en la historia del departamento a la Gobernación. Sobre los nombres propios citados, no recuerda haber apoyado a esos candidatos en particular. Puntualiza en que compartió tarima y recorrió los municipios del departamento, en donde intervenían varias fuerzas políticas.”.

El Despacho insistió en la auscultación respectiva y compartió al declarante las tres pruebas documentales adosadas con los libelos demandatorios, a saber: 1) fotografía (captura de pantalla) de perfil de Facebook; 2) fotografía con tres personas y video de manifestación política, frente a lo cual aconteció lo siguiente durante la audiencia de recaudo probatorio.

“1) Documental: Fotografía (captura de pantalla) de perfil de Facebook

CONTESTADO: Debido a una condición de rodilla, evita montar a caballo y participar en cabalgatas. Manifiesta que no se reconoce en la fotografía mostrada y no recuerda haber participado en ese evento. Indica que el señor Rubén Darío es un policía retirado oriundo de Pensilvania, y que actualmente es diputado de Caldas.

2) Documental: Fotografía con tres (3) personas

CONTESTADO: Se reconoce en la foto, pero no reconoce a las 2 personas que están a su lado. (El magistrado informa que se trata de dos militantes del partido Conservador, de nombres Jairo Serna y Nicanor Murillo, en línea de lo que se afirma en el proceso sobre el apoyo que recibió su candidatura de partidos diferentes al de su coalición). Tampoco reconoce el lugar de la fotografía y entiende que puede ser la sede del partido Conservador. Reitera que estuvo en más de 300 reuniones en su campaña, que fue cuidadoso de no apoyar específicamente a candidatos para no perjudicar a su propio electorado, y que compartió tarimas, escenarios deportivos y otros eventos a lo largo del departamento.

3) Video (00:59)

El magistrado ponente aclara que, según se informa en las demandas, en ese video se registra una caravana en la que participó el demandado en apoyo al candidato a la Asamblea de Caldas, Rubén Darío Giraldo, en el municipio de Pensilvania. ¿Qué tiene que decir al respecto? CONTESTADO: Reitera que las cabalgatas no hacen parte de sus actividades de campaña, debido a una condición de rodilla. Asegura que no estuvo en esa cabalgata en particular, aunque reconoce al inicio del video una pancarta de su candidatura.”.

De las declaraciones tanto de terceros como de parte, se evidencia en forma clara que no es de recibo la afirmación de la parte actora al atribuir al demandado la conducta de apoyo dentro del contexto de la prohibición de la doble militancia, en tanto la Sala echa de menos las pruebas que dieran convicción sobre la asistencia activa que el entonces candidato a la gobernación de Caldas hubiera desplegado, en favorecimiento de aspirantes locales a cargos de elección popular avalados por el Partido Conservador Colombiano.

Por el contrario el testimonio del entonces candidato Henry Ramírez Montes, quien fue avalado por el partido Conservador Colombiano a la alcaldía de Manzanares, junto con el raciocinio de que su partido ya contaba con candidato a la gobernación (señor Ángelo Quintero), devela que dicho municipio siendo tan pequeño facilita que coincidan varios candidatos de distintas vertientes políticas y que era conocedor de la gira política del accionado, son parámetros que evidencian y explican en forma fehaciente las razones modales, de causa y territoriales del dicho del testigo y le dan toda la convicción necesaria para ser valorado, en su afirmación de que él y el demandado nunca se vieron personalmente, que no fue apoyado en sus aspiraciones políticas a la alcaldía municipal de Manzanares por el demandado y que en su deducción, a juicio del testigo, toca en lo absurdo que el señor Velásquez Cardona pudiera invitar a su electorado a votar por candidatos del Partido Conservador Colombiano, en tanto esta colectividad nunca lo apoyó.

Así las cosas, y como el cuestionamiento de la parte actora recae en la presunta incursión del demandado en el apoyo que se encuadra en la causal de doble militancia, de lo analizado se evidencia que probatoriamente la prueba documental, representativa en video y declarativa contenida en los testimonios y el interrogatorio de parte, no resultaron suficientes para considerar que el demandado asistió, apoyó o ayudó con actos positivos a candidatos de otra colectividad que no hiciera parte de la coalición.

Por lo tanto, se concluye que no le asiste razón a la parte actora en su propósito de nulitar la elección del gobernador del departamento de Caldas Luis Carlos Velásquez Cardona, en tanto las pruebas con las cuales se pretendía acreditar el cumplimiento del supuesto fáctico contenido en la norma y permitir la consecuencia jurídica en ella prevista, resultaron insuficientes para tener la convicción de que el accionado hubiera ayudado, respaldado, asistido o acompañado en forma activa a candidato de otra colectividad.

7. La doble militancia con fundamento en la supuesta doble inscripción y falta de certeza del programa de gobierno.

Otro punto que merece la atención de la Sala, es la acusación de que la incursión en la doble militancia quedó en evidencia porque el accionado fue promovido por un grupo significativo de ciudadanos, pero también por una coalición, lo que además conllevó la falta de claridad sobre el programa de gobierno inscrito de cara a la posterior figura del llamado voto programático.

La Sala Electoral considera que en esta explicación de los libelistas se presenta una mezcla de conceptos con una línea que los interrelaciona, como es la inscripción a cargos uninominales, concretamente la relativa a gobernador de un departamento, a quien en virtud de la Ley 131 de 1994 se le aplica la figura del voto programático siendo obligatorio que al inscribirse presente su programa de gobierno como plataforma garantista de lo que desarrollará en caso de resultar elegido.

Aquello que se formula entrelazado de manera inseparable o indivisible por la parte actora tiene como propósito dar por sentada la doble militancia, pero ello en realidad no es reflejo de lo que en esas materias ha regulado el legislador, ya que cada una de esas figuras contiene aspectos diferenciables y autónomos, sin que en el caso que ocupa la atención de la Sala existan relaciones de causa a consecuencia o viceversa comprobadas.

En efecto, la inscripción de candidaturas a cargos de elección popular tiene dos grandes puntos de partida, por una parte, el aval que se permite solo a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica e incluso constituye un elemento diferenciador entre éstos y las demás colectividades, en las que se encuentran los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales. Por otra, los apoyos por firmas, posibilidad que se da como garantía de una mayor participación democrática del conglomerado, pues se deja de lado la exigencia de los requisitos y el engranaje propio de aquellos y se les permite inscribir candidaturas bajo exigencias de determinado número de firmas válidas y la constitución de una póliza de cumplimiento.

La génesis de ese entendimiento está en los incisos 3° y 4° del artículo 108 Superior consagra que los partidos y movimientos políticos con personería jurídica reconocida por el CNE pueden inscribir candidatos a elecciones, pero deben expedir el respectivo aval. Enseguida indica que los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también pueden inscribir candidatos sin mencionar al aval.

Lo anterior se concibe dentro del marco de un presupuesto sine qua non dentro de lo que se puede calificar como requisito de la esencia en toda inscripción de candidaturas, al punto que si no se cuenta con ninguna –aval o apoyo por firmas- resulta imposible ser candidato y, en consecuencia, entrar a la competencia electoral con la potencialidad de ser elegido.

Otro aspecto es el que resulta del enfoque de la legitimación para inscribir candidaturas, por parte del sujeto activo inscriptor, en cuyo escenario, emergen todas las colectividades políticas mencionadas, agrupadas en dos grupos, a saber: 1) la inscripción individualmente considerada, cuando son únicas postulantes y 2) la de carácter colectivo, cuando voluntariamente varias de ellas unen fuerzas electorales mediante la figura de la coalición, que es una unión política electoral en la que pueden converger todos esos corporativos alrededor de un solo candidato o lista en la que fincan sus expectativas de triunfo electoral, pero sin perder la naturaleza física, ideológica y filosófica distintiva de cada uno de los coaligados y ante todo sin vocación de permanencia en esa unión.

Armonizado con el mandato superior contenido en los incisos 3 y 4 del artículo 108, el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 consagra que tanto los partidos y movimientos políticos con personería jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, están facultados para inscribir candidaturas para cargos uninominales. Como consecuencia de ello, el aspirante de la coalición es el único para todos los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos coaligados o para quienes adhieran o apoyen a dicho candidato.

Ello por cuanto la misma norma es perentoria en indicar que la suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante, lo que impone que ni los partidos, movimientos políticos ni sus directivos ni los promotores de los grupos significativos de ciudadanos pueden inscribir ni apoyar a candidato distinto al designado, estatuyendo la incursión en esa prohibición como causal de nulidad o de revocatoria de la inscripción del candidato que apoyen diferente al designado por la coalición.
En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la filiación política de los candidatos, antes de la inscripción, debe haber determinado el programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo de financiación de la campaña y la distribución de la reposición de gastos entre los distintos coaligados, sistemas de publicidad y auditoría interna y la forma de ternar en caso de que fuera necesario reemplazar al elegido (parágrafos 1 y 2 art. 29 ejusdem).
Por otra parte, el voto programático elevado a canon constitucional que en forma perentoria contiene la orden popular de que “quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato” y defirió en la Ley el regular su ejercicio, que se concretó en la Ley 131 de 9 de mayo de 1994 por la cual se reglamenta, lo define -parafraseando el artículo Superior- como un mecanismo de participación mediante el cual “los ciudadanos que votan para elegir gobernadores y alcaldes, imponen como mandato al elegido el cumplimiento del programa de gobierno que haya presentado como parte integral en la inscripción de su candidatura”, norma que resulta coherente con la imposición a que “[l]os candidatos a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deberán someter a consideración ciudadana un programa de gobierno, que hará parte integral de la inscripción ante las autoridades electorales respectivas, debiéndose surtir posteriormente su publicación en el órgano oficial de la entidad territorial respectiva o, en su defecto, las administraciones departamentales o municipales ordenarán editar una publicación donde se den a conocer los programas de todos los aspirantes, sin perjuicio de su divulgación pública de acuerdo con la reglamentación en materia de uso de medios de comunicación.” (arts. 1 y 3 ejusdem).

El programa de gobierno del candidato que materializa la aplicación del voto programático se presenta entonces como un requisito que debe acompañar la inscripción de los candidatos a cargos uninominales de elección popular para alcaldes y gobernadores, sin que desde el punto de vista conceptual, presente una contradicción u obstáculo para los candidatos que son inscritos por coaliciones conformadas por grupos significativos de ciudadanos, que como quedó visto consideraciones atrás pueden concurrir coaligados con otras colectividades para inscribir candidaturas y sin que para el caso concreto se haya demostrado la defraudación al programa de gobierno, que se evidencia siempre fue el mismo y frente al cual no se incluyeron modificaciones, alteraciones o cambios.

No existe previsión alguna que así lo haya consagrado y si la hipótesis de que el programa de gobierno fuera un escollo para la inscripción plural coaligada es claro que entonces legalmente hubiera sido objeto de prohibición o por lo menos de exclusión.

En consecuencia, dentro de un contexto general no se advierte que exista disconformidad entre la consecución de firmas por un grupo significativo de ciudadanos para promocionar una candidatura a cargo uninominal del nivel territorial, con lograr el apoyo coaligado de otras colectividades que así lo han consentido voluntariamente juntos y en acuerdo con el grupo significativo y converger todos los coaligados en el programa o plataforma de gobierno que el candidato formula y con el que se inscribe para dar cumplimiento a todo el engranaje del llamado voto programático.

Para efectos de ahondar en esta parte de la censura, en la que se itera la parte actora hizo una mixtura que no es viable para predicar la doble militancia.

Para ilustrar el asunto, se analizarán las generalidades de varios aspectos que merecen ser expuestos, en atención a la pertinencia sobre el tema.

7.1. De la recolección de firmas y de la inscripción de candidaturas para cargos públicos de elección popular por parte de los grupos significativos de ciudadanos y de movimientos políticos.

Históricamente, los grupos significativos de ciudadanos antes de la promulgación de la Constitución Política de 1991, no se avizoraban dentro de la realidad política del país, en tanto la realidad de los partidos en Colombia tenía como rasgo característico: la atomización del sistema electoral basado en la lucha y disputa bipartidista (Partido Liberal Colombiano y el Partido Conservador Colombiano); que durante décadas afianzó la hegemonía electoral entre dos facciones políticas y contribuyó a la consolidación de un sistema electoral cerrado y excluyente, rasgos que se vieron mayormente concentrados en la denominada etapa del Frente Nacional (1958-1974).

Fue, precisamente con la Carta Magna de 1991 que se dio apertura a otros mecanismos de participación de las personas en la vida política del país, entre ellas los grupos significativos de ciudadanos y que emergían como garantía de la democracia participativa.

De manera que en forma paralela a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica emergían los grupos significativos de ciudadanos dentro de las posibilidades para que una persona se candidatizara a las diferentes elecciones populares, para dar posibilidad a que los diversos sectores de la sociedad fueran incluidos en la política ciudadana, con el propósito de fortalecer la democracia participativa.

En esta misma línea argumentativa, el principio democrático que la Carta promulgó al respecto, y posteriormente la norma reglamentaria también, fue el de universalidad y expansión de la participación política ciudadana “se dice que es universal en la medida en que compromete variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que vitalmente pueda interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder social. El principio democrático es expansivo pues su dinámica lejos de ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que demanda por parte de los principales actores públicos y privados un denodado esfuerzo para su efectiva construcción”

La reglamentación de los grupos significativos de ciudadanos de dio con la Ley 130 de 1994 y luego con las Leyes 996 de 2005 y 1475 de 2011, como nuevo actor electoral en el sistema de partidos en Colombia. Groso modo, la intención de la constituyente y la normatividad reglamentaria de los grupos significativos fue consolidar mediante mecanismos concretos la democracia participativa mediante la ampliación de este principio constitucional no exclusivamente a los partidos y movimientos con personería jurídica.

Ahora bien, para comprender en mayor detalle el alcance de los grupos significativos de ciudadanos se hace necesario la delimitación conceptual de los mismos, y esto implica ahondar sobre sus características sui géneris, sus peculiaridades respecto a otros grupos de organización política y su estructura interna, para ello la sentencia C-089 de 1994 de la Corte Constitucional, brinda elementos esclarecedores:

“Si por organización se entiende un conjunto humano ordenado y jerarquizado que asegura la cooperación y la coordinación de sus miembros con el objeto de alcanzar los fines propuestos, la enumeración de entidades hecha por la Constitución posee dos polos opuestos: el partido político, de un lado, y el grupo significativo de ciudadanos, del otro. El primero tiene una clara estructura consolidada, con jerarquías permanentes y claramente diferenciadas, valores, tradiciones y códigos disciplinarios. El grupo significativo de ciudadanos, en cambio, es una manifestación política coyuntural que recoge una voluntad popular cualitativamente importante.”

El término significativo sólo puede ser sopesado en términos sociológicos y teniendo en cuenta la importancia de la manifestación política del grupo dentro de unas circunstancias específicas.

De esta manera, los grupos significativos de ciudadanos se entienden como manifestaciones políticas coyunturales que carecen tanto de vocación de permanencia como de un nivel de organización tal, que les permita asegurar algún nivel de institucionalidad. De todas formas, estos grupos recogen una voluntad popular cualitativamente importante, cuya finalidad puede ser la de obtener resultados concretos sociales y/o económicos o simplemente participar en un proceso electoral determinado

Adicionalmente, la sentencia C-955, 2001, fue mucho más precisa al clarificar la diferenciación conceptual entre un movimiento político, un partido político y un GSC.

“…los partidos políticos [tienen] vocación de permanencia, el propósito declarado de acceder al poder y a los cargos de elección popular para influir en las decisiones políticas y democráticas de la nación, y el propósito de ser organizaciones que “simbolizan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen en la formación y manifestación de la voluntad popular.

Los movimientos políticos, por su parte, son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente que se proponen influir en la formación de la voluntad política y/o participar en las elecciones. Los movimientos políticos comparten con los partidos políticos una cualidad que la diferencia de las demás organizaciones avaladas por la normatividad: la posibilidad de ostentar personería jurídica. La característica esencial que identifica y asimila a los partidos políticos y a los movimientos políticos, de acuerdo con los acercamientos conceptuales hechos por la ley y por la sentencia de la Corte, es el rasgo de organización que ambos comparten.”. (Destacados fuera de Sala).

En este sentido, y como ya se ha puesto de manifiesto en líneas anteriores, es dable afirmar que la principal diferencia entre los grupos significativos de ciudadanos y las organizaciones políticas con estructuras definidas, como lo son los partidos y los movimientos políticos, es su vocación estructural de permanencia, “no tienen vocación de permanencia desde el punto de vista del activismo político. Su propósito central en el escenario público no es el de participar en la contienda electoral de manera continua, sino el de obtener resultados concretos de orden social y/o político”.

El Consejo de Estado, en la misma línea, en sentencia de 21 de julio de 2016 expresó que la diferencia principal entre los partidos y movimientos políticos con las organizaciones sociales, los movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos, radica principalmente en su vocación de permanencia, y en que aquéllos están amparados en toda su actuación por el reconocimiento de la personería jurídica.

7.2. De los elementos reglamentarios de los grupos significativos de ciudadanos.

Los elementos para la reglamentación y regulación de los GSC, se encuentran especialmente consignados en la Ley 1475 de 2011, en la cual se ahonda básicamente en cuatro materias: a) principios de organización y funcionamiento de las organizaciones políticas; b) régimen de responsabilidad de las organizaciones políticas; c) sistema de financiación de los partidos y campañas políticas; d) reforma al sistema electoral, y esto incluye por supuesto lo que atañe a los aspectos específicos de los grupos significativos de ciudadanos.

En su artículo 3° establece, los mecanismos para el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, y allí en uno de sus parágrafos, establece que los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado de la República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para el reconocimiento de personería jurídica.

De manera que, los grupos significativos de ciudadanos pueden potencialmente constituirse como grupos organizados, esto es como partidos o movimientos políticos, y por ende obtener la personería jurídica correspondiente, siempre y cuando se cumplan con los requisitos exigidos por el CNE. Por otra parte, esta misma norma señala que pueden emplear las consultas como mecanismo interno de democracia, y explicita que el CNE reglamentará la convocatoria y realización de las consultas garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ellas.

Respecto al régimen sancionatorio de los grupos significativos de ciudadanos, la Ley 1475 de 2011, en su artículo 13 atinente a la “Competencia y procedimiento para imponer sanciones a los partidos y movimientos políticos”, precisa que el CNE es titular del ejercicio preferente en la competencia y procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos cuando estos no lo hicieren de acuerdo a su régimen disciplinario interno. Sin embargo, posteriormente la sentencia C-490 de 2011, declaró inconstitucional el hecho de que los grupos significativos de ciudadanos lo hiciesen de acuerdo a su régimen disciplinario interno en cuanto volvía supletoria la competencia del CNE para sancionar a los partidos y movimientos. Respeto a la financiación de las campañas electorales por parte de los GSC, se precisa, en el artículo 20°, que las fuentes de financiamiento a las cuales pueden acudir son: 1. Los recursos propios de origen privado, 2. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. 3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares. 4. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas. 5. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento. 6. La financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley.

La última fuente de financiación que se menciona, la estatal, la misma Ley es precisa en señalar que los grupos significativos de ciudadanos tendrán derecho a financiación de este tipo mediante el sistema de reposición de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación: “En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal, cuando la lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la respectiva corporación. En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento (4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.”.

En lo que atañe a los anticipos de los grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos, podrán solicitar en forma justificada al CNE hasta un ochenta por ciento (80%) de la financiación Estatal de las consultas o de las campañas electorales en las que participen. También se hace hincapié en que éstos deberán presentar ante el CNE los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales en las que hubiere participado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación, adicionalmente, sus gerentes de campaña presentarán estos informes ante el respectivo grupo significativo de ciudadanos, dentro del mes siguiente a la fecha de la votación.

Así las cosas, la implementación de los grupos significativos de ciudadanos tiene como ventaja una mayor dinamización democrática respecto a partidos políticos y/o movimientos políticos, en cuanto se genera primero, una mayor legitimidad directa con los electores, puesto que se presenta una mayor cohesión de fuerzas sociales, ultra partidista y de diversidad ideológica y donde puedan confluir diferentes facciones sociales.

7.3. Del auge de los grupos significativos de ciudadanos en los comicios electorales.

Con la apertura del sistema político colombiano a partir de la carta magna, y luego más aún con la normativa vigente de los grupos significativos de ciudadanos (Leyes 130 de 1994; 134 de 1994; 1475 de 2001 y las reformas políticas de 2003 y 2009), la figura de los grupos significativos de ciudadanos se popularizó rápidamente en los diferentes comicios electorales a nivel nacional y dentro de las entidades territoriales para presentar candidatos a las distintas elecciones, tanto es así que “en el año 2007, en 329 municipios se eligieron alcaldes por grupos significativos de ciudadanos frente a 242 del Partido Conservador y 206 del Partido Liberal. Y en el 2011 ocurrió lo mismo en 163 municipios”.

En esa línea, se puede observar como la tendencia del histórico de los grupos significativos de ciudadanos que inscribieron candidatos, entre el período 2011 y 2019, pasando de 213 inscritos a 1.253, un alza significativa; sin embargo, puede evidenciarse también que para las elecciones del 2015, la cifra de grupos significativos de ciudadanos inscritos fue de 810, aumentando exponencialmente con respeto a las elecciones anteriores, de estos 307 grupos lograron presentar las firmas y fueron 194 finalmente los aprobados. Por último, para las elecciones del 2019 que fueron las más recientes, se lograron inscribir 1.253 grupos significativos de ciudadanos; es decir, un 488% con respecto al año 2011.

El auge en mención puede deberse precisamente a las ventajas de mayor cercanía con el electorado, sin requerir de los corporativos políticos tradicionales en los que no encuentran empatía ideológica.

7.4. De la inscripción y la recolección de firmas para la postulación de candidatos a cargos públicos de elección popular, el caso de los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos políticos.

Como ya se ha hecho mención, y como lo establece el artículo 9 de la Ley Estatutaria 130 de 1994, los candidatos que no estén avalados por un partido o movimiento político sino por asociaciones de todo orden, como los grupos significativos de ciudadanos, tienen la posibilidad de aspirar a ser elegidos de manera democrática para cargos públicos de elección popular.

El primer elemento al respecto, es que tanto los movimientos políticos como dichos grupos significativos deberán cumplir como requisito para la oficialización de su candidatura, la recolección de un número determinado de firmas válidas corroborado por la Organización Electoral.

En concreto, la ley señala que la recolección de dichas firmas válidas deben ser equivalentes al menos al veinte por ciento (20%) del resultado de dividir el número de ciudadanos aptos para votar en la respectiva circunscripción electoral entre el número de curules o cargos por proveer. En todo caso el máximo de firmas a exigir para inscribir una candidatura será de cincuenta mil (50.000). Se entiende entonces desde un principio que la recolección de firmas y su posterior validación se constituyen como requisitos para la oficialización de la inscripción de las candidaturas. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 1010 de 2000, le corresponde a la Dirección de Censo Electoral, coordinar y dirigir el proceso de dicha revisión.

Desde ya es importante dejar en claro que, así como lo señala el CNE mediante Oficio CNE-P-0863 del ocho (8) de octubre de 2010 en relación a los efectos jurídicos de la inscripción de candidatos, esta queda condicionada a la revisión y validación posterior de las firmas recolectadas; en concreto, “será la Dirección de Censo Electoral, quien certificará el número total de respaldos entregados, el número de estos nulos y el número de apoyos válidos exigidos para el cumplimiento de los requisitos constitucional y legales para que produzca efectos jurídicos la respectiva inscripción.”

Ahora bien, resulta más que pertinente comprender que si bien la oficialización de la inscripción de la candidatura se da con la verificación y validación de firmas recolectadas, esta (la inscripción) inicia de acuerdo con la Ley Estatutaria 1475 de 2011, con inscribir los candidatos y listas, bien sea de los grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales, por parte de un comité integrado por tres (3) ciudadanos, este debe registrarse ante la respectiva autoridad electoral cuando menos un mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los formularios para recolectar las firmas de apoyo, deben llevar los nombres de los integrantes del comité y de los candidatos que se están postulando.

Dentro de los procedimientos que establece la Ley para esta primera etapa de inscripción por parte de los comités, es clara en señalar que, primero, las asociaciones de todo orden, que por decisión de su Asamblea General resuelvan constituirse en movimientos u organismos sociales deben aportar el Acta de la Asamblea General en la que conste la adopción de la decisión de constituirse como tal, y segundo, que se debe tener definida la denominación del grupo significativo de ciudadanos o del movimiento social, en nombre del cual recogerán las firmas y aparecerá identificado en la tarjeta electoral.

De igual manera, en esta etapa el comité deberá informar, entre otros aspectos: el cargo (gobernador o alcalde) y corporación (asamblea, concejo municipal o distrital o junta administradora local), la opción de voto (preferente o no preferente), el nombre del candidato o lista de candidatos que postulen y su respectivo orden en la misma, con cédula de ciudadanía, género y edad.

Se debe tener presente también que podrán presentar candidatos y listas únicas, cuyo número de integrantes no exceda el de curules o cargos a proveer en la respectiva circunscripción, excepto en las que se eligen hasta dos miembros, las cuales podrán estar integradas hasta por tres (3) ciudadanos, y por otra parte, si se presenta una lista en donde la corporación elija cinco (5) o más curules, ésta debe cumplir la cuota de género correspondiente al treinta por ciento (30%) de uno de los géneros. La lista que no cumpla con este requisito no podrá registrar el comité.

Otro de los elementos que se deben considerar en el momento de la inscripción, así como lo señala la Corte Constitucional, en sentencia No. C-089 de 1994, es que los candidatos no avalados por partidos o por movimientos políticos deberán otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, “la cual no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de candidatos no obtienen al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se refiere el inciso anterior.”.

Adicionalmente señala también esta sentencia que el grupo significativo o movimiento político deben presentar firmas que en número sea igual o superior a la quinta parte del guarismo que resulte de dividir el número de ciudadanos aptos para votar entre el número de puestos por proveer, sin que en ningún caso se puedan exigir más de cincuenta mil firmas.

Respecto a lo que atañe a los candidatos de coalición por parte de GSC y/o movimientos políticos, podrán inscribir candidatos de coalición para cargos uninominales. El candidato de coalición será el candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición.

Ahora bien, una vez registrado el comité inscriptor de candidaturas apoyadas por un grupo significativo de ciudadanos o movimiento social, el funcionario electoral competente entregará el formulario de recolección de los apoyos necesario para validar la inscripción de un candidato, lista de candidatos o de un promotor del voto en blanco.

Así como lo establece la Resolución 2106 de 2021 del Registrador Nacional del Estado Civil, una vez entregados dentro del término previsto los apoyos ciudadanos por parte del Comité inscriptor que postule candidaturas, se procederá de la siguiente manera:

“Los Delegados del Registrador Nacional del Estado Civil o el Registrador del Estado Civil respectivo, levantarán un acta firmada por el respectivo funcionario electoral y por los miembros del Comité inscriptor, en la cual se dejará constancia de: El comité inscriptor que presenta los apoyos, la fecha de presentación de los apoyos, si respaldan la candidatura a un cargo, corporación o si son un promotor del voto en blanco, número de folios entregados y firmas que dicen entregar. (…) Los Delegados Departamentales o Registradores del Estado Civil, remitirán los apoyos a la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, acompañados de una copia del acta de recibido de los mismos, para el trámite legal correspondiente de revisión de los apoyos.”.

Es clara la resolución en establecer que la entrega de los apoyos es un acto único y no se aceptan entregas parciales de los formularios. Adicionalmente precisa que la competencia para la verificación de las firmas es de la Dirección de Censo Electoral, quien se encargará de verificar la información suministrada en los formularios de recolección de apoyos, esto es, que cumpla con los requisitos legales estipulados, para posteriormente proferir el informe técnico de verificación de las firmas presentadas. “Con base en el informe técnico de verificación de firmas, el Director de Censo Electoral, proferirá la decisión de cumplimiento o no del requisito del número mínimo de firmas requeridas para la respectiva inscripción”.

Dentro de las causales de invalidación de los apoyos se encuentran: No ANI, No censo, datos ilegibles, datos incompletos, datos no corresponden, renglón no manuscrito por la misma mano, cuando la información que contiene el renglón no es suministrada de puño y letra del mismo ciudadano, encabezado incompleto. Ulteriormente, en el momento en que el Director de Censo Electoral haya surtido la etapa de verificación de apoyos, este deberá preferir un acto administrativo de cumplimiento o no del requisito del número de firmas recolectadas y requeridas para la candidatura, “el cual incorpora el Informe Técnico de Verificación de Firmas de Apoyo. La notificación de este acto se realizará por correa, electrónico según la información y autorización suministrada por el comité inscriptor en el momento d su registro y a los funcionarios electorales correspondientes”.

Se estipula en la resolución que el comité inscriptor respectivo, integrado por los tres (3) miembros que lo conforman, o su apoderado, podrán en ejercicio del debido proceso, contradecir la Certificación del Director de Censo Electoral dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación. De este modo, deberá señalar la causal de invalidación específica y sustentar de manera concreta los motivos de inconformidad, mediante fundamentos plausibles, manifestando las razones técnicas de validez de cada uno de los apoyos que pretende objetar. Esta instancia, no será una excusa para revivir términos o discusiones que no tengan relación directa con el resultado del Informe Técnico de Verificación de Firmas de Apoyo (Registraduria Nacional del Estado Civil, 2021).

La certificación que contendrá el Informe Técnico Definitivo de Verificación de Firmas, se expedirá dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la contradicción y versará exclusivamente sobre la verificación de los apoyos objetados que hayan sido motivados por el Comité, o su apoderado debidamente constituido y respecto de la causal de anulación específica. Contra éste no procede recurso alguno y será la decisión definitiva.

7.5. De la recolección de firmas y de la inscripción de candidatura, elementos diferenciadores.

Se ha de señalar que la designación y postulación oficial de candidatos por parte de grupo significativo de ciudadanos o movimiento político, requiere grosso modo de dos etapas: i) el registro por parte del comité inscriptor correspondiente de sus candidatos y listas, y ii) de la validación de las firmas logradas, pero se ha de tener en cuenta que la mera recolección de estas sin la validación correspondiente por parte del funcionario electoral competente no constituye factor que oficialice la inscripción de la candidatura, únicamente esta surtirá efecto jurídico a la posterior validación de los apoyos.

Esos apoyos podrán ser entregados por los comités inscriptores en cualquier momento, “una vez se hayan registrado y, hasta el último día de inscripción de las candidaturas. Si la verificación de apoyos se surte antes del período de inscripción de las candidaturas y la certificación se encuentra en firme, se tendrá certeza de la posibilidad o no de la inscripción de la candidatura con antelación al período de inscripción”.

De manera que, si bien el comité inscriptor puede inscribir de manera parcial a sus candidatos y listas, y a la par puede adelantar actividades de campaña y de recolección de firmas, la oficialización de la candidatura no queda en firme hasta que los apoyos sean entregados y validados por parte del funcionario electoral competente. Así, el alcance de la recolección de firmas se supedita a su verificación, y no implica en ningún caso la inscripción oficial de los candidatos por parte de los grupos significativos de ciudadanos y/o movimientos políticos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que los grupos significativos de ciudadanos se les blinda de ciertas prerrogativas en cuanto a la actividad de campaña electoral, puesto que antes de inscribir la candidatura por parte del comité inscriptor pueden realizar la recolección de firmas exigidas, permitiéndoles mediante este mecanismo, realizar, por ejemplo, recolección de apoyos financieros, propaganda del logo y actividades ligadas a campaña, factores que difícilmente pueden ser controlados por parte de la organización electoral.

A título conclusivo son todas estas generalidades apreciadas desde la exegética normativa, la historicidad de su creación y evolución, los límites y entendimiento de sus presupuestos y alcances y consecuencias, las que establecen el campo de acción de cada figura mencionada, para entender el punto de inflexión frente a la modalidad de doble militancia que planteó la parte actora.

7.6. Las pruebas del caso y el caso concreto de cara a esta parte de la censura de doble militancia

Al descender al caso concreto, la Sala insiste en que la parte actora en este punto, intentó estructurar y entramar una censura de doble militancia, concatenando forzadamente figuras democráticas que conviven armónicamente y que conforme a las probanzas del asunto no se evidencian disconformes a derecho.

En efecto, retomando el aspecto probatorio del asunto que ocupa la atención de la Sala, dos pruebas se consideran necesarias para verificar la irregularidad atribuida en las demandas, el formulario E-6GOB y el acuerdo de la coalición.

7.6.1. El E-6GOB

En este se observa la siguiente información que resulta de importancia para el asunto que se analiza:

a) El accionado fue inscrito el 27 de julio de 2019; su pertenencia al grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”; con su manifestación juramentada de no haber participado en consultas y de no estar incurso en hecho constitutivo de inhabilidad y con la aceptación a su candidatura.

b) Son inscriptores del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, los señores Jaime Van Den Enden Medina, Camilo Andrés Zuluaga Giraldo y Ligia Rosa Sierra de Alzate, quienes suscriben el E-6; que el grupo significativo cuenta con 203.080 firmas y que adjuntan la póliza de seriedad correspondiente expedida por La Previsora Seguros S.A.

c) Junto al grupo significativo de ciudadanos concurren como organizaciones políticas coaligadas los partidos: de La U, MAIS, Alianza Verde y Cambio Radical y que la coalición tiene el mismo nombre de “Unidos por Caldas”.

d) De la verificación documental que hace la Organización Electoral, se presentaron para la inscripción los siguientes soportes:

Documentos presentados
N° de Folios
Aval/Acuerdo de Coalición
7
Delegación expedición de Aval
6
Carta de Aceptación fuera del E-6
0
Fotocopia cédula de ciudadanía
1
Programa de Gobierno (art. 259 C.P. y art. 1 Ley 131 de 1994)
33
Original de la póliza de seriedad (SI APLICA)
6
Certificado origen de los Dineros (Art. 4° de la Res. 0256 de 2019 CNE)
1
Fotografía
2

e) Sobre al acuerdo de coalición y para dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, se verificó por la autoridad electoral respectiva que el pacto entre colectividades presentado contiene: 1) el mecanismo de designación del candidato; 2) el programa de gobierno; 3) la financiación de la campaña, así como la distribución de la reposición de gastos; 4) el sistema de publicidad y auditoría interna y 5) el mecanismo de conformación de la terna en caso de que sea necesario el reemplazo y que se recibió firmado por los partidos políticos y por los inscriptores que representan al grupo significativo de ciudadanos.

Para la Sala en forma fehaciente se advierte, que a diferencia de lo indicado por la parte actora, el programa de gobierno no se modificó ni se alteró, como tampoco se advierte que existieron dos programas diferentes, lo cual resulta congruente con la respuesta que a la declaración de parte diera el demandado en los siguientes términos:

Recordó que la respectiva inscripción a la candidatura para la gobernación del departamento de Caldas estuvo a cargo de una coalición, al haber logrado los coavales de los partidos de La U, Cambio Radical, MAIS y Alianza Verde, que recibió gracias a su trayectoria y relaciones profesionales que le permitieron el acercamiento a las diferentes fuerzas políticas, incluidos los gobernadores indígenas del departamento.

Frente a su programa de gobierno indicó que siempre ha sido el mismo desde el inicio de campaña y que se registró al momento de la inscripción, apoyado por las colectividades coaligadas y que se migró al plan de desarrollo de su administración como gobernador. Reconoció que las colectividades coavaladoras han contribuido a la gobernabilidad de la entidad territorial.

Aseveró que no hubo ni modificación ni sustitución en los candidatos del grupo significativo de ciudadanos con ocasión de la coalición, toda vez que él era el único candidato, de modo que no se afectó las listas ni a otros candidatos.

Al ser coincidentes la información vertida en el E-6 GOB con lo declarado por la parte demandada elevan el grado de convicción de la Sala para indicar que el supuesto manifestado por los demandantes no corresponde a la realidad probada.

Sin perjuicio de lo anterior, otra prueba fortalece la consideración anterior y es el contenido del acuerdo de coalición programática suscrita por las varias colectividades y que fue remitido por la propia Organización Electoral en uno de sus escritos de intervención.

6.1.2. El Acuerdo de Coalición firmado el 22 de julio de 2019 por los tres suscriptores del grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas” Jaime Van Den Enden Medina, Camilo Andrés Zuluaga Giraldo y Ligia Rosa Sierra de Alzate; el señor Álvaro Echeverry Londoño por el partido de La U; la señora Martha Isabel Peralta Epiayú por el MAIS; Rodrigo Romero Hernández y Rafael Jaime Navarro Wolf, por el Partido Alianza Verde y Alexa Yadira Morales Correa por el partido Cambio Radical.

Dentro de las consideraciones generales del acuerdo se observa que con invocación en el artículo 32 inciso último de la Ley 1475 de 2011, los firmantes manifestaron su acuerdo en que la inscripción realizada por la coalición dejaba sin efectos legales la primera inscripción radicada ante la Delegatura Departamental por el candidato únicamente por el grupo significativo de ciudadanos. En este punto de utilidad resulta lo indicado por el Consejo Nacional Electoral en la Resolución 6691 de 24 de octubre de 2019, mediante la cual se negó la solicitud de revocatoria de la inscripción del accionado, en la que se indicó:

“4.3.1. Incumplimiento de los requisitos legales para la inscripción doble militancia (sic) – artículo 2 Ley 1475 de 2011.

Como fundamento de este cargo, los litigantes afirman que el señor Velásquez Cardona, incurrió en doble militancia al inscribir un Grupo Significativo de Ciudadanos y finalmente suscribir un acuerdo de coalición para avalar su candidatura. Ya que a su juicio, engañó al electorado al presentarse como un candidato independiente y terminar inscrito por una coalición…

Este argumento no es de recibo para esta Corporación por las siguientes razones:

1. La Registraduría Nacional del Estado Civil, el 9 de agosto de 2019, certificó el cumplimiento del número mínimo de firmas requeridas para postular al candidato Luis Carlos Velásquez Cardona, a la Gobernación del Departamento de Caldas, para participar en las elecciones de Autoridades Territoriales (Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales y Ediles o Miembros de las Juntas Administradoras Locales) que se realizarían el 27 de octubre de 2019 respaldada por el Grupo Significativo de Ciudadanos, denominado “Unidos por Caldas”, al obtener setenta y cinco mil ochocientos diecisiete (75.817) apoyos ciudadanos válidos.

2. (…) el 26 de julio de 2019 tal y como consta en el E-26 GO de la RNEC, se presentó la inscripción del candidato Luis Carlos Vélez Cardona como candidato de la coalición “Unidos por Colombia”, conformada por el Partido Social de Unidad Nacional Partido de La U, Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, Partido Alianza Verde y Partido Cambio Radical….
3. Tal y como lo evidencia el documento “Coalición Programática y Política ‘Unidos por Caldas’ entre el grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, Partido Social de Unidad Nacional Partido de La U,… MAIS y Partido Alianza Verde para apoyar la candidatura del Dr. Luis Carlos Velásquez Cardona a la Gobernación de Caldas para las elecciones de 27 de octubre de 2019, acatando lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011… Con estricta sujeción a la norma [en cita]…, quienes suscribimos el presente contrato de coalición, manifestamos que esta inscripción del candidato a la Gobernación Luis Carlos Velásquez Cardona,…, deja sin efectos la primera inscripción radicada por el candidato ante la Delegación Departamental… únicamente por el Grupo Significativo de Ciudadanos…”.

Y en el clausulado se lee que “entre los suscritos… representantes legales y/o apoderados, hemos convenido de conformidad con el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011, suscribir una COALICIÓN PROGRAMÁTICA Y POLÍTICA denominada UNIDOS POR CALDAS con el propósito de apoyar la candidatura avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos ‘Unidos por Caldas’ a las elecciones de autoridades locales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre de 2019” del señor Luis Carlos Velásquez Cardona para la gobernación de Caldas.

Por ello como objeto del acuerdo, conforme al contenido de la cláusula primera, es que la coalición programática y política “Unidos por Caldas” conformada entre el GSC “Unidos por Caldas” y los partidos ya referidos será el de inscribir y promover la candidatura precitada.

El acuerdo también hace referencia al programa de gobierno del candidato en coalición, en el entendido que los partidos políticos que integran la coalición, aceptan y aprueban que el programa del candidato sea aportado en el acto de inscripción (véase cláusula 2). Como obligaciones generales, los firmantes a nombre de sus colectividades, se comprometieron a acatar en forma estricta y rigurosa los compromisos adquiridos en el acuerdo y a aceptar la suscripción del acuerdo de coalición que consideran de carácter vinculante y “por tanto, los Partidos Políticos coaligados, sus directivos y militantes, no podrán inscribir, apoyar o promover candidato distinto al que fue designado por la coalición” (cláusula 3). También acordaron condiciones especiales consistentes en que el candidato de la coalición ostente la calidad de aspirante único de las colectividades coaligadas e incluso para aquellos quienes sin haber estado al inicio de la coalición, se adhieran o apoyen al candidato único (cláusula 4) y escogieron como mecanismo para la designación del candidato el consenso político (cláusula 5) y el término de la coalición que inicia desde la suscripción de la candidatura hasta la terminación del período institucional del candidato en el evento en que resultare elegido el 27 de octubre de 2019 o hasta el momento en que se convoque a nuevas elecciones atípicas por falta absoluta del elegido (cláusula 14).

Para la Sala, las generalidades expuestas para dar curso a la segunda censura de doble militancia reflejan la autonomía y la escisión de los temas de inscripción por grupos significativos de ciudadanos frente a las coaliciones y el programa de gobierno del cargo uninominal, que difícilmente podrían estructurar una modalidad de doble militancia como la argumentada por la parte actora.

En efecto, de las pruebas de mayor relevancia (E-6 GOB y acuerdo de la coalición), de cara al enfoque que la parte actora le diera a la censura, se establece claramente que la inscripción de la candidatura del accionado devino de aquellas colectividades que se coaligaron, en las que se incluyeron partidos políticos con personería jurídica y el referido grupo significativo de ciudadanos, tendientes a apoyar en forma unívoca al accionado en sus aspiraciones a la Gobernación de Caldas y que para tal efecto, celebraron el pacto de asociación y lo registraron como anexo necesario al E-6 GOB, cuyo texto es claro y coincidente con la afirmación de que no se probó que se hubiera presentado una doble inscripción, en tanto emergió como demostrada aquella hecha por la coalición y así lo entendieron los coaligados, entre ellos, el grupo significativo de ciudadanos con la rúbrica total de sus representantes del comité inscriptor debidamente registrados, sin desconocer la condición de este último, quien se itera también es parte integrante de la asociación política que se pactó para apoyar la candidatura del accionado a su aspiración a la Gobernación de Caldas.

Ahora bien, a pesar de que el acuerdo de coalición que se adjuntó al proceso con el escrito de intervención de la RNEC y en respuesta al requerimiento probatorio y de antecedentes administrativos del acto, dentro de los anexos presentados y registrados con el E-6GOB, se observa en el título “consideraciones generales”, obrante a folio 1 del referido documento se contiene el siguiente aparte literal: “…quienes suscribimos el presente contrato de coalición, manifestamos que esta inscripción del candidato a la Gobernación de Caldas LUIS CARLOS VELÁSQUEZ CARDONA,… deja sin efectos legales la primera inscripción radicada por el candidato ante la Delegación Departamental del Estado Civil de Caldas únicamente por el Grupo significativo de Ciudadanos”, lo cierto es que conforme a las pruebas documentales allegadas por la RNEC al proceso acumulado, a las cuales se les dio pleno valor probatorio, dan cuenta de que la inscripción de la candidatura estuvo a cargo de la coalición. Razón por la cual la Sala concluye que esa clase de aseveraciones no resultan ciertas al no contar con medio de convicción que así lo haya acreditado ante el juez de la nulidad electoral.

En efecto, debe tenerse claro que la inscripción adosada al expediente vertida en el E-6 GOB, traída al proceso por la autoridad electoral competente tanto en los anexos de su escrito de intervención como por oficio 00411 de 2 de marzo de 2021, a través del cual dio cumplimiento al requerimiento probatorio del Despacho instructor y que incluso coincide con las versiones aportadas por los demandantes en sus libelos demandatorios, informa exclusivamente sobre la inscripción del accionado como candidato único de la coalición, frente a la cual se itera, hizo parte integrante el grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, sin que se advierta la doble inscripción.

Así también, normativamente como se vio en las generalidades explicadas en precedencia, el grupo significativo de ciudadanos está facultado y legitimado por el legislador para converger en coalición con otras colectividades, sin que la norma haya exigido la existencia de autorización de todos y cada uno de los firmantes, en tanto resultaría prácticamente imposible lograrlo y generaría la inoperancia de la posibilidad de una coalición integrada por cualquier grupo significativo, pues ha de recordarse que debe su existencia a las firmas logradas aunada la validez de las mismas certificada por la autoridad electoral competente.

Tales consideraciones permiten despejar cualquier duda frente al planteamiento de la parte actora e incluso a las aseveraciones de algunos de los sujetos procesales, sobre todo de parte del accionado, de que la doble militancia no se configura cuando el demandado no esté afiliado a partido o movimiento político y que la prohibición no aplica para los grupos significativos de ciudadanos, esta judicatura aclara que la Sección Quinta de tiempo atrás se ha decantado por entender que la doble militancia sí es aplicable a todas las colectividades, como se indicó en el antecedente de la Sala de 29 de septiembre de 2016, dictado dentro de la nulidad electoral 05001-23-33-000-2015-02495-02, en la que se consideró “…esta Sala ha establecido de tiempo atrás que los candidatos electos por un grupo significativo de ciudadanos pueden ser sujetos activos de la prohibición de doble militancia, según las normas pertinentes y la interpretación que de ellas hizo la Corte Constitucional en la sentencia C-490 de 2011 (…) No existe entonces duda de que los denominados grupos significativos de ciudadanos son sujetos activos de la prohibición constitucional y legal de doble militancia”.

Además, probatoriamente hay certeza de que el programa de gobierno tampoco ha tenido cambios y modificaciones o haya sido presentado en dos versiones disímiles, como lo pretendió atribuir la actora, pues lo que se corroboró fue todo lo contrario, a partir de la declaración de parte, recepcionada por el Despacho instructor en la audiencia de pruebas de 10 de marzo de 2021, en la que se lee: “PREGUNTADO: ¿Su programa de gobierno sufrió algún cambio por el hecho de la coalición? CONTESTADO: No, los partidos que lo coavalaron se identificaron con su programa de gobierno, que migró al plan de desarrollo de su administración. Añadió que esos coavales han contribuido a la gobernabilidad del departamento.”.

Es más, ese dicho del declarante coincide con el contenido del acuerdo de la coalición, en el que en la cláusula segunda estipuló la anuencia de las colectividades asociadas frente al programa de gobierno, entre ellas, el grupo significativo de ciudadanos “Unidos por Caldas”, como se evidencia de la literalidad del pacto: “PROGRAMA DE GOBIERNO CANDIDATO EN COALICIÓN. Los Partidos Políticos que integran la coalición, previa coordinación de sus Dirigentes o Delegados, han designado los integrantes de las mesas de trabajo para la estructuración del PROGRAMA DE GOBIERNO, por tanto aceptan y aprueban para que el mismo sea aportado en el acto de inscripción de la candidatura ante la Organización Electoral”.

En esa línea expuesta, la Sala evidencia que la plataforma ideológica esgrimida por el accionado al momento de candidatizarse e inscribirse, contó con la aprobación de la coalición, quien la adoptó para sí como programa de gobierno del candidato, por lo que mal podía afirmarse que los electores no tendrían claro cuál sería el programa que apoyaban con su voto y menos que afectara la coerción del voto programático.

Ahora bien, de cara a la demanda se evidencia que no se demostró la duplicidad de los programas de gobierno, por lo que se requeriría de otras probanzas para que tal acusación pudiera verse viable de estructurar la prohibición de doble militancia, en tanto el programa de gobierno y el voto programático en su correlación es el reflejo de la importante bitácora de gobierno del candidato, al contener la garantía de que las labores, los propósitos y objetivos a ejecutar y a cumplir serán cumplidos en su administración, en caso de ser elegido, lo que hace claramente evidente que no podría estructurar doble militancia, sin otros elementos que dieran cuenta de la simultaneidad de pertenencia a más de una colectividad.

Aunado a la forma armónica como los hechos planteados y comprobados han encajado con los medios probatorios para dar al juez de la nulidad electoral la certeza de que las irregularidades glosadas por la parte demandante no corresponden a la realidad comprobada, imponen desechar las censuras de doble militancia que se plantearon focalizadas en la modalidad de apoyo y en la irregularidad de una doble inscripción de candidatura que afectaba al electorado por no tener la certeza de a cuál programa de gobierno apoyaba, pues tampoco se probó la duplicidad en la referida bitácora y, en consecuencia, denegar las pretensiones de la demanda.

Finalmente, la Sala se detiene en el aparte del concepto de violación de la demanda correspondiente al radicado 2020-00020-00, en el que el actor para reforzar la supuesta violación del artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, trajo a colación el concepto del CNE N° 3126 de 2013, sin citar otra referencia de identificación y del cual transcribió el siguiente aparte “…únicamente podría modificar esta inscripción, dentro del término de modificaciones y por las causales que establece la ley, si pudiese acreditar que cuenta con el apoyo de la mayoría de ciudadanos que respaldaron la postulación inicial. Lo contrario sería permitir que se altere, sin su consentimiento, la voluntad que los ciudadanos habían previamente expresado” (pág. 10)”. Y lo complementó con las consideraciones de la tutela con radicación 15001-23-33-000-2014-00037-01, de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que en sus disertaciones indica que no se puede aceptar la modificación de la lista de candidatos inscrita por el comité promotor del grupo significativo de ciudadanos, por cuanto para dar viabilidad al cambio, debió acompañarse de las firmas de la mayoría de los ciudadanos que respaldaron la postulación inicial.

Sea lo primero indicar que ambos documentos no fueron adjuntados ni decretados como pruebas y que normativamente constituyen, en principio, criterios auxiliares conforme a la previsión del artículo 230 de la Constitución Política; sin perjuicio de ello y sin demeritar el ilustrativo contenido de dichos documentos, la temática desarrollada en ellos no resulta pertinente al tema que se decide, en atención a que luego de las consideraciones precedentes, se parte de la premisa de que no hubo una doble inscripción ni un doble programa de gobierno, tampoco un trámite de modificación de inscripción y, en consecuencia, no se encontró de recibo la censura de doble militancia, aunado a que siendo el demandante de ese vocativo el interesado en lograr la consecuencia prevista por la norma, es a quien corresponde la acreditación y comprobación del supuesto fáctico (art. 167 CGP), lo cierto es que la comunidad probatoria no evidenció los extremos alegados y menos aquellos contenidos generales del concepto y antecedente de tutela mencionados. Esas las razones para no detenerse en el estudio de los mismos.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR LAS PRETENSIONES de las demandas de nulidad interpuestas en contra del acto de elección del señor Luis Carlos Velásquez Cardona como gobernador del Departamento del Caldas, período 2020-2023, contenido en el formulario E-26 GOB expedido por la Comisión Escrutadora Departamental de Caldas.

SEGUNDO. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra esta decisión no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081" http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”.

M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Según acta de registro N° 4 de 29 de mayo de 2019 y Resolución 2510 de 18 de junio de 2020.
En este auto se indicó para declarar probada la excepción en cita que como en el caso concreto no se debaten irregularidades o vicios relacionados con el proceso de votación y en el escrutinio, el despacho encuentra que le asiste razón a la RNEC al invocar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Por otra parte en esa misma providencia se reconoció la calidad de coadyuvante de la arte pasiva a la señora Ligia Rosa Sierra de Alzate.

No se incluye la modificación introducida por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, por cuanto la regulación atinente a las competencias regirán un (1) año después de la publicación de la referida Ley, conforme lo dispone el régimen de transición que consagra el artículo 86 ejusdem.

Sobre la prohibición de la doble militancia, consultar las siguientes providencias de la Sección Quinta del Consejo de Estado: sentencia del 31 de enero de 2019, Exp. 110001-03-28-000-2018-00008-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia del 29 de septiembre del 2016, expediente 730001-23-33-000-2015-00806-01, M. P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia del 20 de noviembre de 2015, Exp. 11001-03-28-000-2014-00091-00, y sentencia del 28 de septiembre de 2015, Exp. 1001-03-28-000-2014-00057-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta sentencia 13 de enero de 2017. Rad. 11001-03-28-000-2016-00005-00. M.P. Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actor: Arturo Rafael Calderón Rivadeneira. Demandado: Francisco Fernando Ovalle Angarita - gobernador del departamento del Cesar.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, radicación 11001-03-28-000-2018-00008-00, C.P. Rocío Araújo Oñate, sentencia de 31 de enero de 2019.
Al respecto consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 4 de agosto de 2016, radicación Nº 63001-23- 33-000- 2016-00008- 01 CP Alberto Yepes Barreiro Ddo. Stefany Gómez Murillo – Concejal de Armenia en este caso se analizó si la demandada, avalada por el partido Alianza Verde estaba incursa en la prohibición de doble militancia en la modalidad de apoyo, porque acompañó la candidatura a la alcaldía de Armenia del candidato inscrito por el partido Liberal, porque al candidato de su partido se le había revocado la inscripción y Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 27 de octubre de 2016, radicación Nº 68001-23-33-000-2016-00043-01 CP Rocío Araujo Oñate Ddo. José Villar Diputado de Santander. En esta providencia se analizó si el demandado, avalado por el partido Centro Democrático estaba incurso en la prohibición de doble militancia por apoyo, debido a que acompañó al candidato del partido de La U a la alcaldía de San Gil, ya que el candidato de su partido había renunciado a su inscripción.
V.gr. por renuncia del candidato que inscribió; porque simplemente se abstuvo de inscribir alguna candidatura; por la revocatoria de la inscripción de su candidato, entre otros.
En este mismo sentido consultar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de septiembre de 2016, Exp. 730001-23-33-000-2015-00806-01 CP. Alberto Yepes Barreiro. Dte: Carlos Enrique Ramírez Peña; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2016, Exp 50001-23-33-000-2016-00077-01 CP. Lucy Jeannette Bermúdez. Dte Jenny Moreno Henao.
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 31 de octubre de 2018, Exp. 11001-03-28-000-2018-00032-00, M.P Carlos Enrique Moreno Rubio.

Inciso 2 artículo 244 del CGP. Artículo 252 del CPC. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. LÓPEZ BLANCO. Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Pruebas. Tomo III. Dupré Editores. Segunda Edición. Bogotá 2008. Pag.338. LOPEZ BLANCO. Hernán Fabio. Op cit. Pag 339. Sentencia de 31 de octubre de 2018. Rad. 11001-03-28-000-2018-00032-00. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Sobre el tema véase también Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, expedientes: 11001-03-28-000- 2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, expedientes: 11001-03-28-000- 2020-00016-00 y 11001-03-28-000-2020-00017-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
“Artículo 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.”
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia de 31 de enero de 2019. Rad. 25001-23-15-000-2020-02312-01. M.P. Rocío Araújo Oñate. Corte Constitucional. C-089 de 3 de marzo de 1994. Expediente P.E.-004. Revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria Nº 11 de 1992 Cámara, 348 de 1993 Senado "por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones". M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz. CARRERA RODRÍGUEZ. Roberto José. “Los grupos significativos de ciudadanos como expresión de la democracia participativa en Colombia: regulación, vacíos, y retos normativos. Estudio comparado de las candidaturas independientes. Colombia, Chile y México”. 2017: Universidad Sergio Arboleda. C-955 de 6 de septiembre de 2001. Expediente D-3438. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º numeral 5º (parcial) del Decreto 2241 de 1986. Actor: César Augusto Curvelo Beleño. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ibidem C-955-2001. Radicación 05001-23-33-000-2015-02451-01. Actor: Ramiro Humberto Giraldo Naranjo. Demandado: Nelson Acevedo Vargas - Concejal del Municipio de Itagüí (2016-2019). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. El valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista será incrementado anualmente por el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta los costos reales de las campañas en cada circunscripción. Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que correspondan. Muñoz, & Giraldo. “Partidos políticos en Colombia: evolución y prospectiva”. Bogotá D.C.: Fundación Konrad Adenauer. (2014). Ver art.

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Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, el programa que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de publicidad y auditoría interna. Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que hubiere lugar a reemplazar al elegido. Ver Resolución, allí se especifica la información que deberá contener el formulario de inscripción, y demás requisitos al respecto. El Grupo de Verificación de Firmas de la Dirección de Censo Electoral, realizará la verificación de apoyos dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción de los mismos, los cuales podrán ser prorrogables por el término de diez (10) días calendario más. Resolución 2106 de 2021 RNEC.
“Artículo 32. Aceptación o rechazo de inscripciones. La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente. La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley. En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera.” (Destacados fuera de texto).

Actor: Iván Darío Mejía Molina. Demandado: Concejal del municipio de Envigado (José Efraín Echeverry Gil). M.P. Rocío Araújo Oñate.
“Artículo 32. Aceptación o rechazo de inscripciones. La autoridad electoral ante la cual se realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la casilla correspondiente.
La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe. Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la presente ley.
En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la primera.”

M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
“Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales de derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”.

Radicados: 11001-03-28-000-2019-00098-00,
11001-03-28-000-2020-00019-00 y 11001-03-28-000-2020-00020-00 (Acumulado)
Demandantes: Daniel Correa Gómez, José Luis Espitia Díaz y
Moisés David Bolaños Álvarez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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