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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03351-00

Acción de tutela contra providencia judicial: ampara el derecho al debido proceso

Fecha
15 de febrero de 2018
Consejero ponente
Carlos Enrique Moreno Rubio
Citada por
24 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03351-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Niégase las solicitudes de desvinculación propuestas por la Alcaldía Municipal de Pereira - Secretaría de Educación. SEGUNDO: Ampárase el derecho fundamental al debido proceso de la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco vulnerado por el Tribunal Administrativo de Risaralda y déjese sin efecto la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 30 de octubre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Risaralda que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera un nuevo fallo de segunda instancia de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: Si no fuese impugnado este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria (art. 31 del Decreto 2591 de 1991).

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-03351-00

Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio

15 de febrero de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Ampara el derecho al debido proceso / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura ya que la decisión señalada como desconocida no fue proferida por un órgano de cierre / DEFECTO FÁCTICO - Se configura por indebida aplicación del régimen de transición pensional ya que le son aplicables las leyes especiales que cobijan a los docentes

[P]ara resolver el problema jurídico planteado en la presente providencia, la Sala advierte que por tratarse en el caso en concreto de una docente vinculada a la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira con anterioridad al 27 de junio de 2003 le es aplicable un régimen contemplado en la Ley 91 de 1989, la cual a su vez remite a la Ley 33 de 1985, en lo que concierne al reconocimiento de la pensión de jubilación. En ese orden de ideas, en este caso no resulta procedente aplicar el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha ley no le es aplicable a los docentes en virtud de las excepciones consagradas en su artículo 279, antes transcrito. (…). Esta precisión resulta fundamental para distinguir este caso de otros resueltos por la Sección en los cuales se ha discutido cómo liquidar el IBL a la luz del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que frente a este asunto existen posiciones divergentes entre las distintas Altas Cortes, las cuales resultan irrelevantes para el caso concreto, dado que –se itera– en el asunto sub judice no se discute si el IBL forma parte o no de dicho régimen de transición. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la sentencia atacada no sustentó en debida forma el cambio de postura, puesto que la misma se basó en el comunicado de prensa de la Corte Constitucional donde se anunciaba el sentido del fallo SU-395 de 2017, providencia que no es aplicable al caso en estudio. (…). Por lo tanto, debido a que a la demandante le es aplicable la Ley 33 de 1985 en atención a las leyes especiales que cobijan a los docentes, y no en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la providencia atacada desconoció la mencionada regla, dado que el Tribunal no accedió a reliquidar la pensión de jubilación de la [actora] con base en los factores salariales devengados en el último año, al negar las pretensiones de nulidad y restablecimiento dirigidas contra el acto que negó la solicitud de reliquidación por factores salariales no incluidos en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación a esta reconocida. En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Risaralda, al proferir la sentencia del 30 de octubre de 2017, desconoció el precedente sentado por el mismo Tribunal, basado en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, por lo que se ordenará amparar los derechos fundamentales de la [actora], sin una justificación razonable. Por todo lo expuesto, se dejará sin efecto dicho proveído y se ordenará al Tribunal demandado proferir una nueva sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. Frente a este asunto, la Sala reitera que no es posible realizar el estudio con base en el desconocimiento de una providencia que no constituye una decisión proferida por un órgano de cierre y, por tanto, no puede analizar el cargo propuesto.

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017 / LEY 91 DE 1989 / LEY 33 DE 1985 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 36 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 62 DE 1985

NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial cuando se vulneran derechos fundamentales, consultar: Consejo de Estado, sentencia del 31 de julio de 2012, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01(AC), C.P. María Elizabeth García González. En cuanto al ingreso base de liquidación de la pensión de vejez, consultar: Consejo de Estado, sentencia de 4 de agosto de 2010, exp. 25000232500020060750901, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03351-00(AC)

Actor: NORA DEL SOCORRO ESPINOSA VINASCO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Procede la Sala a resolver la solicitud presentada por la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco, a través de apoderado, y en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco interpuso acción de tutela el 7 de diciembre de 2017, con el fin de que se le protegieran los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la igualdad y seguridad jurídica, los cuales consideró vulnerados por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda, con ocasión de la decisión proferida por dicha autoridad judicial 30 de octubre de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 66001333375120150041701.

El proceso mencionado fue iniciado por la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio con la finalidad de que se decretara la nulidad de un acto administrativo que negaba el reconocimiento, liquidación y pago de los factores salariales, como prima de navidad y demás emolumentos que devengaba al momento de adquirir el estatus pensional que no le fueron tenidos en cuenta al conceder la prestación periódica.

En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

“(…) Con fundamento en lo anteriormente expuesto solicito:

1. Se amparen los derechos fundamentales principio de legalidad, al Debido Proceso, a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad de mi representada.

2. Se deje sin efectos ni valor alguno la providencia de fecha 30 de octubre de 2017, emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante el cual revoca la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira y ordena condenar en costas a la parte demandante.

3. Se ordene al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, revoque sentencia emitida en segunda instancia y en consecuencia proferir nuevo fallo de segunda instancia dentro del expediente de la referencia.

4. Se ordene al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira remitir el expediente al Tribunal Contencioso de Risaralda para lo de su conocimiento.”

La solicitud de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Señaló que trabajó al servicio de la Secretaría de Educación y mediante la Resolución 518 del 1 de septiembre de 2014 se le reconoció la pensión de vejez, pero se excluyeron los factores salariales devengados al momento de adquirir el estatus, como la prima de navidad.
Anotó que solicitó que se le revisara la liquidación de la pensión de vejez que le fue reconocida para que se incluyera la totalidad de los factores devengados, petición que fue negada mediante el acto administrativo 18633 del 14 de mayo de 2015, proferido por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Precisó que, con el objetivo de declarar la nulidad del acto administrativo mencionado, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, proceso que fue conocido, en primera instancia, por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión de Pereira, autoridad judicial que accedió a las pretensiones de la demanda mediante la sentencia del 28 de julio de 2016.

Mencionó que la parte accionada en el proceso ordinario apeló la decisión proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión de Pereira, recurso que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Risaralda mediante la sentencia del 30 de octubre de 2017.

Destacó que la decisión de la autoridad judicial demandada fue revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, puesto que consideró que, de conformidad con la sentencia SU-395 de 2017 de la Corte Constitucional, la liquidación del régimen de pensiones especiales no debía incluir todos los factores salariales y únicamente debía tenerse en cuenta aquellos frente a los cuales el trabajador haya hecho los correspondientes aportes a la seguridad social.

3. Fundamento de la petición

Explicó que la providencia del Tribunal de Risaralda se contradice toda vez que en otra sentencia proferida por ese mismo órgano judicial, del 29 de junio de 2017, radicación 66001333300420160011401, se expuso que, en virtud de la interpretación que la jurisprudencia del Consejo de Estado, los factores salariales fijados en la Ley 62 de 1985 deben ser entendidos como un principio general, en tanto no pueden asumirse como una relación taxativa de factores, que puede dar lugar a la exclusión de otros que por su naturaleza se deben tomar para establecer la base de la liquidación pensional.

Precisó que, por lo anterior, es claro que la autoridad judicial demandada conoce la reiterada jurisprudencia que el Consejo de Estado ha proferido sobre el tema objeto de estudio en el proceso ordinario y, por tanto, no se entiende cuáles son las razones para cambiar su postura de forma tan radical.

Indicó que en la misma providencia en cita, se sostuvo que cuando se trata de la liquidación de la pensión de jubilación de los servidores públicos amparados por la Ley 33 de 1985, es legítimo tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, esto es, las sumas percibidas por el trabajador de manera habitual y periódica, indistintamente a la denominación e independientemente de que se hubiera cotizado o no sobre dicho factor al sistema de seguridad social.

Aclaró que, tanto en el proceso objeto de esta acción de tutela como en la sentencia del 27 de septiembre de 2017, el mismo Tribunal demandado ha intentado sentar su postura en relación con la liquidación de la pensión, la cual se aparta de los precedentes del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que han considerado que: “en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.”

Señaló que la contradicción en la que incurre el Tribunal Administrativo de Risaralda es evidente, porque pese a que se afirma que la posición adoptada por el Consejo de Estado es otra, decide apartarse de dicho precedente con base en decisiones que no son aplicables al caso en estudio.

Citó la sentencia del 25 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la cual se decidió confirmar la decisión de declarar la nulidad de los actos demandados que negaron la reliquidación de las pensión de vejez en relación con la inclusión de todos los factores salariales percibidos por el trabajador durante el último año de servicio, esto con base en la sentencia del 4 de agosto de 2010 expedida por el Consejo de Estado.

Explicó que el tema puesto en consideración del Tribunal Administrativo de Risaralda ha sido suficientemente decantado por la jurisprudencia del Consejo de Estado y, por tanto, comete un error gravísimo al modificar su postura.

Mencionó como desconocidas las siguientes decisiones del Consejo de Estado:

1. Sentencia del 6 de septiembre de 2017, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, M.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro, expediente 11001031500020170189800.

2. Sentencia del 13 de septiembre de 2017, emitida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, M.P. Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, expediente 11001031500020170126700.

4. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante auto del 15 de diciembre de 2017 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Risaralda, como parte demandada; también dispuso comunicar la iniciación del proceso, en calidad de tercero con interés, al juez Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, ministro de Educación Nacional, al representante legal del Fondo Nacional de Prestaciones y al alcalde Municipal de Pereira.

Adicionalmente, se solicitó en calidad de préstamo el expediente 66001333375120150041701 correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

5. Argumentos de Defensa

5.1. Tribunal Administrativo de Risaralda

La magistrada ponente de la decisión atacada rindió el informe solicitado en los siguientes términos:

Sostuvo que la decisión atacada se basó en los criterios hermenéuticos de la normatividad aplicables, es decir, el análisis ponderado e integral de las disposiciones jurídicas y pronunciamientos jurisprudenciales, tanto de ese tribunal como del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, aplicables al caso concreto y al material probatorio allegado al expediente.

Indicó que la sentencia de primera instancia que accedió las pretensiones de la demanda fue revocada con base en el Acto Legislativo 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política y en el cual se estableció un límite en materia de inclusión de factores como ingreso base de liquidación de la mesada pensional, como quiera que la aludida norma constitucional dispuso en su artículo 1 que: “Para la liquidación de la pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado cotizaciones (…)”, tal como lo resaltó la Corte Constitucional en la sentencia de unificación 395 de 2017.

Explicó que en la providencia objeto de reparo se analizó, además, el carácter vinculante de la decisión aplicada y su obligatoriedad en razón de la publicación del comunicado de prensa y, por tanto, concluyó:

“(…) Por los razonamientos expuestos, esta Sala de Decisión viene recogiendo el criterio que ha sido aplicado a quienes pretendan la reliquidación de la pensión, en el sentido de reconocer todos los factores salariales devengados por el pensionado sin importar que sobre los mismos no se hubiere realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones, tal cual lo desarrolló el Consejo de Estado en la pluricitada sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, dando así, aplicación inmediata al precedente emitido por la Corte Constitucional, como interprete autorizada en este tipo de asunto, por lo que en aplicación de la mencionada sentencia de unificación SU 395 de 2017, consideró esta Sala de Decisión que la demandante solo podía beneficiarse, en el tema de factores salariales para el cómputo de su pensión de jubilación, de los que hubieren servido como base de aportes al sistema de seguridad social en pensiones, encontrando que, a la luz la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo 1º de la Ley 62 del mismo año, los factores salariales que constituyen la base de liquidación pensional en el caso concreto se circunscriben a la asignación básica, y no a los demás emolumentos certificados como devengados, por lo que resultó forzosa la revocatoria del reconocimiento efectuado en primera instancia.”

Solicitó, en consecuencia, que sea denegado el amparo de los derechos fundamentales invocados por la demandante al estar debidamente acreditado que la sentencia atacada no adolece de vicio alguno que haga preciso dejar sin efectos la misma.

5.2. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

El vicepresidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio rindió el informe solicitado con base en los siguientes argumentos:

Explicó que la presente acción de tutela es improcedente toda vez que la entidad actuó conforme a la normatividad establecida, sin que se pueda aducir que el juez haya desconocido los precedentes jurisprudenciales relacionados con el tema objeto de debate en el proceso ordinario.

Adujo que dentro del trámite judicial se observaron las garantías constitucionales y legales, pues el proceso se adelantó en debida forma y en atención a los procedimientos establecidos en la ley.

5.3. Alcaldía de Pereira

Mediante apoderado judicial, la Alcaldía Municipal de Pereira - Secretaría de Educación rindió el informe solicitado por el Despacho en los siguientes términos:

Explicó que el Decreto 2831 de 2005 establece el procedimiento para el reconocimiento de prestaciones sociales del magisterio y que, esta normatividad, fue cumplida al tenor literal por la entidad.

Recalcó que en dicho procedimiento la Secretaría de Educación en relación con el tema de otorgamiento de pensión de jubilación a docentes, es un intermediario entre el trabajador y la entidad que maneja los recursos.

Concluyó que, en el caso de la señora Espinosa Vinasco, cumplió sin omisiones ni extralimitaciones lo determinado en el Decreto 2831 de 2005 para el reconocimiento de la pensión de jubilación de la demandante.

Solicitó que se le desvinculara del trámite por las razones expuestas.

5.4. Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Pereira

Remitió el expediente en préstamo a través de mensaje de datos y se envió por correo certificado la copia de la audiencia inicial y de conciliación en dos discos compactos.

5.5. Ministerio de Educación Nacional

El Ministerio de Educación adujo que en el caso en estudio no se encuentran acreditados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, por tanto, la solicitud elevada debe ser denegada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, Modificado por el Decreto 1983 de 2017.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, con la decisión del 30 de octubre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad jurídica al incurrir en el defecto sustantivo y al desconocimiento del precedente del Consejo de Estado, lo que llevó consigo que se le negara la reliquidación de la pensión de vejez con base en todos los factores salariales devengados por la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 66001333375120150041701.

Sin embargo, de manera previa a resolver, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) estudio sobre los requisitos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse superados los requisitos de procedibilidad adjetiva, se estudiará iii) el fondo del reclamo.

3. Cuestión previa

La Alcaldía de Pereira - Secretaría de Educación solicitó que se le desvinculara del trámite porque, dentro de sus competencias, realizó las actuaciones tendientes al reconocimiento de la pensión de vejez de la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco.

La Sala negará dicha solicitud teniendo en cuenta que la vinculación de esta entidad se dio como tercero con interés en virtud de su participación en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora Espinosa Vinasco para obtener la reliquidación de su pensión de vejez con base en la inclusión de todos los factores salariales devengados por esta.

4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

De conformidad con el precedente jurisprudencial proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de julio 31 de 2012, mediante el cual unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, conforme al cual:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”.

La Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto:

Es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva-.

En tales condiciones, se verificará en primer término que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad, a saber: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez y iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

5. Requisitos de procedibilidad

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

Para comenzar con el estudio de los parámetros esenciales de viabilidad de la tutela cuando se dirige contra providencias judiciales, la Sala encuentra que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia censurada se profirió en el curso de un proceso iniciado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

De igual manera, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia enjuiciada se profirió el 30 de octubre de 2017, decisión que fue notificada, vía correo electrónico el 2 de noviembre del mismo año, por lo que es claro que la decisión censurada en este caso quedó ejecutoriada el 9 siguiente.

En tales condiciones, como la solicitud de tutela se presentó el 7 de diciembre de 2017, es claro que, entre la fecha de ejecutoria de la decisión acusada y la presentación del escrito de tutela que ahora se analiza, transcurrió un término que se considera razonable para el efecto.

Ahora bien, en lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa para controvertir la decisión que, en concepto de la parte actora, vulneró sus derechos fundamentales, se advierte que la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco no cuenta con otro medio de defensa judicial ordinario para el efecto.

La Sala debe aclarar que si bien la demandante no solicita la aplicación de la sentencia del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, su interés es que se mantenga la posición que el Tribunal de Risaralda que es la aplicación de dicha sentencia en los casos de los docentes. Por lo tanto, podría tener la posibilidad de presentar el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Sin embargo, esto no es procedente ya que la cuantía exigida por el artículo 257 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo es de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, en el caso en estudio, la cuantía es de 4 salarios mínimos legales vigentes al año 2017.

Al no ser procedente algún recurso ordinario o extraordinario, se estudiará el fondo del asunto.

Con todo, resulta del caso resaltar el carácter excepcional de la acción de amparo, el cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.

5. Caso en concreto

En el sub lite, la parte actora consideró que sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social, a la igualdad y seguridad jurídica fueron transgredidos por el Tribunal Administrativo de Risaralda, con ocasión de lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se buscaba la nulidad del acto que negó la reliquidación de su pensión de vejez con base en la totalidad de los factores salariales devengados.

A juicio de la parte demandante, las decisiones enjuiciadas incurrieron en:

i) Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Risaralda porque la posición imperante en estos casos es que los factores salariales fijados en la Ley 62 de 1985 deben ser entendidos como un principio general y no como una relación taxativa, por lo que todos deben ser tenidos en cuenta para establecer la base de liquidación pensional.

Advirtió que dicha posición fue modificada sin un razonamiento claro y concreto y, por tanto, se vulneraron los derechos fundamentales invocados.

ii) Desconocimiento del precedente del Consejo de Estado proferido en acciones de tutela en donde se ha concluido que las razones para negar la reliquidación de las pensiones de los docentes, con base en el parágrafo 4 del Acto Legislativo 01 de 2005, no es una interpretación razonable.

Para desarrollar el problema jurídico planteado la Sala tendrá en cuenta los siguientes argumentos:

a. Providencia enjuiciada

El Tribunal Administrativo de Risaralda profirió la sentencia del 30 de octubre de 2017, en la que dirimía la controversia planteada por la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en virtud de la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez con base en los factores salariales devengados.

Para decidir negar las pretensiones de la demanda, la autoridad demandada explicó:

“(…)

De acuerdo con las normas referidas, a los docentes nacionales vinculados con anterioridad al 27 de junio de 2003, como es el caso de la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco, se les aplica las normas vigentes para los servidores del sector público nacional y, sus pensiones, están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual se rigen por la Ley 33 de 1985, “por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones sociales para el Sector Público”, norma que establece:

(…)

A su vez la Ley 62 de 1985, estipula:

(…)
De acuerdo con las disposiciones normativas referidas, si bien es cierto que los docentes pertenecen a un régimen especial establecido en el Decreto 2277 de 1979, ello no es óbice para que en lo que respecta al reconocimiento y liquidación de la pensión de jubilación les sea aplicables las mismas normas que rigen los empleados del sector público, ya que el decreto aludido no regula las pensiones de jubilación.

4.2. Factores salariales de liquidación - Sentencia SU-395 de 2017

Este Tribunal ha venido aplicando el criterio jurisprudencial antes referido, contenido en pronunciamiento de unificación del máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa, de fecha 4 de agosto de 2010, conforme al cual los factores base de liquidación pensional enlistados en las normas especiales como en este caso la Ley 71 de 1988, no es taxativa sino enunciativa y permite el cómputo de emolumentos labores que recibe el servidor de manera habitual y periódica aunque no hayan sido base de cotización, en aplicación de los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral.

(…)

Con tal criterio han sido dirimidas las controversias en torno a los factores de salario que debieron tenerse en cuenta al momento de la liquidación de la pensión de los docentes a quienes, como a la demandante, no se les hubiere incluido la totalidad de tales factores en el cálculo del monto de la prestación, en aplicación del alcance e interpretación que el Consejo de Estado señala respecto de la Ley 33 de 1985, indicando que los factores fijados en la Ley 62 de 1985 debe ser entendidos como principio general, en tanto no pueden asumirse como una relación taxativa de factores, que puedan dar lugar a la exclusión de otro que por su naturaleza se deben tomar para establecer la base de liquidación pensional, señalando que es legítimo, cuando se trata de la liquidación de la pensión de jubilación de los servidores públicos amparados por la citada Ley 33 de 1985, tener cuenta todos los factores que constituyen salario, sumas que percibió el trabajador de manera habitual y periódica, indistintamente de la denominación que se les dé y del aporte que sobre las mismas se hubiere efectuado al sistema de seguridad social, pero que se cancelaron de manera habitual como retribución directa del servicio.

No obstante, en el tema de factores salariales para el cómputo de la pensión que se debate, es preciso acudir a la sentencia de unificación SU-395 de 2017, en la cual se señaló que la liquidación de pensiones de regímenes especiales no pude incluir todos los factores salariales, en tanto solo deben incorporarse aquellos sobre los cuales haya sido realizado los aportes al sistema de seguridad social.

La referida posición de la guardiana de la Constitución Política, tiene relación con lo dispuesto en la reforma constitucional introducida a través del Acto Legislativo No. 01 de 2005, que adicionó el artículo 48 superior y en el cual se estableció un límite en materia de inclusión de los factores como ingreso base de liquidación de la mesada pensional, como quiera que la aludida norma constitucional dispuso en su artículo 1 que: “Para la liquidación de las pensiones solo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. (…)” como igualmente lo resaltó la Corte en la sentencia de unificación SU-395 de 2017.

Frente a la fuerza vinculante de estas providencias, en recientes pronunciamientos el Máximo Tribunal Constitucional al revisar la constitucionalidad de unas normas que le dan alcance al precedente judicial de los órganos de cierre ordinario y de lo contencioso administrativo, concluyó que tales precedentes jurisprudenciales deben respetar la interpretación vinculante que efectúe dicha Corporación, “la cual es prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la prevalente en materia de interpretación de los derechos fundamentales y de la Constitución general”, en consecuencia, precisó el criterio según el cual, las autoridades administrativas y judiciales al emitir una decisión de su competencia no solo deben tener en cuenta el precedente judicial de su respectivo superior jerárquico sino que de manera análoga debe tener en cuenta de manera preferente y prevalente los pronunciamientos del Máximo Órgano Constitucional “que interpreten las normas constitucional aplicables a la resolución de asuntos de su competencia. Esto, sin perjuicio del carácter obligatorio erga omnes de las sentencias que efectúan el control abstracto constitucionalidad”.

(…)

Por los razonamientos expuestos, esta Sala de Decisión viene recogiendo el criterio que ha sido aplicado a quienes pretendan la reliquidación de la pensión, en el sentido de reconocer todos los factores salariales devengados por el pensionado sin importar que sobre los mismos no se hubiere realizado aportes al sistema de seguridad social en pensiones, tal cual lo desarrolló el Consejo de Estado en la pluricitada sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, dando así, aplicación inmediata al precedente emitido por la Corte Constitucional, como interprete autorizada en este tupo de asuntos.

Es oportuno señalar igualmente que la referida sentencia de unificación SU-395 de 2017 constituye precedente jurisprudencial para los operadores judiciales a partir del Comunicado No. 36 del 22 de junio de 2017 emitido por la Corte Constitucional, toda vez que, si bien este medio de divulgación no suple la notificación que debe surtirse para efectos procesales, como lo ha señalado el mismo Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado, es lo cierto que tal publicidad contemplada en el artículo 9, literal c) del Acuerdo 05 de 1992, y en el artículo 36 del Acuerdo 02 de 2015 “por medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento Constitucional”, ofrece información precisa y fidedigna sobre la determinación judicial adoptada en la providencia judicial, en tanto contiene la razón de la decisión y su proveniencia es de naturaleza formal e interna de la Corporación.

De esta forma, en aplicación de la mencionada sentencia de unificación SU 395 de 2017, en el sub examine la demandante solo podrá beneficiarse, en el tema de factores salariales para el cómputo de su pensión de jubilación, de los que hubieren servido como base de aportes al sistema de seguridad social en pensiones. (…)”

De la extensa transcripción realizada, la Sala concluye que la autoridad judicial demandada, antes consideraba que los factores establecidos en la ley no eran taxativos y que se debían tener en cuenta todos aquellos emolumentos que fueran recibidos de manera habitual y periódica, sin importar cuál es su denominación o si, sobre estos, se realizaron los correspondientes aportes al sistema de seguridad social. Sin embargo, esta postura fue modificada en aplicación de las sentencias de unificación del 4 de agosto de 2010, del Consejo de Estado y del 22 de junio de 2017 de la Corte Constitucional, para concluir que para el cálculo del ingreso base de liquidación de la pensión de vejez solo podrán tenerse en cuenta aquellos factores salariales que sirvieron de base para realizar los correspondientes aportes al sistema de seguridad social en pensiones.

b. Sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferida el 4 de agosto de 2010 y su aplicación a la pensión de jubilación de docentes

En la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 la Sección Segunda del Consejo de Estado se ocupó de determinar si en el caso de un servidor público de la aeronáutica civil, el cual estaba cobijado por el régimen de seguridad social de la Ley 100 de 1993, era procedente el reajuste de pensión de jubilación, para tener en cuenta todos los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional o sólo aquéllos cotizados en los diez años previos, de conformidad con el artículo 36 de dicha normatividad. Lo anterior, debido a que existían diversas posturas respecto a si el IBL es o no un elemento del régimen de transición de la referida ley.

Por lo tanto, ante todo, hay que aclarar que la sentencia de unificación citada no se refirió al régimen especial de la pensión de jubilación aplicable a los docentes, sino que abordó el caso de un servidor cobijado por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

En efecto, en la referida sentencia se señaló lo siguiente sobre el régimen de seguridad social aplicable en ese caso:

“(…) El problema jurídico se contrae a determinar si procede el reajuste de la pensión de jubilación del actor, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

(…)

Teniendo en cuenta las pruebas allegadas al expediente, se acreditó que al 1 de abril de 1994 el actor tenía más de 40 años de edad, por lo cual se encuentra dentro de las previsiones del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, es pertinente determinar cuál era la norma anterior que regulaba su situación pensional para efectos de establecer la cuantía de la prestación reconocida por la entidad accionada.

(…)

Con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 el régimen general de pensiones estaba contemplado en la Ley 33 de 1985

(…)

Ahora bien, la Ley 7ª de 1961 establece un régimen especial de pensiones de jubilación aplicable a los radio operadores, técnicos de radio y electricidad y oficiales de meteorología de la Empresa Colombiana de Aeródromos.

(…)

En conclusión, el personal de la Aeronáutica Civil que desarrollara funciones con fines exclusivamente aeronáuticos se pensionaba con el régimen especial previsto por la Ley 7ª de 1961 y el Decreto 1372 de 1966.

En este orden de ideas, el accionante no es beneficiario del citado régimen especial, pues no se desempeñó en cargos pertenecientes al sector de los servicios Técnicos Aeronáuticos, sino como Operador y Auxiliar, sin acreditar que en ellos desempeñara funciones consideradas como de excepción.

Tampoco es posible acudir a leyes anteriores como la Ley 6ª de 1945, porque al momento de entrar en vigencia la Ley 33 de 1985 el actor no acreditaba un tiempo de servicio igual o superior a 15 años en entidades del sector público.

En conclusión, la normatividad aplicable en este caso para efectos de determinar los requisitos de edad, tiempo de servicios y, especialmente, cuantía de la pensión de jubilación, son las Leyes 33 y 62 de 1985, pues, se reitera, aunque el actor es beneficiario del régimen de transición previsto por la Ley 100 de 1993 no lo es de las excepciones previstas por la Ley 33 de 1985, las cuales hacen referencia a los empleados oficiales “que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente”; a “aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones”; y, a quienes a la entrada en vigencia dicha ley hubieren cumplido más de 15 años continuos o discontinuos de servicio, porque a ellos se les continuarán aplicando las normas especiales, de excepción o generales anteriores que sean pertinentes en cada caso concreto.

(…)” (Negrilla por fuera del texto original).

Luego, en dicho precedente se concluyó que el IBL forma parte del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual las pensiones de jubilación sujetas a éste deben ser liquidadas con fundamento en las reglas que regulaban el ingreso base de liquidación previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985.

Por último, dicha Sección señaló que para el caso de las pensiones de jubilación sujetas a las Leyes 33 y 62 de 1985, su liquidación debe realizarse con base en la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado.

Al respecto se señaló:

“(…) En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley  HYPERLINK "https://normativa.colpensiones.gov.co/colpens/docs/ley_0033_1985.htm" \l "Inicio" 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios.

(…)

Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando.

(…)

Con base en lo anteriormente expuesto, en el caso concreto el actor tiene derecho a la reliquidación del beneficio pensional que le fue reconocido incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de servicios y que la entidad accionada no tuvo en cuenta al liquidar su prestación.

(…)” (Negrilla por fuera del texto original).

De conformidad con lo expuesto, en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, proferida por el Consejo de Estado, se sentaron las siguientes reglas en relación con la reliquidación de las pensiones de jubilación: (i) el IBL es un elemento del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual las pensiones de jubilación sujetas a éste deben ser liquidadas con fundamento en las reglas que regulaban el ingreso base de liquidación previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985; (ii) las pensiones de jubilación sujetas a las Leyes 33 y 62 de 1985 deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que éstas no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.

Por su parte, la Ley 100 de 1993, al circunscribir su campo de aplicación, dispuso que el sistema general de pensiones se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, salvo los casos previstos en su artículo 279, en el cual se estableció lo siguiente:

“ARTÍCULO. 279. - Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (Subrayado Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 1995)”

De la norma en cita es claro como la misma Ley 100 excluyó de su aplicación a los docentes, lo cual fue reafirmado a su vez por el Acto Legislativo 01 de 2005, que al efecto dispuso expresamente en el parágrafo transitorio 1º lo siguiente:

“A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo".

(…)

Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".

De la simple lectura de estas disposiciones es evidente que persiste la existencia de una regulación especial para el reconocimiento de los derechos pensionales de los docentes, tal como lo reconoció recientemente la Sala en varias providencias.

Ahora bien, para determinar cuál es el régimen aplicable a este sector (docentes), resulta menester remitirnos al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la cual reguló dos eventos:

El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraban vinculados antes de la entrada en vigencia de dicha ley al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la referida ley, quienes deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
De lo anterior se deduce que dependiendo del momento en el cual se haya vinculado el docente, se definirá el régimen pensional aplicable, por lo que si se trata de una persona vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en el presente caso, se le debe respetar la aplicación de las leyes que venían regulando su situación.
Antes de la Ley 812 de 2003, la norma que regía el régimen pensional de los docentes era la Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”. Al respecto, esta ley estableció en el artículo 15 lo siguiente:
“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:

1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley”.

Además, respecto a lo anterior es necesario tener en cuenta que con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993 el régimen general de pensiones estaba contemplado en la Ley 33 de 1985, la cual fue modificada en algunos apartes por la Ley 62 de 1985.

El inciso segundo del artículo 1 de la Ley 33 de 1985 dispuso que no quedarían sujetos a la regla general de pensiones, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial.

Ahora bien, por disposición del artículo 3 del Decreto 2277 de 1979, los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden Nacional, Departamental, Distrital, y Municipal, son empleados oficiales de régimen especial.

En ese sentido, la especialidad del régimen comprende aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores, entre otros. Sin embargo, cabe mencionar que en materia de pensión ordinaria de jubilación los docentes no disfrutan de ninguna particularidad en su tratamiento de acuerdo con las normas que regulan su actividad.

De conformidad con lo expuesto, la Sala arriba a la conclusión que el régimen de la pensión de jubilación aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como sucede en el caso de la actora, corresponde a aquél previsto en las Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989.

c. Sentencia SU-395 de 2017

Por otra parte, la sentencia impugnada hizo énfasis en que la postura adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-395 de 2017, implicaba modificar la tesis que se manejaba en el Tribunal Administrativo de Risaralda en relación con la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, frente a los factores salariales que debían tenerse en cuenta.

La Sala, para empezar, debe advertir que el comunicado de prensa 36 del 22 de junio de 2017 emitido por la Corte Constitucional para informar sobre la decisión que contenía la sentencia de unificación SU-395 de 2017 no es vinculante, pues dichas comunicaciones son meramente informativas, tal y como lo afirmado esa misma corporación.

Además de lo anterior, es del caso precisar que dicha sentencia no hace referencia al régimen exceptuado que rige la pensión de jubilación de los docentes pues solo se pronunció en relación con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

Al respecto precisó:

“(…)

1. Delimitación temática del presente pronunciamiento

Conviene precisar que las acciones de tutela objeto de revisión, a pesar de haberse promovido por separado, coinciden por entero en cuanto se dirigen a atacar sentencias judiciales en las que concurren presuntamente varias causales específicas de procedibilidad, entre las que se encuentran el defecto material o sustantivo, el desconocimiento del precedente judicial y la violación directa de la Constitución, habida cuenta de que en ellas se adoptaron decisiones directamente relacionadas con (i) la aplicabilidad y alcance del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en particular frente a beneficiarios de marcos normativos especiales como es el caso de los Decretos 546 de 1971 y 929 de 1976; (ii) la regla del tiempo de servicios exigido a efectos de obtener un estatus pensional bajo esos ordenamientos; (iii) los parámetros de interpretación fijados acerca del promedio del ingreso base de liquidación aplicable a pensiones del sector público; y (iv) los factores salariales que han de ser puestos en consideración para calcular su monto; aspectos todos los cuales, valga la pena resaltar, han sido materia de pronunciamiento -en mayor o menor medida- tanto en sede de control concreto como abstracto de constitucionalidad, razón que lleva a la Sala Plena a adelantar el correspondiente estudio de los casos seleccionados centrando su análisis en los mencionados tópicos, en definitiva, no solo por cuanto en éstos reside el debate principal en torno al cual giran los recursos de amparo acumulados, sino además, por la necesidad de profundizar en sus contornos para consolidar los criterios contenidos en la jurisprudencia de esta Corporación relativa a las normas que gobiernan regímenes especiales en pensiones de la Rama Judicial y el Ministerio Público, el abuso del derecho en forma palmaria, el alcance del régimen de transición y la exclusión del ingreso base de liquidación, así como su incidencia directa frente a los principios de Solidaridad y de Sostenibilidad Financiera que rigen el sistema de seguridad social en pensiones.

(…)

3. Formulación del problema jurídico y esquema de resolución

3.1. A partir de todos los elementos fácticos y jurídicos reseñados en precedencia, en términos generales le compete a la Sala Plena determinar si, en la presente causa, los fallos judiciales objeto de revisión desconocen el alcance del régimen de transición pensional de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y los parámetros de interpretación fijados frente a la forma de calcular el promedio del ingreso base de liquidación aplicable a pensiones del sector público y los factores constitutivos de salario que deben tomarse en consideración para calcular su monto, y si, por tanto, los mismos se inscriben en alguna de las causales específicas de procedibilidad de tutela contra sentencias judiciales, en cuanto transgreden los derechos de los actores al debido proceso y de acceso a la administración de justicia y, como consecuencia, sus derechos a la igualdad, a la buena fe y a la confianza legítima.

Específicamente, lo que busca la Corte i) es precisar si la bonificación especial o quinquenio como factor salarial para funcionarios de la Contraloría General de la República debe computarse en su totalidad o de forma proporcional como base integrante del monto pensional, dentro de los expedientes T-3.358.903 y T-3.364.917; al paso que examinar ii) el alcance del concepto de ingreso base de liquidación y su incorporación o no dentro de los parámetros aplicables al reconocimiento de pensiones regidas por normas anteriores a la Ley 100 de 1993 en virtud del régimen de transición, con ocasión del expediente T-3.358.979. Así mismo, también iii) corresponde establecer si el régimen de transición pensional permite la aplicación del concepto de monto pensional del régimen especial anterior con la inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados en el último año de servicios, a propósito del expediente T-3.364.831.

(…)

8. Del régimen de transición y el concepto de monto aplicable al momento de liquidar las mesadas pensionales

8.1. Antes de la expedición de la Constitución de 1991 y de la Ley 100 de 1993, el Estado colombiano no contaba con un sistema integral de pensiones, sino que coexistían múltiples regímenes, administrados por distintas entidades de seguridad social. Para ilustrar, en el sector oficial, el reconocimiento y pago de las pensiones de los servidores públicos correspondía en general a Cajanal y a las cajas de las entidades territoriales, aun cuando también existían otras entidades oficiales encargadas de ese manejo para determinados sectores de empleados, como los miembros de la Fuerza Pública, los docentes y los congresistas.

8.2. A su vez, el reconocimiento y pago de las pensiones de los trabajadores privados era responsabilidad directa de ciertos empresarios, ya que la jubilación, conforme a la legislación laboral, en especial según las leyes 6 de 1945 y 65 de 1946 y el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, era una prestación especial únicamente para ciertos empleados que hubieren laborado, en principio, como mínimo 20 años para la misma compañía. Por otra parte, en algunos casos, y para determinados sectores económicos, la normatividad laboral admitió que se constituyeran cajas de previsión privadas, como Caxdac. Por último, sólo a partir de 1967, el Instituto de Seguros Sociales empezó a asumir el reconocimiento y pago de las pensiones de los empleados del sector privado, a pesar de haber sido establecido con la Ley 90 de 1946.

8.3. Así pues, puede señalarse que coexistían dos grandes modelos de seguridad social en pensiones y varios sistemas que se enmarcaban dentro de aquellos, los cuales funcionaban independientemente, con lógicas distintas y tenían formas de financiación propias. Ciertamente, un primer modelo se caracterizaba por la obligación del empleador de garantizar el riesgo de vejez de sus trabajadores a través del reconocimiento de una pensión de jubilación, siempre y cuando se acreditara un determinado tiempo de servicio, y el segundo se basó en un sistema de aportes en el cual se debían realizar cotizaciones de manera exclusiva a una administradora pública o privada, que reconocería una mesada periódica al momento de cumplirse con cierta edad y número específico de contribuciones.

8.4. Posteriormente, en desarrollo de los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad que rigen la seguridad social y que fueran acogidos por el Constituyente de 1991 , el legislador, con la expedición de la Ley 100 de 1993, pretendió superar la desarticulación entre los distintos modelos y regímenes pensionales, creando un sistema integral y general de pensiones, que permite la acumulación de tiempos y semanas trabajadas, y genera relaciones recíprocas entre las distintas entidades administradoras de pensiones con los fines de aumentar su eficiencia ejecutiva y de ampliar su cobertura.

8.5. Con tales propósitos, se implementaron nuevos requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez, se establecieron reglas sobre el cálculo de semanas de cotización y se creó un régimen de transición con el fin de respetar las expectativas legítimas.

A este respecto, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 ofreció a los afiliados que se encontraban próximos a la consolidación de su derecho pensional, beneficios que implicaban el efecto ultractivo de los requisitos de edad, monto y número de semanas o tiempo de servicio del régimen al cual estaban vinculados al momento de la entrada en vigencia del nuevo sistema general de pensiones. La transición pensional quedó establecida en los siguientes términos:

(…)

8.17. Vistas así las cosas, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 consagra un régimen de transición con el fin de salvaguardar las expectativas legítimas que pudieran verse afectadas con la creación del sistema general de seguridad social. Dicho beneficio consiste en la aplicación ultractiva de los regímenes a los que se encontraba afiliado el peticionario, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el ingreso base de liquidación. Lo anterior, evita que se reconozcan pensiones con abuso del derecho, en especial, con fundamento en vinculaciones precarias derivadas de encargos que buscan distorsionar la relación entre el monto de cotización y el monto de la pensión.

8.18. A similar conclusión también se arribó en la Sentencia SU-210 de 2017 previamente referida, en el sentido de advertir que el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, está circunscrito únicamente a los aspectos de la edad, tiempo de servicios o cotización, y el monto de la pensión, en la medida en que “lo atinente a las demás condiciones y requisitos pensionales que no estén regulados por dicho artículo, como el ingreso base de liquidación, deben regirse por las normas contenidas en la ley, correspondientes al sistema general de pensiones”.

8.19. Con todo, no sobra agregar que la Ley 100 de 1993, al regular el régimen de transición, no estableció un derecho autónomo. Por el contrario, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional (i) la estabilidad del régimen pensional, si bien no da lugar a un derecho adquirido, sí protege una expectativa legítima, (ii) esa especial protección se deriva no sólo de la confianza legítima a la estabilidad de las reglas pensionales, sino también del carácter progresivo de los derechos sociales, y, por consiguiente, (iii) el Legislador solo puede reformar ese régimen, cuando la modificación se encuentre suficientemente justificada y respete criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Es por estos motivos que el propio constituyente derivado reformó (Acto Legislativo 01 de 2005) el artículo 48 Superior, debido a que el régimen de transición no es, en sí mismo, indefinido en el tiempo. (…)”

Con la anterior transcripción, es del caso concluir que esta sentencia no es aplicable al caso de la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco por cuanto, al haber sido vinculada como docente con anterioridad a la fecha de publicación de la Ley 812 de 2003, le corresponde el régimen consagrado en la Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, no en virtud de la transición establecida en la Ley 100 de 1993, sino porque pertenecer a un sistema exceptuado de dicha normatividad.

En consecuencia, si bien la sentencia SU-395 de 2017 intenta clarificar asuntos relacionados con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, frente al cálculo del ingreso base de liquidación para determinar el monto de la pensión de vejez, estas conclusiones de la Corte Constitucional no son aplicables a la situación específica de los docentes.

d. Desconocimiento del precedente producido por el Tribunal Administrativo de Risaralda

A juicio de la actora, el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la sentencia de 30 de octubre de 2017, desconoció el precedente establecido por la misma corporación con base en las sentencias del 4 de agosto de 2010, con base en la aplicación de las reglas de derechos creadas en la sentencia SU-395 de 2017, una sentencia que no es aplicable al caso en estudio.

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Risaralda adujo que la providencia cuestionada se sustentó en un análisis juicioso de todas y cada una de las pruebas obrantes en el plenario y, además, en ella fue acogida la postura sostenida por la Corte Constitucional en la materia.

Para la Sala es del caso reiterar que el precedente es aquella regla creada por una alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Dicha decisión es de obligatorio cumplimiento por parte de los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos supuestos de hecho.

Lo anterior en ejercicio de la actividad creadora del derecho, ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

Por lo tanto, debe aclararse que todas las providencias proferidas por los órganos de cierre tienen carácter de precendente, independientemente de que su propósito sea o no unificar el sistema jurídico.

Dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y operadores judiciales y constituye la creación del derecho, al definir directrices que permiten resolver la controversia y que la misma pueda aplicarse a otros asuntos con supuestos jurídicos y fácticos similares, bajo la primacía de la Constitución.

En el caso en estudio se está alegando el desconocimiento de unas sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo de Risaralda, autoridad judicial que no es el órgano de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa, lo que implica que la Sala no pueda realizar el estudio con base en el desconocimiento del precedente. Sin embargo, lo cierto es que en el caso sub examine sí es necesario revisar si el cambio de postura por parte de la parte demandada no vulnera el derecho fundamental a la igualdad alegado por la demandante.

Teniendo en cuenta lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado en la presente providencia, la Sala advierte que por tratarse en el caso en concreto de una docente vinculada a la Secretaría de Educación del Municipio de Pereira con anterioridad al 27 de junio de 2003 le es aplicable un régimen contemplado en la Ley 91 de 1989, la cual a su vez remite a la Ley 33 de 1985, en lo que concierne al reconocimiento de la pensión de jubilación.

En ese orden de ideas, en este caso no resulta procedente aplicar el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha ley no le es aplicable a los docentes en virtud de las excepciones consagradas en su artículo 279, antes transcrito.

En ese sentido, la Sala considera relevante resaltar que es por virtud de la Ley 91 de 1989 y no de la Ley 100 de 1993 que a la señora Espinosa Vinasco, en su calidad de docente, se le aplica la Ley 33 de 1985.

Esta precisión resulta fundamental para distinguir este caso de otros resueltos por la Sección en los cuales se ha discutido cómo liquidar el IBL a la luz del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que frente a este asunto existen posiciones divergentes entre las distintas Altas Cortes, las cuales resultan irrelevantes para el caso concreto, dado que –se itera– en el asunto sub judice no se discute si el IBL forma parte o no de dicho régimen de transición.

De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la sentencia atacada no sustentó en debida forma el cambio de postura, puesto que la misma se basó en el comunicado de prensa de la Corte Constitucional donde se anunciaba el sentido del fallo SU-395 de 2017, providencia que no es aplicable al caso en estudio.

Esto es así porque las reglas sentadas en las mencionadas sentencias de unificación fueron dictadas en el contexto del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, no es aplicable al caso concreto, dada la calidad de docente de la demandante.

En efecto, la Sala reitera el criterio expuesto en ocasiones anteriores, en las cuales se estableció que en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 se sentó una regla en relación con la forma de liquidación del IBL a la luz de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, según la cual las pensiones de jubilación reguladas por dicha ley deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que en aquélla no se indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.

Igualmente, con dicho pronunciamiento también se consideró que la omisión de la administración para efectuar los correspondientes descuentos para aportes al sistema no podía ser un impedimento para que tales emolumentos se incluyeran en la liquidación pensional “…toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional”.

Por lo tanto, debido a que a la demandante le es aplicable la Ley 33 de 1985 en atención a las leyes especiales que cobijan a los docentes, y no en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la providencia atacada desconoció la mencionada regla, dado que el Tribunal no accedió a reliquidar la pensión de jubilación de la señora Espinosa Vinasco con base en los factores salariales devengados en el último año, al negar las pretensiones de nulidad y restablecimiento dirigidas contra el acto que negó la solicitud de reliquidación por factores salariales no incluidos en el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación a esta reconocida.

Así las cosas, el Tribunal no podía invocar la sentencia SU-395 de 2017 dictada por la Corte Constitucional para apartarse de la postura que venía acogiendo con base en la providencia de unificación de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, ya que en éste el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional sentó reglas relacionadas con la normatividad aplicable para determinar el IBL para efectos de la liquidación de pensiones de jubilación cobijadas por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, situación distinta a la objeto de estudio en el sub judice, dado que éste no le era aplicable a la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco, puesto que el régimen pensional docente está expresamente excluido de la aplicación de la Ley 100 de 1993.

Como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, dicha postura se refiere únicamente respecto de los beneficiarios del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, no resulta aplicable al caso concreto, dado que la tutelante no está cobijado por dicho régimen de transición sino por la normatividad especial docente.

En consecuencia, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Risaralda, al proferir la sentencia del 30 de octubre de 2017, desconoció el precedente sentado por el mismo Tribunal, basado en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, por lo que se ordenará amparar los derechos fundamentales de la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco, sin una justificación razonable.

Por todo lo expuesto, se dejará sin efecto dicho proveído y se ordenará al Tribunal demandado proferir una nueva sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.

e. Desconocimiento del precedente producido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Igualmente, la parte demandante indicó que la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda del 30 de octubre de 2017, desconoció la postura adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el fallo del 25 de mayo de 2017 y de la Sección Cuarta del Consejo de Estado del 13 de septiembre de 2017.

Frente a este asunto, la Sala reitera que no es posible realizar el estudio con base en el desconocimiento de una providencia que no constituye una decisión proferida por un órgano de cierre y, por tanto, no puede analizar el cargo propuesto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Niégase las solicitudes de desvinculación propuestas por la Alcaldía Municipal de Pereira - Secretaría de Educación.

SEGUNDO: Ampárase el derecho fundamental al debido proceso de la señora Nora del Socorro Espinosa Vinasco vulnerado por el Tribunal Administrativo de Risaralda y déjese sin efecto la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 30 de octubre de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Risaralda que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera un nuevo fallo de segunda instancia de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuese impugnado este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria (art. 31 del Decreto 2591 de 1991).

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folios 3 a 8 del cuaderno principal.
Folios 13 y 14 del cuaderno principal.
Ahora Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Pereira.
En la solicitud de amparo se transcribe este aparte de una sentencia pero no se indica el número de radicado ni la corporación que la profirió.
Folio 18 del cuaderno principal del expediente.
Mediante comunicación realizada el 7 de febrero de 2018 por el despacho, a través de correo electrónico el Juzgado Quinto Administrativo envío la copia digital del expediente ya que en uno de los discos compactos se adjuntaron las audiencias realizadas y el otro venía vacío.
Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Consejera Ponente: María Elizabeth García González.
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
Ídem.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales o, por lo menos, dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido principio es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron o que la misma se convierta en factor de inseguridad jurídica.
Folios 124 del expediente digitalizado.
La cuantía del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho fue de $3.529.946 y si el salario mínimo legal mensual vigente del año 2017 fue de $737.717, por lo que al realizar la operación correspondiente nos arroja que la cuantía a 2017 era de 4 ,78 salarios mínimos legales mensuales vigentes
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992.
Corte Constitucional, Sentencia T-315 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Expediente 25000232500020060750901, M.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
Sentencia SU-395 de 2017, M.P. Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Expediente 11001-03-15-000-2017-00901-01, actora: Magda Nydia Escudero García. C.P.: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, sentencia del 10 de agosto de 2017, expediente 11001-03-15-000-2017-01898-00, actora: Elia Oliva Cifuentes Narváez. C.P. Dr. Alberto Yepes Barreiro, sentencia del 6 de septiembre de 2017 y expediente 11001-03-15-000-2017-03146-00, actora: Lina María Caicedo. C.P.: Dra. Rocío Araújo Oñate, sentencia del 8 de febrero de 2018.
Hecho que fue encontrado como acreditado en el fallo enjuiciado.
Auto 201 del 6 de septiembre de 2013. M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
Tal y como se afirma en la sentencia atacada, aspecto que no se encuentra en discusión.
Consejo de Estado, Sentencia del 6 de septiembre de 2017. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2017-01898-00; Sentencia del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02760-00, Sentencia del 14 de diciembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02968-00; Sentencia del 8 de febrero de 2018. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-03146-00.

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