Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2024-00022-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 41001-23-33-000-2024-00022-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 41001-23-33-000-2024-00022-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
12 de diciembre de 2024
Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00022-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D. C., doce (12) de diciembre dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 41001-23-33-000-2024-00022-01
Demandante: ÓSCAR FERNANDO PINZÓN MUNAR
Demandado: JESÚS ANDRÉS GARZÓN ROA – CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE NEIVA
Temas: Doble militancia por pertenencia simultánea a dos colectividades
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la
sentencia del 15 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad electoral presentada en
contra del acto de elección de Jesús Andrés Garzón Roa, como concejal de Neiva
para el periodo constitucional 2024-2027.
I. ANTECEDENTES
1.1 Las demandas
El ciudadano Óscar Fernando Pinzón Munar, en ejercicio del medio de control de
nulidad electoral consagrado en el artículo 139 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó que se declare la nulidad
del formulario E-26 CON del 6 de noviembre de 2023 que contiene el acto de
elección del señor Jesús Andrés Garzón Roa.
1.2 Hechos
El 28 de abril de 2023, un comité inscriptor solicitó ante la Registraduría Nacional
del Estado Civil –en adelante RNEC– el registro del grupo significativo de
ciudadanos denominado «Primero la Vida» con el fin de participar en las elecciones
del 29 de octubre de 2023, con una lista de candidatos al Concejo de Neiva en cuyo
renglón 14 figuraba el señor Jesús Andrés Garzón Roa –demandado–.
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00022-01
Por medio de Resolución 3935 de 31 de mayo de 2023, el Consejo Nacional
Electoral: i) Registró el logo-símbolo del referido grupo significativo de ciudadanos
y, ii) Exhortó a los miembros del comité inscriptor a comunicar la decisión adoptada
por el citado órgano electoral a sus postulados. No obstante, el 25 de julio del mismo
año, el comité inscriptor desistió del trámite de reconocimiento de ese GSC ante la
Registraduría Nacional del Estado Civil, petición que fue aceptada por el CNE,
mediante Resolución 6910 de 24 de agosto de 2023.
El 29 de julio de 2023, la RNEC expidió el formulario E-6 CO del municipio de Neiva
(Huila), donde consta que el partido político Todos Somos Colombia inscribió una
lista con voto preferente para elegir ciudadanos al Concejo de Neiva. En el renglón
14, se observa el nombre del demandado, cuya elección fue finalmente declarada
por la comisión escrutadora mediante el formulario E-26 CON de 6 de noviembre de
2023.
1.3 Concepto de la violación
Con base en los anteriores supuestos fácticos, la parte actora afirma que el acto
acusado infringe los artículos 103 de la Constitución Política; 139 y 275 de la Ley
1437 de 2011 y 2º, inciso 2º de la Ley 1475 de 2011. Lo anterior, por cuanto
considera que el demandado incurrió en la prohibición de doble militancia por
encontrarse, simultáneamente, avalado y registrado como candidato por un partido
político y un grupo significativo de ciudadanos, respectivamente, para conformar la
lista al Concejo de Neiva, cuando la constitución y la ley son claras al contemplar la
proscripción de ese tipo de comportamientos.
Resaltó que la calidad de postulado por el grupo significativo de ciudadanos
«Primero la Vida» se acreditó con la Resolución 3935 de 31 de mayo de 2023, a
través de la cual, el Consejo Nacional Electoral autorizó el registro del logo-símbolo
de ese colectivo. A su vez, la condición de candidato, se probó con el formulario E-
6 CON de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1.4 Contestaciones de la demanda
1.4.1 Demandado – Jesús Andrés Garzón Roa
El apoderado del demandado se opuso a las pretensiones de la demanda, con base
en los siguientes argumentos:
Afirmó que no existe la simultaneidad alegada, toda vez que nunca fue inscrito como
candidato por el grupo significativo de ciudadanos «Primero la Vida», pues la
consolidación de esa agrupación tan solo llegó hasta la autorización del Consejo
Nacional Electoral para registrar su logo-símbolo, menos aún se materializó la
inscripción por cuenta de ese colectivo cuando es un hecho que: i) No se acreditaron
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00022-01
ante la autoridad electoral la recolección y acreditación del número de firmas
requerido por la ley; ii) Desde el 21 de julio de 2023, el comité inscriptor desistió de
esa iniciativa popular ante la Registraduría Especial del Estado Civil en oficio con
radicado 001138-20230011381 y fue hasta el 29 de julio del citado año que el partido
político «Todos Somos Colombia» inscribió al accionado.
Alegó que la norma invocada por la parte actora –inciso 2 del artículo 2 de la Ley
1475 de 2011– no se adecúa al caso objeto de estudio, comoquiera que está
descartado que el accionado, siendo miembro de una organización política, ayudara
a candidatos de otra colectividad o que hubiese venido ejerciendo investidura
alguna y decidiera postularse por un partido o movimiento distinto. Al margen de
estos supuestos, el argumento de la parte actora es que el señor Garzón Roa se
encontraba avalado simultáneamente por un partido y un grupo significativo de
ciudadanos, hipótesis que no se acompasa con la norma invocada.
1.4.2 Consejo Nacional Electoral
La apoderada del Consejo Nacional Electoral contestó la demanda en los siguientes
términos:
Formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
este caso obedece a hechos que se presentaron con anterioridad a la campaña
electoral y que no le fueron puestos en conocimiento en su oportunidad, máxime si
se tiene en cuenta que el CNE tiene competencia para avocar conocimiento y
resolver situaciones de revocatorias de inscripciones de candidatos cuando
efectivamente correspondan a temas por doble militancia. Además, precisó que la
entidad no tiene una relación sustancial con el acto demandado, toda vez que no
fue partícipe de la construcción de este.
1.5 Actuaciones relevantes de primera instancia
Se tienen como tales las siguientes:
• El 16 de enero de 2023 se inadmitió la demanda con el fin de que: i) se
individualizara el acto enjuiciado; ii) se aportara copia de esa decisión; iii) se
adjuntara una prueba anunciada pero no allegada;
• El 30 de enero de 2024 se ordenó correr traslado de la medida cautelar;
• Por auto del 5 de abril de 2024 se admitió la demanda y se negó la medida
cautelar, decisión que no fue recurrida;
1
Al respecto, precisó que, el Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución 6910 del 24 de agosto
de 2023, aceptó dicho desistimiento.
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
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• Mediante auto del 17 de junio de 2024 se dio aplicación a la figura de la
sentencia anticipada y se corrió traslado para alegar por escrito. En esa
providencia se fijó el litigió en los siguientes términos:
(…) determinar si es nulo o no el acto de elección del señor Jesús Andrés
Garzón Roa como concejal del municipio de Neiva para el periodo constitucional
2024-2027, contenido en la declaración de elección acta del escrutinio general
para CONCEJO E-26 CON de fecha 06 de noviembre de 2023, expedida por la
Comisión Escrutadora General, elecciones llevadas a cabo el 29 de octubre de
2023.
1.6 La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila, a través de sentencia del 15 de agosto de 2024,
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del
Consejo Nacional Electoral y negó las pretensiones de la demanda, con base en los
siguientes argumentos:
Una vez efectuado un recuento de las normas y jurisprudencia aplicables a la
situación particular, recalcó que de las pruebas que obran en el proceso se
evidencia que el demandado, Jesús Andrés Garzón Roa, fue elegido concejal del
municipio de Neiva en las elecciones del 29 de octubre de 2023 por el partido político
Todos Somos Colombia. Sin embargo, su nombre aparece dentro de los candidatos
que pretendía inscribir el grupo significativo de ciudadanos «Primero La Vida», tal
como se observa de la Resolución 3935 del 31 de mayo de 2023, en la que el CNE
autorizó el registro del logo de dicho movimiento político.
Indicó que para la inscripción de candidatos, a través de los denominados grupos
significativos de ciudadanos, se requiere el cumplimiento de las siguientes etapas:
i) el registro del comité inscriptor de candidatos y listas y, ii) la validación de las
firmas obtenidas por parte de la autoridad electoral, no obstante, el tribunal a quo
no encontró probado que estas etapas se agotaran y culminaran con la firma que el
respectivo funcionario de la RNEC impone en el formulario dispuesto para esos
efectos, tal como lo establece el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011.
Insistió en que no obra prueba en el proceso de haberse realizado la recolección de
apoyos, pues, aunque se allegó el correspondiente formulario en el que se enlista
al demandado como candidato, ese documento se encuentra en blanco y no
contiene firma alguna. Por el contrario, se demostró que el 25 de julio de 2023 los
integrantes del comité inscriptor presentaron desistimiento del grupo significativo de
ciudadanos «Primero La Vida», la cual fue aceptada por el Consejo Nacional
Electoral por medio de la Resolución 6910 del 24 de agosto de 2023.
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
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Analizó un video2 cuyo contenido no fue confirmado o ratificado con otros medios
de prueba y tampoco se tiene certeza de su autor ni de que su contenido se ajuste
con la realidad; pese a esto, lo estudió y concluyó que en el mismo solo se observa
el momento en el que la RNEC le hace entrega al comité inscriptor del grupo
significativo de ciudadanos, de los formularios para la recolección de firmas, y
aunque allí se haya mencionado al demandado como futuro candidato de esa
agrupación, este no es el acto de inscripción comoquiera que apenas en ese
momento iniciaba la primera etapa de ese mecanismo de postulación.
Resaltó que para el momento en que el demandado realizó la inscripción como
candidato para el Concejo de Neiva por el partido Todos Somos Colombia (29 de
julio de 2023), ya se había radicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil
la solicitud de desistimiento del grupo significativo de ciudadanos (25 de julio de
2023), independientemente de que esta fuera aceptada con posterioridad (24 de
agosto de 2023).
1.7 El recurso de apelación
El demandante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera
instancia con fundamento en los siguientes argumentos:
Insistió en que el demandado fue elegido pese a incurrir en doble militancia al ser
avalado por un partido político y, al mismo tiempo, registrado por el grupo
significativo de ciudadanos «Primero La Vida», tal como consta en la Resolución
3935 de 2023 proferida por el Consejo Nacional Electoral. Recalcó que para la fecha
de postulación del demandado (29 de julio de 2023), por parte del partido político
Todos Somos Colombia, a la vez se encontraba inscrito por el referido GSC desde
el 28 de abril de 2023, cuyo desistimiento fue aceptado hasta el 24 de agosto de
2023.
Conforme a lo anterior, reiteró que el acto de elección del demandado está incurso
en la causal de nulidad contemplada en el artículo 275.8 de la Ley 1437 de 2011 del
CPACA, comoquiera que incurrió en doble militancia por estar simultáneamente
avalado por dos agrupaciones como lo señala el artículo 2, inciso 2 de la Ley 1475
de 2011.
1.8. Actuaciones de segunda instancia
Mediante auto del 18 de septiembre de 20243 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el señor Óscar Fernando Pinzón Munar en contra de la sentencia de
primera instancia y se ordenó correr traslado para alegar a las partes, quienes
2
Allegado la parte actora.
3
Anotación 6 del sistema de gestión judicial SAMAI.
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
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guardaron silencio en esta etapa procesal. Por su parte, la agente del Ministerio
Público sí se pronunció en los términos que se resumen en el siguiente acápite.
1.9 Concepto del Ministerio Público4
La procuradora séptima delegada ante esta corporación solicitó confirmar la
sentencia impugnada con base en los siguientes argumentos:
Después de efectuar un acucioso análisis de la normatividad y jurisprudencia
aplicable al caso, en lo que se refiere a la doble militancia, resaltó que «el recurrente
desarrolla la alzada trayendo a colación los mismos argumentos que expuso en el
escrito de demanda, sin señalar algún aspecto particular frente al fallo.», lo cual
incumple lo preceptuado en el numeral 3º, incisos 2º y 3º del artículo 322 del Código
General del Proceso. Si se permitiera una valoración de un recurso sin la debida
sustentación, se daría trámite a un recurso no sustentado.
Al margen de lo anterior, consideró que aún si se extrajera como argumento de la
alzada una indebida valoración probatoria, afirmó que el a quo desató
acertadamente los reproches de la demanda inicial. Esto por cuanto se probó que
el demandado no militaba en organización política diferente a aquella que lo
inscribió el 29 de julio de 2023, en el entendido de que el comité inscriptor del grupo
significativo de ciudadanos presentó desistimiento a dicho proceso en forma previa
a la postulación del accionado por parte del partido político Todos Somos Colombia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso
de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia de 15 de agosto de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo
establecido en los artículos 1505 y 152 numeral 7.a del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6.
4
Anotación 12 del sistema de gestión judicial SAMAI.
5
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 150.
Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. «El Consejo de
Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones
de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación…»
6
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Artículo 152.
Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos
conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a. De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar curul, según el caso, (…) de los
miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos…»
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2.2. Cuestión previa
La sala observa que la delegada del Ministerio Público comenzó su intervención con
la salvedad de que, según su criterio, el recurso de apelación no cumplió con la
carga impuesta en el artículo 322 del Código General del Proceso, en cuanto «el
recurrente desarrolla la alzada trayendo a colación los mismos argumentos que
expuso en el escrito de demanda, sin señalar algún aspecto particular frente al
fallo.».
Al respecto, se considera que los reparos que se exponen frente a una providencia,
a través del ejercicio del recurso de apelación, no imponen una determinada técnica
jurídica, bajo el entendido que los motivos de inconformidad bien pueden dirigirse a
atacar, puntualmente, una o varias de las conclusiones a las que arribó el juzgador
de instancia, o simplemente, a reiterar los razonamientos que sirven de fundamento
a la tesis que se defiende desde el inicio del trámite procesal. Cosa distinta sucede
cuando no se opta por ninguna de estas opciones de contradicción y no se puede
determinar censura alguna.
En el presente caso, la sala observa que el recurrente insiste en los planteamientos
que desde el principio formuló, de tal manera que dicha reiteración argumentativa
suple la carga procesal que la referida norma procesal le impone. Por consiguiente,
se procederá a estudiar esos reparos.
2.3. Problema jurídico
En el marco de los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 15 de
agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las
pretensiones de la demanda tendiente a obtener la nulidad de la elección del señor
Jesús Andrés Garzón Roa, como concejal de Neiva para el periodo constitucional
2024-2027.
Para el efecto, se debe establecer si le asiste razón al recurrente en punto a si el
demandado incurrió en doble militancia en la modalidad de simultaneidad,
comoquiera que se alega que, pese a ostentar la condición de candidato por un
grupo significativo de ciudadanos, se inscribió por un partido político para ser
elegido como concejal de Neiva.
Así entonces, con el fin de emitir un pronunciamiento, la Sala abordará la segunda
instancia desde los siguientes ejes temáticos: (i) Marco normativo y jurisprudencial
de la prohibición de doble militancia; ii) Configuración de la prohibición tratándose
de simultaneidad de militancia y, (ii) el Caso concreto.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial de la prohibición de doble militancia
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La doble militancia en el ordenamiento jurídico colombiano tiene su génesis en el
Acto Legislativo 01 de 2003, que modificó el artículo 107 de la Constitución Política,
al prever que en ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.
Dicho Acto Legislativo también dispuso que quien participara en las consultas de un
partido o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podría inscribirse
por otro en el mismo certamen electoral. Posteriormente, con la expedición del Acto
Legislativo 01 de 2009, además de reiterarse las citadas prohibiciones, se agregó
que quien siendo miembro de una corporación pública llegare a presentarse a la
siguiente elección, por un partido político distinto, debía renunciar a la curul al
menos 12 meses antes del primer día de las inscripciones.
La Corte Constitucional, mediante sentencia C-303 de 2010, al decidir la demanda
de inconstitucionalidad presentada en contra del parágrafo transitorio 1 del artículo
1 del Acto Legislativo 1 de 2009, que modificó el artículo 107 de la Constitución,
puso de presente que la antedicha regla tenía por finalidad propender por el
fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, lo cual impacta
positivamente en la vigencia del principio de la soberanía popular, al aseverar lo
siguiente:
La prohibición de la doble militancia y del transfuguismo político, en los términos
antes expuestos, constituyen herramientas de primera línea para la consecución del
fin constitucional de fortalecimiento de los partidos y movimientos políticos, basado
en el aumento del estándar de disciplina de sus miembros e integrantes. A su vez,
el fenómeno del transfuguismo tiene importante incidencia en la vigencia del
principio de soberanía popular, habida cuenta de las particularidades del sistema
electoral colombiano.
Así entonces, la prohibición de la doble militancia política surgió con la finalidad de
fortalecer los partidos y movimientos políticos y sancionar el transfuguismo político,
como una costumbre perniciosa propia de la praxis electoral que deslegitima el
sistema democrático, de manera que se procura el respeto por la identidad de los
partidos y se discipline la actividad política, ordenando que los miembros y militantes
de los partidos mantengan su vinculación a la colectividad política, mientras no
renuncien a ellos, bajo los parámetros ordenados por el legislador y que quienes
ostenten alguna representación mantengan su identidad política, para no burlar la
confianza depositada por sus electores en las urnas.
Por su parte, la Ley Estatutaria 1475 de 2011, por la cual, se adoptan reglas sobre
organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y se dictan
disposiciones en materia de procesos electorales, al desarrollar la institución de la
doble militancia, trajo una regulación que contempla otras hipótesis a las ya
referidas:
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Artículo 2o. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los
ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.
La militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la
inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el
sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá
establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control,
dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos
en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán apoyar candidatos
distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual se encuentren
afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren inscritos por un
partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras
ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por
un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce
(12) meses antes del primer día de inscripciones.
Es importante tener en cuenta que el legislador estatutario extendió el ámbito de
aplicación de la figura de la doble militancia, en tanto eliminó la expresión que
imponía que el partido o movimiento político debía contar con personería jurídica,
que le adscribía el Acto Legislativo 01 de 2003. En consecuencia, dispuso que «en
ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultáneamente a más de
un partido o movimiento político».
2.5. Configuración de la prohibición tratándose de simultaneidad de militancia
La Sección Quinta de esta Corporación ha estructurado una línea jurisprudencial en
materia de contenido, alcance y modalidades por las que se puede configurar la
prohibición de la doble militancia7, para distinguir 5 hipótesis relacionadas con los
sujetos a quienes va dirigida:
i) Los ciudadanos: En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento político con personería jurídica.
(Inciso 2º del artículo 107 de la Constitución Política)
ii) Quienes participen en consultas: Quien participe en las consultas de un partido
o movimiento político o en consultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en
el mismo proceso electoral. (Inciso 5º del artículo 107 de la Constitución Política)
iii) Miembros de una corporación pública: Quien siendo miembro de una
corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido
distinto, deberá renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer día
de inscripciones. (Inciso 12 del artículo 107 de la Constitución Política)
7
Sobre la prohibición de la doble militancia, consultar las siguientes providencias de la Sección
Quinta del Consejo de Estado: sentencia de 31 de enero de 2019, Exp. 110001-03-28-000-2018-
00008-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; sentencia de 29 de septiembre del 2016, expediente 730001-
23-33-000-2015-00806-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; sentencia de 20 de noviembre de 2015,
Exp. 11001-03-28-000-2014-00091-00, y sentencia de 28 de septiembre de 2015, Exp. 11001-03-
28-000-2014-00057-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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iv) Miembros de organizaciones políticas para apoyar candidatos de otra
organización: Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno,
administración o control, dentro de los partidos y movimientos políticos, o hayan sido
o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de elección popular, no podrán
apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento político al cual
se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren
inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió
mientras ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente
elección por un partido o movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al
menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones. (Inciso 2º del artículo
2º de la Ley 1475 de 2011)
v) Directivos de organizaciones políticas: Los directivos de los partidos y
movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de
elección popular por otro partido o movimientos políticos o grupo significativo de
ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar
al cargo doce (12) meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser
inscritos como candidatos” (Inciso 3º del artículo 2º de la Ley 1475 de 2011)8.
En relación con la primera modalidad de doble militancia esta Sección ha explicado
que «la doble militancia, hablando específicamente de la pertenencia simultánea a
dos partidos o movimientos políticos, como causal de nulidad de un acto electoral
surgido como consecuencia del voto popular, se materializa al momento de la
inscripción de la candidatura»9.
Ahora bien, la Sala Electoral también ha establecido que los elementos de la
modalidad de doble militancia en la modalidad de permanencia simultánea a
agrupaciones políticas, son: i) un sujeto activo: los ciudadanos; ii) una conducta
prohibitiva consistente en pertenecer a más de una organización política y, iii) un
elemento temporal, según el cual la pertenencia a más de una agrupación debe
ser simultánea, concurrente o concomitante10 y en el caso de que se pretendan
derivar consecuencias de nulidad electoral, que se presente al momento de la
inscripción de la respectiva candidatura.
2.5 Caso concreto
En el sub examine, la parte actora insiste por vía del recurso de apelación en que el
demandado incurrió en doble militancia, habida cuenta que, pese a que fue
postulado para ser elegido concejal de Neiva por el grupo significativo de
ciudadanos «Primero La Vida», con posterioridad fue inscrito para ese mismo cargo
8
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 24 de noviembre de 2016, Exp.
52001-23-33-000-2015-00841-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Actor: Neil Mauricio Bravo Revelo;
sentencia 13 de enero de 2017. Rad: 11001-03-28-000-2016-00005-00. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez, Actor: Arturo Rafael Calderón Rivadeneira.
9
Sección Quinta del Consejo de Estado, sentencia del 13 de enero de 2017, Exp. 2016-00005-00,
C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
10
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencias de 8 de septiembre de 2016, expediente: 63001-
23-3-000-2015-00361-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro y de 6 de mayo de 2021, expediente: 08001-
23-33-000-2019-00820-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00022-01
con el aval del partido político Todos Somos Colombia. Resalta que, si bien el comité
inscriptor de dicho GSC desistió del trámite, tal solicitud fue aceptada hasta el 24 de
agosto de 2023.
Al respecto, se tiene que la simultaneidad alegada por el demandante tiene como
fundamento la supuesta condición inicial que atribuye al demandado de haber sido
postulado por un grupo significativo de ciudadanos, razón por la cual se hace
necesario efectuar unas breves reflexiones de esta figura electoral de cara a la
prohibición aquí estudiada.
Sea lo primero llamar la atención que el artículo 107 superior tan solo contempla la
prohibición de doble militancia para los partidos o movimientos políticos «con
personería jurídica». No obstante, el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 no hizo
distinción alguna en su texto al contemplar que no se permitirá a los ciudadanos «…
pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político.», de
manera que, a primera vista, el precepto estatuario extendió el campo de aplicación.
Pese a la amplitud de la norma estatutaria de cara a la norma fundamental de la
que deriva, la Corte Constitucional consideró que resultaba ajustado a la carta
política extender la prohibición en comento a las agrupaciones políticas sin
personería jurídica, como lo son los grupos significativos de ciudadanos11:
(…) De acuerdo a lo regulado por el inciso tercero y cuarto del artículo 108 C.P.,
tanto las agrupaciones políticas con personería jurídica o sin ella, están habilitadas
para presentar candidatos a elecciones, las segundas supeditadas al apoyo
ciudadano a través de firmas. En ese orden de ideas, si tanto una como otra clase
de agrupaciones pueden presentar candidatos y, a su vez, uno de los ámbitos de
justificación constitucional de la doble militancia es la preservación del principio
democrático representativo, mediante la disciplina respecto de un programa político
y un direccionamiento ideológico, carecería de todo sentido que la restricción solo
se aplicara a una de las citadas clases de agrupación política.
Así entonces, es dable concluir que de la condición de integrante de un grupo
significativo de ciudadanos puede predicarse una simultaneidad de militancia si el
ciudadano, aún perteneciendo a dicho colectivo, se afilia a otro diferente sin haber
renunciado a aquel, lo que puede conllevar la nulidad de la elección.
Ahora bien, la anterior comprensión de la norma implica preguntarse en qué
momento se puede entender que una persona es formalmente inscrita por un grupo
significativo de ciudadanos en aras de determinar una eventual simultaneidad.
Pues bien, esta sala ha tenido la oportunidad de analizar las normas estatutarias y
reglamentarias –estas últimas emanadas de la autoridad electoral– para dar
11
Corte Constitucional, sentencia C-490 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva.
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00022-01
respuesta a ese interrogante, por ejemplo, en el auto del 13 de junio de 2024, MP
Luis Alberto Álvarez Parra. Rad. 47001-23-33-000-2023-00288-0212:
[L]a designación y postulación oficial de candidatos por parte de un grupo
significativo de ciudadanos o movimiento político, requiere básicamente, entre otros:
i) el registro por parte del comité inscriptor correspondiente de sus candidatos y
listas, y ii) de la validación de las firmas logradas por parte de la organización
electoral. Con todo, debe tenerse en cuenta que la mera recolección de aquellas sin
la validación correspondiente por parte del funcionario electoral competente
no constituye factor que oficialice la inscripción de la candidatura, únicamente
esta surtirá efecto jurídico a la posterior validación de los apoyos. (Negrillas y
subrayas no pertenecen al texto)
Por su parte, la Corte Constitucional ya había reivindicado la importancia nodal del
proceso de verificación de firmas13:
[C]onviene mencionar que, al tenor de lo establecido en el artículo 32 de la Ley
Estatutaria 1475 de 2011, la autoridad electoral ante la cual se hace la inscripción
deberá verificar el cumplimiento de los requisitos formales indicados anteriormente.
En caso de encontrar que los cumple, aceptará la inscripción suscribiendo el
formulario respectivo. De lo contrario, se abstendrá de firmarlo. Para el caso de la
inscripción de candidaturas por movimientos sociales y grupos significativos de
ciudadanos, la inscripción estará sujeta a la verificación de las firmas
requeridas para ello. Cuando se inscriban candidatos distintos a los seleccionados
mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan participado
en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los
inscribe, la autoridad electoral rechazará la inscripción mediante acto motivado.
(Negrillas y subrayas no pertenecen al texto)
Así entonces, con el mero registro que efectúa el comité inscriptor no puede
entenderse que hay, formalmente, un acto de postulación de una o varias personas
por parte de un grupo significativo de ciudadanos. En este sentido, dicha condición
de inscritos tan solo la tendrán hasta tanto se agote, en forma positiva, el proceso
de validación de las firmas que la autoridad electoral lleve a cabo.
Decantando lo anterior, se tiene que en el caso objeto de análisis se acreditó que el
comité inscriptor del colectivo que llamaron «Primero la Vida» inscribió esa iniciativa
con el fin de postular una lista de candidatos al Concejo de Neiva –entre los cuales
se encontraba el demandado–; posteriormente, el Consejo Nacional Electoral,
mediante Resolución 3935 de 31 de mayo de 2023 registró el logo-símbolo del
referido grupo de personas. No obstante, el día 25 de julio de 2023, se radicó ante
la Registraduría Nacional del Estado Civil, el siguiente escrito:
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 29 de agosto de 2024, Rad. 66001-23-33-
000-2024-00012-02, MP. Pedro Pablo Vanegas. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
5 de septiembre de 2024, Rad. 66001-23-33-000-2024-00008-02, MP. Pedro Pablo Vanegas.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-213 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00022-01
Acorde con lo anterior, salta a la vista que el mencionado colectivo de personas no
agotó la etapa de recolección y, mucho menos, la de posterior acreditación de firmas
ante la RNEC, por consiguiente, el demandado nunca tuvo la condición de inscrito
por el ya referido GSC. En todo caso, si se hubiere efectuado la inscripción con las
citadas formalidades, tendríamos que la renuncia a dicha postulación ciudadana se
produjo con anterioridad a su inscripción por el ya conocido partido político; esto al
margen de que la autoridad electoral la haya aceptado después, comoquiera que
ello en nada desvirtúa los efectos de esa dimisión.
En este orden de ideas, al momento en que el señor Jesús Andrés Garzón Roa fue
postulado por el partido político Todos Somos Colombia no pertenecía a ninguna
otra colectividad política, por lo que se impone concluir que no incurrió en el
supuesto de doble militancia alegado por la parte actora.
2.7 Conclusión
Acorde con los razonamientos aquí planteados, se concluye que el demandado no
desconoció la prohibición de doble militancia en la modalidad de simultaneidad
contemplada en el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011, razón por la cual, se impone
confirmar la sentencia de primera instancia del 15 de agosto de 2024 del Tribunal
Administrativo del Huila dictada dentro del proceso de la referencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
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Demandante: Óscar Fernando Pinzón Munar
Demandado: Jesús Andrés Garzón Roa
Rad.: 41001-23-33-000-2024-00022-01
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 15 de agosto de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso ordinario alguno.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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