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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00050-00

Recurso extraordinario de revisión: artículo 20 de la Ley 797 de 2003

Fecha
6 de julio de 2021
Consejero ponente
Martín Bermúdez Muñoz
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00050-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARÁSE FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2009 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. SEGUNDO: INFIRMÁSE la sentencia dictada el 16 de julio de 2009 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora Jeanette Rey de Micolta. TERCERO: En su lugar, REVÓCASE la sentencia del 7 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y NIEGÁNSE las pretensiones de la demanda. CUARTO: Cómo consecuencia de lo anterior, ÓRDENASE a la UGPP reliquidar la pensión de la señora Jeanette Rey de Micolta, en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia. QUINTO: Sin condena en costas. SEXTO: En firme esta providencia, REMÍTASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-00050-00

Consejero ponente: Martín Bermúdez Muñoz

6 de julio de 2021

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Artículo 20 de la Ley 797 de 2003 / REVISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS O PENSIONES A CARGO DEL TESORO PÚBLICO O DE FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA / CAUSAL SEGUNDA DE REVISIÓN DEL RECONOCIMIENTO DE SUMAS PERIÓDICAS CON CARGO AL TESORO PÚBLICO O A FONDOS DE NATURALEZA PÚBLICA – Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables / CAUSAL SEGUNDA – Prospera / APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA REGLA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL CÁLCULO DEL IBL – Caso concreto / ABUSO DEL DERECHO – Se configura en el caso concreto

La Sala declarará fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP por configurarse la causal prevista en del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que la sentencia recurrida ordenó el pago de una pensión con cargo a fondos de naturaleza pública y la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley. Lo anterior, en la medida en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado hicieron una interpretación equivocada del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y afirmaron que para calcular el ingreso base de liquidación se debía dar aplicación al régimen anterior (Decreto 546 de 1971) y no al previsto en la Ley 100 de 1993. […] Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la interpretación adoptada por el Consejo de Estado en la sentencia recurrida respecto del alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se corresponde con la tesis adoptada por la misma corporación en la sentencia del 11 de junio de 2020, en la que además se tuvo en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. Además, dicha interpretación se aparta radicalmente del tenor literal de la norma y desconoce que la noción de IBL tiene un alcance preciso y definido en la Ley 100 de 1993 conforme con el cual, una cosa es el IBL sobre el cual se liquida la pensión y, otra cosa, es el monto de la pensión que corresponde a un porcentaje del salario devengado. […] Si bien es cierto que la sentencia recurrida fue proferida con anterioridad a las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, y al cambio jurisprudencial adoptado por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 11 de junio de 2020, tales reglas jurisprudenciales aplican retroactivamente al presente caso porque ellas constituyen simplemente la aplicación de normas legales imperativas que venían siendo interpretadas de manera equivocada. […] Para no aplicar la regla jurisprudencial retroactivamente en estos casos, sería necesario demostrar que en el caso específico se vulnera la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima, para lo cual deben tenerse en cuenta, entre otros factores, los siguientes: (i) si la conducta del individuo dependió o no de la regla jurisprudencial vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento. Es decir, si su actuar dependió del conocimiento previo y calculabilidad de la regla sentada en el precedente que posteriormente es objeto de modificación; y, (ii) el grado de la fuerza normativa material del precedente modificado, para lo cual es necesario estudiar la corrección de la regla sentada en éste. […] En el presente caso, la Sala considera que el precedente sentado por la Corte Constitucional mediante sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, debe ser aplicado de manera retroactiva o retrospectiva al caso concreto, en la medida en que simplemente desarrolla adecuadamente una disposición legal.

No se trata de una regla jurisprudencial que modifique las condiciones para adquirir un derecho o para ejercerlo judicialmente; el justiciable no puede afirmar que, ateniéndose a la subregla equivocada realizó determinada actuación o ejerció determinado derecho. […] De otra parte, no sería admisible considerar, en desarrollo del principio de igualdad, que un ciudadano tenga derecho a que una interpretación equivocada de una norma, con base en la cual se resolvieron los casos anteriores, deba obligatoriamente ser aplicada a todos los casos. […] Con fundamento en lo anterior, la Sala infirmará la sentencia de 16 de julio de 2009 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la medida en que la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100, llevó a que se le reconociera a la demandante una pensión que excedía lo debido de acuerdo con la ley. En consecuencia, se configuró la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En la sentencia de primera instancia confirmada por la sentencia recurrida, se ordenó a Cajanal realizar la liquidación de la pensión de la demandante, teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada durante el último año de servicio, cuando lo procedente, como hizo Cajanal en el acto demandado, era tener como IBL el promedio de lo devengado en los últimos 8 años (tiempo que le faltaba a la demandante para cumplir el requisito de edad). […] Además de lo anterior, la Sala advierte que la pensión que se reconoció a la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se enmarca en aquellas situaciones que se han definido como constitutivas de abuso del derecho. […] [E]n la medida en que las prestaciones recibidas estaban basadas en el cumplimiento de una providencia judicial, se debe presumir que estás fueron percibidas de buena fe. Por lo tanto, la Sala aclara que la reliquidación que se haga solo tendrá efectos a futuro y, la demandante no debe reintegrar ni devolver las sumas recibidas por concepto de su pensión de vejez.

FUENTE FORMAL: LEY 797 DE 2003 – ARTÍCULO 20 / LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 68 / LEY 2080 DE 2021 – ARTÍCULO 69 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 249 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 253 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / DECRETO 546 DE 1971

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 100 DE 1993 – Aplicación / MONTO DE LA PENSIÓN – Concepto / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN (IBL) – Cálculo / PERSONAS BENEFICIARIAS DEL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN – Cálculo del IBL

[L]as condiciones para acceder al derecho a la pensión de vejez de las personas beneficiarias del régimen de transición no estaban exentas de la aplicación parcial de la nueva ley. Así se puede concluir del texto de la norma que dejó claro que <<las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.>> […] Por su parte, los aspectos de la pensión de vejez que quedaron sometidos al régimen de transición fueron los asociados con la edad, tiempo de servicios y el monto de la pensión. […] En cuanto al IBL, no se estableció en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como uno de aquellos requisitos que debían regirse por la legislación anterior o que haría parte del régimen de transición. En su lugar, el propio artículo dispuso que el IBL habría de calcularse teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo que faltara para adquirir el derecho a la pensión cuando faltaren menos de diez (10) años, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior. Lo anterior, contrasta con la regla aplicada en el caso sometido a examen que consistió en liquidar la pensión de la demandante de acuerdo con el promedio de todos los ingresos devengados en el último año. […] En cuanto a lo que debe entenderse como el monto de la pensión, se ha precisado que corresponde al porcentaje del salario al cual tiene derecho como pensión de jubilación el aportante, sin que se pueda entender que, como el cálculo del IBL determina el <<monto de la pensión>>, las nociones de <<monto de la pensión>> e <<ingreso base de liquidación>> quieren decir lo mismo. […] El entendimiento conforme con el cual el IBL para las personas beneficiarias del régimen de transición está sujeto a lo previsto en la Ley 100 de 1993 fue expresamente adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013. En esta providencia, se declaró inexequible el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que disponía que las pensiones de los congresistas se liquidaban teniendo en cuenta el ingreso mensual promedio que hubiesen devengado <<durante el último año, y por todo concepto>>. En esos casos, se concluyó que debía aplicarse el IBL previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, porque a dicha norma estaban sujetas las personas amparadas por el régimen de transición del artículo 36 de la misma ley.

FUENTE FORMAL: LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 36 / LEY 4 DE 1992 – ARTÍCULO 17 / LEY 100 DE 1993 – ARTÍCULO 21

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el cálculo del IBL para las personas beneficiarias del régimen de transición, ver: Corte Constitucional, sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; y Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación jurisprudencial del 11 de junio de 2020, Rad. 15001-23-33-000-2016-00630-01(4083-17)(CE-SUJ-S2-021-20), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN

Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00050-00(REV)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

REFERENCIA: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

Tema: Revisión de sentencia pensional en los términos del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. Se declara fundado el recurso en la medida en que se reconoció una pensión que excedía lo debido según lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede la Sala a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP (en adelante <<UGPP>>) contra la sentencia proferida el 16 de julio de 2009, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, que confirmó la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho incoadas por la demandante.

La Sala Séptima Especial de Decisión es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión de conformidad con el artículo 249 del CPACA y el artículo 2° del Acuerdo 321 de 2014 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

I.- ANTECEDENTES

Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1.- El 2 de diciembre de 2003, la señora Jeanette Rey de Micolta interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal (en adelante <<Cajanal>>). Solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002 mediante la cual se liquidó su pensión y de la Resolución No. 004099 del 21 de julio de 2003, mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el acto anterior. Además, solicitó a título de restablecimiento que se ordenara a Cajanal reliquidar su pensión.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<PRIMERA.- Que se declare parcialmente nula la Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002, proferida por la Subdirección General de Prestaciones Económicas de la Caja Nacional de Previsión Social, por la cual se le reconoce y ordena pagar a la Doctora JEANETTE REY DE MICOLTA, una pensión mensual vitalicia por vejez, en la suma de TRES MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 60/100 M/CTE (3.095.054,60), desconociendo el régimen especial reclamado y establecido en el Decreto 546 de 1971, así como la inclusión de algunos factores salariales a que tiene derecho por haberlos percibido en forma habitual y periódica.

SEGUNDA.- Que se declare nula la resolución No. 004099 del 21 de julio de 2003, emitida por la Jefe de la Oficina Jurídica de la misma Caja de Previsión Social, por la cual se resolvió desfavorablemente el recurso de apelación interpuesto contra el acto anterior, esto es, la Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002.

TERCERA.- Que como consecuencia de las anteriores declaraciones y en orden al restablecimiento de los derechos, se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social proceda a reliquidar, reconocer y pagar a favor de la Doctora JEANETTE REY DE MICOLTA, una pensión mensual vitalicia por vejez, igual al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio, más los factores que no se tuvieron en consideración en la resolución impugnada a saber, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA VACACIONAL, PRIMA DE NAVIDAD y demás factores salariales devengados.

CUARTA.- Que como consecuencia de la anterior declaración y en orden al restablecimiento de los derechos del actor, se ordene a la Caja Nacional de Previsión Social, proceda a reliquidar la pensión otorgada, aumentada con los factores salariales omitidos y certificados por el Tesorero y el Jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, en constancias que se adjuntaron con la solicitud de pensión y que anexo nuevamente a la presente como son: Gastos de Representación, Prima Especial de Servicios Mensuales, Bonificación Especial de Servicios Mensual, Prima de Servicios, Bonificación por Compensación Mensual en los guarismos allí estipulados, certificados que también reposan en los antecedentes administrativos, disponiendo el fallo además, aplicar el mismo procedimiento y reajustes legales para las anualidades posteriores y que cubran las diferencias de valores que resulten, a la fecha del mismo.

QUINTA.- Condenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL a pagar sobre las diferencias adeudadas y a que se refiere el numeral anterior, los ajustes de valor de dichas sumas conforme al Índice de Precios al Consumidor o al por Mayor, tal y como lo prevé el artículo 178 del C.C.A., hasta la fecha de ejecutoria de la providencia que así lo disponga.

SEXTA.- Condenar a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL, a pagar a mi mandante intereses comerciales durante los primeros seis (6) meses, contados después de la ejecutoria del fallo e intereses moratorios después de este término, en el evento que no de cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el art. 177 del C.C.A.

SÉPTIMA.- Que a la sentencia que ponga fin a esta controversia se dé cumplimiento por la administración dentro del término establecido en el artículo 176 del C.C.A., en armonía con el 177 ibidem.

OCTAVA.- Que la Caja quedará autorizada para descontar los aportes respectivos a las partidas sobre las cuales la administración no los hizo efectivos, debidamente actualizados sus valores, aplicando la misma fórmula de actualización de los saldos de las mesadas pensionales.

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- La señora Jeanette Rey de Micolta laboró desde el 15 de mayo de 1975 hasta el 30 de septiembre de 2001 en la Rama Judicial y desde el 1 de octubre de 2001 hasta el 5 de mayo de 2003 en la Procuraduría General de la Nación. El 23 de noviembre de 2001 solicitó a Cajanal el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, por haber cumplido los requisitos exigidos en la ley.

3.2.- El 20 de diciembre de 2002 la Subdirección General de Prestaciones Económicas de Cajanal profirió la Resolución No. 33557 en la que reconoció a la señora Jeanette Rey de Micolta la suma de $3.095.054,60 por concepto de pensión de vejez. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Resolución No. 004099 del 21 de julio de 2003 proferida por el Jefe de la Oficina Jurídica de Cajanal, en la que se confirmó en su integridad el acto recurrido.

3.3.- El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispuso que <<la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres (…), o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados.>>. Para el 1 de abril de 1994, fecha en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, la demandante tenía 42 años y más de 15 años de servicios cotizados, por lo cual era beneficiaria del régimen de transición, y por tanto debía aplicarse lo dispuesto en el Decreto 546 de 1971 respecto del monto de la pensión de vejez.

3.4.- El artículo 6 del Decreto 546 de 1971 dispuso que las mujeres que hubieren prestado 20 años continuos o discontinuos de servicios en la función pública, de los cuales 10 hubieran sido en la Rama Judicial o el Ministerio Público, tendrían derecho a una pensión de jubilación correspondiente al 75% del salario más alto devengado en el último año de servicio, al cumplir 50 años. La demandante cumplía con los requisitos de la norma citada, por lo cual su pensión debía liquidarse teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada devengado en su último año de servicio.

3.5.- Sin embargo, Cajanal liquidó su pensión teniendo como ingreso base de liquidación (en adelante <<IBL>>) el promedio de los salarios devengados en los últimos 8 años de servicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y no dio aplicación al Decreto 546 de 1971. Además, tampoco se tuvieron en cuenta todos los componentes que debían hacer parte de la asignación mensual para liquidar la pensión. En virtud de lo anterior, la demandante consideró que las resoluciones demandadas eran nulas, en la medida en que no habían dado aplicación a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

La sentencia de primera instancia y la sentencia objeto de revisión

4.- El 4 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, profirió sentencia de primera instancia en la que declaró la nulidad parcial de la Resoluciones 33557 del 20 de diciembre de 2002 y 004099 del 21 de julio de 2003 y ordenó a título de restablecimiento que se realizara una nueva liquidación de la pensión de la demandante. En síntesis, consideró que:

4.1- La señora Jeannette Rey de Micolta era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la medida en que, para el 1º de abril de 1994, tenía más de 35 años y contaba con más de 15 años de servicios cotizados. En virtud de lo anterior, se le debía aplicar lo previsto en el régimen anterior en relación con la edad para acceder a la pensión, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.

4.2.- Así, el régimen aplicable a la demandante era el previsto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, norma que dispuso: <<Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los (…) 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.>> Además se consideró que también se debía aplicar lo previsto en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, según el cual constituyen factores de salario todas las sumas que reciba el funcionario como retribución por sus servicios.

4.3.- Como se consideró que los actos acusados no habían aplicado las normas mencionadas para liquidar la pensión de la demandante, se declaró su nulidad. A título de restablecimiento, se ordenó a Cajanal reliquidar la pensión teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada del último año, la cual estaría determinada por la suma de la asignación básica, los gastos de representación, la prima especial, las bonificaciones por servicios y compensación y las primas de servicio, vacaciones y navidad.

5.- Cajanal interpuso recurso de apelación, en el que (i) discutió los componentes que según el Tribunal debían hacer parte de la asignación mensual con base en la cual se liquidaría la pensión de la demandante y (ii) afirmó que debía darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 respecto de lo que constituía factor salarial. Mediante sentencia del 16 de julio de 2009, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, decidió el recurso de apelación y confirmó la sentencia del tribunal. Consideró que de conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el tribunal había acertado en dar aplicación al Decreto 911 de 1978, que modificó el artículo 12 del Decreto 717 de ese mismo año y no al Decreto 1158 de 1994, respecto de los componentes que hacían parte de la asignación mensual.

Recurso extraordinario de revisión

6.- En escrito presentado el 19 de diciembre de 2017, la UGPP interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en la causal prevista en el artículo 20 literal b) de la Ley 797 de 2003, según el cual: <<Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado (…) b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley>>. También invocó la causal de abuso del derecho de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia C-258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional.

7.- En la sustentación del recurso la parte recurrente señaló que:

7.1.- La UGPP estaba legitimada para interponer el recurso de revisión, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 5021 de 2009 que estableció la estructura y la organización de la UGPP, la entidad tiene dentro de sus funciones adelantar y asumir las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

7.2.- El recurso se interpuso oportunamente, pues de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-427 de 2016, la UGPP contaba con 5 años a partir del 12 de junio de 2013 para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues solo hasta esa fecha asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a su cargo Cajanal. Así las cosas, el recurso fue interpuesto el 19 de diciembre de 2017, antes del vencimiento de dicho término.

7.3.- En la sentencia de primera instancia, confirmada por el Consejo de Estado, se ordenó la liquidación de la pensión teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio, en aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. A juicio de la entidad recurrente, esta decisión partió de una interpretación incorrecta de la mencionada disposición.

7.4.- De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias C – 258 de 2013 y SU – 230 de 2015, el régimen de transición introducido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, aplica respecto del monto de la pensión, que no es lo mismo que el IBL, a partir del cual se va a calcular dicho monto. En este sentido, el IBL para calcular las pensiones de las personas beneficiadas por el régimen de transición, debe ser el que disponga la normatividad vigente y no el del régimen anterior.

7.5.- Así las cosas, para liquidar la pensión de la señora Jeannette Rey de Micolta se debía dar aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual el IBL correspondía al promedio de lo devengado en los últimos 8 años, tiempo que le restaba a la demandante para cumplir el requisito de edad. Sin embargo, en la sentencia del tribunal confirmada por el Consejo de Estado, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, régimen anterior, y se liquidó la pensión con un ingreso base correspondiente a la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio.

7.6.- Además, en la determinación de la asignación mensual, se reconocieron componentes adicionales que no constituían factor salarial de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 691 de 1994. Por lo tanto, en la sentencia objeto de revisión se reconoció una pensión que excedió lo debido de acuerdo con la ley.

7.7.- Agregó que, en todo caso, en el presente asunto se configuró un abuso del derecho en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia C-258 de 2013 dictada por la Corte Constitucional. En esta providencia se indicó que el Acto Legislativo 01 de 2005 había introducido una nueva causal de revisión al disponer que: <La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho>>. Así, aun cuando el legislador no había determinado dicho procedimiento, se podía hacer uso de los mecanismos existentes para solicitar la revisión por dicha causal, a saber, el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 para la revisión de pensiones reconocidas en sentencias judiciales, obtenidas con violación al debido proceso o cuya cuantía excediere lo debido conforme la ley.

7.8.- Señaló que en este caso se configuraba un abuso del derecho ya que ni el tribunal ni el Consejo de Estado se percataron de que la pensión de la demandante se liquidó con el salario devengado por la demandante en el cargo de Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, cargo que ocupó en encargo solamente por un mes y 20 días. La asignación mensual recibida por la demandante durante este periodo no guardaba proporcionalidad y no se acercaba a lo devengado y cotizado durante su historia laboral, por lo cual reconocerle una pensión en los términos en que se ordenó su liquidación, implicaría una defraudación del sistema pensional.

D.- Oposición al recurso

8.- La demandante Jeannette Rey de Micolta se opuso a la prosperidad del recurso de revisión. Indicó en su escrito que:

8.1.- Era beneficiaria del régimen de transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al cumplir con todos los requisitos dispuestos en la norma. Por lo tanto, se debía dar aplicación a lo establecido en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 respecto del monto de la pensión.

8.2.- La decisión tomada por el tribunal y el Consejo de Estado se basó en una interpretación adecuada de las normas que regulaban la materia, dio aplicación al principio de favorabilidad laboral y era concordante con la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado para el momento, respecto de la aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Además, no se podía dar aplicación a las reglas establecidas en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 respecto de la interpretación del régimen de transición y el IBL aplicable para los beneficiarios de este régimen, pues estas habían sido proferidas con posterioridad a la sentencia objeto de revisión.

8.3.- En todo caso, las subreglas jurisprudenciales establecidas en estas sentencias no eran aplicables al presente caso en la medida en que: (i) la sentencia C – 258 de 2013 estableció que sus efectos iban dirigidos a magistrados de altas cortes y congresistas, más no a los beneficiarios del régimen especial del Decreto 546 de 1971; (ii) la sentencia SU – 230 de 2015 se produjo como resultado de una tutela interpuesta contra una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual no era aplicable a la jurisdicción contencioso administrativa.

8.4.- La pensión reconocida en las sentencias, se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 por lo cual no era cierto que la cuantía del derecho reconocido excediera lo debido de acuerdo con la ley. Agregó que tampoco se configuraba un abuso del derecho, pues la interpretación realizada por el tribunal y el Consejo de Estado era razonable, y la demandante no había hecho uso de medios fraudulentos para obtener el reconocimiento de su pensión.

II.- CONSIDERACIONES

9.- La Sala declarará fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP por configurarse la causal prevista en del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que la sentencia recurrida ordenó el pago de una pensión con cargo a fondos de naturaleza pública y la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley. Lo anterior, en la medida en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado hicieron una interpretación equivocada del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y afirmaron que para calcular el ingreso base de liquidación se debía dar aplicación al régimen anterior (Decreto 546 de 1971) y no al previsto en la Ley 100 de 1993. Sobre este asunto se tratará en la primera parte de la sentencia.

10.- En la segunda parte de la providencia la Sala infirmará la sentencia del 16 de julio de 2009 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda y se ordenará ajustar nuevamente la pensión liquidándola conforme con las disposiciones legales y en la forma que se señala en las motivaciones de este fallo.

11.- Se adoptará la anterior decisión porque la liquidación de la pensión de la demandante realizada por Cajanal mediante Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002, se ajustó a la ley pues: (i) tomó acertadamente como IBL el promedio de los salarios devengados en los últimos 8 años de servicio de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, e; (ii) incluyó como componentes constitutivos del IBL los establecidos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994.

E.- La aplicación del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993

12.- El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 dispone que:

<<La edad para acceder a la pensión de vejez continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.

El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.>>

13.- De la norma citada se desprende que las condiciones para acceder al derecho a la pensión de vejez de las personas beneficiarias del régimen de transición no estaban exentas de la aplicación parcial de la nueva ley. Así se puede concluir del texto de la norma que dejó claro que <<las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.>>

14.- Por su parte, los aspectos de la pensión de vejez que quedaron sometidos al régimen de transición fueron los asociados con la edad, tiempo de servicios y el monto de la pensión.

15.- En cuanto al IBL, no se estableció en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 como uno de aquellos requisitos que debían regirse por la legislación anterior o que haría parte del régimen de transición. En su lugar, el propio artículo dispuso que el IBL habría de calcularse teniendo en cuenta el promedio de lo devengado en el tiempo que faltara para adquirir el derecho a la pensión cuando faltaren menos de diez (10) años, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior. Lo anterior, contrasta con la regla aplicada en el caso sometido a examen que consistió en liquidar la pensión de la demandante de acuerdo con el promedio de todos los ingresos devengados en el último año.

16.- En cuanto a lo que debe entenderse como el monto de la pensión, se ha precisado que corresponde al porcentaje del salario al cual tiene derecho como pensión de jubilación el aportante, sin que se pueda entender que, como el cálculo del IBL determina el <<monto de la pensión>>, las nociones de <<monto de la pensión>> e <<ingreso base de liquidación>> quieren decir lo mismo.

17.- El entendimiento conforme con el cual el IBL para las personas beneficiarias del régimen de transición está sujeto a lo previsto en la Ley 100 de 1993 fue expresamente adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia C-258 de 2013. En esta providencia, se declaró inexequible el artículo 17 de la Ley 4 de 1992 que disponía que las pensiones de los congresistas se liquidaban teniendo en cuenta el ingreso mensual promedio que hubiesen devengado <<durante el último año, y por todo concepto>>. En esos casos, se concluyó que debía aplicarse el IBL previsto en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, porque a dicha norma estaban sujetas las personas amparadas por el régimen de transición del artículo 36 de la misma ley. En la sentencia C-258 de 2013 se lee:

<<El precepto acusado señala que el Ingreso Base de Liquidación será el “ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el Congresista”. Pese a la adopción de la Ley 100 y la configuración expresa del régimen de transición en su artículo 36, en la actualidad se sigue aplicando esa regla de Ingreso Base de Liquidación, por las razones expuestas en apartes previos. (…) La Sala encuentra que las expresiones aludidas son inconstitucionales, por las razones que siguen:

La interpretación de estas expresiones conlleva la concesión de una ventaja a los beneficiarios del régimen especial cobijados por la transición, que no fue prevista originalmente por el Legislador al expedir la Ley 100 y que, por tanto, carece de justificación. En efecto, la Sala recuerda que el propósito original del Legislador al introducir el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposición y de los antecedentes legislativos, fue crear un régimen de transición que beneficiara a quienes tenían una expectativa legítima de pensionarse conforme a las reglas especiales que serían derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del régimen de transición consistiría en una autorización de aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. El Ingreso Base de Liquidación no fue un aspecto sometido a transición, como se aprecia claramente en el texto del artículo 36 (…)

De otro lado, tal como ocurre con el tema de factores, la regla que se viene aplicando de Ingreso Base de Liquidación conduce a la concesión de beneficios manifiestamente desproporcionados, con desconocimiento de los principios de solidaridad e igualdad. En efecto, el cálculo de las pensiones en ciertos casos con base en dicha interpretación del Ingreso Base de Liquidación condujo a pensiones de una cuantía muy elevada que sólo podían ser financiadas con subsidios públicos más altos, en términos absolutos y porcentuales, que los asignados a las demás pensiones reconocidas en el sistema. El caso extremo es el de las pensiones basadas en el ingreso mensual promedio de un periodo muy breve en comparación con toda la vida laboral del beneficiario (…)

La Corte declarará la inexequibilidad de la expresión “durante el último año”, contenida en el primer inciso del artículo 17 de la Ley 4 de 1992. Además, teniendo en cuenta que, de un lado, la declaración de inconstitucionalidad de la expresión referida creará un vacío en materia de regla de Ingreso Base de Liquidación, y de otro, tal vacío puede conducir a una situación de inconstitucionalidad aún más grave, pues haría imposible la liquidación de las pensiones y limitaría entonces de forma absoluta el derecho a la seguridad social en pensiones de los beneficiarios del régimen especial bajo estudio, la Sala, por medio de un condicionamiento, debe establecer un criterio compatible con la Constitución dentro del respeto al margen de configuración del Legislador.

Para el efecto, la Corte acudirá a la regla general de Ingreso Base de Liquidación prevista en los artículos 21 y 36 de la Ley 100. En efecto, el artículo 36 estableció dos reglas específicas en la materia: (i) para quienes el 1° de abril de 1994, les faltara menos de 10 años para pensionarse, el IBL sería (a) “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta” para reunir los requisitos para causar el derecho a la pensión, o (b) el promedio de lo “cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”. (ii)

En los demás casos, es decir, en la hipótesis de las personas a quienes el 1° de abril de 1994 les faltaban más de 10 años para reunir los requisitos de causación de la pensión, a falta de regla especial en el artículo 36 y teniendo en cuenta que el inciso segundo ibídem solamente ordena la aplicación ultractiva de las reglas de los regímenes especiales sobre edad, tiempo de cotización o servicios prestados, y tasa de reemplazo, se les debe aplicar la regla general del artículo 21 de la Ley 100, el cual indica:

<<ARTÍCULO 21. INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.

Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo.>>

En vista de que (i) no permitir la aplicación ultractiva de las reglas de IBL de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el propósito original del Legislador; (ii) por medio del artículo 21 y del inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100, el Legislador buscó unificar las reglas de IBL en el régimen de prima media; (iii) ese propósito de unificación coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, específicamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan diseñar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ahí que la reforma mencione expresamente el artículo 36 de la Ley 100 - la Sala considera que en este caso el vacío que dejará la declaración de inexequibilidad de la expresión “durante el último año” debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas.>> (subrayas y destacado fuera de texto)

18.- La anterior interpretación fue reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-230 de 2015, en la que se indicó que:

<<La Sentencia C-258 de 2013, estableció que el régimen de transición consiste en un beneficio de quienes hacen parte de regímenes especiales que consiste en la aplicación ultractiva de los requisitos de aquellos, pero sólo los relacionados a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo, y no el ingreso base de liquidación –IBL-. En la sentencia, por primera vez la Sala analizó el IBL, en el sentido de que, el modo de promediar la base de liquidación no puede ser la estipulada en la legislación anterior, en razón a que el régimen de transición solo comprende los conceptos de edad, monto y semanas de cotización y excluye el promedio de liquidación. Por tanto, el IBL debe ser contemplado en el régimen general para todos los efectos (…)

La interpretación dada por la Sala Plena de la Corte Constitucional es acorde con la sostenida por la Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial de la jurisdicción ordinaria laboral.

Así pues, la sentencia C-258 de 2013 fijó unos parámetros determinados para el régimen especial dispuesto en la Ley 4 de 1992, pero, además, estableció una interpretación sobre la aplicación del IBL a los regímenes especiales sujetos a la transición del artículo 36 la Ley 100.>>

19.- Las sentencias citadas hicieron una interpretación clara del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir de su tenor literal. Con todo, la Sección Segunda del Consejo de Estado adoptó durante varios años una posición jurisprudencial conforme con la cual las nociones de monto de la pensión e IBL conforman una unidad conceptual. Según dicho entendimiento, en la medida en que el artículo 36 dispuso que a las personas beneficiarias del régimen de transición se les aplicaría el régimen anterior respecto del monto de la pensión, debía entenderse que también se estaba haciendo referencia al IBL. Sobre este punto resulta ilustrativa la sentencia del 21 de septiembre de 2000 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a partir de la cual se desarrolló la interpretación referida anteriormente. En esta providencia se indicó que:

<<Ahora bien, según la norma transcrita, el actor tiene derecho a jubilarse con 55 años de edad, con 20 años de servicio y con el monto de la pensión, establecidos en el régimen anterior a la vigencia de la ley 100.

“Monto, según el diccionario de la lengua, significa “Suma de varias partidas, monta.” Y monta es “Suma de varias partidas.” (Diccionario de la Lengua “Española”, Espasa Calpe S.A., Madrid 1992, tomo II, páginas 1399-1396).

“Advierte la Sala, conforme a la acepción de la palabra “monto” que cuando la ley la empleó no fue para que fuera el tanto por ciento de una cantidad, como decir el 75% de alguna cifra, pues el porcentaje de la cuantía de una pensión, es solo un número abstracto, que no se aproxima siquiera a la idea que sugiere la palabra monto, de ser el resultado de la suma de varias partidas, sino la liquidación aritmética del derecho, que precisamente se realiza con la suma del respectivo promedio de los factores que deben tenerse en cuenta y que debe hacerse, según el referido artículo 36, con apoyo en las normas anteriores a la ley 100.>>

20.- Esta fue la posición adoptada en la sentencia del 4 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, confirmada por el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, mediante sentencia del 16 de julio de 2009.

21.- Sin embargo, en reciente sentencia de unificación, la Sección Segunda del Consejo de Estado, después de examinar las diferentes posiciones jurisprudenciales en torno de la aplicación del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, decidió adoptar la posición fijada por la Corte Constitucional en las sentencias en relación con el régimen aplicable para el cálculo del ingreso base de liquidación, para el caso específico de los funcionarios de la Rama Judicial y el Ministerio Público que se encontraban bajo al régimen del Decreto 546 de 1971. Al respecto dispuso que:

<<De otro lado, en lo que atañe al ingreso base de liquidación, según quedó analizado, con fundamento en la jurisprudencia imperante de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que se ciñe al propósito del legislador en el sentido de evitar la aplicación ultractiva de las reglas del ingreso base de liquidación de los regímenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 en mención, se tiene que no debe corresponder al del régimen anterior, es decir a la asignación más alta devengada el último año dedicado a la actividad judicial, como reza en el artículo 6.º280 en mención, pues el que hay que aplicar es el establecido por la Ley 100 de 1993 en su artículo 21 y en el inciso 3.º de su artículo 36.

El artículo 21 estipula, que el ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esa ley, corresponde al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.>>

22.- Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala considera que la interpretación adoptada por el Consejo de Estado en la sentencia recurrida respecto del alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no se corresponde con la tesis adoptada por la misma corporación en la sentencia del 11 de junio de 2020, en la que además se tuvo en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015. Además, dicha interpretación se aparta radicalmente del tenor literal de la norma y desconoce que la noción de IBL tiene un alcance preciso y definido en la Ley 100 de 1993 conforme con el cual, una cosa es el IBL sobre el cual se liquida la pensión y, otra cosa, es el monto de la pensión que corresponde a un porcentaje del salario devengado.

23.- Si bien es cierto que la sentencia recurrida fue proferida con anterioridad a las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional, y al cambio jurisprudencial adoptado por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 11 de junio de 2020, tales reglas jurisprudenciales aplican retroactivamente al presente caso porque ellas constituyen simplemente la aplicación de normas legales imperativas que venían siendo interpretadas de manera equivocada.

24.- Para no aplicar la regla jurisprudencial retroactivamente en estos casos, sería necesario demostrar que en el caso específico se vulnera la seguridad jurídica y el principio de confianza legítima, para lo cual deben tenerse en cuenta, entre otros factores, los siguientes: (i) si la conducta del individuo dependió o no de la regla jurisprudencial vigente para el momento en el cual ocurrieron los hechos objeto de juzgamiento. Es decir, si su actuar dependió del conocimiento previo y calculabilidad de la regla sentada en el precedente que posteriormente es objeto de modificación; y, (ii) el grado de la fuerza normativa material del precedente modificado, para lo cual es necesario estudiar la corrección de la regla sentada en éste.

25.- En ese sentido, la doctrina ha precisado:

<< (…) no todos los cambios jurisprudenciales conllevan problemas de conocimiento y calculabilidad normativos.

En efecto, en algunas situaciones, el cambio jurisprudencial no afecta a la capacidad de que el individuo pueda conocer la regla que regula su acción ni a la facultar de poder medir las consecuencias jurídicas que el ordenamiento jurídico le atribuye. El cambio jurisprudencial no opera retroactivamente cuando el comportamiento del individuo no ha dependido de la solución jurisprudencial existente en la época de los hechos. (…)

Para poder hablar de la retroactividad del cambio jurisprudencial, por tanto, es necesario que la decisión que modifica la jurisprudencia no tenga en cuenta la confianza del individuo en los casos en lo que se orientó su comportamiento -y podía razonablemente serlo por la decisión abandonada-, ocasión en la que el individuo es como si fuera engañado por la decisión en la que podía confiar, modificando las consecuencias jurídicas de los actos ya realizados con base en el criterio jurisprudencial anterior. No hay retroactividad, sin embargo, cuando la orientación jurisprudencial no sirvió ni podía servir de guía para el individuo, por la incapacidad de generalización de la decisión anterior. (…).>>

26.- En el presente caso, la Sala considera que el precedente sentado por la Corte Constitucional mediante sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, debe ser aplicado de manera retroactiva o retrospectiva al caso concreto, en la medida en que simplemente desarrolla adecuadamente una disposición legal. No se trata de una regla jurisprudencial que modifique las condiciones para adquirir un derecho o para ejercerlo judicialmente; el justiciable no puede afirmar que, ateniéndose a la subregla equivocada realizó determinada actuación o ejerció determinado derecho.

27.- De otra parte, no sería admisible considerar, en desarrollo del principio de igualdad, que un ciudadano tenga derecho a que una interpretación equivocada de una norma, con base en la cual se resolvieron los casos anteriores, deba obligatoriamente ser aplicada a todos los casos.

28.- Además, en la parte resolutiva de la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020 referida anteriormente, se dispuso: << Advertir a la comunidad en general que las consideraciones expuestas en esta providencia en relación con el tema que se unifica jurisprudencia tienen aplicación retrospectiva. >> (Subrayado y negrilla fuera de texto).

29.- Con fundamento en lo anterior, la Sala infirmará la sentencia de 16 de julio de 2009 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la medida en que la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100, llevó a que se le reconociera a la demandante una pensión que excedía lo debido de acuerdo con la ley. En consecuencia, se configuró la causal de revisión del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. En la sentencia de primera instancia confirmada por la sentencia recurrida, se ordenó a Cajanal realizar la liquidación de la pensión de la demandante, teniendo en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada durante el último año de servicio, cuando lo procedente, como hizo Cajanal en el acto demandado, era tener como IBL el promedio de lo devengado en los últimos 8 años (tiempo que le faltaba a la demandante para cumplir el requisito de edad).

30.- Además de lo anterior, la Sala advierte que la pensión que se reconoció a la demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se enmarca en aquellas situaciones que se han definido como constitutivas de abuso del derecho.

31.- En el Acto Legislativo 01 de 2015 se dispuso que: <<Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones>> y que <<La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.>>

32. Sobre este punto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013 consideró que:

<<En materia pensional con frecuencia se presentan situaciones de abuso del derecho, que se encuadran dentro de esta segunda hipótesis, que dan lugar al reconocimiento de pensiones con ventajas irrazonables frente a la verdadera historia laboral del peticionario, que generan un desequilibrio manifiesto del principio de igualdad, y fruto de un aprovechamiento de las interpretaciones que las autoridades judiciales y administrativas han hecho de las normas. Esto suele presentarse en situaciones en las que servidores públicos beneficiarios del régimen especial anterior a la Ley 100 y cobijados por la transición, obtienen, en el último año de servicios, un incremento significativo de sus ingresos que en realidad no corresponde con su vida laboral, y por el contrario, representa un salto abrupto y desproporcionado en los salarios recibidos en toda su historia productiva. Ello en aprovechamiento de las tesis de algunas corporaciones judiciales sobre las reglas de la transición y del Ingreso Base de Liquidación. Cabe señalar que para que se produzca este abuso del derecho, el aumento, se repite, debe ser claramente desproporcionado y debe ser evidente que no corresponde a su historia laboral. En estos eventos, los incrementos significativos de los ingresos del servidor en sus últimos años de servicios –incremento que escapa el sendero ordinario de su carrera salarial- conducen a una pensión que no guarda ninguna relación con los aportes que acumuló en su vida laboral y que, por tanto, imponen al Estado la obligación de proveer un subsidio muy alto para poder pagar la pensión reconocida. Estos casos suelen además estar acompañados de vinculaciones precarias al cargo en virtud del cual se produce el aumento del ingreso base de liquidación(…)>> (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

33.- En el presente caso, la Sala encuentra que se configura una situación de abuso del derecho ya que:

33.1.- La demandante obtuvo durante su último año de servicio un incremento significativo de sus ingresos que no guardaba correspondencia con su vida laboral. En el expediente está probado que el último cargo que tuvo la señora Jeannette Rey de Micolta en la Procuraduría General de la Nación fue el de Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, por el cual devengaba una asignación mensual de $15.355.787. Esta asignación mensual era 92% superior a la asignación mensual recibida en el cargo inmediatamente anterior, correspondiente a $7.968.899. Además, la asignación mensual en el cargo de Procuradora Delegada era casi 4 veces superior al promedio de los salarios devengados en los últimos 8 años, a saber, $4.126.739.

33.2.- La demandante tuvo una vinculación precaria al cargo en virtud del cual se produjo el aumento del IBL. Está probado en el expediente que la señora Jeanette Rey de Micolta ocupó el cargo de Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, en encargo, durante un 1 mes y 19 días, entre el 17 de marzo y el 6 de mayo de 2003.

33.3.- La vinculación de la demandante al cargo de Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, tuvo lugar con posterioridad a que se profiriera el acto administrativo que reconoció la pensión a la demandante y que se demandó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Está acreditado que la Resolución No. 33557 mediante la cual se liquidó y reconoció la pensión a la señora Jeannette Rey de Micolta fue proferida por Cajanal el 20 de diciembre de 2002, mientras que la demandante solo se vinculó como Procuradora Delegada hasta el 17 de marzo de 2003.

F.- La sentencia de reemplazo

34.- Al haberse declarado fundado el recurso, la Sala procederá a dictar la respectiva sentencia de reemplazo. En la sentencia de primera instancia, dictada el 7 de octubre de 2007 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, se declaró la nulidad de la Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002, mediante la cual Cajanal liquidó la pensión de la señora Jeanette Rey de Micolta tomando como IBL el promedio de los salarios devengados en los últimos 8 años, de conformidad con lo establecido en los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 1° del Decreto 1158 de 1994. Lo anterior, en la medida en que consideró que, al ser la demandante beneficiaria del régimen de transición, debía darse aplicación a lo dispuesto en el régimen especial del Decreto 546 de 1971, incluso respecto del IBL.

35.- Como ya se estableció en las consideraciones anteriores, esta interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 era indebida y, por tanto, en el presente caso se debe dar aplicación al precedente establecido por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y por el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de junio de 2020. Con fundamento en lo anterior, lo que se deberá determinar es si la liquidación de la pensión de la señora Jeanette Rey de Micolta se realizó tomando como IBL el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para cumplir el requisito de edad de la pensión.

36.- En la Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002 se estableció que:

<<Que el (a) señor (a) REY DE MICOLTA JEANETTE identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. 35400657 de ZIPAQUIRÁ solicita a esta Entidad el reconocimiento y pago de una pensión mensual vitalicia por vejez radicada bajo del N° 20568 de fecha 17 de junio de 2002 (…)

Que laboró un total de: 9595 días, 1370 semanas

Que nació el 23 de noviembre de 1951 y cuenta con más de 50 años de edad. (…)

Que adquirió el estatus jurídico el 23 de noviembre de 2001

Que la liquidación se efectúa con el 75% del promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 8 años 2 meses, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100/93, y la sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, entre el 01 de abril de 1994 y el 30 de mayo de 2002, así:

37.- Revisada la liquidación realizada en el acto demandado, la Sala encuentra que:

37.1.- La demandante tenía 42 años al momento en que entró en vigor la Ley 100 de 1993, por lo cual era beneficiaria del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la misma ley;

37.2.- La demandante cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971 para acceder a la pensión de vejez en la medida en que: (i) cumplió 20 años de servicios prestados en la Rama Judicial y/o Ministerio Público y; (ii) tenía 50 o más años.

37.3. El IBL tomado corresponde al promedio de lo devengado en los últimos 8 años, tiempo que le restaba a la demandante para cumplir el requisito de edad para acceder a la pensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

37.4.- Se tomaron como componentes constitutivos de IBL los establecidos en el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, a saber, la asignación básica, las primas especiales y de nivelación, los gastos de representación, las bonificaciones por servicios prestados y las bonificaciones por compensación.

38.- En consecuencia, estima la Sala que el acto administrativo demandado está ajustado a derecho y, por tanto, se negarán las pretensiones de la demanda.

39.- En la medida en que en la sentencia del 7 de octubre de 2007, confirmada por la sentencia del 19 de julio de 2009 proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, se ordenó a Cajanal la reliquidación de la pensión, la Sala dispondrá que se reliquide nuevamente la pensión, de conformidad con los criterios y conceptos incluidos en la Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002.

40.- De conformidad con la establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-258 de 2013, las pensiones reconocidas con abuso del derecho no constituyen derechos adquiridos. Sin embargo, en esta misma providencia se indicó que al referirse al concepto de abuso del derecho en estos casos, también es cierto que cuando se habla de abuso del derecho en estos casos, <<no se trata de establecer la existencia de conductas ilícitas o amañadas, sino del empleo de una interpretación de la ley que, a la luz de lo establecido en esta sentencia, resulta contrario a la Constitución y como resultado de la cual, la persona accedió a una pensión, por fuera del sentido conforme a la Carta del régimen pensional y que produce una objetiva desproporción y falta de razonabilidad en la prestación

41.- En virtud de lo anterior, y en la medida en que las prestaciones recibidas estaban basadas en el cumplimiento de una providencia judicial, se debe presumir que estás fueron percibidas de buena fe. Por lo tanto, la Sala aclara que la reliquidación que se haga solo tendrá efectos a futuro y, la demandante no debe reintegrar ni devolver las sumas recibidas por concepto de su pensión de vejez.

42.- Al respecto, cabe recordar que en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, mediante el cual se creó la UGPP, se dispuso que esta entidad tendría a su cargo:

<<El reconocimiento de derechos pensionales, tales como pensiones y bonos pensionales, salvo los bonos que sean responsabilidad de la Nación, así como auxilios funerarios, causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional, y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones, respecto de las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación.>>

43.- Cajanal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 490 de 1998 tenía dentro de sus funciones el reconocimiento y pago de pensiones, y mediante el Decreto 2196 de 2009 se dispuso su liquidación. Por lo cual, en virtud de las normas citada corresponde a la UGPP el reconocimiento de la pensión de la demandante. En este sentido, la orden de reliquidación de la pensión se realizará a la UGPP.

44.- Finalmente, en la medida en que el recurso se declarará fundado, no habrá condena en costas.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Séptima Especial de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARÁSE FUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social contra la sentencia dictada el 16 de julio de 2009 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.

SEGUNDO: INFIRMÁSE la sentencia dictada el 16 de julio de 2009 por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la señora Jeanette Rey de Micolta.

TERCERO: En su lugar, REVÓCASE la sentencia del 7 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D y NIEGÁNSE las pretensiones de la demanda.

CUARTO: Cómo consecuencia de lo anterior, ÓRDENASE a la UGPP reliquidar la pensión de la señora Jeanette Rey de Micolta, en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: Sin condena en costas.

SEXTO: En firme esta providencia, REMÍTASE el expediente al tribunal de origen, para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado

Firmado electrónicamente
ROCIÓ ARAÚJO OÑATE
Magistrada (E)
Con salvamento parcial de voto y aclaración de voto
Firmado electrónicamente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Magistrado
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUETER
Magistrado
Con salvamento de voto
Firmado electrónicamente
AÍDA PATRICIA HERNÁNDEZ SILVA
Conjuez

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO / CASO CONCRETO – No se configura un abuso del derecho

[S]i bien se comparte la decisión de declarar fundado el recurso e infirmar la sentencia del 16 de julio de 2009, motivo por el cual el salvamento que presento es parcial, lo cierto es que aquello ocurre únicamente por la configuración de la causal establecida en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003. […] Esto es, porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, según lo indicó la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, más no, porque al sostener una determinada tesis jurisprudencial, vigente para ese momento en relación con el entendimiento sobre el alcance y aplicación de una determinada norma, el juez incurra en abuso del derecho. […] Ello es así, porque la pensión reconocida a la señora […] en la sentencia del 16 de julio de 2009, exceden lo que en derecho le correspondía a su beneficiaria, circunstancia que afecta la liquidez y solvencia del sistema pensional y, por esta misma vía, atenta contra el interés general y el principio de universalidad que gobiernan el sistema de la seguridad social. […] En este caso concreto, salvo parcialmente mi voto porque la pensión excedió el derecho que tenía la actora y con ello se configuró la causal prevista el literal b. del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y no porque la decisión dictada por el Tribunal Administrativo hubiera incurrido en abuso del derecho, pues a esa decisión no se llegó por razones de abuso del derecho ni arbitrarias, caprichosas o ausentes de motivación, sino en aplicación de la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción, que, además, era la vigente al momento en que se profirió la sentencia revisada.

ACLARACIÓN DE VOTO / REQUISITOS DE PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – No se desarrollan / ANTECEDENTES PROCESALES DEL RECURSO – Fallo carece de un recuento sintético

En cuanto a la oportunidad, correspondía explicar que, aun cuando el inciso final del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 establece que «en los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio», para el caso de la UGPP ese término corre de manera distinta. [...] Respecto de la legitimación en la causa, debió explicarse la razón por la cual la UGPP está facultada para formular el presente recurso extraordinario de revisión. [...] El fallo carece de un recuento sintético de los antecedentes procesales del recurso [...] Estimo que ese señalamiento es de importancia, porque para cumplir con la carga de transparencia, de cara al derecho de acceso a la administración de justicia, así como al derecho de los intervinientes a tener un proceso sin dilaciones injustificadas, y, tratándose de un asunto relacionado con el monto de una pensión ya reconocida, era relevante señalar los siguientes antecedentes procesales: i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue incoada en el año 2003; ii) la sentencia censurada se profirió en el año 2009; iii) el recurso extraordinario de revisión se presentó el 9 de diciembre de 2017, fue admitido el 9 de agosto del año siguiente -2018- y resuelto tres años después por esta Sala Especial, en 2021.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN

SALVAMENTO PARCIAL DE VOTO Y ACLARACIÓN DE VOTO DE LA CONSEJERA ROCÍO ARAÚJO OÑATE (E)

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00050-00(REV)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

De conformidad con lo establecido en el artículo 129 de la Ley 1437 de 2011 y con el acostumbrado respeto por las decisiones adoptadas por la Sala Séptima Especial de Decisión, a continuación se exponen las razones por las que se suscribe el vocativo de la referencia con salvamento parcial y aclaración de voto.

1.1. Síntesis del caso

1.1.1. Proceso de nulidad y restablecimiento

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D accedió a lo pretendido dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, al considerar que la señora Jeannette Rey de Micolta era beneficiaria del régimen de transición fijado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le era aplicable el régimen del artículo 6 del Decreto 546 de 1971.

Además, el Tribunal consideró que también se debía aplicar lo previsto en el Decreto 911 de 1978, según el cual constituyen factores de salario todas las sumas que reciba el funcionario como retribución por sus servicios.

La Caja Nacional de Previsión Social (en adelante CAJANAL) interpuso recurso de apelación, en el que (i) discutió los componentes que según el Tribunal debían hacer parte de la asignación mensual con base en la cual se liquidaría la pensión de la demandante y (ii) afirmó que debía darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994 respecto de lo que constituía factor salarial y no el artículo 4º del Decreto 911 de 1978.

Mediante sentencia del 16 de julio de 2009, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, decidió el recurso de apelación y confirmó la sentencia de primera instancia. Consideró que de conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el tribunal había acertado en dar aplicación al Decreto 911 de 1978, que modificó el artículo 12 del Decreto 717 de ese mismo año y no aplicar el Decreto 1158 de 1994, respecto de los componentes que hacían parte de la asignación mensual.

1.1.2. Recurso extraordinario de revisión

El 19 de diciembre de 2017, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en lo sucesivo UGPP) interpuso recurso extraordinario de revisión, con fundamento en:

La causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, según el cual: «Las providencias judiciales que hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado (…) b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley».

También invocó la causal de abuso del derecho de conformidad con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia C-258 de 2013 proferida por la Corte Constitucional.

Afirmó que, para liquidar la pensión de la señora Jeannette Rey de Micolta se debía dar aplicación al artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual el ingreso base de liquidación o IBL correspondía al promedio de lo devengado en los últimos 8 años, tiempo que le restaba a la demandante para cumplir el requisito de edad.

Sin embargo, puso de presente que en la sentencia del tribunal confirmada por el Consejo de Estado, se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, régimen anterior y se liquidó la pensión con un ingreso base correspondiente a la asignación mensual más alta devengada en el último año de servicio.

Además, advirtió que en la determinación de la asignación mensual, se reconocieron componentes adicionales que no constituían factor salarial de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 691 de 1994. Por lo tanto, en la sentencia objeto de revisión se reconoció una pensión que excedió lo debido de acuerdo con la ley.

Consideró que en el presente asunto se configuró un abuso del derecho en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia C-258 de 2013 dictada por la Corte Constitucional.

1.2. El fallo de la Sala Séptima Especial de Decisión

En sentencia del 6 de julio de 2021, la Sala Especial declaró fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la UGPP por:

Configurarse la causal prevista en el literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, ya que la sentencia recurrida ordenó el pago de una pensión con cargo a fondos de naturaleza pública y la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley.

Lo anterior, en la medida en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado hicieron una interpretación equivocada del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al sostener que para calcular el ingreso base de liquidación se debía dar aplicación al régimen anterior (Decreto 546 de 1971) y no al previsto en la Ley 100 de 1993.

El fallo señaló que esa tesis desconoce las sentencias de la Corte Constitucional C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 y la de unificación dictada por el Consejo de Estado el 11 de junio de 2020.

La Sala indicó que se configuró un abuso del derecho ya que la demandante obtuvo durante su último año de servicio un incremento significativo de sus ingresos que no guardaba correspondencia con su vida laboral y el reconocimiento pensional, por parte del juez, se hizo bajo una interpretación normativa que es contraria al ordenamiento constitucional y legal.

1.3. Razones del salvamento parcial de voto

1.3.1 En el caso concreto no se configura un abuso del derecho

La UGPP defendió, además de la configuración de la causal establecida en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, la configuración de un abuso del derecho en los términos del Acto Legislativo 01 de 2005 y la sentencia C-258 de 2013 dictada por la Corte Constitucional.

Lo anterior, porque ni el tribunal ni el Consejo de Estado se percataron de que la pensión se liquidó con el salario devengado por la actora en el cargo de Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y de la Familia, que ocupó en la modalidad del encargo, solamente por 1 mes y 20 días.

La sentencia de unificación del Consejo de Estado del 11 de junio de 2020, que sirvió de sustento a la decisión de la Sala Séptima Especial de Decisión en este asunto, relación con el abuso del derecho y su configuración, señaló lo siguiente:

«Para la Sala, los efectos que se dan a esta decisión garantizan la seguridad jurídica y dan prevalencia a los principios fundamentales de la Seguridad Social, por ello no puede invocarse el principio de igualdad, so pretexto de solicitar la inaplicación de esta sentencia.

No puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidendi aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA». (Negrillas y subrayas fuera de texto)

En este caso concreto, la sentencia del 16 de julio de 2009 confirmó la decisión del 4 de octubre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que acogió la tesis acogida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 21 de septiembre de 2000, con ponencia del Magistrado Nicolás Pájaro Peñaranda, según la cual, las nociones de monto de la pensión e ingreso base de liquidación -IBL- conforman una unidad conceptual.

De acuerdo con esa postura, en la medida en que el artículo 36 dispuso que a las personas beneficiarias del régimen de transición se les aplica el régimen anterior respecto del monto de la pensión, debía entenderse que la norma también se hace referencia al IBL.

Como la decisión objeto del recurso extraordinario de revisión se fundamentó en una tesis anterior que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano de cierre en la materia, no es posible concluir que la pensión allí ordenada obedeció a un reconocimiento con abuso del derecho, porque se desconocen los efectos otorgados por la Sección Segunda de esta Corporación a la sentencia de unificación del 11 de junio de 2020, y con ello, se contravienen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

Así las cosas, si bien se comparte la decisión de declarar fundado el recurso e infirmar la sentencia del 16 de julio de 2009, motivo por el cual el salvamento que presento es parcial, lo cierto es que aquello ocurre únicamente por la configuración de la causal establecida en el literal b del artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Esto es, porque la cuantía del derecho reconocido excedió lo debido de acuerdo con la ley, según lo indicó la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, más no, porque al sostener una determinada tesis jurisprudencial, vigente para ese momento en relación con el entendimiento sobre el alcance y aplicación de una determinada norma, el juez incurra en abuso del derecho.

Ello es así, porque la pensión reconocida a la señora Jeannette Rey de Micolta en la sentencia del 16 de julio de 2009, exceden lo que en derecho le correspondía a su beneficiaria, circunstancia que afecta la liquidez y solvencia del sistema pensional y, por esta misma vía, atenta contra el interés general y el principio de universalidad que gobiernan el sistema de la seguridad social.

1.3.2 Conclusión

En este caso concreto, salvo parcialmente mi voto porque la pensión excedió el derecho que tenía la actora y con ello se configuró la causal prevista el literal b. del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, y no porque la decisión dictada por el Tribunal Administrativo hubiera incurrido en abuso del derecho, pues a esa decisión no se llegó por razones de abuso del derecho ni arbitrarias, caprichosas o ausentes de motivación, sino en aplicación de la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción, que, además, era la vigente al momento en que se profirió la sentencia revisada.

1.4. Razones de la aclaración de voto

1.4.1 No se desarrollan los requisitos de procedencia del recurso extraordinario de revisión, referidos a la oportunidad y legitimación en la causa por parte de la UGPP

En cuanto a la oportunidad, correspondía explicar que, aun cuando el inciso final del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 establece que «en los casos previstos en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio», para el caso de la UGPP ese término corre de manera distinta.

En efecto, respecto de la UGPP, el término señalado en la norma debe aplicarse en clave de las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-427 de 2016, referidas a que, por razón del estado de cosas inconstitucional que afrontaba la CAJANAL, el plazo con el que cuenta la UGPP para acudir al recurso extraordinario inicia el 12 de junio de 2013, momento en que asumió la representación judicial de esta última entidad.

Entonces, como en el subjudice la sentencia objeto del recurso se profirió el 16 de julio de 2009, es decir, con anterioridad a que la UGPP asumiera las funciones de CAJANAL, y, por ende, también con anterioridad al 12 de junio de 2013, el término para presentar el recurso extraordinario se cuenta a partir de esta última fecha, pues solo así se garantiza el debido proceso y el acceso a la administración de justicia de la entidad aquí recurrente.

Teniendo en cuenta lo anterior, como el recurso se radicó el 19 de diciembre de 2017, fue presentado oportunamente por la UGPP dentro de los 5 años siguientes, contados a partir del 12 de junio de 2013, conforme lo dispuso la Corte Constitucional.

Estas consideraciones resultan relevantes, pues como lo he indicado en la Sala Veintisiete Especial de Decisión, de la cual soy ponente, el término de caducidad establecido en el inciso final del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 resulta aplicable a la UGPP, así como el momento a partir del cual debe contarse, en aquellos casos en los que dicha entidad participa del proceso ordinario y se le notifica la sentencia que pone fin al mismo.

Lo anterior por cuanto, bajo esos supuestos fácticos no resultaría razonable contar el término de caducidad desde el 12 de junio de 2013, pues aquello desconocería que la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social solo se vio afectada por el estado de cosas inconstitucional de CAJANAL frente a los procesos que se fallaron antes de que asumiera la representación judicial de dicha entidad.

Ahora, a partir de que la UGPP entró en funcionamiento y asumió las funciones de CAJANAL, es decir, 12 de junio de 2013 y las providencias judiciales le fueron notificadas, se entiende que pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, así como, conocer oportunamente la sentencia que pone fin al proceso y, en ese sentido, ejercer el recurso extraordinario de revisión en los términos del artículo 251 de la Ley 1437 de 2011 y en protección del erario público y el interés general que es inherente al sistema de seguridad social pensional.

Respecto de la legitimación en la causa, debió explicarse la razón por la cual la UGPP está facultada para formular el presente recurso extraordinario de revisión.

En efecto, si bien el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 facultó al Gobierno para que por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación, soliciten ante el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia la revisión de aquellas providencias judiciales donde se reconozcan prestaciones periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública.

Lo cierto es que, el gobierno nacional, con fundamento en el ordinal 6º del artículo 6 del Decreto 5021 de 28 de diciembre de 2009, delegó como función de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-, la de adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

Consecuentemente y por las razones señaladas, el medio extraordinario que promueve la UGPP cumple con el presupuesto de la legitimación en la causa por activa.

1.4.2 El fallo carece de un recuento sintético de los antecedentes procesales del recurso

Estimo que ese señalamiento es de importancia, porque para cumplir con la carga de transparencia, de cara al derecho de acceso a la administración de justicia, así como al derecho de los intervinientes a tener un proceso sin dilaciones injustificadas, y, tratándose de un asunto relacionado con el monto de una pensión ya reconocida, era relevante señalar los siguientes antecedentes procesales:

i) la acción de nulidad y restablecimiento del derecho fue incoada en el año 2003; ii) la sentencia censurada se profirió en el año 2009; iii) el recurso extraordinario de revisión se presentó el 9 de diciembre de 2017, fue admitido el 9 de agosto del año siguiente -2018- y resuelto tres años después por esta Sala Especial, en 2021.

Conforme con todo lo anterior, dejo sentadas las razones por las que suscribo esta sentencia con salvamento parcial y aclaración de voto.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(firmado electrónicamente)

SALVAMENTO DE VOTO / CASO CONCRETO – Imprecisiones formales y sustanciales en la motivación y decisión del fallo

Con todo respeto, discrepo de la motivación y sentido de la decisión contenida en el fallo aprobado, por las siguientes razones: […] En primer lugar, no resulta precisa la afirmación plana que se realiza en la sentencia frente a la realidad jurídica en el sentido de que «[…] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado hicieron una interpretación equivocada del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y afirmaron que para calcular el ingreso base de liquidación se debía dar aplicación al régimen anterior (Decreto 546 de 1971) y no al previsto en la Ley 100 de 1993». Lo anterior habida consideración de que, para el 16 de julio de 2009, cuando el Consejo de Estado (sección segunda, subsección A) profirió la sentencia objeto de revisión, inclusive desde antes y por mucho tiempo después, la Corte Constitucional también impartía pautas jurisprudenciales en el mismo sentido de las de esta Corporación acerca de la interpretación y aplicación del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 (inciso 3°) de la Ley 100 de 1993; es decir, que se trataba de la jurisprudencia en vigor. […] Por otra parte, se advierten imprecisiones de carácter formal y sustancial en la motivación y decisión del fallo, lo que genera confusión a la hora del cumplimiento por parte de la entidad, en perjuicio del derecho fundamental de la pensionada. […] Desde el punto de vista de la lógica formal, carece de sentido ordenar la reliquidación de la pensión si se reconoce que la liquidación efectuada por la entidad en la Resolución 33557 de 20 de diciembre de 2002 fue correcta. Así las cosas, en gracia de discusión, no se requería de la expedición de otro acto, mucho menos de reliquidación, dado que se confirma la legitimidad del demandado, amén de que nada se dice en esta sentencia acerca de la legalidad o no de la Resolución 4099 de 21 de julio de 2003, con la cual se resolvió la apelación, pese a que también fue censurada. -La decisión adoptada implica, de contera, desconocimiento de la demanda, como materialización de derecho de acción y de acceso a la administración de justicia, puesto que la señora […] incoó el medido de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que su pensión fuera reajustada con inclusión de todo el tiempo de servicio hasta cuando se retiró, de forma tal que correspondiera «al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio» (se destaca), situación que obligaba a esta jurisdicción, en el peor de los casos, a que ordenara la reliquidación de la prestación con el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó la afiliada hasta su desvinculación laboral, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, no solo con los 8 años a que se refirió la aludida Resolución 33557 de 20 de diciembre de 2002. No existe razón válida para que el tiempo laborado y cotizado por la actora después de tal Resolución no fuera admitido o computado para reliquidar la pensión, máxime cuando ella buscaba que se le tuviera en cuenta hasta «el último año de servicio», se itera. […] Si bien no era dable tener en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada durante el último año de servicio, como se pretendía en la demanda, tampoco lo era solo el promedio de lo devengado durante los 8 años a que hizo referencia la UGPP en la Resolución 33557 de 20 de diciembre de 2002, habida consideración de que, en últimas, el querer de la pensionada era lograr una mejor reliquidación de su pensión, con inclusión de todo tiempo laborado, hasta el último día de servicios, o sea, hasta el 5 de mayo de 2003 y no 2002, como se ordenó.

CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA SÉPTIMA ESPECIAL DE DECISIÓN

SALVAMENTO DE VOTO DEL CONSEJERO CARMELO PERDOMO CUÉTER

Bogotá D.C., seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00050-00(REV)

Actor: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)

Con mi acostumbrado respeto, procedo a salvar el voto respecto del fallo de 6 de julio de 2021, adoptado en sala especial de decisión 7, que declaró fundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la sentencia de 16 de julio de 2009, dictada por el Consejo de Estado (sección segunda, subsección A), y en consecuencia, infirmó dicha providencia, revocó el fallo de 7 de octubre de 2007 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (sección segunda, subsección D ), negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, ordenó a la entidad reliquidar la pensión de la señora Jeanette Rey de Micolta «en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia».

Con todo respeto, discrepo de la motivación y sentido de la decisión contenida en el fallo aprobado, por las siguientes razones:

1. En primer lugar, no resulta precisa la afirmación plana que se realiza en la sentencia frente a la realidad jurídica en el sentido de que «[…] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado hicieron una interpretación equivocada del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y afirmaron que para calcular el ingreso base de liquidación se debía dar aplicación al régimen anterior (Decreto 546 de 1971) y no al previsto en la Ley 100 de 1993».

Lo anterior habida consideración de que, para el 16 de julio de 2009, cuando el Consejo de Estado (sección segunda, subsección A) profirió la sentencia objeto de revisión, inclusive desde antes y por mucho tiempo después, la Corte Constitucional también impartía pautas jurisprudenciales en el mismo sentido de las de esta Corporación acerca de la interpretación y aplicación del régimen de transición pensional consagrado en el artículo 36 (inciso 3°) de la Ley 100 de 1993; es decir, que se trataba de la jurisprudencia en vigor.

Así lo demuestra, por ejemplo, la sentencia T-210 de 2011, en la que la Corte Constitucional sostuvo: «En efecto, según la jurisprudencia de esta Corporación, no es posible combinar normas de la Ley 100 de 1993, con normas contenidas en los anteriores regímenes de pensiones. De allí que, para calcular el monto de las mesadas pensionales, no sea posible combinar el porcentaje del ingreso base de liquidación (en adelante IBL) establecido en un régimen anterior al 1º de abril de 1994, con el IBL consagrado en la Ley 100 de 1993, pues de lo contrario se vulneraría el principio de inescindibilidad de las normas jurídicas […]» (se destaca).

En fallo SU-230 de 2015, que se cita en la providencia de la cual me aparto, la Corte reconoció que «Es posible afirmar que existe una línea jurisprudencial consolidada de las Salas de Revisión de Tutela (T-472 de 2000, T-1122 de 2000, T-235 de 2002, T-631 de 2002, T-1000 de 2002, T-169 de 2003, T-625 de 2004, T-651 de 2004, C-754 de 2004, T-830 de 2004, C-177 de 2005, T-386 de 2005, T-1160 de 2005, T-147 de 2006, T-158 de 2006, T-621 de 2006, T-910 de 2006, T-1087 de 2006, T-251 de 2007, T-529 de 2007, T-711 de 2007, T-1001 de 2008, T-143 de 2008, T-180 de 2008, T-248 de 2008, T-019 de 2009, T-610 de 2009) cuya ratio decidendi precisa que se vulneran los derechos pensionales cuando no se aplica en su integridad el régimen especial en el que se encuentra amparado el beneficiario del régimen de transición, y en los eventos en que se desconoce que el monto y la base de liquidación de la pensión forman una unidad inescindible, y por tanto, debe aplicarse la totalidad de lo establecido en el régimen especial y no lo consagrado en el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993» (se destaca), postura que vino a modificar solo con la sentencia C-258 de 2013, es decir, con posterioridad a la aquí revisada, pero no por ello es dable afirmar ahora que la interpretación anterior fuera equivocada.

En el mismo fallo SU-230 de 2015, la Corte aceptó que «[…] no existía, antes de la Sentencia C-258 de 2013, un pronunciamiento de constitucionalidad expreso de Sala Plena sobre la interpretación del monto y el ingreso base de liquidación en el marco del régimen de transición. En efecto advirtió que al no existir esta interpretación, se entendía que estaba permitida aquella que a la luz de la Constitución y la ley, acogiera cualquiera de las Salas de Revisión en forma razonada y suficientemente justificada» (la negrilla no es del texto original).

Es más, existía también una línea jurisprudencial constitucional que autorizaba acudir a la acción de tutela para obtener la reliquidación de la pensión a los beneficiarios del régimen especial del Decreto 546 de 1971; muestra de ello es la providencia T-948 de 2009, al expresar: «en aquellos eventos en que la entidad administradora de pensiones deje de aplicar, sin mediar razones suficientes, las disposiciones del Decreto 546 de 1971 para el caso de los trabajadores beneficiarios del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incurre en vía de hecho administrativa susceptible de amparo constitucional, por desconocimiento del debido proceso correspondiente. […] siguiendo la línea jurisprudencial ya enunciada, que la insistencia de Cajanal de no aplicar plenamente el régimen de transición de la Ley 100 en cuanto a tomar en consideración el 75% de la asignación mensual más elevada del último año de servicios, desconoce el debido proceso en favor de la accionante, conforme a las consideraciones ya explicadas sobre el monto pensional y su protección constitucional».

Por consiguiente, fue legítima la interpretación que, en su momento, realizaron el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado al resolver la controversia que nos ocupa.

Lo anterior ameritó, precisamente, que, en sentencia de unificación jurisprudencial de 11 de junio de 2020, la sección segunda de esta Corporación (expediente 15001-23-33-000-2016-00630-01[4083-17]) fijara la siguiente regla, ahora desconocida por esta Sala:

Tampoco puede entenderse, en principio, que por virtud de esta sentencia de unificación las pensiones que han sido reconocidas o reliquidadas en el régimen de transición, con fundamento en tesis anteriores que sostuvo la Sección Segunda del Consejo de Estado, la cuales replanteó la Sala Plena, lo fueron con abuso del derecho o fraude a la ley; de manera que si se llegare a interponer recurso extraordinario de revisión contra sentencia ejecutoriada que haya reconocido la pensión con fundamento en jurisprudencia diferente a la ratio decidenci aquí expuesta, prevalecerá el carácter de cosa juzgada, sin perjuicio de lo previsto en las causales de revisión reguladas en el artículo 250 del CPACA [se destaca].
2. Por otra parte, se advierten imprecisiones de carácter formal y sustancial en la motivación y decisión del fallo, lo que genera confusión a la hora del cumplimiento por parte de la entidad, en perjuicio del derecho fundamental de la pensionada.

• Así, resulta lesivo del derecho de la pensionada e impreciso para la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) cumplir el fallo con la sola orden de «reliquidar la pensión de la señora Jeanette Rey de Micolta, en los términos establecidos en la parte motiva de esta providencia», y en tal capítulo dice: «la Sala dispondrá que se reliquide nuevamente la pensión, de conformidad con los criterios y conceptos incluidos en la Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002».

Desde el punto de vista de la lógica formal, carece de sentido ordenar la reliquidación de la pensión si se reconoce que la liquidación efectuada por la entidad en la Resolución 33557 de 20 de diciembre de 2002 fue correcta. Así las cosas, en gracia de discusión, no se requería de la expedición de otro acto, mucho menos de reliquidación, dado que se confirma la legitimidad del demandado, amén de que nada se dice en esta sentencia acerca de la legalidad o no de la Resolución 4099 de 21 de julio de 2003, con la cual se resolvió la apelación, pese a que también fue censurada.

-La decisión adoptada implica, de contera, desconocimiento de la demanda, como materialización de derecho de acción y de acceso a la administración de justicia, puesto que la señora Jeanette Rey de Micolta incoó el medido de control de nulidad y restablecimiento del derecho para que su pensión fuera reajustada con inclusión de todo el tiempo de servicio hasta cuando se retiró, de forma tal que correspondiera «al 75% de la asignación mensual más elevada devengada en el último año de servicio» (se destaca), situación que obligaba a esta jurisdicción, en el peor de los casos, a que ordenara la reliquidación de la prestación con el promedio de los salarios sobre los cuales cotizó la afiliada hasta su desvinculación laboral, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, no solo con los 8 años a que se refirió la aludida Resolución 33557 de 20 de diciembre de 2002.

No existe razón válida para que el tiempo laborado y cotizado por la actora después de tal Resolución no fuera admitido o computado para reliquidar la pensión, máxime cuando ella buscaba que se le tuviera en cuenta hasta «el último año de servicio», se itera.

No se entiende cómo en el fallo aprobado por la sala mayoritaria se ordena reliquidar la pensión «[…] en los mismos términos en los que fue liquidada en la Resolución No. 33557 del 20 de diciembre de 2002», si, a la vez, se reconoce que «La demandante tuvo una vinculación precaria al cargo en virtud del cual se produjo el aumento del IBL. Está probado en el expediente que la señora Jeanette Rey de Micolta ocupó el cargo de Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, en encargo, durante un 1 mes y 19 días, entre el 17 de marzo y el 6 de mayo de 2003» y que «La vinculación de la demandante al cargo de Procuradora Delegada para la Defensa del Menor y la Familia, tuvo lugar con posterioridad a que se profiriera el acto administrativo que reconoció la pensión a la demandante y que se demandó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho».

El hecho de que la aludida vinculación laboral hubiera sido posterior y precaria para efectos pensionales, no significa que este tiempo, efectivamente trabajado por la señora Rey de Micolta, se deba excluir de la reliquidación de su pensión, puesto que lo que se rechaza es que el ingreso base de liquidación resulte abiertamente desproporcionado y no corresponda a la historia laboral, pero eso no implica que tal relación legal y reglamentaria, por «precaria» que haya sido, fuera ilícita en sí misma y, por consiguiente, descartada para efectos de mejorar la prestación.

Lo cierto es que el tiempo que laboró entre el 17 de marzo y el 6 de mayo de 2003, como procuradora delegada para la defensa del menor y la familia, así fuera durante un 1 mes y 19 días, también debía tenerse en cuenta para liquidar la pensión, pero claro, conforme a lo señado por la sección segunda del Consejo de Estado en la mencionada sentencia de unificación de 11 de junio de 2020.

Además, durante ese lapso también cotizó legalmente para su pensión, lo cual debía reflejarse en el monto de la prestación, en derecho y en justicia material.

Por lo anterior, estimo que resultaba indispensable determinar, con toda precisión, en las partes motiva y decisoria del fallo el tiempo realmente laborado por la señora Jeanette Rey de Micolta y los factores de liquidación de la pensión, a partir de los cuales la UGPP deberá acatar el fallo, sin lesionar los derechos fundamentales de la titular de la prestación.

Si bien no era dable tener en cuenta el 75% de la asignación mensual más elevada durante el último año de servicio, como se pretendía en la demanda, tampoco lo era solo el promedio de lo devengado durante los 8 años a que hizo referencia la UGPP en la Resolución 33557 de 20 de diciembre de 2002, habida consideración de que, en últimas, el querer de la pensionada era lograr una mejor reliquidación de su pensión, con inclusión de todo tiempo laborado, hasta el último día de servicios, o sea, hasta el 5 de mayo de 2003 y no 2002, como se ordenó.

Respetuosa y atentamente,

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 2013. MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 21 de septiembre de 2000. No. de expediente: 470-99. CP: Nicolás Pájaro Peñaranda. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación del 11 de junio de 2020. No. de expediente: 4083-17. Ávila Humberto, Teoría de la seguridad jurídica, Marcial Pons, 2012, p. 409 a 413. Se omiten las citas del texto original. Corte Constitucional. Sentencia C-258 de 2013. MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Expediente digital en SAMAI, índice 38. Documento denominado <<Anexo 31. Certificado de información laboral – Causante>>. Expediente digital en SAMAI, índice 38. Documento denominado <<Anexo 32. Certificado de factores salariales – Causante>>. Expediente digital en SAMAI, índice 38. Documento denominado <<Anexo 20. Acto administrativo con Notificación - Causante>>. Expediente digital en SAMAI, índice 38. Documento denominado <<Anexo 31. Certificado de información laboral – Causante>>. Expediente digital en SAMAI, índice 38. Documento denominado <<Anexo 20. Acto administrativo con Notificación - Causante>>. Ibid. Al respecto se indicó en dicha providencia que: << A partir de estos apartes, la Sala concluye que el Acto Legislativo 01 de 2005,- que, como fue explicado introdujo varias modificaciones a los principios y reglas aplicables a la seguridad social en pensiones-, dispuso la protección de los derechos adquiridos pensionales y los definió como aquellos no obtenidos con fraude a la ley o abuso del derecho, por ello ordenó la creación de un mecanismo de revisión de las pensiones reconocidas bajo esas circunstancias. En consecuencia, para poder caracterizar los derechos adquiridos protegidos por el Acto legislativo, es importante entender el significado de los términos fraude a la ley y abuso del derecho.>>
«firma de providencias, conceptos, dictámenes, salvamentos de voto y aclaraciones de voto. Las providencias, conceptos o dictámenes del Consejo de Estado, o de sus salas, secciones, subsecciones, o de los Tribunales Administrativos, o de cualquiera de sus secciones, una vez acordados, deberán ser firmados por los miembros de la corporación que hubieran intervenido en su adopción, aún por los que hayan disentido. Al pie de la providencia, concepto o dictamen se dejará constancia de los Magistrados ausentes. Quienes participaron en las deliberaciones, pero no en la votación del proyecto, no tendrán derecho a votarlo. // Los Magistrados discrepantes tendrán derecho a salvar o aclarar el voto. Para ese efecto, una vez firmada y notificada la providencia, concepto o dictamen, el expediente permanecerá en secretaría por el término común de cinco (5) días. La decisión, concepto o dictamen tendrá la fecha en que se adoptó. El salvamento o aclaración deberá ser firmado por su autor y se agregará al expediente.// Si dentro del término legal el Magistrado discrepante no sustentare el salvamento o la aclaración de voto, sin justa causa, perderá este derecho».
«Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades citadas».
«ARTÍCULO 4. El artículo 12 del Decreto-ley 717 de 1978 quedará así: // “ARTÍCULO 12. De otros factores de salario.

Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios. // Son factores de salario: // a) Los gastos de representación. // b) La prima de antigüedad. // c) El auxilio de transporte. // d) La prima de capacitación. // e) La prima ascensional. // f) La prima de servicio. // g) Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio”». Se reitera que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 señala que el IBL debe aplicarse al régimen de transición, y las reglas establecidas por la Corte Constitucional en las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015, así como las señaladas en la sentencia de unificación del Consejo de Estado, en procura de la sostenibilidad financiera del sistema pensional y de la aplicación estricta de la norma mencionada, explican que el IBL no hace parte del régimen de transición.

La jurisprudencia en vigor se constituye como un conjunto de sentencias que comparten una misma interpretación judicial sobre una norma o principio que se aplica a unos hechos similares y que resuelve un problema jurídico igual (sentencia SU-230 de 2015).
Para profundizar sobre este tema se puede estudiar la sentencia T-631 de 2002 en la cual esta Corporación señaló que cuando un funcionario de la rama judicial o del Ministerio Público, es beneficiario del régimen de transición, se debe aplicar en su integridad el artículo 6º del Decreto 546 de 1971 para liquidar el monto de la pensión de vejez, sin que sea procedente aplicar el IBL consagrado en el inciso 3º del artículo 26 (sic) de la Ley 100 de 1993, en la medida en que en ese decreto está establecida claramente la fórmula matemática para calcular el monto de la pensión.
Expediente digital en SAMAI, índice 38. Documento denominado. Anexo 31. Certificado de información laboral – Causante.
Expediente digital en SAMAI, índice 38. Documento denominado, Anexo 31. Certificado de información laboral – Causante.

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