Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02518-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-02518-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-02518-00
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
19 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / CONSULTA POPULAR EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN, SÍSMICA, PERFORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS / CONSTITUCIONALIDAD DEL TEXTO DE LA PREGUNTA FORMULADA EN LA CONSULTA POPULAR / COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS PARA ADELANTAR CONSULTAS POPULARES SOBRE PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN MATERIA MINERO ENERGÉTICA
[L]a Sala de Decisión N.° 3 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia de 8 de agosto de 2017 que se acusa en el proceso de la referencia, decidió declarar constitucional el texto de la pregunta contenida en el Decreto N.° 077 del 19 de mayo de 2017 expedido por el Alcalde del municipio de Granada – Meta, y aprobada por el Concejo Municipal de Granada (Meta) contenido en el Acta N.° 066 de 2017, exponiendo para el efecto tres tipos de considerandos. Los primeros, relacionados con el trámite de la consulta popular que hasta ese momento se había surtido; en segundo lugar, los referidos al análisis de la claridad y lealtad de la pregunta formulada; y, por último, los relativos al choque de competencias entre la Administración del Municipio de Granada y las autoridades del orden nacional en materia ambiental y de hidrocarburos. (…) [L]a Sala concluye que el Tribunal accionado, para fundamentar la decisión cuestionada, tuvo en cuenta no solamente los diferentes pronunciamientos que tienen algún grado de relación con el debate planteado, sino también el antecedente establecido por la Corte Constitucional, según el cual los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente. (…) Finalmente, y en relación con los argumentos de las personas jurídicas intervinientes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Asociación Colombiana del Petróleo, la Sala advierte que deben ser desestimados, toda vez que, mediante las sentencias C-035 de 2016 y T-445 de 2016, la Corte Constitucional aclara que: i) so pretexto del principio de Estado unitario, las entidades del orden nacional, en ejercicio de la iniciativa de actividades de carácter minero no puede anular el principio de autonomía de las entidades territoriales; ii) dicho principio se manifiesta en que los entes territoriales tienen competencia para definir la vocación general del territorio perteneciente a su jurisdicción; y iii) las autoridades nacionales, previo al ejercicio de actividades de índole minera, tienen el deber de concertar con las autoridades territoriales las condiciones de las mismas y su compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial y el medio ambiente, haciendo partícipes a las personas que de manera directa reciben los impactos de ese tipo de actividades, mediante los mecanismos de participación ciudadana. // En tal contexto, es menester entonces negar el amparo que se solicita, debido a que, se reitera, no hubo desconocimiento del precedente a que se alude en la demanda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02518-00(AC)
Actor: MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META, SALA DE DECISIÓN N.º 3
La Sala procede a decidir la acción de tutela interpuesta por el Ministerio de Minas y Energía contra la sentencia nro. 175 de 8 de agosto de 2017, proferida por la Sala de Decisión nro. 3 del Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se declaró constitucional el texto de la pregunta contenida en el Decreto nro. 077 expedido el 19 de mayo de 2017 por el alcalde del Municipio de Granada – Meta, y aprobada por el Concejo Municipal de la misma jurisdicción mediante Acta Nº. 066 de 2017.
SÍNTESIS DEL CASO
El Ministerio de Minas y Energía solicitó “declarar la inconstitucionalidad de la consulta popular convocada en Granada - Meta”, en consideración a que se vulneró su derecho fundamental al debido proceso, comoquiera que dicha la sentencia proferida el 8 de agosto de 2017, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Meta declaró constitucional la consulta formulada por la Administración del Municipio de Granada a los habitantes de dicha jurisdicción en cuanto a la ejecución de actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos al interior de dicho territorio, no tuvo en cuenta la jurisprudencia que define los procedimientos y las competencias establecidas entre las autoridades del orden territorial y nacional en lo relativo a temas minero-energéticos.
TRÁMITE DE LA ACCIÓN
La acción fue admitida por medio de auto del 18 de octubre de 2017, en el que se denegó la medida provisional solicitada y se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Meta. Asimismo, se vinculó en calidad de terceros interesados al alcalde del Municipio de Granada, a los concejales del Municipio de Granada, al Procurador General de la Nación, al Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Representante Legal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
La Directora de Defensa Jurídica Nacional de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en su escrito de intervención como coadyuvante de la parte actora de solicitó que se hagan cesar los efectos de la providencia emitida el 8 de agosto de 2017 por el Tribunal Administrativo del Meta, en tanto que la misma desconoció las competencias del Ministerio de Minas y Energía relativas a la explotación de recursos naturales no renovables, lo cual es un asunto de utilidad pública, y omitió analizar el impacto fiscal que acarrearía para Granada y la Nación dejar de percibir las regalías derivadas de la actividad minero-energética como consecuencia de los resultados negativos de la consulta popular.
El Representante Legal de la Asociación Colombiana del Petróleo allegó escrito de coadyuvancia en el que coincidió en que las entidades territoriales carecen de competencia para formular la política nacional de hidrocarburos y que sólo pueden someter a consulta popular aquellos aspectos que son competencia propia de los departamentos y los municipios. Agregó que la prohibición de la industria hidrocarburífera afecta gravemente el desarrollo social y económico del país, en la medida en que los recursos generados por el sector son invertidos en la implementación de programas y políticas del Gobierno Nacional tendientes a mejorar la calidad de vida de los colombianos.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Meta solicitó que se estudie la posibilidad de que la acción de tutela de la referencia se acumule con la radicada con el nro. 11001-03-15-000-2017-02682-00, tramitada por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, promovida por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos –ACIPET- en contra de dicho Tribunal y que tiene por objeto la nulidad absoluta del fallo que aquí se cuestiona.
El Procurador 48 Judicial II Delegado para Asuntos Administrativos del Meta solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, en virtud de que al juez de tutela no le corresponde pronunciarse acerca de la constitucionalidad de la pregunta formulada en el marco de una consulta popular.
Las demás entidades debidamente notificadas guardaron silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral segundo del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017 y en virtud del numeral 6º del artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.
HECHOS
El alcalde de Granada – Meta, mediante el Decreto nro. 077 del 19 de mayo de 2017, resolvió dar inicio al trámite del mecanismo de participación ciudadana de consulta popular, con el objeto de preguntarle a la ciudadanía si está de acuerdo o no con que en el municipio se adelanten actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos.
Mediante Acta nro. 066 del 15 de junio de 2017, Concejo Municipal de Granada – Meta dio concepto favorable acerca de la conveniencia de consultarle a los habitantes del Municipio de Granda lo siguiente:
“¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten las actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio del Municipio de Granada – Meta? Si__ No__”.
El 20 de junio de 2017, el alcalde de Granada – Meta remitió al Tribunal Administrativo del Meta los antecedentes relacionados con el trámite de viabilidad de la consulta popular referida.
Mediante sentencia de 8 de agosto de 2017, el Sala de Decisión N.° 3 del Tribunal Administrativo del Meta declaró la constitucionalidad del texto de la pregunta contenida en el Decreto nro. 077 del 19 de mayo de 2017.
CONCEPTO DE VIOLACIÓN
El actor adujo que la providencia demandada desconoció el precedente judicial que define los procedimientos y las competencias establecidas entre las autoridades del orden territorial y nacional en lo relativo a temas minero-energéticos.
Sostuvo que el Tribunal no estudió a profundidad la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado atinente al alcance de las consultas populares en materia minero-energética. Aseguró que la línea jurisprudencial aludida está constituida por las siguientes sentencias: C-983 de 2010; C-123 de 2014; C-150 de 2015; C-035 y C-273 de 2016; T-445 de 2016 y T-121 de 2017 y el auto 053 de 2017.
Precisó que el Tribunal accionado se limitó a analizar la forma de la pregunta y no tuvo en cuenta que, en las referidas providencias, al interpretar el artículo 288 Superior, se estableció un deber constitucional que recae sobre las entidades territoriales y las autoridades nacionales de concertar la planeación minero-energética y que el omitir dicha concertación implica la violación del derecho al debido proceso y las competencias constitucionales y legales que le fueron asignadas a la Nación, atinentes al desarrollo de las políticas nacionales en materia de explotación del subsuelo y los recursos naturales no renovables.
Finalmente, adujo que la consulta popular autorizada por el Tribunal accionado: i) deviene en inconstitucional, porque al prohibir el desarrollo de políticas minero-energéticas vacía las competencias de las entidades nacionales en la materia; ii) pone en riesgo el abastecimiento de combustibles; iii) afecta la prestación de los servicios públicos domiciliarios; iv) imposibilita el abastecimiento de los productos del sector, el desenvolvimiento de la sociedad colombiana y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado; v) sustituye la evaluación de impacto ambiental como prueba para determinar la certeza del daño ambiental que podría causar el proyecto e instrumento nacional para tomar decisiones sobre proyectos del sector minero-energético; y vi) dificulta la prevención del daño antijurídico respecto de los derechos adquiridos de empresas mineras, energéticas o petroleras.
ANÁLISIS DE LA SALA
Procedencia
La Sala observa que: i) se trata de un caso relevante desde el punto de vista constitucional por cuanto se refiere a la presunta vulneración del derecho constitucional fundamental al debido proceso; ii) no procedían otros mecanismos de defensa judicial contra la providencia cuestionada por tratarse de una revisión de constitucionalidad prevista por la ley en una única oportunidad; iii) así mismo, se cumplió con el requisito de inmediatez por cuanto la providencia demandada, proferida el 8 de agosto de 2017, fue notificada mediante estado del 10 de agosto del mismo año, y la acción de tutela fue presentada el 25 de septiembre de 2017, es decir, habiendo transcurrido un período razonable de un mes y 15 días; iv) por otro lado, el accionante esgrimió la existencia de una irregularidad procesal que puede tener un efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) igualmente, expuso de forma clara los hechos en que fundamentó la acción; y vi) no se ataca una providencia que haya decidido una acción de tutela.
En este orden de ideas, se tiene que el defecto alegado y sustentado por el accionante, que se debe proceder a estudiar aquí, corresponde al desconocimiento del precedente judicial.
Caso concreto
Problema jurídico
La Sala advierte que el problema jurídico a resolver en este caso gira entorno a establecer si ¿incurre en desconocimiento del precedente judicial la sentencia que declaró ajustado a la Constitución el texto de la pregunta formulada en el marco del mecanismo de participación ciudadana de consulta popular, por parte de la Administración de un Municipio, a los habitantes de dicha jurisdicción, relativa a la ejecución de actividades de exploración, sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos al interior de dicho territorio?
Desconocimiento del Precedente
La Corte Constitucional, al referirse al desconocimiento del precedente, ha precisado que: “El precedente es el conjunto de sentencias anteriores al caso estudiado por el juez, que debido a su pertinencia para resolver el problema jurídico planteado deben ser tenidas en cuenta por el juez o la autoridad a quien le competa”, y que la manera para determinar cuándo el precedente resulta necesario para la solución del caso es si: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”. De esta forma -concluye- “[…] el precedente utilizado debe guardar similitud entre los hechos, el problema jurídico planteado y en la normatividad utilizada para resolver los casos”.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos hechos relevantes, probados y debidamente connotados. A estos efectos, el examen de los requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su identidad en los hechos y en el derecho.
Visto desde esta perspectiva, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada se identifica con aquél en su objeto y causa, entendiéndose por el primero la pretensión jurídica analizada, y por la causa los hechos en que se funda dicha pretensión y los fundamentos normativos de la misma. No habrá entonces desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de los aspectos indicados.
Tampoco podrá invocarse el desconocimiento del precedente si la sentencia que difiere del mismo fundamenta su decisión en contra de manera razonable y suficiente, justificando tal posición. Pues ello está dentro de la autonomía funcional del juez.
La Sala procede a identificar las sentencias que fueron invocadas por la parte actora como precedente de la providencia cuestionada:
Mediante Sentencia C-150 de 8 de abril de 2015 (M. P: Mauricio González Cuervo), la Corte Constitucional revisó, de manera previa e integral, la constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria 134 de 2011, “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”. En esa medida, la Corte debió determinar: (i) si el proyecto satisfizo las condiciones de procedimiento especialmente fijadas para su aprobación -validez formal- y (ii) si, adicionalmente, se ajustaba a los contenidos constitucionales relevantes a la materia objeto de regulación -validez material-.
Aunque el cuerpo normativo examinado desarrolla in extenso la consulta popular, en el mismo no se contempla disposición alguna relativa a los efectos de la realización de este mecanismo de participación ciudadana en el nivel territorial, con respecto a la actividad minera. Es decir, no comparte el aspecto jurídico que se consideró en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, motivo por el cual no constituye precedente.
La Sentencia T-121 del 27 de febrero de 2017 (M. P: Luis Ernesto Vargas Silva), proferida por la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, fue declarada nula por la Sala Plena de la misma Corporación mediante Auto 031 del 7 de febrero de 2018 (M. P: Carlos Bernal Pulido), motivo por el cual no constituye precedente de la providencia acometida.
Mediante Sentencia C-983 del 1° de diciembre de 2010 (M. P: Luis Ernesto Vargas Silva), la Corte Constitucional procedió a resolver si i) los incisos segundo y tercero del artículo 12 de la Ley 1382 de 2010, en cuanto prevén requisitos y procedimientos para la legalización de explotaciones mineras en terrenos en donde existen concesiones, vulneran los derechos al debido proceso -artículo 29 superior- y los derechos adquiridos –artículo 58 superior-; y ii) el parágrafo 2º del artículo 16 de la Ley 1382 de 2010, en cuanto prevé el requisito de acreditación del canon superficiario a la primera anualidad para las propuestas de concesión que se encuentren en trámite a la entrada en vigencia de la ley y para los títulos mineros que no hubieran pagado dicho canon, dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la Ley 1382 de 2010, vulnera igualmente el debido proceso y los derechos adquiridos, al estatuir una nueva causal de caducidad aplicable a propuestas presentadas antes de la vigencia de la ley 1382 de 2010, que desconoce el derecho subjetivo adquirido mediante la presentación de la propuesta.
Como puede observarse, el problema jurídico que desató la Corte atañe a la evaluación de la constitucionalidad de las disposiciones de una ley del sector minero, que establecieron las circunstancias, requisitos, trámites y oportunidades para la legalización de la actividad minera tradicional que se venía desarrollando sobre terrenos cedidos a título de concesión. Pues bien, es evidente que el aspecto jurídico considerado no se relaciona con la tensión existente entre las competencias conferidas por el ordenamiento a las autoridades territoriales y nacionales en materia minero-energética. En esa medida, esta providencia tampoco es precedente de la sentencia cuestionada.
Mediante Sentencia C-123 del 5 de marzo de 2014 (M. P: Alberto Rojas Ríos), la Corte Constitucional estudió la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley 685 del 15 de agosto de 2001, el cual establece:
“ARTÍCULO 37. PROHIBICIÓN LEGAL. Con excepción de las facultades de las autoridades nacionales y regionales que se señalan en los artículos 34 y 35 anteriores, ninguna autoridad regional, seccional o local podrá establecer zonas del territorio que queden permanente o transitoriamente excluidas de la minería.
Esta prohibición comprende los planes de ordenamiento territorial de que trata el siguiente artículo”.
De conformidad con los cargos impetrados contra la disposición citada, la Corte se dispuso a resolver si, i) una prohibición absoluta que consagre la ley para que los concejos municipales y distritales excluyan zonas de su territorio para la realización de actividades de exploración y explotación minera, prohibición que a su vez implica la imposibilidad de que los planes de ordenamiento territorial consagren restricciones en ese sentido, resulta una limitación desproporcionada de la competencia para la regulación de los usos del suelo dentro del territorio del municipio, reconocida a los consejos municipales y distritales en los artículos 311 y 313 numeral 7 de la Constitución. Exceso o desproporción que, de acuerdo con la accionante, se presentaría en tanto el artículo 37 del Código de Minas obvia los principios de coordinación y concurrencia en el ejercicio de competencias derivadas del principio de autonomía territorial, de acuerdo con el artículo 288 de la Constitución; y ii) la imposibilidad de que los municipios determinen zonas de excusión de la actividad minera implica el incumplimiento del deber de proteger el patrimonio cultural de la Nación, así como del deber de proteger el ambiente en los territorios municipales y distritales.
En dicha providencia se puntualizó que:
“La regulación sobre ordenamiento territorial atañe a aspectos que resultan esenciales para la vida de los pobladores del distrito o municipio, sea que estos se encuentren en un área urbana, suburbana o rural. La función de ordenamiento territorial, y dentro de ella con especial relevancia la de determinar los usos del suelo, afectan aspectos axiales a la vida en comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las condiciones de vida en aspectos como el económico, el social, el cultural, el ambiental, el urbanístico, entre otros.
(…).
(…) [E]l artículo 37 –cuyo contenido privilegia la organización unitaria del Estado- será exequible, siempre y cuando su contenido garantice un grado de participación razonable de los municipios y distritos en el proceso de decisión sobre si se permite o no se permite la actividad de exploración o de explotación minera en su territorio.
(…) [L]a Nación [continuaría] participando en dicho proceso; pero que no sea el único nivel competencial involucrado en la toma de una decisión de tal trascendencia para aspectos principales de la vida local, sino que los municipios y distritos afectados por dicha decisión participen de una forma activa y eficaz en el proceso de toma de la misma. Es decir, que la opinión de éstos, expresada a través de sus órganos de representación, sea valorada adecuadamente y tenga una influencia apreciable en la toma de esta decisión, sobre todo en aspectos axiales a la vida del municipio, como son la protección de cuencas hídricas, la salubridad de la población y el desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades”. [Subraya la Sala].
En consecuencia, de conformidad con una interpretación armónica de los principios constitucionales de organización unitaria del Estado y de autonomía y descentralización de que gozan las entidades territoriales, la Corte decidió declarar exequible el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en el entendido de que en desarrollo del proceso por medio del cual se autorice la realización de actividades de exploración y explotación minera, las autoridades competentes del nivel nacional deberán acordar con las autoridades territoriales concernidas, las medidas necesarias para la protección del ambiente sano, y en especial, de sus cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la salubridad de la población, mediante la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 288 de la Constitución Política.
La Sala considera que, aunque la providencia reseñada se refiere al reconocimiento del derecho a la participación activa y eficaz tanto de las entidades territoriales como de la población respectiva en el ejercicio de la actividad minera llevada a cabo dentro de su territorio por las autoridades del nivel nacional, no hizo parte de la discusión el aspecto jurídico relativo al alcance concreto de la realización de una consulta popular de orden local frente a la situación fáctica retratada; diferencia que no permite considerarla como precedente de la sentencia de 8 de agosto de 2017, en la medida en que la Corte Constitucional no se pronuncia sobre la improcedencia de la consulta popular, o incluso sobre los límites que ella pueda tener.
Mediante Sentencia C-273 del 25 de mayo de 2016 (M. P: Gloria Stella Ortiz Delgado), la Corte Constitucional nuevamente estudió la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley 685 del 15 de agosto de 2001. En esta ocasión, en atención a los cargos propuestos por los demandantes y los argumentos planteados en las intervenciones, la Corte procedió a establecer si ¿se vulnera la reserva de ley orgánica cuando en una disposición contenida en una ley ordinaria, el Congreso prohíbe a las autoridades del orden territorial establecer zonas excluidas de la minería, inclusive en los planes de ordenamiento territorial?
Habiendo considerado los fundamentos expuestos en las sentencias C-123 de 2014 y C-035 de 2016, se declaró inexequible la disposición demandada, comoquiera que prohíbe a las entidades de los órdenes “regional, seccional o local” excluir temporal o permanentemente la actividad minera; prohibición que cobijó expresamente los planes de ordenamiento territorial. La Corte advirtió que el contenido de la disposición demandada atañe directamente con la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el ordenamiento de sus respectivos territorios, es decir, un bien jurídico de especial importancia constitucional, motivo por el cual, una restricción de tal naturaleza está sujeta a reserva de ley orgánica.
Esta providencia no constituye precedente para el caso que se estudia, comoquiera que el aspecto jurídico que allí se consideró fue si la disposición demandada se ajustaba o no a la parte orgánica de la Constitución; es decir, no involucró el alcance de las consultas populares del orden territorial, frente a la iniciativa minera de las autoridades nacionales. A ello se agrega que, con la declaración de inexequibilidad de la norma, desapareció igualmente la prohibición contenida en ella, lo que deja por fuera de consideración su alcance para tutelar el derecho invocado.
Mediante Sentencia C-035 de 8 de febrero de 2016 (M. P: Gloria Stella Ortiz Delgado), la Corte Constitucional resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra varias disposiciones de la leyes 1450 de 2011 y 1753 de 2015, por medio de las cuales se aprobaron los respectivos planes nacionales de desarrollo de para los años 2010-2014 y 2014-2018.
En la primera parte de la sentencia, de conformidad con los cargos planteados en la demanda y las intervenciones, la Corte se planteó determinar si ¿al facultar a una entidad del orden nacional para delimitar las Áreas de Reserva Estratégica Minera –AEM-, se restringe la autonomía constitucional de las entidades territoriales?
Previo a resolver, la Corte precisó que el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 tiene como finalidades básicas calificar ciertas áreas del territorio nacional como áreas de reserva estratégica minera para definir en ellas un tipo especial de ordenamiento, así como un régimen legal y contractual específicos. En particular, la disposición demandada tiene como finalidad excluir las áreas de reserva especial minera del régimen ordinario de la minería regulado por el Código de Minas. Con ello busca focalizar la labor de obtención de información geológica, para impedir la proliferación desordenada de títulos mineros en determinadas áreas del territorio nacional, garantizando así una mayor eficiencia en la extracción de recursos, e incrementando la participación estatal de los beneficios provenientes de la ejecución de esta actividad en dichas áreas. Adicionalmente indicó:
“(…) [L]a libertad del Legislador para determinar la distribución de competencias entre uno y otro nivel competencial no puede obviar las expresas atribuciones reconocidas a los municipios por las precitadas disposiciones constitucionales. Ello implica que la legislación no puede desconocer que, cualquiera que sea la distribución competencial que establezca, la misma no puede anular el contenido específico del principio de autonomía territorial que se manifiesta en la posibilidad de que los municipios reglamenten los usos del suelo dentro de su respectivo territorio. (…).
De esa manera, ninguna autoridad del orden nacional puede adoptar unilateralmente decisiones a este respecto que excluyan la participación de quienes, en el ámbito local, reciben de manera directa los impactos de esa actividad. (…).
[L]a organización del territorio a partir de su potencial minero, por sí mismo, corresponde al ejercicio de una actividad propia de la administración nacional, que se ajusta al carácter unitario del Estado. Sin embargo, el ejercicio de esta actividad de ordenación del territorio de manera exclusiva por una entidad del nivel central sí puede tener un impacto significativo sobre la autonomía de las autoridades municipales para planificar y ordenar sus territorios. La extracción de recursos naturales no renovables no sólo afecta la disponibilidad de recursos en el subsuelo, sino también modifica la vocación general del territorio, y en particular, la capacidad que tienen las autoridades territoriales para llevar a cabo un ordenamiento territorial autónomo. En esa medida, tiene que existir un mecanismo que permita la realización del principio de coordinación entre las competencias de la Nación para regular y ordenar lo atinente a la extracción de recursos naturales no renovables y la competencia de las autoridades municipales para planificar, gestionar sus intereses y ordenar su territorio, con criterios de autonomía”. [Subraya la Sala].
Así pues, con base en una interpretación armónica de los principios de organización unitaria del Estado y autonomía de las entidades territoriales, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, en el entendido de que i) en relación con las áreas de reserva minera definidas con anterioridad a la notificación de la sentencia, la autoridad competente deberá concertar con las autoridades locales de los municipios donde están ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera, y ii) en cualquier caso, la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los planes de ordenamiento territorial respectivos.
Asimismo, con base en el mismo criterio hermenéutico y en tanto que existen áreas delimitadas con base en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, y otras aún no se han definido, se declaró exequible dicha disposición en el entendido de que: i) la autoridad competente para definir las áreas de reserva minera deberá concertar previamente con las autoridades locales de los municipios donde van a estar ubicadas, para garantizar que no se afecte su facultad constitucional para reglamentar los usos del suelo, conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, ii) si la autoridad competente definió las áreas de reserva minera con anterioridad a la notificación de la presente sentencia, deberá concertar con las autoridades locales de los municipios donde se encuentran ubicadas, con anterioridad al inicio del proceso de selección objetiva de las áreas de concesión minera y iii) la Autoridad Nacional Minera y el Ministerio de Minas y Energía, según el caso, deberán garantizar que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles con los respectivos planes de ordenamiento territorial.
Finalmente, la Corte advirtió que, en todos los casos regulados por las dos disposiciones objeto de análisis, los instrumentos de coordinación deben estar concertados conforme al principio de descentralización, con reconocimiento de la autonomía de los municipios, y deben obedecer a los criterios de coordinación, concurrencia y gradación normativa, adoptando las medidas que sean necesarias para la protección de un ambiente sano, la protección de las cuencas fluviales, el desarrollo económico, social y la identidad cultural de las comunidades. De igual manera, advirtió que, en aplicación de los mecanismos de democracia participativa, los ciudadanos afectados deben tener la posibilidad de ejercer sus derechos de participación en la toma de decisiones, de protección de los recursos naturales y de vigilancia y control social para la conservación del ambiente sano.
Esta decisión enfatiza en que las autoridades nacionales no pueden desarrollar actividades mineras en determinada jurisdicción, sin concertar previamente con las autoridades territoriales y la población correspondiente las decisiones que puedan afectar sus intereses, comoquiera que ello implicaría disponer del núcleo esencial del principio de autonomía territorial. En este pronunciamiento, la Corte abrió la posibilidad para que la comunidad se manifieste al respecto, a través de los distintos mecanismos de participación dispuestos por la Constitución; sin embargo, no se discutió, específicamente, acerca de los efectos jurídicos que produciría la realización de una consulta popular de orden territorial, sobre la iniciativa de las autoridades nacionales de desarrollar la actividad minera dentro de ese territorio, circunstancia que conduce a descartar la decisión como precedente para el caso de autos.
Mediante la Sentencia T-445 del 19 de agosto 2016, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional (M. P: Jorge Iván Palacio Palacio), analizó los fallos proferidos el 31 de agosto de 2015 por la Sección Segunda del Consejo de Estado y el 25 de febrero de 2016 por la Sección Cuarta de la misma Corporación, de primera y segunda instancia respectivamente, mediante los cuales se denegó la solicitud de amparo interpuesta contra la sentencia de 20 de marzo de 2015, por la cual el Tribunal Administrativo del Quindío declaró la inconstitucionalidad de la pregunta puesta a consideración del pueblo en el marco del trámite de una consulta popular en materia minera.
El problema jurídico que se planteó la Corte fue si ¿el Tribunal Administrativo del Quindío vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la participación ciudadana de la accionante, al declarar inconstitucional la pregunta puesta a consideración por el alcalde de Pijao?
En primer lugar, la Corte advirtió que si bien las comunidades locales no tienen la potestad legal de decidir qué se hace con el subsuelo, porque es del Estado, sí tienen la facultad constitucional de ordenar el uso del suelo, entonces poseen el derecho a intervenir en los eventos en los que el Estado toma la decisión de favorecer una actividad minera en su territorio. Por la inseparable relación entre las actividades extractivas del subsuelo y el suelo, de nada serviría que un municipio pueda regular el suelo si una directriz del Gobierno central será la que disponga sobre los usos del subsuelo.
La Corte resaltó la existencia de un precedente constitucional, según el cual aún en el marco de la realización de actividades mineras en el territorio nacional debe garantizarse un grado de participación y que esta además debe ser activa y eficaz, lo cual puede llevar incluso a la manifestación de voluntad por parte del ente territorial de oponerse a la actividad minera.
“La competencia de los entes territoriales para oponerse en determinados casos a las actividades mineras se ve particularmente reforzada si se tiene en cuenta que conforme al actual diseño constitucional la propiedad de los recursos naturales no renovables esta en cabeza del Estado, definición que incluye a los municipios, razón por la cual su opinión debe ser adecuadamente escuchada a la hora de destinar si estos deben o no ser explotados”.
De conformidad con la Constitución y el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, la Corte enfatizó en que el ordenamiento jurídico colombiano prevé claramente que es competencia del municipio ordenar el desarrollo de su territorio y reglamentar los usos del suelo, así como el derecho a la participación ciudadana en asuntos susceptibles de afectar el medio ambiente.
Por último, la Corte advirtió que la pregunta formulada por el Alcalde del Municipio de Pijao denota una inconstitucionalidad flagrante porque contiene elementos valorativos, sugestivos, subjetivos y capciosos lo cual genera en el votante una predisposición, calificando la actividad minera como la causante de la pérdida o la contaminación de fuentes hídricas y la afectación a la salubridad de la población o modificación de la vocación agropecuaria. Vistas las anteriores consideraciones, la Corte resolvió:
“PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo dictado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que a su vez confirmó parcialmente la sentencia proferida por la Sección Segunda de esa misma Corporación.
SEGUNDO.- PRECISAR que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera.
TERCERO.- PRECISAR que la pregunta puesta a consideración del Tribunal Administrativo del Quindío vulnera la Carta del 91 por atentar contra la libertad del votante y no por desconocer las competencias constitucionales respecto del uso del suelo y la protección del medio ambiente del municipio de Pijao.
(…).
QUINTO.- INSTAR al municipio de Pijao a que si en el futuro desea realizar una consulta popular con el objeto de reglamentar el uso del suelo y garantizar una mayor protección a los recursos naturales, se abstenga de redactar la pregunta con términos valorativos o cargas apreciativas que induzcan al elector a una respuesta determinada”. [Subraya la Sala].
Como pudo observarse, la sentencia T-445 de 2016 sí constituye precedente para la controversia que aquí se ventila, en tanto que los presupuestos fácticos son asimilables y el aspecto jurídico considerado, específicamente en cuanto a la competencia de las autoridades del orden territorial para convocar una consulta popular relativa a la minería y el medio ambiente, es el mismo.
En efecto, la Sala de Decisión N.° 3 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia de 8 de agosto de 2017 que se acusa en el proceso de la referencia, decidió “declarar constitucional el texto de la pregunta contenida en el Decreto N.° 077 del 19 de mayo de 2017 expedido por el Alcalde del municipio de Granada – Meta, y aprobada por el Concejo Municipal de Granada (Meta) contenido en el Acta N.° 066 de 2017”, exponiendo para el efecto tres tipos de considerandos. Los primeros, relacionados con el trámite de la consulta popular que hasta ese momento se había surtido; en segundo lugar, los referidos al análisis de la claridad y lealtad de la pregunta formulada; y, por último, los relativos al choque de competencias entre la Administración del Municipio de Granada y las autoridades del orden nacional en materia ambiental y de hidrocarburos. Por razones de pertinencia en cuanto al sustrato jurídico del escrito de la acción de tutela, la Sala pasará a hacer referencia a las consideraciones del tercer punto:
“Allí [Sentencia C-273 de 2016] la Corte citó apartes de la Sentencia C-891 de 2002 en la que se estudió demanda en contra del artículo 5 de la Ley 685 de 2001 (entre otros), norma que hace alusión a la propiedad de los recursos mineros señalando que pertenecen de manera exclusiva al Estado (…). Al efecto señaló que “si bien la Corte desechó el cargo en esa oportunidad, sí advirtió que la titularidad de ese derecho en cabeza del Estado no puede ir en desmedro de los derechos y garantías de las que gozan, no sólo los pueblos indígenas, las demás comunidades y los individuos, sino las entidades públicas de diverso orden”.
(…).
Ese argumento fue hilado con el presentado en Sentencia C-035 de 2016, en el que la Corte habría sostenido que aun cuando la regulación de la explotación de recursos mineros le corresponde al Congreso, y que es perfectamente posible desde el punto de vista constitucional que una entidad del orden nacional regula la explotación de recursos del subsuelo, en la práctica no es factible extraer recursos mineros sin afectar la superficie. En esa medida, afirmó que es imposible definir la vocación minera de un área sin afectar el ejercicio de competencias sobre el uso del suelo que le corresponden a las autoridades del orden territorial.
(…). Se dijo entonces que en esa tarea no se podía impedir el ejercicio de la autonomía de los municipios, y por ello declaró la exequibilidad de la norma, “siempre y cuando su contenido garantice un grado de participación razonable de los municipios y distritos en el proceso de decisión sobre la selección y otorgamiento de áreas que presenten un alto potencial minero en el respectivo territorio”.
(…)
Así, de las normas y jurisprudencia constitucional citadas se concluye que el Estado es propietario del subsuelo y los recursos naturales no renovables, y si bien las actividades de explotación de estos en principio son de su competencia, en la medida que confluyan con la facultad de las entidades territoriales para determinar los usos de suelo, es necesaria la aplicación de criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que armonicen el principio de Estado unitario con el de autonomía de dichas entidades territoriales en el proceso de decisión, permitiéndose la participación de la ciudadanía mediante los mecanismos democráticos establecidos en la Carta, como lo es la consulta popular.
(…)
(…) [H]a de señalarse que, de conformidad con el análisis jurídico realizado y las pruebas allegadas, se concluye que el Alcalde de Granada tiene la competencia para convocar a consulta popular a los ciudadanos de dicho municipio, para que se pronuncien sobre las actividades que se indican en la pregunta, la cual no resulta contraria a los mandatos superiores contenidos en el artículo 288 de la Constitución en tanto que la autonomía de que gozan las entidades territoriales, como es el caso del municipio de Granada (Meta), está enmarcada dentro de los límites de la Constitución y la Ley, luego si la entidad territorial pretende desarrollar una consulta popular, ello no afecta la competencia que la ley y la Constitución le ha asignado, especialmente, en materia de hidrocarburos y la autoridad ambiental, en relación con la exploración y explotación de los hidrocarburos existentes en el subsuelo Colombiano.
Es decir, no hay restricción implícita por el texto de la pregunta propuesta para la consulta popular, pues en el evento en que la respuesta mayoritaria sea el “SÍ”, las autoridades del orden nacional, conservan sus competencias precisas en relación con la administración de los hidrocarburos y de los recursos naturales no renovables (para el caso de las autoridades ambientales), y en estos asuntos, el trabajo entre las autoridades nacionales y municipales deberá estar guiado por los principios de coordinación y colaboración”. [Subraya y resalta la Sala].
En segundo lugar, la Sala concluye que el Tribunal accionado, para fundamentar la decisión cuestionada, tuvo en cuenta no solamente los diferentes pronunciamientos que tienen algún grado de relación con el debate planteado, sino también el antecedente establecido por la Corte Constitucional, según el cual los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente.
Finalmente, y en relación con los argumentos de las personas jurídicas intervinientes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Asociación Colombiana del Petróleo, la Sala advierte que deben ser desestimados, toda vez que, mediante las sentencias C-035 de 2016 y T-445 de 2016, la Corte Constitucional aclara que: i) so pretexto del principio de Estado unitario, las entidades del orden nacional, en ejercicio de la iniciativa de actividades de carácter minero no puede anular el principio de autonomía de las entidades territoriales; ii) dicho principio se manifiesta en que los entes territoriales tienen competencia para definir la vocación general del territorio perteneciente a su jurisdicción; y iii) las autoridades nacionales, previo al ejercicio de actividades de índole minera, tienen el deber de concertar con las autoridades territoriales las condiciones de las mismas y su compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial y el medio ambiente, haciendo partícipes a las personas que de manera directa reciben los impactos de ese tipo de actividades, mediante los mecanismos de participación ciudadana.
En tal contexto, es menester entonces negar el amparo que se solicita, debido a que, se reitera, no hubo desconocimiento del precedente a que se alude en la demanda.
No obstante lo anterior, la Sala enfatiza que los efectos de los resultados de una consulta popular no deben ser asimilados, sin más, como un obstáculo a la ejecución de las políticas mineras del orden nacional, las cuales deben propender por el desarrollo económico y social del país. En ese sentido, partiendo de la premisa de que la Nación es la titular de los derechos de propiedad del subsuelo en los términos del artículo 332 Superior para la exploración y explotación de los recursos y riquezas naturales no renovables, lo que se impone en casos como estos es la necesidad de armonizar tal atribución con el ejercicio de los derechos de las entidades territoriales referentes al uso y reglamentación del suelo, especialmente cuando se riñe con la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y, en general, los intereses de los pobladores de la correspondiente jurisdicción territorial.
Además, no hay que perder de vista que los planes de ordenamiento territorial son el “instrumento básico” dirigido a “orientar el desarrollo del territorio de la jurisdicción respectiva y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales”. En tal virtud, esta herramienta debe ser tenida en cuenta a la hora de consultarle a los respectivos pobladores acerca de la viabilidad de extraer los recursos naturales no renovables existentes en el subsuelo, toda vez que la misma contiene las condiciones en que se pueden aprovechar las riquezas de su territorio, como manifestación de la autonomía que la Constitución les ha conferido a las entidades territoriales para el efecto.
En el marco de un Estado unitario, los resultados de una consulta popular constituyen un factor adicional a tener en cuenta dentro del diálogo participativo que debe existir entre los ciudadanos y las autoridades de los órdenes territorial y nacional, para efectos de establecer, específicamente, aquellas medidas que faciliten el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales no renovables; constituyéndose entonces en una manifestación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que rigen las relaciones entre los diferentes niveles de la Administración Pública.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A
PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional al derecho fundamental al debido proceso solicitado por el Ministerio de Minas y Energía.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: COMUNICAR a la Honorable Corte Constitucional el contenido de esta providencia en virtud de lo ordenado en Auto nro. 202 del 26 de abril de 2017.
CUARTO. De no ser impugnada esta decisión REMITIR el expediente por medio de la Secretaría a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en sesión del 19 de abril de 2018.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Folios 68 y ss. del Expediente de la acción de tutela de la referencia. Ibíd., folios 71 y ss. Ibíd., folio 124. Ibíd., folios 127 y ss.
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho”.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”. Folios 9 y ss. del Expediente contentivo del proceso de revisión de la constitucionalidad del trámite de la consulta popular desarrollada en el Municipio de Granada – Meta, radicado con el nro. 50001-23-33-000-2017-00341-00. Folios 2 y 3. del Expediente radicado con el nro. 2017-00341-00. Ibíd., folio 1. Ibíd., folios 45 y ss. Ley 134 de 31 de mayo de 1994. “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. (…). Artículo 53.- Concepto previo para la realización de una consulta popular. (…). El gobernador o el alcalde solicitará a la asamblea, el concejo o a la junta administradora local, un concepto sobre la conveniencia de la consulta de carácter departamental, municipal o local en los mismos términos y con los mismos requisitos de la consulta nacional. Si este fuere desfavorable el gobernador o el alcalde no podrá convocar la consulta. El texto de la consulta se remitirá al tribunal contencioso-administrativo competente para que se pronuncie dentro de los 15 días siguientes sobre su constitucionalidad”. Ley 1757 del 6 de julio de 2015. “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática. (…). “ARTÍCULO 21. REVISIÓN PREVIA DE CONSTITUCIONALIDAD. No se podrán promover mecanismos de participación democrática sobre iniciativas inconstitucionales. Para tal efecto:
a) La Corte Constitucional revisará previamente el texto que se somete a referendo constitucional y el texto que se somete a consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente;
b) Los tribunales de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo competentes se pronunciarán sobre la constitucionalidad del mecanismo de participación democrática a realizarse. Todo proceso de revisión previa de constitucionalidad de convocatorias a mecanismos de participación democrática deberá permitir un período de fijación en lista de diez días, para que cualquier ciudadano impugne o coadyuve la constitucionalidad de la propuesta y el Ministerio Público rinda su concepto”. Revés del folio 51 del Expediente radicado con el nro. 2017-00341-00. Folio 1 del Expediente de la acción de tutela de la referencia. Sentencia T-1033 de 2012.
Por medio de la cual: i) se revocaron las sentencias de tutela de primera y segunda instancia proferidas, respectivamente, el 23 de septiembre de 2015 por la Sección Quinta y el 22 de octubre del mismo año por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante las cuales se dejó sin efectos la sentencia proferida el 20 de agosto de 2015 por la Subsección “A” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se declaró ajustada a la Constitución la convocatoria a consulta popular en la que se interroga al electorado de la ciudad de Bogotá sobre si está o no de acuerdo con que se realicen corridas de toros y novilladas en el Distrito Capital; ii) se negó el amparo de tutela invocado; iii) se dejó sin efectos la providencia de reemplazo dictada el 6 de octubre de 2015 en cumplimiento de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado; y iv) dejó en firme la sentencia del 20 de agosto de 2015, mediante la cual se declaró constitucional la realización de la aludida consulta popular.
“A juicio de la Corte, la solicitud de nulidad en contra de la Sentencia T-121 de 2017 está llamada a prosperar porque desconoció de manera injustificada el precedente constitucional de la Sentencia C-889 de 2012 que dispuso que la competencia de prohibir las corridas de toros en el territorio nacional es exclusiva del legislador y no de las autoridades locales. Por tal razón, la solicitud del señor Ramsés Alberto Ruiz Sánchez y de la Corporación Taurina de Bogotá de anular la sentencia T-121 de 2017 es procedente”.
“ARTÍCULO 12. LEGALIZACIÓN. Los explotadores, los grupos y asociaciones de minería tradicional que exploten minas de propiedad estatal sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, deberán solicitar, en el término improrrogable de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente ley, que la mina o minas correspondientes le sean otorgadas en concesión llenando para el efecto todos los requisitos de fondo y de forma y siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0685_2001.html" \l "1" \t "_blank" 685 de 2001. Si el área solicitada se encuentra ocupada por una concesión, y siempre que el grupo o asociación demuestre una antigüedad mayor a la que tiene la concesión, se procederá a verificar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del titular minero y en caso de hallarse en causal de caducidad se tendrá como primera opción para continuar el trámite la solicitud de legalización debidamente presentada, una vez caducado el contrato. En el evento en que el titular se encuentre al día en sus obligaciones, la Autoridad Minera mediará entre las partes para que lleguen a acuerdos, como la suscripción de Contratos de Asociación y Operación debidamente inscritos en el Registro Minero Nacional previstos en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0685_2001_pr005.html" \l "221" \t "_blank" 221 del presente Código, entre otros, que permitan la explotación por parte de los grupos o asociaciones. Para llegar las partes a estos acuerdos tendrán un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la solicitud del minero tradicional. (…). ARTÍCULO 16. Modifíquese el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0685_2001_pr005.html" \l "230" \t "_blank" 230 de la Ley 685 de 2001, Código de Minas: Canon superficiario.
El canon superficiario sobre la totalidad del área de la concesión durante la exploración, el montaje y construcción o sobre las extensiones de la misma que el contratista retenga para explorar durante el período de explotación, es compatible con la regalía y constituye una contraprestación que se cobrará por la entidad contratante sin consideración a quien tenga la propiedad o posesión de los terrenos de ubicación del contrato. El mencionado canon será equivalente a un salario mínimo día legal vigente (smdlv) por hectárea año, del primero al quinto año; de ahí en adelante el canon será incrementado cada dos (2) años adicionales así: por los años 6 y 7 se pagarán 1.25 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año; por el año 8, 1.5 salarios mínimos día legal vigente por hectárea año. (…). PARÁGRAFO 2o. Las propuestas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren en trámite y los títulos mineros que no hubieren pagado el canon correspondiente a la primera anualidad, deberán acreditar dicho pago dentro de los tres (3) meses siguientes a la promulgación de la presente ley, so pena de rechazo o caducidad, según corresponda.” (En subrayas las expresiones demandadas). Previo a resolver la controversia, la Corte señaló que no se presentaba el fenómeno de cosa juzgada respecto de las sentencias C-891 de 2002, C-395 de 2012 y C-123 de 2014, “dado que, a pesar de que en tres sentencias previas la Corte se ha ocupado de juzgar la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley 685 de 2001, los cuestionamientos allí analizados difieren de los propuestos en la demanda sometida ahora a consideración de este Tribunal. En efecto, al paso que en esta ocasión el demandante indica que la referida disposición violó los artículos 151 y 288 de la Constitución debido a la infracción de la reserva de ley orgánica en materia de ordenamiento territorial, (…) [en las sentencias anteriores se] examinaron acusaciones diferentes (…)”.
“¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Pijao se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de fuentes hídricas, afectación a la salubridad de la población, o afectación de la vocación agropecuaria del municipio, con motivo de proyectos mineros?”.
“La tensión en el caso colombiano es la siguiente: la Constitución, en el artículo 332, establece que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. Como el artículo no se refiere a la Nación sino al Estado, y este es el conjunto de las entidades territoriales, debería entenderse entonces que el artículo constitucional incluye a los municipios, toda vez que ellos son entes territoriales. En otras palabras, debería concluirse que la regulación se puede hacer a nivel nacional, pero no es exclusiva de la Nación. (…) [E]l hecho de que los recursos naturales constitucionalmente pertenezcan al Estado no quiere decir que los municipios se encuentren totalmente excluidos de su regulación y sus beneficios, precisamente por cuanto la palabra Estado incluye también a los entes territoriales”. En el mismo sentido sentencias C-221 de 1997 y C-891 de 2002.
“Artículo 33º.- Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio”. La Corte Constitucional interpretó que “[l]a realización de esta consulta es por lo tanto obligatoria y no meramente facultativa”.
“(…) [L]a sentencia que aquí se cuestiona precisó que al verse afectado en muchos casos el suelo de los municipios al intervenir, el subsuelo (sic) es indispensable garantizar la participación de las entidades territoriales.
Así las cosas, es claro que la T-445 de 2016 reiteró la regla general consagrada en la sentencia C-123 de 2014 según la cual al momento de adelantar actividades mineras se debe garantizar una participación efectiva y eficaz de los municipios. También, precisó que en el caso sub examine (…) se estaba examinando el alcance de lo contemplado en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 el cual establece la obligación de adelantar una consulta popular cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza minera amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo. (…).
(…) [E]s claro que la sentencia T-445 de 2016 lo único que hizo fue rebatir el alcance de dicha afirmación y precisar que quién deberá tener la última palabra en estos casos no es el Presidente de la República sino el pueblo en calidad de titular del poder soberano”. Ley 388 de 18 de julio de 1997. “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones”. Artículo 9º. Ibíd., artículo 5º. Corte Constitucional, Sentencia T-445 de 2016. “Dentro del marco constitucional, el aprovechamiento de los recursos naturales, aunque es permitido, no puede dar lugar a perjuicios en términos de salubridad individual o social y tampoco puede acarrear un daño o deterioro que atente contra la diversidad e integridad del ambiente [58]. Así lo consideró la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-411 de 1992, en la cual aseveró que “el desarrollo sin planificación y los avances científicos fueron ampliando considerablemente el impacto industrial en el entorno. El problema ecológico y todo lo que este implica es hoy en día un clamor universal, es un problema de supervivencia”. (…). [E]s claro que cualquier actividad que tenga el potencial de afectar los recursos naturales debe adelantarse teniendo en cuenta el criterio de desarrollo sostenible, entendido este como “el modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias”[59]”.
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