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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03462-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
26 de julio de 2018
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2017-03462-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de mayo de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2017-03462-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

26 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL

Se advierte que la autoridad demandada, atendió a los cargos formulados al señalar que la causal alegada por la tutelante, en nada podía configurarse, pues la decisión adoptada en el laudo no se ubicó más allá del derecho y lo que pretendió COVIANDES en realidad con su invocación, fue la revisión de errores in iudicando, de cuyo análisis se encuentra sustraído el recurso de anulación de los laudos arbitrales, argumento que esta Sala comparte luego de una revisión integral tanto al recurso de anulación como a la providencia que lo resolvió. (…) [E]s claro para esta Sala que se abordaron los cargos propuestos por la demandante, sin que advierta defecto sustantivo alguno frente a la ausencia de motivación razonable. (…) La Sala observa que la sentencia que declaró infundado el recurso de anulación contra el laudo, proferido por el Tribunal de Arbitramento el 17 de noviembre de 2016, argumentó en forma razonada, y congruente con el análisis de las pretensiones del tutelante, los motivos que hacían inviable la prosperidad de las causales de anulación invocadas.(…) De ahí que no se hallen razones que lleven a inferir un desconocimiento del precedente por parte de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y amparar derechos que a juicio de esta Sala, no se consideran vulnerados.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03462-01 (AC)

Actor: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido el 10 de mayo de 2018, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado.

ANTECEDENTES

1.1. LA TUTELA

La sociedad CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A.S., en adelante COVIANDES S.A.S., mediante apoderado judicial, presentó acción de tutela con el propósito de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y a la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política (artículos 29, 229 y 2º respectivamente) los cuales consideró vulnerados por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al proferir la sentencia de 9 de junio de 2017, la cual declaró infundado el recurso de anulación contra el laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, de 17 de mayo de 2016, compuesto por los árbitros ARTURO SOLARTE, EMILIO JOSÉ ARCHILA y ENRIQUE GIL BOTERO, y mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda, se declararon probadas las excepciones de ausencia de vínculo causal e inexistencia de desequilibrio económico por parte del Instituto Colombiano de Concesiones (hoy la Agencia Nacional de Infraestructura ANI) y se condenó a COVIANDES S.A.S. a pagar a esta, la suma de mil novecientos treinta y cinco millones quinientos cincuenta mil pesos ($1.935.550.000) moneda corriente por concepto de costas.

El actor solicitó, concretamente lo siguiente:

«PRIMERA. Que se declare que la sentencia del 9 de junio de 2017, que profirieron los doctores Jaime Enrique Rodríguez Navas, Guillermo Sánchez Luque y Jaime Orlando Santofimio Gamboa, como Magistrados de la Sección Tercera-Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, y mediante la cual declararon infundado el recurso de anulación propuesto por COVIANDES contra el laudo arbitral del 17 de noviembre de 2016 al que se alude en esta demanda, viola los derechos de COVIANDES al “debido proceso” al “acceso a la justicia” y a “la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.

SEGUNDA.- Que se deje sin efectos la sentencia que profirieron el 9 de junio de 2017 los doctores Jaime Enrique Rodríguez Navas, Guillermo Sánchez Luque y Jaime Orlando Santofimio Gamboa, como magistrados de la Sección Tercera-Subsección C de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado, mediante la cual declaró infundado el recurso de anulación propuesto por COVIANDES contra el laudo arbitral del 17 de noviembre de 2016. Este laudo fue emitido por un Tribunal de Arbitramento presidido por el Dr. ARTURO SOLARTE, y conformado, además, por los doctores EMILIO ARCHILA y ENRIQUE GIL BOTERO, en el Centro de Conciliación y Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, para dirimir controversias entre COVIANDES y la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.

TERCERA. Que se ordene al Consejo de Estado resolver de nuevo, dentro del término que señala la ley para decidir tal recurso, el recurso de anulación de COVIANDES al que se refiere esta demanda, en tal forma que la decisión sea conforme con los derechos fundamentales arriba aludidos.»

1.2. HECHOS

De la lectura del escrito de tutela se extraen como hechos relevantes, los siguientes:

Sostuvo que, el 22 de enero de 2010 se negoció y suscribió el Adicional No. 1 al Contrato de Concesión 444 de 1994, entre el Instituto Nacional de Concesiones (hoy, ANI) y la demandante, el cual tuvo por objeto la construcción y operación de un tramo de la doble calzada Bogotá Villavicencio, dentro del cual se acordó un régimen económico especial adoptado en un modelo financiero específico denominado “flujo de caja libre”, cuyo monto debía mantenerse en la suma de trescientos cincuenta y tres mil millones setecientos trece mil pesos $353.713.000, equivalente al valor mismo de la sociedad demandante.

Expresó que con el propósito de evitarle a INCO (hoy, ANI) los trámites presupuestales tendientes a realizar los nuevos aportes dinerarios a COVIANDES, con el fin de financiar las obras incluidas en tal Adicional No. 1, se pactó que la parte tutelante presentaría sus declaraciones de renta con una deducción equivalente a las inversiones que hiciera en activos productivos, aprovechando el beneficio tributario consagrado en el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, calculado como un porcentaje de las inversiones en activos fijos reales productivos que hiciera en el proyecto, durante los 8 años que duraría la construcción de la doble calzada Bogotá Villavicencio.

Destacó que dicha deducción dependía exclusivamente del porcentaje fijado en la ley y del valor de las inversiones realizadas en dichos activos, y no del impuesto a la renta que COVIANDES debiera pagar antes de aplicar la citada deducción, circunstancia que quedó reflejada en el adicional, como modelo financiero incorporado.

De acuerdo con lo anterior, indicó que su poderdante aceptó en el Adicional No. 1, renunciar a los aportes presupuestales que debería realizar normalmente el INCO (hoy, ANI) para financiar las nuevas obras incluidas en el proyecto, asumiendo también el riesgo regulatorio. Sin embargo, anotó que dicha aceptación estaba condicionada por la obligación de INCO de apoyar a COVIANDES en el trámite de obtención de un contrato de estabilidad jurídica que protegiera a este último frente al riesgo de cambios en cuanto al régimen del citado artículo 158-3 del Estatuto Tributario, el cual permitía deducir de la renta, las inversiones realizadas en activos productivos.

Dicho contrato de estabilidad jurídica, expresó, le permitiría gozar de la deducción de sus inversiones durante el período de construcción de la obra, esto es, ocho años, y del cual INCO también se obligó a emitir un concepto con el fin de que COVIANDES pudiera celebrar dicho contrato y continuar aplicando la deducción sobre las inversiones. Concluyó que dicho concepto era indispensable, argumentando que COVIANDES debía presentar en un término corto, la solicitud formal de contrato de estabilidad jurídica, trámite que realizó el 24 de mayo de 2010, dentro del plazo estipulado en el Adicional No. 1, mientras que el INCO no cumplió con su obligación sino hasta un año después de lo debido, es decir, el 17 de mayo de 2011, y adverso a las pretensiones de la sociedad demandante, esto es, oponiéndose a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica.

Aseguró que fue necesario que pasaran dos años, incluso que el INCO fuera transformado en la ANI, para que esta última rindiera un concepto favorable a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica; no obstante, según cita la parte actora, la Ley 1430 estableció que el beneficio tributario solo podía estabilizarse por el término de tres años, por lo que concluyó, que gracias al retardo del INCO, la sociedad accionante no pudo gozar del beneficio tributario durante 4 de los 8 años que las partes habían previsto en el modelo financiero incorporado en el ya mencionado Adicional No. 1 de 22 de enero de 2010.

Agregó que frente a la situación anterior, COVIANDES tuvo que realizar pagos de impuesto de renta superiores a los que habrían sido necesarios si hubiese recibido el beneficio tributario, motivo por el cual presentó demanda de carácter arbitral contra la ANI el 16 de febrero de 2015, como consecuencia del incumplimiento de la ley, del Contrato de Concesión No. 444 de 1994 y concretamente el Adicional No. 1 suscrito entre esta y aquella, alegando que gracias al concepto extemporáneo y desfavorable rendido por dicha entidad, frente a la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica, COVIANDES tuvo que someterse al cambio regulatorio y por tanto, a una carga tributaria superior a la prevista en el contrato y su adición, causándole perjuicios cuantiosos.

Manifestó que el 17 de noviembre de 2016, el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá profirió laudo arbitral, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda, se declararon probadas las excepciones de ausencia de vínculo causal e inexistencia de desequilibrio económico por parte del Instituto Colombiano de Concesiones (hoy la Agencia Nacional de Infraestructura ANI) y se condenó a COVIANDES S.A.S. a pagar a esta, la suma de mil novecientos treinta y cinco millones quinientos cincuenta mil pesos ($1.935.550.000) moneda corriente por concepto de costas. El citado laudo fue objeto de aclaración, mediante auto aclaratorio de 25 de noviembre de 2016, en cual mantuvo sin cambio el análisis realizado por el Tribunal de Arbitramento.

El 9 de febrero de 2017, la parte actora presentó recurso extraordinario de anulación ante el Consejo de Estado, con fundamento en las causales 7, 8 y 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

El 9 de junio de 2017, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia en la cual resolvió declarar infundado el recurso de anulación, al desestimar los cargos formulados por el demandante, dirigidos a revivir cuestiones probatorias y de juzgamiento de cuyo análisis se encuentra vedado el juez de anulación y; condenó en costas al recurrente y ordenó devolver el expediente al Tribunal de Arbitramento.

1.3. FUNDAMENTOS DE LA SOLICITUD

Para la parte actora, la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso de justicia y a los principios, derechos y deberes consagrados en los artículos 29, 83 y 2 respectivamente, al incurrir en los vicios denominados defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional. Como fundamento de sus aseveraciones, expuso:

1.3.1. Defecto sustantivo
Explicó que la sentencia que resolvió el recurso de anulación incurrió en defecto sustantivo pues no aplicó el numeral octavo del artículo 41 de la Ley 1563 y por ende violó el debido proceso, comoquiera que no se tuvieron en cuenta las contradicciones contenidas tanto en la parte motiva del laudo arbitral, asegurando que incidían en la decisión que allí se adoptó, es decir, en la parte resolutiva.

Afirmó que la contradicción se presentó cuando en la parte motiva del laudo se dijo, en forma razonada y explícita, que el INCO había incumplido el contrato gracias al retraso con el que se rindió el concepto sobre la solicitud de COVIANDES, tendiente a suscribir el contrato de estabilidad jurídica; entre tanto, en la parte resolutiva se negó la pretensión de que se declarara el incumplimiento de tipo contractual suscrito entre las partes, contraviniendo lo establecido por los artículos 279, del Código General del Proceso, y 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cuanto a la exigencia de que las sentencias sean debidamente motivadas, todo lo cual bastaría para anular el referido laudo arbitral.

Expuso además, una contradicción adicional contenida en las motivaciones del laudo, pues por un lado reconoció que el INCO estaba obligado contractualmente a producir un concepto de forma oportuna, en cambio, más adelante se sostuvo que aunque dicho concepto se presentó de forma tardía, no podía considerase un incumplimiento contractual, ya que fue favorable.

En ese orden de ideas, destacó que las precitadas contradicciones incidieron en la parte resolutiva del laudo, pues llevó a que se negaran las pretensiones de la demanda, concretamente la segunda, referida a la solicitud de declarar el incumplimiento por parte de INCO de rendir un concepto oportunamente respecto de la solicitud de COVIANDES, cuando para lograr una congruencia entre la demanda y el laudo, y con las motivaciones contenidas en el mismo, se debió declarar la prosperidad de dicha pretensión, debido al menos al incumplimiento del INCO por el retraso en la producción del concepto.

1.3.2. Desconocimiento del precedente constitucional

Aseguró que la sentencia cuestionada, mediante la cual se desató el recurso de anulación del laudo arbitral, reflejó una posición contraria a lo señalado por la Corte Constitucional y por el mismo Consejo de Estado, en cuanto sería muy gravoso tener que analizar el contenido de cada causal de anulación sin que el tutelante haya expuesto y sustentado con claridad sus argumentos con relación a la vulneración invocada.

Expresó, que en observancia del precedente de la Corte Constitucional, COVIANDES cumplió con la carga de argumentar de manera clara y expresa las causales de anulación invocadas, pero explicando, para su mejor comprensión y contexto, por qué ellas se relacionaban con lo alegado, lo probado, y lo que en efecto se decidió en el laudo.

En esa medida, afirmó que el Consejo de Estado le dio un alcance errado a la sustentación del recurso extraordinario de anulación pues su propósito se dirigió a demostrar la procedencia de las causales de anulación alegadas, cumpliendo con la jurisprudencia constitucional en cuanto al deber de argumentación y sustentación de los recursos.

1.3.3. Defecto por ausencia de motivación razonable en cuanto al análisis de las causales séptima y novena del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

Adujo que con fundamento en la causal séptima del recurso de anulación, el laudo arbitral fue en equidad y no en derecho: (i) respecto del incumplimiento del contrato; (ii) con relación a la prueba del daño y de su monto y; (iii) sobre la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño.

Señaló que la sentencia atacada no analizó la procedencia de cada uno de los cargos presentados, sino que procedió a rechazarlos de forma conjunta pues según su contenido, el convocante, por vía de impugnación, pretendía que se juzgaran errores in iudicando y no in procedendo, de la decisión arbitral.

A juicio de la tutelante, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en su decisión se valió de jurisprudencia desactualizada, pues la misma Corporación ha señalado que para que un fallo sea considerado como dictado en derecho, no basta con citar la norma, sino que debe explicarse cómo esta tiene conexión con el sentido de la decisión, además de realizar señalamientos generales y críticas retóricas dirigidas a exponer las múltiples quejas de COVIANDES y no, un análisis específico de los tres cargos basados en la mencionada causal séptima, por lo que no detalló cuáles eran las partes del recurso de anulación y el expediente arbitral, en las cuales se alegaron errores in iudicando, cuando el escrito de anulación tuvo como objetivo señalar aquellos in procedendo.

En cuanto a la causal novena del referido artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, sostuvo que el laudo omitió decidir sobre asuntos sometidos al arbitramento, como quiera que no se tuvo en cuenta la condicionalidad consistente en asumir el riesgo regulatorio, por parte de COVIANDES, siempre que el INCO facilitara la obtención del contrato de estabilidad jurídica, mediante un concepto oportuno y favorable dirigido a las autoridades.

Añadió que el laudo omitió considerar las pruebas que, según la demanda, muestran cómo COVIANDES aceptó tomar el riesgo regulatorio tributario en beneficio del INCO y del proyecto, sin aumentar su propia remuneración, pues al celebrar el contrato, ello evitaría al INCO tener que realizar mayores aportes presupuestales para lograr la construcción de las obras, cargos que a su juicio, la sentencia cuestionada despachó en tan solo dos escuetos párrafos, al aludir a asuntos incuestionables, dejando a las personas sin la posibilidad de impugnar las sentencias.

1.4. TRÁMITE DE INSTANCIA

Mediante auto de 15 de enero de 2018, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dispuso: admitir la tutela; notificar al demandante y al demandado, así como a la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- y al Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá como terceros interesados, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y; reconocer personería al abogado Hugo Palacios Mejía, como apoderado de la parte actora.

1.5. INTERVENCIONES

1.5.1. Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-

El Gerente de Defensa Judicial de la Agencia Nacional de Infraestructura –ANI-, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela y se denegara el amparo, pues la parte accionante lo que pretendía era usar la acción de tutela como una instancia adicional para adquirir y proteger derechos meramente económicos, lo cual desnaturalizaba su finalidad.

Señaló que la accionante pretendió abordar discusiones de fondo en múltiples escenarios de cuyas instancias judiciales la acción de tutela no podía sustituir, conforme lo establecido por la Corte Constitucional, por lo que a su juicio, la referida acción no cumplía con el requisito de subsidiariedad.

Aseguró que el accionante no podía acudir a ese medio constitucional pues las causales de procedibilidad no se ajustaban a la realidad fáctica y jurídica, por medio del cual se intentó darle un matiz de tercera instancia, desconociendo lo que ya dos autoridades bajo el mismo objeto han manifestado con certeza estar en total acuerdo.

Expresó estar sorprendido respecto a la relevancia constitucional que dijo el tutelante poseer el asunto bajo análisis, pues trajo hechos sometidos a estudio por dos jurisdicciones distintas, las cuales, de manera uniforme, independiente y objetiva, definieron que lo contenido en el laudo arbitral de fecha 17 de noviembre de 2016, en su integridad, se encontraba conforme con lo observado por los árbitros dentro del proceso.

Reiteró que lo que el accionante pretendía era abrir un nuevo debate judicial, circunstancia que a su juicio atentaba contra el principio de seguridad jurídica al romper con los efectos de cosa juzgada, pues quedó probado, que tanto el trámite arbitral como aquel que resolvió el recurso de anulación, se ciñeron a ritualidad exigida, este último, debatiendo una a una las situaciones expuestas por COVIANDES.

Sostuvo también, que la acción de tutela presentada era improcedente porque de acuerdo con la Corte Constitucional, esta tenía una naturaleza de carácter restitutoria cuando han sido vulnerados derechos fundamentales, y de carácter preventivo cuando estos se encuentren amenazados; por lo tanto, la mentada acción constitucional no poseía un carácter indemnizatorio ni declarativo.

En este sentido, afirmó que los argumentos planteados por COVIANDES estaban dirigidos a modificar decisiones adoptadas por el juez del contrato, olvidando que la suscripción del pacto arbitral implica la decisión de acudir a particulares que de forma transitoria pueden administrar justicia, y cuya naturaleza hace tránsito a cosa juzgada. Además, las partes inmersas dentro del trámite arbitral contaron con las oportunidades procesales necesarias para presentar argumentos y controvertir la pruebas, señalando que el proceso arbitral no es de doble instancia y contra aquellos laudos procedían los recursos de anulación y revisión, el primero de los cuales fue agotado por la parte accionante.

Siguiendo con lo expuesto con anterioridad, señaló que el accionante retomó las manifestaciones presentadas en el recurso de anulación con lo cual pretendió, bajo presuntas violaciones a sus derechos, que el juez de tutela asumiera el papel de fallador, propio del juez de anulación, por lo que la acción estaba encaminada a constituir una instancia adicional, circunstancia que reforzaba el hecho de que COVIANDES había recurrido a diversas autoridades con la intención de reabrir el debate judicial, ejemplo de ello la decisión de 8 de junio de 2017, donde la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela presentada contra el laudo arbitral de 17 de noviembre de 2016, luego dicha acción también era improcedente por los requisitos especiales de procedibilidad.

Así las cosas, señaló que lo que la parte accionante entiende como defecto sustantivo no se trataba más que de un desacuerdo con el juez de anulación respecto de la interpretación de las normas aplicables, lo que en nada puede reputarse como el desconocimiento del marco normativo ni mucho menos su contradicción, adicional al hecho de que en la sentencia cuestionada contenía claramente un aparte concerniente a las normas y jurisprudencia en las que se basó para adoptar una decisión, cosa que no hacía evidente la alegada falta de motivación de la misma.

Desestimó finalmente, el vicio relacionado con el desconocimiento del precedente constitucional, al señalar que se dio una lectura contraria a lo que la misma Corte Constitucional ha establecido, pues si bien habrá de ilustrarse al juez de anulación, no habrá de constituirse una adicional que simule una revisión integral al laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento.

1.5.2. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

La mencionada entidad pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por COVIANDES ya que según la Corte Constitucional, esta solo es procedente, tratándose de laudos arbitrales y sentencias de anulación proferidas por el Consejo de Estado en casos verdaderamente excepcionales. Esto porque la justicia arbitral connota una especial naturaleza, siguiendo con lo establecido por el artículo 116 constitucional, de cuyo contenido se desprende que las controversias sometidas a dicha justicia tiene un carácter eminentemente facultativo, situación que crea una diferencia con la justicia ordinaria, ya que implica que quienes acuden a aquella, lo hacen en forma voluntaria.

Advirtió que lo pretendido por COVIANDES en sede de tutela, no es otra cosa que el control judicial regular como el realizado en los procesos de carácter ordinario, lo que desvirtúa la naturaleza propia de la justicia arbitral.

Expresó que el requisito genérico de procedibilidad de la acción referido a la relevancia constitucional, no se cumplía en este caso, ya que no se evidenciaba que con la expedición de la sentencia que resolvió el recurso de anulación se hayan violado principios o valores exigidos por la jurisprudencia sino que por el contrario, las razones presentadas por la parte actora en cuanto a dicha causal, solo tenían que ver con un simple desacuerdo, disfrazado de violaciones al debido proceso, por lo que a su juicio, la acción de tutela no podía convertirse en el medio para reabrir discusiones que por expresa voluntad de las partes, fueron zanjadas dentro del proceso arbitral.

Finalizó argumentando que resultaba extraño que el accionante, al abordar el asunto en cuestión pretendiera mostrar el cumplimiento del requisito de inmediatez de la acción de tutela como si existiera un término legal para su presentación y con fundamento en las normas del Código General del Proceso. Adujo que nada dijo la demandante sobre las razones por las cuales dejó pasar los seis meses desde la expedición y notificación del fallo, ni mucho menos sobre los motivos constitucionales que le llevaban a afirmar que existe una fórmula legal, en virtud de la cual se debe tomar como referencia la fecha de la ejecutoria de una providencia, para llevar a estas cuentas, hecho que consideró como muestra suficiente de que COVIANDES no tenía razones válidas para justificar la intervención del juez de amparo.

1.6. CONTESTACIONES

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera

Mediante escrito radicado el 24 de enero de 2018 en la Secretaría General de esta Corporación, el Consejero Jaime Orlando Santofimio Gamboa, magistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado procedió a dar contestación de la acción constitucional presentada, oponiéndose a las pretensiones contenidas en la misma, ya que no se reunían los presupuestos decantados por la jurisprudencia constitucional para admitir, excepcionalmente, su procedencia.

Manifestó además, que la acción de tutela no tenía vocación de prosperidad, como quiera que los cargos de violación a los derechos fundamentales invocados por COVIANDES carecían de base jurídica.

Sostuvo lo anterior, con fundamento en la libertad de configuración normativa de la que gozaba el legislador al diseñar la Ley 1563 de 2012, mediante la cual se creó el instituto del recurso de anulación contra laudos arbitrales, con la única finalidad de que las partes de la controversia arbitral contaran con una instancia extraordinaria que revisara defectos adjetivos presentados en la actuación, no así para que calificara el mérito, acierto o corrección de los argumentos sustantivos de valoración probatoria y criterio jurídico que giraron en torno al litigio y expuestos en el laudo arbitral.

Por lo anterior, expresó, cualquiera que sea la denominación dada por la accionante, para el juez de anulación no le era dado abordar cuestiones sobre el fondo del asunto, pues la vía procesal de la revisión no avalaba tal punto. En otras palabras, afirmó que proceder al estudio de fondo del asunto, pondría al juez de anulación fuera de su ámbito de competencia funcional, y ahí sí, actuaría contra derecho, conforme con las voces del artículo 42 de la precitada Ley 1563.

Afirmó que no había razón alguna como para que la Subsección C de la Sección Tercera desconociera el precepto legal, su jurisprudencia y acometiera una valoración sustancial de la causa. Insistió en esto, porque la motivación del fallo cuestionado se fundamentó justamente en ese punto, es decir, en que los cargos planteados por el demandante perseguían una valoración probatoria y jurídica del laudo, cosa que estaba vedada para el juez de anulación.

Con apoyo en los pronunciamientos vertidos por la Corte Constitucional en las sentencias SU-173 de 2015 y SU-556 de 2016, contentivos de casos relativos a acciones de tutela promovidas contra providencias del Consejo de Estado en sede de anulación, sostuvo que la técnica jurídica del mentado recurso extraordinario no admitía que en la construcción argumentativa de cada una de las causales previstas en la ley se involucren razones de naturaleza sustantiva, lo cual encontraba pleno respaldo en la jurisprudencia no solo constitucional sino contencioso administrativa, razones que a su vez, llevaron a que el análisis de la precitada causal séptima del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 en la decisión impugnada, concluyera que la intención del convocante buscó juzgar errores in iudicando, que no in procedendo del laudo arbitral.

Afirmó que respecto de la causal octava de la misma norma, la providencia cuestionada consideró que no estaba llamada a prosperar por cuanto las presuntas disposiciones que se tachaban como contradictorias no se encontraban en la parte resolutiva de la decisión arbitral, planteando COVIANDES una discusión entre pasajes de la parte considerativa y el cuarto punto resolutivo del fallo arbitral “y no se trata acá del especial evento en el que la resolutiva remite en algún punto a decisión tomada en las consideraciones”, lo que a su juicio, se ajustaba al texto de la causal y a la teleología de la ley, pues de admitirse, como lo pretendía el accionante, la revisión de incongruencias entre la parte considerativa y la resolutiva no entraña cosa diferente que un escrutinio sobre la sustantividad del pleito.

Concluyó, en cuanto a la causal novena de la Ley 1563 de 2012, que la Sala la desestimó porque no halló configuración de las tres presuntas omisiones alegadas, ya que estaban relacionadas con la falta de valoración de la conducta de la convocada (INCO) lo que constituía una invitación a revisar cuestiones sustantivas o probatorias del pleito arbitral, resaltando que la Subsección C, con su decisión, abordó los cargos de anulación presentados por COVIANDES en su impugnación, de la misma manera que adoptó su decisión consultando los criterios jurisprudenciales decantados por la Corporación sobre el sentido y alcance de cada una de las causales objeto de pronunciamiento, las cuales interpretó y aplicó al margen de la naturaleza del recurso de revisión.

1.7. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 10 de mayo de 2018, luego de superar los requisitos generales de procedencia de las acciones de tutela contra providencia judicial, negó la solicitud de amparo, por los siguientes motivos:

Indicó, que según el contenido de la de la sentencia cuestionada, los cargos presentados en el recurso de anulación, relacionados con la interpretación y alcance dado al numeral 8º del artículo 41 de la Ley 1563 d3 de 2012, la ausencia de motivación razonable respecto del análisis de las causales de anulación 7º y 9º del artículo 41 de la misma ley, se evidenció que fueron abordados en su integridad, exponiendo las razones por las cuales no se configuraron, y cuyas consideraciones afirmaron que solo le era permitido al juez de tutela verificar los errores procedimentales o in procedendo, los que en el caso particular no advirtió, por lo que declaró infundado el recurso.

Resaltó que en sede de anulación, al juez no le era posible referirse a errores de juzgamiento o in iudicando, de tal suerte que no estaba facultado para analizar de fondo la controversia contractual planteada en el juicio arbitral ni revivir el debate probatorio o cuestionar los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Arbitramento.

Asimismo, afirmó no encontrar la configuración del defecto sustantivo alegado por el tutelante ni desconocimiento del precedente constitucional; por el contrario, se evidenció que las pretensiones de COVIANDES estaban dirigidas a retomar el estudio de fondo de la referida controversia originada en el contrato celebrado con la ANI, estudio que en su momento, abordó el Tribunal de Arbitramento.

Estimó finalmente que, en la medida que los argumentos presentados por COVIANDES en el escrito de tutela respecto de la configuración del desconocimiento del precedente constitucional eran los mismos tendientes a demostrar el defecto sustantivo, no era viable estudiarlo.

1.8. IMPUGNACIÓN

Mediante escrito radicado el 18 de mayo de 2018 ante esta Corporación, el apoderado de la parte actora impugnó la decisión de 10 de mayo del mismo año por los siguientes motivos:

Solicitó se revocara en su integridad la sentencia de tutela proferida por la Sección Cuarta y en su lugar se atendieran favorablemente las pretensiones esbozadas en el escrito de tutela toda vez que carecía de forma absoluta de motivación, al limitarse únicamente a sostener que los cargos no estaban llamados a prosperar, siendo extensa en la exposición de los antecedentes, pero muy corta en la parte resolutiva, resaltando que la acción de tutela era el único medio para proteger los derechos fundamentales de COVIANDES.

Aceptó que si bien le asistía la razón al Consejo de Estado en cuanto a la imposibilidad del juez de anulación, de analizar errores in iudicando, como también estudiar el fondo de la controversia, esto no significaba que este pudiera anular un laudo cuyos árbitros no sujetan su resolución al ordenamiento jurídico vigente. En ese caso, afirmó, la revisión de las normas aplicadas por los árbitros no eran de orden in judicando sino in procedendo.

Insistió en que el escrito de tutela no se dirigió únicamente a que se analizara el laudo arbitral, sino la sentencia que resolvió el recurso de anulación, y solo cuando se haya concluido que ella violó derechos fundamentales al no anular el laudo, este se deje sin efectos. Afirmó que la referida acción se instauró por violación directa de los artículos 2, 29 y 229 de la Constitución Política pues la providencia que desató el recurso de anulación, incurrió en varios defectos, que resultan de ignorar el derecho al debido proceso y el artículo 281 del Código General de Proceso, que exigen congruencia entre la parte motiva y la parte resolutiva, generando con ello que la persona afectada desconozca cuáles fueron los motivos que se tuvieron en cuenta para adoptar la decisión y no tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa, inmerso en el debido proceso.

Reprochó que ni la sentencia que resolvió el recurso de anulación, ni la que ahora impugna, se ocuparon de estudiar con atención los cargos formulados contra el laudo arbitral y después contra la providencia de anulación.
Aseveró que, contrario a los argumentos esgrimidos en el fallo de tutela, sí se presentaron defectos sustantivos y se desconoció el precedente constitucional pues era evidente la ausencia de motivación, las contradicciones y demás irregularidades en las que incurrió el juez de anulación, lo cual, frente a las pretensiones deprecadas en el escrito de tutela, no implicaba adelantar un estudio de fondo de la controversia contractual, pues de hecho, eso no fue lo pretendido ni el enfoque que se dio en el mismo.

Dejó entrever que el fallo de tutela reconoció abiertamente no analizar los cargos formulados ya que el desconocimiento del precedente judicial compartía los mismos argumentos presentados frente a la configuración del defecto sustantivo en el que incurrió la providencia que resolvió el recurso de anulación.

Por el contrario, adujo que la Sección Tercera, y basándose en los precedentes jurisprudenciales que obligan, a quienes utilizan el recurso de anulación, a fundamentar adecuadamente los cargos que presentan, desechó varios cargos sin entrar en el análisis de su relación directa y apropiada con las causales de anulación, por el simple hecho que el recurrente quiso presentarlos de manera clara y suficiente, para cumplir mejor con las exigencias jurisprudenciales sobre la materia.

Asimismo, y en oposición al fallo de tutela proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que afirmó que la decisión judicial que resolvió el recurso de anulación abordó en su integridad las causales propuestas en el recurso y expuso las razones por las cuales no se configuraron, puso de presente la omisión de pronunciarse sobre varios de los cargos formulados y respecto de otros, la motivación fue deficiente, porque el análisis de la causal 7º del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 estaba enmarcado dentro de varios cargos y decidió valorarlos en conjunto; y porque también se presentó ausencia de motivación respecto de la causal 9º de la misma norma en cuanto al riesgo tributario que el accionante aceptó tomar en beneficio del entonces INCO (hoy, ANI) y del proyecto, sin aumentar su propia remuneración, porque al celebrar el contrato, ello evitaría que dicha entidad tuviera que realizar mayores aportes presupuestales para conseguir que se construyeran las obras.

Finalizó, insistiendo en que con la providencia de tutela se violó nuevamente el debido proceso al no presentarse una motivación debido al argumento que se abstuvo de estudiar el cargo concerniente al desconocimiento del precedente, ya que estaba fundamentado en los mismos argumentos con los cuales se propuso el defecto sustantivo. En esos términos, consideró que no basta con mencionar el cargo y decir que no procede para que se cumpla con el debido proceso sino que es necesario que se presenten las justificaciones por la cuales se decidió que esa cargo no tenía la virtualidad de prosperar; ello con base en los pronunciamientos de la Corte Constitucional referidos a la motivación de las providencias judiciales.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. COMPETENCIA

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación promovida contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo 2.2.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y por el artículo 2° del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. PROBLEMA JURÍDICO

A la Sala le corresponde determinar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 10 de mayo de 2018, que negó la solicitud de amparo formulada por la COVIANDES S.A.S., al considerar que la autoridad judicial demandada no incurrió en los defectos invocados cuando, en sentencia de 9 de junio de 2017, declaró infundado el recurso de anulación y condenó en costas a la mencionada sociedad.

2.3. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia.

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

En el caso bajo análisis, se evidencia que los requisitos anteriormente mencionados se cumplen, toda vez que la acción inicial no se dirige contra un fallo de tutela; se agotaron los medios de defensa que tenía la accionante para controvertir la providencia objeto de tutela; de la misma forma que la inmediatez, ya que la notificación de la misma se surtió el 15 de junio de 2017 y la acción de tutela fue presentada el 15 de diciembre del mismo año, tiempo que se encuentra dentro de los seis meses que esta Sala ha señalado como razonable para hacerlo, por lo que se aviene necesario adelantar el estudio de fondo, respecto de los defectos que el tutelante alegó.

2.4. NATURALEZA JURÍDICA DEL LAUDO ARBITRAL

El artículo 116 de la Constitución Política establece que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de árbitros habilitados por las partes. Por su parte, el artículo 111 de la Ley 446 de 1998 define el arbitraje como “un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.”

La Corte Constitucional ha reiterado que “no obstante sus características especiales, atinentes a su naturaleza voluntaria y transitoria, la justicia arbitral constituye en realidad una modalidad constitucionalmente legítima de administración de justicia y, por tanto, más allá de sus diferencias evidentes con la justicia estatal, las providencias que se emitan por aquella están también amparadas, en principio, por la intangibilidad que se deriva de los principios de cosa juzgada, seguridad jurídica y autonomía judicial.”

De las normas referidas se desprende la naturaleza jurisdiccional del proceso arbitral, en virtud de la cual el laudo tiene la esencia y características propias de las providencias judiciales, que gozan de la doble presunción de legalidad y acierto, por lo que corresponde abordar el análisis de cara a los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.5. EL RECURSO DE ANULACIÓN, SU NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS

Esta Corporación, en jurisprudencia reiterada ha precisado la naturaleza y alcance del recurso de anulación, aspectos sobre los cuales ha destacado lo siguiente:

El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, sin que constituya una instancia más dentro del correspondiente proceso.

Su finalidad se orienta a cuestionar la decisión arbitral por errores in procedendo (por violación de leyes procesales), que comprometen la ritualidad de las actuaciones, por quebrantar normas reguladoras de la actividad procesal, desviar el juicio o vulnerar las garantías del derecho de defensa y del debido proceso.

No es posible por intermedio del recurso de anulación atacar el laudo por cuestiones de mérito o de fondo, errores in iudicando (por violación de leyes sustantivas), es decir, si el Tribunal obró o no conforme al derecho sustancial (falta de aplicación de la ley sustantiva, indebida aplicación o interpretación errónea), ni plantear o revivir un nuevo debate probatorio o considerar si hubo o no un yerro en la valoración de las pruebas o en las conclusiones a las cuales arribó el correspondiente Tribunal , puesto que el juez de anulación no es superior jerárquico del Tribunal de Arbitramento y, en consecuencia, no podrá intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar sus decisiones, por no compartir sus razonamientos o criterios.

2.6. CASO CONCRETO

Una vez superados los requisitos anteriormente mencionados, la Sala encuentra que los vicios presentados por COVIANDES S.A.S. se centran principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, con la providencia 9 de junio de 2017, mediante la cual se resolvió el recurso de anulación contra el laudo de 17 de noviembre de 2016, proferido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Bogotá, incurrió en los defectos denominados: material o sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.

2.6.1. Con relación al defecto sustantivo, alegó la tutelante que este se presentó, cuando la providencia que resolvió el recurso de anulación no aplicó el numeral octavo del artículo 41 de la Ley 1563, particularmente cuando la parte motiva del laudo se dijo, en forma razonada y explicita, que el INCO había incumplido el contrato gracias al retraso con el que se rindió el concepto sobre la solicitud de COVIANDES, tendiente a suscribir el contrato de estabilidad jurídica; entre tanto, en la parte resolutiva se negó la pretensión de que se declarara el incumplimiento de tipo contractual suscrito entre las partes.

Pues bien, de la lectura de la sentencia cuestionada y del escrito de tutela, es claro para esta Sala que COVIANDES pretende cuestionar nuevamente el régimen de derecho que se utilizó para resolver las diferencias que se presentaron entre dicha sociedad y el entonces INCO, hoy la ANI, como quiera que allí se abordaron todos y cada uno de los elementos que llevaron a desestimar el cargo propuesto, y de cuyo contenido no se hallan valoraciones que conduzcan a establecer la inaplicación de la referida causal octava del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

En efecto, salta a la vista cómo, en diferentes apartes del ámbito considerativo de dicha decisión se realizó una aproximación completa y razonable de que la causal del recurso de anulación alegada no tenía prosperidad al referir que “las contradicciones presuntamente presentadas en el laudo arbitral debían tener lugar entre preceptos o enunciados que se encuentren en la parte resolutiva del laudo, de modo que se trate de órdenes enfrentadas e incompatibles entre sí que dificulten o impiden la comprensión intersubjetiva de lo sentenciado por el Tribunal arbitral. Ese entendimiento, como se ha dejado sentado anteriormente, excluye de suyo la posibilidad de alegar una contradicción entre parte considerativa y resolutiva del laudo, salvo cuando expresamente la resolutiva reenvía a una decisión que se adoptó en las consideraciones y surja de ello una incompatibilidad de entendimiento.”

Acorde con lo anterior, se evidencia concretamente lo siguiente:

5.2.- La causal octava de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

5.2.1.- Alegó Coviandes que el laudo de 17 de noviembre de 2016 contenía disposiciones contradictorias. Explicó que en la parte considerativa (página 86) se dice que Inco incumplió la obligación de rendir concepto a la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica en los términos convenidos en el Adicional 1 de 2010, sin embargo, en el punto resolutivo cuarto el Tribunal negó las pretensiones segunda a cuarta, habiéndose encaminado la pretensión segunda a que se declarara el incumplimiento de Inco. Sostuvo Coviandes que pidió al Tribunal se pronunciara sobre esa contradicción, sin embargo, esa solicitud fue desestimada.

5.2.2.- Sea lo primero advertir que el recurrente satisfizo la exigencia establecida por la Ley de invocar la presunta contradicción ante el Tribunal de arbitramento, lo que ocurrió en memorial de 24 de noviembre de 2016 que dio lugar a la audiencia de 25 de noviembre del mismo año donde el panel arbitral desestimó esa y otras peticiones de quien obró como convocante.

5.2.3.- De otro tanto, es de rigor señalar que la contradicción que prescribe la Ley como supuesto de procedencia de la causal de anulación de que trata el numeral 8° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, debe tener lugar entre preceptos o enunciados que se encuentren en la parte resolutiva del laudo, de modo que se trate de órdenes enfrentadas e incompatibles entre sí que dificulten o impiden la comprensión intersubjetiva de lo sentenciado por el Tribunal arbitral. Ese entendimiento, como se ha dejado sentado anteriormente, excluye de suyo la posibilidad de alegar una contradicción entre partes considerativa y resolutiva del laudo, salvo cuando expresamente la resolutiva reenvía a una decisión que se adoptó en las consideraciones y surja de ello una incompatibilidad de entendimientos.

5.2.4.- Esta razón, por sí sola ya es suficiente para desestimar el cargo formulado por el convocante pues repárese cómo en la construcción argumentativa de la configuración de la causal estimó una contradicción entre un pasaje de las consideraciones del laudo y lo que fue resuelto en el cuarto punto resolutivo y no se trata acá del especial evento en el que la resolutiva remite en algún punto a una decisión tomada en las consideraciones. Por consiguiente, no está llamado a prosperar el cargo revisado.

Nótese que la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, en sede de anulación, explicó incluso, que COVIANDES estimó de manera equivocada la aparente contradicción al creer que esta se presenta entre un pasaje o elemento argumentativo del laudo y su parte resolutiva, concretamente el punto cuarto, pues esta alude en realidad, a la enunciación establecida en la resolución del mismo, cuyas órdenes estén enfrentadas entre sí, haciendo claridad en que de manera excepcional se presentaba cuando de forma expresa, la parte resolutiva reenvía a una decisión que se adoptó en las consideraciones.

Previo a lo anterior, la sentencia enjuiciada se ocupó también de establecer detalladamente las generalidades correspondientes a la mentada causal octava, hasta el punto de explicar las otras circunstancias que darían lugar al recurso de anulación, como son los errores aritméticos y los errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, cosa que a juicio de esta Sala, y siguiendo con la posición del fallador de primera instancia, tuvo apoyo en la normas existentes y constitucionales, además de no encontrar contradicciones evidentes entre los fundamentos y la decisión adoptada.

Estima la Sala que, tal como se anotó en precedencia, las contradicciones se hacen evidentes solo cuando la orden impartida en la parte resolutiva remite a decisiones que se adoptaron en la parte considerativa y como consecuencia de ello, surja una incompatibilidad de entendimiento, circunstancia que tuvo en cuenta la sentencia atacada, para desestimar el cargo formulado respecto de la mentada causal octava de anulación.

2.6.2. Expresó también el demandante, que la sentencia proferida por la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió el recurso de anulación, incurrió en defecto sustantivo, pues omitió pronunciarse sobre varios de los cargos formulados en el recurso de anulación, sustentados en la causal séptima del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, sino que procedió a rechazarlos en conjunto. Además, adujo, la providencia atacada carecía totalmente de motivación respecto del análisis de la causal novena de la misma norma.

En este punto, para la Sala tampoco resulta evidente la presencia de un vicio de carácter sustantivo en la sentencia acusada, al evidenciar que sí existió un pronunciamiento sobre varios de los cargos que el demandante pretendió encausar dentro del numeral séptimo del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, que si bien fueron valorados de forma integral, dado que su naturaleza implicaría juzgar errores in iudicando que no in procedendo, tuvo como soporte los criterios reseñados concretamente en el punto 2 de las consideraciones, donde, con apoyo de la ley y la jurisprudencia que rige en materia de laudos fallados en conciencia o equidad debiendo ser en derecho, incorporó los parámetros que sirvieron como fundamento para la determinación que se adoptó, y de la cual no se halla una motivación deficiente.

Y es que valga ilustrar el contenido de la misma decisión, en la cual se lee claramente:

«5.1.- La causal séptima de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Cuatro cargos de anulación.

5.1.1.- Pues bien, como se tuvo oportunidad de expresar páginas atrás el impugnante enrostró, con apoyo en la causal séptima de anulación, cuatro cargos contra la decisión arbitral, que pueden ser compendiados en las siguientes alegaciones: i) ataques relativos a la apreciación probatoria y jurídica del incumplimiento achacado a la ANI; ii) cuestionamientos a la valoración probatoria del panel arbitral respecto del daño y su monto; iii) reparos dirigidos al criterio jurídico de valoración de la causalidad del daño y iv) objeciones en punto a la apreciación de la causa que generó el desequilibrio económico alegado y la aplicación de un requisito de prejudicialidad no reconocido en la legislación.

5.1.2.- Así enderezada la impugnación fácil es advertir que ésta no tiene vocación de prosperar toda vez que por esa vía pretende el convocante que esta Sala juzgue errores in judicando, que no in procedendo, de la decisión arbitral.

5.1.3.- En efecto, aun cuando en su memorial el censor se esfuerza por ubicar esas alegaciones bajo el ámbito normativo de la causal séptima de anulación, esto es, ser el laudo en equidad o en conciencia debiendo ser en derecho, lo que aflora como verdad irrefutable son múltiples quejas de Coviandes a la manera como el panel arbitral se aproximó y valoró el acervo probatorio que alimentó la causa [pero no que prescindió de éste], los criterios jurídicos que fueron instrumentalizados para juzgar el incumplimiento contractual o desequilibrio económico del contrato, la interpretación y alcance que se le dio al petitorio introductorio del proceso o la aplicación de la doctrina del venire contra factum.

5.1.4.- Lo que puede dar cuenta esta judicatura, en esta oportunidad, es que una revisión íntegra de la decisión opugnada como del expediente arbitral dejan ver que el Tribunal, además de valorar la masa probatoria acopiada en esa causa, incorporó como sustento de sus decisiones normas jurídicas, jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia o de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre materias atinentes al asunto tratado, como también referencia a diversos recursos doctrinarios, todo ello, entonces, deja ver de modo incuestionable que el fallo arbitral se dictó en derecho y no en equidad o conciencia como tozudamente, y por vía de argumentos del todo improcedentes, quiere hacer ver Coviandes en esta ocasión.

5.1.5.- Y es que, como de antiguo se sabe, la ratio de la causal revisada es la de fulminar con la consecuencia anulatoria aquellas decisiones que de modo manifiesto se ubiquen allende al derecho, donde la construcción de las premisas del razonamiento no puedan identificarse como concreción de las fuentes del sistema jurídico vigente y, en consecuencia, sólo encuentren explicación en modos de razonamiento guiados bajo otro sistema de pensamiento diferente al jurídico, propiamente dicho. Y semejante descalificación de una decisión judicial no puede ocurrir por el sólo hecho de presentar alguno de los intervinientes de la causal arbitral divergencias razonables con el modo de proceder del Tribunal y la manera como construyó, en sus vertientes de valoración probatoria y jurídica, la decisión arbitral, pues lo único que se advertiría allí son reparos in iudicando para los que, en línea de principio, no está instituido el recurso anulatorio de los laudos.

5.1.6.- Como no es posible predicar alguna de las prenotadas situaciones del laudo dictado el 17 de noviembre de 2016, se impone desestimar la anulación promovida por Coviandes bajo los postulados de la causal séptima que trae el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.»

De lo anterior, se advierte que la autoridad demandada, atendió a los cargos formulados al señalar que la causal alegada por la tutelante, en nada podía configurarse, pues la decisión adoptada en el laudo no se ubicó más allá del derecho y lo que pretendió COVIANDES en realidad con su invocación, fue la revisión de errores in iudicando, de cuyo análisis se encuentra sustraído el recurso de anulación de los laudos arbitrales, argumento que esta Sala comparte luego de una revisión integral tanto al recurso de anulación como a la providencia que lo resolvió.

Cabe señalar que, conforme se estructuraron los cargos formulados por el tutelante, dentro de la causal séptima de anulación como la misma providencia enunció, a saber: “i) ataques relativos a la apreciación probatoria y jurídica del incumplimiento achacado a la ANI; ii) cuestionamientos a la valoración probatoria del panel arbitral respecto del daño y su monto; iii) reparos dirigidos al criterio jurídico de valoración de la causalidad del daño y iv) objeciones en punto a la apreciación de la causa que generó el desequilibrio económico alegado y la aplicación de un requisito de prejudicialidad no reconocido en la legislación.”

De acuerdo con lo anterior, se evidencia en efecto, que la autoridad judicial demandada, tuvo a bien considerar que los argumentos dirigidos a cuestionar que el laudo arbitral fue equidad y no en derecho, muestran abiertamente discusiones de juzgamiento y de carácter probatorio (in iudicando), en lo que tiene que ver con el incumplimiento del contrato, la prueba del daño y su monto, y relación de causalidad y el daño; valoraciones que se itera, constituyen el espectro del debate arbitral, y de cuya revisión, se encuentra vedada la autoridad de instancia.

Por otro lado, y según se desprende del contenido de la aludida sentencia de anulación, no se evidencia tampoco un defecto sustantivo referente a la ausencia de motivación o por lo menos deficiente de desestimación de los cargos alusivos a las tres omisiones de pronunciamiento encuadrables dentro de la causal novena del pluricitado artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, habida cuenta de su preocupación por abordar en forma extensa las razones que llevaron a declarar su fracaso, primero porque encontró que en efecto, el Tribunal sí se pronunció sobre la pretensiones formuladas, tanto en la parte considerativa como resolutiva del laudo arbitral, además de concluir con claridad que las pretensiones de condena solo serían objeto de estudio, solo sí están antecedidas de una pretensión declarativa favorable a los intereses de quien las propone.

Al respecto, la Sección Tercera, Subsección C, señaló concretamente:

«5.3.- La causal novena de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.

5.3.1.- Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes elevó esta causal con apoyo en tres cargos específicos todos ellos relativos a la omisión del Tribunal de emitir pronunciamiento sobre cuestiones sujetas al arbitramento: i) el Tribunal no se pronunció sobre la pretensión quinta de la demanda que es subsidiaria a la tercera y cuarta con la que se busca una reparación integral que no está sometida a las categorías, enumeraciones y pruebas de que tratan las pretensiones tercera y cuarta; ii) el Tribunal omitió decisión sobre el riesgo del incumplimiento y su incidencia sobre la asunción del riesgo regulatorio tributario, donde expuso el recurrente que el laudo omitió cualquier análisis de la condicionalidad del riesgo regulatorio tributario asumido por Coviandes, asunto este que en la demanda se analizó “tanto por sus efectos en relación con el incumplimiento del contrato, como con sus efectos sobre el equilibrio económico del contrato” y iii) El Tribunal omitió evaluar la conducta de Inco frente a Coviandes a la luz de su interés en no hacer aportes presupuestales, donde insistió que la inclusión, en el modelo financiero del Adicional 1, de la deducción tributaria por inversiones en activos fijos lo era para beneficio del Inco y no de Coviandes.

5.3.2.- En orden a desatar estas cuestiones planteadas al amparo de la causal novena de anulación la Sala encuentra que el laudo desestimó la pretensión segunda principal y tercera de la demanda al tener por próspera la excepción denominada ‘ausencia de vínculo causal’. Igualmente, el panel arbitral declaró a lugar la excepción titulada ‘inexistencia del desequilibrio alegado’ razón por la cual despachó desfavorablemente la pretensión subsidiaria a la segunda principal, la pretensión cuarta planteada en subsidio a la parte A de la pretensión tercera, la pretensión subsidiaria a la parte B de la pretensión tercera y la pretensión quinta formuladas en la demanda arbitral.

5.3.3.- Se sabe, también, que en la demanda arbitral promovida por Coviandes contra Ani las pretensiones fueron planteadas en los siguientes términos: Pretensiones Declarativas i) Primera Pretensión Principal. Declarativa de existencia del contrato de concesión No. 444 de 1994 entre Coviandes y Ani; ii) Segunda Pretensión Principal. Declarativa de incumplimiento de la Ley, el Contrato No. 444 y el Adicional No. 1 por parte de Ani; iii) Pretensión subsidiaria a la segunda principal. Declarativa de ruptura del equilibrio económico del contrato. Pretensiones Consecuenciales iv) Pretensión Tercera Principal. Se ordene a ANI Indemnizar a Coviandes los perjuicios derivados de su incumplimiento; v) Pretensión Cuarta Subsidiaria de la Tercera Principal. Se ordene a ANI restablecer a Coviandes el equilibrio económico del contrato; vi) Pretensión Quinta Subsidiaria de las pretensiones Tercera y Cuarta. “solicito que el restablecimiento por incumplimiento, o el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, derivado de los hechos a los que aluden esas pretensiones, tenga lugar en la forma prevista por la ley y la jurisprudencia que mejor se ajuste a lo dispuesto en el contrato y al modelo descrito en los Anexos 5 y 18 del Adicional 1”, vii) Pretensión Sexta Principal. Se condene a la ANI a pagar las sumas de dinero referidas en las anteriores pretensiones con intereses de mora, con intereses corrientes o con valores actualizados según el índice de precios al consumidor más intereses legales; viii) Pretensión Séptima Principal. Se condene a ANI al pago de costas y gastos del proceso. Finalmente ix) Pretensión Octava Principal. Se expida copia auténtica del laudo en el que se acojan las pretensiones con constancia de ejecutoria.

5.3.4.- Visto lo anterior, esto es, las pretensiones formuladas y el pronunciamiento que de las mismas hizo el laudo arbitral, se advierte que el primero de los cargos propuestos está llamado al fracaso por cuanto expresamente en la parte considerativa y resolutiva el Tribunal desestimó esa pretensión, como se puede leer en el punto 9.3 de la parte considerativa y el numeral cuarto de la parte resolutiva del proveído revisado.

5.3.5.- Pero, más aún, la improsperidad del alegato se hace patente por elementales consideraciones de formulación de las pretensiones en los juicios de conocimiento por la sencilla razón que sólo se abre paso el estudio de una pretensión condenatoria si y solo si se ha obtenido pronunciamiento favorable de aquella pretensión declarativa antecedente con la cual tiene vínculo directo la condena perseguida por el interesado.

5.3.6.- Traída estas consideraciones al asunto revisado se advierte, entonces, que la pretensión quinta se promovió como subsidiaria de las pretensiones tercera y cuarta, todas ellas consecuenciales de condena, por ende presupuesto sine qua non para que aquella pudiera ser abordada por el panel arbitral era la prosperidad de la primera pretensión declarativa (que fue acogida favorablemente por el Tribunal ) y, alternativamente, de la segunda pretensión principal o subsidiaria, esto es, la declaración de incumplimiento del Inco o el desequilibrio económico del contrato y como esto último no ocurrió en el caso, nada puede reprocharse a la justicia arbitral toda vez que carecía de razón jurídica abordar una pretensión de condena carente de sustento declarativo previo o, dicho de otro modo, sería una impropiedad abordar las cuestiones relativas al “restablecimiento por incumplimiento, o el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, derivados de los hechos a los que aluden esas pretensiones, (…) en la forma prevista por la ley y la jurisprudencia” cuando previamente, en criterio del laudo, no prosperaron los pedimentos por incumplimiento ni desequilibrio económico del contrato.

5.3.7.- De otra parte, en lo que hace a los dos cargos restantes, estos serán despachados conjuntamente en sentido desfavorable toda vez que de su lectura emerge de manera incuestionable que el querer del censor es que esta judicatura considere y revalúe algunos fundamentos jurídicos que en su sentir no fueron abordados por los árbitros a la hora de analizar las pretensiones de incumplimiento y de desequilibrio económico del contrato; esto es, no se trata de pretensiones propiamente dichas las que, presuntamente, fueron omitidas por el fallador sino fundamentos jurídicos y fácticos que fueron esbozados en apoyo de los pedimentos de la demanda.

5.3.8.- Emerge, entonces, como verdad que esta Sala no es competente, por la vía del recurso de anulación, para revisar si y cómo esas construcciones jurídicas fueron abordadas por el Tribunal por cuanto tal cosa resulta lindante con pronunciamientos in iudicando que, como se ha dicho hasta la saciedad, no integran el margen de acción del recurso de revisión, pues “al juez del recurso de anulación no le es permitido revivir el debate probatorio que se surtió ni entrar a cuestionar los razonamientos jurídicos o la valoración de las probanzas que en su momento hicieron los árbitros para soportar su decisión” .

5.3.9.- Por consiguiente, los ataques dirigidos por Coviandes al laudo arbitral al amparo de la causal novena de anulación tampoco no salieron avantes, por las razones expuestas.»

De la lectura antes planteada, es claro para esta Sala que se abordaron los cargos propuestos por la demandante, sin que advierta defecto sustantivo alguno frente a la ausencia de motivación razonable.

Por lo anteriormente expuesto, los cargos dirigidos a cuestionar la referida decisión, no están llamados a prosperar, razón por la cual se confirmará el fallo de instancia sobre este aspecto.

2.6.4. Con relación al presunto desconocimiento del precedente constitucional, expresó la parte actora que la autoridad judicial demandada, reflejó una posición contraria a la jurisprudencia señalada por la Corte Constitucional y por el mismo Consejo de Estado pues COVIANDES cumplió con la carga de argumentar de manera clara y expresa las causales de anulación invocadas, pero explicando, para su mejor comprensión y contexto, por qué ellas se relacionaban con lo alegado, lo probado, y lo que en efecto decidió el laudo.

Para la impugnante, la acción de tutela se dirigió a demostrar la procedencia de las causales de anulación cumpliendo con la jurisprudencia constitucional en cuanto al deber de argumentación y sustentación de los recursos.

Frente a este tema, la Sala ha precisado en anteriores providencias, que la parte tutelante cuando reprocha que una autoridad judicial ha incurrido en el desconocimiento del precedente, debe cumplir con una carga argumentativa mínima que le proporcione las herramientas y argumentos necesarios al juez de tutela para que determine si tal situación se configuró o no. Así las cosas, esta Sección ha decantado tal aspecto de la siguiente manera:

«Para la Sala, no es suficiente hacer un listado de providencias, que en el sentir del tutelante, fueron desconocidas por las decisiones judiciales acusadas en la acción constitucional, existe un deber mínimo de aquél en la carga de su argumentación, que en el presente caso no se cumplió, de cómo cada una de esas decisiones, presuntamente son desconocidas, de identificar la igualdad o similitud fáctica y en los problemas jurídicos que allí se resolvieron con el que se estudia, para poder resolver en nuevo casos como se realizó en aquellas decisiones.

Así lo indicó la Corte Constitucional al explicar el precedente en la Sentencia de Unificación SU-230 de 2015, en los siguientes términos:

“[…] precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

Específicamente, la Sala hizo referencia a la sentencia T-794 de 2011 en la cual se indicaron criterios a tener en cuenta para identificar el precedente: ‘(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente’. […]».

Visto el objeto de la censura que se alega en el presente asunto, es claro que lo planteado no se aviene a ninguna de las circunstancias antedichas para la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente constitucional. Por el contrario, la Sala observa que la sentencia que declaró infundado el recurso de anulación contra el laudo, proferido por el Tribunal de Arbitramento el 17 de noviembre de 2016, argumentó en forma razonada, y congruente con el análisis de las pretensiones del tutelante, los motivos que hacían inviable la prosperidad de las causales de anulación invocadas.

Allí, según se desprende del texto de la decisión cuestionada, se abordaron cada uno de dichos cargos, explicando detalladamente por qué no tenían vocación de prosperidad, y cuyo análisis estuvo precedido por la ilustración de las normas y pronunciamientos de carácter jurisprudencial que rigen el recurso de anulación de los laudos arbitrales, inclusive, pasando por los antecedentes que en la materia se han establecido.

Basta con observar el contenido de la sentencia de anulación, para concluir que no es cierto, como lo afirmó el tutelante, que la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, desechó varios cargos sin entrar en el análisis de su relación directa y apropiada con las causales de anulación, por el simple hecho de que el accionante quiso presentarlos en un contexto completo, para cumplir mejor con las exigencias jurisprudenciales de sustentar clara y suficientemente los cargos, cuando de hecho, fue justamente lo que realizó, al estudiar copiosamente cada una de las decisiones que en la materia se han dictado, pero aquellas cuyos asuntos guardaran relación con el caso objeto de escrutinio, o patrones fácticos; no con la exigencia de sustentar debidamente los argumentos en sede anulación.

El hecho de que los pronunciamientos jurisprudenciales traídos en cita por la accionante, sostengan un lineamiento puntual sobre el deber de sustentar claramente el recurso de anulación por parte de quien lo propone, no implica que la autoridad accionada lo haya desconocido cuando desestimó los cargos formulados en su decisión, pues ello se dio como consecuencia del estudio que adelantó en cada uno de estos, y no por creer que los argumentos expresados por COVIANDES, no estaban sustentados debidamente.

Ahora bien, debe la Sala cuestionarse si los argumentos esbozados por COVIANDES frente a este defecto, pretenden revivir cuestiones debatidas en sede de anulación y cuyo análisis se encuentra vedado para el juez de tutela, como quiera que el precedente constitucional que se alega como desconocido, según la accionante, tiene que ver con la obligatoriedad de la sustentación clara y suficiente de los cargos que se propone alegar, ya que de la lectura de la decisión impugnada, se evidencia con claridad que estos fueron debidamente abordados, y de los cuales se arribó a la conclusión de que con independencia de la denominación que se les haya dado, no bastaba con la indicación del texto legal que establecía determinada causal, o que, al amparo de su contenido se construyan argumentaciones que en realidad no configuraban dichas causales de anulación.

De admitirse, y siguiendo con los argumentos expuestos tanto en sede de anulación como en el fallo de tutela impugnado, sí estaríamos en presencia del desconocimiento del precedente en cuanto no es posible entrar al estudio de fondo de los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Arbitramento, contrariando los pronunciamientos de carácter jurisprudencial que sobre la materia se han emitido.

De ahí que no se hallen razones que lleven a inferir un desconocimiento del precedente por parte de la Sección Tercera, Subsección C del Consejo de Estado y amparar derechos que a juicio de esta Sala, no se consideran vulnerados.

Finalmente, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado, que negó la solicitud de amparo, puesto que se observa que con la sentencia demandada no se incurrió en algún defecto invocado por parte de la demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 10 de mayo de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo solicitado.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente que fue remitido en préstamo al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 104 – 109 del expediente.
“Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”
“8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.”
Señaló la Sentencia de Tutela Nº 779/05 de 27 de julio de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Y el auto No. 020 de 2 de febrero de 2011. Mauricio González Cuervo. Señaló la Sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 31 de octubre de 2016. Exp. 57.422.
“7. Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo.”
“9. Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento.”
Folio 47 del cuaderno principal. Folios 85-96 del cuaderno principal. Folios 119-129 del expediente.
“ARTICULO 116. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley.”(Subrayas propias)
Folios 74-86 del cuaderno principal. Citó concretamente lo siguiente: “Artículo 42. Trámite del recurso de anulación. La autoridad judicial competente rechazará de plano el recurso de anulación cuando su interposición fuere extemporánea, no se hubiere sustentando o las causales invocadas no correspondan a ninguna de las señaladas en esta ley. Admitido el recurso, el expediente pasará al despacho para sentencia, que deberá proferirse dentro de los tres (3) meses siguientes. En ella se liquidarán las condenas y costas a que hubiere lugar. La interposición y el trámite del recurso extraordinario de anulación no suspenden el cumplimiento de lo resuelto en el laudo, salvo cuando la entidad pública condenada solicite la suspensión. La autoridad judicial competente en la anulación no se pronunciará sobre el fondo de la controversia, ni calificará o modificará los criterios, motivaciones, valoraciones probatorias o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral al adoptar el laudo.” (Negrillas y subrayas propias)
El fallo de tutela de primera instancia se notificó por correo electrónico el 15 de mayo de 2018 (fls. 148 – 153). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
Folio 1 del expediente.

Norma que se encontraba vigente para la época en que se tramitó el proceso arbitral, por cuanto la ley 1563 de 2012, “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones” tan sólo entró a regir el 12 de octubre de la citada anualidad, según lo consagrado en el artículo 119, así: “se aplicará a los procesos arbitrales que se promuevan después de su entrada en vigencia.”
CORTE CONSTITUCIONAL, T.225 de 2010. M.P. Dr. Mauricio González Cuervo.
“8. Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegados oportunamente ante el tribunal arbitral.”
Obsérvese el numeral 3 y 5.2 de la sentencia de 9 de junio de 2017. Recurso de Anulación de laudo arbitral. Expediente 11001-03-26-000-2017-00018-00 (58677). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el tema se puede consultar el fallo de tutela del 21 de enero de 2016. MP: Lucy Jeannette Bermúdez B. Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01371-01. Tutelante: Jesús Antonio Gómez Méndez. Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
“[…] M.P. Jorge Iván Palacio Palacio […]”.
“[…] Cfr. sentencia T-794 de 2011 M.P. Jorge Iván Palacio. Ver también las sentencias T-1317 de 2001. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes y T-292 de 2006. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa […]”. Corte Constitucional Sentencia de Tutela No 779/05 de 27 de julio de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sentencia del 31 de octubre de 2016. Exp. 57.422.

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