Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01748-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-01748-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2017-01748-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
15 de marzo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA EN CASO DE LESIONES PERSONALES DE CONSCRIPTO - No hay postura unificada / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación
En relación con el estudio del cargo por desconocimiento del precedente, la Sección Cuarta concluyó que la regla decisional invocada por los demandantes constituía un precedente fijado por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicable específicamente a los casos de daños causados a conscriptos, y según la cual “el término de caducidad para las acciones de reparación directa debe contarse a partir de la notificación del acta de la Junta Medico Laboral, en la que se determine la calificación de la lesión del afectado (…) Al analizar las sentencias invocadas por la Sección Cuarta en el fallo de primera instancia se evidencia que los pretendidos precedentes no constituyen el criterio unificado de la Sección Tercera, en relación con la aplicación de la regla de caducidad prevista en el artículo 136, numeral 8 y que, por el contrario, existe diversidad de criterios sobre la aplicación de dicha norma en casos como el ahora estudiado. Tal divergencia fue reconocida, inclusive, por el propio a quo en el fallo de tutela de primera instancia (…) De esta manera, en el sub examine se evidencia que ante la diferencia de criterios de la Sección Tercera de esta Corporación, el Tribunal accionado adoptó su decisión con base en una de las posturas que puede asumirse sobre el tema en cuestión, esto es, la de aplicar la caducidad desde el momento en que se conoció inicialmente la lesión sufrida por el afectado, señor [C.D.H.Z.] por considerar que era la aplicable a su caso. Así las cosas, y contrario a lo afirmado por el juzgador de primera instancia, las autoridades judiciales accionadas actuaron dentro del marco de sus obligaciones constitucionales, al optar por una de las posiciones que, dentro del marco de la autonomía judicial (…) podía asumirse sobre el tema en discusión. Dicha interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en ningún momento puede ser considerada como arbitraria, caprichosa o desconocedora del criterio de esta Corporación, pues hace parte de las posibles aplicaciones razonables que de la norma de caducidad (….) se han efectuado.
LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR FALLO DE TUTELA - Tercero con interés
[E]sta Sección encuentra que dentro del término legal, la Policía Nacional presentó impugnación mediante escrito del 19 de diciembre de 2017 contra el fallo de tutela de primera instancia del 13 de diciembre de 2017, proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación. En cuanto a su interés dentro del proceso, dicha autoridad administrativa fue la parte demandada por el actor y sus familiares a través del medio de control de reparación directa en el proceso ordinario que dio lugar a las decisiones judiciales que se demandaron en la acción de tutela de la referencia. Así las cosas, esta Sección concluye que la Policía Nacional tiene interés en el resultado del presente proceso y, por lo tanto, está legitimada para impugnar el fallo de primera instancia.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 136 - NUMERAL 8 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 13
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la legitimidad de los terceros reconocidos con interés dentro de un proceso de tutela, que les permite el derecho a impugnar el fallo de primera instancia siempre que tengan interés legítimo en la decisión, consultar la sentencia T-043 de 1996, M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo, de la Corte Constitucional.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-01748-01(AC)
Actor: CRISTHIAN DAVID HERNÁNDEZ ZAPATA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y OTRO
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la Policía Nacional (tercero con interés) contra el fallo del 13 de diciembre del 2017, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
Mediante escrito radicado el 11 de julio del 2017, Cristhian David Hernández Zapata y otros, actuando en nombre propio, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
Los demandantes consideraron vulneradas las citadas garantías, con ocasión del auto proferido el 2 de mayo de 2016 por parte del Juzgado 4º Administrativo Oral de Cali, que rechazó la demanda de reparación directa instaurada por los actores en contra del Ministerio de Defensa – Policía Nacional, y que fue confirmado mediante providencia del 19 de enero de 2017 por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En consecuencia, solicitaron que se dejara sin efectos dichas actuaciones y que se ordenara al Tribunal accionado proveer la admisión de la demanda.
2. Hechos probado y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará, los cuales se expondrán en primer lugar, a fin de precisar con mayor claridad los motivos de inconformidad de los accionantes.
2.1. El señor Cristhian David Hernández Zapata se desempeñó como Auxiliar Bachiller del Departamento de Policía del Valle del Cauca en la ciudad de Cali.
2.2. El 9 de noviembre de 2011, el señor Hernández Zapata se transportaba en motocicleta como acompañante del Auxiliar de Policía Miguel Ángel Gómez Ospina y sufrió un accidente de tránsito al colisionar con un taxi de servicio público. Fue diagnosticado con “ruptura espontánea del ligamento de la rodilla derecha” e incapacitado por 30 días.
2.3. El 12 de febrero de 2015, la Dirección de Sanidad – Medicina Laboral de la Policía Nacional dictaminó que el Auxiliar Hernández Zapata había sufrido una disminución de su capacidad laboral del 52,5%, correspondiente a una “Incapacidad permanente parcial – con observación de aptitud - no apto”.
2.4. El 13 de abril de 2016, Cristhian David Hernández Zapata y su familia instauraron demanda a través del medio de control de reparación directa ante los jueces administrativos de Cali, con el fin de solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Policía Nacional por los daños causados a raíz del accidente de tránsito.
2.5. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali, quien en providencia del 2 de mayo de 2016 rechazó la demanda por considerar que había operado el fenómeno de la caducidad. En la decisión que se comenta, el Juzgador señaló lo siguiente:
“(…) Conforme a lo señalado en la demanda, en el presente caso ya operó la caducidad del medio de control propuesto, por cuanto han transcurrido más de dos (2) años desde el día siguiente de la ocurrencia o del conocimiento del daño, esto es, desde el 09 de noviembre de 2011, fecha en la que el señor CRISTIAN DAVID HERNÁNDEZ ZAPATA sufrió un accidente de tránsito cuando se movilizaba como parrillero de una motocicleta de la Policía Nacional (folio 14 cdno ppal).
La parte demandante presentó la solicitud de conciliación el 15 de diciembre de 2015 (fl 105 expediente), y la demanda fue presentada ante la Oficina de Apoyo para los Juzgados Administrativos el día 13 de abril de 2016.
Para el momento que la parte demandante presentó la solicitud de conciliación, ya se había cumplido el término de caducidad para interponer el presente medio de control, toda vez que contaba hasta el 09 de noviembre de 2013 y solo hasta el día 15 de diciembre de 2015 presenta la solicitud de conciliación extrajudicial.
Así las cosas, se concluye que no se interrumpió el término de caducidad de la acción con ocasión de la solicitud de conciliación prejudicial, toda vez que esta no fue presentada dentro de los dos años que establece el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del C.P.A.C.A. (…) ”
2.6. El 23 de mayo de 2016, los actores interpusieron recurso de apelación contra el fallo anterior, el cual fue resuelto mediante providencia del 19 de enero de 2017 por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En dicha decisión, se confirmó el auto apelado al considerar que efectivamente había operado la caducidad del medio de control, la que había empezado a correr a partir del momento del accidente de tránsito sufrido por el actor y no desde la fecha en que se le había dictaminado la pérdida de su capacidad laboral.
3. Sustento de la vulneración
Para sustentar la vulneración de sus derechos fundamentales, los accionantes alegaron la existencia de dos defectos específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra las providencias judiciales censuradas: (i) un defecto sustantivo y (ii) el desconocimiento del precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la materia.
3.1. Sobre la configuración del defecto sustantivo señalaron que las decisiones del proceso contencioso administrativo aplicaron de manera indebida al caso concreto el literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3.1.1. Al respecto, sostuvieron que las lesiones sufridas durante la prestación del servicio por parte de Cristhian David Hernández Zapata fueron valoradas por la Junta Médico Laboral con posterioridad al accidente, y que el término de caducidad de la acción de reparación directa debía contarse desde la fecha en que se practica la misma, pues es este el momento en el que el afectado tiene conocimiento de las consecuencias del accidente que le causa la disminución de su capacidad laboral.
3.1.2. En particular, afirmaron que el señor Hernández Zapata solamente conoció de las secuelas de su accidente desde el 12 de febrero de 2015, fecha en la que se le practicó el dictamen médico laboral. Por tal motivo, el conteo del término de caducidad debía hacerse a partir de ese momento y no desde el 10 de noviembre de 2011 –fecha del accidente-, como se efectuó en las providencias impugnadas.
3.2. Por otra parte, en cuanto a la existencia de un defecto por desconocimiento del precedente, alegó que no se habían tenido en cuenta los pronunciamientos que en situaciones de hecho idénticas había realizado el Consejo de Estado.
3.2.1. En particular, citó la sentencia de 28 de mayo de 2015 (Exp. 11001-03-15-000-2014-03277-00) que, a su vez, reiteró los fallos de 12 de mayo de 2010 (Exp. 31.258) y del 27 de febrero de 2004 (Exp. 0740), proferidos por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Y adujo que en dichos fallos se aplicó la regla de caducidad a partir de la fecha de calificación de la invalidez dictaminada por la Junta Médica Laboral.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
4.1.1. Mediante auto del 26 de julio del 2017, la [Magistrada] Ponente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado dispuso la admisión de la petición de amparo de la referencia, y ordenó la notificación de las partes y la vinculación, como tercero con interés, del Ministerio de Defensa Nacional y del Director General de la Policía Nacional, así como del Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. Intervenciones
Efectuadas las notificaciones del caso, obrantes del folio 21 al 27 del expediente de tutela, se presentaron las siguientes intervenciones:
4.2.1. Tribunal Administrativo del Valle
4.2.1.1. En escrito allegado el 15 de agosto del 2017, la referida Corporación Judicial solicitó que se negara la acción de tutela por considerar que la decisión había sido emitida con base en los aspectos fácticos y jurídicos aplicables al caso concreto.
4.2.1.2. Sostuvo que el hecho dañoso alegado por el actor fue conocido al momento del accidente y, por tanto, el término para interponer el medio de control de reparación directa vencía a los dos años contados a partir de la ocurrencia del hecho, esto es, el 9 de noviembre de 2013.
4.2.1.3. Adicionalmente, precisó que solamente es posible computar el término para demandar, de manera posterior, cuando no hubiera sido posible conocer la ocurrencia del daño o cuando existe una afectación por múltiples actuaciones que no permite determinar una fecha en concreto, lo que no sucedió en el caso concreto.
4.2.2. Policía Nacional
4.2.2.1. En escrito del 16 de agosto del 2017, el Secretario General de la Policía Nacional solicitó que se desvinculara a la entidad del proceso debido a que no había afectado ningún derecho fundamental de los accionantes.
4.2.2.2. En subsidio, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no existió ninguna vulneración de los derechos fundamentales de los actores, y porque tampoco se evidenciaba la ocurrencia de un perjuicio irremediable que ameritara su procedencia como mecanismo transitorio. Finalmente, argumentó que los accionantes pretendían utilizar la acción de tutela como un mecanismo adicional para revivir los términos precluidos en el estudio del medio de control de reparación directa.
4.2.3. Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali
La mencionada autoridad jurisdiccional fue notificada, pese a lo cual no realizó ninguna manifestación dentro del proceso de la referencia.
4.2.4. Ministerio de Defensa Nacional
La citada entidad fue notificada, sin embargo, no presentó ningún alegato respecto al proceso.
4.3 Sentencia de primera instancia
4.3.1. Por medio de fallo del 13 de diciembre del 2017, la Sección Cuarta del Consejo de Estado concedió el amparo del derecho al debido proceso de los accionantes.
4.3.2. En su decisión, la Sección Cuarta consideró que en el presente asunto se debía resolver si las decisiones judiciales demandadas habían desconocido el precedente de la Sección Tercera de esta Corporación y si, como lo afirmaba los demandantes, el término de caducidad en acciones de reparación directa debía contabilizarse a partir del día en que se practica la junta médico laboral, debido a que es el momento en el que se conoce la gravedad de las lesiones de un conscripto.
4.3.3. Al respecto, la Sección a quo consideró que se configuró el cargo por desconocimiento del precedente, pues pese a que no existía una decisión unificada en la Sección Tercera de esta Corporación, frente a la fecha a partir de la cual debía empezar a contabilizarse el término de caducidad en los casos de lesiones sufridas por conscriptos, lo cierto era que “en atención a los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso, a la efectividad de la justicia material y a la realización del principio pro actione, corresponde dar aplicación a la interpretación más favorable tendiente a garantizar el acceso real y efectivo a la administración de justicia”.
4.3.4. De esta manera, al tratarse de un asunto que afectaba el derecho a la administración de justicia, y con sujeción al principio pro actione, la tesis jurisprudencial que debían aplicar las autoridades judiciales accionadas era la que establecía que, en casos de lesiones sufridas por conscriptos, el término de caducidad debía contarse a partir del momento en el que se tenía conocimiento cierto del daño, esto es, con la notificación del acta de la junta medico laboral.
4.3.5. En consecuencia, se concedió el amparo y ordenó dejar sin efectos la providencia del 19 de enero de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y se dispuso que en el término de 10 días contados a partir de la notificación del fallo de tutela, se profiriera una nueva decisión que se ajustara a los lineamientos señalados en la sentencia de tutela.
4.4. Impugnación
4.4.1. A través de escrito del 11 de enero del 2017, el Secretario General de la Policía Nacional, señor Coronel Pablo Antonio Criollo Rey, impugnó la decisión de primera instancia con el fin de que se revocara el fallo de primera instancia y, en su lugar, se declarara la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
4.4.1.1. En primer lugar, consideró que los actores pretendían utilizar la acción de tutela para revivir los términos precluidos en el proceso ordinario de reparación directa, con el fin de lograr la prosperidad de sus pretensiones.
4.4.1.2. De otra parte, indicó que no se trataba, ni estaba acreditada, la ocurrencia de un perjuicio irremediable o una amenaza inminente e injustificada que ameritara la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo transitorio.
4.4.1.3. Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela contra providencias judiciales es un mecanismo excepcional, que solamente debe ser utilizado en casos de trasgresiones o amenazas de derechos fundamentales. En este sentido, consideró que en el sub examine los accionantes contaron con las oportunidades procesales para discutir las decisiones judiciales enjuiciadas. Razón por la cual, al evidenciar que no se había vulnerado ninguna de las garantías que conforman el debido proceso u ocurrido alguna acción u omisión por parte de los despachos que profirieron las decisiones, la solicitud de amparo carecía de relevancia constitucional.
4.4.1.4. En relación con el defecto por desconocimiento del precedente, argumentó que “no ocurrió en la violación del precedente que aluden los recurrentes, pues si bien es cierto la Junta Médico Laboral realiza una valoración médica de la capacidad psicofísica del señor desde el día 09 de noviembre de 2011, se diagnosticó que el ex auxiliar bachiller había sufrido una afectación médica denominada ruptura espontánea del ligamento de la rodilla derecha, de ahí que ya se conocía con certeza cuál fue su lesión, por lo tanto todo reproche de responsabilidad hacía la Institución de Policía por ese deterioro físico debía contabilizarse a partir de ese momento, en consecuencia no es dable volver a reabrir una situación jurídica ya consolidada por el paso del tiempo, solo porque las partes fueron negligentes con su propia causa al no interponer el mecanismo de defensa ordinario dentro del término de ley.”
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el Secretario General de la Policía Nacional contra la sentencia del 13 de diciembre del 2017, adoptada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017, así como el Acuerdo 055 de 2003.
2. Problema jurídico
2.1. Corresponde a la Sala determinar si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto por desconocimiento del precedente judicial de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la aplicación de la regla de caducidad en casos de calificación de invalidez de conscriptos.
2.2. No obstante lo anterior, la Sala observa que la impugnación fue presentada por el Secretario General de la Policía Nacional, quien es tercero interesado en el resultado del proceso, razón por la que se deberá verificar, previamente, si dicha autoridad se encuentra legitimada o no para interponer la impugnación que se estudia.
3. Razones jurídicas de la decisión
Para resolver el problema jurídico planteado se seguirá el siguiente orden metodológico: (i) inicialmente, se estudiará la cuestión previa relativa a la legitimidad de la Policía Nacional como tercero interesado para interponer la impugnación de la tutela de la referencia; posteriormente, (ii) se reiterará la posición de la Sección en relación con la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; seguidamente, (iii) se hará un breve énfasis en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial; y, finalmente, (iii) se abordará el análisis del caso concreto.
3.1. Cuestión previa
3.1.1. Como se señaló con anterioridad, en el presente asunto la impugnación del fallo de primera instancia fue presentada por el Secretario General de la Policía Nacional, entidad que funge como tercera interesada en el resultado de este proceso.
3.1.2. En relación con la legitimidad de los terceros reconocidos con interés dentro de un proceso de tutela, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la calidad de interviniente permite al tercero el derecho a impugnar el fallo de primera instancia siempre que tenga interés legítimo en la decisión.
3.1.3. Lo anterior, debido a que el artículo 13 del Decreto Estatutario 2591 de 1991 faculta a “quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso [para] intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud.”
3.1.4. En este sentido, en la sentencia T-043 de 1996, al estudiar la impugnación presentada por un tercero con interés en el proceso, la Corte Constitucional explicó que: “(…) el interés en la decisión judicial viene a ser elemento relevante para configurar la legitimidad de quien impugna, ya que sería injusto y contrario a toda lógica que el tercero afectado con aquella, pese a no haber sido parte, tuviera que sufrir las consecuencias negativas de la misma sin poder acudir al superior jerárquico, en ejercicio de la impugnación (…).”
3.1.5. Al analizar el caso concreto, esta Sección encuentra que dentro del término legal, la Policía Nacional presentó impugnación –mediante escrito del 19 de diciembre de 2017– contra el fallo de tutela de primera instancia del 13 de diciembre de 2017, proferido por la Sección Cuarta de esta Corporación.
3.1.6. En cuanto a su interés dentro del proceso, dicha autoridad administrativa fue la parte demandada por el actor y sus familiares a través del medio de control de reparación directa en el proceso ordinario que dio lugar a las decisiones judiciales que se demandaron en la acción de tutela de la referencia.
3.1.7. Así las cosas, esta Sección concluye que la Policía Nacional tiene interés en el resultado del presente proceso y, por lo tanto, está legitimada para impugnar el fallo de primera instancia.
3.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales
3.2.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
3.2.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
3.2.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
3.2.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 (M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO), para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
3.2.5. Con base en los anteriores criterios, la jurisprudencia ha señalado que para que una acción de tutela proceda contra una providencia judicial deben concurrir la totalidad de los requisitos adjetivos –o generales– de procedencia y, al menos, uno de los defectos –o requisitos– específicos de procedibilidad que generan la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
3.2.6. En relación con los requisitos adjetivos, esta Sección, de manera reiterada, ha indicado como parámetros para realizar su estudio, los siguientes: (i) que no se trate de tutela contra tutela; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
3.2.7. Una vez constatada la concurrencia de los requisitos adjetivos, el juez debe analizar la posible configuración de alguno de los defectos específicos de procedibilidad en los que pudo haber incurrido la providencia enjuiciada. Tales causales o defectos han sido sintetizados por la jurisprudencia constitucional de la siguiente manera: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
3.2.8. Ahora bien, por resultar pertinente para el análisis del caso sometido a revisión de la Sección, se hará una breve referencia a los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente.
3.3. De las generalidades del defecto sustantivo
3.3.1. La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
3.3.2. Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
3.3.3. Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.
3.4. De las generalidades del desconocimiento del precedente
3.4.1. La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las sentencias de unificación expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
3.4.2. Resulta necesario precisar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”
3.4.3. En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.
3.4.4. Se destaca que existe una tendencia en los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional que confunden y utilizan en forma indistinta los conceptos de jurisprudencia y precedente, como acaeció en la sentencia SU-053 del 2015 en la que se consignó que “El precedente es conocido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.
3.4.5. Tal definición deja por fuera un elemento esencial y determinante de la noción de precedente y es precisamente aquel referido a que la sentencia que se califica como tal debe haber creado una regla para solucionar un determinado conflicto jurídico, aspecto que fue dejado de lado por el alto tribunal, al considerar que cualquier sentencia o conjunto de sentencias podía constituir precedente.
3.4.6. Sin embargo, tal yerro fue corregido por la alta Corporación en la sentencia SU-288 de 2015 que en forma clara diferenció el concepto de precedente de la necesidad constante de realizar ejercicios interpretativos del ordenamiento jurídico, labor que no sólo comprende la integración del derecho, sino la creación de subreglas:
“…la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.” Sin embargo, es ampliamente aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan. Incluso, se ha entendido que mediante sus providencias los jueces desarrollan un complejo proceso de creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea de la subsunción y elaboración de silogismos jurídicos”.
3.4.7. Así, constituyen precedente las sentencias de unificación que profiere el Consejo de Estado, cuyo fundamento normativo se encuentra en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de los cuales se unificó el concepto de sentencia de unificación y se fijaron los criterios para su proferimiento.
3.5. Análisis del caso concreto
3.5.1. En el sub examine se estudia la impugnación presentada por la Policía Nacional, en la que se solicita la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
3.5.2. En particular, el recurrente sostiene que en las decisiones del proceso ordinario, tanto del Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali, como del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no se incurrió en ninguna vulneración de derechos fundamentales. En este sentido, señala que los accionantes pretenden utilizar la acción de tutela para revivir los términos precluidos en el proceso de reparación directa, que no se presentó la ocurrencia de un perjuicio irremediable, y que el caso carece de relevancia constitucional.
3.5.3. Adicionalmente, alega que no se incurrió en una violación del precedente toda vez que el actor conocía con certeza la fecha en la que había sufrido su lesión, razón por la cual no era dable contabilizar la caducidad desde la fecha del diagnóstico de la Junta Médico Laboral.
3.5.4. Al analizar estos argumentos, la Sala observa que el recurrente cuestiona tanto aspectos generales de la procedencia de la acción de tutela, como la configuración del defecto por violación del precedente, específicamente en lo relacionado con la aplicación que se hizo de la regla de decisión de la caducidad de la Sección Tercera al caso concreto de las decisiones judiciales demandadas.
3.5.4. En relación con los aspectos generales de la procedencia, la Sala estima que no se cuestiona ningún requisito adjetivo de procedencia de la acción de tutela de la referencia y que, por el contrario, en el presente asunto se encuentran cumplidos los presupuestos para un análisis de fondo sobre la posible afectación del derecho al debido proceso de los accionantes.
3.5.4.1. Así por ejemplo, en relación con la alegada ausencia de vulneración de derechos fundamentales, el análisis efectuado en primera instancia por la Sección Cuarta dio cuenta de la afectación del derecho al debido proceso de los accionantes derivado de la constatación de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra las decisiones judiciales accionadas y, en particular, por la configuración del defecto específico de procedibilidad por violación del precedente de la Sección Tercera en la aplicación de la regla de caducidad del medio de control de la reparación directa. Este último aspecto – la violación del precedente – será analizado con posterioridad.
3.5.4.2. Sobre la presunta utilización de la acción de tutela para revivir los términos procesales, la Sala considera que es una apreciación personal del recurrente que no discute la procedencia de la acción de tutela en el caso concreto.
3.5.4.3. Respecto a la ausencia de un perjuicio irremediable, este se presenta cuando frente a la existencia de un mecanismo judicial para controvertir una acción u omisión que amenace con la vulneración de un derecho fundamental, se hace necesario adoptar una decisión urgente e impostergable con el fin de evitar una lesión grave e inminente a un derecho fundamental. Por el contrario, en el sub examine se agotaron las instancias correspondientes para discutir la caducidad de la acción de reparación directa presentada por el señor Cristhian David Hernández Zapata y su familia, contra la decisión que había declarado la caducidad del medio de control de reparación directa. Por tal motivo, no resultaba aplicable el estudio sobre la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable.
3.5.4.4. Sobre el carácter excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y las oportunidades procesales con las que contaron los accionantes para discutir las decisiones judiciales enjuiciadas, la Sala encuentra que la Sección Cuarta de esta Corporación realizó el correspondiente análisis de los requisitos tanto adjetivos como materiales para que se declarara la procedencia de la acción de amparo. Como se explicó en el acápite correspondiente, dicho examen se centra en verificar que se hayan agotado todos los mecanismos judiciales para conjurar la posible afectación de un derecho fundamental en el marco de una actuación jurisdiccional, luego de lo cual, excepcionalmente, es posible acudir a la acción de tutela.
3.5.4.5. Finalmente, y contrario a lo expuesto por el recurrente, se trata de un caso que reviste relevancia constitucional toda vez que se discute la vulneración al derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, el cual constituye una de las principales garantías de los ciudadanos en el marco de las actuaciones de las autoridades jurisdiccionales.
3.5.5 En relación con el estudio del cargo por desconocimiento del precedente, la Sección Cuarta concluyó que la regla decisional invocada por los demandantes constituía un precedente fijado por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, aplicable específicamente a los casos de daños causados a conscriptos, y según la cual “el término de caducidad para las acciones de reparación directa debe contarse a partir de la notificación del acta de la Junta Medico Laboral, en la que se determine la calificación de la lesión del afectado.”
3.5.5.1. Para el efecto, señaló que dicha regla se había establecido en los siguientes pronunciamientos de la Sección Tercera de esta Corporación:
“● Sentencia del 12 de mayo de 2010
En línea con los anteriores pronunciamientos, la Sala estima necesario reafirmar la posición jurisprudencial que se ha adoptado acerca del tema en estudio, en el sentido de que la regla general para contabilizar el término de caducidad de la acción de reparación directa de dos años se tomará como punto de partida contados desde el acaecimiento del hecho que originó el daño, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 136 del C.C.A.
No obstante lo anterior, la Sala destaca que, en algunas ocasiones, pueden presentarse eventos en los cuales el conocimiento o concreción del daño se produce sólo hasta después del acaecimiento de los hechos, motivo por el cual, en virtud de los principios pro actione y pro damato, la contabilización del término de caducidad se realiza a partir del momento en que alguno de aquéllos tenga ocurrencia.
Ahora bien, en el asunto sub examine si bien se tiene certeza del momento de la ocurrencia de los hechos generadores de las lesiones sufridas por el señor Jairo Albarracín Ferrer, lo cierto es que el demandante sólo tuvo conocimiento de la magnitud del daño que había soportado a partir de la calificación realizada por la Junta Médica Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército, razón por la cual la Sala contabilizará la caducidad de la acción respectiva desde el momento en el cual la Junta Médica determinó que la víctima presentaba una incapacidad de carácter relativa y permanente, la cual le impedía ejercer la actividad militar.
En este orden de ideas, puede concluirse entonces que si bien el actor sufrió el daño en una fecha determinada, lo cierto es que sólo puedo conocer con certeza acerca del mismo y de su magnitud el día 24 de septiembre de 1998, por lo cual se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 19 de octubre de 1999, resulta oportuna.
● Sentencia del 7 de julio de 2011
En ese contexto y siguiendo los lineamientos jurisprudenciales, se tiene que la demanda fue presentada por la parte actora ante el Tribunal Administrativo del Tolima el 6 de julio de 1999, y como el acta de la Junta Médica Laboral registrada en la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, se notificó al interesado el 14 de julio de 1997, forzoso es concluir que la acción se ejerció dentro del término de caducidad previsto en la Ley para tal efecto, en ese orden se revocará el fallo inhibitorio proferido por el Tribunal de primera instancia y se procederá a estudiar de fondo la controversia puesta a consideración de la Sala.
● Sentencia del 23 de mayo de 2012
En virtud de los pronunciamientos antes transcritos, se tiene que si bien el ex – soldado profesional sufrió las lesiones el 10 de septiembre de 1996, lo cierto es que sólo tuvo conocimiento de la magnitud del daño el 6 de agosto de 1997, momento en el cual la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional dictaminó la pérdida de capacidad laboral del señor José De La Paz Villareal Toloza en un 36.145, por lo cual se tiene que la demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el 15 de octubre de 1998, resulta oportuna.”
3.5.5.2. De esta manera, con base en los citados pronunciamientos concluyó que al haber pretermitido la aplicación de esta pauta en el caso de los accionantes y al haber declarado la consecuente caducidad del medio de control de reparación directa, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Cali vulneraron el derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de los demandantes, pues dieron por finalizada una actuación judicial que, con base en los criterios expuestos en el precedente del Consejo de Estado, debía conllevar a la admisión de la demanda instaurada.
3.5.5.3. Como se indicó en las consideraciones de esta sentencia, esta Sección ha precisado que precedente es aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente. Adicionalmente, se ha advertido que constituyen precedente las sentencias de unificación que profiere el Consejo de Estado, cuyo fundamento normativo se encuentra en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de los cuales se precisó el concepto de sentencia de unificación y se fijaron los criterios para su proferimiento.
3.5.5.4. Al analizar las sentencias invocadas por la Sección Cuarta en el fallo de primera instancia se evidencia que los pretendidos precedentes no constituyen el criterio unificado de la Sección Tercera, en relación con la aplicación de la regla de caducidad prevista en el artículo 136, numeral 8º y que, por el contrario, existe diversidad de criterios sobre la aplicación de dicha norma en casos como el ahora estudiado.
3.5.5.5. Tal divergencia fue reconocida, inclusive, por el propio a quo en el fallo de tutela de primera instancia quien señaló que “(…) si bien no existe una posición pacífica [en la Sección Tercera del Consejo de Estado], lo cierto es que las condiciones particulares del caso del señor Cristhian David Hernández Zapata permitían aplicar el criterio que establece que el término de caducidad debe contarse a partir del día siguiente en que se tiene conocimiento de la magnitud del daño.”
3.5.5.6. En este sentido, en el fallo de primera instancia la Sección Cuarta indicó que “[e]n otras oportunidades, sin embargo, la Sección Tercera de esta Corporación ha dicho que el término de caducidad empieza a contarse desde la fecha de la ocurrencia del hecho que originó el daño, independientemente de la calificación de la magnitud del mismo. Es decir que al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado no existe una tesis unificada sobre el momento en que debe empezar a contarse el término de caducidad, en los casos de lesiones sufridas por conscriptos.” Para sustentar la anterior afirmación, citó la Sentencia del 14 de agosto de 2013 (Expediente 2001-00920-01), en la que la Sección Tercera de esta Corporación estudió específicamente analizó el caso de un conscripto quien había sufrido un accidente de tránsito y había sido valorado por la Junta Médica Militar correspondiente. En dicho fallo se señaló:
“La parte actora no comparte la apreciación hecha sobre el conteo de la caducidad por el a quo, considerando que el término de caducidad debe empezarse a contabilizar desde el 15 de mayo de 1999, fecha en la que le fue notificado el contenido del Acta 1544 emanada del Tribunal Médico de las Fuerzas Militares de Colombia, Ejército Nacional, en la que se le determinó al ahora demandante una incapacidad laboral del 68.04% y que ya no resultaba apto para la actividad militar.
Para la Sala las circunstancias expresadas por el recurrente como fundamento de su argumento tendiente a obtener que la contabilización del término de caducidad, en este caso, se deba iniciar a partir de la fecha en que le fue notificado el contenido del acta No. 1544 de la Junta Médica, no guardan relación con los eventos en los cuales la jurisprudencia ha permitido tomar fechas diferentes a la de ocurrencia del hecho dañoso para contabilizar el término legal de ejercicio de la acción.
El hecho de que el Acta No. 1544, mediante la cual se determinó la incapacidad laboral y se declaró al demandante no apto para la actividad militar, le hubiera sido notificada hasta el 15 de mayo de 1999 y que las secuelas dejadas por el accidente cada vez sean más graves, en modo alguno puede admitirse que le hubiese limitado la posibilidad para formular en forma oportuna su demanda por los hechos a los que ya se hizo referencia, puesto que, como se dejó claro, la posibilidad de accionar nació cuando se concretó el daño –el accidente de 4 de abril de 1997- y cesó al vencimiento del término otorgado por la ley, vale decir, al término de los dos años contados a partir del día siguiente de tal evento.
Así las cosas no es de recibo el argumento que sustenta la alzada y, en tal virtud, deberá confirmarse la providencia impugnada en cuanto declaró probada la excepción de caducidad de la acción planteada por la parte demandada.”
3.5.5.7. Como se puede evidenciar, el pronunciamiento guarda similitud con el caso estudiado por el Tribunal Administrativo del Valle en el caso del señor Cristhian David Hernández Zapata e, incluso, es posterior a los precedentes citados por la Sección Cuarta en el fallo de primera instancia y más cercanos a la fecha de la decisión de las autoridades judiciales accionadas.
3.5.5.8. Así las cosas es claro que no existe dentro de la Sección Tercera un pronunciamiento de unificación que vinculara a las autoridades judiciales accionadas para tomar una decisión en particular, pues bien podía, con base en el análisis de las circunstancias del caso, adoptar la decisión que consideraba era la correcta en el caso sometido a su estudio.
3.5.5.9. Frente a dicha situación, esta Sección reitera que “las autoridades judiciales, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, pueden adoptar la posición que consideren es la correcta”, lo que quiere decir que, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, es admisible adoptar la posición que consideren mejor se subsume dentro de los supuestos fácticos y jurídicos aplicables de cada caso concreto.
3.5.5.10. De esta manera, en el sub examine se evidencia que ante la diferencia de criterios de la Sección Tercera de esta Corporación, el Tribunal accionado adoptó su decisión con base en una de las posturas que puede asumirse sobre el tema en cuestión, esto es, la de aplicar la caducidad desde el momento en que se conoció inicialmente la lesión sufrida por el afectado, señor Cristhian David Hernández Zapata, por considerar que era la aplicable a su caso.
3.5.5.11. Así las cosas, y contrario a lo afirmado por el juzgador de primera instancia, las autoridades judiciales accionadas actuaron dentro del marco de sus obligaciones constitucionales, al optar por una de las posiciones que, dentro del marco de la autonomía judicial (arts. 228 y 230 C.N.) podía asumirse sobre el tema en discusión. Dicha interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en ningún momento puede ser considerada como arbitraria, caprichosa o desconocedora del criterio de esta Corporación, pues hace parte de las posibles aplicaciones razonables que de la norma de caducidad (art. 136-8 C.C.A.) se han efectuado.
3.5.6. Por lo anterior, al haberse constatado que no se configuró el defecto específico de procedibilidad por violación del precedente, esta Sección revocará la decisión adoptada en primera instancia.
III.DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 13 de diciembre del 2017, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente sentencia. En consecuencia
SEGUNDO: NEGAR la acción de tutela promovida por el señor Cristhian David Hernández Zapata y otros de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La presente providencia se discutió y decidió en sesión de la fecha.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Ver acta individual de reparto que obra a folio 18 del expediente. Al respecto, los hechos que se describen en el presente acápite, derivan tanto del contenido de la demanda, como de los elementos materiales probatorios aportados al proceso. Folio 20. Como entidades demandadas, se notificó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al Juez Cuarto Administrativo Oral de Cali. Folios 28-29. Folios 31-33. Folios 65-72
La decisión de primera instancia le fue notificada en correo electrónico del 19 de diciembre del 2017, por lo que la impugnación fue presentada dentro del término legamente establecido para el efecto. Dicha calidad fue reconocida en el Auto admisorio de la demanda de fecha 26 de julio de 2017, que obra a folio 20 del expediente. Corte Constitucional, Auto 051 de 1996. Al respecto se pueden consultar la Sentencia T-043 de 1996, el Auto A-051 de 1996 y el Auto de 24 de Julio de 1994, todos ellos pronunciamientos de la Corte Constitucional. Corte Constitucional, Auto 051 de 1996. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la que se adoptaron los criterios expuestos en la Sentencia de la Corte Constitucional C-590 de 2005. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01
Corte Constitucional, Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sentencia SU-288 del 14 de mayo de 2015 M.P.
Mauricio González Cuervo
Esta primera norma consagra la definición de sentencia de unificación, en los siguientes términos: “Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
“Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público”. Supra, “3.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales”. La Sala considera importante precisar que la posición que se describe a continuación sigue siendo reiterada en la actualidad. Al respecto, se puede consultar, por ejemplo, la Sentencia de 2 de mayo de 2016, C.P. Danilo Rojas Betancourth, exp. 19001233100020050159401. Dicha precisión es importante pues, como se inciará más adelante, las dos posturas relativas al conteo de caducidad en casos de conscriptos siguen siendo reiteradas en la actualidad por el Consejo de Estado. Fallo de primera instancia que obra a folios 65 a 72 del expediente. Ver Supra, “3.4. De las generalidades del desconocimiento del precedente”. Consejo de Estado, Sentencia del 30 de marzo de 2017, C.P. Rocío Araujo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2017-00484-00. Consejo de Estado, Sentencia del 1° de marzo de 2018, C.P. Rocío Araujo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2018-00045-00. Esta primera norma consagra la definición de sentencia de unificación, en los siguientes términos: “Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
“Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de agosto de 2013, C.P. Hernán Andrade Rincón, exp: 25000-23-26-000-2001-00920-01. En el citado fallo, a su vez, se indica que dicho criterio ha sido expuesto en la sentencia de 2 de junio de 2005, exp: 25000-23-26-000-2000-00008-02 de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Recientemente esta posición ha sido reiterada en las sentencias de 10 de mayo de 2016, C.P. Guillermo Sánchez Luque, exp. 05001-23-31-000-2000-05432-01 y de 24 de mayo de 2017, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico, exp. 19001-23-31-000-2006-00844-01, ambas de la Sección Tercera de esta Corporación. Consejo de Estado, Sentencia del 1° de marzo de 2018, C.P. Rocío Araujo Oñate. Rad. No. 11001-03-15-000-2018-00045-00.
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