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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03875-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2022-03875-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 12 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03875-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

3 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03875-01
Demandante: Consorcio Interceptor Río Tejo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03875-01
Demandante CONSORCIO INTERCEPTOR RÍO TEJO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Y
OTRO
Temas Acción de tutela. Tutela contra providencia judicial. Cosa
juzgada. Análisis de la temeridad. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Actos precontractuales.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Lina Alejandra Lázaro Guerrero y
Mauricio Andrés Garnica Useche en calidad de consorciados del Consorcio
Interceptor Río Tejo, contra la sentencia del 12 de agosto de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 1º de julio de 20221, Lina Alejandra Lázaro Guerrero y Mauricio Andrés Garnica
Useche en calidad de consorciados del Consorcio Interceptor Río Tejo,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander y el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cúcuta, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia. En consecuencia, formularon las siguientes
pretensiones:
“1. Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, dejando sin efectos las providencias
de fechas 11 de agosto de 2015 y 31 de mayo de 2018, proferidas dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantado en contra del Municipio de Ocaña con
radicado 2009-00105.

2. Ordenar al Tribunal Administrativo de Norte de Santander dictar en un plazo razonable una
nueva sentencia de segunda instancia en la cual se aplique el precedente jurisprudencial
con relación a la ilegalidad de los actos que declaran desierto un proceso contractual por
existir un solo oferente, así como el precedente que establece la imposibilidad de revocar
el acto administrativo de apertura de la licitación cuando ya se han radicado propuestas,
sin contar con el consentimiento del interesado, en este caso el proponente”.

1 Fecha de radicación por ventanilla virtual, SAMAI, índice 2.

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Demandante: Consorcio Interceptor Río Tejo

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. Mediante la Resolución Nro. 436 del 23 de febrero de 2009, la Alcaldía
Municipal de Ocaña ordenó la apertura de un proceso de licitación pública para
la construcción de la segunda etapa del interceptor de aguas negras del río
Tejo en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, adoptó los pliegos de
condiciones y se ordenó su publicación.

2.2. El proceso de licitación se llevó a cabo conforme al cronograma establecido
por la entidad, el plazo para presentar propuestas estaba establecido para el
día 4 de marzo de 2009 a las 11:00 a.m. y el Consorcio Interceptor Río Tejo
presentó la única propuesta, recibida a las 10:30 a.m. de ese mismo día.

2.3. En horas de la tarde del 4 de marzo de 2009 el municipio publicó en el portal
único de contratación la Resolución Nro. 446, por medio de la cual se llevó a
cabo la revocatoria directa de la Resolución Nro. 436 del 23 de febrero de 2009
por la que se había ordenado la apertura del proceso de licitación, con
fundamento en que al existir un único proponente en el proceso de licitación,
esto no garantizaba el principio de selección objetiva y que continuar con el
proceso contractual sería ir en contra del interés general.

2.4. Por lo anterior, el consorcio en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó al municipio de Ocaña con el fin de que
se declarara la nulidad del acto administrativo por el que se declaró la
revocatoria directa del acto de apertura de licitación pública y como
consecuencia de lo anterior, pidió se ordenara el pago de unas sumas de
dinero por concepto de perjuicios materiales ocasionados, sumado al pago de
intereses civiles sobre la utilidad esperada del contrato.

2.5. En primera instancia, correspondió conocer al Juzgado Tercero Administrativo
de Descongestión de Cúcuta, el proceso con la radicación Nro. 54001-33-31-
004-2009-00105-00 que, en sentencia del 11 de agosto de 2015, negó las
pretensiones de la demanda.

Consideró que si bien en el pliego de condiciones se mencionaba seguir con
un único proponente, debía aclararse que esta disposición de la administración
era facultativa como lo mencionaba el mismo capítulo con la condición de que
la oferta fuera favorable al municipio, de manera que no era impositivo y que
si para la administración municipal no era viable por razones de interés general
continuar con el proceso de licitación con un solo oferente, tenía la facultad de
revocarlo, conforme lo dispuesto en el ya derogado artículo 69 del Código
Contencioso Administrativo.

2.6. La decisión se apeló por la parte demandante, hoy accionante. Conoció en
segunda instancia el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que en
providencia del 31 de mayo de 2018 <<notificada por edicto el 17 de julio de
2018>>, confirmó la decisión del a quo.

Encontró que la administración hizo uso de una de las tres causales
reglamentadas en la Ley 80 de 1993 al terminar de forma anormal un proceso
de licitación que para el caso fue la revocatoria del acto de apertura al

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respectivo proceso de selección, lo que para el tribunal fue acertado, máxime
si se adujo la protección del interés general y el principio de selección objetiva,
por lo que no se advertía ilegalidad alguna en el acto demandado.

2.7. Los señores Lina Alejandra Lázaro Guerrero y Mauricio Andrés Garnica
Useche, consorciados del Consorcio Interceptor Río Tejo, presentaron acción
de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de
Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por considerar
vulnerado el derecho al debido proceso con ocasión de las sentencias
proferidas el 11 de agosto de 2015 y el 31 de mayo de 2018, respectivamente.

2.8. Del asunto conoció en primera instancia el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B la tutela con la radicación Nro. 11001-03-15-000-
2018-03464-00 y en sentencia del 7 de noviembre de 2018, estudió el defecto
por desconocimiento del precedente propuesto, en el sentido de negar el
amparo solicitado en lo relacionado con el primer cargo presentado frente al
defecto, al considerar que los precedentes citados se relacionaban con la
declaratoria desierta de la licitación pública, situación fáctica distinta al caso
analizado por las autoridades judiciales accionadas y, rechazó por
improcedente la acción con respecto al segundo cargo presentado en torno al
ya citado defecto, al considerar que contaba con otro mecanismo de defensa
para discutir lo allí planteado.

2.9. La anterior decisión se impugnó ante la Sección Primera del Consejo de
Estado y en sentencia del 25 de abril de 2019, confirmó el fallo de tutela de
primera instancia, al considerar que no se cumplía con el requisito de la
subsidiariedad, al contar la parte actora con el recurso extraordinario de
revisión.

2.10. La parte actora presentó recurso extraordinario de revisión por considerar
configurada la causal de nulidad originada en la sentencia. Correspondió
conocer al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B el asunto al
que se le asignó la radicación Nro. 11001-03-26-000-2019-00114-00, que en
providencia del 30 de marzo de 2022 <<notificada por estado electrónico el 12 de
mayo de 2022>>, declaró infundado el recurso.

Indicó que la inconformidad de una parte en relación con la adecuada o
suficiente motivación de la sentencia que resolvió el proceso solo le permitía a
dicha parte formular contra ella el recurso de apelación que era el medio de
impugnación ordinario que permitía controvertir la decisión de fondo o discutir
los argumentos jurídicos y probatorios con base en los cuales fue adoptada,
pero que los reparos de la parte relacionados con este aspecto de la sentencia,
esto es, su motivación, no podían ser discutidos en el recurso de revisión ya
que este recurso extraordinario no contemplaba como causal para su
interposición la insuficiente motivación de la sentencia.

Advirtió que no era cierto que en la sentencia impugnada el tribunal no hubiera
expuesto las razones jurídicas por las cuales la falta de consentimiento del
participante en la licitación le impedía a la entidad licitante revocar el acto de
apertura, sino que por el contrario, la sentencia objeto de revisión había
motivado la negativa de las pretensiones en relación con ese cargo y había
anunciado los requisitos que de conformidad con la Ley 80 de 1993 y el Código

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Contencioso Administrativo, se debían cumplir para revocar el acto de apertura
de una licitación.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora considera que el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión
de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en las decisiones
emitidas el 11 de agosto de 2015 y el 31 de mayo de 2018, respectivamente dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 54001-33-31-
004-2009-00105-00/01, incurrieron en defecto por desconocimiento del precedente,
por las siguientes razones:

Sostuvo que ha sido consistente y uniforme la jurisprudencia del Consejo de Estado
en casos similares, en los que ha determinado en forma clara y concreta que no es
procedente por parte de la administración el declarar desierto un proceso de
selección fundado en el hecho de que exista un solo proponente y que por este
hecho no es posible realizar una selección objetiva al no tener otras propuestas con
que compararla, ya que como lo dice el máximo tribunal, en estos casos el principio
de selección objetiva se garantiza al comparar la propuesta con los requisitos
establecidos en los pliegos de condiciones y verificar que cumple con todos ellos.

Citó las siguientes providencias:

● Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación Nro. 25000-23-26-000-1994-
00042-01 (15235), sentencia del 24 de junio de 2004, con ponencia del doctor
Ricardo Hoyos Duque.

● Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicación Nro. 73001-
23-31-000-1997-05941-01 (18338), sentencia del 31 de agosto de 2011, con
ponencia de la doctora Olga Mélida Valle de la Hoz.

Sostuvo que la jurisprudencia ha determinado que el acto administrativo de apertura
de la licitación no puede ser revocado sin el consentimiento del afectado, cuando ya
se han presentado propuestas por los interesados. Como fundamento de tal
afirmación citó la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
del 26 de noviembre de 2014, radicación Nro. 76001-23-31-000-1998-01093-01
(31297), con ponencia del doctor Carlos Alberto Zambrano Barrera, en la que se
refirió al tema de la revocatoria del acto administrativo de apertura.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. Por auto del 18 de julio de 2022 el juez de tutela de primera instancia admitió
la demanda de tutela, ordenó notificar a las partes accionante, accionadas y,
ordenó la vinculación como tercero con interés municipio de Ocaña, quien fue
parte demandada en el proceso ordinario.

4.2. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, rindió informe en el que
manifestó que no se cumplía con el requisito de inmediatez, al haber
transcurrido un tiempo más que razonable entre la ejecutoria de la providencia
emitida por el tribunal en el año 2018 y la presentación de la presente acción
y que, si bien la parte actora presentó recurso extraordinario de revisión contra
la decisión de segundo grado, este no suspendía el término de ejecutoria de
la providencia de cierre emitida por el tribunal.

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Del fondo del asunto, advirtió que no se configuraba el defecto propuesto, que
la decisión había sido emitida conforme con la jurisprudencia del órgano de
cierre en materia contenciosa administrativa y en las normas aplicables al caso
y que, se había analizado y concluido que el acto acusado no era ilegal ni se
configuraba ninguna de las causales de nulidad.

Por lo anterior, pidió se declarara improcedente la acción al no cumplir con
requisitos de procedencia y, en su defecto, de estudiarse de fondo el caso,
pidió se negaran las pretensiones de la demanda de tutela.

4.3. El Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de Cúcuta2 y el
municipio de Ocaña, Norte de Santander, pese haber sido notificados, no
se pronunciaron.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 12 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, declaró improcedente la acción de tutela.

Advirtió el a quo que, los señores Lina Alejandra Lázaro Guerrero y Mauricio Andrés
Garnica Useche promovieron la demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Norte de Santander y el Juzgado 3º Administrativo de Descongestión de Cúcuta,
con el fin de que se les amparara el derecho al debido proceso y, como
consecuencia, se dejaran sin efectos “las providencias de fechas 11 de agosto de 2.015
y 31 de mayo de 2.018, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho adelantado en contra del Municipio de Ocaña con radicado 2009-00105” y que,
tal y como se afirmó en la demanda de tutela, en anterior oportunidad los aquí
tutelantes presentaron demanda de tutela contra las referidas autoridades judiciales
para que se dejaran sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia
dictadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
contra el municipio de Ocaña, lo que implicaba que ambos procesos guardaban
identidad de partes, de hechos y de pretensiones.

Afirmó que, si bien se presentó recurso extraordinario de revisión con posterioridad
a los fallos de tutela, esa decisión no habilitaba la presentación de una nueva
demanda de tutela por los mismos hechos y para cuestionar las mismas decisiones
proferidas en el medio de control de nulidad y restablecimiento promovido por los
ahora tutelantes contra el municipio de Ocaña, habida cuenta de que ello
desconocería que, como lo ha señalado la Corte Constitucional, “la cosa juzgada dota
a las providencias de un valor inmutable, vinculante y definitivo”.

Finalmente advirtió que no había lugar a declarar temeraria la acción, en la medida
que los mismos actores en el juramento presentado en el escrito de tutela
manifestaron haber presentado una tutela anterior por las mismas razones pero que,
al haberse declarado improcedente por no haber agotado los mecanismos judiciales
con los que contaba, esto es, el recurso extraordinario de revisión, una vez agotado
el mismo, para los actores surgía el derecho a acudir a la presente acción al no
contar con otro mecanismo de defensa judicial, razones por las que el juez de tutela
de primera instancia consideró que, pese haberse configurado la cosa juzgada, no
había lugar a declarar temeridad.

2 El juzgado allegó el link del proceso ordinario para su consulta.

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6. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión. Manifestó su desacuerdo con lo resuelto por el
a quo y argumentó que al respecto la Corte Constitucional ha manifestado en varias
sentencias que si se ha interpuesto una tutela y esta ha sido declarada
improcedente por no haberse cumplido el requisito de subsidiariedad al no haberse
agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios al alcance del accionante y,
luego de agotarse esos recursos extraordinarios se mantenía la vulneración del
derecho alegado, los accionantes estaban habilitados para solicitar nuevamente la
protección de los derechos fundamentales violados. Citó la sentencia T-291 de
2014.

También sostuvo que la misma corte en la sentencia C-590 de 2005 explicó que
una vez agotados de manera diligente los medios de defensa judiciales ordinarios y
extraordinarios, si el actor consideraba que la autoridad judicial había fallado al no
garantizar sus derechos fundamentales, la acción de tutela resultaba procedente al
encontrarse en estado de indefensión.

Citó la sentencia de tutela del 18 de mayo de 2021 proferida por la Sección
Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, radicación Nro. 11001-03-15-000-
2018-00152-00, con ponencia del doctor Rafael Francisco Suarez Vargas, que dice,
acogió lo mencionado en los precedentes de la Corte Constitucional.

La parte actora dijo que acudió al recurso extraordinario de revisión de acuerdo a
las razones expuestas por el Consejo de Estado en el fallo proferido dentro de la
acción de tutela intentada previamente, el que fue resuelto desfavorablemente,
persistiendo de esta forma la vulneración de los derechos fundamentales alegados,
motivo por el cual se habilitaba la presentación de esta acción de tutela sin que
pudiera alegarse la existencia de cosa juzgada, máxime cuando en el fallo en el que
se declaró no cumplido el requisito de subsidiariedad no se hizo un estudio de fondo
en cuanto a la vulneración o no de los derechos fundamentales alegados, ya que
simplemente se determinó que no se había agotado el recurso extraordinario que el
accionante tenía a su alcance.

Por lo demás, cuestionó la decisión del recurso extraordinario de revisión y dijo que,
en suma, se continuaba con la vulneración de sus derechos fundamentales, por lo
que pidió se revocara la decisión y en su lugar se fallara de fondo y favorablemente
a las pretensiones de la tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos y el escrito de impugnación,
corresponde a la Sala establecer si se configura el fenómeno de cosa juzgada y si
la presente acción resulta temeraria, al haberse presentado por parte de los
consorciados accionantes una acción de tutela anteriormente, con identidad de
partes, hechos y pretensiones a los de la presente acción y si, la presentación del
recurso extraordinario de revisión y la resolución del mismo, implicó la viabilidad de
acudir nuevamente al juez constitucional como lo manifiestan los actores en el
recurso de impugnación que presentan ante esta instancia.

3. Actuación temeraria y cosa juzgada

3.1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que existe actuación
temeraria “Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.

A partir de esa norma, la jurisprudencia constitucional1 ha considerado la
procedencia de la temeridad en dos dimensiones: una, cuando el accionante
actúa de mala fe; otra, cuando el demandante acude al recurso de amparo de
manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación
razonable que justifique dicho actuar.

Ha dicho la Corte Constitucional que la temeridad se configura cuando se
presentan los siguientes elementos: (i) identidad de partes, (ii) identidad de
objeto o pretensiones, (iii) identidad de causa petendi o hechos y (iv) la
ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda. Evento en
que procede la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.

Este último elemento (ausencia de justificación), en voces de la Corte, tiene
lugar cuando la actuación del actor denota el propósito desleal de satisfacer
un interés subjetivo a como dé lugar, aspecto que “deja al descubierto el abuso
del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la
acción”.

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-027 de 2021, subrayó que el juez
de tutela, al realizar el análisis para determinar si existe o no actuación
temeraria, "debe trascender un juicio meramente formal y realizar un estudio pormenorizado
del expediente. (…) Así, la labor del juez constitucional no es simplemente la de verificar los
elementos que constituirían la triple identidad entre las acciones de tutela para concluir que
hay una actuación temeraria y, en consecuencia, declarar su improcedencia. Si no que, de
acuerdo a todo lo expuesto, deben estudiarse las circunstancias actuales que rodean el caso
específico".

En ese estudio se deben considerar otros factores, pues es posible que incluso
existiendo multiplicidad de tutelas y cumpliéndose las tres identidades
referidas la acción no sea temeraria. Este evento se presenta, por ejemplo,
cuando la acción de tutela se funda en: “(i) la ignorancia del accionante; (ii) el
asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (iii) el sometimiento del actor a un

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estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho”15.

3.2. Por otro lado, la cosa juzgada es una institución de consagración legal en el
artículo 303 del Código General del Proceso que vuelve definitivas las
sentencias judiciales, lo que impide que las partes ventilen de nuevo el asunto
que fue objeto de resolución judicial. De esta manera se busca que no se
vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados y, además, cerrar de forma
definitiva el debate planteado.

La Corte Constitucional ha explicado que “la cosa juzgada se configura cuando existe
la triple identidad mencionada, es decir, de partes, hechos y pretensiones, sin que se
evidencie la configuración del elemento subjetivo que es la intención de buscar engañar
a las autoridades judiciales y abusar del ejercicio de la acción de tutela”4 (Negrilla fuera de
texto original).

Puntualmente, sobre el fenómeno de la cosa juzgada en providencias de
tutela, la Corte Constitucional ha precisado que un fallo de tutela hace tránsito
a cosa juzgada cuando esta última profiere sentencia en virtud de la revisión
eventual o cuando se dicta auto notificando la no selección de la tutela. En
consecuencia, es posible que exista cosa juzgada pero no actuación
temeraria. La diferencia entre ambas instituciones jurídicas radica en que esta
última implica que el accionante o su apoderado actuó de forma desleal, al
interponer más de una acción con el fin de que, a toda costa, alguna de esas
prospere. En otras palabras, cuando se presenta una actuación de mala fe y
de forma deliberada.

4. Análisis del caso concreto

4.1. En el caso propuesto, como lo advirtió el juez de tutela de primera instancia,
se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, al haberse presentado por los
accionantes una acción de tutela con identidad de partes, hechos y
pretensiones.

De acuerdo con las pruebas allegadas al expediente, se advierte que en
efecto, los señores Lina Alejandra Lázaro Guerrero y Mauricio Andrés Garnica
Useche presentaron acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo
de Descongestión de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de
Santander, con el propósito de que se dejaran sin efecto las sentencias del 11
de agosto de 2015 y el 31 de mayo de 2018, respectivamente, proferidas por
las mencionadas autoridades judiciales, advirtiendo la existencia de un posible
defecto por desconocimiento del precedente, lo que vulneraba el derecho al
debido proceso.

Las pretensiones de la tutela en esa oportunidad fueron que se dejara sin
efectos la decisión del 11 de agosto de 2015 proferida por el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Cúcuta que negó las pretensiones de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el Nro.
54001-33-31-004-2009-00105-00/01 y la sentencia del 31 de mayo de 2018
emitida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander que confirmó la
decisión del juzgado.

4 Corte Constitucional. Sentencia T-089 de 2019.

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Dicha acción de tutela a la que correspondió la radicación Nro. 11001-03-15-
000-2018-03464-00/01, fue resuelta en primera instancia por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 7 de noviembre de
2018 en la que se consideró lo siguiente:
“Visto lo anterior, la Sala abordará en primer lugar la acusación de desconocimiento del
precedente relacionado con la falta de garantía del principio de selección objetiva
cuando acude un solo proponente en la etapa precontractual, como criterio para revocar
el acto de apertura de la correspondiente convocatoria.
(…)
Al respecto se estima que los fallos aludidos, comoquiera que no guardan identidad
fáctica con el proceso ordinario cuya resolución se cuestiona, no se constituyen como
precedentes aplicables y por tanto su desconocimiento no comporta el vicio alegado por
los tutelantes.
(…)
Por lo dicho, el presupuesto de correspondencia fáctica y jurídica entre las providencias
postuladas como precedente y el caso en el cual se demanda su aplicación, no se
colma.
(…)
Resulta necesario entonces abordar la otra acusación de desconocimiento del
precedente, relacionada con la necesidad de que el único oferente consienta de manera
previa la decisión de revocar el acto administrativo que dio apertura al proceso de
selección en el cual interviene.
(…)
Constata esta Colegiatura que en las providencias acusadas, ni el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión de Cúcuta, en sentencia de 11 de agosto de 2015, ni
el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al decidir la apelación con fallo de 31
de mayo de 2018, efectuaron pronunciamiento alguno sobre dicho asunto, es decir,
omitieron resolver ese punto de derecho, razón por la cual no es posible aseverar que
las autoridades judiciales desconocieron el precedente […].
(…)
Al no existir pronunciamiento del juez contencioso-administrativo, resulta claro que se
desconoció el principio de congruencia previsto en el artículo 281 del Código General
del Proceso (CGP), según el cual «[I]a sentencia debe estar en consonancia con los
hechos y pretensiones aducidas en la demanda».
Ante esta situación, correspondía a la parte demandante en el proceso ordinario la carga
de solicitar del Tribunal adicionar la sentencia de segunda instancia para que resolviera
el cargo omitido (…).
En tal sentido, comoquiera que el desconocimiento del precedente fue alegado a partir
de dos aspectos, respecto del primero, es decir, del atañedero a la satisfacción del
principio de selección objetiva cuando en el proceso de selección de contratistas se
presenta tan solo una propuesta, habrá de ser negado el amparo, mientras que frente
al segundo, relacionado con el deber de obtener consentimiento del proponente único
para revocar el acto de apertura de una licitación, la acción resulta improcedente por no
haber agotado los mecanismos de defensa ordinarios con que el tutelante contaba,
como se explicó”.
La anterior decisión fue impugnada por los actores y resuelta en segunda
instancia por la Sección Primera de esta Corporación en providencia del 25 de
abril de 2019, que resolvió confirmar la decisión del a quo, pero por otras
razones. El fundamento de esta decisión quedó en los siguientes términos:
“Así las cosas, la Sala advierte que en el presente caso no se cumple con el presupuesto
de procedibilidad de subsidiariedad, en razón a que los actores contaban con otro
mecanismo de defensa judicial.

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Demandante: Consorcio Interceptor Río Tejo

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que la decisión del tribunal fue denegatoria
de las pretensiones de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el medio de
defensa idóneo no resultaba ser la adición, tal como lo consideró el a quo, en razón a
que con tal mecanismo jurídico no era posible modificar lo definido mediante las
providencias del 11 de agosto de 2015 y el 31 de mayo de 2018 proferidas por el juzgado
y el tribunal, respectivamente.
En ese orden de ideas, el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para
controvertir las sentencias cuestionadas en esta instancia constitucional era el recurso
extraordinario de revisión , en razón a que si bien es cierto le fueron negadas las
pretensiones de la demanda, la sentencia no motivó la decisión frente al deber que le
correspondía al municipio de Ocaña de solicitar el consentimiento al único proponente
para llevar a cabo la revocatoria directa del acto administrativo que dio apertura a la
licitación, razón por la cual los actores tienen a su alcance tal recurso con el fin de alegar
la mencionada irregularidad”.

4.2. En el presente caso, los actores presentaron el recurso extraordinario de
revisión contra la sentencia del 31 de mayo de 2018 proferida por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander, resuelto por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en providencia del 30 de marzo de 2022 en el
que se declaró infundado el mismo, en síntesis, por no estar configurada la
causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación, así propuesta por los recurrentes, hoy
accionantes.

Contrario a lo que afirman los consorciados del Consorcio Interceptor Río Tejo,
no es posible entender que con el agotamiento del recurso extraordinario de
revisión mencionado en la sentencia de tutela de segundo grado proferida por
la Sección Primera del Consejo de Estado en el radicado 11001-03-15-000-
2018-03464-00/01, pueda entenderse habilitada la posibilidad de presentar
una tutela por los mismos hechos, contra las mismas partes y con los
mismos argumentos que en su momento presentaron al juez constitucional,
pues lo cierto es que, de la revisión del proceso de tutela mencionado y el
escrito de tutela presentado en esta oportunidad, es posible advertir que, en
efecto, se sigue planteando la misma discusión, sin que existan siquiera
cargos contra la providencia que resolvió el recurso extraordinario de revisión,
como para discutir un aspecto nuevo, sin que esto significara desde luego que,
en relación con el planteamiento de las sentencias ordinarias emitidas dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ya existiera la
cosa juzgada.

4.3. Debe hacerse claridad a los tutelantes en cuanto que, la sentencia T-296 de
2014 de la Corte Constitucional que citaron en el escrito de impugnación,
menciona que si agotados de manera diligente los medios de defensa judicial
con que se cuenta en el ordenamiento jurídico considera que han fallado al
persistir su vulneración “puede acudir nuevamente a la acción de tutela sin que por ello
se incurra en temeridad, dado el estado de indefensión en que se encontraría ante la nueva
decisión adoptada” (subrayado fuera del texto original), condición no se presenta en el
caso presente, pues pese haber presentado el recurso extraordinario de
revisión, la tutela que se presenta en esta oportunidad no presenta cargos
contra esa nueva decisión, sino que, expone idénticos argumentos a los ya
presentados con anterioridad, y frente a las mismas providencias y autoridades
judiciales, de manera que se trata de un supuesto que no se cumple en el
presente caso.

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De manera que, el agotamiento del recurso extraordinario de revisión no
habilita la posibilidad de cuestionar nuevamente las sentencias judiciales
previamente enjuiciadas por vía de tutela y respecto de las cuales el juez
constitucional ya se pronunció. A lo que se agrega que, frente a dichas
decisiones no se superaría el requisito de inmediatez, toda vez que la
sentencia de cierre del tribunal data del año 2018, y no es de recibo entender
superado este presupuesto, indicando que la última providencia emitida es la
del recurso extraordinario que data del 30 de marzo de 2022, pues lo cierto es
que, se reitera, la discusión giró de nuevo frente a las decisiones de 2015 y
2018 y no, frente a la decisión el recurso extraordinario de revisión proferida
en 2022.

De allí que, lo cierto para esta Sala es que la discusión en torno a las
decisiones ordinarias proferidas dentro del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho por parte del Juzgado Tercero Administrativo de
Descongestión de Cúcuta y el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
ya fue resuelta por el juez constitucional y no es posible intentar una nueva
acción con los mismos fundamentos, frente a los mismos accionados y por los
mismos hechos, pues al compartirse la tripe identidad (partes, objeto o
pretensiones y causa petendi o hechos), hace que se configure el fenómeno
de la cosa juzgada, razón por la que se confirmará la decisión de primera
instancia.

4.4. El otro aspecto por el que también la Sala confirmará la decisión de primer
grado, tiene que ver con la temeridad, pues comparte las razones por las que
el a quo consideró que pese a existir cosa juzgada, la actuación no podía
considerarse temeraria y, se centra en el hecho de haberse manifestado por
los actores la presentación previa de una tutela similar, pese a que, según su
entendimiento, el agotamiento del recurso extraordinario de revisión les
permitiera de nuevo accionar contra las decisiones emitidas al interior del
respectivo proceso ordinario.

De acuerdo con la definición de temeridad citada en precedencia, al juez de
tutela le corresponde verificar no solo la identidad de partes, objeto y hechos,
sino también la ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda y, en el caso, se advierte la manifestación expresa de los
accionantes de haber presentado una acción de tutela anterior y los
argumentos por los que a su juicio, era procedente volver a cuestionar las
mismas providencias y accionar contra las mismas autoridades judiciales, de
manera que no se deja ver un abuso o una mala fe en la presentación de esta
acción de tutela, sino en una visión equivocada de las razones por las que
consideraron tener vía libre para accionar de nuevo por lo mismo.

5. Conclusión

En consecuencia, la Sala concluye que en el caso analizado se configura el
fenómeno de cosa juzgada y no así en relación con una actuación temeraria, razón
por la cual se confirmará la decisión de primera instancia proferida por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, conforme lo expuesto en la presente
providencia.

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En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 12 de agosto de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones
expuestas en la presente providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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