Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00018-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Recurso de anulación de laudo arbitral: niega. Caso: Contrato de concesión para la rehabilitación de la vía Bogotá y Cáqueza
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2017-00018-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-26-000-2017-00018-00
Consejero ponente: Jaime Orlando Santofimio Gamboa
9 de junio de 2017
RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL - Niega. Caso: Contrato de concesión para la rehabilitación de la vía Bogotá y Cáqueza
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL - Procedencia: Solo procede por vicios procedimentales, in procedendo
Se ha resaltado que la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral, así como su finalidad primordial tendiente a proteger la garantía fundamental al debido proceso, hacen que éste sólo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, más no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas en la ley. Así, se torna a todas luces improcedente que en sede de anulación el Juez contencioso Administrativo aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio efectuado en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión. (…) El carácter extraordinario y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral conduce a una limitación en la competencia del juez del recurso, de forma tal que en sede de anulación éste no puede suponer lo manifestado por el recurrente para tratar de establecer la causal que invoca. Así las cosas, la impugnación del laudo por la vía del recurso de anulación supone que se cimente en las causales previstas en la ley, pero además que se sustente clara y suficientemente, de forma tal que el juez de anulación no se encuentre compelido a realizar un esfuerzo adicional para tratar de deducir la causal que se aduce. De la carga de sustentación se desprende que el impugnante debe expresar las razones que le sirven de fundamento para acusar el laudo de incurrir en la causal o causales que alega.(…) Conjugando todo lo que se acaba de expresar resulta que la sustentación del recurso no consiste en la sola indicación del texto legal que consagra una determinada causal, como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna o de varias de las causales enlistadas en la ley, se aduzcan argumentaciones que en verdad no configuran ninguna de las previstas por el legislador.
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL - Niega. Ley 1563 de 2012 artículo 41, causal séptima de anulación / ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL - Improcedencia frente a errores de juzgamiento, in judicando
El impugnante enrostró, con apoyo en la causal séptima de anulación, cuatro cargos contra la decisión arbitral, que pueden ser compendiados en las siguientes alegaciones: i) ataques relativos a la apreciación probatoria y jurídica del incumplimiento achacado a la ANI; ii) cuestionamientos a la valoración probatoria del panel arbitral respecto del daño y su monto; iii) reparos dirigidos al criterio jurídico de valoración de la causalidad del daño y iv) objeciones en punto a la apreciación de la causa que generó el desequilibrio económico alegado y la aplicación de un requisito de prejudicialidad no reconocido en la legislación.[al respecto la sala considera que] así enderezada la impugnación fácil es advertir que ésta no tiene vocación de prosperar toda vez que por esa vía pretende el convocante que esta Sala juzgue errores in judicando, que no in procedendo, de la decisión arbitral.(…) [Por lo tanto] se impone desestimar la anulación promovida por Coviandes bajo los postulados de la causal séptima que trae el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL - Niega. Ley 1563 de 2012 artículo 41, causal octava de anulación / LAUDO ARBITRAL - Por contener disposiciones contradictorias en la parte resolutiva
Alegó [el actor] que el laudo de 17 de noviembre de 2016 contenía disposiciones contradictorias. Explicó que en la parte considerativa (página 86) se dice que Inco incumplió la obligación de rendir concepto a la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica en los términos convenidos en el Adicional 1 de 2010, sin embargo, en el punto resolutivo cuarto el Tribunal negó las pretensiones segunda a cuarta, habiéndose encaminado la pretensión segunda a que se declarara el incumplimiento de Inco. Sostuvo Coviandes que pidió al Tribunal se pronunciara sobre esa contradicción, sin embargo, esa solicitud fue desestimada.(…) Es de rigor señalar que la contradicción que prescribe la Ley como supuesto de procedencia de la causal de anulación de que trata el numeral 8° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, debe tener lugar entre preceptos o enunciados que se encuentren en la parte resolutiva del laudo, de modo que se trate de órdenes enfrentadas e incompatibles entre sí que dificulten o impiden la comprensión intersubjetiva de lo sentenciado por el Tribunal arbitral. Ese entendimiento, como se ha dejado sentado anteriormente, excluye de suyo la posibilidad de alegar una contradicción entre partes considerativa y resolutiva del laudo, salvo cuando expresamente la resolutiva reenvía a una decisión que se adoptó en las consideraciones y surja de ello una incompatibilidad de entendimientos. Esta razón, por sí sola ya es suficiente para desestimar el cargo formulado por el convocante pues repárese cómo en la construcción argumentativa de la configuración de la causal estimó una contradicción entre un pasaje de las consideraciones del laudo y lo que fue resuelto en el cuarto punto resolutivo y no se trata acá del especial evento en el que la resolutiva remite en algún punto a una decisión tomada en las consideraciones. Por consiguiente, no está llamado a prosperar el cargo revisado.
FUENTE FORMAL: LEY 1563 DE 2012 - ARTÍCULO 41 NUMERAL 8
RECURSO DE ANULACIÓN CONTRA LAUDO ARBITRAL - Niega. Ley 1563 de 2012 artículo 41, causal novena de anulación
[El actor] elevó esta causal con apoyo en tres cargos específicos todos ellos relativos a la omisión del Tribunal de emitir pronunciamiento sobre cuestiones sujetas al arbitramento.(…) De otra parte, en lo que hace a los dos cargos restantes, estos serán despachados conjuntamente en sentido desfavorable toda vez que de su lectura emerge de manera incuestionable que el querer del censor es que esta judicatura considere y revalúe algunos fundamentos jurídicos que en su sentir no fueron abordados por los árbitros a la hora de analizar las pretensiones de incumplimiento y de desequilibrio económico del contrato; esto es, no se trata de pretensiones propiamente dichas las que, presuntamente, fueron omitidas por el fallador sino fundamentos jurídicos y fácticos que fueron esbozados en apoyo de los pedimentos de la demanda. Emerge, entonces, como verdad que esta Sala no es competente, por la vía del recurso de anulación, para revisar si y cómo esas construcciones jurídicas fueron abordadas por el Tribunal por cuanto tal cosa resulta lindante con pronunciamientos in iudicando que, como se ha dicho hasta la saciedad, no integran el margen de acción del recurso de revisión, pues “al juez del recurso de anulación no le es permitido revivir el debate probatorio que se surtió ni entrar a cuestionar los razonamientos jurídicos o la valoración de las probanzas que en su momento hicieron los árbitros para soportar su decisión”. Por consiguiente, los ataques dirigidos por Coviandes al laudo arbitral al amparo de la causal novena de anulación tampoco no salieron avantes, por las razones expuestas.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Bogotá, D.C., nueve (09) de junio de dos mil diecisiete (2017).
Radicación número: 11001-03-26-000-2017-00018-00(58677)A
Actor: CONCESIONARIA DE LOS ANDES S.A. - COVIANDES
Demandado: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Referencia: RECURSO DE ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL (SENTENCIA)
Descriptor: Se declara infundado el recurso de anulación de laudo arbitral por no configurarse las causales 7°, 8° y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Restrictor: Naturaleza del recurso de anulación de laudos arbitrales; La anulación del laudo arbitral por haberse fallado en conciencia o equidad debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo; La anulación del laudo por contener disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegadas oportunamente ante el Tribunal arbitral. La anulación del laudo por haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento; Caso Concreto.
Procede la Sala a resolver el recurso de anulación interpuesto por la convocante Concesionaria de los Andes S.A Coviandes contra el laudo arbitral dictado el 17 de noviembre de 2016 y el auto aclaratorio de 25 de noviembre del mismo año dictados por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias originadas entre este y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI con ocasión del Contrato de Concesión No.444 de 1994 celebrado el 2 de agosto de 1994 entre el Instituto Nacional de Vías – Invías y la convocante.
ANTECEDENTES
1.- El 2 de agosto de 1994 Concesionaria Vial de los Andes S.A Coviandes y el Instituto Nacional de Vías – Invías celebraron el Contrato de Concesión No. 444 de 1994 que tenía por objeto la realización de estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, construcción y la operación y mantenimiento del sector Santafé de Bogotá – Cáqueza – Km 55+000- Villavicencio.
2.- El 22 de enero de 2010 el Instituto Nacional de Concesiones Inco (a quien Invías cedió su posición contractual) celebró con Coviandes el Adicional No. 1 al contrato de concesión, el que tuvo por objeto añadir obras nuevas cuya ejecución iniciaría el 10 de junio de 2010.
3.- Contó Coviandes que la Ley 1370 de 2009 realizó modificaciones en materia tributaria afectando la deducción por inversiones en activos fijos lo que obligó a cambiar el modelo financiero que se venía negociando e incluir un aumento en los aportes que el Estado debía hacer al concesionario. En el nuevo modelo, que cambió el pactado en el Contrato de Concesión No. 444 de 1994, se estableció cuánto más debía pagar Inco a Coviandes para que el valor de la concesión a diciembre de 2008 fuera de $353.713 millones, sin perjuicio de los riesgos asumidos por cada parte.
4.- Una de las consideraciones tenidas en cuenta a la hora de definir el monto que debía pagar el Estado por las obras nuevas contratadas lo fue el que, conforme a la Ley, Coviandes podría invocar una deducción del 30% en el impuesto de renta sobre las inversiones que hiciera para cumplir el contrato, sirviendo esa deducción para disminuir los pagos que el Estado debía hacer por las obras.
5.- Dijo que en el clausulado del Adicional No. 1 se definió el “valor de ingreso real” que percibiría Coviandes, como también el plazo de la concesión, lo que estaba sujeto al momento en que el concesionario obtuviera el ingreso real y que se estimaba fuera en agosto de 2023. Señaló que las obras a ser ejecutadas eran del valor de $1.835.328.000.000 de diciembre de 2008 y que se efectuarían entre el 1° de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2017. Afirmó que en el modelo financiero con base en el cual se definió el valor del “ingreso real” se tuvo en cuenta que el concesionario podría usar una deducción del 30% del valor de la inversión en activos fijos productivos para calcular su impuesto a la renta en los términos del artículo 158-3 del Estatuto Tributario.
6.- Respecto de la distribución de los riesgos y puntualmente el riesgo regulatorio resaltó que las partes acordaron la aplicación en el modelo financiero del beneficio tributario del artículo 158-3 del Estatuto Tributario en razón a un pronunciamiento de la Dian donde se afirma que este resulta aplicable en proyectos de concesión de infraestructura vial. De la misma manera se pactó que el concesionario se comprometía a realizar los trámites necesarios dentro de los seis (6) meses siguientes a la suscripción del adicional para presentar solicitud de contrato de estabilidad jurídica para ser aprobado por el respectivo comité. A su turno Inco se obligó a presentar a la mayor brevedad posible los conceptos que para ese efecto solicite la Secretaría Técnica de Estabilidad Jurídica.
7.- El 24 de mayo de 2010 Coviandes presentó al Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo solicitud de celebración de contrato de estabilidad jurídica donde expuso el cronograma del proyecto y pidió que el contrato se aplicara por el término de la concesión y un periodo prudente de liquidación. La admisión de esa solicitud fue comunicada al Concesionario el 18 de junio de 2010 y el 23 de junio de 2010 la Secretaría del Comité de Estabilidad Jurídica pidió concepto técnico al Ministerio de Transporte respecto de la cobertura de la estabilidad, viabilidad y sostenibilidad del proyecto, impacto económico y social de la inversión y otros aspectos, este último ente pidió a Inco, el 2 de julio de 2010, que emitiera el mentado concepto.
8.- Alegó el incumplimiento del Inco al no emitir el concepto dentro de un plazo que permitiera al Ministerio ajustarse a los términos previstos en la Ley 963 de 2005 y el Decreto 2950 de 2005; dijo que ese incumplimiento era contractual y legal, esto último toda vez que el Decreto en mención preveía un término de quince (15) días hábiles para emitir los conceptos solicitados por la Secretaría Técnica. Ese término corrió hasta el 15 de julio de 2010 sin que Inco emitiera concepto.
9.- Adujo, según lo dispuesto en la normatividad, que el contrato de estabilidad debió celebrarse en los cuatro (4) meses siguientes a la admisión de la solicitud, esto es, por tarde al 18 de octubre de 2010 pero, inclusive, para esa fecha Inco no había emitido el concepto y, por tanto, el Ministerio no había presentado objeciones a la solicitud ni había firmado el contrato.
10.- Narró el convocante que el Congreso de la República expidió la Ley 1430 de 2010 en la que, inter alia, agregó el párrafo 3° al artículo 158-3 del Estatuto Tributario que eliminó a partir del año gravable 2011 la posibilidad de que algún contribuyente hiciera uso de la deducción tributaria en comento. Respecto de las solicitudes radicadas antes del 1° de noviembre de 2010 dispuso que el contrato de estabilidad podía suscribirse pero sin ser la deducción especial superior a tres (3) años.
11.- Cuenta que el Ministerio de Transporte solicitó en cuatro (4) ocasiones el concepto técnico al Inco sin obtener respuesta, lo que solo ocurrió hasta el 17 de mayo de 2011 donde la Entidad emitió un concepto desfavorable a la solicitud de contrato de estabilidad. Agregó a esto el que la Ley 1607 de 2012 derogó la Ley 963 de 2005 que concedía las deducciones por inversiones en activos fijos, sin embargo dejó a salvo de esa derogatoria las solicitudes radicadas y los procedimientos en curso.
12.- Finalmente, el 3 de abril de 2013 la Agencia Nacional de Infraestructura ANI emitió concepto favorable a la solicitud del contrato de concesión, el 28 de agosto de 2013 el Comité de Estabilidad Jurídica aprobó el contrato de estabilidad jurídica de Coviandes pero sólo en relación con el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, por tres (3) años y limitado a la inversión del Adicional No. 1. El 2 de diciembre de 2013 se suscribió el Contrato donde se fijó un término de duración de tres (3) años que iniciaron el 5 de diciembre de 2013, cuando se suscribió acta de inicio del contrato, y hasta el 5 de diciembre de 2016. El 27 de diciembre de 2013 el Departamento Nacional de Planeación informó que el Contrato de Estabilidad Jurídica No. 002 de 2013 había quedado registrado.
13.- Sostiene el convocante que la tardanza en la celebración del contrato de estabilidad jurídica le trajo perjuicios y la ruptura del equilibrio económico del contrato por cuanto i) no pudo hacer uso de la deducción para efectos de la inversión que hizo en los años 2011, 2012 y 5 de diciembre de 2013, pagó el impuesto de renta sin servirse de la deducción, ii) incurrió en el costo financiero de los recursos con los que hizo los pagos aludidos, iii) sólo se beneficiará de la deducción de las inversiones que haga entre el 5 de diciembre de 2013 y esa misma fecha de 2016, y no podrá hacerlo entre el 5 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 y iv) tendrá que pagar impuesto a la renta sobre las sumas que recupere a través del laudo que se dicte, si el Tribunal no decide otra cosa.
14.- Con fundamento en lo anterior el convocante pretende, en el escrito de demanda de 16 de febrero de 2015, se declare que entre el Inco (Hoy Ani) y Concesionaria Vial de los Andes S.A Coviandes se celebró el 2 de agosto de 1994 el Contrato de Concesión No. 444 de 1994 cuya ejecución inició el 30 de septiembre de 1994 y no ha terminado.
15.- Solicitó, como segunda pretensión, se declarara que Inco incumplió la Ley, el contrato No. 444 de 1994 y el Adicional No. 1; en subsidio reclamó se declarara la ruptura del equilibrio económico del contrato debido a que por cuenta de los cambios de la legislación tributaria se afectó lo previsto en el modelo financiero toda vez que Coviandes no pudo hacer uso por todo el tiempo previsto en ese modelo de las deducciones por inversiones nuevas en el impuesto de renta.
16.- Consecuencialmente pidió, como tercera pretensión, se ordenada a ANI indemnizar a Coviandes todos los perjuicios derivados del incumplimiento y en particular el mayor valor de los impuestos que Coviandes tuvo que pagar en los años 2012, 2013 y 2014 por no poder aprovechar la deducción del impuesto de renta derivada de las inversiones hechas en activos fijos reales productivos en los años 2011, 2012 y hasta diciembre de 2013 y el mayor valor que deberá pagar por ese impuesto en los años 2017 y 2018 por la misma razón, como también los mayores costos en que incurrió e incurrirá para conseguir el dinero para pagar el impuesto a la renta de esos años, los impuestos que debe pagar al obtener el restablecimiento que busca y cualquiera otros que se demuestren en el proceso.
17.- Elevó como cuarta pretensión una subsidiaria de la tercera en la que deprecó se ordenara a ANI restablecer el equilibrio económico del contrato pagándole el mayor valor de los impuestos que Coviandes tuvo que pagar en los años 2012, 2013 y 2014 por no poder aprovechar la deducción del impuesto de renta derivada de las inversiones hechas en activos fijos reales productivos en los años 2011, 2012 y hasta diciembre de 2013 y el mayor valor que deberá pagar por ese impuesto en los años 2017 y 2018 por la misma razón, como también los mayores costos en que incurrió e incurrirá para conseguir el dinero para pagar el impuesto a la renta de esos años, los impuestos que debe pagar al obtener el restablecimiento que busca y cualquiera otros que se demuestren en el proceso.
18.- De manera subsidiaria a las pretensiones tercera y cuarta elevó una quinta donde solicitó que el restablecimiento por incumplimiento o restablecimiento del equilibrio financiero del contrato tenga lugar en la forma prevista por la ley y la jurisprudencia que mejor se ajuste a lo dispuesto en el contrato y al modelo descrito en los Anexos 5 y 18 del Adicional 1.
19.- Enarboló una sexta pretensión donde pidió se condenara a la ANI a pagar las sumas de dinero solicitadas en las anteriores pretensiones con intereses de mora o subsidiariamente con intereses corrientes o con valores actualizados según el índice de precios al consumidor. Finalmente, en una séptima pretensión se demandó la condena en costas y gastos que se originen en el proceso y en la octava y última la expedición de copia auténtica del laudo que ponga fin al proceso con constancia de ejecutoria.
20.- Instalado el Tribunal de Arbitramento, admitida y notificada la demanda como consta en el Acta No. 01 de 18 de junio de 2015 y desatado el recurso de reposición formulado por la parte convocada el 7 de octubre de 2015 ANI le dio contestación en donde se pronunció sobre los hechos planteados; se opuso a la prosperidad de las pretensiones afirmando que Inco no se comprometió ni se obligó a que la suscripción del contrato de estabilidad jurídica sería una realidad inexorable, sólo se convino que Inco emitiría un concepto el que no dependía ni garantizaba la celebración del contrato, dijo, en gracia de discusión, que de haber existido el desequilibrio económico el riesgo regulatorio fue asumido por el concesionario, por tanto, no puede pretender una modificación o alteración a esa distribución de riesgos, alegó que el 3 de diciembre de 2013 se suscribió el contrato de estabilidad y el concesionario pudo acceder al beneficio tributario, lo que, precisamente, estaba estipulado en el Adicional No. 1 y, finalmente, sostuvo que respecto que se presentaba caducidad de la acción respecto de todas las pretensiones.
21.- En consecuencia, propuso las excepciones de “la entidad concedente no se obligó a un resultado en relación con la aprobación y celebración del contrato de estabilidad jurídica”, “ausencia de vínculo causal”, “cumplimiento de las obligaciones en cabeza de la entidad concedente”, “inexistencia del desequilibrio alegado”, “caducidad del medio de control”; además, objetó el juramento estimatorio presentado en el escrito de demanda.
22.- El Tribunal, una vez surtidos los trámites propios del procedimiento arbitral, profirió el 17 de noviembre de 2016 el correspondiente laudo en el que declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control, declaró que entre “el Instituto Nacional de concesiones (Hoy Agencia Nacional de Infraestructura ANI) y Concesionaria Vial de los Andes S.A Coviandes celebraron el 2 de agosto de 1994 el contrato de concesión 444 de 1994, que comenzó a ejecutarse el 30 de septiembre de 1994 y cuya ejecución no ha terminado, pues ha sido objeto de varias modificaciones” e hizo a lugar las excepciones de mérito denominadas ‘ausencia de vínculo causal’ ‘inexistencia del desequilibrio alegado’ propuestas por la parte convocada y negó las pretensiones segunda a octava de la demanda. En consecuencia, condenó a Coviandes al pago de mil novecientos treinta y cinco millones quinientos cincuenta mil pesos por concepto de costas.
23.- En memorial de 24 de noviembre de 2016 Coviandes solicitó aclaración del laudo proferido en cuanto hace a i) la depuración de la renta y cuantificación de perjuicios punto en el cual el convocante solicito al Tribunal se sirviera aclarar en qué medida las “circunstancias reales” y factores que incidieron en su renta líquida gravable en los años 201, 2012 y 2013 podía haber afectado la cuantificación de los perjuicios alegados; ii) la existencia de contradicción entre la parte resolutiva y la parte motiva del fallo lo que hizo consistir en que en la parte considerativa del laudo el panel arbitral dijo que el Inco incumplió lo dispuesto en la cláusula décima primera del Adicional 1 pero, no obstante, en la parte resolutiva se declaró no probada la pretensión dirigida a la declaratoria de incumplimiento y, finalmente, iii) pidió aclaración en cuanto a la conducta de la ANI en el proceso, en cuanto hace a la renuencia de la ANI a la entrega de correos electrónicos, aspecto fundamental de la prueba de exhibición de documentos, echando de menos que el Tribunal valorara el comportamiento de la demandada.
24.- Las anteriores solicitudes fueron desestimadas por el Tribunal en auto dictado el 25 de noviembre de 2016.
25.- Coviandes, en escrito de 10 de enero de 2017 formuló recurso de anulación contra el laudo arbitral al amparo de las causales 7°, 8° y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Por Secretaría del Tribunal se corrió traslado de ello por el término de quince (15) días que transcurrieron entre el 13 de enero y el 2 de febrero de 2017 del mismo año, precisamente en ese último día la convocada Agencia Nacional de Infraestructura y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentaron sendos escritos de oposición al recurso formulado. A su turno el Agente del Ministerio Público conceptuó en sentido desfavorable a la prosperidad de la impugnación promovida.
26.- Enviadas las actuaciones el siete de febrero de 2017 a esta Corporación, en proveído del día 20 del mismo mes y año se avocó conocimiento del recurso de anulación disponiéndose, también, notificar esa decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
EL RECURSO DE ANULACIÓN
Concesionaria Vial de los Andes S.A pide se anule el laudo arbitral proferido el 17 de noviembre de 2016 con fundamento en las siguientes causales y razones:
Causal 7° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo”
El recurrente fundó cuatro de los cargos de anulación al amparo de esta causal de anulación. Pasa a exponerse cada uno de ellos.
Laudo en equidad y no en derecho acerca del incumplimiento del contrato. En sentir de la parte convocante aunque el panel arbitral realizó una valoración de la masa probatoria dejó de lado la aplicación de preceptos constitucionales y legales que guardan incidencia directa y sustantiva con la resolución del caso, de ahí que se configure un error in procedendo. Explicó que pese a que la demanda se fundamentó, en buena parte, en la violación al principio de buena fe, el laudo omitió por completo hacer referencia a ese marco supralegal.
Planteó tres premisas que se desprenden del principio constitucional de buena fe, así: i) prevalencia de ese principio, en una controversia concreta, sobre cualquier norma legal que confiera efectos a conductas realizadas de mala fe por particulares, ii) inaplicación de cualquier norma que, en caso concreto, tienda a favorecer una conducta de las autoridades contraria a su deber de obra de buena fe y iii) un laudo es en equidad y no en derecho cuando en su decisión se invoque o apliquen normas legales que, en el caso concreto, resulten contrarias al principio constitucional de buena fe.
El laudo no aplicó el principio de buena fe cuando, al calificar como “favorable” el concepto dado por el Inco el 17 de mayo de 2011, declaró que la convocada no incumplió el contrato. Expresó el censor, luego de transcribir y glosar apartes de ese documento, que en su criterio el sentido del mismo era desfavorable pero anotó que aun admitiendo que pudiera ser tenido por favorable Inco incumplió el principio de buena fe toda vez que el convocante tenía derecho a esperar un documento favorable inequívoco.
Dijo que estaba acreditado que las cláusulas relativas al riesgo regulatorio tributario y a la necesidad del concepto del Inco fueron redactadas a instancias de esta última así como que la introducción en el modelo financiero del Adicional No. 1 de los efectos de una eventual deducción tributaria para Coviandes se hizo en interés del Inco y para favorecerlo. De ahí sostuvo que tenía derecho a esperar un concepto favorable e inequívoco, por lo que fustigó que el laudo no aplicara el principio de buena fe “al no reparar en este deber del Inco”, igualmente dijo que al no ser valoradas las pruebas que demuestran el origen del requisito del concepto del Inco y las tendientes a demostrar que el beneficiario real de la celebración del contrato de estabilidad jurídica era esa entidad y no Coviandes se dejaron de aplicar los artículos 280 y 281 del Código General del Proceso y el principio de buena fe, dispuesto en el artículo 83 superior, y, por contera, el laudo dejó de ser en derecho para serlo en equidad.
Anotó, al hilo de esto último, que el laudo tampoco dio aplicación al artículo 1604 del Código Civil pues siendo el Inco el beneficiario real en lo relativo al descuento tributario debió actuar con suma diligencia o cuidado para no incurrir en culpa levísima, lo que no se compadece con la producción de un documento equívoco, como fue el concepto emitido por la entidad.
De otra parte, advirtió que también se incurrió en violación de la buena fe, por parte del Tribunal, al no haber considerado las propias manifestaciones de la ANI en la contestación de la demanda donde la Entidad dice de manera expresa y explícita que el concepto emitido fue desfavorable. El laudo ni siquiera mencionó la contestación de la demanda y oficiosamente asumió la tarea de contradecir a la ANI en provecho de ella para concluir que el concepto emitido el 17 de mayo de 2011 sí era favorable a la solicitud de contrato de estabilidad jurídica de Coviandes. También esta circunstancia hace predicar al laudo “en equidad”, debiendo ser en derecho.
Laudo en equidad y no en derecho en cuanto a la prueba del daño. Coviandes censuró que el Tribunal Arbitral confundiera prístinos conceptos como son la existencia del daño y el valor del daño. Dijo que existía suficiente prueba que demostraba lo primero, de ahí que haya incurrido en graves errores in procedendo el laudo para negar esa realidad para lo cual memoró cuestiones relativas a la estructuración del modelo financiero pactado en el Adicional No. 1, el cumplimiento, de su parte, de las inversiones a las que se había obligado y de ahí que el daño causado a Coviandes sea la imposibilidad de obtener el descuento tributario por las inversiones productivas, toda vez que los impuestos que debió pagar fueron más altos de lo esperado.
Con esta premisa, el recurrente cuestiona el laudo toda vez que se embarcó, siempre a su juicio, en disquisiciones que no venían al caso a la hora de determinar la existencia del daño como era el conocer todos los elementos determinantes del impuesto de renta que pagó Coviandes en los años 2011, 2012 y 2013, tratando el asunto como si de lo que se tratara fuera una discusión de legalidad tributaria. Coviandes afirma que para efectos de determinar la existencia del daño por él alegado bastaba solamente advertir tres elementos, a saber: el monto de las inversiones admisibles que hiciera Coviandes, el porcentaje de esa inversión que fuera deducible según la Ley y la tarifa del impuesto a la renta a la que estaba sujeta el concesionario, todo lo cual quedó probado.
De esta manera cuestionó el laudo en cuanto a no haber valorado que en la contestación de demanda la ANI aceptó que en la estructura económica fijada en el Adicional No. 1 Coviandes dejaría de recibir aportes presupuestales a cambio de obtener deducciones de su impuesto de renta con base en las inversiones realizadas en el proyecto; también dijo que el laudo violó el artículo 280 del Código General del Proceso, esta vez, por cuanto “los planteamientos legales que presentar para fundar sus conclusiones, nada tienen que ver con la ocurrencia o inexistencia del daño”, en razón a que el punto relativo a la existencia del daño debió abordarse tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 143, 158-3 y 240 del Estatuto Tributario, cuestiones en absoluto independientes a otras normas que rigen en materia de gastos, costos, ingresos, deducciones y demás que determinan el monto del impuesto de renta. Aunado a ello insistió que el laudo olvidó que, a tenor del artículo 746 del mismo Estatuto, los hechos consignados en las declaraciones de renta se consideran ciertos.
De otro tanto, en cuanto hace al monto del daño, sostuvo que se encontraba probado, para lo cual relacionó diferentes elementos que apoyan esa aseveración. En este punto el recurrente señaló que la valoración que se hizo a los dos dictámenes periciales fue arbitraria toda vez que, respecto del primero de estos, se desechó al no reflejar un análisis sobre la naturaleza de las inversiones que fueron incluidas en el modelo financiero del Adicional No. 1, siendo que el objeto de la peritación versaba sobre el valor que habría reflejado un flujo de caja si una parte de la información aritmética [los valores estimados por las deducciones por inversiones] no se hubieran incluido durante los años previstos; esto es, un objeto diferente por completo.
En cuanto al segundo dictamen el recurrente memora que el Tribunal lo cuestionó al incluir los intereses pagados dentro del monto de las inversiones, no obstante el panel arbitral perdió de vista que esa inclusión de intereses no obedeció al dictamen por cuanto fueron las partes las que expresamente incluyeron ese rubro como parte de las inversiones, limitándose el peritaje a reflejar tal cuestión, por ello el censor califica como arbitraria la apreciación del laudo impugnado. También cuestionó el censor que el Tribunal demandara del dictamen revisar los hechos objeto de las certificaciones de los contadores y revisores fiscales lo que, de una parte, estaba fuera del objeto de la prueba y, además, implica un desconocimiento de la fuerza probatoria de las certificaciones que expiden tales profesionales a tenor de lo dispuesto en las normas contables y tributarias, como también cuestionó que el panel, sin tener competencia, sometiera a su análisis la legalidad de los procedimientos de Coviandes para hacer las declaraciones de renta y el registro de las inversiones susceptibles de beneficiarse de la deducción tributaria, lo que contradice la presunción de legalidad de esos documentos que trae el artículo 746 del Estatuto Tributario.
En este mismo escenario, el recurrente cuestionó las apreciaciones que el Tribunal hizo en cuanto a la estimación del daño futuro que se derivaría de las declaraciones de renta de los años 2017 y 2018 en las que Coviandes no podría beneficiarse de las deducciones tributarias. Sobre el particular, censuró que el laudo desechara la metodología propuesta para calcular ese daño pretextando que las cifras allí ofrecidas eran especulativas o hipotéticas, perdiendo de vista que lo pedido por Coviandes al dictamen era establecer una metodología razonable y justificada para fijar ese daño futuro por cuenta del Tribunal, de modo que las cifras allí contenidas eran a título ilustrativo. Considera, por esta razón, que el laudo incurre en una valoración arbitraria que hace que éste sea en equidad y no en derecho.
Laudo en equidad y no en derecho en cuanto a la causalidad en el daño. En este punto Coviandes reiteró su entendimiento sobre los efectos del principio de buena fe frente a la actividad judicial arriba expuestos. De otro tanto, fijó las siguientes premisas sobre la valoración de la relación causal: i) el régimen de responsabilidad contractual es distinto del de responsabilidad extracontractual, ii) a tenor del artículo 280 del Código General del Proceso el juez tiene la obligación, al decidir sobre el vínculo causal, de explicar los criterios válidos dentro del específico asunto (esto es, si es contractual o extracontractual) y su silencio al respecto constituye error in procedendo y iii) si el juez valora el vínculo causal de un caso contractual a la luz de criterios de responsabilidad extracontractual hace una elección que lo ubica fuera del marco de un laudo en derecho para ponerlo en la órbita de un laudo en equidad.
Sostiene que, en el caso de marras, el Tribunal no fundamentó la razón por la cual acudió al criterio de la causalidad adecuada siendo, en opinión del censor, figura esta propia de la responsabilidad extracontractual y no de la contractual, lo que se refuerza por el carácter concreto de la relación que surge en esta última y que no se puede predicar de la primera. Es por esta razón, continúa, que la culpa se presume en este régimen y es el deudor el obligado a probar su diligencia, a tenor de los artículos 1616 y 1604 del Código Civil.
El recurrente señaló que desde la demanda planteó el análisis de causalidad desde un criterio que protegiera a quienes confían en que las autoridades cumplirán sus deberes legales y no uno que condone o excuse el incumplimiento de las normas o la mala fe. En opinión de Coviandes Inco actuó de manera dolosa y omisiva al no presentar el concepto pedido oportunamente y excusar ese proceder para negar la reparación pedida contraviene los fines constitucionales del Estado; por ello, en su sentir, la afirmación del Tribunal según la cual varias personas participaron en la relación causal objeto de análisis es errada por cuanto parte del supuesto según el cual no merece protección la confianza de Coviandes en el cumplimiento de las normas legales sobre trámites y términos, para lo cual detalló cada una de las causas invocadas por el laudo y señaló, en cada caso, el deber que se tenía de cumplir las normas legales dispuestas.
Laudo en equidad y no en derecho en relación con la causa del desequilibrio y la conducta de Coviandes. En este punto el recurrente centró su disenso en dos cuestiones. La primera que versó sobre la errada interpretación que se hizo de la pretensión subsidiaria de desequilibrio económico del contrato en la demanda arbitral toda vez que, en palabras del recurrente, ello se hizo centrar en el incumplimiento del Inco, que fue imprevisto y sobreviniente, y no como lo interpretó el panel arbitral que analizó el pedimento tomando como hecho referente el cambio de legislación tributaria. A juicio del impugnante el apartarse del texto, del sentido obvio de la demanda y de las pruebas hace que el laudo deje de ser en derecho para convertirse en uno en equidad.
La otra argumentación esbozada por Coviandes dice relación con el establecimiento, por cuenta del Tribunal, de un requisito procedibilidad para alegar el desequilibrio económico del contrato consistente en el reclamo previo a la ANI al amparo del principio de buena fe y la doctrina del venire contra factum. El censor considera que se trata de un requisito de prejudicialidad ilegal por cuanto ello es de reserva del legislador y no compete a la ANI o la ANDJE. De otro tanto, discrepó del alcance dado por el Tribunal a la doctrina de los actos propios de la que dijo era supletoria toda vez en varias ocasiones la propia ley justifica contradecir comportamientos anteriores. Anotó que aun sin tener la obligación de hacer reclamo previo ello sí se hizo por parte de Coviandes a la ANI. Estas apreciaciones, a juicio del recurrente, hacen que el laudo no sea en derecho y si lo sea en equidad.
Causal 8° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “Contener el laudo disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegadas oportunamente ante el tribunal arbitral”.
Al amparo de esta causal Coviandes alegó que el laudo arbitral de 17 de noviembre de 2016 era incongruente toda vez que en la parte considerativa el panel arbitral concluyó que el Inco (hoy ANI) incumplió su obligación de rendir concepto ante la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Tributaria (cita la página 86 del laudo) pero de manera incongruente resolvió desestimar la segunda pretensión de la demanda, relativa al incumplimiento de la demandada, en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la decisión. Sostiene que en caso de haberse declarado el incumplimiento del Inco por retardo ello hubiera permitido apreciar de manera más clara los efectos de ese retardo sobre el riesgo tributario de Coviandes y, en últimas, dice, de haberse reconocido que parcialmente prosperaba la pretensión segunda de la demanda, por incumplimiento, ello habría facultado al Tribunal para eximir de condena en costas a Coviandes, lo que tampoco sucedió.
Contra el laudo, a instancias de Coviandes, se solicitó aclaración en cuanto hace a la cuestión arriba señalada, lo que fue desatado en el Auto No. 35 dictado en la audiencia de 25 de noviembre de 2016. Dice el recurrente que el Tribunal desestimó la solicitud de aclaración toda vez que en el laudo se había llegado a la conclusión de que la tardanza de Inco no implicaba que Coviandes tuviera derecho a una reparación, a lo que se agrega que el panel arbitral, según lo glosado por el censor, no encontró prueba del daño y dijo no existir la alegada contradicción por cuanto la providencia debía analizarse integralmente y no a partir de segmentos aislados. Rebatió el convocante ese parecer al señalar que, en verdad, la lógica seguida por el Tribunal fue inversa, esto es, que la decisión de los árbitros de considerar que no había incumplimiento de Inco lo fue porque previamente decidieron que no debería haber reparación para Coviandes.
Causal 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, esto es, “Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
Coviandes fundamentó, apoyado en esta causal, tres alegaciones contra el laudo arbitral constitutivas, cada una de ellas a su juicio, de asuntos respecto de los cuales el Tribunal omitió pronunciarse.
Omisión respecto de la pretensión quinta de la demanda. Sostuvo el convocante que el laudo omitió pronunciarse sobre esa pretensión la que es subsidiaria de las pretensiones tercera y cuarta y persigue, a diferencia de estas dos, una indemnización o restablecimiento que no está sometida a las categorías, enumeraciones y pruebas a las que se refieren estas dos pretensiones precedentes, toda vez que ello se pidió “en función de hechos, y de la indemnización que el Tribunal quisiera adoptar, según la ley y la jurisprudencia, teniendo en vista el contrato y el modelo financiero descrito en el Adicional 1”, con ella se pretende una reparación integral, en los términos del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, apelando a la equidad. Alega Coviandes que “algo debió decir” el Tribunal –diferente a lo razonado respecto de las pretensiones segunda y tercera – al haber constatado que hubo incumplimiento del Inco bien sea referido a la valoración de los daños (artículos 16 de la Ley 446 de 1998 y 283 del Código General del Proceso) la pérdida de la oportunidad. Por tal razón considera el censor que el laudo es incongruente habilitando así al Consejo de Estado para pronunciarse al respecto.
Omisión en cuanto al riesgo del incumplimiento y su incidencia sobre la asunción del riesgo regulatorio tributario. Sostiene el recurrente que el laudo omitió considerar que la asunción del riesgo regulatorio por cuenta de Coviandes estaba condicionado o, lo que es lo mismo, fue aceptado partiendo del supuesto que el Inco emitiría concepto oportuno y favorable y tal cosa fue planteada en la demanda tanto por sus efectos en relación con el incumplimiento del contrato como por el equilibrio económico del mismo y fue reiterado en la oportunidad de presentar alegaciones de conclusión. Dice el impugnante que de haberse satisfecho la condición Coviandes asumiría el riesgo de que el contrato de estabilidad jurídica no se celebrara, pero incumplida la condición ese riesgo regulatorio tributario pertenecía al Inco, este argumento guardaba relación íntima con las pretensiones segunda, tercera y cuarta, sin embargo no fue considerado en el laudo.
Omisión en cuanto a la evaluación de la conducta del Inco frente a Coviandes a la luz de su interés en no hacer aportes presupuestales al proyecto. Se alega que tanto en la demanda como en las alegaciones el convocante precisó que conforme al modelo económico fijado en el Adicional No. 1 era el Inco y no Coviandes quien se beneficiaba con las deducciones tributarias, toda vez que por esa vía se reducía el monto de los aportes presupuestales que, en principio, debía hacer en Ente estatal a favor del concesionario para mantener el valor constante de la concesión. Pese a estar tal cosa debidamente probado el laudo nada dijo sobre ese particular a la hora de estudiar las pretensiones de la demanda, de ahí que pide el impugnante que esta Corporación “se pronuncie sobre las pruebas de los hechos y “fundamentos de derecho” a los que esta causal se refiere, y sobre las respuestas omisivas de ANI a las afirmaciones sobre el origen y función de la incorporación de los descuentos por inversiones en el modelo financiero (…)”.
ESCRITOS DE OPOSICIÓN
La convocada Agencia Nacional de Infraestructura presentó memorial de oposición al recurso de anulación. Alegó que la impugnación promovida por Coviandes no observaba los criterios propios de un recurso de anulación. Al abordar el estudio de cada uno de los cargos en particular sostuvo que el querer del recurrente era cuestionar el fondo de las decisiones adoptadas por el panel arbitral, discutir el mérito y las conclusiones que le confirió a la masa probatoria y retomar la valoración de la conducta contractual de las partes, entre otras cuestiones. De otro tanto, defendió la razonabilidad de la decisión arbitral al estar amparada en copiosa jurisprudencia.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado opugnó el recurso propuesto. Sostuvo que la pretensión de Coviandes era debatir de nuevo las consideraciones expuestas por el Tribunal y la valoración que ofreció respecto de los medios probatorios. Adujo que un laudo no es en equidad o conciencia por el solo hecho que la interpretación acogida en él sea adversa a los intereses de la convocante; dijo que no existía contradicción entre las consideraciones y la parte resolutiva de la decisión y las alegadas omisiones del laudo sobre las pretensiones de la demanda tampoco se configuraron, siendo el verdadero querer del censor rebatir las consideraciones del proveído atacado.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El Agente del Ministerio Público emitió concepto en el que solicitó se desestimara el recurso propuesto por la convocante. Conclusión a la que llegó luego de razonar, en su sentir, que el laudo arbitral consultó el derecho positivo vigente, realizó valoración probatoria suficiente, no incurrió en incongruencia entre las consideraciones y la resolución del caso ni entre aquellas y los pedimentos de la demanda y dijo no advertirse omisión alguna, como también opinó que no es procedente por vía de este recurso suscitar un nuevo estudio sobre la existencia o no del desequilibrio económico del contrato.
No advirtiéndose causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procede a desatar el recurso de anulación interpuesto previas las siguientes.
CONSIDERACIONES
Para resolver lo pertinente, la Sala, retomando la problemática jurídica propuesta por el recurrente, precisará el alcance de los conceptos adoptados como ratio decidendi para sustentar su decisión: (1) la naturaleza del recurso de anulación de laudos arbitrales; (3) la anulación del laudo por haber fallado en conciencia o equidad debiendo ser en derecho; (4) la anulación del laudo por su incongruencia; (5) caso concreto, (6) condena en costas.
1.- Naturaleza del recurso de anulación de laudos arbitrales.
1.1.- Ya en anteriores oportunidades se ha resaltado que la naturaleza extraordinaria y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral, así como su finalidad primordial tendiente a proteger la garantía fundamental al debido proceso, hacen que éste sólo sea procedente por vicios procedimentales o in procedendo, más no de juzgamiento o in iudicando y con fundamento en las causales expresa y taxativamente señaladas en la ley.
1.2.- Así, se torna a todas luces improcedente que en sede de anulación el Juez contencioso Administrativo aborde nuevamente el estudio y análisis del asunto de fondo, reviva el debate probatorio efectuado en el curso del trámite arbitral, o cuestione los razonamientos jurídicos o la valoración probatoria utilizada por el juez arbitral para adoptar su decisión.
1.3.- Ahora bien, según lo establecía el artículo 22 de la Ley 1150 de 2007 las causales de anulación del laudo arbitral eran las previstas en el artículo 38 del Decreto 2279 de 1989 o las normas que lo modificaran, derogaran o sustituyeran.
1.4.- A su vez, el Decreto 1818 de 1998 compiló las normas existentes sobre arbitramento, entre ellas las contenidas en el Decreto 2279 de 1989, razón por la cual finalmente las causales de nulidad de los laudos arbitrales que se relacionen con los contratos estatales vinieron a ser las consagradas en el artículo 163 del Decreto primeramente citado.
1.5.- Ahora, con la expedición de la Ley 1563 del 12 de julio de 2012 “Por medio de la cual se Expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones” los recursos de anulación de laudo arbitral cuyo proceso se hubiere iniciado con posterioridad a su vigencia se regirán por dicho estatuto, razón por la cual las causales de anulación de laudo ahora se encuentran incorporadas en su artículo 41.
1.6.- Teniendo en cuenta que por medio del artículo 119 del Estatuto al que se alude se precisó que éste empezaría a regir 3 meses después de su promulgación, esto es, desde el 12 de octubre de 2012 y que el proceso que dio lugar al presente litigio se inició el 16 de febrero de 2015, es evidente que al presente asunto le son aplicables las normas previstas en dicho Estatuto.
1.7.- Tal como se manifestó en líneas anteriores el carácter extraordinario y excepcional del recurso de anulación de laudo arbitral conduce a una limitación en la competencia del juez del recurso, de forma tal que en sede de anulación éste no puede suponer lo manifestado por el recurrente para tratar de establecer la causal que invoca
1.8.- Así las cosas, la impugnación del laudo por la vía del recurso de anulación supone que se cimente en las causales previstas en la ley, pero además que se sustente clara y suficientemente, de forma tal que el juez de anulación no se encuentre compelido a realizar un esfuerzo adicional para tratar de deducir la causal que se aduce.
1.9.- De la carga de sustentación se desprende que el impugnante debe expresar las razones que le sirven de fundamento para acusar el laudo de incurrir en la causal o causales que alega.
1.10.- Por supuesto que las razones que indique el recurrente deben configurar la causal que aduce y por lo tanto la causal invocada será la que estructure la cadena argumentativa de la impugnación y no el nombre o denominación que se le dé.
1.11.- Conjugando todo lo que se acaba de expresar resulta que la sustentación del recurso no consiste en la sola indicación del texto legal que consagra una determinada causal, como tampoco en que, al amparo de la mención de alguna o de varias de las causales enlistadas en la ley, se aduzcan argumentaciones que en verdad no configuran ninguna de las previstas por el legislador.
2.- La anulación del laudo arbitral por haberse fallado en conciencia o equidad debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el laudo. Causal séptima de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
2.1.- Esta causal se encontraba prevista en términos similares en el numeral 6º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 pero hacía referencia únicamente a “Haberse fallado en conciencia debiendo ser en derecho”, sin precisar que se hacía referencia únicamente a los fallos en equidad y no a aquellos fallos que se profieren sin motivación alguna por los jurados de conciencia.
2.2.- Ya en anteriores oportunidades ésta Sala de Sección había analizado ésta causal y su alcance para señalar que:
“En el sistema jurídico colombiano la calificación “en conciencia” fue usada por la mayoría de las regulaciones sobre arbitramento para referirse a una de las modalidades del arbitraje, sin embargo las disposiciones más recientes utilizan la expresión “en equidad.”
Hoy la ley define al arbitraje en equidad como aquel en que los árbitros deciden según el sentido común y la equidad. 4.2. Inicialmente en el derecho romano la noción de equidad se entendió como simple igualdad pero en la época clásica se equiparó al concepto de justicia conmutativa de tal suerte que ella consistió, fundamentalmente, en dar a cada cual lo suyo y en dar un tratamiento igual en causa igual. Posteriormente la influencia de Aristóteles determinó que la equidad, a la que llamó epiqueya, se entendiera como lo justo en el sentido de ser una rectificación de la justicia legal toda vez que corrige las iniquidades que pueden derivarse de la aplicación de la ley o enmienda las omisiones en que esta incurre al no poder preverlo todo por ser general y abstracta. La equidad también sufrió el influjo del pensamiento cristiano al ser considerada como un mecanismo de misericordia, de indulgencia y de benignidad que en casos especiales atempera el rigor de la ley. Todas estas concepciones condujeron a elaborar con fundamento en la equidad dos postulados: a) El negativo según el cual el juez puede inaplicar la ley al caso concreto cuando ella se muestra inicua o conduce a una iniquidad; b) El positivo que le permite al juez buscar por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido. Uno de tales postulados ha sido recogido y expuesto hoy por la Corte Constitucional en los siguientes términos:
“Pues bien, en una situación como la que se ha descrito no cabe hacer una aplicación estricta de la ley, sin vulnerar el principio de equidad que gobierna también la actuación judicial (C.P., art. 230). De acuerdo con este principio, cuando el juez está en la tarea de aplicar la norma legal al caso concreto debe tener en cuenta las circunstancias propias del mismo, de manera que la voluntad del legislador se adecue a los distintos matices que se presentan en la vida real. La tarea del legislador y la del juez son complementarias. El Congreso dicta normas de carácter general y abstracto, orientadas hacia la consecución de ciertos fines. Estas normas, por bien elaboradas que sean, no pueden en ningún momento incorporar en su texto los más distintos elementos que se conjugan en la vida práctica, para configurar los litigios concretos. Así, ellas no pueden establecer o comprender las diferenciaciones que deben introducirse en el momento de solucionar los conflictos concretos, con el objeto de que la resolución de los mismos tenga en cuenta las particularidades de los hechos y de las personas que intervienen en ellos. Esa función le corresponde precisamente al juez, quien es el que puede conocer de cerca el conflicto y la situación de las partes involucradas. Por eso, el juez está llamado a afinar la aplicación de la norma legal a la situación bajo examen, con el objeto de lograr que el espíritu de la ley, que el propósito del legislador, no se desvirtúe en el momento de la aplicación, por causa de las particularidades propias de cada caso. Lo anterior no implica que el juez desatienda la norma legal, se aparte de la voluntad del legislador, sino que la module al caso concreto, evitando inequidades manifiestas o despropósitos, resultados que en todo caso también habría impedido el legislador si los hubiera podido prever. Es decir, de lo que se trata es de poner en vigencia el principio de colaboración entre la distintas ramas del poder público, lo cual implica que el juez colabore en el desarrollo de la norma dictada por el legislador, al adaptarla al caso concreto.”
4.3.
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha estimado que el fallo en conciencia se configura cuando el juzgador se aparta del marco jurídico y decide con fundamento en la mera equidad, razón por la que la motivación no es esencial para la validez de su decisión. También ha dicho que esa estirpe de decisiones se caracterizan por prescindir totalmente del acervo probatorio o de las normas jurídicas, por la ausencia de razonamientos jurídicos o por basarse en el concepto de verdad sabida y buena fe guardada. En conclusión, podríamos decir que el fallo en conciencia es aquel en el que el juzgador se apoya en su íntima convicción, no da razones de su decisión o prescindie(sic) de toda consideración jurídica o probatoria. El cambio de la expresión legal “en conciencia” por la de “en equidad” no implica una simple modificación de denominación pues en esa variación va envuelta la defensa de la garantía fundamental al debido proceso. La garantía del debido proceso está compuesta por múltiples elementos entre los cuales nos interesa destacar para lo que aquí se discurre el deber que tiene el juez de motivar sus decisiones y el derecho de los asociados a que la solución de sus conflictos se fundamenten en la ley y en las pruebas oportunamente y regularmente allegadas al proceso. Esta garantía cobija cualquier actuación jurisdiccional, sin que constituya una excepción la de los particulares que en determinados casos administran justicia como ocurre con los árbitros, pues estos pueden, si las partes los habilitan, proferir fallos en derecho o en equidad aunque “en los términos que determine la ley.”
Por consiguiente, los fallos de los árbitros, por ser decisiones judiciales, deben ser motivadas y fundarse en las pruebas oportuna y regularmente allegadas al proceso, tal como lo preceptúan los artículos 170 del C. C. A., 303 y 174 del C. P. C. Ahora, los jueces, y entre ellos los árbitros, están sometidos al imperio de la ley pero podrán recurrir a la equidad como criterio auxiliar de su actividad, o como criterio único, si en éste último caso, en tratándose de los arbitros, las partes los habilitan para ello, o si, en los demás casos, el proceso versa sobre derechos disponibles y las partes, siendo plenamente capaces, lo solicitan. Sin embargo, debe recordarse lo que atrás se expresó en el sentido que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 80 de 1993, el arbitramento para la solución de las controversias contractuales debe ser siempre en derecho. Así que en conclusión, los fallos en equidad, sea que los profieran los jueces o sea que los emitan los árbitros en los casos que proceden, no quedan exentos de estar motivados ni de fundamentarse en las pruebas oportuna y legalmente allegadas al proceso. Luego, la gran conclusión es que los fallos en conciencia están proscritos en nuestro sistema jurídico y que se podrá acudir a la equidad como criterio único si la ley o las partes facultan al juzgador para ello. Pero, ¿Qué es lo que caracteriza a un fallo en equidad?
A juicio de la Sala nada mejor que los dos postulados que atrás se mencionaron para determinar si se rotula con la equidad a una decisión. En efecto, la providencia será en equidad cuando: a) El juez o el árbitro inaplica la ley al caso concreto porque considera que ella es inicua o que conduce a una iniquidad; b) El juez o el árbitro busca por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido. Pero, se repite, ninguna de estas hipótesis supone que el juzgador prescinda de la motivación o de las pruebas porque entonces ya no sería en equidad sino en conciencia y las decisiones de ésta naturaleza están proscritas de nuestro sistema jurídico tal como se deduce de los artículos 29, 116 y 230 superiores. 4.4.
Corolario de todo lo que hasta aquí se ha expuesto en este aparte es que la causal de anulación prevista en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 se configura cuando: a) El laudo es conciencia, esto es, cuando los árbitros se apoyan en su íntima convicción y por lo tanto no dan razones de su decisión o prescinden de toda consideración jurídica o probatoria; b) Debiendo ser el laudo en derecho, los árbitros inaplican la ley al caso concreto porque consideran que ella es inicua o que conduce a una iniquidad o también cuando buscan por fuera del ámbito de la ley una solución al caso controvertido.
Se configura la causal en el primer caso porque si se sanciona con anulación el laudo en equidad cuando ha debido ser en derecho, lo que significa que en ciertos casos está permitido, con mayor razón debe ser fulminado con la sanción aquel que está proscrito en todos los casos por apoyarse en la íntima convicción del juzgador, no dar motivación alguna y prescindir de toda consideración jurídica o probatoria.
Se estructura la causal en el segundo caso porque todo juzgador debe someterse al imperio de la ley y sólo podrá acudir a la equidad si la misma ley o las partes lo facultan para ello, de donde se concluye que si no está autorizado y falla buscando por fuera del ámbito legal la solución o inaplicando la ley por considerarla inicua o que conduce a una iniquidad, su decisión es ilegal”.
3.- La anulación del laudo por contener disposiciones contradictorias, errores aritméticos o errores por omisión o cambio de palabras o alteración de éstas, siempre que estén comprendidas en la parte resolutiva o influyan en ella y hubieran sido alegadas oportunamente ante el Tribunal arbitral. Causal octava de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
3.1.- Diferente a la redacción prevista en el Estatuto anterior se tiene que el legislador en el nuevo Estatuto arbitral indicó 3 supuestos o hipótesis de configuración, esto es, la existencia de disposiciones contradictorias o la de errores aritméticos, o la de errores por omisión, cambio de palabras o alteración de éstas.
3.2.- Establece otro requisito consistente en que la existencia de ésas disposiciones contradictorias o de errores se encuentren en la parte resolutiva del laudo o influyan de forma considerable en ella, así como también un requisito de procedibilidad consistente en que dichas circunstancias hayan sido advertidas oportunamente ante el Tribunal de arbitramento.
3.3.- Así las cosas, para que sea procedente el estudio de la causal a la que se alude se requiere que en la parte resolutiva del laudo existan disposiciones contradictorias o errores aritméticos o por omisión, cambio de palabras o alteración de éstas; o que éstas influyan en ella y que estas circunstancias se hayan planteado oportunamente ante el tribunal de arbitramento, esto es, que dentro de los cinco días siguientes de haberse proferido la decisión se haya pedido o la corrección del error aritmético, del error por cambio de palabras o alteración de éstas; o la aclaración o complemento de las disposiciones contradictorias o de los errores por omisión.
3.4.- Lo anterior a efectos de permitir que el funcionario que profirió la decisión tenga la oportunidad de enmendar los posibles errores en que incurrió o de integrar la unidad lógico jurídica del laudo y para verificar el cumplimiento del requisito de procedibilidad previamente a la interposición del recurso de anulación respectivo.
3.5.- Por error aritmético se entiende aquel en el que se incurre al realizar alguna de las cuatro operaciones aritméticas y por consiguiente se trata de un yerro que al corregirlo no conduce a la modificación o revocación de la decisión que se ha tomado.
3.6.- Por su parte, el error por omisión, cambio o alteración de palabras se encuentra referido a inexactitudes o imprecisiones en la transcripción o digitación y cuya corrección tampoco genera o conduce a una modificación o revocación de la decisión finalmente adoptada.
3.7.- Ahora, conforme lo establecía el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil y hoy el artículo 285 del Código General del Proceso, la sentencia no podrá ser reformada por el mismo juez que la profirió, razón por la cual es improcedente que por vía de la corrección de un error aritmético o por omisión, cambio o alteración de palabras se pretenda reformar o revocar el fallo o incluso modificar el monto de las condenas impuestas por el juez arbitral por la simple inconformidad que se tiene con la fórmula utilizada.
3.8.- En lo relativo a las disposiciones contradictoras, ésta Corporación ha señalado que:
“Se entiende por disposiciones contradictorias aquellas que contienen decisiones que se contraponen o se excluyen entre sí de tal manera que resulta imposible su cumplimiento o ejecución.
Por consiguiente la contradicción entre esas varias disposiciones debe encontrarse, por regla general, en la parte resolutiva o, lo que es lo mismo, que la causal en comento en principio no se configura cuando la contradicción se presenta entre lo expresado en la parte considerativa y lo resuelto en la resolutiva.
Y la razón es evidente, lo que en un fallo vincula con autoridad y carácter ejecutivo es lo que se dispone en la parte resolutiva toda vez que la parte motiva generalmente sólo contiene los argumentos y las razones que el fallador tuvo para adoptar la decisión.
Excepcionalmente sólo podría configurarse la causal por contradicción entre la parte motiva y la resolutiva cuando ésta remite a una decisión que se menciona en aquella y las dos resultan contradictorias entre sí, pero nótese que la pluralidad de disposiciones contradictorias se encontrará finalmente en la parte resolutiva porque lo que en verdad ocurre es que ellas quedan incorporadas en un solo punto de la parte resolutiva toda vez que allí confluyen, de un lado, la que inicialmente contiene ésta y, de otro, la que luego ella trae por remisión.
Finalmente no sobra reiterar que no resulta procedente que escudándose en esta causal y sin que haya disposiciones contradictorias en la parte resolutiva, se pretenda la modificación o alteración de lo ya decidido”.
3.9.- Es de precisar en éste punto que en sede de anulación de laudo arbitral las alegaciones de error aritmético, o error por la alteración, modificación o cambio de palabras que formule el recurrente deben referirse exclusivamente a un yerro en cualquiera de 4 operaciones matemáticas, o a inexactitudes o imprecisiones en la transcripción o digitación más no a interpretaciones jurídicas ya sea sobre el asunto sometido a su decisión o sobre la forma en que el Tribunal debía realizar los cálculos o la fórmula u operación matemática que debía aplicar, pues ello implicaría estudiar nuevamente el fondo del asunto.
4.- La anulación del laudo por haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido o no haber decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento. Causal novena de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
4.1.- Esta causal se encontraba antes prevista en los numerales 8 y 9 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998.
4.2.- En efecto, el numeral 8º del decreto 1818 de 1998 preveía como causal de anulación “Haberse (sic) recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido más de lo pedido”.
4.3.- Pues bien, en vigencia de dicho Estatuto se estimaba que por medio de ésta causal se procuraba garantizar el principio de congruencia de las sentencias judiciales, principio éste que conforme al artículo 281 del Código General del Proceso, consiste en la consonancia o coherencia correlativa que debe existir entre la providencia judicial y los hechos y las pretensiones que se aducen en la demanda, así como con las excepciones del demandado.
4.4.- También se estimó en su oportunidad que la causal referida tenía 2 modalidades de configuración conocidas normalmente en la doctrina y la jurisprudencia como fallos extra petita que tienen lugar cuando se condena al demandado por un objeto diverso al pretendido o por una causa diferente a la que se invoca en la demanda y los fallos ultra petita, que se presentan cuando se condena al demandado por más de lo pedido en la demanda.
4.5.- Así las cosas, se consideraba que bajo ésta causal el laudo arbitral podía anularse por un fallo extra petita o ultra petita cuando el juez arbitral se pronunciaba sobre asuntos no sometidos a su decisión en el pacto arbitral, sobre asuntos no susceptibles de ser resueltos por ésta vía o cuando concedía más de lo pretendido en la demanda.
4.6.- De ésta forma, a efectos de determinar la configuración de la causal en comento debía realizarse un cotejo o ejercicio comparativo entre lo previsto en el respectivo pacto arbitral por las partes, los hechos y las pretensiones de la demanda o su causa petendi, o lo uno y lo otro, con la parte resolutiva de la sentencia judicial, descartándose de ésta forma, y también por regla general, que la consonancia como vicio in procedendo se configurara ante las discrepancias que se presentaran entre aquellas y las motivaciones de la decisión.
4.7.- Ahora bien, con la entrada en vigencia de la ley 1563 de 2012 y teniendo en cuenta que por medio del numeral 2º del artículo 41 de dicho Estatuto arbitral se incorporó una nueva causal de anulación que de forma especial y específica regula las circunstancias de falta de jurisdicción o de competencia del juez arbitral, forzoso es de concluir que por vía de ésta causal, antes prevista en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 ya no se pueda alegar la nulidad del laudo cuando el juez arbitral profiere un laudo pronunciándose sobre puntos no sujetos a su decisión o que no eran susceptibles de disposición por mandato legal, pues se repite en vigencia del nuevo estatuto arbitral ya existe una causal que específicamente regula ésas hipótesis.
4.8.- Así las cosas, se entiende que bajo la primera parte de ésta causal, esto es, “Haber recaído el laudo sobre aspectos no sujetos a la decisión de los árbitros, haber concedido más de lo pedido”, antes prevista en el numeral 8º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 ya no podrán alegarse las circunstancias de falta de jurisdicción o competencia por haberse pronunciado el juez arbitral sobre asuntos que no se encontraban sujetos a su decisión por voluntad de las partes o sobre aquellos que por ley no eran susceptibles de ser resueltos por ésta vía, pues con la entrada en vigencia de la ley 1563 de 2012 ya es claro que dichas hipótesis deben ser alegadas con fundamento en la causal del numeral 2º previsto en su artículo 41 que las regula de forma específica.
4.9.- En conclusión ésta primera parte de la causal que ahora se revisa en vigencia del nuevo Estatuto arbitral sólo podrá configurarse por un fallo extra petita cuando el juez arbitral se pronuncie sobre aspectos o puntos que no han sido solicitados en la demanda y por un fallo ultra petita, cuando el juez arbitral condena por más de lo pedido en la demanda, pues las demás hipótesis se entenderán incorporadas y deberán alegarse bajo el imperio de la causal del numeral 2º de la ley 1563 de 2012.
4.10.- Luego, si lo que ocurre en un determinado caso es que una entidad estatal no alega la falta de competencia del Tribunal arbitral por estimar que éste se pronunció sobre aspectos que no se encontraban sujetos a su decisión y no interpuso el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia poniendo de presente dicha circunstancia, no puede ahora venir a alegar la anulación del laudo arbitral con fundamento en la causal a la que se alude, pues es claro que debió hacerlo con base en la causal del numeral 2º del artículo 41 de la ley 1563 de 2012 y agotar el requisito de impugnación aludido.
4.11.- Por su parte el numeral 9º del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, preveía como causal de anulación, “No haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento”.
4.12.- Sobre éste aparte de la causal que ahora se examina se había señalado que ésta se configura cuando el juez incurre en un fallo denominado por la jurisprudencia y la doctrina como fallo citra petita consistente en que el juez arbitral no resuelve todas las pretensiones que se le presentan en la demanda o no se pronuncia sobre las excepciones propuestas por el demandado o sobre aquellas que se encuentren debidamente probadas y no deban ser alegadas.
4.13.- También respecto de ésta última hipótesis se había señalado que el árbitro en su calidad de juez transitorio tenía y tiene la obligación de reconocer oficiosamente las excepciones de fondo que encuentre demostradas con excepción de las de prescripción, compensación y nulidad relativa que deben siempre alegarse en la contestación de la demanda, tal como lo preceptuaba el artículo 306 del C. P. C. y hoy el artículo 282 del Código General del Proceso.
4.14.- Sin embargo, el inciso segundo del artículo 306 del C. P. C. y hoy el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso, preveía y ahora prevé que si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones puede abstenerse de examinar las restantes.
4.15.- Así las cosas, se entendió y ahora se entiende que para efectos de establecer si se ha incurrido en el yerro a que se refiere esta causal es suficiente comparar lo pretendido y lo excepcionado, o lo uno o lo otro, con lo resuelto en el respectivo laudo arbitral.
4.16.- Con todo lo expuesto, se tiene que la causal del numeral 9º de la ley 1563 de 2012 se configura cuando el juez arbitral profiere un fallo extra petita, es decir, se pronuncia sobre aspectos o puntos que no han sido solicitados en la demanda, un fallo ultra petita, es decir, cuando condena por más de lo pedido en la demanda o un fallo citra petita, es decir, cuando no resuelve todas las pretensiones que se le presentan en la demanda o no se pronuncia sobre las excepciones propuestas por el demandado o que encuentra debidamente probadas; pues se entiende que las demás hipótesis se encuentran incorporadas y deberán ser alegadas con fundamento en la causal prevista en el numeral 2º de la ley 1563 de 2012.
5.- Caso concreto.
En el asunto que se revisa por vía del recurso de anulación pretende la parte convocante, Concesionaria Vial de los Andes Coviandes, se fulmine con la sanción anulatoria la providencia dictada el 17 de noviembre de 2016 por el Tribunal de Arbitramento integrado para resolver las controversias surgidas entre Coviandes, como convocante, y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, como convocada, con ocasión del Contrato de Concesión No. 444 de 1994 y el Adicional No. 01 de 2010, persigue esa declaratoria apoyado en las causales previstas en los numerales 7°, 8° y 9° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
5.1.- La causal séptima de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012. Cuatro cargos de anulación.
5.1.1.- Pues bien, como se tuvo oportunidad de expresar páginas atrás el impugnante enrostró, con apoyo en la causal séptima de anulación, cuatro cargos contra la decisión arbitral, que pueden ser compendiados en las siguientes alegaciones: i) ataques relativos a la apreciación probatoria y jurídica del incumplimiento achacado a la ANI; ii) cuestionamientos a la valoración probatoria del panel arbitral respecto del daño y su monto; iii) reparos dirigidos al criterio jurídico de valoración de la causalidad del daño y iv) objeciones en punto a la apreciación de la causa que generó el desequilibrio económico alegado y la aplicación de un requisito de prejudicialidad no reconocido en la legislación.
5.1.2.- Así enderezada la impugnación fácil es advertir que ésta no tiene vocación de prosperar toda vez que por esa vía pretende el convocante que esta Sala juzgue errores in judicando, que no in procedendo, de la decisión arbitral.
5.1.3.- En efecto, aun cuando en su memorial el censor se esfuerza por ubicar esas alegaciones bajo el ámbito normativo de la causal séptima de anulación, esto es, ser el laudo en equidad o en conciencia debiendo ser en derecho, lo que aflora como verdad irrefutable son múltiples quejas de Coviandes a la manera como el panel arbitral se aproximó y valoró el acervo probatorio que alimentó la causa [pero no que prescindió de éste], los criterios jurídicos que fueron instrumentalizados para juzgar el incumplimiento contractual o desequilibrio económico del contrato, la interpretación y alcance que se le dio al petitorio introductorio del proceso o la aplicación de la doctrina del venire contra factum.
5.1.4.- Lo que puede dar cuenta esta judicatura, en esta oportunidad, es que una revisión íntegra de la decisión opugnada como del expediente arbitral dejan ver que el Tribunal, además de valorar la masa probatoria acopiada en esa causa, incorporó como sustento de sus decisiones normas jurídicas, jurisprudencia emanada de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia o de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre materias atinentes al asunto tratado, como también referencia a diversos recursos doctrinarios, todo ello, entonces, deja ver de modo incuestionable que el fallo arbitral se dictó en derecho y no en equidad o conciencia como tozudamente, y por vía de argumentos del todo improcedentes, quiere hacer ver Coviandes en esta ocasión.
5.1.5.- Y es que, como de antiguo se sabe, la ratio de la causal revisada es la de fulminar con la consecuencia anulatoria aquellas decisiones que de modo manifiesto se ubiquen allende al derecho, donde la construcción de las premisas del razonamiento no puedan identificarse como concreción de las fuentes del sistema jurídico vigente y, en consecuencia, sólo encuentren explicación en modos de razonamiento guiados bajo otro sistema de pensamiento diferente al jurídico, propiamente dicho. Y semejante descalificación de una decisión judicial no puede ocurrir por el sólo hecho de presentar alguno de los intervinientes de la causal arbitral divergencias razonables con el modo de proceder del Tribunal y la manera como construyó, en sus vertientes de valoración probatoria y jurídica, la decisión arbitral, pues lo único que se advertiría allí son reparos in iudicando para los que, en línea de principio, no está instituido el recurso anulatorio de los laudos.
5.1.6.- Como no es posible predicar alguna de las prenotadas situaciones del laudo dictado el 17 de noviembre de 2016, se impone desestimar la anulación promovida por Coviandes bajo los postulados de la causal séptima que trae el artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
5.2.- La causal octava de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
5.2.1.- Alegó Coviandes que el laudo de 17 de noviembre de 2016 contenía disposiciones contradictorias. Explicó que en la parte considerativa (página 86) se dice que Inco incumplió la obligación de rendir concepto a la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica en los términos convenidos en el Adicional 1 de 2010, sin embargo, en el punto resolutivo cuarto el Tribunal negó las pretensiones segunda a cuarta, habiéndose encaminado la pretensión segunda a que se declarara el incumplimiento de Inco. Sostuvo Coviandes que pidió al Tribunal se pronunciara sobre esa contradicción, sin embargo, esa solicitud fue desestimada.
5.2.2.- Sea lo primero advertir que el recurrente satisfizo la exigencia establecida por la Ley de invocar la presunta contradicción ante el Tribunal de arbitramento, lo que ocurrió en memorial de 24 de noviembre de 2016 que dio lugar a la audiencia de 25 de noviembre del mismo año donde el panel arbitral desestimó esa y otras peticiones de quien obró como convocante.
5.2.3.- De otro tanto, es de rigor señalar que la contradicción que prescribe la Ley como supuesto de procedencia de la causal de anulación de que trata el numeral 8° del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, debe tener lugar entre preceptos o enunciados que se encuentren en la parte resolutiva del laudo, de modo que se trate de órdenes enfrentadas e incompatibles entre sí que dificulten o impiden la comprensión intersubjetiva de lo sentenciado por el Tribunal arbitral. Ese entendimiento, como se ha dejado sentado anteriormente, excluye de suyo la posibilidad de alegar una contradicción entre partes considerativa y resolutiva del laudo, salvo cuando expresamente la resolutiva reenvía a una decisión que se adoptó en las consideraciones y surja de ello una incompatibilidad de entendimientos.
5.2.4.- Esta razón, por sí sola ya es suficiente para desestimar el cargo formulado por el convocante pues repárese cómo en la construcción argumentativa de la configuración de la causal estimó una contradicción entre un pasaje de las consideraciones del laudo y lo que fue resuelto en el cuarto punto resolutivo y no se trata acá del especial evento en el que la resolutiva remite en algún punto a una decisión tomada en las consideraciones. Por consiguiente, no está llamado a prosperar el cargo revisado.
5.3.- La causal novena de anulación del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012.
5.3.1.- Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes elevó esta causal con apoyo en tres cargos específicos todos ellos relativos a la omisión del Tribunal de emitir pronunciamiento sobre cuestiones sujetas al arbitramento: i) el Tribunal no se pronunció sobre la pretensión quinta de la demanda que es subsidiaria a la tercera y cuarta con la que se busca una reparación integral que no está sometida a las categorías, enumeraciones y pruebas de que tratan las pretensiones tercera y cuarta; ii) el Tribunal omitió decisión sobre el riesgo del incumplimiento y su incidencia sobre la asunción del riesgo regulatorio tributario, donde expuso el recurrente que el laudo omitió cualquier análisis de la condicionalidad del riesgo regulatorio tributario asumido por Coviandes, asunto este que en la demanda se analizó “tanto por sus efectos en relación con el incumplimiento del contrato, como con sus efectos sobre el equilibrio económico del contrato” y iii) El Tribunal omitió evaluar la conducta de Inco frente a Coviandes a la luz de su interés en no hacer aportes presupuestales, donde insistió que la inclusión, en el modelo financiero del Adicional 1, de la deducción tributaria por inversiones en activos fijos lo era para beneficio del Inco y no de Coviandes.
5.3.2.- En orden a desatar estas cuestiones planteadas al amparo de la causal novena de anulación la Sala encuentra que el laudo desestimó la pretensión segunda principal y tercera de la demanda al tener por próspera la excepción denominada ‘ausencia de vínculo causal’. Igualmente, el panel arbitral declaró a lugar la excepción titulada ‘inexistencia del desequilibrio alegado’ razón por la cual despachó desfavorablemente la pretensión subsidiaria a la segunda principal, la pretensión cuarta planteada en subsidio a la parte A de la pretensión tercera, la pretensión subsidiaria a la parte B de la pretensión tercera y la pretensión quinta formuladas en la demanda arbitral.
5.3.3.- Se sabe, también, que en la demanda arbitral promovida por Coviandes contra Ani las pretensiones fueron planteadas en los siguientes términos: Pretensiones Declarativas i) Primera Pretensión Principal. Declarativa de existencia del contrato de concesión No. 444 de 1994 entre Coviandes y Ani; ii) Segunda Pretensión Principal. Declarativa de incumplimiento de la Ley, el Contrato No. 444 y el Adicional No. 1 por parte de Ani; iii) Pretensión subsidiaria a la segunda principal. Declarativa de ruptura del equilibrio económico del contrato. Pretensiones Consecuenciales iv) Pretensión Tercera Principal. Se ordene a ANI Indemnizar a Coviandes los perjuicios derivados de su incumplimiento; v) Pretensión Cuarta Subsidiaria de la Tercera Principal. Se ordene a ANI restablecer a Coviandes el equilibrio económico del contrato; vi) Pretensión Quinta Subsidiaria de las pretensiones Tercera y Cuarta. “solicito que el restablecimiento por incumplimiento, o el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, derivado de los hechos a los que aluden esas pretensiones, tenga lugar en la forma prevista por la ley y la jurisprudencia que mejor se ajuste a lo dispuesto en el contrato y al modelo descrito en los Anexos 5 y 18 del Adicional 1”, vii) Pretensión Sexta Principal. Se condene a la ANI a pagar las sumas de dinero referidas en las anteriores pretensiones con intereses de mora, con intereses corrientes o con valores actualizados según el índice de precios al consumidor más intereses legales; viii) Pretensión Séptima Principal. Se condene a ANI al pago de costas y gastos del proceso. Finalmente ix) Pretensión Octava Principal. Se expida copia auténtica del laudo en el que se acojan las pretensiones con constancia de ejecutoria.
5.3.4.- Visto lo anterior, esto es, las pretensiones formuladas y el pronunciamiento que de las mismas hizo el laudo arbitral, se advierte que el primero de los cargos propuestos está llamado al fracaso por cuanto expresamente en la parte considerativa y resolutiva el Tribunal desestimó esa pretensión, como se puede leer en el punto 9.3 de la parte considerativa y el numeral cuarto de la parte resolutiva del proveído revisado.
5.3.5.- Pero, más aún, la improsperidad del alegato se hace patente por elementales consideraciones de formulación de las pretensiones en los juicios de conocimiento por la sencilla razón que sólo se abre paso el estudio de una pretensión condenatoria si y solo si se ha obtenido pronunciamiento favorable de aquella pretensión declarativa antecedente con la cual tiene vínculo directo la condena perseguida por el interesado.
5.3.6.- Traída estas consideraciones al asunto revisado se advierte, entonces, que la pretensión quinta se promovió como subsidiaria de las pretensiones tercera y cuarta, todas ellas consecuenciales de condena, por ende presupuesto sine qua non para que aquella pudiera ser abordada por el panel arbitral era la prosperidad de la primera pretensión declarativa (que fue acogida favorablemente por el Tribunal) y, alternativamente, de la segunda pretensión principal o subsidiaria, esto es, la declaración de incumplimiento del Inco o el desequilibrio económico del contrato y como esto último no ocurrió en el caso, nada puede reprocharse a la justicia arbitral toda vez que carecía de razón jurídica abordar una pretensión de condena carente de sustento declarativo previo o, dicho de otro modo, sería una impropiedad abordar las cuestiones relativas al “restablecimiento por incumplimiento, o el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, derivados de los hechos a los que aluden esas pretensiones, (…) en la forma prevista por la ley y la jurisprudencia” cuando previamente, en criterio del laudo, no prosperaron los pedimentos por incumplimiento ni desequilibrio económico del contrato.
5.3.7.- De otra parte, en lo que hace a los dos cargos restantes, estos serán despachados conjuntamente en sentido desfavorable toda vez que de su lectura emerge de manera incuestionable que el querer del censor es que esta judicatura considere y revalúe algunos fundamentos jurídicos que en su sentir no fueron abordados por los árbitros a la hora de analizar las pretensiones de incumplimiento y de desequilibrio económico del contrato; esto es, no se trata de pretensiones propiamente dichas las que, presuntamente, fueron omitidas por el fallador sino fundamentos jurídicos y fácticos que fueron esbozados en apoyo de los pedimentos de la demanda.
5.3.8.- Emerge, entonces, como verdad que esta Sala no es competente, por la vía del recurso de anulación, para revisar si y cómo esas construcciones jurídicas fueron abordadas por el Tribunal por cuanto tal cosa resulta lindante con pronunciamientos in iudicando que, como se ha dicho hasta la saciedad, no integran el margen de acción del recurso de revisión, pues “al juez del recurso de anulación no le es permitido revivir el debate probatorio que se surtió ni entrar a cuestionar los razonamientos jurídicos o la valoración de las probanzas que en su momento hicieron los árbitros para soportar su decisión”.
5.3.9.- Por consiguiente, los ataques dirigidos por Coviandes al laudo arbitral al amparo de la causal novena de anulación tampoco no salieron avantes, por las razones expuestas.
6.- Condena en costas.
Por cuanto no prospera el recurso de anulación formulado por el recurrente, hay lugar a dictar condena en costas en este asunto, según lo dispuesto en el inciso final del artículo 43 de la Ley 1563 de 2012 y en armonía con los artículos 361 y siguientes del Código General del Proceso y el Acuerdo No. 1887 de 26 de junio de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala fijará la condena en costas en una suma equivalente a catorce millones de pesos ($14.000.000).
En mérito de lo expuesto la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre la de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
R E S U E L V E
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulación propuesto por Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes en contra del laudo arbitral dictado el 17 de noviembre de 2016 proferido por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias originadas entre éste y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI con ocasión del contrato de concesión No. 444 de 1994 y el Adicional No. 1 de 2010.
SEGUNDO: CONDENAR en costas al recurrente y por consiguiente al pago de la suma de catorce millones de pesos ($14.000.000).
TERCERO: ORDENAR devolver el expediente al Tribunal de Arbitramento, por conducto de su Secretaría.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Magistrado
JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
Presidente de Sala de Subsección C
En adelante “Coviandes”, “concesionario” o “recurrente”. En adelante “Invías”
En adelante “Inco”
En adelante “ANI”, “convocada” o “concedente”. Entre ellas las siguientes: Sentencia de mayo 15 de 1992 (Expediente 5326); Sentencia de noviembre 12 de 1993 (Expediente 7809); Sentencia de junio16 de 1994 (Expediente 6751); Sentencia de octubre 24 de 1996 (Expediente 11632); Sentencia de mayo 18 de 2000 (Expediente 17797); Sentencia de agosto 23 de 2001 (Expediente19090); Sentencia de junio 20 de 2002 (Expediente 19488); Sentencia de julio 4 de 2002 (Expediente 21217); Sentencia de julio 4 de 2002 (Expediente 22.012); Sentencia de agosto 1º de 2002 (Expediente 21041); Sentencia de noviembre 25 de 2004 (Expediente.25560); Sentencia de abril 28 de 2005 (Expediente 25811); Sentencia de junio 8 de 2006 (Expediente 32398); Sentencia de diciembre 4 de 2006 (Expediente 32871); Sentencia de marzo 26 de 2008 (Expediente 34071); Sentencia de mayo 21 de 2008 (Expediente 33643); y Sentencia de mayo 13 de 2009 (Expediente 34525). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 26 de febrero de 2004, Expediente 25094, entre otras,
Ley 105 de 1931, artículo 1216; Ley 2ª de 1938, artículo 6; Decreto 410 de 1971, artículo 2012; Decreto 2279 de 1989, artículo 1º; Ley 23 de 1991, artículo 96 (Cita original del texto citado)
Constitución Política, artículo 116; Ley 270 de 1996, artículo 13; Ley 446 de 1998, artículo 111; Decreto 1818 de 1998, artículo 115; y Ley 1285 de 2009, artículo 3º (Cita original del texto citado)
Ley 446 de 1998, artículo 111. (Cita original del texto citado)
P. G. CARON. “Aequitas” Romana, “Misericordia” Patristica Ed “Epicheia” Aristotelica Nella Dottrina Dell’”Aequitas” Canonica. Dott. A. Giuffrè Editore, Milano 1971, p. 2. (Cita original del texto citado)
Ibidem. (Cita original del texto citado)
ARISTOTELES. Etica a Nicomaco. 5. 10. 1137 b. Trad. María Araujo y Julián Marías. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1985, p. 86. (Cita original del texto citado)
P. G. CARON. “Aequitas… Opus. Cit., p. 6. (Cita original del texto citado)
Ibidem, p. 98-104. (Cita original del texto citado)
Sentencia T-518 de 1998. (Cita original del texto citado)
Sentencias de abril 3 de 1992, mayo 4 de 2000 y octubre 2 de 2003 (Expedientes 6695, 16766 y 24320). (Cita original del texto citado)
Sentencia de septiembre 14 de 1995 (Expediente 10468). (Cita original del texto citado)
Sentencia de junio 18 de 2008 (Expediente 34543). (Cita original del texto citado)
Sentencias de agosto 9 de 2001, agosto 23 de 2001, febrero 13 de 2006, junio 18 de 2008 (Expedientes 19273, 19090, 29704 y 34543). (Cita original del texto citado)
Sentencia de abril 27 de 1999 y abril 16 de 2000 (Expedientes 15623 y 18411). (Cita original del texto citado)
Artículo 116 de la Constitución Política. (Cita original del texto citado)
Artículo 116 de la Constitución Política. (Cita original del texto citado)
Numeral 1º del artículo 38 del C. P. C. (Cita original del texto citado)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 21 de febrero de 2011, Exp. 38.621. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 11 de marzo de 2004, Exp. 25021. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 30 de marzo de 2011, Exp. 39496; este criterio es reproducido hoy en el Artículo 41 de la Ley 1563 del 2012. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1408 del 25 de abril de 2002. Se retoma en este punto lo pertinente del fallo de 13 de abril de 2015, Exp. 52556 de esta Subsección. Ibídem. La Corte Suprema de justicia en algunas oportunidades la ha denominado minima petita pero esta expresión debe quedar reservada para cuando se concede menos de lo pedido, decisión ésta que no configura una causal de incongruencia.
Cfr. folios 83-180 del cuaderno principal. Como se declaró en el segundo punto resolutivo del laudo arbitral. Texto de la pretensión quinta de la demanda. Cfr. Folio 3, cuaderno 1 principal. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 21 de febrero de 2011, Exp. 38621.
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