Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03875-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03875-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-03875-00
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
13 de diciembre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / RÉGIMEN PENSIONAL APLICABLE A DOCENTE VINCULADO ANTES DE LA LEY 812 DE 2003 - Ley 33 de 1985 / AFILIADOS AL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO - Régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 / FACTORES A TENER EN CUENTA PARA RELIQUIDAR LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DE DOCENTE - Todos aquellos devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado / VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
[L]a Sala advierte que por tratarse en el caso en concreto de un docente vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le es aplicable un régimen especial, a saber, la Ley 91 de 1989, la cual a su vez remite a la Ley 33 de 1985, en lo que concierne al reconocimiento de la pensión de jubilación. En ese orden de ideas, en este caso no resulta procedente aplicar el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha ley no le es aplicable a los docentes en virtud de las excepciones consagradas en su artículo 279 (…)En efecto, la Sala reitera el criterio expuesto en ocasiones anteriores , en las cuales se estableció que en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 se sentó una regla en relación con la forma de liquidación del IBL a la luz de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, según la cual las pensiones de jubilación reguladas por dicha ley deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que en aquélla no se indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional. (…)Por lo tanto, debido a que al tutelante le es aplicable la Ley 33 de 1985 en atención a las leyes especiales que cobijan a los docentes, y no en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la providencia atacada desconoció la mencionada regla, dado que el Tribunal no accedió a reliquidar la pensión de jubilación del [actor] con base en los factores salariales devengados en el año anterior a la obtención de su estatus pensional, al negar las pretensiones de nulidad y restablecimiento dirigidas contra el acto que negó la solicitud de reliquidación pensional del accionante, tomando como IBL solo los factores salariales efectivamente cotizados en el año anterior al reconocimiento del estatus pensional. El Tribunal accionado, para fundamentar su decisión, hizo referencia a las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017. Sin embargo, la Sala considera que el argumento invocado por el Tribunal no está llamado a prosperar dado que las reglas sentadas en las mencionadas sentencias de constitucionalidad y unificación, sobre los factores salariales a ser tenidos en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación, fueron dictadas en el contexto del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, no es aplicable al caso concreto, dada la calidad de docente del tutelante (…)Así las cosas, como lo manifestó esta Sección en ocasiones anteriores, el Tribunal no podía invocar los aludidos pronunciamientos dictados por la Corte Constitucional para apartarse de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado
FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 279 / LEY 812 DE 2003 - ARTÍCULO 81 / LEY 33 DE 1985 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2277 DE 1979 - ARTÍCULO 3
NOTA DE RELATORÍA: Con salvamento de voto del Consejo Alberto Yepes Barreiro, relacionado en el marco del proceso de tutela radicado con el número 11001-03-15-000-2018-02522-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03875-00(AC)
Actor: JOSÉ GABRIEL OROZCO BETANCUR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, SALA TERCERA DE DECISIÓN Y OTRO
Acción de tutela - Fallo de primera instancia
Asunto: Desconocimiento del precedente judicial - Reliquidación pensional – IBL Docentes
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor José Gabriel Orozco Betancur en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión de conformidad con el Decreto 2591 de 1991.
ANTECEDENTES
1. Solicitud
1.1. Mediante escrito radicado el 18 de octubre de 2018, en la Secretaría General de esta Corporación, el señor José Gabriel Orozco Betancur a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y a la seguridad social.
1.2. El peticionario consideró vulnerados los mencionados derechos con ocasión de la sentencia del 18 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 66001-33-33-003-2015-00330-01, que confirmó la sentencia del 18 de enero de 2017 del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, por medio de la cual se denegaron las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que tenía por objeto obtener la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicio, por cuanto a juicio de las autoridades accionadas el ingreso base de liquidación debía tener en cuenta únicamente los factores salariales sobre los cuales se hubieran hecho aportes para pensión.
1.3. A título de amparo constitucional solicitó:
“Como consecuencia de lo anterior se ordene al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA SALA TERCERA DE DECISIÓN, REVOCAR LA SENTENCIA EMITIDA EL DÍA 18 de abril de 2018 y en su lugar profiera una nueva decisión que garantice los derechos afectados, esto es accediendo a las pretensiones de la demanda.”
2. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. El señor José Gabriel Orozco Betancur prestó sus servicios como docente en el departamento de Risaralda por más de 20 años, vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es el 10 de agosto de 1977.
2.2. Mediante la Resolución No. 0004 del 7 de enero de 2014 la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda reconoció al actor pensión vitalicia de jubilación, quien demostró haber nacido el 16 de marzo de 1958, laboró como docente nacionalizado por más de 20 años y adquirió el estatus pensional el 16 de marzo de 2013, fecha en la que se encontraba afiliado al FOMAG.
2.3. El señor José Gabriel Orozco solicitó reliquidación de la pensión con el fin de que le fueran incluidos la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la obtención del estatus pensional.
2.4. A través de la Resolución No. 238 del 17 de marzo de 2015 la referida Secretaría de Educación negó la petición presentada por el tutelante.
2.5. Inconforme con esta decisión el actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con el propósito de que se ordenara la inclusión de todos los factores devengados, y que no fueron tenidos en cuenta por la administración en la liquidación pensional.
2.6. Por sentencia del 18 de enero de 2017, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira, negó las pretensiones pues en la liquidación pensional se debían incluir, únicamente, los factores salariales frente a los cuales se realizaron las cotizaciones.
2.7. La parte actora presentó recurso de apelación del cual conoció el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión autoridad judicial que en fallo del 18 de abril de 2018 confirmó la decisión de primera instancia con base en el mismo argumento.
3. Fundamentos de la vulneración
3.1. La parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales en atención a que el Tribunal accionado desconoció el precedente del Consejo de Estado establecido en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, expediente No. 2006-07509-01, el cual dispone que las pensiones regidas por la Ley 33 de 1985 se deben liquidar con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de servicio.
3.2. Citó la sentencia de unificación de esta Corporación del 28 de agosto de 2018 con ponencia del doctor César Palomino Cortés, 2012-00143-01 para precisar que a los docentes no le es aplicable el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
4. Trámite de la acción de tutela
Con auto del 31 de octubre de 2018, el despacho del Consejero Alberto Yepes Barreiro admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar a las partes y vinculó al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Pereira y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora como terceros con interés en el resultado del proceso.
4.1. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 21 a 25, se presentaron las siguientes intervenciones:
4.1.1. Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión.
4.1.1.1. La magistrada titular del despacho por escrito presentado por correo electrónico del 8 de noviembre de 2018 solicitó que se denegara el amparo de los derechos fundamentales invocados en consideración a que la providencia cuestionada fue debidamente motivada y sustentada de conformidad con las normas vigente y por tal motivo la misma no adolece de vicio alguno que la haga suceptible de ataque por vía de tutela.
4.1.1.2. Aseguró que el fallo del 18 de abril de 2018 tuvo en cuenta los apartes de las sentencias “C-258 del 7 de mayo de 2013, SU-230 de 2015, SU427 del 11 de agosto de 2016 y SU 395 de 2017” para concluir que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 mantiene, en virtud del régimen del transición, la edad, el tiempo y la tasa de reemplazo pero no incluye el ingreso base de liquidación. Así mismo, resaltó nuevamente que los factores salariales que pueden ser tenidos en cuenta son aquellos sobre los cuales efectuaron cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social.
4.1.2. Nación – Ministerio de Educación
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la referida cartera ministerial, mediante escrito enviado por correo electrónico el 9 de noviembre de 2018 solicitó se le desvinculara del presente trámite constitucional al considerar que no vulneró los derechos fundamentales del actor.
4.1.3. Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - La Fiduprevisora S.A.
4.1.3.1. El coordinador de tutelas de la Dirección Gestión Judicial de la Fiduprevisora, en escrito radicado por correo electrónico el 12 de noviembre de 2018, pidió que se declarara la improcedencia de la acción toda vez que la actuación desplegada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión se ajustó a derecho.
4.1.3.2. De otra parte, solicitó la desvinculación del trámite por no estar legitimado en la causa por pasiva.
4.1.4. El Juzgado Tercero Administrativo de Pereira pese a haber sido notificado en debida forma guardó silencio.
5. Tramite de instancia
Teniendo en cuenta que el proyecto sometido a consideración de la Sala de la Sección Quinta, no obtuvo la mayoría requerida, mediante auto del 26 de noviembre de 2018 el Consejero Alberto Yepes Barreiro remitió el expediente de la referencia a este despacho para que se elaborara la respectiva ponencia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la petición de amparo constitucional presentada por la parte accionante, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017, y el artículo 2° del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problema jurídico
2.1. Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:
¿Vulneró los derechos invocados el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión al incurrir en desconocimiento de la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-003-2015-00330-01, con ocasión de la decisión del 18 de abril de 2018?
2.2. Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) análisis del caso concreto.
3. Cuestión previa
3.1 El FOMAG, cuyos recursos son manejados por la Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de Educación solicitaron ser desvinculados del proceso porque –en su sentir- no tienen competencia para atender los reclamos del actor y no han vulnerado sus derechos fundamentales. ´
3.2. Contrario a lo sostenido por estas entidades, lo cierto es que las mismas fueron vinculadas al presente trámite teniendo en cuenta que hicieron parte del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por el tutelante, expediente No. 66001-33-33-003-2015-00330-01.
3.3. Bajo esas condiciones, es evidente que sí existe una justificación para mantener a las referidas entidades como terceros interesados, por lo que serán negadas las solicitudes de desvinculación.
4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
4.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
4.2. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
4.3. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
4.4. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.
5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
5.1. Para esta Sala está acreditado que la solicitud de amparo no se dirige a cuestionar decisiones producto de un proceso de tutela, con lo que se entiende superado el primero de los requisitos.
5.2. También, se cumple con el de la inmediatez en atención a que la providencia de segunda instancia es del 18 de abril de 2018, notificada por correo electrónico el 19 de abril del mismo año, y aunque el término para calcular el plazo prudencial para promover la solicitud de amparo se contabiliza a partir del día siguiente de la ejecutoria de la sentencia reprochada, lo cierto es que la tutela fue interpuesta el 18 de octubre de 2018, lo que desde ya implica un ejercicio pronto de la acción de tutela.
5.3. Por último, el de subsidiariedad se satisface, pues la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión que se cuestiona en sede de tutela, puso fin a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificada con el número de radicado 66001-33-33-003-2015-00330-01, y frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.
Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta acción constitucional no se compadecen con los requisitos que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia al que se refiere el artículo 256 del CPACA, lo anterior por cuanto si bien se alega el desconocimiento de una sentencia de unificación del Consejo de Estado, por el criterio de la cuantía el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia no procede.
5.4. Superados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala se adentrará en el examen del reproche formulado.
6. Caso concreto
6.1. En la presente solicitud de amparo el accionante alegó que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión en la sentencia del 18 de abril de 2018, en la cual se decidió confirmar la sentencia del 18 de enero de 2017 proferida por el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de Pereira que negó las pretensiones de la demanda encaminadas a obtener la reliquidación de la pensión de jubilación con la inclusión de la totalidad de los factores devengados en el año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional desconoció la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Lo anterior, debido a que según dicho precedente las pensiones regidas por la Ley 33 de 1985 se deben liquidar con la inclusión de todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de servicio, situación definida de forma contraria por la autoridad judicial accionada.
6.2. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte, en primer lugar que, el actor cumplió con la carga requerida para el análisis del cargo propuesto, pues identificó la decisión que alega como desconocida, así como la regla que pretende aplicar a su caso y la incidencia que la misma trae para el sub lite.
6.3. Así las cosas, esta Sección observa, como lo indicó en ocasiones anteriores, que en la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 la Sección Segunda del Consejo de Estado se ocupó de determinar si en el caso de un servidor público de la aeronáutica civil, el cual estaba cobijado por el régimen de seguridad social de la Ley 100 de 1993, era procedente el reajuste de pensión de jubilación, para tener en cuenta todos los factores devengados en el año anterior a la adquisición del estatus pensional o solo aquellos cotizados en los diez años previos, de conformidad con el artículo 36 de dicha normatividad. Lo anterior, debido a que existían diversas posturas respecto a si el IBL es o no un elemento del régimen de transición de la referida ley.
Por lo tanto, ante todo, hay que aclarar que la sentencia de unificación citada no se refirió al régimen especial de la pensión de jubilación aplicable a los docentes, sino que abordó el caso de un servidor cobijado por la Ley 100 de 1993.
Igualmente, dicha Sección señaló que para el caso de las pensiones de jubilación sujetas a las Leyes 33 y 62 de 1985, su liquidación debe realizarse con base en la totalidad de los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado.
Al respecto señaló:
“(…) En aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades y favorabilidad en materia laboral, la Sala, previos debates surtidos con apoyo en antecedentes históricos, normativos y jurisprudenciales, a través de la presente sentencia de unificación arriba a la conclusión que la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional, sino que los mismos están simplemente enunciados y no impiden la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios. (…)
Ahora bien, en consonancia con la normatividad vigente y las directrices jurisprudenciales trazadas en torno a la cuantía de las pensiones de los servidores públicos, es válido tener en cuenta todos los factores que constituyen salario, es decir aquellas sumas que percibe el trabajador de manera habitual y periódica, como contraprestación directa por sus servicios, independientemente de la denominación que se les dé, tales como, asignación básica, gastos de representación, prima técnica, dominicales y festivos, horas extras, auxilios de transporte y alimentación, bonificación por servicios prestados, prima de servicios, incrementos por antigüedad, quinquenios, entre otros, solo para señalar algunos factores de salario, a más de aquellos que reciba el empleado y cuya denominación difiera de los enunciados que solo se señalaron a título ilustrativo, pero que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio. Se excluyen aquellas sumas que cubren los riesgos o infortunios a los que el trabajador se puede ver enfrentando. (…)
Con base en lo anteriormente expuesto, en el caso concreto el actor tiene derecho a la reliquidación del beneficio pensional que le fue reconocido incluyendo los factores salariales devengados durante el último año de servicios y que la entidad accionada no tuvo en cuenta al liquidar su prestación. (…)” (Subrayado y resaltado en negrilla por fuera del texto original)
6.4. De conformidad con lo expuesto, en el precedente invocado como desconocido por el tutelante se sentaron las siguientes reglas en relación con la reliquidación de las pensiones de jubilación: (i) el IBL es un elemento del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual las pensiones de jubilación sujetas a éste deben ser liquidadas con fundamento en las reglas que regulaban el ingreso base de liquidación previstas en las Leyes 33 y 62 de 1985; (ii) las pensiones de jubilación sujetas a las Leyes 33 y 62 de 1985 deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del status de pensionado, dado que éstas no indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.
6.5. Por su parte, la Ley 100 de 1993, al circunscribir su campo de aplicación, dispuso que el sistema general de pensiones se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, salvo los casos previstos en su artículo 279, entre las cuales se incluyó a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
6.6. La mencionada excepción fue reafirmada por el Acto Legislativo 01 de 2005, que al efecto dispuso expresamente en el parágrafo transitorio 1º lo siguiente:
“A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo".
(…)
Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003".
De la simple lectura de esa disposición en concordancia con el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, resulta evidente que persiste la existencia de una regulación especial para el reconocimiento de los derechos pensionales de los docentes, tal como lo reconoció la Sala en los fallos del 10 de agosto, 6 de septiembre y 23 de noviembre de 2017.
6.7. Para determinar cuál es el régimen aplicable a este sector (docentes), resulta menester remitirnos al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la cual reguló dos eventos:
El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encontraban vinculados antes de la entrada en vigencia de dicha ley al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la referida ley, quienes deben ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
De lo anterior se deduce que dependiendo del momento en el cual se haya vinculado el docente, se definirá el régimen pensional aplicable, por lo que si se trata de una persona vinculada con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como ocurre en el presente caso, pues el tutelante fue vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003; esto es 10 de agosto de 1977, se le respetará la aplicación de las leyes que venían regulando su situación.
6.8. Antes de la Ley 812 de 2003, la norma que regía el régimen pensional de los docentes era la Ley 91 de 1989 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”. Al respecto, esta ley estableció en el artículo 15, lo siguiente:
“A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley”.
Además, respecto a lo anterior es necesario tener en cuenta que antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el régimen general de pensiones estaba contemplado en la Ley 33 de 1985, la cual fue modificada en algunos apartes por la Ley 62 de 1985.
El inciso segundo del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 dispuso que no quedarán sujetos a la regla general de pensiones, los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial.
6.9. Por disposición del artículo 3° del Decreto 2277 de 1979, los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden Nacional, Departamental, Distrital, y Municipal, son empleados oficiales de régimen especial.
En ese sentido la especialidad del régimen comprende aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores, entre otros. Sin embargo, cabe mencionar que en materia de pensión ordinaria de jubilación los docentes no disfrutan de ninguna particularidad en su tratamiento de acuerdo con las normas que regulan su actividad.
6.10. De conformidad con lo expuesto, la Sala arriba a la conclusión que el régimen de la pensión de jubilación aplicable a los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como sucede en el caso del tutelante, corresponde a aquél previsto en la Ley 33 de 1985.
6.11. Teniendo en cuenta lo anterior, para resolver el problema jurídico planteado en la presente providencia, la Sala advierte que por tratarse en el caso en concreto de un docente vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, le es aplicable un régimen especial, a saber, la Ley 91 de 1989, la cual a su vez remite a la Ley 33 de 1985, en lo que concierne al reconocimiento de la pensión de jubilación.
En ese orden de ideas, en este caso no resulta procedente aplicar el régimen de transición pensional previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez que dicha ley no le es aplicable a los docentes en virtud de las excepciones consagradas en su artículo 279.
6.12. En ese sentido, la Sala considera relevante resaltar que es por virtud de la Ley 91 de 1989 y no de la Ley 100 de 1993 que al tutelante, en su calidad de docente, se le aplica la Ley 33 de 1985.
Esta precisión resulta fundamental para distinguir este caso de otros resueltos por la Sección en los cuales se ha discutido cómo liquidar el IBL a la luz del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que frente a este asunto existen posiciones divergentes entre las distintas Altas Cortes, las cuales resultan irrelevantes para el caso concreto, dado que –se itera– en el asunto sub judice no se discute si el IBL forma parte o no de dicho régimen de transición.
6.13. Adicional a lo anterior, se debe tener presente la sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, proferida el 28 de agosto de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 52001-23-33-000-2012-00143-01, accionante: Gladis del Carmen Guerrero de Montenegro; C. P. César Palomino Cortés, providencia en la que se fijaron reglas sobre el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en sus consideraciones, sobre el caso de los docentes explicó:
«95. La Sala Plena considera importante precisar que la regla establecida en esta providencia, así como la primera subregla, no cobija a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues fueron exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social por virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y su régimen pensional está previsto en la Ley 91 de 1989. Por esta razón, estos servidores no están cobijados por el régimen de transición.”
6.14. De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la sentencia atacada desconoció el precedente invocado en la solicitud de amparo.
En efecto, la Sala reitera el criterio expuesto en ocasiones anteriores, en las cuales se estableció que en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010 se sentó una regla en relación con la forma de liquidación del IBL a la luz de lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, según la cual las pensiones de jubilación reguladas por dicha ley deben ser liquidadas con base en todos los factores salariales efectivamente devengados en el año anterior a la adquisición del estatus de pensionado, dado que en aquélla no se indican en forma taxativa los factores salariales que conforman la base de liquidación pensional.
Igualmente, con dicho pronunciamiento también se consideró que la omisión de la administración para efectuar los correspondientes descuentos para aportes al sistema no podía ser un impedimento para que tales emolumentos se incluyeran en la liquidación pensional “…toda vez que aquellos pueden ser descontados por la entidad cuando se haga el reconocimiento prestacional”.
6.15. Por lo tanto, debido a que al tutelante le es aplicable la Ley 33 de 1985 en atención a las leyes especiales que cobijan a los docentes, y no en virtud del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, la providencia atacada desconoció la mencionada regla, dado que el Tribunal no accedió a reliquidar la pensión de jubilación del señor José Gabriel Orozco Betancur con base en los factores salariales devengados en el año anterior a la obtención de su estatus pensional, al negar las pretensiones de nulidad y restablecimiento dirigidas contra el acto que negó la solicitud de reliquidación pensional del accionante, tomando como IBL solo los factores salariales efectivamente cotizados en el año anterior al reconocimiento del estatus pensional.
6.16. El Tribunal accionado, para fundamentar su decisión, hizo referencia a las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016 y SU-395 de 2017.
Sin embargo, la Sala considera que el argumento invocado por el Tribunal no está llamado a prosperar dado que las reglas sentadas en las mencionadas sentencias de constitucionalidad y unificación, sobre los factores salariales a ser tenidos en cuenta para la liquidación de las pensiones de jubilación, fueron dictadas en el contexto del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el cual, como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, no es aplicable al caso concreto, dada la calidad de docente del tutelante.
En efecto, la regla que fijó la Corte Constitucional en dichas providencias, consiste en que el ingreso base de liquidación no era un aspecto sujeto al régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
6.17. En consecuencia, según el Tribunal Constitucional, a quienes son beneficiarios del régimen de transición establecido en la mencionada ley se les calculará el IBL con base en lo dispuesto por la Ley 100 de 1993, esto es, con el promedio de los factores salariales sobre los cuales se cotizó durante los últimos 10 años de servicio o todo el tiempo si este fuere superior (artículo 36) o inferior (artículo 21).
Sin embargo, como lo anticipó la Sala, esta discusión resulta irrelevante en el caso concreto, dado que al tutelante, por su condición de docente, le es aplicable el régimen pensional previsto en la Ley 33 de 1985 y 91 de 1989, y no pertenece a las personas beneficiarias del régimen de transición regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
6.18. En relación con la sentencia SU-395 de 2017, se tiene que dicha sentencia no hace referencia al régimen exceptuado que rige la pensión de jubilación de los docentes pues solo se pronunció en relación con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por lo que no es aplicable al caso del señor José Gabriel Orozco Betancur por cuanto, al haber sido vinculado como docente con anterioridad a la fecha de publicación de la Ley 812 de 2003, le corresponde el régimen consagrado en la Leyes 33 de 1985 y 91 de 1989, no en virtud de la transición establecida en la Ley 100 de 1993, sino porque pertenece a un sistema exceptuado de dicha normatividad.
En consecuencia, si bien la sentencia SU-395 de 2017 intenta clarificar asuntos relacionados con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, frente al cálculo del ingreso base de liquidación para determinar el monto de la pensión de vejez, estas conclusiones de la Corte Constitucional no son aplicables a la situación específica de los docentes.
6.19. Así las cosas, como lo manifestó esta Sección en ocasiones anteriores, el Tribunal no podía invocar los aludidos pronunciamientos dictados por la Corte Constitucional para apartarse de la sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado, ya que en éstos el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional sentó reglas relacionadas con la normatividad aplicable para determinar el IBL para efectos de la liquidación de pensiones de jubilación cobijadas por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, situación distinta a la objeto de estudio en el sub judice, dado que éste no le era aplicable al señor José Gabriel Orozco Betancur, puesto que el régimen pensional docente está expresamente excluido de la aplicación de la Ley 100 de 1993.
Como se ha reiterado a lo largo de esta providencia, dicha postura se refiere únicamente respecto de los beneficiarios del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, no resulta aplicable al caso concreto, dado que el tutelante no está cobijado por dicho régimen de transición sino por la normatividad especial docente.
7. Conclusión
7.1. Así las cosas, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión al proferir la sentencia del 18 de abril de 2018, aplicó las reglas fijadas por la Corte Constitucional respecto el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, cuando no había lugar a ello, con lo cual desconoció el precedente sentado en la sentencia de unificación del 4 de agosto de 2010, por lo que se ordenará amparar los derechos fundamentales del señor José Gabriel Orozco Betancur.
7.2. Consecuentemente se dejará sin efecto dicho proveído y se ordenará al Tribunal demandado proferir una nueva sentencia, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia.
DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - la Fiduprevisora S.A y el Ministerio de Educación.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales invocados por del señor José Gabriel Orozco Betancur vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión.
TERCERO: En consecuencia, DEJAR sin efectos la providencia del 18 de abril de 2018 y ORDENAR al Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión que dentro de los 30 días siguientes a la notificación de esta providencia profiera un nuevo fallo de segunda instancia, de conformidad con las consideraciones expuestas en este proveído.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
QUINTO: Si no fuese impugnado este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de la ejecutoria (art. 31 del Decreto 2591 de 1991).
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Salva voto
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO
ALBERTO YEPES BARREIRO
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03875-00
Actor: JOSÉ GABRIEL OROZCO BETANCUR
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA
Asunto: Acción de tutela – Salvamento de voto
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sección y a efectos de señalar las razones por las cuales presenté mi voto individual frente a la decisión mayoritaria adoptada por la Sala en sentencia de 13 de diciembre de 2018 me permito remitirme a los argumentos expuestos en el salvamento de voto manifestado en el marco del proceso de tutela radicado con el número 11001-03-15-000-2018-02522-00, Actor: José Fernando Villa Ríos.
Fecha ut supra,
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Notificada el 19 de abril de 2018, según constancia visible a folio 103 del expediente ordinario. Folio 6 del expediente. El actor también citó las sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del 28 de agosto de 2018, C.P: César Palomino Cortés, radicado número: 52001-23-33-000-2012-0010143-01, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de febrero de 2018, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación número: 11001-03-15-000-2017-03351-00, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 22 de febrero de 2018, C.P: Rocío Araújo Oñate, radicación número: 11001-03-15-000-2017-02968-00, entre otras. En el mismo sentido citó las siguientes sentencias: “sentencia del 8 de febrero de 2018, C.P: Rocío Araújo Oñate, SECCIÓN QUINTA Exp. 11001-03-15-000-2017-03146-00; sentencia del 10 de mayo de 2018, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, SECCIÓN CUARTA Exp. 11001-03-15-000-2018-0518-00 confirmada por la SECCIÓN QUINTA; sentencia del 19 de julio de 2018, C.P: Hernán Sánchez Sánchez, SECCIÓN PRIMERA, Exp. 11001-03-15-000-2018-01861-00.”
Folio 20 del expediente. Folio 22 (reverso) del expediente. Folio 49 del expediente. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Notificada el 27 de septiembre de 2018, según constancias visibles a folios 164 a 166 del expediente ordinario. Del trámite impartido a la demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala advierte que en primera instancia conoció de dicho proceso el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Pereira, lo que en virtud del numeral 2º del artículo 155 del CPACA implica que se trata de un asunto cuya cuantía no excede los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por lo anterior, el caso de la referencia no se ajusta a lo dispuesto por el artículo 257 del CPACA en lo que concierne a la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Consejo de Estado, Sentencia del 6 de septiembre de 2017. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2017-01898-00; Sentencia del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02760-00, Sentencia del 14 de diciembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02968-00.
“ARTICULO. 279.-Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (Subrayado Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 1995)”
Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Expediente 11001-03-15-000-2017-00901-01. Actora: Magda Nydia Escudero García. C.P.: Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Consejo de Estado, Sentencia del 6 de septiembre de 2017. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2017-01898-00
Consejo de Estado, Sentencia del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02760-00. Consejo de Estado, Sección Segunda, - Subsección “B”. Sentencia del 26 de julio de 2012. C.P. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA Rad. 250002325000200900083 01.- “Ahora bien, por disposición del artículo 3° del Decreto 2277 de 1979, los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales del orden Nacional, Departamental, Distrital, y Municipal, son empleados oficiales de régimen especial. La especialidad del régimen comprende aspectos de administración de personal, situaciones administrativas, ascenso de los educadores, entre otros. En efecto, los docentes oficiales han disfrutado de algunas prerrogativas, como la posibilidad de recibir simultáneamente pensión y sueldo (Decreto 224 de 1972, artículo 5°), algunos gozan de la denominada pensión gracia (Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933), prestaciones que reiteran las Leyes 91 de 1989, 100 de 1993, artículo 279 y 115 de 1994, artículo 115, lo que permite aceptar que, de alguna manera, gozan de un régimen especial en materia salarial y prestacional. No obstante lo anterior, en materia de pensión ordinaria de jubilación los docentes no disfrutan de ninguna particularidad en su tratamiento de acuerdo con las normas que regulan su actividad.”
Ver entre otras, la sentencia del Consejo de Estado - Sección Segunda, - Subsección “B”. Sentencia del 26 de julio de 2012. C.P. VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA Rad. 250002325000200900083 01
“ARTICULO. 279.-Excepciones. El sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto Ley 1214 de 1990, con excepción de aquél que se vincule a partir de la vigencia de la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas. Así mismo, se exceptúa a los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida. (…)” Subrayado Declarado Exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-461 de 1995
«Ley 100 de 1993. “Artículo 279. EXCEPCIONES. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica […] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida […]”.»
Énfasis del original. Consejo de Estado, Sentencia del 6 de septiembre de 2017. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2017-01898-00; Sentencia del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02760-00, Sentencia del 14 de diciembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02968-00. Consejo de Estado, Sentencia del 6 de septiembre de 2017. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. 11001-03-15-000-2017-01898-00 Consejo de Estado; Sentencia del 23 de noviembre de 2017. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2017-02760-00.
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