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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02621-01

Acción de tutela contra auto que resuelve incidente de desacato

Fecha
18 de julio de 2018
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto
Citada por
10 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2017-02621-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVÓCASE el ordinal segundo de la sentencia de 27 de noviembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. En su lugar, Segundo.- AMPÁRASE el derecho a la igualdad del señor Jorge Luis Ramírez Aragón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Tercero.- DÉJASE SIN EFECTOS las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, de 2 de agosto y 19 de septiembre de 2017, que resolvieron sobre la inaplicación de la sanción impuesta al actor, en calidad de director general del INPEC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Cuarto.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, dicte nueva providencia en la que tenga en cuenta el precedente judicial aquí referenciado. Quinto.- CONFÍRMASE en lo demás el fallo impugnado. Sexto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2017-02621-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

18 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTO QUE RESUELVE INCIDENTE DE DESACATO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / INAPLICACIÓN DE LA SANCIÓN POR DESACATO CUANDO SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DE TUTELA

[L]a Sala encuentra que tanto la Corte Constitucional como la Corte suprema de Justicia y el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, han establecido que, a pesar de haberse sancionado por desacato, el encargado de cumplir la orden de tutela puede evitar que la sanción se haga efectiva si demuestra que cumplió cabalmente las órdenes de tutela. En otras palabras, si se comprueba el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela, ya sea durante el curso del incidente de desacato o incluso después de decidido el grado de consulta, habrá lugar a inaplicar la sanción. En ese caso, corresponderá al juez de conocimiento informar del levantamiento de la sanción a las autoridades encargadas de la ejecución de la misma para que terminen el procedimiento. Sobre la base de lo expuesto, se comprueba, entonces, que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, al proferir los autos objeto de reproche constitucional inobservó el precedente judicial en relación con la inaplicación de la sanción por desacato ante el cumplimiento de la orden de tutela, ya sea que éste se acredite en el trámite del incidente o después de impuesta la sanción, razón por la cual hay lugar a revocar en ese punto la providencia impugnada y, en su lugar, acceder al amparo solicitado, pues como se indicó en precedencia el director del INPEC a través de la Resolución Nº 902760 de 5 de julio de 2016, ordenó el traslado del privado de la libertad [J.C.B.R] del complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Paz, municipio de Itagüí, Antioquia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-02621-01(AC)

Actor: JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de 27 de noviembre de 2017, en la que la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado i) rechazó por improcedente la solicitud de amparo respecto del auto cuestionado de 7 de abril de 2016, por no cumplir con el requisito de inmediatez y ii) negó las demás pretensiones de la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Del expediente, se destaca la siguiente información relevante:

Relató que la señora Leidy Daniela Rendón Becerra, en representación de su menor hijo Bayron Camilo Bermúdez Rendón y como agente oficiosa de su compañero permanente Camilo Bermúdez Ramírez, instauró acción de tutela contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la dignidad humana y la familia.

En esa oportunidad, la compañera permanente del recluso solicitó su traslado de Bogotá a un establecimiento carcelario ubicado en la ciudad de Medellín o cercano al municipio de Angelópolis, Antioquia, porque su núcleo familiar reside en ese ente territorial.

Precisó que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, en sentencia de 9 de octubre de 2015, accedió al amparo solicitado y, en consecuencia, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, en adelante INPEC, que estudiara la solicitud de traslado y respondiera la petición elevada por la parte actora al respecto.

Afirmó que mediante Oficio Nº 81001-GASUP-9872 de 19 de noviembre de 2015, el INPEC dio respuesta a la petición elevada por el recluso “muy a pesar que en el aplicativo GESDOC no reposa solicitud efectuada por la señora Leidy Daniela Rendón Becerra”, con lo cual, consideró que la decisión judicial se había cumplido. No obstante, agregó que la compañera permanente del privado de la libertad inició incidente de desacato, trámite judicial en el que el director del INPEC fue sancionado con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en razón al incumplimiento del fallo de tutela.

Sostuvo que, previo a adelantar las gestiones administrativas, logísticas, operativas y de seguridad, el INPEC mediante Resolución Nº 902760 de 5 de julio de 2016, trasladó al interno Bermúdez Ramírez al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de La Paz ubicado en Itagüí, Antioquia.

En su concepto, la entidad en ningún momento demostró rebeldía para cumplir el fallo de tutela, por el contrario lo cumplió más allá de lo ordenado ya que efectuó el traslado del recluso con el fin de materializar el derecho a la unidad familiar. En tal virtud, mediante sendos memoriales solicitó al Tribunal accionado que la sanción por desacato impuesta fuese inaplicada, empero la autoridad judicial mediante auto interlocutorio de 2 de agosto de 2017, negó lo peticionado bajo el argumento de que “la entidad encargada de cumplir la orden solo logró acreditar el cumplimiento el 27 de mayo de 2016 cuando ya el Consejo de Estado había confirmado la sanción y que de acuerdo a una decisión de la Honorable Corte Constitucional las sanciones que se derivan de un incidente de desacato sólo pueden quedar sin efectos como consecuencia del grado jurisdiccional del consulta, o en forma excepcional de una decisión de tutela”.

Contra la anterior decisión, adujo, se interpuso la reposición correspondiente, la cual fue decidida de manera negativa mediante proveído de 19 de septiembre de 2017.

Con base en lo anterior, a través de apoderado judicial, el director general del INPEC interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, en relación con los autos que negaron la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato, así como contra el proveído que impuso la sanción de multa de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes porque, en su sentir, dichas decisiones incurren en “vías de hecho”.

2. Fundamentos de la acción

A juicio de la parte actora, las decisiones judiciales adoptadas en el trámite incidental de desacato desconocen los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción e igualdad, así como los principios de legalidad y prevalencia del derecho sustancial por incurrir en desconocimiento de precedente judicial y defecto fáctico.

En relación con el desconocimiento de precedente, aseveró que el mismo se configuró porque el Tribunal accionado lo sancionó sin realizar el juicio de responsabilidad que exige la Corte Constitucional para aplicar las sanciones establecidas en incidentes de desacato, y por acudir al criterio de responsabilidad objetiva, contrariando, entre otras, las sentencias T-763 de 1998 y T-171 de 2009.

Asimismo, indicó que no se tuvo en cuenta la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, según la cual cuando se demuestre el cumplimiento de la orden judicial de tutela así sea de manera extemporánea o incluso después del auto que resuelve el grado jurisdiccional de consulta, es posible levantar las sanciones respectivas.

En lo que tiene que ver con el defecto fáctico sostuvo que el mismo se configura porque no fueron tenidas en cuenta las pruebas que acreditaban las gestiones que adelantó la entidad para dar cumplimiento al fallo de tutela.

Agregó que si bien la autoridad judicial accionada resolvió algunas de las innumerables solicitudes de cumplimiento de la decisión judicial e inaplicación de la sanción y levantamiento de la multa, “no ha resuelto sobre el cumplimiento de la decisión” lo que, en su sentir, afecta gravemente su patrimonio con ocasión al embargo que se puede efectuar sobre sus cuentas bancarias, a pesar de que existen en el expediente pruebas fehacientes que soportan el acatamiento efectivo del fallo de tutela.

3. Pretensiones

La parte actora expresó como pretensiones de la acción de tutela las siguientes:

“1.- Se declare que LA INAPLICACIÓN DE LA SANCIÓN IMPUESTA al Señor Brigadier General JORGE LUIS RAMÍREZ ARAGÓN dentro del trámite incidental adelantado por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA PRIMERA DE ORALIDAD, como quiera (sic.) que constituye una VÍA DE HECHO, y que por ende, vulnera los derechos fundamentales al Debido Proceso, Derecho de Defensa y Contradicción, así como el de la Igualdad, el Principio de Legalidad y de la Prevalencia del Derecho Sustancial.

2.- DECLARAR el CUMPLIMIENTO DE LA DECISIÓN JUDICIAL proferida el nueve (09) de octubre de dos mil quince (2015) por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA PRIMERA DE ORALIDAD M.P. JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ, debido a que se desplegaron las actuaciones correspondientes respecto a la solicitud de TRASLADO, la cual tuvo respuesta a través de Oficio 81001-GASUP-9872 de 19 de noviembre de 2015 suscrito por la COORDINADORA DEL GRUPO DE ASUNTOS PENITENCIARIOS – INPEC – GLORIA ESPERANZA MALDONADO y la resolución 902760 de 5 de julio de 2016, con la cual se materializó el TRASLADO del privado de la libertad a un Establecimiento Carcelario, cercano al lugar de su familia como es el ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE LA PAZ del Municipio de Itagüí – Antioquia.

3.- ORDENAR el archivo del incidente de desacato.

XI.- PETICIÓN ESPECIAL

Respetuosamente solicito al Juez Constitucional de conocimiento que mientras se surte el trámite de tutela se suspenda los efectos del AUTO de fecha siete (07) de abril de dos mil dieciséis (2016) proferido por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA PRIMERA DE ORALIDAD, que resolvió el incidente de desacato y que impuso SANCIÓN de MULTA DE DOS (2) SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES, como mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable, como quiera que se dan todas las condiciones legales para ello”.

4. Pruebas relevantes

• Copia del auto de 7 de abril de 2016, por medio del cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, declaró que el brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón, en su calidad de director del INPEC, incurrió en desacato en razón del incumplimiento del fallo de tutela proferido por el Tribunal mencionado el 9 de octubre de 2015 y, en consecuencia, lo sancionó con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes (folios 46 a 48, cuaderno trámite incidental de desacato).

• Copia del proveído de 23 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción por desacato impuesta al director del INPEC (folios 54 a 60, cuaderno trámite incidental de desacato).

• Copia del auto de 2 de agosto de 2017, emanado del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que negó la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato (folio 134, cuaderno trámite incidental de desacato).

• Copia del auto de 19 de septiembre de 2017, a través del cual el Tribunal accionado resolvió de manera negativa el recurso de reposición interpuesto contra la decisión anterior (folios 49 y 50, cuaderno trámite incidental de desacato).

• Copia de la Resolución Nº 902760 de 5 de julio de 2016, por medio de la cual el director del INPEC ordenó el traslado del interno Juan Camilo Bermúdez Rendón del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Paz, municipio de Itagüí, Antioquia (folio 24).

5. Oposición

5.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Quinta

La Consejera ponente de la decisión objeto de la acción de tutela mediante informe radicado ante la Secretaría General del Consejo de Estado el 23 de octubre de 2017, solicitó que el recurso de amparo fuera declarado improcedente porque no cumple con el requisito de inmediatez en relación con las providencias de 7 de abril de 2016 y 23 de mayo de 2016, proferidas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad y la Sección Quinta de esa Corporación judicial, respectivamente, que sancionaron al actor por incurrir en desacato.

No obstante, aseveró que la decisión que resolvió el grado de consulta fue proferida conforme a derecho y en atención al principio de razón suficiente porque “no obstante los requerimientos efectuados por el juez de tutela, para que se diera alcance a la orden que impartió para proteger los derechos del menor accionante, el INPEC, a través de su Director solo inició las actuaciones encaminadas al cumplimiento del fallo el 19 de noviembre de 2015, con la elaboración de la comunicación 81001-GASUO, en la que le informaba al interno que no se había encontrado la petición de la señora Laidy Daniela Rendón Becerra y que el traslado solicitado resultaba improcedente por el hacinamiento que presentaban los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios de Tibiribí, Armenia e Itagüí”.

En relación con las demás providencias censuradas, las cuales fueron dictadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, advirtió que las mismas no fueron conocidas ni revisadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a lo que agregó que la parte actora no agotó los recursos ordinarios correspondientes.

5.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, guardó silencio.

6. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, mediante sentencia de 27 de noviembre de 2017, i) rechazó por improcedente la acción de tutela respecto de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 7 de abril de 2016, por falta del requisito de inmediatez y ii) negó el amparo constitucional relacionado con los autos que desestimaron la solicitud de levantamiento de la sanción por desacato impuesta al accionante.

Señaló que el desacuerdo con la interpretación y consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto deben ser respetados por el juez constitucional, a quien no le es dable desconocer la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus competencias, pues ello solo es posible cuando se evidencia la vulneración de derechos fundamentales, situación que, a juicio del a quo, no se configuró, a lo que agregó que no es posible por vía de tutela plantear un debate legal como si se tratara de un recurso o una instancia adicional.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte actora impugnó la decisión anterior, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en la acción de amparo. En su concepto, el fallador de primera instancia no analizó los argumentos que sustentan la vulneración de los derechos fundamentales reclamados porque no planteó el problema jurídico en forma acertada ni motivó la decisión.

Aseveró que en el expediente obran varios memoriales que demuestran el cumplimiento de la orden de tutela, empero el Tribunal accionado no los tuvo en cuenta para levantar la sanción por desacato impuesta. Sobre este punto afirmó que “muy a pesar que el fallo se cumplió a través del Oficio 81001-GASUP 9872 del 19 de noviembre de 2015 en fecha anterior a la decisión de desacato que tiene como data el siete (7) de abril de dos mil dieciséis (2016), solo vino a resolverse en este año, es decir, el dos (02) de agosto de dos mil diecisiete (2017). Y tal y como se evidencia en el Auto Interlocutorio No. 485 el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, decide resolver todos los memoriales presentados y que vienen desde el año 2015, luego de la injusta sanción que se impuso al Señor General Jorge Luis Ramírez Aragón”.

Precisó que no existió descuido, negligencia o abandono, y menos inobservancia del requisito de inmediatez para la interposición de la acción de tutela, ya que la última decisión atacada fue proferida el 2 de agosto de 2017, a lo que agregó que el juez de primera instancia tampoco analizó la línea jurisprudencial constitucional relativa a las finalidades de la sanción por desacato.

Aseveró que la sanción por desacato puede inaplicarse siempre que se haya cumplido la decisión de tutela. Además, sostuvo que no fue notificado en debida forma dentro del trámite incidental ni del proveído que lo sancionó, por lo cual consideró que debe rehacerse todo el proceso.

Manifestó que si bien sobrevino una sanción por desacato, la cual fue confirmada, ese hecho no es suficiente para que el Tribunal accionado se resista a valorar las pruebas e inaplicar la sanción, pues, a su juicio, ello implica estar en contravía con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia según la cual “cuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, así sea extemporáneamente e incluso después de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis de que es del caso levantar las sanciones respectivas”.

Finalmente, puso de presente que a pesar de que en el escrito de tutela solicitó una medida provisional la cual denominó “PETICIÓN ESPECIAL”, el a quo en el auto admisorio de la acción de tutela ni el fallo de primera instancia se pronunció al respecto, por lo que debe rehacerse todo el trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno, la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de impugnación.

2. Cuestión previa

El apoderado del actor en el escrito de impugnación, además de cuestionar la sentencia de primera instancia que fue contraria a sus intereses, solicitó la nulidad de la actuación porque no fue resuelta la medida provisional solicitada en el libelo introductorio.

El juez a quo mediante auto de 13 de diciembre de 2017, concedió la impugnación sin pronunciarse sobre la nulidad propuesta. De manera que, previo a analizar las inconformidades planteadas frente a la providencia impugnada, debe resolverse este asunto, en el siguiente orden:

En cuanto a las nulidades procesales, el artículo 133 del Código General del Proceso preceptúa:

“CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes casos:

1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.

2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia.

3. Cuando se adelanta después de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda antes de la oportunidad debida.

4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder.

5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria.

6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o descorrer su traslado.

7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de conclusión o la sustentación del recurso de apelación.

8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado.

Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.

PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este código establece”. (Negrilla fuera de texto)

De conformidad con la norma transcrita, es posible concluir que la solicitud de nulidad planteada no se encuentra dentro de las causales establecidas en el Código General del Proceso, razón por la cual la misma no es procedente. En ese sentido, no es de recibo la nulidad propuesta.

Si bien, no pronunciarse sobre la medida provisional solicitada implica una irregularidad procesal, la misma, en este caso, no constituye una nulidad que invalide lo actuado.

3. Planteamiento del problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el escrito de impugnación, le corresponde a la Sala establecer si le asiste razón al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, al i) declarar improcedente la acción de tutela por considerar que una de las providencias atacadas no cumplió con el requisito de la inmediatez y ii) negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por el actor, respecto de los autos dictados por la autoridad judicial accionada que negaron el levantamiento de la sanción por desacato o si, por el contrario, debe revocarse al considerar que se han vulnerado sus garantías fundamentales, y que dichas providencias incurrieron en los yerros endilgados (fáctico y desconocimiento de precedente).

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

4.1. El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta corporación judicial en la sentencia de unificación emanada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental. En aquél entonces, este tribunal dijo:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. En consecuencia, en la parte resolutiva, se declarará la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales”.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser cuidadosamente verificados, son: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada; c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y f. Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los siguientes: a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado e i. Violación directa de la Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y de la Corte Constitucional.

4.2. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas al interior de un incidente de desacato

En cuanto a la procedencia de la acción de tutela contra decisiones adoptadas al interior del trámite incidental de desacato la jurisprudencia Constitucional ha manifestado que por tratarse de un acto jurisdiccional en sí mismo considerado, no se descarta que los jueces que lo profieran puedan incurrir en uno o varios de los defectos previstos por la jurisprudencia, y que por ende, sean susceptibles de acción de tutela.

En todo caso, el Juez de tutela que decida sobre la procedencia y prosperidad de la acción contra decisiones proferidas durante el citado trámite incidental, no podrá reabrir el debate constitucional dado con ocasión de la acción de tutela anterior; esto, por cuanto su análisis se encuentra limitado a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del actor como consecuencia de las decisiones proferidas durante el trámite de desacato en comento.

Aunado a lo anterior, el Tribunal Constitucional mediante sentencia SU-627 de 2015, unificó la jurisprudencia frente a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias de la misma naturaleza o actuaciones surtidas en dichos procesos.

En esa providencia explicó que para determinar la procedencia del recurso de amparo se debe establecer si la solicitud de amparo se dirige contra el fallo de tutela o contra alguna actuación previa o posterior a la sentencia, de la siguiente manera:

Si la solicitud de amparo se dirige contra una sentencia dictada por la Corte Constitucional no es procedente en ningún caso. En cambio, si el fallo de tutela lo dictó otro juez de la República, la acción de tutela será procedente, siempre que, además de cumplirse los requisitos de procedencia contra providencias judiciales, se demuestre que: «(i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».

Por otro lado, si la solicitud de amparo se dirige contra actuaciones del procedimiento de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si las actuaciones que se cuestionan ocurrieron antes o después de dictarse el fallo, pues si ocurrieron con anterioridad «y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión». Sin embargo, si las actuaciones son posteriores a la providencia «y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional».

En esos términos se acepta, en casos puntuales, la procedencia de la solicitud de amparo contra sentencias de tutela o actuaciones dictadas en procesos de la misma naturaleza.

5. Estudio y solución del caso concreto

Previo a abordar el estudio de fondo respecto de la providencia impugnada, corresponde al juez constitucional constatar los presupuestos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, desarrollados en el acápite considerativo de esta providencia, los cuales materializan el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela para controvertir decisiones judiciales y garantizan que no se desconozcan los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial y seguridad jurídica.

Para abordar este estudio, la Sala considera necesario separar las circunstancias objeto de reproche constitucional, dado que el asunto puesto a consideración presenta varias actuaciones procesales.

5.1. Trámite que se adelantó frente al incidente de desacato por el incumplimiento de la sentencia de tutela de 9 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad

En este punto, encuentra la Sala que en el escrito de tutela se reprochó la decisión de 7 de abril de 2016, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, resolvió declarar en desacato al director del INPEC, en razón a no haber cumplido el fallo de tutela de 9 de octubre de 2015 y, como consecuencia de ello, lo sancionó con multa equivalente a dos (2) salarios mínimos.

Sobre esa decisión se surtió el trámite jurisdiccional de consulta, asunto que correspondió por reparto a la Sección Quinta de esta Corporación, autoridad judicial que mediante auto de 23 de mayo de 2016, confirmó la sanción impuesta. Ese proveído, de conformidad con la constancia secretarial de 7 de julio de 2016 expedida por la Secretaría General del Consejo de Estado, fue notificado al director del INPEC el 26 de mayo y 21 de junio de 2016.

Sobre la base de lo expuesto, la Sala encuentra que no se cumple el requisito de la inmediatez pues la acción de tutela fue promovida el 5 de octubre de 2017, esto es, un año y cuatro meses después de la notificación del auto que resolvió la consulta del desacato. En consecuencia, frente al cargo de la tutela dirigido en contra de esas providencias, como de manera acertada lo estableció el a quo, la acción de tutela resulta improcedente.

5.2. Cargo dirigido contra los autos de 2 de agosto y 19 de septiembre de 2017, mediante los cuales el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, negó la solicitud de inaplicación o levantamiento de la sanción por desacato

La Sala encuentra que en relación con ese punto, el caso bajo estudio cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias dictadas en el trámite de incidentes de desacato, en especial el referido a la inmediatez ya que la solicitud de amparo fue interpuesta el 5 de octubre de 2017, es decir, aproximadamente 16 días después de la notificación de los autos de 2 de agosto y 19 de septiembre de 2017 y, por ende, hay lugar a estudiar el fondo el asunto, en el siguiente orden:

En el sub lite, la parte actora controvierte las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que negaron la solicitud de levantamiento de la sanción impuesta al director del INPEC dentro del trámite incidental de desacato consistente en multa equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Sala observa que la señora Leidy Daniela Rendón Becerra, en representación de su menor hijo Bayron Camilo Bermúdez Rendón y como agente oficiosa de su compañero permanente Camilo Bermúdez Ramírez, instauró acción de tutela contra el INPEC, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la dignidad humana y la familia al no haber dado trámite a la solicitud de traslado de su compañero permanente de la ciudad de Bogotá a un establecimiento carcelario ubicado en la ciudad de Medellín o cercano al municipio de Angelópolis, Antioquia.

Ese asunto fue decidido de manera favorable por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, en sentencia de 9 de octubre de 2015, en la cual ordenó al director del INPEC que estudiara la solicitud de traslado a una cárcel de la ciudad de Medellín o a un lugar más cercano al municipio de Angelópolis, Antioquia, teniendo en cuenta los derechos fundamentales del menor Bayron Camilo Bermúdez Rendón y, en tal sentido, diera respuesta de fondo a esa petición dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del fallo.

Teniendo en cuenta que esa decisión no fue cumplida, la señora Leidy Daniela Rendón Becerra presentó incidente de desacato, el cual fue decidido de manera favorable por el Tribunal accionado mediante proveído de 7 de abril de 2016, que declaró el incumplimiento del fallo e impuso la sanción correspondiente.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del grado jurisdiccional de consulta (auto de 23 de mayo de 2016), confirmó la sanción impuesta porque “en la respuesta no se incluyó pronunciamiento alguno en relación con la posibilidad de traslado del interno a un centro carcelario en la ciudad de Medellín, no obstante que ello se incluyó expresamente en la orden de tutela ni se buscó solución encaminada a la protección de la dignidad humana, la familia y los derechos fundamentales del menor Bayron Camilo Bermúdez Rendón que el juez de tutela le ordenó tener en cuenta al momento de tomar la decisión. Tampoco se allegó constancia de que la comunicación hubiera sido remitida al interno y fuera efectivamente conocida por este (…)”.

Con el fin de dar cumplimiento al fallo de tutela, el director del INPEC, mediante Resolución Nº 902760 de 5 de julio de 2016, ordenó el traslado del privado de la libertad Juan Camilo Bermúdez Ramírez del complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Paz, municipio de Itagüí, Antioquia.

En tal virtud, la entidad actora mediante sendos memoriales (8120-OFAJU-81204-GRUTU-55 DBMM de 27 de mayo de 2016, 8120-OFAJU-81204-GRUTU-0007 de 6 de junio de 2016, 8120-OFAJU-81204-GRUTU-6223 del 21 de septiembre de 2016, 8120-OFAJU-81204-GRUTU-006927 de 21 de abril de 2017, 8120-OFAJU-81204-GRUTU-009501 de 1º de junio de 2017, entre otros), solicitó al Tribunal Administrativo de Antioquia la inaplicación o levantamiento de la sanción por desacato, en razón a que acreditó el cumplimiento del fallo de tutela proferido el 9 de octubre de 2015.

No obstante, el Tribunal accionado mediante auto interlocutorio de 2 de agosto de 2017, negó lo peticionado porque “pese a que el fallo de tutela es de octubre del año 2015, la autoridad encargada de cumplir la orden, solo logró acreditar el cumplimiento, el 27 de mayo de 2016, cuando ya el Consejo de Estado había confirmado la sanción”. De esto modo, y en atención a la jurisprudencia constitucional, la autoridad judicial accionada consideró que el juez que impuso la sanción no está autorizado para dejar sin efectos la misma.

Contra esa decisión fue interpuesta la reposición correspondiente, la cual fue decidida en auto de 19 de septiembre de 2017, por medio del cual el Tribunal accionado dispuso no reponer el auto que negó la solicitud de levantamiento de sanción por desacato, por cuanto la providencia que impuso la sanción se encuentra debidamente ejecutoriada y no puede dejarse sin efectos.

De conformidad con lo antes expuesto, observa la Sala que las inconformidades planteadas por el actor respecto de los autos de 2 de agosto y 19 de septiembre de 2017, que negaron la inaplicación de la sanción por desacato giran en torno a que dichas decisiones adolecen de los defectos fáctico y desconocimiento de precedente por cuanto si bien la Sección Quinta del Consejo de Estado, en el grado jurisdiccional de consulta, confirmó la sanción por desacato, con posteridad a ello acreditó el cumplimiento de la sentencia de tutela, rezón suficiente para que la autoridad judicial accionada levantara la sanción conforme a la jurisprudencia que existe sobre la materia.

Al respecto, es preciso señalar que las órdenes que profiere el juez de tutela como medidas tendientes a proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados son de estricto e inmediato cumplimiento por parte de los funcionarios públicos o por los particulares, según el caso. Para que los mandatos sean cumplidos cabal y oportunamente, la ley contempla mecanismos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, la sanción de los responsables del desacato. Esos mecanismos son la orden de cumplimiento del fallo y el desacato.

Cuando se ejerce la solicitud de cumplimiento, el juez debe determinar si el destinatario de la orden cumplió de forma oportuna y completa. Y, si existe incumplimiento, deberá agotar todos los mecanismos necesarios para restablecer el derecho violado o eliminar las causas de la amenaza.

Por su parte, el desacato, por tener un fin sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del funcionario o funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes dadas en el fallo de tutela. Ahí sí juegan un papel importante todos los elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y modalidad de culpa o negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera

Ahora, la sanción por desacato es sólo una consecuencia posible del incumplimiento del fallo y, en todo caso, tiene como objetivo que se acate la orden impuesta mediante fallo de tutela, con el único propósito de salvaguardar los derechos fundamentales del interesado. En los mismos términos, la Corte Constitucional explicó que «el objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el juez de amparo para la efectiva protección de los derechos fundamentales reclamados por los tutelantes, por lo cual se diferencia de las sanciones penales que pudieran ser impuestas».

Específicamente, frente a la posibilidad de evitar la sanción por desacato o que no se haga efectiva, la Corte Constitucional en la sentencia T-421 de 2003, sostuvo:

(…) la imposición de una sanción dentro del incidente puede implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando”. (Negrillas fuera del texto).

En la misma línea se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, en las sentencias de 31 de octubre de 2013, expediente Nº 5000122130002013-00393-01 y 13 de diciembre del mismo año, expediente Nº 1100102030002013-02894-00, las cuales fueron citadas como desconocidas por la parte actora en el escrito de tutela. Esa Corporación Judicial ha sostenido que “cuando se observa el cabal cumplimiento de la orden de tutela, así sea extemporáneamente e incluso después de decidida la consulta, la Corte ha prohijado la tesis de que es del caso levantar las sanciones respectivas”.

El Consejo de Estado, a su turno, en sentencia de tutela del 19 de mayo de 2016, explicó:

En tal medida, lo propio sería que el a quo de tutela, disponga lo pertinente para evitar que se haga efectiva la sanción por desacato, aun cuando el acatamiento de las ordenes tutelares se acredite con posterioridad a la culminación del trámite incidental –incluido el grado jurisdiccional de consulta–. Así lo han concluido también otras secciones de esta Corporación.
En ese orden de cosas, considerando que sería impropio concluir que debe ser revocada la sanción por desacato, en la medida en que su declaración presupone una labor autónoma del juzgador, a la luz de los postulados constitucionales y de la nueva evidencia que demuestre el posterior cumplimiento por parte de la entidad tutelada, se impone que el conductor del trámite incidental, a estas alturas, declare la inaplicación de la sanción, aun cuando su imposición hubiese estado justificada; y de tal suerte, así lo haga saber a los encargados de su ejecución.

Ello se explica también en que el desacato es un instrumento persuasivo para el cumplimiento de la orden de amparo, mas no una herramienta de carácter punitivo, por tanto, al desaparecer los supuestos que dieron lugar a ella, resulta incoherente mantener la vigencia de sus efectos en el orden jurídico (resalta la Sala).

A partir de lo anterior, la Sala encuentra que tanto la Corte Constitucional como la Corte suprema de Justicia y el Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, han establecido que, a pesar de haberse sancionado por desacato, el encargado de cumplir la orden de tutela puede evitar que la sanción se haga efectiva si demuestra que cumplió cabalmente las órdenes de tutela. En otras palabras, si se comprueba el cumplimiento de la orden impartida en el fallo de tutela, ya sea durante el curso del incidente de desacato o incluso después de decidido el grado de consulta, habrá lugar a inaplicar la sanción. En ese caso, corresponderá al juez de conocimiento informar del levantamiento de la sanción a las autoridades encargadas de la ejecución de la misma para que terminen el procedimiento.

Sobre la base de lo expuesto, se comprueba, entonces, que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, al proferir los autos objeto de reproche constitucional inobservó el precedente judicial en relación con la inaplicación de la sanción por desacato ante el cumplimiento de la orden de tutela, ya sea que éste se acredite en el trámite del incidente o después de impuesta la sanción, razón por la cual hay lugar a revocar en ese punto la providencia impugnada y, en su lugar, acceder al amparo solicitado, pues como se indicó en precedencia el director del INPEC a través de la Resolución Nº 902760 de 5 de julio de 2016, ordenó el traslado del privado de la libertad Juan Camilo Bermúdez Ramírez del complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de la Paz, municipio de Itagüí, Antioquia.

6. Razón de la decisión

La Sala revocará el ordinal segundo de la providencia de primera instancia que desestimó el amparo de tutela solicitado por el señor Jorge Luis Ramírez Aragón respecto de las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia en las providencias de 2 de agosto y 19 de septiembre de 2017, de negar el levantamiento de la sanción que se le impuso por el desacato a la orden que se impartió en su contra en el fallo de 9 de octubre de 2015 y, en su lugar, se amparará el derecho a la igualdad del accionante. En consecuencia, se dejarán sin efectos los autos de 2 de agosto y 19 de septiembre de 2017, proferidos por la autoridad judicial demandada que negaron el levantamiento de la sanción y, en consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, dicte una nueva decisión en la que tenga en cuenta el precedente judicial aquí reseñado. En lo demás, se confirmará el fallo impugnado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVÓCASE el ordinal segundo de la sentencia de 27 de noviembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”. En su lugar,

Segundo.- AMPÁRASE el derecho a la igualdad del señor Jorge Luis Ramírez Aragón, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero.- DÉJASE SIN EFECTOS las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, de 2 de agosto y 19 de septiembre de 2017, que resolvieron sobre la inaplicación de la sanción impuesta al actor, en calidad de director general del INPEC, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cuarto.- ORDÉNASE al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Oralidad, que en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, dicte nueva providencia en la que tenga en cuenta el precedente judicial aquí referenciado.

Quinto.- CONFÍRMASE en lo demás el fallo impugnado.

Sexto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Séptimo.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Cópiese, notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
Consejero

Corte Suprema de Justicia, sentencia de 31 de octubre de 2013, exp. 00393-01, providencia de 23 de diciembre de 2013, exp. 02894-00 y proveído de 14 de marzo de 2014, exp. STC3173-2014. Folio 8. Folios 76 y 77. Autos de 2 de agosto y 19 de septiembre de 2017. Folios 81 a 88. Folios 95 a 105. Corte Suprema de Justicia, sentencia de 31 de octubre de 2013, exp. 00393-01, providencia de 23 de diciembre de 2013, exp. 02894-00 y proveído de 14 de marzo de 2014, exp. STC3173-2014. Folio 107. Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972. Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968. Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras. Corte Constitucional, sentencia T-583/09. Folios 46 a 48, cuaderno del trámite incidental de desacato. Folios 54 a 60, cuaderno del trámite incidental de desacato. Folio 93, cuaderno del trámite incidental de desacato. Folio 1. Folios 25 a 30 de cuaderno de instancia. Folios 54 a 60, cuaderno del trámite incidental de desacato. Folio 24. Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. Artículo 52 del Decreto 2592 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. Al respecto, ver, entre otras, la providencia del 6 de noviembre de 2014. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Expediente: 47001-23-33-000-2014-00054-01, en el que claramente se aludió al cumplimiento y al desacato de las órdenes de tutela. Sentencia T-1113 de 2005. Expediente 11001-03-15-000-2016-00873-00. Cfr. Sección Primera, C. P. María Elizabeth García González, 24 de septiembre de 2015, exp. No. 11001-03-15-000-2015-00542-01(AC); Sección Segunda, Subsección “B”, C. P. Gerardo Arenas Monsalve, 20 de febrero de 2014, exp. No. 25000-23-42-000-2013-06071-01(AC). Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-421 de 2003 y T-010 de 2012. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso No. 11001-03-15-000-2016-01295-01 (C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; octubre 3 de 2016) y Consejo de Estado.

Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso No. 11001-03-15-000-2017-01342-00 (C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; agosto 17 de 2017.

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