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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00900-00

Acción de tutela contra providencia judicial: la providencia cuestionada no vulnera el derecho al mínimo vital, a la igualdad y…

Fecha
31 de mayo de 2018
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdés

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-00900-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Dubán Esteban Castaño Jiménez. SEGUNDO: De no ser impugnado el presente fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente proveído devolver el original del expediente correspondiente a la consulta popular radicado bajo el número 050012333000201702982 al Tribunal Administrativo de Antioquia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-00900-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés

31 de mayo de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso / CONSULTA POPULAR - Concepto / CONSULTA POPULAR - Trámite / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura dado que la consulta popular se realizó conforme a la normatividad que la regula / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura dado que la sentencia que se cita como desconocida presenta situaciones fácticas distintas a las del caso bajo estudio

[C]abe resaltar que a folios 202 y siguientes del expediente que contiene el trámite de la consulta popular, obra la exposición de motivos presentada por la Alcaldía Municipal de Titiribí ante el Concejo Municipal de ese ente territorial para sustentar la solicitud de aprobación del inicio del trámite de la consulta popular sobre minería de metales preciosos y sus derivados. (…). [E]n la exposición de motivos presentada por el ente territorial se explican con claridad las razones que fundamentan la solicitud presentada al Concejo Municipal de Titiribí para obtener el inicio del trámite de la consulta previa, haciendo referencia a una serie de hechos causales propios de la pretensión del ente territorial, cuya ocurrencia se afirma y se explica en detalle. (…). [T]ampoco debe perderse de vista que las autoridades nacionales, previamente al ejercicio de las actividades mineras que desarrollan o contratan, tienen el deber de concertar con las autoridades territoriales las condiciones de las mismas y su compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial y el medio ambiente, haciendo partícipes a las personas que de manera directa reciben los impactos de ese tipo de actividades, mediante los mecanismo de participación ciudadana. (…). Las precedentes consideraciones llevan a establecer que no se configura el defecto sustantivo alegado por la parte actora. (…). [L]as situaciones fácticas estudiadas en la sentencia T-445 de 2016 y las que se enuncian en el presente caso son distintas, sin embargo el punto común entre ellos lo constituye la procedencia de las consultas populares adelantadas en tales municipios en torno a los proyectos de explotación minera. (…). [E]n cuanto se refiere a la desatención de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, previstos en la sentencia T-445 de 2016, defecto que el actor también le atribuye a la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró constitucional la consulta popular, se observa que la Corporación Judicial accionada antes de omitir una consideración al respecto, recordó en su decisión que no es procedente cercenar de forma absoluta la participación de las autoridades territoriales en el tema minero, sino garantizar la concertación entre éstas y las autoridades nacionales, resultando válido la utilización de los mecanismos de participación ciudadana. (…). Las consideraciones puestas de presente llevan a considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, no incurrió en la sentencia de 22 de febrero de 2018, en el defecto de desconocimiento del precedente.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 103 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 270 / LEY 134 DE 1994 - ARTÍCULO 52 / LEY 1757 DE 2015 / LEY 136 DE 1994 - ARTÍCULO 33 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / DECRETO 1983 DE 2017 - ARTÍCULO 1

NOTA DE RELATORÍA: Respecto a que la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ), C.P. María Elizabeth García González. Sobre la procedencia excepcional y los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ver: Corte Constitucional, sentencia de 8 de junio de 2005, exp. C-590, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Acerca de los requisitos para la procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela, ver: Corte Constitucional, sentencia de 1 de octubre de 2015, exp. SU-627, M.P. Mauricio González Cuervo. Con respecto a los requisitos especiales, considerados causales concretas, que de configurarse autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial, ver: Corte Constitucional, sentencia de 3 de septiembre de 2009, exp. T-619, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Sobre el mismo tema y en el sentido de que la configuración de alguno de los requisitos especiales permiten dejar sin efecto o modular la decisión que se cuestiona, ver: Corte Constitucional, sentencia de 23 de marzo de 2010, exp. T- 225, M.P. Mauricio González Cuervo. Acerca de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, criterio que reiteró el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad generales y específicos precisados por la Corte Constitucional, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. En cuanto al hecho de que las autoridades nacionales, previamente al ejercicio de las actividades mineras que desarrollan o contratan, tienen el deber de concertar con las autoridades territoriales las condiciones de las mismas y su compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial y el medio ambiente, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-02518-00(AC), C.P. Oswaldo Giraldo López. Sobre la posibilidad de desconocer el precedente, ver: Corte Constitucional, sentencia de 22 de mayo de 2015, exp. T-309, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Con respecto a las diferencias entre los conceptos de antecedente y precedente, ver: Corte Constitucional, sentencia de 25 de febrero de 2014, exp. T-102, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Sobre el mismo tema y en el mismo sentido, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de mayo de 2016, exp. 2015-02793-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Respecto de una sentencia de tutela similar en la que se negó el amparo del derecho al debido proceso, consultar: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-02518-00(AC), C.P. Oswaldo Giraldo López.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00900-00(AC)

Actor: DUBÁN ESTEBAN CASTAÑO JIMÉNEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

La Sala decide la acción de tutela presentada como mecanismo transitorio por el señor Dubán Esteban Castaño Jiménez, por intermedio de apoderado judicial, en contra de la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual declaró constitucional la consulta popular sobre minería en el municipio de Titiribí, Antioquia, así como la pregunta que se puso a consideración por parte del Alcalde y del Concejo Municipal.

LA SOLICITUD DE TUTELA

El accionante, por intermedio de apoderado judicial, solicita el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso cuya vulneración atribuye al Tribunal Administrativo de Antioquia, por haber incurrido en un defecto sustantivo en la sentencia de 22 de febrero de 2018, mediante la cual declaró la constitucionalidad de la consulta popular efectuada respecto de las labores de minería en el Municipio de Titiribí, Antioquia, así como del texto de la pregunta “[…] ¿Está usted de acuerdo, si o no, con que en el municipio de Titiribí, Antioquia, se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales y sus derivados? […]”. También sostiene que en dicho fallo se desconoce el precedente contenido en la sentencia T-445 de 2016, proferida por la Corte Constitucional.

LOS HECHOS

De conformidad con lo planteado por el accionante, los hechos que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

II.1. El municipio de Titiribí ha sido un ente territorial de tradición minera en el cual históricamente se han llevado a cabo proyectos de minería de metales preciosos y sus derivados.

II.2. El accionante, señor Dubán Esteban Castaño Jiménez, es nacido y criado en la Vereda El Zancudo. Sus padres se desempeñaron en labores relacionadas con la minería artesanal durante toda su vida para sostener nueve hijos, actividad a la cual también se dedica tanto él como otro de sus hermanos, y de la cual derivan el sustento de sus familias.

II.3. La tradición minera de la familia es tan reconocida que actualmente existe un túnel con el nombre “[…] El Castaño […]” en honor al padre del accionante, ya que en ese lugar fue donde obtuvo los recursos para sostener a los integrantes de su familia.

II.4. En las sesiones extraordinarias de los días 2, 4 y 7 de septiembre de 2017, el Concejo Municipal de Titiribí repartió para comisión y aprobó el Acuerdo 023 de septiembre de 2017, mediante el cual se dictan medidas para la defensa del patrimonio ecológico del municipio y se “[…] prohíbe el desarrollo de las actividades mineras de metales, oro, metales preciosos y sus concentrados, cobre y zinc, tal como consta en las Actas No. 054, 055, 056 y 057 de 2017 [...]”.

II.5. El Alcalde municipal de Titiribí sancionó el Acuerdo 023 de septiembre de 2017 y la Gobernación de Antioquia lo demandó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para que se declarara su inconstitucionalidad al considerar que la decisión de prohibir la minería metálica, en todas sus manifestaciones, extralimitaba sus competencias, incurriendo en la prohibición prevista en el artículo 41 numeral 3 de la Ley 136 de 1994.

II.6. El 31 de octubre de 2017, el Alcalde municipal de Titiribí solicitó al Concejo Municipal que diera el visto bueno para iniciar el mecanismo de consulta popular relacionado con la prohibición de la minería de metales preciosos y sus derivados dentro del ente territorial.

II.7. Mediante Acuerdo número 024 de 9 de noviembre de 2017, el Concejo Municipal de Titiribí aprobó iniciar el trámite de la consulta popular y dispuso “[…] PARÁGRAFO PRIMERO: Preséntese la siguiente pregunta ante el Tribunal Administrativo de Antioquia para que sea aprobada su constitucionalidad: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Titiribí Antioquia se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales y sus derivados? […]”.

II.8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 22 de febrero de 2018, declaró la constitucionalidad del Acuerdo número 024 de 9 de noviembre de 2017, expedido por el Concejo Municipal de Titiribí y de la pregunta que se propuso para ser formulada a la comunidad.

II.9. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante sentencia de 1º de marzo de 2018, declaró la inconstitucionalidad del Acuerdo 023 del 8 de septiembre de 2017, expedido por el Concejo Municipal de Titiribí, Antioquia, mediante el cual se dictan medidas para la defensa del patrimonio ecológico del municipio y “[…] prohíbe el desarrollo de las actividades mineras de metales, oro, metales preciosos y sus concentrados, cobre y zinc, tal como consta en las Actas No. 054, 055, 056 y 057 de 2017 [...]”. Sustentó su decisión, entre otras razones, en las siguientes:

“[…] Colorario de lo expuesto, siendo tema de interés nacional la explotación minera, considera esta Sala que el Concejo Municipal de Titiribí-Antioquia, se excedió en sus competencias al prohibir en esa localidad, el desarrollo de actividades mineras de metálicos, oro, metales preciosos y sus concentrados, cobre y zinc, por lo tanto, se declarará la invalidez del Acuerdo No. 023 del 8 de septiembre de 2017.

En este estado de cosas, se encuentran afortunados los argumentos expuestos tanto por el Gobernador de Antioquia como por los intervinientes las Sociedades SUNWARD RESOURCES SUCURSAL COLOMBIA y ZANCUDO GOLD SUCURSAL COLOMBIA, pues como advirtieron el Concejo de Titiribí – Antioquia, con la expedición del citado acuerdo vulneró las competencias departamentales y municipales; la política minero energética del país; vulnera la sostenibilidad fiscal del país, desconoció los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en materia de ordenamiento territorial y extralimitación de funciones.

Cabe precisar que ya esta Colegiatura se ha pronunciado en Acuerdos similares declarando la invalidez de Acuerdos que suspenden la actividad minera en los respectivos municipios. De igual manera, se ha pronunciado en consultas populares relacionadas con el tema de la minería, en las cuales se ha declarado inconstitucional dicha iniciativa, por considerar que el Municipio no tenía competencia para hacerlo, en virtud de la utilidad pública y el interés nacional de los proyectos mineros, además de ser del orden nacional […]”.

II.10. Finalmente, el 1º de marzo de 2018 el Alcalde Municipal de Titiribí, Antioquia, expidió el Decreto 006 de 2018 mediante el cual convoca a los ciudadanos inscritos en el censo electoral de Titiribí a la celebración de la consulta popular el día 22 de abril de 2018, para decidir sobre la pregunta “[…] ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el Municipio de Titiribí, Antioquia, se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales y sus derivados? […]”.

II.11. El señor Dubán Esteban Castaño Jiménez considera que la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia le vulnera sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad y al debido proceso al incurrir en un defecto sustantivo: i) por inaplicación del artículo 33 de la Ley 136 de 1994, y ii) por la indebida motivación, la ausencia de criterios técnicos y la falta de pruebas en la solicitud que la alcaldía de Titiribí le presentó al Concejo Municipal para que iniciara el trámite de la consulta popular decidida mediante Acuerdo 024 de 2017.

II.12. También estima que la Corporación Judicial incurre en el mismo fallo en una indebida aplicación del precedente constitucional previsto en la sentencia T-455 de 2016 dictada por la Corte Constitucional que se refiere a la consulta popular y trata los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, porque el desarrollo de los proyectos mineros no amenaza con crear un cambio significativo en el uso del suelo, ni da lugar a una transformación en las actividades tradicionales de Titiribí.

LAS PRETENSIONES

El actor solicita en su demanda la declaratoria de las siguientes pretensiones:

“[…] 1. PRIMERO. Que se conceda la acción de tutela interpuesta contra la sentencia del 22 de febrero de 2018, que se pronunció de fondo y declaró constitucional la consulta popular sobre la mimería en el municipio de Titiribí, Antioquia, así como la pregunta que se puso a consideración por parte del Alcalde y el Concejo Municipal, por violación a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo como consecuencia de sendas vías de hecho en que incurrió.

2. SEGUNDO. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y trabajo como consecuencia de la decisión que, de forma irregular y contraria a derecho, declaró constitucional la consulta popular sobre la minería en el Municipio de Titiribí, Antioquia, así como la pregunta que se puso a consideración por parte del Alcalde y el Concejo Municipal.

3. TERCERO. Como consecuencia del amparo dispuesto en el numeral anterior, se ordene dejar sin efectos la sentencia proferida el 22 de febrero de 2018 por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el marco del control constitucional de la consulta popular mediante la cual se declara constitucional el mecanismo de participación, consulta popular, sobre la minería en el municipio de Titiribí – Antioquia, así como el texto de la pregunta que se pretende someter a consideración, el cual es del siguiente tenor: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el Municipio de Titiribí, Antioquia, se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales y sus derivados?

4. CUARTO. Se ordene dejar sin efectos cualquier actuación administrativa a cargo de la Registraduría Especial del Estado Civil del Municipio de Titiribí, o Departamental de Antioquia, encaminada a la realización de la consulta popular en ese municipio […]”.

III. TRÁMITE DE LA TUTELA

Mediante auto de 6 de abril de 2018, el magistrado sustanciador inadmitió la acción de tutela de la referencia para que el apoderado del accionante acreditara la legitimidad para actuar. Una vez subsanada la falencia admitió la solicitud de amparo constitucional presentada por el señor Dubán Esteban Castaño Jiménez, por intermedio de apoderado judicial, en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia. También dispuso la vinculación como terceros de la Agencia Nacional de Minería, de la Gobernación de Antioquia, de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia, de la Alcaldía de Titiribí, Antioquia, y del Concejo Municipal de Titiribí, Antioquia. A todos les solicitó la presentación del informe previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

IV. INTERVENCIONES

IV.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia

IV.1.1. El Magistrado Ponente de la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, manifestó que si una vez proferida una decisión por cualquier juez de la República, éste se ve obligado a complementar, explicar o aclarar los fundamentos de la misma ante un juez de tutela, ello quiere decir que se está aceptando, la existencia ciertas imprecisiones en la determinación adoptada.

IV.1.2. A partir de tal consideración resaltó que no estima necesario efectuar ningún comentario adicional a lo expuesto en la providencia objeto de tutela, la cual está suficientemente argumentada, partiendo de un análisis jurisprudencial del caso sometido a consideración de la jurisdicción.

IV.1.3. Sin embargo se refirió, en forma general, al desarrollo jurisprudencial que ha tenido el tema de la acción de tutela interpuesta en contra de las providencias judiciales a partir de la sentencia C-543 de 1991, para concluir que, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, la acción de tutela no es una vía alterna, ni mucho menos un mecanismo para rectificar decisiones judiciales en firme ni para desautorizar interpretaciones judiciales que se hacen dentro del marco de la autonomía y de la independencia propia de los jueces, tal como se expresó en la sentencia T-457 de 23 de septiembre de 1997.

IV.1.4. Igualmente expuso que, en su sentir, los argumentos que sirvieron de soporte a la sentencia cuestionada no son ilegales, antojadizos o apartados del ordenamiento jurídico, vislumbrándose un interés por parte del actor de revivir el debate jurídico ya finiquitado por la jurisdicción.

En ese orden de ideas solicitó que se denegaran las pretensiones del actor.

IV.2. La Gobernación de Antioquia

IV.2.1. La Gobernación de Antioquia, por intermedio de apoderada judicial, solicitó que se declarara que no le ha vulnerado al accionante ningún derecho fundamental, por cuanto la única actuación que realizó fue la revisión del Acuerdo número 024 de 2017, “[…] Por medio del cual se solicita al Concejo Municipal de Titiribí la aprobación para iniciar el trámite de la consulta popular sobre minería de metales preciosos y sus derivados en el municipio de Titiribí […]”, en cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política que establece en el artículo 305, numeral 10, que corresponde a los Gobernadores revisar los actos de los concejos municipales y por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que este órgano colegiado decida sobre su validez.

IV.2.2. Recordó que de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 136 de 1994, dentro de los diez días siguientes a la sanción, el alcalde enviará copia del acuerdo al gobernador del departamento para que cumpla con la atribución del numeral 10 del artículo 305 de la Constitución.

IV.2.3. Precisó que acatando lo dispuesto en las normas citadas y luego de hacer un estudio pormenorizado del Acuerdo 024 de 2017, enviado por el municipio de Titiribí, se consideró que el acto acusado no contrariaba el ordenamiento jurídico, por cuanto disponía sobre asuntos para los cuales, la competencia radicaba en el Concejo Municipal, de conformidad con la Constitución Política y las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015.

IV.2.4. Expresó que en cumplimiento de la norma constitucional aludida, por intermedio de la Dirección de Asesoría Legal y de Control, procedió a dar revisión al Acuerdo número 024 de 2017, el 21 de noviembre de ese mismo año.

IV.3. La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia – Corantioquia

IV.3.1. Corantioquia, a través de la Jefe de la Oficina Territorial Aburrá Sur, expuso que en algunos de los apartes del escrito de tutela se hace mención a presuntas afectaciones ambientales a los recursos naturales renovables, en especial a los recursos de agua y flora, causadas por los proyectos de minería de oro que han llegado al municipio de Titiribí en los últimos años, y se referencia como ejemplo a la Compañía SundWard Resources.

IV.3.2. De acuerdo con lo anterior, informó que una vez verificada la base de datos de Gestión Documental de la Oficina Territorial del Corantioquia, se encontraron relacionados tres procedimientos ambientales a cargo de dicha compañía, a saber:

-Expediente número AS1-2014-61. En este procedimiento se prorrogó por el término de dos años la concesión de aguas superficiales otorgada a la compañía el 30 de abril de 2015, y se encuentra por resolver jurídicamente la renuncia a la concesión de aguas, argumentándose por la sociedad que no se vislumbra la realización de la campaña de perforación para la cual fue solicitada y tramitada.

Expediente número AS4-2012-109. Se tramita proceso sancionatorio ambiental: a) por las actividades adelantadas en el proyecto de exploración minera Titiribí, según hechos ocurridos el 30 de agosto y el 12 de diciembre de 2012 debido a la captación de recurso hídrico sin contar con la correspondiente concesión de aguas, b) por trasvase de la fuente para tener mayor caudal y llevar agua mediante bomba a un tanque de almacenamiento sin contar con permiso, c) por disposición inadecuada de material de excavación del pozo CV064 ocurriendo arrastre de sedimentos hacia la fuente hídrica Los Chorros con aporte de basuras a la quebrada Las Casitas, d) por permitir el ingreso de animales a la fuente hídrica Los Henaos, e) por instalación de plataformas en el área de retiro del nacimiento de la quebrada, y f) por instalación del Pozo MG 003 en el área de retiro de la fuente Las Casitas e instalación de la planta eléctrica en la misma zona. En el proceso se dispuso el cierre del período probatorio.

Expediente número AS4-2016-69. Se adelanta para determinar la presunta responsabilidad de la empresa en la comisión de infracciones ambientales por la ejecución de perforaciones durante las campañas de exploración mineras, las cuales están presentando una probable afectación a las fuentes hídricas superficiales de la quebrada Los Chorros 1.

IV.3.3. Finalmente resaltó que “[…] lo que conlleve dentro de la autonomía del ente municipal, a cambios en la clasificación y usos del suelo establecidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial (PBOT – POT – EOT, requiere adelantar el proceso de revisión del mismo; el cual se someterá a los mismos trámites de concertación de los asuntos ambientales con la Corporación, consulta y aprobación previstas para su expedición en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997 […]”.

IV.4. La Agencia Nacional de Minería

IV.4.1. La Agencia Nacional de Minería, por intermedio de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda de tutela.

IV.4.2. Precisó que la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en contra de la cual se dirige la acción de amparo constitucional, vulnera los artículos 288 y 332 de la Constitución Política y el artículo 5º de la Ley 685 de 2001, por carecer de competencia para prohibir una actividad de utilidad pública, cuya planificación, manejo y aprovechamiento le corresponde al Estado, tal y como lo prescribe el artículo 80 de la Constitución Política, así mismo, por ejercer atribuciones sin observar los principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad previstos en el artículo 360 de la Constitución Política y 7 de la Ley 819 de 2003, por prohibir una actividad que genera a favor de todo el territorio colombiano una contraprestación económica a título de regalía y que afecta la sostenibilidad fiscal del municipio de Titiribí y de todo el territorio colombiano.

IV.5. La Alcaldía y el Concejo Municipal de Titiribí guardaron silencio

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la acción de tutela de la referencia dirigida en contra de la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 1º del Decreto número 1983 de 2017.

V.2. Problema Jurídico

A la Sala le corresponde establecer: i) si la acción de tutela presentada por el señor Dubán Esteban Castaño Jiménez cumple los requisitos generales de procedibilidad. Y, en caso afirmativo, ii) si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en los defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente en la sentencia de 22 de febrero de 2018, mediante la cual declaró la constitucionalidad de una consulta popular sobre minería en el municipio de Titiribí, Antioquia, así como del texto de la pregunta que se pretende someter a consideración de la población.

Con el fin de resolver estos problemas jurídicos se efectuarán previamente algunos planteamientos en relación: i) con los requisitos de procedencia de la acción de tutela presentada en contra de providencias judiciales, ii) la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, iii) la sentencia objeto de la presente acción de tutela, procediendo posteriormente a iv) resolver el caso concreto adentrándose al fondo del asunto siempre y cuando se satisfagan los requisitos generales.

V.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

V.3.1. En sentencia de 31 de julio de 2012, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

V.3.2. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

V.3.3. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

V.3.4. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.

V.3.5. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que se encaje en dichos parámetros.

V.3.6. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

V.3.7. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01,

V.4. La consulta popular como mecanismo de participación ciudadana

V.4.1. El Constituyente de 1991 facultó a los ciudadanos para participar en la guarda de la gestión pública. Al efecto, en el artículo 270 de la Constitución Política dispone expresamente que “[…] La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados […]”.

V.4.2. Entre los mecanismos de participación ciudadana previstos en el artículo 103 de la Constitución Política se relaciona a la consulta popular, cuya regulación viene desarrollada por las Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015. Este mecanismo propio del ejercicio democrático directo consiste en la formulación de una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, distrital, municipal o local sometida por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que se pronuncie sobre ella. La pregunta se formulará en forma clara de manera que pueda contestarse con un sí o un no.

V.4.3. En la consulta popular de carácter nacional el texto sometido a consideración del pueblo, será enviado por el Presidente de la República al Senado, acompañado de una justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización, para que éste emita concepto favorable. A nivel territorial, el gobernador o el alcalde solicitarán a la asamblea, al concejo o a la junta administradora local, un concepto sobre la conveniencia de la consulta de carácter departamental, municipal o local en los mismos términos y con los mismos requisitos de la consulta nacional.

V.4.4. Si la consulta popular cuenta con concepto favorable, el texto que se someterá a consulta debe ser revisado de manera previa por el Tribunal Administrativo competente, con el fin de garantizar el pleno ejercicio del derecho de participación del ciudadano en el ejercicio del poder. Los Tribunales Administrativos deben garantizar que la consulta popular no se promueva sobre iniciativas inconstitucionales, para lo cual han de verificar: i) si la consulta popular cumplió los trámites previstos en las Leyes 134 de 1994 y 175 de 2015, ii) si la autoridad tiene competencia para convocar a consulta popular, iii) si la pregunta recae sobre asuntos prohibidos, y iv) si la pregunta es clara, en el sentido de que debe ser de fácil comprensión para el lector y solo debe admitir un sí o un no como respuesta.

V.5. La sentencia objeto de tutela

V.5.1. Mediante sentencia de 22 de febrero de 2018, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, declaró constitucional la consulta popular sobre la minería en el municipio de Titiribí, Antioquia, así como el texto de la pregunta que se pretende someter a consideración.

V.5.2. Para efectos de adoptar la anterior decisión la Corporación Judicial se refirió a las sentencias de constitucionalidad C-123 de 2014 y C-273 de 2016, así como también a la sentencia de tutela T-445 de 2016, todas ellas proferidas por la Corte Constitucional.

V.5.3. En relación con la sentencia C-123 de 2014, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, resaltó que en ella se aceptan los efectos que traen la exploración y explotación minera, para los habitantes de la zona en que se desarrolla, “[…] por lo que no es procedente cercenar en forma absoluta la participación de las autoridades territoriales en el tema minero, al contrario se debe garantizar la concertación entre estas y las entidades nacionales, por lo que a partir de ello es viable la participación activa de los municipios, en aplicación a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad consagrados en el artículo 288 de la Constitución Política, resultando válido en consecuencia la utilización de los mecanismos de participación ciudadana, para el caso, la consulta popular […]”.

V.5.4. En cuanto a la sentencia C-273 de 2016, expuso que la Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 37 de la Ley 685 de 2001, en tanto consideró que dicha disposición, al prohibir a las entidades regionales, seccionales y locales, establecer zonas excluidas de la minería en su territorio, inclusive en sus planes de ordenamiento territorial, afecta de manera definitiva la competencia de las entidades territoriales para llevar a cabo el ordenamiento de sus respectivos territorios, por lo que es una decisión que vulnera bienes jurídicos de especial importancia constitucional, y en esa medida, está sujeta a reserva de ley orgánica.

V.5.5. También se refirió a la sentencia T-445 de 2016 y precisó que en ella la Corte Constitucional reiteró la posibilidad consistente en que las entidades territoriales puedan promover consultas populares en sus territorios, y resaltó que, cuando se realicen en un municipio proyectos de naturaleza minera, no puede desconocerse lo previsto en el artículo 33 de la Ley 136 de 1994, que impone a los municipios a efectuar una consulta popular, la cual no es facultativa sino obligatoria.

V.5.6. En ese orden de ideas acotó que es claro que en la actualidad no existe prohibición legal para las entidades territoriales consistente en participar de forma activa sobre los asuntos de carácter minero en su territorio, siendo viable que tanto los alcaldes como la ciudadanía, puedan ser promotores de iniciativas de participación ciudadana como las consultas populares, más aún cuando es la ciudadanía la que sufre las consecuencias del ejercicio de actividades de exploración y explotación minera.

V.5.7. Mencionó que al expediente se incorporó la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo número 020 de 2917, presentado a iniciativa del alcalde, en la cual se justifican de manera fehaciente los hechos sociales y jurídicos que respaldan la iniciativa de adelantar una consulta popular. Finalmente, encontró ajustada a la legalidad la pregunta planteada en tanto se refiere a un tema que puede ser objeto de iniciativa popular, está formulada de manera clara, no da lugar a equívocos y debe contestarse con un sí o un no.

V.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela

La Sala encuentra que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) se solicita la protección de unos derechos fundamentales por parte de su titular, ii) el actor no tiene a su disposición otro medio de defensa judicial para procurar el amparo del derecho que estima conculcado, iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, pues entre la notificación de la providencia objeto de inconformidad, efectuada el 22 de febrero de 2018, y la interposición de la acción de tutela el 23 de marzo de 2018, no pasaron más de seis meses; iv) la situación que generó la eventual vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela y v) la providencia cuestionada no se profirió en el trámite de una acción de tutela.

V.6. Análisis de los requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela

V.6.1. El defecto sustantivo se configura cuando: i) la decisión cuestionada se funda en una norma inaplicable; ii) la interpretación que se hace de la norma aplicable desconoce las sentencias erga omnes que fijan su alcance; iii) el alcance se fija desatendiendo otras disposiciones aplicables al caso necesarias para efectuar una interpretación sistemática; iv) cuando la norma pertinente no se aplica; y v) cuando la norma no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó.

V.6.1.1. El accionante le atribuye a la sentencia de 22 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró constitucional la consulta previa sobre minería en el municipio de Titiribí y la pregunta que se pretende someter a consideración de la colectividad, el haber incurrido en un defecto sustantivo al desconocer la aplicación del artículo 33 de la Ley 136 de 1994.

La referida norma establece lo siguiente:

“Artículo 33.- Usos del suelo. Cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio […]”.

V.6.1.2. El señor Dubán Castaño Jiménez expone que el ejercicio de tal actividad en esta época, no puede tener la virtualidad de propiciar la realización de una consulta previa, porque su reiteración y arraigo en el tiempo, no respalda la actuación de la alcaldía consistente en prohibir la minería de metales preciosos y de sus derivados, en tanto no resulta consecuencia de un potencial cambio en el uso del suelo, ni de un riesgo derivado de la transformación de tal actividad tradicional, o de las nuevas actividades mineras que se están llevando a cabo. Al contrario, considera que el municipio de Titiribí es un pueblo de reconocida tradición minera, la cual ha incidido de manera preponderante en su crecimiento y desarrollo, al punto que siempre se ha apoyado en los diversos planes de desarrollo municipal aprobados por los alcaldes de turno.

V.6.1.3. Sin embargo, la Sala pone de presente que si se aplicara el criterio restrictivo expuesto por el accionante, nunca se efectuaría una consulta popular, haciendo nugatoria la oportunidad y el derecho que le asiste a la comunidad de participar en cualquier momento en la adopción de las decisiones necesarias para solucionar las situaciones que la afectan, lo cual constituye uno de los fines esenciales del Estado previsto en el artículo 2º y en el 270 de la Constitución Política, cuyo ejercicio ahora se requiere ante los inconvenientes ambientales que vienen presentándose derivados de la explotación de los recursos mineros.

V.6.1.4. El concepto de democracia participativa propio de la Carta Política de 1991, legitima la habilitación de diversos mecanismos tales como los referendos o las consultas populares para que los ciudadanos tomen decisiones o para que se revoque el mandato de quienes hayan sido elegidos, pero además implica que la ciudadanía puede participar permanentemente en los procesos decisorios que incidirán significativamente en sus vidas, entre los cuales adquiere significativa importancia todo lo relacionado con la actividad minera y sus derivados.

V.6.1.5. El accionante también alega que la solicitud presentada por la Alcaldía de Titiribí al Concejo de ese municipio para la aprobación de la consulta popular minera, contiene una indebida motivación porque carece de instrumentos técnicos y pruebas que permitan establecer el impacto de las actividades propias de la minería de oro en los recursos naturales y en el ámbito social.

V.6.1.6. A este respecto cabe resaltar que a folios 202 y siguientes del expediente que contiene el trámite de la consulta popular, obra la exposición de motivos presentada por la Alcaldía Municipal de Titiribí ante el Concejo Municipal de ese ente territorial para sustentar la solicitud de aprobación del inicio del trámite de la consulta popular sobre minería de metales preciosos y sus derivados. En dicho documento se pone de presente la falta de conciencia para estudiar los impactos ambientales, sociales, culturales y políticos generados por los proyectos mineros, particularmente por la contaminación de los acuíferos, la mortandad de peces, la deforestación y demás daños causados con ocasión de la extracción del oro. También se destaca que en las asambleas comunitarias por la defensa del agua, realizadas en nueve veredas y corregimientos, se evidenciaron además de algunas afectaciones generadas por la intervención de compañías mineras, la preocupación y el deseo de proteger el territorio de las amenazas que pueden generarse por esta clase de proyectos.

V.6.1.7. De lo planteado en el referido documento cabe resaltar lo siguiente:

“[…] 3. El agua es una de las riquezas que nos ha caracterizado y además es el soporte de la vida humana, animal y vegetal, permite el desarrollo agrario y la realización de múltiples actividades que garantizan el sustento diario de nuestras familias y arriesgar o perder esa riqueza es una de las principales amenazas que tenemos con la implementación de los proyectos de megaminería de oro que se pretende hacer en el municipio. Esta afirmación no solo se debe a las concesiones otorgadas por Corantioquia a las compañías mineras, sino porque al realizar esta actividad de extracción de oro en el Cerro de la María y en la Zona de la Candela, se puede menguar y agotar el recurso hídrico y de esta manera afectar a un gran número de habitantes del municipio y de manera específica a las comunidades de Otramina, La Falda del Cauca, Sitioviejo y el Zancudo que surten sus acueductos comunitarios con agua de las fuentes que están en esta zona. A esto hay que agregarle el tema de la contaminación y la afectación a los acuíferos. Este es un llamado a conservar y fortalecer la soberanía y la justicia hídrica.

4. Los proyectos de minería de oro que han llegado a Titiribí en los últimos años y de los cuales tenemos más información, no han sido proyectos que se hayan destacado por su responsabilidad ambiental y social. Ya sabrán ustedes que hacer minería de manera responsable es muy costoso y las compañías no están dispuestas a invertir para cambiar su manera de producir y esto lo decimos por las afectaciones que han causado y que en varias comunidades de nuestro municipio de han evidenciado. Como ejemplo podemos mencionar la contaminación del agua que llegó a varios hogares con residuos de aceite y combustible, la pérdida de acuíferos y la disminución del caudal en las fuentes de agua, la invasión generada por el retamo espinoso (planta perjudicial por algunos ecosistemas) que fue utilizada por la compañía SundWard Resources para reforestar algunas zonas en el área de la Candela que es nuestra Reserva Local, la mortandad de peces generada en unos proyectos productivos en el sector de la Montañita por agua contaminada, contaminación de una fuente de agua con cianuro (en Sitioviejo), deforestación en varias zonas de exploración, incumplimiento de la normatividad exigida por la autoridad ambiental para el retiro entre las fuentes de agua y las plataformas o bocaminas, lo que pone en riesgo la fuente como tal, captación ilegal de agua por parte de la compañía Sund Ward Resources (sin ninguna concesión otorgada por Corantioquia)

5. Es importante destacar que no solo existen dos compañías mineras presentes en nuestro territorio realizando actividades extractivas. Según el mapa minero de Titiribí entregado por la Secretaría de Minas del Departamento, un alto porcentaje de nuestro territorio está entregado a las compañías mineras para actividades de exploración y explotación (oro y carbón), lo que significa que tendremos muchas más compañías haciendo uso de nuestros recursos y causando daños a los mismos (Consultar mapa minero de Titiribí). No podemos dejar de lado que en muchas ocasiones, al lado de la minería de oro legal se van gestando brotes de minería ilegal, situación que ya empezamos a conocer en el municipio […]”

V.6.1.8. En este orden de ideas, resulta pertinente precisar que en la exposición de motivos presentada por el ente territorial se explican con claridad las razones que fundamentan la solicitud presentada al Concejo Municipal de Titiribí para obtener el inicio del trámite de la consulta previa, haciendo referencia a una serie de hechos causales propios de la pretensión del ente territorial, cuya ocurrencia se afirma y se explica en detalle. Además, en la regulación de la consulta popular efectuada mediante la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, no se establece la acreditación de los hechos como exigencia como requisito esencial para su trámite. De otra parte, tampoco debe perderse de vista que las autoridades nacionales, previamente al ejercicio de las actividades mineras que desarrollan o contratan, “[…] tienen el deber de concertar con las autoridades territoriales las condiciones de las mismas y su compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial y el medio ambiente, haciendo partícipes a las personas que de manera directa reciben los impactos de ese tipo de actividades, mediante los mecanismo de participación ciudadana […]”. Así lo hizo ver la Sección Primera del Consejo de Estado en la sentencia de 19 de abril de 2018, Consejero Ponente Oswaldo Giraldo López, expediente AC- 11001-03-15-000-2017-02518-00, accionante: Nación – Ministerio de Minas y Energía, accionado: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Tercera de Decisión. De lo expuesto se entiende que es a tales autoridades a las que les corresponde informar a la comunidad sobre las características del proyecto y sus eventuales impactos ambientales.

V.6.1.9. Las precedentes consideraciones llevan a establecer que no se configura el defecto sustantivo alegado por la parte actora.

V.6.2. El desconocimiento del precedente

V.6.2.1. La jurisprudencia ha entendido por precedente, la sentencia o el conjunto de sentencias proferidas con anterioridad al asunto que debe resolverse, que presentan similitudes con un caso nuevo materia de escrutinio en relación con: i) patrones fácticos y ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla general para resolver la controversia, que también sirve para solucionar el nuevo caso.

V.6.2.2. Hace distinción entre el precedente horizontal y el vertical teniendo en cuenta la autoridad que profiere la providencia, para explicar que el primero hace referencia a aquellas sentencias fijadas por las autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial, y el segundo se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar la jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción. Un juez individual o colegiado no puede separarse, sin una explicación suficientemente sustentada, del precedente fijado en sus propias sentencias, ni tampoco del establecido por las autoridades superiores, específicamente del emanado de las Altas Cortes.

V.6.2.3. De una forma más específica sostiene que el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades a saber: i) como causal autónoma contra providencia judicial cuando se trata de precedente constitucional, y ii) como defecto sustantivo por desconocimiento del precedente, la cual se configura cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo cual conduce a concluir que la providencia adolece de un defecto sustantivo.

V.6.2.3. En la sentencia T-309 de 22 de mayo de 2015, la Corte Constitucional precisa que el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente, la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela.

V.6.2.4. En síntesis, según la Corte Constitucional, para determinar si una sentencia constituye precedente aplicable se deben satisfacer los siguientes requisitos: i) que los hechos relevantes del caso se asemejen a los del caso a decidir, ii) que la regla de la decisión fijada en la providencia que se invoca como precedente se mantenga vigente, esto es, que no haya variado o evolucionado en otra sentencia más específica, y iii) que la consecuencia jurídica del caso resulte aplicable al caso actual.

V.6.2.5. La jurisprudencia constitucional también ha diferenciado los conceptos de antecedente y precedente, así:

“[…] El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho (e.g. conceptos, interpretaciones, preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad […] ”
[…]
Por su parte, el precedente, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso” […]”.

V.6.2.6. En el mismo sentido se pronunció la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 12 de mayo de 2016, dentro de la acción de tutela radicada bajo el número 2015-02793-00.

V.6.2.7. El accionante sostiene que el Tribunal Administrativo de Antioquia incorpora en la sentencia de 22 de febrero de 2018, consideraciones de la sentencia T-445 de 2016 para justificar la constitucionalidad de la decisión de efectuar la consulta popular mediante la cual se pretende prohibir las actividades de minería de metales preciosos y sus derivados en el municipio de Titiribí, las cuales no resultan aplicables porque la situación fáctica descrita en el fallo difiere de los hechos propios del caso que ahora se estudia, en tanto la consulta popular se adelantó en el municipio de Pijao toda vez que los eventuales proyectos de naturaleza minera previstos para dicho ente territorial amenazaban con transformar sus tradicionales actividades agropecuarias. Asimismo sostiene que en el fallo se desatendieron los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.

V.6.2.8. En efecto, en la sentencia T-445 de 2016, la Corte Constitucional decidió la acción de tutela presentada por la señora Liliana Mónica Flores Arcila, quien solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y a la participación ciudadana, porque el Tribunal Administrativo del Quindío encontró inconstitucional la pregunta puesta a su consideración objeto de la consulta popular que se pretendía promover, con ocasión de haberse otorgado más de 22 títulos mineros en el municipio de Pijao, Quindío, sin tener en cuenta el impacto que traería para todos los habitantes de la población dedicados tradicionalmente a la labor agropecuaria, y la afectación a gran escala de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos. Tales hechos difieren de los ocurridos en el municipio de Titiribí, Antioquia, tradicionalmente minero, consistentes en que se efectuó la consulta popular para saber si la colectividad estaba de acuerdo o no, con el desarrollo en el ente territorial de proyectos y actividades de naturaleza minera. Ello pone de presente que las situaciones fácticas estudiadas en la sentencia T-445 de 2016 y las que se enuncian en el presente caso son distintas, sin embargo el punto común entre ellos lo constituye la procedencia de las consultas populares adelantadas en tales municipios en torno a los proyectos de explotación minera.

V.6.2.8. En el fallo de 22 de febrero de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, objeto de la tutela, la Corporación Judicial manifiesta que en la sentencia T-445 de 19 de agosto de 2016, la Corte Constitucional reitera la posibilidad de que las entidades territoriales puedan promover consultas populares en sus territorios y transcribe el acápite correspondiente que es del siguiente tenor:

“[…] Esta interpretación de las facultades del municipio relacionadas con su obligación y facultad de proponer consultas populares es equivocada, por un lado, porque la Constitución Política prevé expresamente que es competencia del municipio ordenar el desarrollo de su territorio y reglamentar los usos del suelo. Así las cosas, el Tribunal vulneró entonces el derecho fundamental a participar en una consulta popular sobre temas de trascendencia local de Pijao, el municipio donde vive la accionante. Esto, en un claro desmantelamiento de la realización de la participativa prevista en el ordenamiento jurídico nacional.

De este artículo es claro que ante eventuales proyectos de naturaleza minera como lo que se planea hacer en el municipio de Pijao, que amenazan con transformar las actividades tradicionales de un municipio como son actualmente las actividades agropecuarias, requiere la obligación del municipio de realizar una consulta popular. Por ello es incorrecto afirmar, como lo hace el Tribunal Administrativo, que la consulta escapa a las competencias del ente territorial. El caso de Pijao configura entonces los supuestos del artículo 33 de la Ley 136 de 1994. Primero, Pijao es un municipio de vocación agrícola donde se han otorgado varios títulos mineros, lo cual indica que se está considerando la realización de proyectos de minería a gran escala.

El Tribunal inadvirtió el artículo 33 de la Ley 136 de 1994 que obliga a los entes territoriales a hacer una consulta popular cuando en sus municipios se vayan a realizar proyectos mineros. La realización de esta consulta es por lo tanto obligatoria y no meramente facultativa. Esta situación configuró un defecto sustantivo por inadvertencia de una norma claramente aplicable al caso. El Tribunal, no obstante, no tuvo en cuenta esta disposición a pesar de que fue presentada en el expediente que se puso a su consideración y de que era determinante para la decisión, ya que esta norma se refiere literalmente a escenarios como el de Pijao […]”.

V.6.2.9. Ahora bien, en cuanto se refiere a la desatención de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, previstos en la sentencia T-445 de 2016, defecto que el actor también le atribuye a la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró constitucional la consulta popular, se observa que la Corporación Judicial accionada antes de omitir una consideración al respecto, recordó en su decisión que no es procedente cercenar de forma absoluta la participación de las autoridades territoriales en el tema minero, sino garantizar la concertación entre éstas y las autoridades nacionales, resultando válido la utilización de los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, ello no inhibe al ente territorial de ejercer la facultad que tiene de adelantar un mecanismo de participación ciudadana como lo es la consulta popular para establecer si están o no de acuerdo con que en el municipio se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales y sus derivados y adoptar la decisión que resulte pertinente que, en este caso, fue la de declarar constitucional la consulta popular sobre la minería en el municipio de Titiribí, Antioquia, al encontrar que la pregunta que se pretende someter a consideración de la comunidad se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 52 de la Ley 134 de 1994, por cuanto se formula en forma clara, en términos que permite a la colectividad responder afirmativa o negativamente, y conocer su opinión sobre la práctica de la minería en el municipio.

V.6.2.10. Ahora bien, ante el hecho consistente en que en un determinado momento el desarrollo de las actividades mineras tradicionales de una comunidad, estén causando un significativo cambio en el medio ambiente, ha de precisarse que ello no impide que se adelante el mecanismo de la consulta popular, por cuanto, tal como se dejó expuesto en la sentencia T-445 de 2016, “[…] es claro que la actividad minera tiene la potencialidad de afectar el medio ambiente de los municipios receptores a los cuales llega […]”, además la actividad de la industria extractiva “[…] exigirá en todos los casos, un aumento en la intervención de estas empresas en los territorios y en los recursos naturales […]”, sin descontar “[…] el deterioro en la calidad del agua por lo drenajes ácidos de mina, degradación de suelos por apertura de socavones, muerte de flora y fauna por vertimientos de minería, intervención de cursos de agua, pérdida de cobertura vegetal y tala de bosques por campamentos y maquinaría […]”.

V.6.2.11. Las consideraciones puestas de presente llevan a considerar que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Decisión, no incurrió en la sentencia de 22 de febrero de 2018, en el defecto de desconocimiento del precedente.

V.6.2.12. También resulta pertinente precisar que mediante sentencia de 1º de marzo de 2018, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la invalidez del Acuerdo número 023 del 8 de septiembre de 2017, mediante el cual el municipio de Titiribí, Antioquia, dictó mediadas para la defensa del patrimonio ecológico del ente territorial, consistentes en prohibir el desarrollo de actividades mineras de metálicos, oro, metales preciosos y sus concentrados cobre y zinc, al considerar que la prohibición del desarrollo de actividades mineras y de metálicos, oro, metales preciosos y sus concentrados cobre y zinc, es un asunto del orden nacional y su regulación corresponde a autoridades del orden nacional bajo los principios de coordinación y concertación, razón por la cual el Concejo Municipal de Titiribí – Antioquia, se excedió en sus competencias al prohibir en ese ente territorial el desarrollo de tales actividades mineras. Sin embargo, tal decisión por sí misma no invalida la declaratoria de constitucional de la consulta popular sobre minería en el municipio de Titiribí, Antioquia, así como de la pregunta que se pretende someter a consideración de la comunidad.

V.6.2.13. Finalmente, cabe recordar que en una acción de tutela similar, decidida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la sentencia de 19 de abril de 2018, Consejero Ponente: Oswaldo Giraldo López, expediente AC-11001-03-15-000-2017-02518-00, accionante la Nación – Ministerio de Minas y Energía, accionado: Tribunal Administrativo del Meta, Sala Tercera de Decisión, se negó el amparo constitucional al debido proceso, por las siguientes razones:

“[…] 3.5.2.4. En segundo lugar la Sala concluye que el Tribunal accionado, para fundamentar la decisión cuestionada, tuvo en cuenta no solamente los diferentes pronunciamientos que tienen algún grado de relación con el debate planteado, sino también el antecedente establecido por la Corte Constitucional, según el cual los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente.

3.5.2.5. Finalmente, y en relación con los argumentos de las personas jurídicas intervinientes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Asociación Colombiana de Petróleo, la Sala advierte que deben ser desestimados, toda vez que mediante las sentencias C-035 de 2016 y T-445 de 2016, la Corte Constitucional aclara que: i) so pretexto del principio de Estado unitario, las entidades del orden nacional, en ejercicio de la iniciativa de actividades de carácter minero no pueden anular el principio de autonomía de las entidades territoriales; ii) dicho principio se manifiesta en que los entes territoriales tienen competencia para definir la vocación general del territorio perteneciente a su jurisdicción; y iii) las autoridades nacionales, previo al ejercicio de actividades de índole minera, tienen el deber de concertar con las autoridades territoriales las condiciones de las mismas y su compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial y el medio ambiente, haciendo partícipes a las personas que de manera directa reciben los impactos de este tipo de actividades, mediante los mecanismos de participación ciudadana […]”.

En el mismo fallo, se expuso lo siguiente:

“[…] No obstante lo anterior, la Sala enfatiza que los efectos de los resultados de una consulta popular no deben ser asimilados, sin más, como un obstáculo a la ejecución de las políticas mineras del orden nacional, las cuales deben propender por el desarrollo económico y social del país. En ese sentido, partiendo de la premisa de que la Nación es la titular de los derechos de propiedad del subsuelo en los términos del artículo 332 Superior para la exploración y explotación de los recursos y riquezas naturales no renovables, lo que se impone en casos como estos es la necesidad de armonizar tal atribución con el ejercicio de los derechos de las entidades territoriales referentes al uso y reglamentación del suelo, especialmente cuando se riñe con la preservación del medio ambiente, los recursos naturales y, en general, los intereses de los pobladores de la correspondiente jurisdicción territorial.

Además, no hay que perder de vista que los planes de ordenamiento territorial son el “instrumento básico” dirigido a orientar el desarrollo del territorio de la jurisdicción respectiva y regular la utilización, transformación y ocupación de espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas y culturales. En tal virtud, esta herramienta debe ser tenida en cuenta a la hora de consultarle a los respectivos pobladores acerca de la viabilidad de extraer los recursos naturales no renovables existentes en el subsuelo, toda vez que la misma contiene las condiciones en que se pueden aprovechar los beneficios de su territorio, como manifestación de la autonomía que la Constitución les ha conferido a las entidades territoriales para el efecto.

En el marco de un Estado unitario, los resultados de una consulta popular constituyen un factor adicional a tener en cuenta dentro del diálogo participativo que debe existir entre los ciudadanos y las autoridades de los órdenes territorial y nacional, para efectos de establecer, específicamente, aquellas medidas que faciliten el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales no renovables; constituyéndose entonces en una manifestación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad que rigen las relaciones entre los diferentes niveles de la Administración Pública […]”.

En este contexto, se ha de negar el amparo que se solicita, debido a que, se reitera, no hubo desconocimiento del precedente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR el amparo constitucional solicitado por el señor Dubán Esteban Castaño Jiménez.

SEGUNDO: De no ser impugnado el presente fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

TERCERO: Una vez ejecutoriado el presente proveído devolver el original del expediente correspondiente a la consulta popular radicado bajo el número 050012333000201702982 al Tribunal Administrativo de Antioquia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

Rafael Darío Restrepo Quijano.
Magistrado Ponente Fabio Morón Diaz.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
Consejero Ponente, Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Titiribí, Antioquia se desarrollen proyectos y actividades de minería de metales y sus derivados?
T-102 de 25 de febrero de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
T-292 de 6 de abril de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Vargas.
Texto tomado de la sentencia de 27 de noviembre de 2015, proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
Consejero Ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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