Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-06047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06047-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-06047-00
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
10 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Accionante: TELMA DANILSA BERRÍO CÓRDOBA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa en el que se declaró la caducidad del término para presentar
la demanda. Defectos por desconocimiento del precedente judicial y
sustantivo
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Telma Danilsa Berrío Córdoba, quien actúa en nombre
propio, contra el Tribunal Administrativo del Chocó.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 26 de septiembre de 2025, la parte demandante acudió al juez constitucional con
el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Solicito respetuosamente se tutelen mis derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia o el que se encuentre quebrantado.
2. En consecuencia, solicito respetuosamente dejar sin efecto la sentencia de segunda
instancia dictada el 21 de agosto de 2025 por el Tribunal Contencioso Administrativo del
Chocó en el proceso de reparación directa TELMA DANILSA BERRÍO CÓRDOBA contra
CODECHOCÓ, radicado 27001 33 33 002 2015 0570 01.
3. Solicito respetuosamente ordenarle al Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó
que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, dicte una nueva
providencia dentro del proceso con pretensión de reparación directa promovido por la
suscrita contra CODECHOCÓ, radicado 27001 33 33 002 2015 0570 01, en la que tenga
en cuenta que el conteo del término de caducidad, NO puede ser anterior al 28 de marzo
de 2014, fecha en la que la entidad demandada se refirió de manera expresa a la
negativa de pagar los bienes y servicios adicionales que le suministré”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
2. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente ordinario se pueden extraer como relevantes
los siguientes:
• Relacionados con la acción de tutela 11001-03-15-000-2017-02071-00/01
La accionante indicó que el 21 de diciembre de 2011 suscribió contrato no. 340-
2011 con la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible - en
adelante - CODECHOCÓ-, por un término de 7 meses, cuyo objeto se circunscribió
al suministro de refrigerios para distintos talleres de capacitación que realizaba la
entidad.
Sostuvo que, posteriormente, los coordinadores de dichos proyectos solicitaron el
suministro de refrigerios adicionales a los pactados en el contrato no. 340-2011, los
cuales fueron entregados por la actora en octubre de 20121 y los mismos serían
pagados a través de un contrato adicional; sin embargo, el director de –
CODECHOCÓ- no suscribió el contrato, pese a ello, le manifestaron que se
realizarían los trámites necesarios para efectuar el pago.
Agregó que el 21 de agosto de 2013, radicó solicitud en ejercicio del derecho de
petición ante el Comité de Conciliación de la entidad, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de los refrigerios suministrados de forma adicional al contrato
inicial, solicitud frente a la cual – CODECHOCÓ- guardó silencio.
Aseguró que ante el silencio de la entidad, el 21 de marzo de 2014 radicó una nueva
petición, con el fin de obtener respuesta a su requerimiento inicial, y frente a esa
segunda solicitud el 28 de marzo de 2014, el Comité de Conciliación de la entidad
resolvió no reconocer el pago del suministro de los refrigerios, con fundamento en
que no se evidenció algún soporte que determinara que los mismos fueron
autorizados por el director de la Corporación.
Como consecuencia de lo anterior, aseveró que en ejercicio del medio de control de
reparación directa presentó demanda contra -CODECHOCÓ-, con la pretensión de
que se declarara que dicha entidad se enriqueció sin justa causa en su perjuicio y
le realizara el pago correspondiente del valor de los refrigerios adicionales
suministrados a la demandada.
Sostuvo que, en primera instancia, el proceso correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Quibdó, que en audiencia inicial celebrada el 19 de
abril de 2017 declaró probada la excepción de caducidad, y con ocasión del recurso
de apelación que presentó, el Tribunal Administrativo del Chocó mediante auto de
5 de junio de 2017, confirmó lo resuelto por el a quo.
Señaló que contra la anterior decisión presentó acción de tutela, cuyo conocimiento
correspondió a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que
en sentencia 25 de septiembre de 2017 amparó los derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, al considerar que la
demanda de reparación directa sí fue presentada de manera oportuna, teniendo en
cuenta que la caducidad debía contabilizarse a partir del 28 de marzo de 2014, fecha
1 Revisado el proceso ordinario y el proceso de tutela no se logró tener certeza de la fecha exacta de entrega.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
en la que -CODECHOCÓ-, mediante acta no. 001-2014 dio respuesta negativa a la
solicitud de pago realizada por la accionante, por lo que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO.- TUTELAR el amparo deprecado por la señora Telma Danilsa Berrio
Córdoba, en nombre propio, dentro de la acción de tutela interpuesta contra el Tribunal
Administrativo del Chocó y el Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la providencia de 5 de junio de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó. En consecuencia, ORDENAR a la referida
corporación judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta
providencia, emita una decisión de reemplazo, tomando como referente los argumentos
expuestos en la parte motiva de esta providencia. Resaltándose que, en todo caso, el
juez natural del asunto preserva su criterio y autonomía para adoptar la decisión de fondo
a que haya lugar”.
Impugnada la anterior decisión por la entidad demandada, la Sección Cuarta de esta
Corporación2, en sentencia de 24 de mayo de 2018 confirmó lo resuelto por el a quo,
por los mismos argumentos expuestos en primera instancia.
• Relacionados con el proceso de reparación directa identificado con el
radicado 27001-33-33-002-2015-00570-00/01
El Tribunal Administrativo del Chocó mediante auto de 13 de junio de 2018, en
cumplimiento de los fallos de tutela de 25 de septiembre de 2017 y 24 de mayo de
2018, proferidos por las Secciones Segunda y Cuarta del Consejo de Estado, en su
orden, dispuso lo siguiente:
“SEGUNDO: REVÓCASE la decisión adoptada durante la audiencia inicial celebrada el
19 de abril de 2017, mediante la cual el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
de Quibdó declaró probada la excepción de caducidad del medio de control de reparación
directa por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: En su lugar, en firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al
Juzgado de origen, para que convoque de nuevo a las partes a fin de dar continuidad al
trámite de la audiencia inicial y agote las restantes fases previstas por el artículo 180 de
la Ley 1437 de 2011.
CUARTO: INFÓRMESE esta decisión al H. Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección B y ENVÍESE copia de esta providencia a la H. Corte Constitucional, donde
debe estar surtiéndose la eventual revisión de la Acción de Tutela Radicada bajo el
número 11001-03-15-000-2017-02074-00, accionante TELMA DANILSA BERRIO
CÓRDOBA”.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó citó a las partes para
continuar la audiencia inicial, la cual se llevó a cabo el 6 de febrero de 2019 y,
posteriormente, el 4 de febrero de 2020 fue celebrada la audiencia de pruebas.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó en sentencia de 11 de
noviembre de 2020 negó las pretensiones de la demanda, al considerar que de
conformidad con las pruebas allegadas al proceso, no podía establecerse que la
entidad demandada hubiese obligado a través del constreñimiento a la señora
2 En el escrito de tutela la parte actora hace referencia al expediente con radicado 11001-03-15-000-2017-
02071-01, en el que se dictó sentencia de segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 24
de mayo de 2018. Para esa fecha la Sala estuvo conformada por los consejeros Milton Chaves García, Julio
Roberto Piza Rodríguez, Jorge Octavio Ramírez Ramírez y la Consejera Stella Jeannette Carvajal Basto, de
ahí que no se configura causal de impedimento alguna y procede continuar con el trámite.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
Berrío Córdoba para que prestara el servicio de suministro de refrigerios, contrario
a ello, lo que se evidenció en el proceso consistió en que la demandante “tenía un
ánimo lucrativo en el negocio y que la prestación del servicio de hizo con su consentimiento
libre, dado que ya había contratado anteriormente con dicha entidad, sin reparo alguno”.
De igual modo, sostuvo que lo pretendido por la demandante es el reconocimiento
de unos derechos económicos derivados de la prestación de unos servicios
prestados a CODECHOCÓ, sin la existencia de un contrato ni la orden del director
de la entidad.
En ese orden de ideas, la autoridad judicial accionada consideró que la demandante
pretende omitir la solemnidad que la ley exige como lo es el perfeccionamiento de
un contrato estatal, motivo por el cual la señora Berrío Córdoba, no podía reclamar
sobre algo inexistente.
Apelada la decisión por la demandante, el Tribunal Administrativo del Chocó
mediante sentencia de 21 de agosto de 2025 revocó la decisión de primera instancia
y, en su lugar, declaró probada de oficio la excepción de caducidad, al considerar
que “la solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 4 de julio de 2014, cuando faltaban
4 meses y 26 días para que operara la caducidad y la constancia se expidió el 19 de
septiembre de 2014, es decir que la demandante tenía ese tiempo para presentar la
demanda a partir del día siguiente a la celebración de la conciliación prejudicial, esto es,
entre el 20 de septiembre y el 16 de febrero de 2015; sin embargo la presentó en la oficina
de apoyo judicial el 18 de noviembre de 2015 cuando ya había caducado el medio de control
de reparación directa conforme a la regla prevista en el artículo 164, numeral 2, literal i. de
la Ley 1437 de 2011”.
3. Fundamentos de la acción
La accionante manifestó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del
Chocó, contenida en la sentencia de 21 de agosto de 2025, es violatoria de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, teniendo en cuenta que la posición expuesta en el fallo ordinario es contraria
a lo que ya había definido el Consejo de Estado, en las sentencias de tutela que se
resolvieron a su favor y los precedentes judiciales que allí se citaron, relacionados
con el momento a partir del cual se debe realizar el conteo de la caducidad en los
procesos en los que se estudie el enriquecimiento sin justa causa, el cual, en su
criterio, debe ser a partir del momento en que el interesado tenga el conocimiento
cierto de que la entidad no pagará las sumas adeudadas.
Bajo ese contexto, sostuvo que en su caso concreto, el 28 de marzo de 2014
CODECHOCÓ decidió no pagarle por recomendación del Comité de Conciliación,
por lo que considera que es a partir de esa fecha que debía iniciarse el conteo del
término de caducidad, porque solo a partir de ese momento tuvo el conocimiento
real y la certeza del daño, teniendo en cuenta que de manera expresa la entidad
expresó que no realizaría el pago de lo que le adeudaba.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que el término de caducidad venció el
28 de marzo de 2016 y la demanda de reparación directa la presentó en noviembre
de 2015, encontrándose en tiempo para instaurarla, por lo que contabilizar la
caducidad a partir del 30 de noviembre de 2012, significa una interpretación
equivocada por parte de la autoridad judicial accionada del literal i del numeral 2 del
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
Administrativo, que establece que el término para interponer la demanda de
reparación directa es de dos años contados a partir “del día siguiente al de la ocurrencia
de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior.
De igual modo, afirmó que el Tribunal Administrativo del Chocó desconoció los
precedentes judiciales del Consejo de Estado que tratan sobre la presentación
oportuna de la demanda cuando son reparaciones directas por enriquecimiento sin
justa causa, tales como: “Sentencia del 6 de septiembre de 1991, radicación 6306;
sentencia del 10 de septiembre de 1992, radicación 6822; sentencia del 29 de enero de
1998, radicación 11099; sentencia del 30 de noviembre de 2000, radicado número 11895;
auto del 29 de febrero de 2004, radicado número 25000232600019970132-01. Igualmente
sentencia del 10 de julio de 2014, radicado número 25000-23-26-000-2001-01468-01
(27592) y sentencia del 7 de septiembre de 2015, radicado número 25000-23-36-000-2014-
2014-00501-01 (54441)”.
4. Trámite procesal
Por auto de 7 de octubre de 2025, el despacho admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la parte demandante y a la autoridad judicial accionada – Tribunal
Administrativo del Chocó, así como a la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó –CODECHOCÓ-, al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Quibdó y a la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso. De
igual modo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en
virtud de lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del Proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas N.º
148811 a 148806 de 10 de octubre de 2025, con el fin de dar cumplimiento a la
referida decisión.
5. Oposición
5.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Chocó
Por conducto del magistrado ponente de la decisión objeto de reproche
constitucional rindió informe en el que manifestó que realizó un estudio minucioso
de la situación fáctica y jurídica de la demandante.
Indicó que el Consejo de Estado mediante sentencia de tutela de 25 de septiembre
de 2017, se pronunció sobre la caducidad decretada en el medio de control de
reparación directa con radicado 27001-33-33-002-2015-00570-01, que había sido
resuelta en la audiencia inicial y posteriormente confirmada por la Sala, para indicar
que en el caso objeto de estudio, no se había configurado, de conformidad con lo
siguiente:
“En ese orden de ideas, encuentra esta Sala, que el daño se configuró el 28 de marzo
de 2014, fecha en que la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible
del Chocó – CODECHOCÓ, mediante acta No. 001-2014, dio respuesta a la solicitud
formulada por la señora Telma Danilsa Berrio Córdoba, el día 21 de agosto de 2013, en
donde recomendó a la Administración “no reconocer ni pagar ya que no se evidenció en
los soportes anexos, documento alguno que fuese autorizado por el Director General de
la Corporación solicitar el suministro como ordenador del gasto”, razón por la cual la
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
presentación de la demanda esto es (15 de noviembre de 2015) se advierte que fue
oportuno.
Así las cosas y Colorario de lo expuesto en esta providencia, la Sala Tutelará los
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de la
señora Telma Danilsa Berrio Córdoba, en consecuencia, se dejará sin efecto la
providencia de 5 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, y
se le ordenará a la misma Corporación que, en el término de los 10 días siguientes,
contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita una decisión de
reemplazo, tomando como referente los argumentos expuestos en la parte motiva de
esta providencia. Resaltándose que, en todo caso, el juez natural del asunto preserva su
criterio y autonomía para adoptar la decisión de fondo a que haya lugar.”
En ese orden de ideas, aseguró que, como en la orden de tutela se indicó que
conservaba su criterio y autonomía judicial para adoptar la decisión de fondo que
considerara, decidió realizar nuevamente el estudio de la caducidad del medio de
control de reparación directa, dentro del cual consideró lo siguiente:
“Como es sabido, la caducidad se ha definido como “el plazo perentorio y de orden
público fijado por la ley para el ejercicio de una acción o de un derecho, cuyo vencimiento
opera automáticamente sin necesidad de actividad alguna por parte del juez o de las
partes dentro de un proceso judicial”. Este instituto debe entenderse como un modo de
extinción de los medios de control judicial, establecido por el legislador con el fin de
garantizar la seguridad jurídica y evitar que las controversias se perpetúen en el tiempo
por la inactividad de quienes están llamados a ejercer sus derechos.
De conformidad con lo anterior y con las pruebas obrantes en el expediente, se
estableció que en el presente caso operó el fenómeno de la caducidad, toda vez que los
hechos generadores del presunto daño ocurrieron el 29 de noviembre de 2012, fecha en
la cual la demandante efectuó el último suministro de refrigerios. En consecuencia, el
término para presentar la acción de reparación directa debía computarse desde esa
fecha y no a partir del momento en que la entidad demandada dio respuesta a la
reclamación administrativa elevada por la señora Berrío Córdoba el 4 de julio de 2014,
es decir, dos (2) años después de la ocurrencia de los hechos.”
Así las cosas, aseveró que la demanda fue presentada de manera extemporánea,
por lo que no era viable su admisión. En ese sentido, afirmó que las actuaciones
que surtió se ajustaron a las normas procesales y sustanciales vigentes, por lo que
no se configuró ningún defecto que habilite la interposición de la presente tutela.
Para finalizar, sostuvo que los argumentos expuestos por la parte demandante
demuestran su inconformidad con la decisión que reprocha, por lo que se evidencia
el uso de la acción de tutela como una tercera instancia.
5.2. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó –
CODECHOCÓ-, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, guardaron silencio
aun cuando fueron notificados debidamente del auto admisorio de la demanda.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
acción de tutela.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia contra providencia judicial
y, en caso afirmativo, si la autoridad judicial accionada en el fallo de 21 de agosto
de 2025 incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
judicial.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos , instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la
procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito
de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a
concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos
tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente
vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el
Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico; (ii) Defecto procedimental absoluto; (iii) Defecto
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
fáctico; (iv) Defecto material o sustantivo; (v) Error inducido; (vi) Decisión sin
motivación ; (vii) Desconocimiento del precedente y (viii) Violación directa de la
Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, pues debe definirse si la sentencia de 21 de agosto de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo el Chocó limitó el contenido, alcance y
goce de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.
En el caso se observa que con los reparos expuestos sobre el defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, no se propone una discusión económica o
legal, ni se reabre el debate litigioso, pues los argumentos que sustentan la solicitud
se encaminan a demostrar dichos defectos por parte del Tribunal accionado que, de
encontrarse acreditados, desconocerían el derecho a la igualdad, además de
cumplir con el requisito de carga mínima y explicativa para la procedencia de la
acción de tutela. De igual modo, se advierte que en las dos instancias en sentido de
las decisiones es diferente, en tanto en la primera se negaron las pretensiones de
la demanda, y en la segunda el Tribunal Administrativo del Chocó la revocó para
declarar probada de oficio la excepción caducidad del medio de control de
reparación directa.
Por otra parte, ii) en el proceso ordinario se agotó el recurso de apelación, por lo
que la parte demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial ni el
asunto se encuadra en alguna de las causales de procedencia del recurso
extraordinario de revisión previstas en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 -
CPACA-, ni del de unificación de jurisprudencia descritas en el artículo 257 de la
misma normatividad, iii) la solicitud de amparo se presentó dentro de los seis (6)
meses3 establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la
Corte Constitucional (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de
manera clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
3 La providencia objetada se notificó el 22 de agosto de 2025 y la acción de tutela se instauró el 26 de septiembre
de 2025, es decir, dentro del plazo razonable de los seis (6) meses.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
4.2. La autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento de la cosa
juzgada constitucional
La accionante sostiene que el Tribunal Administrativo del Chocó vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al incurrir en desconocimiento del precedente judicial porque la
contabilización del término de caducidad en los casos de reparación directa cuando
se alega el enriquecimiento sin justa causa, debía efectuarse desde el momento en
que tuvo conocimiento del daño, en su caso, cuando CODECHOCÓ le indicó que
no realizaría el pago de los refrigerios que suministró adicionales a los pactados en
el contrato no. 340-2011, en tanto dicha prestación no fue aprobada por el director
de la Corporación.
Adicionalmente, sostuvo que efectuó una interpretación equivocada del literal i del
numeral 2 del artículo 164 del Código de la Ley 1437 de 2011, en el que se indica
que el término para interponer la demanda de reparación directa es de dos años
contados a partir “del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del
daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue
en fecha posterior.
Aseguró que era a partir del acto administrativo de 28 de marzo de 2014 que debía
contabilizarse la caducidad, cuando el Comité de Conciliación de la entidad resolvió
no reconocer el pago del suministro de los refrigerios, con fundamento en que no se
evidenció algún soporte que determinara que los mismos fueron autorizados por el
director de la Corporación.
Para resolver el caso concreto, como primera medida, la Sala realizará un recuento
de las principales actuaciones que se han surtido, desde el trámite de la acción de
tutela con radicado no. 11001-03-15-000-2017-02071-00.
El 15 de agosto de 2017, la señora Telma Danilsa Berrío Córdoba radicó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Chocó y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Quibdó, con ocasión de la decisión adoptada en
audiencia inicial celebrada el 19 de abril de 2017, confirmada mediante auto de 5
de junio de 2017, en las que se declaró la caducidad del medio de control de
reparación directa que radicó contra -CODECHOCÓ-.
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 25
de septiembre de 2017 amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, al considerar que la demanda de reparación
directa sí fue presentada de manera oportuna, teniendo en cuenta que la caducidad
debía contabilizarse a partir del 28 de marzo de 2014, fecha en la que
CODECHOCÓ mediante acta no. 001-2014, dio respuesta negativa a la solicitud de
pago realizada por la accionante.
La Sección Cuarta de esta Corporación en sentencia de 24 de mayo de 2018
confirmó lo resuelto por el a quo, por los mismos argumentos expuestos en primera
instancia.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
Mediante auto de 13 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo del Chocó 4, en
cumplimiento de los fallos de tutela de 25 de septiembre de 2017 y de 24 de mayo
de 2018, proferidas por la Subsección B de la Sección Segunda y la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, en su orden, sostuvo que “si bien el daño se configuró cuando
la actora entregó los refrigerios adicionales, lo cierto es que la certeza de no pago solo
surgió con ocasión del oficio del 28 de marzo 2014.” Razón por la cual la presentación
de la demanda esto es (15 de noviembre de 2015) se advierte que fue oportuna”.
En ese orden de ideas, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Quibdó
en sentencia de 11 de noviembre de 2020 negó las pretensiones de la demanda,
por considerar que de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, no podía
establecerse que la entidad demandada hubiese obligado a través del
constreñimiento a la señora Berrío Córdoba para que prestara el servicio de
suministro de refrigerios.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Chocó mediante sentencia de
21 de agosto de 2025 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, declaró probada
de oficio la excepción de caducidad, al considerar que “la solicitud de conciliación
prejudicial se radicó el 4 de julio de 2014, cuando faltaban 4 meses y 26 días para que
operara la caducidad y la constancia se expidió el 19 de septiembre de 2014, es decir que
la demandante tenía ese tiempo para presentar la demanda a partir del día siguiente a la
celebración de la conciliación prejudicial, esto es, entre el 20 de septiembre y el 16 de
febrero de 2015; sin embargo la presentó en la oficina de apoyo judicial el 18 de noviembre
de 2015 cuando ya había caducado el medio de control de reparación directa conforme a
la regla prevista en el artículo 164, numeral 2, literal i. de la Ley 1437 de 2011”.
Frente a la anterior decisión, llama la atención de la Sala que la contabilización del
término de caducidad ya había sido superada por el mismo Tribunal Administrativo
del Chocó en auto de 13 de junio de 2018, en cumplimiento de las decisiones de
tutela proferidas por esta Corporación, decisiones que hicieron tránsito a cosa
juzgada constitucional.
Sobre el particular, la Corte Constitucional en diferentes decisiones ha sostenido
que los fallos que profiera en ejercicio de su control jurisdiccional hacen tránsito a
cosa juzgada constitucional, por lo que la acción de tutela se encuentra sometida a
los parámetros de la cosa juzgada. Por su parte, ha explicado que “una vez un
proceso de tutela es seleccionado para revisión y fallado por la Corte, hace tránsito a cosa
juzgada constitucional; a su vez, también hace tránsito a cosa juzgada aquel proceso de
tutela que ha surtido el trámite para revisión, ha precluido el plazo para insistir en su
selección, y no ha sido seleccionado para revisión por esta corporación5”.
En esos términos, en sentencia T-146 de 2023, la Corte señaló que el objeto de la
cosa juzgada se concentra en evitar que se reabran discusiones que ya han sido
resueltas por la autoridad competente por medio de sentencia ejecutoriada, que
permita garantizar la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso, por lo que
precisó “la figura de la cosa juzgada dota a las providencias judiciales de un valor
inmutable, vinculante y definitivo, por lo cual “le está vedado tanto a los funcionarios
judiciales como a las partes y eventualmente a la comunidad volver a entablar el
mismo pleito”6, y en relación con los requisitos fijados jurisprudencialmente para la
4 Esta sala la conformaron los magistrados Mirtha Abadía Serna, Ariosto Castro Perea y Norma Moreno
Mosquera, los cuales son diferentes a los ponentes de la decisión objeto de reproche.
5
Corte Constitucional, sentencia T-427 de 2017.
6 Corte Constitucional, sentencia T-497 de 2020.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
configuración de la cosa juzgada constitucional, reiteró que se circunscriben en los
siguientes: (i) cuando se adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria
de la sentencia; y (ii) que en el nuevo proceso exista identidad de partes, objeto y
causa respecto del anterior”.
En el caso de la acción de tutela identificada con el radicado 11001-03-15-000-2017-
02071-00, la Sala observa que la Corte Constitucional la excluyó del trámite de
eventual revisión, lo que se evidencia en la siguiente imagen:
Bajo ese contexto, la Sala considera que la discusión sobre la caducidad ya había
hecho tránsito a cosa juzgada constitucional cuando el Tribunal Administrativo del
Chocó sin ningún tipo de justificación decidió volverse a pronunciar,
desconociendo que esa misma autoridad ya había dado cumplimiento a los fallos
de tutela de 25 de septiembre de 2017 y de 24 de mayo de 2018, proferidas por la
Subsección B de la Sección Segunda y la Sección Cuarta del Consejo de Estado y,
como consecuencia de ello, había ordenado al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Quibdó que convocara de nuevo a las partes con el fin de dar continuidad
al trámite de la audiencia inicial y agotara las restantes fases previstas por el artículo
180 de la Ley 1437 de 2011, para proferir una decisión de fondo.
Con lo anterior, para la Sala resulta claro que el Tribunal Administrativo del Chocó
desconoció las decisiones de tutela contenidas en los fallos de 25 de septiembre de
2017 y de 24 de mayo de 2018, por medio de los cuales el juez de tutela fue claro
en indicar la fecha a partir de la cual debía contabilizarse el término de caducidad,
de ahí que opere la cosa juzgada constitucional y, como consecuencia de ello, se
desconozca el precedente fijado por el juez constitucional.
Así las cosas, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la señora Telma Danilsa Berrío Córdoba y,
en consecuencia, dejará sin efectos la sentencia de 21 de agosto de 2025 proferida
por el Tribunal Administrativo del Chocó en el marco del medio de control de
reparación directa adelantado contra la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó -CODECHOCÓ-.
En consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo del Chocó que, dentro de
los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una
decisión de reemplazo en el marco del proceso de reparación directa con radicado
núm. 27001-33-33-002-2015-00570-01, en la que atienda las consideraciones
expuestas en esta decisión.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06047-00
Demandantes: Telma Danilsa Berrío Córdoba
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia de la señora Telma Danilsa Berrío Córdoba, quien actúa
en nombre propio. En consecuencia,
Segundo.- Dejar sin efectos la sentencia de 21 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Chocó en el marco del medio de control de reparación
directa adelantado por la señora Telma Danilsa Berrío Córdoba contra la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó -
CODECHOCÓ-.
Tercero.- Ordenar a la Tribunal Administrativo del Chocó que, dentro de los veinte
(20) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una decisión de
reemplazo en el proceso de reparación directa con radicado núm. 27001-33-33-002-
2015-00570-01, de conformidad con las consideraciones aquí expuestas.
Cuarto.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la siguiente
dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.