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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00152-00

Fecha
21 de mayo de 2018
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00152-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA SE RECHAZA por improcedente la acción de tutela instaurada por el ciudadano Javier Orlando Prieto Peña, conforme a las razones expuestas en este proveído. Este fallo podrá ser impugnado en los términos consagrados en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-00152-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

21 de mayo de 2018

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro medio de defensa judicial / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

[S]e hace necesario establecer el cumplimiento de los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela, en particular el de la subsidiariedad. (…) [N]o se aprecia que el accionante haya ejercitado el recurso extraordinario de revisión, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, con lo cual se incumple con el requisito de la subsidiariedad para que proceda la reclamación por la vía de la acción de tutela contra las providencias proferidas por el Consejo de Estado.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 248

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00152-00(AC)

Actor: JAVIER ORLANDO PRIETO PEÑA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Javier Orlando Prieto Peña, contra el Consejo de Estado, Sección Primera, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales del debido proceso, el de igualdad y el derecho a participar en la conformación del poder político.

Se profiere esta providencia, luego de que la ponencia presentada por el magistrado doctor William Hernández Gómez, no fuera aprobada por la Sala de Subsección A.

La acción de tutela

El ciudadano Javier Orlando Prieto Peña, actuando en nombre propio, promueve acción de tutela contra el fallo del 21 de septiembre de 2017, proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, mediante el cual confirmó la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que declaró su pérdida de investidura.

Pretensiones

El accionante pide que se deje sin efectos el fallo del 21 de septiembre de 2017, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado y, en su lugar, se dicte una providencia de reemplazo en la que se nieguen las pretensiones de la acción de pérdida de investidura promovida en su contra, bajo los mismos fundamentos jurídicos expuestos en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, al resolver las demandas de pérdida de investidura de los concejales William Villamizar Laguado y Edgar de Jesús Díaz Contreras.

Hechos de la solicitud

Manifiesta que fue elegido como Concejal del municipio de San José de Cúcuta para el período 2001-2003 y, en esa condición, le correspondió intervenir en la aprobación del Acuerdo número 088 en primer debate y, 0073 en segundo debate, «POR EL CUAL SE CREAN COMO FACTOR SALARIAL LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, LA PRIMA DE SERVICIOS, EL SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN Y EL AUXILIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA»

Por este hecho, el ciudadano Luis Jesús Botello Gómez, el 5 de agosto de 2016, presentó demanda de pérdida de investidura en su contra, por considerar que había incurrido en la causal prevista en el numeral 4º del artículo 48 la Ley 617 de 2000, consistente en la indebida destinación de dineros públicos.

Mediante fallo del 10 de octubre de 2016, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander decretó la perdida de investidura del señor Prieto Peña, por considerar probada la causal endilgada por el demandante, debido a que votó favorablemente el proyecto del Acuerdo 0073 del 29 de octubre de 2002, mediante el cual se crearon emolumentos salariales para los empleados públicos de la administración central y descentralizada del municipio de San José de Cúcuta, por ser esta una materia de reserva exclusiva del legislador conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución Política.

El señor Javier Orlando Prieto Peña interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. El 21 de noviembre de 2017 la Sección Primera del Consejo de Estado confirmó la anterior decisión.

1.3 Fundamentos jurídicos de la parte accionante

Señala que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, puesto que del análisis del acta número 22 de 2002, no se demuestra cuál fue el sentido del voto emitido por el actor respecto al proyecto número 0073 de 2002, así como tampoco se acreditó que la actuación del concejal estuviera relacionada con el propósito de obtener un beneficio económico propio o en favor de un tercero, aspecto indispensable para configurar la causal de pérdida de investidura, consistente en la destinación indebida de los recursos públicos.

Aduce que el fallo cuestionado incurrió en desconocimiento del precedente judicial, al no tener en cuenta lo resuelto en sentencia del 9 de marzo de 2017 de la Sección Primera de esta corporación, expedida en sustitución de la sentencia del 28 de julio de 2016, en acatamiento a la orden de tutela del 18 de enero de 2017, proferida por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, en virtud de las cuales se mantuvo la investidura del concejal William Villamizar Laguado.

En igual sentido, indica que se desconoció lo resuelto en sentencia del 30 de junio de 2017, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado, revocó el fallo del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que había decretado la pérdida de investidura del concejal Edgar de Jesús Díaz Contreras, por los mismos hechos que fueron objeto de análisis en el proceso adelantado en contra del actor.

Po último, refiere que se desconoció lo señalado en sentencia de la Corte Constitucional SU-424 de 2016, en cuanto estableció que en los procesos de pérdida de investidura de los concejales y diputados, dada su naturaleza sancionatoria, se debe demostrar que la actuación del servidor se ejecutó con dolo o culpa grave, cosa que no ocurrió en el fallo cuestionado mediante esta acción de tutela, ya que no se verificó la indebida destinación de los recursos en provecho propio o de un tercero, tal como lo establece la causal contenida en la ley.

1.4. Actuación Procesal

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 24 de enero de 2018, en el que además se dispuso vincular al señor Luis Jesús Botello Santander, para que se pronunciara frente a los hechos que sirven de fundamento a la acción de tutela.

1.5. Intervenciones

En el informe de la Sección Primera del Consejo de Estado, el magistrado, Oswaldo Giraldo López, luego de realizar un recuento de las inconformidades planteadas por el accionante y de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, afirmó que la valoración del material probatorio obrante en el expediente fue analizada de forma razonable.

Expresó que lo anterior permitió concluir que el concejal participó y votó positivamente el Proyecto de Acuerdo 088 de 2002, el cual fue sancionado como Acuerdo 073 de 2002. Agregó que en el proceso ordinario el accionante no alegó que su voto fue negativo, sino que no se acreditó su presencia en la sesión, por lo cual no es posible aseverar que se presentó un defecto fáctico.

Expuso que no es cierto, como lo aseguró el accionante, que la providencia controvertida desconozca la sentencia de sustitución proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, en un caso similar, ya que el análisis efectuado en dicha oportunidad difiere del presente asunto, pues en aquel se estudió la aplicación del artículo 193 del Código General del Proceso referente al valor probatorio de la confesión, lo cual no fue analizado en el fallo cuestionado y, en esa medida, la participación y la votación del ahora accionante surgieron de un análisis probatorio distinto, por lo cual sostuvo que no se configuró el desconocimiento del precedente judicial.

Manifestó que tampoco se configuró el defecto sustantivo alegado, debido a que en la providencia se realizó un estudio razonable de los elementos objetivo y subjetivo de la causal examinada. Por último, solicitó rechazar por improcedente el amparo solicitado o, en su defecto, negar la tutela solicitada por no encontrarse acreditados los defectos endilgados.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección “A”, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1983 de 2017, en cuanto estipula que «Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto.».

2.2. Problema jurídico

Según los argumentos expuestos contra del fallo proferido por el Consejo de Estado, Sección Primera, dentro del proceso ordinario de pérdida de investidura promovido en contra del Concejal Javier Orlando Prieto Peña, arguye que fue inadecuada la valoración probatoria que efectuó el juzgador para determinar que se había configurado la causal prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la ley 617 de 2000, consistente en la indebida destinación de recursos públicos, por la aprobación del proyecto de Acuerdo número 0073 de 2002, mediante el cual se crean unos factores salariales a favor de los empleados del municipio de San José de Cúcuta.

De igual modo, se cuestiona que el fallo desconoció decisiones adoptadas bajo los mismos supuestos fácticos y jurídicos, en los que se dispuso mantener la investidura de otros concejales que también participaron en la aprobación del proyecto número 0073 de 2002.

Sin embargo, advierte la Sala que antes de analizar los cargos formulados en contra de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, el 21 de septiembre de 2017, se hace necesario establecer el cumplimiento de los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela, en particular el de la subsidiariedad.

Para abordar el problema se debe verificar (i) el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii), el principio de subsidiariedad, (iii) del recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 248 del CPACA, (iv) análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C-543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590 de 2005, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia misma del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que ésta identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración así como los derechos vulnerados y que se hubiere alegado en el proceso judicial siempre que hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

Observa la Sala que el asunto bajo examen reviste relevancia constitucional, en cuanto se trata de establecer si la actuación judicial compromete garantías y derechos fundamentales del accionante como el del debido proceso, el de igualdad y el derecho a la participación y conformación del poder político.

También se verifica que se cumple con el principio de inmediatez, ya que la acción de tutela ha sido instaurada dentro de un plazo razonable, teniendo en cuenta la fecha de ejecutoria de la providencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado.

De igual manera, se han expuesto las razones de inconformidad con la decisión judicial, planteando algunas tensiones de carácter constitucional que pueden ser definidas por el juez de tutela, dentro de los límites restringidos del ámbito de su competencia.

No ocurre lo mismo en cuanto al cumplimiento del requisito de subsidiariedad, conforme a las razones que se expondrán más adelante en este proveído.

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos:

a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g) Desconocimiento del precedente, que ocurre cuando el juzgador se aparta de la línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional sobre el tema que es objeto de su pronunciamiento, sin que manifieste los motivos por los cuales decide hacerlo.

h) Violación directa de la Constitución, la cual se presenta cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la Carta Política.

Adicionalmente, cuando se trate de acciones de tutela dirigidas contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, la Corte Constitucional precisó que:

«[…] se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones’.

En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010, reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘la tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión».

2.3.2. Del principio de subsidiaridad de la acción de tutela

La jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como la de esta Corporación, ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando el accionante (i) dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios que estaban a su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales, toda vez que no tiene la vocación de sustituir aquellos mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo o, (ii) acude directamente a la acción de tutela a pesar de existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición.
No obstante, la mencionada regla tiene algunas excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta procedente cuando el accionante logre demostrar que: (a) el amparo es el único mecanismo de defensa que tiene para protegerse de un daño gravísimo e inminente y, (b) no utilizó los instrumentos ordinarios de defensa por encontrarse en una situación insuperable. En cuanto al segundo de los eventos, la excepción se configura cuando los otros mecanismos (i) no resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado y/o, (ii) no son expeditos para evitar la ocurrencia del perjuicio irremediable.
Así las cosas, antes de pretenderse la defensa por vía de tutela, el interesado debe buscar la protección a través de otros medios judiciales, bien sea por la vía ordinaria o bien por la vía de los mecanismos extraordinarios, siempre que resulten eficaces y se puedan ejercer dentro de los plazos previstos en la ley, puesto que la acción de tutela no tiene la virtud para desplazar aquellos mecanismos legítimos previstos en el ordenamiento jurídico vigente, para controvertir las decisiones judiciales.

Consecuente con lo anterior, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia del 5 de agosto de 2014, reiteró que la Corporación comparte los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales fijados por la Corte Constitucional y, en lo que toca con la acción de tutela contra sentencias del Consejo de Estado, se refirió a cada uno de ellos en los siguientes términos.

[…]

3.3.1.- Identificar el derecho fundamental presuntamente vulnerado y precisar los hechos y las razones en que se fundamenta la acción

El actor tiene la carga de identificar, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración, así como los derechos fundamentales presuntamente afectados por la providencia del Consejo de Estado.

3.3.2.- Explicar la presunta vulneración de los derechos fundamentales y agotar todos los mecanismos ordinarios y extraordinarios al alcance

Sin perjuicio del deber del Juez, el actor tiene la carga de indicar en qué etapa del proceso judicial ocurrió la vulneración de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la decisión del Consejo de Estado, – o de cualquier juez, agregaría la Sala – y en qué términos fue resuelta.

Ahora bien, en caso de que el actor hubiese contado con la posibilidad de plantear tal vulneración en el proceso judicial –mediante el ejercicio de un medio de defensa ordinario o extraordinario– y no hubiese cumplido con su carga procesal, siempre que no exista una justificación razonable para tal omisión, lo indicado es rechazar o declarar, según el caso, improcedente la tutela.

Esta condición, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, supone que la acción de tutela,

“… sólo puede operar cuando todos los mecanismos anteriores han fallado y siempre que la persona hubiere acudido a ellos de manera diligente. En este sentido, la acción de tutela no suplanta ni reemplaza a los mecanismos ordinarios ni puede servir para remediar la negligencia de alguna de las partes procesales. Se trata, simplemente, de una revisión extraordinaria y excepcional de la constitucionalidad de las decisiones judiciales cuando la persona presuntamente afectada ha agotado todos los recursos a su alcance y se encuentra, por lo tanto, en condiciones de indefensión. Si las acciones y recursos judiciales ordinarios y extraordinarios han operado adecuadamente, nada nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues los jueces ordinarios habrán cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar los derechos fundamentales concernidos. […]

El incumplimiento de este requisito supone un reproche a la falta de actividad diligente del actor para cuestionar la presunta vulneración de sus derechos fundamentales en el proceso, esto es, mediante el ejercicio de los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes.

Entonces, la subsidiariedad, como condición para la procedencia de la acción de tutela, implica que el actor no cuente o no haya contado con otro medio, ordinario o extraordinario de defensa judicial, para cuestionar la decisión objeto de la solicitud de amparo constitucional; o, que aun contando con el mecanismo alternativo, el actor demuestra que los efectos de la providencia le causa un perjuicio iusfundamental irremediable.

En términos de la jurisprudencia constitucional, esta carga se deriva del deber del actor de «desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos», condición, además, que se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal b) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.

En caso de que exista un mecanismo judicial, siempre que no se acredite un eventual perjuicio irremediable, con independencia de las posibilidades de éxito de las pretensiones del actor, deberá rechazarse o declararse improcedente, según las circunstancias.

Desde luego que la idoneidad de los medios de defensa a favor del ciudadano, se encuentra estrechamente ligada al derecho superior de obtener una tutela judicial efectiva la cual comprende el deber de las autoridades de velar porque las decisiones se materialicen a través de su efectivo cumplimiento y que la respuesta sea oportuna, es decir, que se produzca dentro de un término razonable.

En este sentido, la Corte Constitucional ha precisado lo siguiente:

[…]

El artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para obtener la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes.

[…]

Teniendo en cuenta su importancia política, la jurisprudencia constitucional le ha venido reconociendo al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Esto último, por cuanto la proclamación del derecho a la tutela judicial efectiva es el medio a través del cual se asegura el acceso al servicio público de la administración de justicia -cuando se dan las circunstancias requeridas-, de manera que, sin su previo reconocimiento, no podrían hacerse plenamente efectivas el conjunto de garantías sustanciales e instrumentales que han sido estatuidas para gobernar y desarrollar la actuación judicial.

[…]

Por razón de su vinculación directa con el debido proceso y con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad, el acceso a la administración de justicia se define también como un derecho medular, de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: (i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos.

2.3.3. El recurso extraordinario de revisión

Para hacer efectiva la satisfacción de estas manifestaciones del derecho a una tutela judicial efectiva, el recurso extraordinario de revisión se ofrece como una alternativa procesal de gran trascendencia, en cuanto permite discutir decisiones que han adquirido fuerza ejecutoria y que han trascendido a la cosa juzgada.

En la sentencia ya referida, así como en la T-649 de 2011, la Corte indicó lo siguiente:

En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, el hecho de que su naturaleza sea la de proteger la justicia material pese a que el trámite judicial haya finalizado concede a los ciudadanos un recurso efectivo que permite propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos. Igualmente, la posibilidad legal de que el recurso sea instaurado contra toda sentencia ejecutoriada, garantiza que la tutela judicial efectiva sea reconocida a todas las personas en condiciones de igualdad. Aunado a ello, puede afirmarse que el recurso de revisión está encaminado a garantizar el derecho al debido proceso en cuanto se ordena a garantizar que las actuaciones judiciales se desarrollen observando plenamente las formas propias de cada juicio, aún cuando ello implique cuestionar la ejecutoriedad de las sentencias.

Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, es un medio de impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la cosa juzgada e infirmarlas ante la demostración inequívoca de ser decisiones injustas por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.

Dichas causales se encuentran enlistadas en el artículo 250 de la ley 1437 de 2011, así:

“Sin perjuicio de lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.”

Las sentencias susceptibles del recurso son «(i) las dictadas por las Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso».

Para la formulación del recurso, el interesado debe atender los requisitos de las demandas ordinarias indicados en el artículo 252 del CPACA. Especialmente, el recurrente deberá señalar con precisión y justificar la causal o las causales del artículo 250 ibídem en que se funda el recurso y aportar las pruebas necesarias.

En criterio de esta Corporación, la técnica del recurso «exige real correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que prescinda de elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni mucho menos a corregir errores u omisiones de la propia parte, cual si se tratara de una nueva instancia».

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio empleado por el juez para interpretar o aplicar la ley en la sentencia. Por el contrario, es riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas en el mencionado artículo 250 del CPACA.

Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.

2.4. Análisis de la Sala

El accionante manifiesta que el asunto controvertido por vía de la acción de tutela, reviste relevancia constitucional ya que se vulneran sus derechos fundamentales del debido proceso, el de defensa, el de la igualdad frente a las decisiones judiciales y el de la participación en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Indica, que no cuenta con medios ordinarios o extraordinarios de defensa judicial para lograr la defensa de los derechos invocados, pues ya agotó el procedimiento legal a instancias del Consejo de Estado.

Aduce que se le ha violado su derecho a la igualdad en cuanto que la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado el 21 de septiembre de 2017, no tuvo en cuenta el precedente conformado por las decisiones emitidas por esta Corporación, al decidir favorablemente los procesos que se adelantaron, por los mismos hechos, en contra de los concejales del municipio de San José de Cúcuta, William Villamizar Laguado y Edgar de Jesús Diaz Contreras.

A su juicio, al decidir en segunda instancia el proceso de pérdida de investidura en su contra, no se tuvo en cuenta la exigencia señalada en la sentencia SU-424 de 2016 de la Corte Constitucional, en lo atinente a la necesidad de indagar sobre los aspectos subjetivos que configuran el dolo o la culpa grave de quien ha sido demandado por alguna de las causales para ser despojado de su investidura de concejal o diputado.

Los reproches que formula el accionante contra la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, se sintetizan en la falta de valoración probatoria y desconocimiento del precedente judicial lo que, en su conjunto, deviene en una presunta vulneración de su derecho constitucional del debido proceso.

Por esta razón, la Sala determina que es necesario verificar si los cargos esbozados por el accionante configuran, en sí mismos, una posible nulidad originada en la propia sentencia; de ser así, se debe determinar si el mecanismo para discutir este presunto vicio jurídico, es el del recurso de extraordinario de revisión.

En efecto, se tiene que el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 recoge, taxativamente, las causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.

Entre ellas, figura en el numeral 5.º como causal de revisión, la de la nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso, la cual podría encajar en el asunto que se debate en la presente acción de tutela. Se reitera el contenido de la norma, así:

Artículo 250 del CPACA: Son causales de revisión: […] 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

Ahora bien, debido a la idea de que este recurso no se puede emplear o utilizar para reabrir el debate que originó el respectivo proceso, la causal en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que buscan circunscribir su alcance para evitar, precisamente, que ella se emplee para que el juez de revisión se convierta en un juez de instancia.

En un fallo de revisión de la Sala Especial de Revisión se indicó cómo, en la Sala Plena de lo Contencioso, se originaron tres corrientes o tendencias para entender este causal, según las cuales i) las razones de la nulidad de la sentencia las define el juez; ii) las causales de nulidad de la sentencia son las del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil (actual 133 del Código General del Proceso) y iii) las causales de nulidad de la sentencia provienen de la combinación de los dos criterios anteriores.

La tendencia mayoritaria ha sido la de acoger aquellas causales del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, hoy 133 del Código General del Proceso, que por su contexto pueden originar la nulidad de la providencia, para no confundirlas con aquellas generadas en las instancias o etapas anteriores a esta, dado que el recurso de revisión solo se puede presentar cuando la nulidad se materialice en el fallo y no en una fase que lo anteceda.

Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha venido fijando las circunstancias que podrían configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual analizó cada una de las causales establecidas en el artículo 140 del CPC, hoy 133 del Código General del Proceso, para indicar, entre otras cosas, lo siguiente:

[L]a nulidad que tiene origen en la sentencia puede ocurrir, en conformidad con la disposición referida – se hace alusión al artículo 140 del C. de P.C.-, cuando se provee sobre aspectos para los que no tiene el juez jurisdicción o competencia (numerales 1 y 2); cuando, sin ninguna otra actuación, se dicta nueva sentencia en proceso terminado normalmente por sentencia firme, o sin más actuación se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual hubiera sido aceptado el desistimiento, aprobada la transacción o declarada la perención del proceso, porque así se revive un proceso legalmente concluido, o cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el previo trámite correspondiente, porque así se pretermite íntegramente la instancia; o cuando se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente de la invocada en ésta, o se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello, en lo concerniente, también se pretermite íntegramente la instancia (numeral 3); o cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida (numeral 5), entre otros eventos.

En un pronunciamiento posterior precisó:

Las nulidades procesales no pueden confundirse con las que se originan en la sentencia, pues mientras las primeras se estructuran cuando quiera que se dan los motivos consagrados taxativamente en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, partiendo del contenido de la misma disposición, las segundas deben interpretarse restrictivamente con unos determinados supuestos fácticos que esta Corporación ha precisado y que conducen a determinar que la nulidad originada en la sentencia puede ocurrir: a) cuando el Juez provee sobre asuntos respecto de los cuales carece de jurisdicción o competencia; b) cuando, sin ninguna actuación, se dicta nuevo fallo en proceso que terminó normalmente por sentencia en firme; c) cuando sin más actuación, se dicta sentencia después de ejecutoriado el auto por el cual se aceptó el desistimiento, aprobó la transacción, o, declaró la perención del proceso, pues ello equivale a revivir un proceso legalmente concluido; d) cuando se dicta sentencia como única actuación, sin el trámite previo correspondiente, toda vez que ello implica la pretermisión íntegra de la instancia; e) cuando el demandado es condenado por cantidad superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda, o por causa diferente de la invocada en ésta, f) cuando se condena a quien no ha sido parte en el proceso, porque con ello también se pretermite íntegramente la instancia; g) cuando, sin más actuación, se profiere sentencia después de ocurrida cualquiera de las causas legales de interrupción o de suspensión o, en éstos casos, antes de la oportunidad debida.

Igualmente, junto a este criterio se ha aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración del artículo 29 constitucional. Es decir, que la violación al debido proceso constitucional en la sentencia, puede ser causal de revisión. En este último evento, corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de revisión en comento.

Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU-659 del 22 de octubre de 2015, afirmó que el recurso extraordinario de revisión «…será eficaz cuando “i) la única violación alegada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental”, o “ii) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del recurso, porque concurren en él (a) causales de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de prosperar el recurso, decisiones que restauran de forma suficiente y oportuna el derecho.”», presupuestos que se cumplen en el presente caso, toda vez que, el señor Javier Orlando Prieto Peña planteó como violado su derecho fundamental al debido proceso, cuya protección se puede obtener mediante dicho recurso por existir causal de revisión, como ya se explicó.

Esta exigencia, además de procurar que se haga un uso adecuado de la acción de tutela, resguarda el debido proceso y la independencia judicial e impide que al juez de tutela le sea asignada una controversia de carácter legal bajo la aparente vulneración de un derecho fundamental.

En este orden de ideas, retomando el tema principal y haciendo referencia a la subsidiariedad, se tiene que la simple existencia de un recurso judicial no es óbice para que la tutela pueda ejercitarse como mecanismo de protección de los derechos fundamentales presuntamente conculcados con la providencia del juez.

Como se dijo, este debe ser eficaz e idóneo para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable sobre los derechos fundamentales del accionante, pues de no serlo, la tutela lo sustituirá transitoriamente para salvar los efectos perjudiciales de la providencia judicial controvertida.

Sin embargo, examinados los hechos, los argumentos y las pruebas aportadas por el señor Javier Orlando Prieto Peña, esta Sala no encuentra ningún elemento de juicio que permita identificar algún perjuicio irremediable que solo pueda ser conjurado por el amparo constitucional y, que justifique la omisión del actor, de haber acudido al mecanismo idóneo para cuestionar la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado.

Para aceptar que el actor quede relevado de este deber jurídico de agotamiento de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico frente al proceso ordinario de pérdida de investidura, debe aparecer clara la violación de un derecho fundamental o el desconocimiento de una garantía procesal, que revista una característica irresistible para el afectado con la decisión judicial, y que únicamente se pueda remediar a través de la intervención del juez constitucional.

Por lo tanto, en el sub judice los hechos sobre los cuales edifica el accionante su recurso de amparo, pueden encajar dentro de la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, para la procedencia del recurso extraordinario de revisión, ya que constituye el medio eficaz e idóneo para el debate jurídico propuesto.

Se aclara: si los fundamentos de la reclamación del accionante recaen sobre la presunta vulneración de la garantía fundamental del debido proceso, el derecho a la defensa y el trato igual respecto de asuntos con similares supuestos fáctico y jurídicos, decididos en sentido diferente, tenía la posibilidad de contemplar el ejercicio del recurso extraordinario especial de revisión, contemplado en el artículo 17 de la Ley 144 de 1994, vigente para la época en que se profirió el fallo de la Sección Primera del Consejo de Estado, que es objeto de cuestionamiento a través de la presenta acción de tutela, o el previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Si bien es cierto que esta disposición contemplaba el procedimiento para decretar la pérdida de investidura de los Congresistas, podría adecuarse para el mismo juicio que se adelanta en contra de los representantes de los concejos, cuando el debate gire en torno a la vulneración de las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho de defensa, toda vez que dichas circunstancias no se encuentra expresamente previstas dentro de las causales del recurso extraordinario de revisión de que tratan los artículo 248 y siguientes del CPACA.
Sobre este aspecto, resulta pertinente destacar lo que manifestó la Corte Constitucional en sentencia T- 291 de 2014, en los siguientes términos:

[…]

En múltiples ocasiones la Corte Constitucional ha establecido la finalidad que cumple el recurso extraordinario de revisión, como excepción al principio de cosa juzgada propio de las sentencias ejecutoriadas, es permitir enmendar los errores o irregularidades cometidas en determinada providencia, para que en aplicación de la justicia material, se profiera una nueva decisión que resulte acorde al ordenamiento jurídico. Es así como el legislador ha previsto el recurso de revisión para los procesos adelantados ante las jurisdicciones civil, penal, laboral, y contencioso administrativo, como medio extraordinario para cuestionar la validez de las sentencias ejecutoriadas, cuando sea evidente que en ellas se cometieron errores o ilicitudes que hacen de la providencia un pronunciamiento contrario a derecho.

[…]

El recurso extraordinario de revisión constituye un instrumento viable para proteger el derecho al debido proceso, siendo la instancia propicia para que se examine la pretensión de la parte actora, por lo que no corresponde a esta Corporación decidir si prosperaría o no la pretensión de quien instaura la tutela, porque se entraría al estudio del fondo de lo alegado, lo cual escapa a la competencia de la Corte Constitucional.

Por lo demás, se observa que en el asunto que ocupa la atención de la Sala, el fallo del 21 de septiembre de 2017, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, por medio del cual se confirmó el fallo de primera instancia emitido por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que decretó la pérdida de investidura del Concejal del municipio de San José de Cúcuta, señor Javier Orlando Prieto Peña, fue notificado mediante comunicación de fecha 18 de octubre de 2017 y por estado el 20 de octubre de la misma anualidad.

Sin embargo, no se aprecia que el accionante haya ejercitado el recurso extraordinario de revisión, regulado en los artículos 248 y siguientes del CPACA, con lo cual se incumple con el requisito de la subsidiariedad para que proceda la reclamación por la vía de la acción de tutela contra las providencias proferidas por el Consejo de Estado.

En síntesis, solamente a partir del agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios con los que cuenta el accionante frente a la decisión del juez natural, es que se puede determinar la relevancia constitucional del asunto controvertido y la subsidiariedad, con el fin de establecer si la actuación judicial ha comprometido derechos o garantías fundamentales del ciudadano, para proceder a intervenir en la defensa y amparo de estos valores superiores que prevalecen en el marco del Estado de Derecho y Social de Derecho.

Es menester recordar que, en virtud del principio de subsidiariedad y el marcado carácter residual del recurso de amparo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, se procura evitar que los particulares extiendan su litigio ante el juez de tutela, bajo los mismos o similares razonamientos que han sido ventilados ante el juez natural del proceso

Concomitante con lo anterior, es deber del juez de tutela velar por la garantía de la estabilidad de las decisiones proferidas por los jueces de la República mediante los autos y las sentencias, para mantener vigente el principio medular del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica necesaria para la realización de los demás valores y derechos consagrados en la Constitución Política y en las demás disposiciones del ordenamiento jurídico.

Finalmente, es pertinente señalar que la Corte Constitucional en sentencia T- 291 de 2014, en relación con la ausencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, precisó:

6.4 Ausencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.

Ahora bien, en cuanto a la posible existencia de un perjuicio irremediable en el caso concreto que pudiera hacer procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, debe señalarse que la parte actora no alegó esta circunstancia, ni demostró que existiera un evento que hiciera viable el amparo como mecanismo transitorio. Incluso valorando el acontecer factico, la Sala no aprecia la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuración de un perjuicio irremediable como son la inminencia, la urgencia, la gravedad y la impostergabilidad de la acción.

Así las cosas, no encuentra esta Sala de Revisión motivo alguno para conceder el amparo como mecanismo transitorio.

Por otra parte, en la misma sentencia en relación con la posibilidad de presentar nuevamente acción de tutela cuando se persiste en la vulneración de derechos fundamentales, anotó:

6.5. En suma, si una vez agotados de manera diligente los medios de defensa judiciales que ha previsto el ordenamiento jurídico para la protección de los derechos fundamentales del actor, considera que han fallado al persistir su vulneración puede acudir nuevamente a la acción de tutela sin que por ello se incurra en temeridad, dado el estado de indefensión que se encontraría ante la nueva decisión adoptada.

Así también se estableció en la sentencia C-590 de 2005, donde se explicó que una vez agotados de manera diligente los medios de defensa judiciales ordinarios y extraordinarios, el actor considera que la autoridad judicial ha fallado al no garantizar sus derechos fundamentales, la acción de tutela resulta procedente al encontrarse en estado de indefensión. Así sostuvo: “este mecanismo [acción de tutela] sólo puede operar cuando todos los mecanismos anteriores han fallado y siempre que la persona hubiere acudido a ellos de manera diligente (…). Se trata, simplemente, de una revisión extraordinaria y excepcional de la constitucionalidad de las decisiones judiciales cuando la persona presuntamente afectada ha agotado todos los recursos a su alcance y s encuentra, por lo tanto en condiciones de indefensión.

En estas condiciones, de conformidad con la preceptiva jurídica que gobierna la materia, con los derroteros jurisprudenciales trazados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en casos de contornos similares al sub lite y con los elementos de juicio que obran dentro del expediente, se estima que se debe rechazar por improcedente la acción de tutela de la referencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

SE RECHAZA por improcedente la acción de tutela instaurada por el ciudadano Javier Orlando Prieto Peña, conforme a las razones expuestas en este proveído.

Este fallo podrá ser impugnado en los términos consagrados en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente con permiso

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Cita: Consejo de Estado, Sección Primera; radicaciones números 540012333000020160034601 y 40012333000020160030101
Reiteradas en la sentencia SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.
Corte Constitucional, Sentencia SU-573-17
SU-050 de 2017.
Corte Constitucional, Sentencia T-011 de 2007, MP. Rodrigo Escobar Gil: « (…) En este orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación (…)».
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.
Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal e) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.
Sentencia C-590 de 2005, fundamento jurídico 41.
Sentencia C-426 de 2002. Magistrado Rodrigo Escobar Gil.
Ley 1437 de 2011, artículo 250
Corte Constitucional, sentencia C-520 de 2009.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 16 de enero de 2017. Radicación: 2016-00070-00. M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Consejo de Estado. Sala Especial No. 26. Sentencia de 3 de febrero de 2015, Expediente: 11001-03-15-000-2011-01639-00 Demandante: Vehivalle S.A. Referencia: Recurso extraordinario de revisión. C. P. Olga Melida Valle de la Hoz.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 11 de mayo de 1998. Expediente: REV-93. Actor: Gabriel Mejía Vélez. C.P. Mario Alario Méndez.
Esta norma tuvo revisión de la Corte Constitucional mediante sentencia C-207 de 2003, declara exequible el artículo, excepto el literal c). Cabe señalar que a partir de la entrada en vigencia de la ley 1881 de 2018, por medio de la cual se establece el nuevo procedimiento para la pérdida de investidura de los Congresistas, quedó derogada la ley 144 de 1994. No obstante, en el artículo 19 de la nueva disposición, se prevé el recurso extraordinario especial de revisión, pero por otra causal diferente a las que estaban consagradas en la norma derogada .

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