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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00045-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
1 de marzo de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
8 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00045-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por la señora Alejandría Ramírez Arias de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el expediente en préstamo al despacho de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-00045-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

1 de marzo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INDEXACIÓN DE PRIMERA MESADA PENSIONAL - Desde la fecha del retiro hasta cuando se cumplió el estatus pensional / DESCUENTOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

[L]a autoridad judicial accionada, sí contempló que la indexación de la primera mesada, debía hacerse desde la fecha de retiro hasta cuando se cumplió el estatus pensional, con el fin de preservar el poder adquisitivo de la pensión (…) se aclara que la fórmula de indexación indicada por el Tribunal corresponde a la utilizada por la jurisdicción contencioso administrativa para estos casos, y en su parte motiva se indica que debe incluirse el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha a partir de la cual se haya reconocido la pensión, en este caso una vez realizada la nueva liquidación de la prestación reconocida, y actualizado el monto desde el 30 de octubre de 1991, fecha de retiro del servicio, hasta el 26 de noviembre de 1999, momento en que adquirió el derecho prestacional, con lo cual se observa que contiene los parámetros que echa de menos el apoderado de la parte actora. (…) Así las cosas, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas, se hace imperioso concluir que de las razones alegadas por la actora en su escrito de tutela, no se advierte vulneración alguna a sus derechos fundamentales, sino que las mismas, aunque carentes de sustento, pretenderían abrir un debate jurídico surtido en las instancias respectivas, circunstancia que escapa al conocimiento del juez constitucional, pues debe respetar la autonomía del natural al resolver los asuntos que se someten a su conocimiento, razón por la que el cargo resulta impróspero.

NOTA DE RELATORÍA: En relación con el periodo durante el cual deben efectuarse los descuentos por aportes de seguridad social en pensiones dejados de cotizar por la administración y que fueron ordenados incluir en la pensión, consultar las sentencia de 3 de agosto de 2017, exp. 11001-03-15-000-2017-01534-00 y del 13 de diciembre de 2017, exp. 11001-03-15-000-2017-03092-00, C.P. William Hernández Gómez; de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00045-00(AC)

Actor: ALEJANDRÍA RAMÍREZ ARIAS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la petición de amparo elevada por la señora Alejandría Ramírez Arias, contra las providencias del 8 de septiembre de 2015 y 25 de octubre de 2017 del Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión del Circuito de Turbo, Antioquia y del Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente.

ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

Mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2017, en la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Alejandría Ramírez Arias, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela en contra del Juzgado Mixto Administrativo de Turbo (Antioquia) y el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de obtener la protección a sus derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, el debido proceso y la seguridad social.

Las citadas garantías las consideró vulneradas con ocasión de las providencias del 8 de septiembre de 2015 y 25 de octubre de 2017, por medio de las cuales se accedió a las súplicas de la demanda dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la parte actora contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, con radicación 05837-33-33-001-2014-00568-01.

A título de amparo constitucional, la parte accionante pidió que se protegieran sus derechos fundamentales y en consecuencia:

“…2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, se REVOQUE, (sic) numeral CUARTO de la parte resolutiva de la providencia proferida el 25 de octubre de 2017, donde se indicó que: (sic) ‘descontar de la suma reconocida los aportes a seguridad social y pensiones respecto de los factores salariales cuya inclusión se ordena en la reliquidación. Se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, actualizar los descuentos que realice a la demandante por los factores anteriormente determinados de acuerdo con la formula plasmada en la sentencia de segunda instancia’, y en consecuencia se ordene tales descuentos conforme a lo dispuesto en los artículos 712, 719 y 817 del Estatuto Tributario o conforme la prescripción de los 3 años que indicó el Consejo de Estado a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, según la posición que acoja el despacho.

ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, se REVOQUE, el numeral QUINTO de la parte resolutiva de la providencia proferida el 25 de octubre de 2017, donde se indicó que: ‘Se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, a efectuar la corrección monetaria o indexación de la primera mesada pensional de la señora (…)’, y en consecuencia se ordene indexar la primera mesada pensional con la actualización del IPC de cada año desde 1991 hasta 1998, tal como lo hizo la entidad en las resoluciones que reconoció y reliquidó la mesada pensional en su momento”.

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes a efectos de la decisión que se ha de adoptar:

La accionante laboró por más de 20 años en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Turbo, Antioquia, hasta el 30 de octubre de 1991, fecha en la que se retiró del servicio, por lo que debió esperar hasta el 26 de noviembre de 1999, cuando cumplió el segundo requisito para alcanzar su estatus de pensionada.

CAJANAL -hoy UGPP- reconoció y pagó pensión de jubilación a la actora, omitiendo la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, razón por la que demandó en nulidad y restablecimiento del derecho.

El proceso correspondió al Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión del Circuito de Turbo, Antioquia, que con sentencia del 8 de septiembre de 2015 accedió a las pretensiones de la demanda al condenar a la UGPP a reliquidar la pensión de jubilación de la actora incluyendo en el salario base de liquidación todos los factores salariales, devengados por la demandante durante el último año de servicio, al encontrar que:

“…la señora Alejandría Ramírez Arias en los dos casos cobijados en el Régimen de Transición consagrado en el Art. 36 de la Ley 100 de 1993, le corresponde la aplicación de la Ley 33 de 1985, atendiendo la tesis que ha mantenido el H. Consejo de Estado, y ratificadas por esa misma Corporación, y por tanto se le deberá incluir en la liquidación de pensión todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios como son: subsidio de transporte, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de navidad y prima de vacaciones, sin importar si se encuentran enlistados o no en las leyes aplicables a cada caso en particular, por cuanto lo que se ha venido sosteniendo en este provisto es la materialización del principio de favorabilidad en concordancia con el artículo 53 de la Constitución Política, y con mayor razón cuando por vía jurisprudencial se ha sostenido, como lo acabamos de analizar que los factores enumerados en las Leyes 33 y 62 de 1985 no son taxativos, pues son (sic) un principio general que buscan garantizar el principio de igualdad, permitiendo incluir otros factores devengados por los trabajadores durante el último año de prestación de servicios al Estado”.

La UGPP y la demandante apelaron, recurso que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que en providencia del 25 de octubre de 2017, modificó los numerales segundo y cuarto; y adicionó un numeral 5º de la sentencia de primera instancia, al disponer:

“1. SE MODIFICAN LOS NUMERALES SEGUNDO Y CUARTO DE LA SENTENCIA No. 008 del 8 de septiembre de 2015 proferida por el Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión del Circuito de Turbo, por las razones expuestas en la motivación. En su lugar se dispone:

‘SEGUNDO: CONDÉNESE a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP a efectuar la reliquidación de la pensión ordinaria de jubilación reconocida a la señora ALEJANDRÍA RAMIREZ ARIAS, en el sentido de incluir en el salario base de liquidación de dicha prestación todos los factores salariales (subsidio de transporte, subsidio de alimentación, prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad) devengados por la demandante durante el último año anterior al retiro del servicio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

(…) CUARTO. Se ORDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, descontar de la suma reconocida los aportes a seguridad social y pensiones respecto de los factores salariales cuya inclusión se ordena en la reliquidación.

Se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, actualizar los descuentos que realice a la demandante por los factores anteriormente determinados de acuerdo con la fórmula plasmada en la sentencia de segunda instancia’.

SE ADICIONA UN NUMERAL QUINTO A LA SENTENCIA No. 008 del 8 de septiembre de 2015 proferida por el Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión del Circuito de Turbo, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, del siguiente tenor:

‘QUINTO: SE ORDENA a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, a efectuar la corrección monetaria o indexación de la primera mesada pensional de la señora Alejandría Ramírez Arias, conforme lo expuesto’.

SE CONFIRMAN LOS NUMERALES QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO de la sentencia No. 008 del 8 de septiembre de 2015 proferida por el Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión del Circuito de Turbo, los cuales pasan a denominarse SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO Y NOVENO, en virtud del numeral adicionado.

SE CONFIRMAN LOS DEMÁS NUMERALES DE LA SENTENCIA APELADA. (…)”.

El Tribunal consideró que la entidad demandada desconoció las normas en que debía fundarse el acto que negó la reliquidación de la pensión, motivo suficiente para que se confirmara el fallo de primera instancia; además reiteró que únicamente podían incluirse los factores salariales derivados de norma de carácter legal o de decreto expedido por el Presidente de la República, en desarrollo del precepto contenido en el artículo 154, inciso 2º de la Carta Política, en concordancia con el 189, numeral 11 ibídem.

Así mismo, precisó que “…en virtud del artículo 1º de la Ley 62 de 1985, la liquidación de la pensión debe estar conforme con los factores que sirvieron de base para calcular los aportes, regla general a la que están obligados todos los servidores públicos de pagar los respectivos aportes sobre todos los emolumentos que según la ley deben constituir factor de liquidación pensional. Lo anterior implica que si no fueron objeto de descuento, no da lugar a su exclusión sino a que al (sic) momento del reconocimiento, la entidad de previsión social efectúe los descuentos pertinentes. De ahí que sea válido ordenar descontar los aportes correspondientes a los factores cuya inclusión se ordena y sobre los cuales no se haya efectuado la deducción legal, ya que la omisión por parte la administración no impide el reconocimiento de dichos conceptos salariales para efectos pensionales, bajo el entendido de que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional”.

Sustento de vulneración

Como sustento de la petición de amparo, la parte actora indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los siguientes defectos:

Sustantivo por violación directa de los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, al ordenar la indexación de la primera mesada pensional conforme a la fórmula que ordena el Tribunal Administrativo de Antioquia en su parte motiva, desmejora la pensión de la actora.

Adujo que a la pensión mensual vitalicia de jubilación de la actora “…se le debe aplicar el Índice de Precios al Consumidor -IPC- para el tiempo transcurrido entre la fecha de retiro definitivo del servicio hasta el momento en que adquirió el derecho prestacional, tiempo durante el cual ésta perdió su valor adquisitivo, de tal manera que resulta de obligatorio cumplimiento la actualización pensional, tal como lo hizo la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, Hoy UGPP, en su momento con la Resoluciones (sic) No. 29046 del 28 de diciembre de 2001 y Resolución No. 000501 del 10 de febrero de 2003”.

Adicionalmente sostuvo que al “…decretar los descuentos por aportes de los factores salariales no cotizados por TODA LA VIDA LABORAL en la sentencia objeto de la presente acción constitucional, deja sin consideración lo dispuesto en los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario, así como declarar la prescripción de que trata el artículo 817 de este estatuto, aplicado por algunos jueces y magistrados al momento de fallar (…) significa lo anterior, que transcurridos 5 años a partir de la fecha en que se generó la obligación de realizar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, esta prescribe y su pago no puede ser exigido”.

Fáctico, toda vez que el Tribunal al modificar la sentencia proferida por el Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión del Circuito de Turbo, lo hizo sin “…tener acerbo probatorio para demostrar si las entidades efectuaron o no los descuentos, por cuanto no se tiene las planillas mensuales de los descuentos a aportes de salud y pensión de toda la vida laboral de mi asistida, omitiendo el funcionario judicial la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los supuestos descuentos no efectuados”.

Decisión sin motivación, en cuanto no expuso las razones legales o jurídicas que sustentan su tesis de hacer dichos descuentos por toda la vida laboral del pensionado.

Desconocimiento de precedente, toda vez que “…ha pasado por alto los innumerables pronunciamientos que se han efectuado por el Honorable Consejo de Estado, las demás subsecciones de Tribunal Administrativo de Antioquia, los demás Tribunales del país y los Juzgados Administrativos, en relación con los descuentos para pensión que se deben efectuar sobre los factores salariales que hacen parte de la base para la liquidación de la pensión”.

Sostuvo que también “…se aparta del término prescriptivo de tres (3) años, que hablan los postulados señalados por la Corte Constitucional en sentencias C-308 de 1994; SU-480 de 1997; C-577 de 1997; T-569 de 1999; C-821 de 2001; C-867 de 2001; C-791 de 2002; C-1010 de 2003; C-655 de 2003; C-155 de 2004; C-721 de 2004; C-824 de 2004; C-1002 de 2004; y C-895 de 2009, entre otras y Consejos (sic) de Estados (sic), Sala de Consulta y Servicio Civil, conceptos Nos. 923 del 27 de noviembre de 1996; 1480 del 8 de mayo de 2003; 1901 del 17 de Expediente (sic) 2016-163, 2016-171, 2016-187, 2016-279; 2016-174, 2016-189, 2016-196 y 2016-225-00. La honorable Corte Constitucional también se ha pronunciado respecto de los aportes pensionales en las sentencias C-177 de 1998 y C-711 de 2001, normas de obligatorio acatamiento, que definió las obligaciones del pago de aportes en pensionales, como de naturaleza parafiscal”.

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

Mediante auto del 16 de enero de 2018, la Consejera Ponente de la presente providencia, admitió la demanda de tutela, ordenando la notificación de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y al Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión del Circuito de Turbo, Antioquia.

Así mismo se dispuso la vinculación, en calidad de tercero interesado, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP.

4.2. Contestación de la autoridad judicial accionada

El Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Turbo, a pesar de que fueron notificados en debida forma, guardaron silencio.

4.3. Intervención de los terceros con interés

El Subdirector Jurídico de Defensa Judicial Pensional y apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, mediante correo electrónico del 26 de enero de 2018 allegó escrito en el que solicitó que se declarara improcedente la acción, por cuanto en el presente caso no se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales establecidos para amparar los derechos fundamentales invocados.

Adujo que no es procedente lo pretendido por la parte actora de que se ordene descontar unos aportes no efectuados, pues estos descuentos están soportados en jurisprudencia del Consejo de Estado y el principio de la sostenibilidad, que busca que no se cause un grave perjuicio a la sostenibilidad del sistema financiero y al Sistema General de Seguridad Social.

Precisó que no se puede a través de la acción de tutela, invocar la vulneración de derechos fundamentales, para solicitar la revisión de las decisiones adoptadas por el juez natural, pues ello conllevaría a que esta acción constitucional se convierta en una tercera instancia del trámite ordinario.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia de conformidad con los Decretos 2591 de 1991, y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017.

2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

2.1 ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva referidos a la subsidiariedad, inmediatez y que no se trate de una acción de tutela contra decisión de tutela?

De resultar positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sección se pronunciará sobre el siguiente problema jurídico: ¿Vulneraron las autoridades judiciales accionadas los derechos fundamentales al mínimo vital, la igualdad, el debido proceso y la seguridad social de la actora, con las providencias del 8 de septiembre de 2015 y 25 de octubre de 2017, por incurrir en los presuntos defectos sustantivo, fáctico, decisión sin motivación y desconocimiento de precedente alegados?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades de los defectos alegados; y, (iv) análisis del caso en concreto.

3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema, por lo que procedió a unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

3.2.1. Tutela contra tutela

En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia a este juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia de segunda instancia que se censura fue proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 05837-33-33-001-2014-00568-00 promovido por la parte actora en contra de la UGPP.

3.2.2. Inmediatez

Ahora bien, en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, se tiene que la providencia de segunda instancia que se acusa como vulneradora de derechos fundamentales fue proferida el 25 de octubre de 2017, notificada por correo electrónico el 2 de noviembre de la misma anualidad cobrando fuerza ejecutoria el 9 de noviembre de 2017 y, la solicitud de amparo constitucional se presentó el 19 de diciembre de 2017, lo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.

3.2.3. Subsidiariedad

Finalmente, en consideración a la subsidiariedad, es evidente el agotamiento de los recursos ordinarios, ya que por tratarse de una providencia que resolvió un recurso de apelación, no existe mecanismo judicial para controvertirlo. Cabe destacar que los argumentos presentados por la parte actora, no se ajustan a las causales taxativas contempladas en el ordenamiento jurídico para acudir al recurso extraordinario de revisión y tampoco resulta procedente el de unificación de jurisprudencia, en tanto no se alega como desconocida una providencia judicial con dicha característica.

Así las cosas, al concurrir los requisitos de procedibilidad adjetiva, concierne a la Sala abordar el estudio del asunto planteado de fondo.

3.3. Generalidades del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.

Del defecto fáctico

Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la presente decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso. Estos aspectos tienen las siguientes características:

Evento
Características
Omisión de decreto y práctica de pruebas indispensables para fallar el asunto

Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros arriba señalados.

De esta manera, se requiere:

Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era conducente, pertinente o idónea.
Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.

Desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados por las partes
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que:

Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el juez.
Se demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y oportunamente al proceso
Señale las razones por las cuales eran relevantes para la decisión
Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para variar el sentido del fallo.

Valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende alterado.

Se requiere entonces que:

La parte precise cual o cuales de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
La razón del por qué, en cada caso en particular, la consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.

El segundo de los elementos señalados, resulta de vital importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia, en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria del juez natural.
Incidencia de la prueba en el fallo atacado

Dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido proceso

Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde señalar:

Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con violación al artículo 29 constitucional.
Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
Demostrar que estos elementos de convicción fueron el sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.

Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados, se excluyen entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión al fallador.

3.5. Del precedente

La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.

Resulta necesario precisar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”

En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.

Se destaca que existe una tendencia en los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional que confunden y utilizan en forma indistinta los conceptos de jurisprudencia y precedente, como acaeció en la sentencia SU-053 del 2015 en la que se consignó que “El precedente es conocido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

Tal definición deja por fuera un elemento esencial y determinante de la noción de precedente y es precisamente aquel referido a que la sentencia que se califica como tal debe haber creado una regla para solucionar un determinado conflicto jurídico, aspecto que fue dejado de lado por el alto tribunal, al considerar que cualquier sentencia o conjunto de sentencias podía constituir precedente.

Sin embargo, tal yerro fue corregido por la alta Corporación en la sentencia SU-288 de 2015 que en forma clara diferenció el concepto de precedente de la necesidad constante de realizar ejercicios interpretativos del ordenamiento jurídico, labor que no sólo comprende la integración del derecho, sino la creación de subreglas:

“…la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.” Sin embargo, es ampliamente aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan. Incluso, se ha entendido que mediante sus providencias los jueces desarrollan un complejo proceso de creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea de la subsunción y elaboración de silogismos jurídicos”.

Así, constituyen precedente las sentencias de unificación que profiere el Consejo de Estado, cuyo fundamento normativo se encuentra en los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011, en virtud de los cuales se unificó el concepto de sentencia de unificación y se fijaron los criterios para su proferimiento.

3.7. Caso concreto

En el sub judice, la parte actora aduce la existencia de los siguientes defectos:

Sustantivo, en razón a que se desconocieron los artículos 48 y 53 de la Constitución Política, en cuanto se ordenó la indexación de la primera mesada según la fórmula expuesta en la parte motiva de la providencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, toda vez que desmejora la pensión de la actora.

Sostuvo que a la pensión mensual vitalicia de jubilación de la señora Ramírez Arias, debe aplicársele el Índice de Precios al Consumidor - IPC “…para el tiempo transcurrido entre la fecha de retiro definitivo del servicio hasta el momento en que adquirió el derecho prestacional, tiempo durante el cual ésta perdió su valor adquisitivo, de tal manera que resulta de obligatorio cumplimiento la actualización pensional, tal como lo hizo la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL Hoy UGPP, en su momento con la Resoluciones (sic) No. 29046 del 28 de diciembre de 2001 y Resolución No. 000501 del 10 de febrero de 2003”.

Adicionalmente señaló que al decretarse los descuentos por aportes de los factores salariales no cotizados “…por TODA LA VIDA LABORAL” deja sin fundamento los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario, así como declarar la prescripción prevista en el artículo 817 ejusdem.

Revisadas las providencias cuestionadas, se advierte que respecto a la indexación de la primera mesada pensional desde la fecha de retiro del servicio de la actora hasta cuando cumplió el estatus pensional, el Tribunal precisó que “…la entidad una vez reliquide la prestación social de la actora con la inclusión de todos los factores salariales reconocidos en este fallo así como los inicialmente reconocidos, todos los cuales corresponden a valores de los años 1990 y 1991, deberá proceder a la indexación de la suma hasta el 26 de noviembre de 1999 cuando la demandante obtuvo el derecho pensional”.

Así, se evidencia que la autoridad judicial accionada, sí contempló que la indexación de la primera mesada, debía hacerse desde la fecha de retiro hasta cuando se cumplió el estatus pensional, con el fin de preservar el poder adquisitivo de la pensión; razón por la cual hasta tanto la UGPP no efectúe la reliquidación pensional de la actora incluyendo todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, no es posible aceptar las presunciones del apoderado de la señora Ramírez Arias, toda vez que sus afirmaciones se basan en supuestos y no en datos concretos y reales.

Por otra parte, se aclara que la fórmula de indexación indicada por el Tribunal corresponde a la utilizada por la jurisdicción contencioso administrativa para estos casos, y en su parte motiva se indica que debe incluirse el Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE vigente a la fecha a partir de la cual se haya reconocido la pensión, en este caso una vez realizada la nueva liquidación de la prestación reconocida, y actualizado el monto desde el 30 de octubre de 1991, fecha de retiro del servicio, hasta el 26 de noviembre de 1999, momento en que adquirió el derecho prestacional, con lo cual se observa que contiene los parámetros que echa de menos el apoderado de la parte actora.

El actor adujo que los descuentos por aportes de los factores salariales no cotizados, fueron previstos “…por TODA LA VIDA LABORAL” lo que dejaría sin fundamento los artículos 712 y 719 del Estatuto Tributario, de ser así debería declararse la prescripción contenida en el artículo 817 ejusdem.

Se advierte que la posición de la Sección Segunda del Consejo de Estado, frente al periodo durante el cual debe efectuarse los descuentos para aportes de seguridad social en pensiones dejados de cotizar por la administración y que fueron ordenados incluir en la pensión, ha sostenido que “…en cuanto al período durante el cual debe efectuarse dichos descuentos no hay pronunciamiento de unificación al respecto; por lo tanto, las autoridades judiciales, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, pueden adoptar la posición que consideren es la correcta”, lo que quiere decir que las autoridades judiciales, en virtud de la libertad de interpretación y autonomía del juez, pueden adoptar la posición que consideren correcta.

Ante la diferencia de criterios de esta Corporación, el Tribunal accionado adoptó su decisión con una de las posturas que puede asumirse sobre el tema en cuestión, esto es, la de aplicar los descuentos de los aportes a la seguridad social durante el tiempo que los percibió.

Así las cosas, no es cierto como lo afirma la parte actora que la autoridad judicial accionada con su decisión causó un perjuicio grave a los intereses económicos al usar el término “por todo el tiempo de vinculación laboral”, pues como se explicó dicha orden hace relación a todo el tiempo del vínculo laboral en el cual la accionante hubiese devengado los factores que van a incluirse en el cálculo pensional, esto es, de conformidad con una de las posiciones que puede asumirse sobre el tema en discusión y la cual consideró era la correcta.

Por consiguiente, la interpretación efectuada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en ningún momento es arbitraria, caprichosa o desconoció la posición de esta Corporación, pues decidió con fundamento en la postura que consideró era la correcta.

En relación con el defecto fáctico, consistente en que el Tribunal al modificar la sentencia proferida por el Juzgado Mixto Administrativo de Descongestión del Circuito de Turbo, lo hizo sin “…tener acerbo probatorio para demostrar si las entidades efectuaron o no los descuentos, por cuanto no se tiene, omitiendo el funcionario judicial la valoración de las pruebas determinantes para identificar la veracidad de los supuestos descuentos no efectuados”, se advierte que este argumento no contiene un sustento con base en el cual el juez constitucional pueda advertir el defecto en que presuntamente incurrieron las autoridades judiciales demandadas al proferir las providencias cuestionadas.

Ello es así, toda vez que la tutelante considera que para que pudieran efectuarse los descuentos ordenados la autoridad judicial debía tener en cuenta “las planillas mensuales de los descuentos a aportes de salud y pensión de toda la vida laboral de mi asistida”, presupuesto que no es cierto, en la medida en que lo que se ordenó fue que de aquellos factores salariales que fueron reconocidos y de los cuales no se cotizó, la administración debía proceder a hacer los descuentos correspondientes, por tanto no se requería de las planillas ni de ninguna prueba adicional para hacerlo.

En este orden los planteamientos del actor no tienen sustento alguno, por lo que el cargo no prospera.

Del Desconocimiento de precedente, indica la parte actora que las providencias cuestionadas se apartaron del término prescriptivo de tres (3) años, para lo cual cita las siguientes sentencias de la Corte Constitucional:

C-308 de 1994, Demanda de inconstitucionalidad contra las siguientes disposiciones: literal b, ordinal 2, artículo 19 del Decreto-Ley 2420 de 1968; Artículo 1 del Decreto-Ley 1748 de 1991; Artículo 1 Decreto-Ley 2055 de 1991; Artículos 264 numerales 1 Y 3, 265 numeral a 2, 266 numerales 1 Y 2 del Decreto-Ley 663 de 1993.

SU-480 de 1997 Temas: El Derecho a la vida y a la salud; Sistema general de seguridad social en salud (preexistencias, medicamentos, EPS); Equilibrio financiero entre las prestaciones de la seguridad social de salud; Relaciones médico-paciente-EPS; Relación entre el Estado y las entidades y personas encargadas de la seguridad social; Ingreso al sistema Parafiscalidad de las contribuciones al sistema de salud.

C-577 de 1997, no se encontró.

C-821 de 2001, no se encontró, solo aparece la Sentencia T-821/01, relativa al derecho a la salud del niño.

C-867 de 2001, referida a la Ley de Intervención Económica

C-791 de 2002, demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 parcial de la Ley 715 de 2001, “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para garantizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”.

C-1010 de 2003, no se encontró.

C-655 de 2003; referida a seguridad social - Promoción del bienestar común; Plan Obligatorio de Salud - Recursos tienen carácter parafiscal; Control Fiscal - Función pública/Control Fiscal -Objeto y entidad sobre la cual recae; Tarifa de Control Fiscal - No existe vulneración del legislador por excluir de su pago a EPS y Caja de Compensación Familiar

C-155 de 2004; Entidad Intervenida - Bienes excluidos de la masa de liquidación/Entidad Objeto de Liquidación Forzosa Administrativa - Bienes excluidos de la masa de liquidación; Recursos de la Seguridad Social en entidad financiera en liquidación -Tratamiento/Recursos de la Seguridad Social - Destinación y utilización exclusiva; Recursos en Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones - Carácter de contribuciones parafiscales de destinación específica.

C-721 de 2004; Contrato de Depósito en Cuenta Corriente Bancaria - Facultades del cuentacorrentista/Depósito en cuenta de ahorros/ Cuenta Corriente y Depósito en cuenta de Ahorros-Constitución; Mesada Pensional en cuenta corriente o cuenta de ahorro - Débito sólo por el titular mediante presentación personal o autorización especial; Pensionado - Medidas tendientes a mejorar la condiciones de vida;

C-824 de 2004 seguridad social en salud - Derecho de carácter prestacional/Seguridad Social en Salud – Objetivo; Seguridad Social – Servicio Público de carácter obligatorio; Seguridad Social – Destinación y uso de los recursos/Instituciones de la Seguridad Social – Recursos no se pueden destinar y utilizar para fines diferentes a ella; Sistema General de Seguridad Social en Salud – Recursos son parafiscales; Contribución parafiscal – definición.

C-1002 de 2004 Régimen de prima media con prestación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad-Agotamiento de los mismos trámites en la determinación del estado de invalidez; Junta de Calificación de Invalidez – Funciones.

C-895 de 2009, Prescripción de la acción de cobro de cuotas partes pensionales – no vulnera la Constitución/ Prescripción del derecho al recobro de cuotas partes pensionales-término; Recursos de la seguridad social – carácter parafiscal y destinación específica; prescripción extintiva-concepto/prescripción extintiva – Principios en que se sustenta/prescripción extintiva – obligaciones derivadas del trabajo y la seguridad social.

Se tiene que de las sentencias citadas soló la C-895 de 2009, la Corte Constitucional estudió la naturaleza de las cuotas partes para concluir que son un importante soporte financiero para la seguridad social en pensionales, y representan un esquema de concurrencia para el pago de las mesadas pensionales. Por tanto, se colige que la citada providencia no es un precedente aplicable, por cuanto no tiene similitud fáctica ni jurídica con su situación particular.

Por otra parte, respecto de los conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil citados por el actor, cabe resaltar, no son vinculantes, porque no son dictados en ejercicio de la función judicial y tampoco contienen la voluntad de la administración o la manifestación de alguna función administrativa, es decir no son providencias judiciales.

Por último, en cuanto al argumento de decisión sin motivación, se observa que en realidad este cargo, es una reiteración de los defectos sustantivo y fáctico alegados, que ya fueron estudiados en precedencia; además no refiere que el Tribunal haya proferido su decisión sin señalar los motivos de su sentido.

Así las cosas, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas, se hace imperioso concluir que de las razones alegadas por la actora en su escrito de tutela, no se advierte vulneración alguna a sus derechos fundamentales, sino que las mismas, aunque carentes de sustento, pretenderían abrir un debate jurídico surtido en las instancias respectivas, circunstancia que escapa al conocimiento del juez constitucional, pues debe respetar la autonomía del natural al resolver los asuntos que se someten a su conocimiento, razón por la que el cargo resulta impróspero.

En consecuencia, esta Sala mantiene el criterio reiterado respecto de la actividad intelectual que realiza el juzgador que parte de la autonomía e independencia de la que goza en la definición de sus procesos y que el juez de tutela debe respetar, cuando no observa la vulneración de derechos fundamentales.

En efecto, lo pretendido por la accionante no es otra cosa que reabrir el debate de instancia y revivir interpretaciones que son propias del juez natural; competencias que escapan al de tutela, por cuanto este último no puede establecer si existe un mejor criterio que el utilizado por el juzgador de instancia.

De no ser así las cosas, se desconocería el principio de autonomía judicial y la acción de tutela dejaría de ser un mecanismo residual y de procedencia excepcional cuando se intenta contra providencias judiciales, para convertirse en instancia adicional de control frente a las decisiones tomadas por los jueces.

Conforme con todo lo anterior, se negará la petición de amparo constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela promovida por la señora Alejandría Ramírez Arias de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y devolver el expediente en préstamo al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Con el acostumbrado respeto, manifiesto la razón por la cual aclaro mi voto en la decisión 1º de marzo de 2018 con la cual se denegó el amparo de los derechos fundamentales invocados por la accionante en el trámite constitucional de la referencia.

En primer lugar, debo expresar que comparto el sentido de la providencia, pues el desconocimiento del precedente alegado por la parte accionante no tenía configuración en el asunto de autos, habida cuenta de que las sentencias traídas a colación en la demanda de tutela no guardaban relación con el caso decidido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, a saber, la reliquidación pensional y los descuentos por aportes de los factores salariales no efectuados.

No obstante, estimo necesario plantear mi disenso respecto de algunas de las consideraciones esbozadas en la sentencia frente a la teoría del desconocimiento del precedente.

En la sentencia respecto de la cual aclaro voto, al delinear algunos de los rasgos característicos de la referida causal de procedencia especial de la acción de tutela contra providencia judicial, se afirma que solo son precedente las sentencias de las altas cortes en las que, a partir de un análisis desde los “criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–”, hacen uso de su función creadora para llenar vacíos a través de la integración de principios y de la analogía.

Considero que no es acertado afirmar que el semántico, el sistémico y el funcional sean criterios, pues a mi juicio se trata de auténticos métodos de interpretación, que, dicho sea de paso, no son los únicos, razón por la cual, no puede restringirse la actividad hermenéutica del precedente a esos tres, pues se dejan de lado otros métodos como el sociológico, el histórico o lógico, cuya efectividad varía dependiendo del tipo de asunto a analizar. Considero, en cambio, que los vocablos “criterios de interpretación” la racionabilidad, la razonabilidad y la proporcionalidad, por mencionar algunos.

Por otro lado, estimo que la noción de precedente no puede explicarse únicamente en función de los “vacíos normativos”, pues el carácter vinculante de las decisiones de las altas cortes va mucho más allá, y la aplicación uniforme de las normas, como expresión del derecho a la igualdad, no puede predicarse únicamente de las providencias en las que se llena un vacío o se acude a un ejercicio de integración normativa.

De la misma manera, considero que en la decisión en cuestión se desconoce la posición asumida por la Sala de Sección en las sentencias de 12 y 19 de febrero de 2015, según la cual, se entiende que precedente: “…es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirve(n) de referente al juez que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi constituye la regla (…) que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido”.

Criterio que, valga decir, fue reiterado también por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en Sentencia de 23 de mayo de 2017 , dentro del trámite de la nulidad electoral seguido en contra del acto de elección del gobernador de Caldas para el período 2016-2019.

En los anteriores términos dejo presentado mi aclaración de voto.

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

SHAPE \* MERGEFORMAT
Folio 1 del C.1. La señora Alejandría Ramírez Arias, otorgó poder especial, amplio y suficiente al abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, para que la representara en la acción de tutela de la referencia, conforme al folio 38 del C.1. Folio 36 del C.1. Folios 39 a 54 del C.1. Sección Segunda. Sentencia del 10 de agosto de 2010 MP Dr. Victor Hernando Alvarado Ardila y Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2011 M.O. Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Consejo de Estado. Sala de consulta y servicio civil. Concepto 16 de febrero de 2012. C.P. Dr. William Zambrano Cetina y Sección Segunda C.P. Vícto Alvarado Ardila. Folios314 a 326 del C.1. Folios 92 y 93 del C.1. Según la consulta de procesos de la Rama Judicial, el proceso fue remitido al Juzgado Primero Administrativo de Turbo, autoridad judicial a la que fue notificada (fl. 97). Folios 96 vuelto, a 99 del C.1
Folios 105 a 121 del C. 1. Consejo de Estado, Sentencia del 31 de julio de 2012. C.P. María Elizabeth García González. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
De manera general, dicha decisión consagró la necesidad de que la acción de tutela cumpla con unos presupuestos generales de procedibilidad –inmediatez, tutela contra tutela, subsidiaridad-, así como fijó las causales específicas de procedencia, los cuales denominó defectos, y dependiente de su naturaleza, pueden ser fáctico, sustantivo, procedimental, orgánico, por desconocimiento del presente o desconocimiento directo de la Constitución. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01
Corte Constitucional, Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
Corte Constitucional, Sentencia SU-288 del 14 de mayo de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo
Esta primera norma consagra la definición de sentencia de unificación, en los siguientes términos: “Sentencias de unificación jurisprudencial. Para los efectos de este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”.
“Decisiones por importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia. Por razones de importancia jurídica, trascendencia económica o social o necesidad de sentar jurisprudencia, que ameriten la expedición de una sentencia de unificación jurisprudencial, el Consejo de Estado podrá asumir conocimiento de los asuntos pendientes de fallo, de oficio o a solicitud de parte, o por remisión de las secciones o subsecciones o de los tribunales, o a petición del Ministerio Público”. Sentencias de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 3 de agosto de 2017, radicación No. 11001-03-15-000-2017-01534-00, y del 13 de diciembre de 2017, radicación número 11001-03-15-000-2017-03092-00, C.P. William Hernández Gómez;

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