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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02074-00

Fecha
25 de enero de 2018
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02074-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia de Jaime José Lara Mendoza. En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de 7 de julio de 2017, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre. Segundo.- ORDÉNASE a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, que en un término no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo dentro de la acción de reparación directa promovida por el demandante (expediente Nº 2013-00275), con base en las razones expuestas en esta providencia, para lo cual deberá adelantar las gestiones del caso a fin de que las copias del proceso penal Nº 2009-0030, sean valoradas en la sentencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto dentro del medio de control de reparación directa que adelantó el actor. Tercero.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02074-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

25 de enero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE NIEGA PRETENSIONES DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Privación injusta de la libertad / DEFECTO FÁCTICO / INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA / VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

[L]a Sala no puede pasar por alto que la autoridad judicial demandada afirmó que el demandante no cumplió con la carga procesal de aportar la prueba que esclareciera la situación antes mencionada. Sin embargo, se debe advertir que el actor pidió que se oficiara a la Rama Judicial para que allegara copia del proceso penal Nº 2009-00030, el cual no fue remitido durante la etapa probatoria, o si ello ocurrió, nunca se allegó al proceso de reparación directa, al punto que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Sincelejo se vio obligado a prescindir de esta prueba, pues en su sentir ya tenía los elementos de convicción necesarios. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, en segunda instancia, consideró que no existían las pruebas para delimitar la existencia de la privación de la libertad de cara al proceso penal, sin que antes utilizara la facultad oficiosa. Simplemente indicó que no se cumplió con la carga de la prueba, lo que a juicio de esta Sala deviene en un defecto fáctico pues no verificó que en su momento el accionante solicitó las copias mediante petición y, posteriormente, con la demanda ordinaria. De hecho, el tribunal demandado debió insistir en el requerimiento con el fin de esclarecer la situación de las pruebas solicitadas por el actor, en razón a que estas habían sido requeridas por este, fueron oficiadas por el juez de primera instancia en dos ocasiones y que, al parecer, no se allegaron al expediente, pues dentro del proceso se indicó que las copias no fueron remitidas. (…) las copias del expediente penal se aportaron con anterioridad a la culminación de la mencionada etapa y se prescindiera de estas, pues el juzgado consideró que tenía las pruebas suficientes para decidir de fondo el asunto, pero que debieron ser motivo de estudio por parte del Tribunal Administrativo de Sucre, toda vez que eran determinantes (…) Por lo anterior, la autoridad judicial demandada debió verificar lo ocurrido con las copias remitidas del expediente que contiene el proceso penal adelantado en contra del actor, toda vez que estas le brindaban elementos de juicio definitivos para proferir la decisión, pues las diligencias penales eran necesarias para verificar la orden de captura o las fechas exactas en que el actor fue recluido en virtud del mencionado trámite judicial o, en su defecto, establecer con plena certeza que el demandante nunca fue capturado, lo que en últimas estaba direccionado a alcanzar la verdad procesal, como una forma de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.

FUENTE FORMAL: CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS - ARTÍCULO 8.1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02074-00(AC)

Actor: JAIME JOSÉ LARA MENDOZA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA TERCERA DE DECISIÓN

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la solicitud de tutela promovida por el demandante, quien actúa mediante apoderada judicial, contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, en la que pide el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como los principios de buena fe y confianza legítima, vulnerados supuestamente con la sentencia de 7 de julio de 2017, en la que revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones del medio de control de reparación directa que inició contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, por ausencia de pruebas que permitieran establecer la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad y, por consiguiente, condenó al pago de las costas judiciales a la demandante, toda vez que prosperaron los argumentos de la parte demandada.

I. ANTECEDENTES

Hechos

El demandante afirma que la Fiscalía General de la Nación adelantó investigación penal, bajo el supuesto de que incurrió en los delitos de terrorismo y rebelión, sindicándolo de pertenecer a la cuadrilla del frente 35 de las FARC y el ELN, a instancias del informe de inteligencia “Nº 098 DEL B2-SJ252 Fechado 01 de octubre de 2007 presentado el jefe de inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina de Sucre”.

Relata que en sentencia de 4 de marzo de 2011, dictada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo dentro del proceso radicado bajo el Nº 2009-0030, se condenó al señor Jaime Lara Mendoza y a otros, como autores del delito de rebelión, por lo que se le impuso una pena privativa de la libertad de 6 años.

Indica que la anterior decisión fue apelada. El Tribunal Superior de Sincelejo, Sala Penal, en decisión de 26 de septiembre de 2011, los absolvió toda vez que la Fiscalía General de la Nación no probó la tipicidad de la conducta.

Manifiesta que desde el inicio del proceso penal fue sometido al poder coercitivo contenido en las disposiciones legales de la Ley 600 de 2000, es decir, desde el 25 de marzo de 2008, hasta el 27 de marzo de 2011.

Sostiene que la privación de la libertad se produjo como consecuencia de la medida de detención preventiva, y que logró recuperar la libertad luego del cumplimiento casi total de la sanción impuesta en la sentencia del juez de primera instancia dentro del proceso penal. Agrega que la medida de aseguramiento de detención preventiva se hizo efectiva en la Cárcel La Vega de Sincelejo
Resalta que previó a presentar el medio de control de reparación directa por privación injusta de la libertad, solicitó al director de la cárcel La Vega de Sincelejo, la expedición de certificación auténtica de la reseña penitenciaria se le realizó durante su estadía dentro del centro penitenciario. Igualmente, pidió a la oficina judicial copias auténticas del proceso radicado Nº 2009-0030 correspondiente del proceso penal que se llevó en su contra en el Juzgado Penal Especializado de Sincelejo, pero estas no fueron entregadas, por lo que optó por solicitarlas en la demanda.

El accionante señala que el 15 de noviembre de 2013, presentó el medio de control de reparación directa contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, el cual correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo, quien en auto de 7 de febrero de 2014, admitió la demanda.

Anota que las entidades demandadas contestaron la demanda, en los siguientes términos:

La Rama Judicial afirmó que “efectivamente la Fiscalía profirió detención preventiva y resolución de acusación” contra el accionante.
La Fiscalía General manifestó que se atenía a lo dispuesto en el proceso ordinario, sin embargo, resaltó que “la providencia en la cual la fiscalía impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva al demandante, estuvo por consiguiente fundamentada en serios elementos probatorios allegados a la investigación penal…Que mal podría pensarse que mi representada incurrió en error judicial al privar de la libertad al hoy actor.” Agrega que “la privación de la libertad de que fue víctima, en el caso materia de la Litis, no puede tildarse de injusta, pues dicha medida estuvo fundada en pruebas serias que fueron legalmente aportadas a la investigación.”
El Ministerio de Defensa Nacional presentó la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, pero aceptó haber presentado el informe de inteligencia “Nº 098 DEL B2-SJ252 Fechado 01 de octubre de 2007”, ante la Fiscalía General de la Nación.

Afirma que el 11 de noviembre de 2015, se llevó a cabo la audiencia de conciliación del artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Agotadas todas las etapas, solicitó que se ordenara a la Rama Judicial que remitieran al proceso el expediente Nº 2009-0030 en el que se adelantó la acción penal, el cual se encontraba en el Juzgado Penal Especializado de Sincelejo. Asimismo, que se oficiara al Inpec para que allegara la certificación donde se hiciera constar las entradas y salidas del demandante.

Relata que el 10 de marzo de 2016, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo celebró audiencia de pruebas y en ella advirtió que las pruebas ordenadas no habían sido allegadas al proceso, por lo que requirió, por última vez, al juzgado penal y, en consecuencia, se recibieron los oficios de las pruebas ordenadas, se hizo entrega de los mismos a cada una de las entidades y se pagó el valor de las copias del expediente Nº 2009-0030.

Sostiene que el 30 de junio de 2016, continuó la audiencia de pruebas en la que se incorporó el certificado enviado por el Inpec donde se hizo constar la privación de su libertad. Igualmente, indicó que no se remitieron las copias del expediente del proceso penal, por lo que se ordenó prescindir de ellas con el objeto de continuar el trámite, pues los elementos de convicción que reposaban en el expediente de reparación directa bastaban para proferir una decisión.

Manifiesta que en sus alegatos la Fiscalía General de la Nación ratificó que luego de la investigación que se adelantó, se profirió orden de captura en contra del sindicado y, posteriormente, dictó resolución de acusación. A su turno, la Rama Judicial no contradijo las pruebas aportadas y en ningún momento cuestionó el hecho comprobado de la privación de la libertad.

Señala que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo, en sentencia de 27 de enero de 2017, condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, decisión que fue apelada por dichas entidades.

Resalta que en los recursos las partes condenadas aceptaron que efectivamente se profirió en el proceso penal la medida de aseguramiento y la resolución de acusación y que la privación de la libertad fue cumplida por el demandante.

Indica que el 28 de febrero de 2017, se adelantó la audiencia contemplada en el numeral 4 del artículo 192 del CPACA, en la cual no se llegó a un acuerdo, por lo que se concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación.

Por último, anota que en fallo de 7 de julio de 2017, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, revocó la decisión de primera instancia dictada por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Sincelejo.

Fundamentos de la acción

El apoderado del accionante considera que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que reposaban dentro del proceso ordinario y, además, porque se le impuso una carga de aportar las sentencias del proceso penal o la orden de captura, lo cual es excesivo en razón a que estas reposaban dentro del expediente del proceso penal, del cual nunca se allegaron las copias y si en su momento se expidieron estas no fueron incorporadas “por factores atribuibles al aparato judicial” y no por negligencia de él.

Por consiguiente, a juicio del accionante la sentencia de 7 de julio de 2017, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como los principios de buena fe y confianza legítima.

Pretensiones

El accionante formuló la siguiente pretensión:

“PRIMERA. SOLICITO respetuosamente que se ampare los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, acceso a la administración de justicia, buena fe o confianza legítima, entre otros, del accionante JAIME LARA MENDOZA.

SEGUNDA. Que se ordene a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, magistrado ponente: Dr CESAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS, anular o dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia fechada 7 de julio de 2017 dictada dentro del proceso de reparación directa 2013-00275 y que se falle nuevamente con la valoración probatoria correcta.

TERCERA. Que en su defecto se ordene a la entidad accionada que anule o deje sin efectos la sentencia cuestionada, se ordene incorporar de oficio al expediente todas las pruebas que no fue posible recaudar por las circunstancias expuestas y se falle en consecuencia”

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente de tutela copia del expediente 70-001-33-33-007-2013-00275-01, el cual corresponde a la acción de reparación directa que inició contra la Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional.

5. Trámite procesal

En auto de 22 de agosto de 2017, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial demandada. Igualmente, a la Rama Judicial, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, Fiscalía General de la Nación, a los señores Wilson Antonio Lara Madera, Fanny Luz Madera Olivera, Gina Marcela Lara Madera, Donaldo Manuel Lara Rivero, Margarita Concepción Mendoza Monterrosa, Margarita Lara Mendoza, Eloy Manuel Lara Barreto, Argemiro Lara Barreto, Gabriel Contreras Mendoza y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como tercero con interés.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Sucre

El magistrado ponente pidió en escrito de 1 de septiembre de 2017, que se declarara la improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones.

Indicó que el demandante alegó la ocurrencia de un defecto fáctico en la apreciación de las pruebas por exceso ritual manifiesto, a más que por factores atribuibles al aparato judicial se vulneró al principio a la buena fe a la confianza legítima, sin dar aplicación al artículo 167 y siguientes del Código General del proceso (CGP).

Advirtió que contrario a lo manifestado por el actor, en la providencia atacada se hizo un análisis exhaustivo de los hechos narrados en la demanda, a la luz de una valoración completa del material probatorio aportado al proceso, siguiendo para tal efecto, la regulación pertinente y el derrotero jurisprudencial aplicado a casos análogos, por lo cual la Sala no encontró fundamento para conceder las pretensiones de la demanda.

Afirmó que el criterio del Consejo de Estado frente a la principal acreditación documental de la privación injusta de la libertad, es que la constituye la certificación carcelaria y la constancia de salida del lugar de reclusión, pero que en aquellos eventos en que se carezca de tales evidencias, ha sostenido, que puede ser suplidas por las copias de las sentencias de los procesos penales en las que conste la fecha de reclusión y orden de libertad. Lo cual, fue sustentado en la decisión motivo de tacha constitucional, pues el actor arrimó copia simple del fallo de 26 de septiembre de 2011, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sincelejo, Sala de Decisión Penal, en la que absuelve al sindicado del delito de rebelión, de la que no se puede concluir el daño reclamado por los demandantes, toda vez que no se desprende que existieron las órdenes judiciales que determinaron la privación de la libertad, así como su prolongación en el tiempo.

Resaltó que el accionante no incorporó al plenario los medios probatorios que permitieran establecer y particularizar no solo la existencia del daño alegado, sino la realización del juicio concreto de imputación, puesto que en el proceso no existe prueba sobre la restricción impuesta a la libertad del demandante por parte de la Fiscalía General de la Nación, en razón a que no se trajo la providencia como tampoco la orden de captura u otro medio eficaz, para delimitar la existencia de la privación de la libertad de cara al proceso en el cual se afirma que esta ocurrió.

Señaló que “la Sala llegó a la conclusión que, el control realizado por el Juez, conforme las reglas del C.G.P., vienen dados, por la concepción clásica de pertinencia, conducencia, relevancia y utilidad, pero además en virtud de la Ley 1564 de 2012, por el deber de abstenerse las partes de solicitar el decreto de pruebas que pueden ser obtenidas en ejercicio del derecho de petición y que consecuentemente contiene para el Juez la regla de conducta de abstenerse de decretarlas, a menos que se demuestre un mínimo de diligencia, situación que dicho sea de paso, en el presente asunto no se probó, punto en el cual, debe afirmar la Sala que en auto dictado en audiencia de pruebas se dispuso por el Juzgado de Primera Instancia prescindir de las documentales solicitadas al Juzgado Penal Especializado, sin que la parte actora haya realizado reproche alguno al respecto, aceptando que se cerrara el debate probatorio y se corriera traslado para alegatos de conclusión.”

Finalmente, aseveró que la ausencia de pruebas como lo afirmó la Fiscalía General de la Nación en su recurso, impidió estructurar un juicio de responsabilidad administrativa, razón por la cual se revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

6.2. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

En memorial de 31 de agosto de 2017, la apoderada solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, en razón a que no se superó el requisito de subsidiariedad, toda vez que cuenta con el recurso extraordinario de revisión.

Afirmó que el demandante no cumplió con la carga de sustentar el presunto defecto o de identificar de manera precisa los hechos que supuestamente generaron la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Por último, indicó que la parte actora no logró identificar el tipo de error en el que presuntamente incurrieron las providencias controvertidas, razón por la cual el juez constitucional no puede entrar a estudiar la totalidad de la sentencia para identificar dichos defectos.
6.3. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La abogada de la División de Procesos de la Unidad de Asistencia Legal solicitó, en memorial de 1 de septiembre de 2017, que se despache desfavorablemente las pretensiones de la acción de tutela, por ser improcedente.

Sostuvo que el demandante no acreditó que superaba los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Además, de que no se demostró la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991, el 13 del Acuerdo 58 de 1999, el 2º [c] del Acuerdo 055 de 2003 (reglamento interno), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si en el presente caso la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en un defecto fáctico, al revocar la decisión de primera instancia y negar las pretensiones de la acción de reparación directa, bajo el argumento de que el accionante no cumplió con el deber de aportar las pruebas que permitieran establecer la existencia del daño alegado y el juicio concreto de imputación, en razón a que no allegó elementos de convicción sobre la restricción impuesta al derecho fundamental a la libertad del demandante por parte de la Fiscalía General de la Nación.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada (res judicata) y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia constitucional pues debe definirse si con la sentencia de 7 de julio de 2017, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, vulneró al demandante los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, así como los principios de buena fe y confianza legítima, al decidir al demanda de reparación directa sin que se aportaron, supuestamente, las copias del proceso penal; (ii) se agotaron los medios de defensa judicial que tenía el accionante para controvertir la decisión objeto de tutela, en tanto la decisión motivo de censura se profirió en el marco del recurso de apelación que se interpuso contra la decisión de primera instancia, y no se configura alguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de revisión; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que sentencia de segunda instancia se dictó el 7 de julio de 2017, notificada mediante correo electrónico el 14 del mismo mes y año. Como la acción de tutela se presentó el 14 de agosto de 2017, transcurrió 1 mes después de la notificación de la providencia censurada, lo que significa que se presentó dentro de un término razonable conforme lo ha precisado esta Corporación, el cual ha sido considerado, igualmente, por la Corte Constitucional; (iv) los hechos y pretensiones fueron desarrollados de manera clara, de tal manera que se puede determinar el debate jurídico y, por último, (v) la providencia que se ataca se profirió dentro de un proceso ordinario, es decir, no se trata de tutela contra tutela.

Constatado el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad, pasa la Sala a efectuar el estudio de fondo.

4.2. La autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico

El demandante sustenta que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas que reposaban dentro del proceso ordinario y, además, porque se le impuso una carga de aportar las sentencias del proceso penal o la orden de captura, lo cual es excesivo en razón a que estas reposaban dentro del expediente del proceso penal, actuaciones que no se allegaron o si fueron remitidas no fueron aportadas al proceso “por factores atribuibles al aparato judicial”.

La Corte Constitucional ha sostenido que se configura un defecto fáctico cuando el juez ha “dejado de valorar pruebas legalmente aducidas al proceso, o que en la valoración de las pruebas legalmente practicadas se haya desconocido manifiestamente su sentido y alcance y, en cualquiera de estos casos, que la prueba sobre la que se contrae la vía de hecho tenga tal trascendencia que sea capaz de determinar el sentido de un fallo. Sólo bajo esos supuestos es posible la tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, de manera que cuando los mismos no satisfagan estas exigencias, no procede el amparo constitucional pues se trata de situaciones que se sustraen al ámbito funcional de esta jurisdicción.”

Así mismo, ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez; 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución.

Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que la sentencia de 7 de julio de 2017, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo Sucre, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de reparación directa, con sustento en lo siguiente:

“Teniendo en cuenta lo dicho, la Sala advierte que si bien al plenario se arrimó copia simple de la sentencia del 26 de septiembre de 2011 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial del Sincelejo – Sala de Decisión Penal, que revoca la decisión condenatoria anterior y en su lugar lo absuelve del delito de rebelión; de ella no es posible concluir el daño reclamado por los demandantes, toda vez que, no se desprende que hayan existido las órdenes judiciales que determinaron la privación de la libertad del señor JAIME LARA MENDOZA, así como su prolongación en el tiempo.

Ahora, si bien el Director de la Cárcel la Vega de Sincelejo certifica que el señor JAIME LARA MENDOZA, estuvo recluido en dicho centro carcelario, ello no se puede conectar con la sentencia antes referenciada, pues en la constancia expedida no se informa que autoridad judicial y porque proceso fue dispuesta la restricción intramural cumplida en dicho centro penitenciario, circunstancia esta que impide afirmar que ello obedeció a una orden emitida por las autoridades aquí encartadas y por la presunta conducta penal de la cual fue absuelto en aplicación del in dubio pro reo, por parte del Tribunal Superior de Sincelejo en su Sala Penal.

(…)

En ese orden, la demostración procesal de la responsabilidad recaía en la parte demandante, quien no incorporó al plenario los elementos probatorios que permitieran establecer y particularizar no solo la existencia del daño alegado, sino la realización del juicio concreto de imputación, puesto que en el proceso no existe prueba sobre la restricción impuesta al derecho a la libertad del demandante por parte de la Fiscalía General de la Nación, pues no se trajo, la providencia, como tampoco la orden de captura, librada u otro medio eficaz, para delimitar la existencia de la privación de la libertad de cara al proceso penal en el cual se afirma está ocurrió.” (Negrilla y subraya de la Sala).

Ahora bien, al analizar las copias del proceso ordinario la Sala observa las siguientes actuaciones previas y concomitantes a la etapa probatoria:

En la demanda se solicitó oficiar a la oficina de archivos de la Rama Judicial para que expidiera copias auténticas del proceso penal radicado Nº 2009-00030, así como al Juzgado Penal Especializado de Sincelejo y al Tribunal Superior de Sincelejo, para que allegaran las copias de las providencias proferidas por cada uno de los despachos (folios 9 a 10 del cuaderno Nº de las copias del expediente ordinario).
Se aportaron copias simples de las sentencia de primera y de segunda instancia dictadas dentro del proceso penal que se inició contra el accionante, el cual culminó con decisión absolutoria (folios 25 a 86 del cuaderno Nº 1 de las copias del expediente ordinario).
En el acta de la audiencia inicial que se celebró el 11 de noviembre de 2015, en la cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Sincelejo afirmó que se “tiene como prueba los documentos aportados con la demanda, los cuales se enuncian en los folios 9 y 10 del expediente, y que fueron incorporados al mismo”. Asimismo, se ofició nuevamente a la Rama Judicial para que remitiera las copias auténticas del proceso radicado Nº 2009-00030, así como las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el mencionado proceso, y al Inpec para que remitiera la ficha técnica que determine las entradas y salidas del demandante (folio 347 del cuaderno Nº 2 de las copias del expediente ordinario).
En el acta de la audiencia de pruebas celebrada el 10 de marzo de 2016, se indica que “el Juez advierte que, revisado el expediente observa que el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo, no ha llegado hasta la presente, copia auténtica del proceso identificado con el radicado Nº 2009-00030”. Igualmente, señaló que “la secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo no ha allegado constancia de ejecutoria de la sentencia del 26 de septiembre de 2011, dictada por la Sala Penal de esa Corporación, con ponencia de la Magistrada doctora Lucy Bejarano Maturana; en el mismo sentido, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, no aportó el certificado de ingreso y salida del señor JAIME LARA MENDOZA de la cárcel nacional de Sincelejo”. Por consiguiente ofició, nuevamente, para dichas pruebas se allegaran al proceso (folios 371 a 373 del cuaderno Nº 2 de las copias del expediente ordinario).
En el folio 384 del cuaderno Nº 2 de las copias del expediente ordinario, reposa el certificado expedido por el Inpec en el que consta que “una vez revisado los libros radicadores de Altas y Bajas, el aplicativo institucional SISIPEC WEB, se encontró que el señor JAIME LARA MENDOZA identificado con cédula de ciudadanía 18.879.258, se encontró recluido en este establecimiento a partir del veinticinco (25) de marzo de dos mil ocho (2008) hasta el veintisiete (27) de marzo de dos mil once (2011).”
En el acta de continuación de audiencia de pruebas de 30 de junio de 2016, se incorporó el certificado allegado por el Inpec y se prescindió de la copia del proceso penal con radicado Nº 2009-00030, toda vez que este no fue remitido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo y “con el objeto de continuar con el proceso bastaron para la verificación de los hechos materia del litigio y, por tanto, resolver el mismo” (folios 386 a 388 del cuaderno Nº 2 de las copias del expediente ordinario).

En efecto, se constató que en las sentencias dictadas dentro del proceso penal, tanto en primera como en segunda instancia, sí se allegaron al proceso de reparación directa, de las cuales junto con el certificado que remitió el Inpec, no brindaban la certeza de la fecha en que se capturó al señor Jaime Lara Mendoza y en el marco de qué proceso penal, por lo que era necesario aportar dichas actuaciones a fin de adoptar la decisión de fondo.

Pese a lo anterior, la Sala no puede pasar por alto que la autoridad judicial demandada afirmó que el demandante no cumplió con la carga procesal de aportar la prueba que esclareciera la situación antes mencionada. Sin embargo, se debe advertir que el actor pidió que se oficiara a la Rama Judicial para que allegara copia del proceso penal Nº 2009-00030, el cual no fue remitido durante la etapa probatoria, o si ello ocurrió, nunca se allegó al proceso de reparación directa, al punto que el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Sincelejo se vio obligado a prescindir de esta prueba, pues en su sentir ya tenía los elementos de convicción necesarios.

La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, en segunda instancia, consideró que no existían las pruebas para delimitar la existencia de la privación de la libertad de cara al proceso penal, sin que antes utilizara la facultad oficiosa. Simplemente indicó que no se cumplió con la carga de la prueba, lo que a juicio de esta Sala deviene en un defecto fáctico pues no verificó que en su momento el accionante solicitó las copias mediante petición y, posteriormente, con la demanda ordinaria.

De hecho, el tribunal demandado debió insistir en el requerimiento con el fin de esclarecer la situación de las pruebas solicitadas por el actor, en razón a que estas habían sido requeridas por este, fueron oficiadas por el juez de primera instancia en dos ocasiones y que, al parecer, no se allegaron al expediente, pues dentro del proceso se indicó que las copias no fueron remitidas y, por otra parte, el demandante afirmó a folio 21 del cuaderno de tutela, que estas fueron expedidas por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo de lo cual da cuenta el Oficio Nº 445 de 18 de abril de 2016, recibidas por un funcionario del Juzgado Séptimo Oral Administrativo de Sincelejo, sin que se hubieran allegado al proceso ordinario. El contenido de la referida misiva es del siguiente tenor:

“REF: SOLICITUD DE COPIAS (sic) PROCESO PENAL SEGUIDO CONTRA JAIME LARA MENDOZA Y OTROS. POR LOS DELITOS DE REBELIÓN Y TERRORISMO. RADICACIÓN Nº 2009-00030-00. (FISCALÍ 2. 76. 995)

Cordial Saludo:

Respetuosamente, de conformidad con lo ordenado en auto, y en atención a su oficio de la referencia, me permito hacerle llegar las copias auténticas solicitadas por usted, correspondiente a la actuación penal adelantada en este despacho en contra del señor JAIME LARA MENDOZA Y OTROS, por el delito de Rebelión y terrorismo, radicado bajo el número 2009-00030-00. (Fiscalía 2º Especializada Nº 76.995)

Anexo lo anunciado.

Consta lo enviado de cinco (5) cuadernos con 303, 305, 302, 182 y 160 folios respectivamente.”

Ahora bien, el anterior oficio cuenta con sello de recibido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo de 20 de abril de 2016, mientras que la etapa probatoria culminó en audiencia de 30 de junio de 2016, es decir, que las copias del expediente penal se aportaron con anterioridad a la culminación de la mencionada etapa y se prescindiera de estas, pues el juzgado consideró que tenía las pruebas suficientes para decidir de fondo el asunto, pero que debieron ser motivo de estudio por parte del Tribunal Administrativo de Sucre, toda vez que eran determinantes de acuerdo a las razones expuestas en la sentencia de 7 de julio de 2017.

Igualmente, se observa que la apoderada de la demandante había solicitado que se remitieran las copias del proceso penal, es decir, fue diligente, y además, existen indicios de que el actor estuvo privado de la libertad en un establecimiento penitenciario, sobre todo dentro de las fechas en que se produjeron las sentencias emanadas en el proceso penal. Por consiguiente, el expediente penal Nº 2009-00030, hubiese otorgado los elementos de convicción necesarios para esclarecer los hechos y determinar con plena certeza si existía o no responsabilidad del Estado, más aún, cuando en el curso del proceso ordinario se consideró por parte del Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Sincelejo y del Tribunal Administrativo de Sucre que las copias del proceso penal no habían sido remitidas, mientras que el accionante pudo constatar que el juzgado penal las allegó ante el juez contencioso de primera instancia.

Por lo anterior, la autoridad judicial demandada debió verificar lo ocurrido con las copias remitidas del expediente que contiene el proceso penal adelantado en contra del actor, toda vez que estas le brindaban elementos de juicio definitivos para proferir la decisión, pues las diligencias penales eran necesarias para verificar la orden de captura o las fechas exactas en que el actor fue recluido en virtud del mencionado trámite judicial o, en su defecto, establecer con plena certeza que el demandante nunca fue capturado, lo que en últimas estaba direccionado a alcanzar la verdad procesal, como una forma de garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia.

Así las cosas, no se le podía imponer esa carga al actor, más aún, cuando se demostró diligencia en su actuar no solo en sede administrativa, sino en el trámite judicial. Supuesto diferente, sería que el demandante hubiera sido negligente y ahora pretendiera que la prueba se decretara de oficio.

Al respecto, se aclara que con dicha prueba no se pretende que la carga probatoria se le imponga al juez. Todo lo contrario, la parte interesada en que se le reconozcan sus pretensiones debe cumplir con el deber de aportar las pruebas necesarias con el fin de convalidar su tesis jurídica (artículo 167 del Código General del Proceso), pero, en aquellos casos en los que se solicita a la autoridad judicial que requiera a una entidad para que allegue una prueba que está en su poder, y que por razones ajenas a quien la solicitó no fue aportada, no puede endilgarse al interesado la falta de diligencia y mucho menos, que tenga el deber de soportar tal situación, toda vez que ha realizado las actuaciones necesarias para que los elementos de convicción se allegaran al proceso.

En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante, por lo que se dejará sin efectos la sentencia de 7 de julio de 2017, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre. En consecuencia, se ordenará dictar un fallo de reemplazo en el que se valoren las actuaciones judiciales surtidas en el proceso penal, y así establecer si se configuró o no la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el actor.

6. Razón de la decisión

La Sala considera que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto fáctico, toda vez que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, no actuó en aras de alcanzar la verdad procesal e impuso una carga excesiva al actor de aportar la prueba de la orden de captura u otra que determinara que dicho procedimiento se realizó como consecuencia de la investigación penal que llevó la Fiscalía General en su contra, las que se hubiesen podido ubicar en el expediente del proceso penal, el cual se solicitó como prueba, fue allegado y recibido por el juzgado de primera instancia dentro del término establecido, pero que no fueron estudiadas, a pesar de que era un elemento material probatorio determinante, porque supuestamente no se habían aportado al expediente de reparación directa.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso efectivo a la administración de justicia de Jaime José Lara Mendoza. En consecuencia, DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia de 7 de julio de 2017, proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre.

Segundo.- ORDÉNASE a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Sucre, que en un término no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, emita una decisión de reemplazo dentro de la acción de reparación directa promovida por el demandante (expediente Nº 2013-00275), con base en las razones expuestas en esta providencia, para lo cual deberá adelantar las gestiones del caso a fin de que las copias del proceso penal Nº 2009-0030, sean valoradas en la sentencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto dentro del medio de control de reparación directa que adelantó el actor.

Tercero.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección

STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Folio 1 del cuaderno de tutela.
Folio 22 del cuaderno de tutela.
Folio 28 del cuaderno de tutela.
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Sentencia T-031 de 2016. M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Sentencia T-066 de 2005. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
Sentencia T – 781 de 2011. M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.
Folio 27 del anexo Nº1.

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