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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00512-01

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
19 de marzo de 2019
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00512-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 26 de abril de 2018, proferida por la sección primera del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Edith Ardila Garzón contra la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados. TERCERO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2018-00512-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

19 de marzo de 2019

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No configuración / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE CONSOLIDADO Y FUTURO - No procede

Las inconformidades planteadas por la parte actora en el escrito inicial coinciden con los cargos manifestados en la demanda de reparación directa presentada y el recurso de apelación interpuesto, frente a lo cual debe recordarse que el mecanismo de amparo constitucional no puede ser utilizado como una tercera instancia para reabrir discusiones jurídicas ya concluidas y resueltas por el juez natural del asunto. Sin embargo, lo anterior no es óbice para que esta Sala de decisión no efectúe algunas precisiones tendientes a aclarar las razones por las cuales se considera que en el asunto bajo estudio no se configuraron las vías de hecho endilgadas por la parte actora. (…) Así pues, como sustento del desconocimiento del precedente alegado, la tutelante invocó varias sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo Estado. (…) En consonancia con la tesis expuesta por el a quo en el asunto bajo estudio y verificados los pronunciamientos enunciados previamente es posible concluir que aquellas no constituyen precedente en el caso sub examine, en la medida en que los supuestos fácticos y jurídicos difieren de la presente situación en particular, de tal forma la ratio contenida en las mencionadas decisiones no era aplicable en este oportunidad. De otro lado, tampoco se advierte la configuración de un defecto fáctico por falta de valoración probatoria, en tanto la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó el acervo probatorio para concluir que tanto para la fecha en que se estructuró la invalidez de la accionante como para la fecha en que le fue “reconocida” su pensión de invalidez, ella se encontraba laborando para el ICBF, ostentando el cargo de Profesional Especializado, por lo cual no había lugar a ordenar el pago de perjuicios de concepto de lucro cesante consolidado y futuro. (…) Así las cosas, no se observa vulneración de los ius fundamentales invocados, en la medida en que no se configuraron vías de hecho por desconocimiento del precedente señalado o defecto fáctico, por lo que, en consecuencia confirmará el pronunciamiento que negó el amparo invocado.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00512-01(AC)

Actor: LUZ EDITH ARDILA GARZÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y OTRO

La Sala procede a decidir la impugnación interpuesta por la señora Luz Edith Ardila Garzón, a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 26 de abril de 2018, proferida por la sección primera del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado dentro del asunto de la referencia, con ocasión del proceso de reparación directa promovido por la aquí accionante en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, lo cual considera vulneratorio de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

I. EL ESCRITO DE TUTELA

Para una mejor comprensión del asunto, la Sala se permite resumir de la siguiente forma los supuestos fácticos y jurídicos planteados por la parte demandante:

Manifestó que, estando vinculada con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF- como nutricionista dietista, durante una comisión laboral sufrió un accidente de trabajo, consistente en la caída de un caballo mientras se desplazaba entre las veredas de Mulas y San Martín del Municipio de Ipiales - Nariño, lo cual le produjo una pérdida de capacidad laboral equivalente al 50.65%.

Indicó que, interpuso una demanda de reparación directa contra el ICBF, con el fin de solicitar la indemnización de los perjuicios materiales e inmateriales causados como consecuencia del referido accidente de trabajo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, el cual, mediante sentencia de 29 de noviembre de 2016, declaró patrimonialmente responsable al ICBF por el daño antijurídico que padeció la demandante a título de riesgo excepcional y, en consecuencia, lo condenó a pagar el valor de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de daño moral, y la misma cantidad a título de daño a la salud.

Finalmente, negó la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro.

Señaló que las partes interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron resueltos por la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 25 de enero de 2018, confirmó la sentencia proferida en primera instancia, al encontrar acreditado que el daño sufrido por la demandante le es atribuible a la entidad demandada, toda vez que acaeció durante una comisión de servicios.

De igual forma, precisó que era improcedente el reconocimiento del pago de la indemnización correspondiente a los perjuicios materiales padecidos por la actora en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, al considerar que las pruebas del pago de su salario, desde el momento del accidente hasta la fecha de su retiro, y del “reconocimiento” de la respectiva pensión de invalidez, desvirtúan el acaecimiento de los mismos.

Argumentó que sus derechos fundamentales fueron vulnerados, en la medida en que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto fáctico.

El primero de los mencionados, en atención al criterio fijado por la sección tercera del Consejo de Estado, según el cual el reconocimiento de la pensión de invalidez no resulta incompatible o excluyente con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto cada prestación se sustenta en fuentes diferentes. Es decir, que en el primer evento la prestación proviene de la ley, mientras que en el segundo caso deviene de la responsabilidad por el daño antijurídico, causado en el caso concreto por el accidente de trabajo imputado al ICBF a título de riesgo excepcional.

El segundo, debido a que se omitió la valoración de las pruebas que permitían la tasación del lucro cesante deprecado, en vista de que las mismas indicaban que, tanto para la fecha en que se estructuró la invalidez de la accionante, esto es el 23 de junio de 2008, como para la fecha en que le fue “reconocida” su pensión de invalidez, ella se encontraba laborando para el ICBF, ostentando el cargo de Profesional Especializado y devengando un salario mensual básico de $1´545.793.
Pretensión

Como consecuencia de lo anterior, solicitó:

«[…] 2. Se DEJEN SIN EFECTOS: el numeral cuarto de la sentencia de primera instancia […] en punto de la NO condena al ICBF al pago de los perjuicios patrimoniales por lucro cesante: Así mismo (sic) […] la sentencia proferida en segunda instancia […] donde confirmó el fallo de primera instancia en cuanto al no pago del lucro cesante.

3. Que como consecuencia de revocar las sentencias de segunda y de primera instancia […]; Se ORDENE Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “A” (sic), en el proceso número 11001 33 36 031 2014 00567 02 DICTE DECISIÒN DE REEMPLAZO donde reconozca y pague los perjuicios patrimoniales por lucro cesante reclamados en la demanda por la Sra. Luz Edith Ardila Garzón, desde la fecha de estructuración de la invalidez y hasta la esperanza de vida; y de acuerdo al salario devengado en el ICBF para esta fecha y adicionando el porcentaje correspondiente a las prestaciones […]».

II. ACTUACIÓN PROCESAL DE INSTANCIA

• Mediante auto de 28 de febrero de 2018, el despacho sustanciador del presente asunto admitió la acción de tutela presentada por Luz Edith Ardila Garzón, contra la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, y ordenó su notificación como demandados; de otro lado, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, como terceros interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y concordantes del Decreto 2591 de 1991.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21 y 22 del Decreto 2591 de 1991, se ofició a las autoridades judiciales mencionadas para que allegaran el expediente en el que se tramitó la demanda de reparación directa promovida por la accionante contra el ICBF, con radicado 2014-00567.

• De otro lado, en segunda instancia y en atención a que la ponencia presentada por el consejero Carmelo Perdomo Cuéter fue derrotada, este proceso fue remitido al despacho de quien ahora lo hace en el presente asunto, a través de auto de 11 de febrero de 2019.

III. INFORMES RENDIDOS EN EL PROCESO

3.1. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

La coordinadora del grupo jurídico – regional Bogotá del mencionado instituto rindió informe y solicitó que se niegue por improcedente la acción de tutela de la referencia, al considerar que el reconocimiento del pago concomitante del valor de la reparación por lucro cesante y pensión de invalidez, depende de que el daño sufrido le haya sido imputable a la administración a título de falla del servicio.

Aseguró que los casos resueltos por las sentencias citadas por la parte actora no constituyen precedente judicial para el asunto bajo examen, en la medida que en todas las providencias se encontró probada la falla del servicio en perjuicio de personas que ostentaron la condición de soldados del Ejército Nacional, aspectos que no se asimilan con la situación de la actora toda vez que, en el proceso de reparación directa, los jueces de instancia declararon la responsabilidad del ICBF a título de riesgo excepcional, es decir, con base en un régimen objetivo de responsabilidad.

3.2. Subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca .

El magistrado ponente de la decisión judicial de segunda instancia cuestionada, solicitó declarar improcedente las pretensiones de la acción de tutela, en la medida en que del examen de las pruebas recaudadas, se logró determinar la responsabilidad extracontractual del ICBF, más no la existencia de un perjuicio mayor al que fue reconocido.

En consecuencia, consideró que la sentencia de 25 de enero de 2018, no vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, ni incurrió en defecto alguno.

3.3. Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá.

Guardó silencio durante el término de traslado.

IV. LA SENTENCIA IMPUGNADA

La sección primera del Consejo de Estado, mediante la sentencia de 26 de abril de 2018, negó el amparo invocado, con los siguientes argumentos:

« […]La Sala observa que las sentencias invocadas por la actora no constituyen precedente, en virtud de que las circunstancias fácticas y las responsabilidades atribuidas al Estado que rodearon cada caso difieren sustancialmente a la señalada en el presente asunto y, en esa medida, resultaba impertinente aplicar la ratio contenida en las decisiones al caso concreto.

De esta manera, la Sala concluye que las autoridades judiciales accionadas no incurrieron en el defecto desconocimiento del precedente judicial, por lo cual no se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales deprecados por la actora.

Ahora bien, en atención al defecto fáctico, la Sala observa que las autoridades judiciales accionadas tampoco incurrieron en tal yerro, toda vez que, como pudo observarse, valoraron las pruebas que indicaron que la actora recibió su salario desde el momento del acaecimiento del hecho dañino hasta la fecha de su retiro y que, además, le fue reconocida pensión de invalidez por parte de la autoridad competente, llegando a la conclusión de que se hacía improcedente reconocer los perjuicios materiales reclamados -lucro cesante-, en tanto que no se demostró haber sufrido un perjuicio mayor al reconocido por el juez de primera instancia.
[…]».

V. LA IMPUGNACIÓN

La parte accionante, a través de apoderado judicial, impugnó el fallo de 26 de abril de 2018, proferido por la sección primera del Consejo de Estado, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de tutela inicial.

VI. CONSIDERACIONES

Atendiendo a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: la competencia para decidir el recurso de amparo; cuestión previa; procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; determinación del problema jurídico; la decisión cuestionada y el caso concreto.

6.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 2° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, en cuanto estipula que: «Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado […]», esta Sala es competente para conocer de la presente acción constitucional contra la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

6.2. Cuestión Previa.

Previo a abordar el fondo del asunto planteado por la parte actora, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las decisiones judiciales proferidas por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá y la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Norte de Cundinamarca, dentro del proceso de reparación directa 2014-00567, se observa que los argumentos que sustentan sus pretensiones son los mismos respecto a las mencionadas sentencias.

Por lo anterior y en atención a que la providencia de 29 de noviembre de 2016, proferida por el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá fue apelada por lo cual no cobró fuerza de cosa juzgada y, en consecuencia, la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conoció del asunto en segunda instancia para expedir el fallo que puso fin al proceso, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en tanto, una decisión de amparo respecto a la misma garantizaría el bien ius fundamental invocado.

6.3. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

Sobre el particular, tanto la Corte Constitucional como esta Corporación, inicialmente consideraron que la acción de tutela no procedía contra providencias judiciales. Posición que fue variada por la Corte al aceptar la procedencia excepcional y restringida del referido mecanismo constitucional de comprobarse la existencia de una vía de hecho y de un perjuicio irremediable, y por parte de algunas Secciones del Consejo de Estado, cuando se evidenciara la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Posteriormente, en la Sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional reiteró la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, pero supeditada ya no a la existencia de una vía de hecho, sino a la verificación de unos requisitos de forma y de procedencia material fijados por la misma Corte. Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012, con ponencia de la Consejera María Elizabeth García González, finalmente aceptó que la acción de tutela es procedente contra una providencia judicial, “cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales”.

Requisitos de procedencia general.

En el presente asunto, concretamente de las pruebas allegadas al expediente, se evidencia que: a) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, b) Se agotaron los medios ordinarios de defensa judicial existentes, c) La tutela se interpuso dentro de un término razonable, y d) Dentro del escrito de tutela se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que llevan a la parte actora a atacar por esta vía la providencia judicial, proferida dentro de una demanda de reparación directa.

Por lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

Vicios de fondo.

Adicionalmente si la tutela contra la providencia judicial puesta en conocimiento del Juez Constitucional, supera las causales anteriores, éste, para poder revocarla, deberá establecer la presencia de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: a) Defecto orgánico, b) Defecto procedimental absoluto, c) Defecto fáctico, d) Defecto material o sustantivo, e) Error inducido, f) Decisión sin motivación, g) Desconocimiento del precedente, h) Violación directa de la Constitución.

6.4. Problema Jurídico.

En el presente asunto el problema jurídico consiste en determinar si: ¿la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Luz Edith Ardila Garzón al haber proferido la providencia de 25 de enero de 2018, en la que, presuntamente, incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial y defecto fáctico al concluir que el reconocimiento de la pensión de invalidez es incompatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto cada prestación se sustenta en fuentes diferentes?

6.5. Del caso concreto.

Una vez establecido el motivo de inconformidad expuesto por la parte tutelante, es necesario precisar las actuaciones que se surtieron al interior del proceso ordinario cuestionado en sede de tutela para analizar los cargos formulados frente a la decisión judicial atacada que cobró efecto de cosa juzgada.

De las actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario.

De las pruebas obrantes en el expediente que contiene el proceso de reparación directa promovido por la señora Luz Edith Ardila Garzón contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF con radicado 2014-00567, se observa que la parte demandante solicitó declararla administrativa y patrimonialmente responsable con ocasión del accidente de trabajo acaecido el 31 de agosto de 1991.

Así, una vez surtidas las actuaciones pertinentes, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá profirió la sentencia de 29 de noviembre de 2016 con la que negó las pretensiones de la demanda.

Lo que dijo la decisión que se censura.

• Inconformes con la decisión de primera instancia, las demandadas interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 25 de enero de 2018, confirmó la providencia de 29 de noviembre de 2016 con la que el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá negó las súplicas de la demanda, con fundamento en los siguientes motivos:

«[…] La parte demandante, solicitó condenar a la accionada, en la modalidad de lucro cesante consolidado, causado el 23 de junio de 2008 – fecha de estructuración, hasta el día de presentación de la demandada, por la suma de $200.589.444; y en la modalidad de lucro cesante futuro, causados desde la fecha en que se presentada (sic) la demanda hasta su esperanza de vida, por la suma de $482.784.368.

Recuerda la Sala que el a quo consideró que el perjuicio reclamado por la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, no hace parte de la reparación directa, por cuanto, la entidad garantizó a la demandante por medio del sistema de riesgos laborales, el respectivo pago de su pensión de invalidez, lo cual correspondería a un lucro cesante futuro, indicó además, que se encuentra demostrado que recibió su salario, desde el momento del accidente hasta la declaración de la invalidez, por tanto, tampoco resulta procedente el pago del lucro cesante consolidado.

En el escrito de apelación, para la parte demandante es procedente el pago de la indemnización de perjuicios – lucro cesante consolidado y futuro-, aun cuando hubiere un reconocimiento de pensión de invalidez con anterioridad.

Así las cosas, más allá de lo invocado por la parte demandante; para la Sala, el reconocimiento de los perjuicios dentro de un proceso debe tener sustento probatorio, en tal sentido, la accionante no demostró que hubiere sufrido un perjuicio mayor al reconocido por el Juzgado de instancia en la sentencia, ello, porque está acreditado en el plenario que recibió su salario, desde el momento del suceso hasta la fecha de retiro y que fue reconocida por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP, pensión de invalidez, por tanto, no se encuentran probados los perjuicios por concepto de lucro cesante que reclama. […]»

De la solución planteada al caso concreto.

Una vez precisadas las actuaciones surtidas al interior de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionada en sede de tutela por la señora Luz Edith Ardila Garzón, se reitera que aquella hizo uso de este mecanismo con el fin de buscar el amparo del derecho al debido proceso, el cual considera vulnerado por la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En el caso bajo estudio, resulta pertinente mencionar que el juez contencioso administrativo cuando conoce de una actuación como la que ha sido censurada en este reclamo constitucional, ejerce su función como parte integrante de una de las jurisdicciones reconocidas en la Constitución Política. De ello se sigue que la autoridad judicial que desarrolla una competencia constitucional no puede ser desplazada por el juez del recurso de amparo, pues uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho es el principio de separación de poderes y la estricta observancia de las competencias que la Constitución y la Ley entregan a cada funcionario, a la luz de los artículos 6º y 121 de la Carta.

Por lo mismo, se reprueba que alguna autoridad judicial pueda atraer y concentrar competencias ajenas, lo que supone no invadir los dominios funcionales del juez natural, así sea posible -como hipótesis- concebir otra solución para el caso, a menos que la adoptada por el juez natural sea abiertamente arbitraria. Los principios de independencia y autonomía judicial, suponen que el juez natural no sea interferido en sus actuaciones, de modo que el juez constitucional, en línea de principio, no puede irrumpir en la competencia reservada por la Constitución al juez natural. Esta premisa, además se constituye en expresión del respeto por el derecho al debido proceso, pues garantiza que sea el juez del asunto el que adopte la decisión de fondo sobre el asunto planteado.

Igualmente, la Constitución ha previsto unas instancias específicas para cada caso concreto, lo que significa que no puede el Juez, ni siquiera el juez constitucional, crear una instancia adicional para resolver allí cualquier reclamo de una de las partes, comportándose como un juez que ex post facto asume una competencia extraña.

Así las cosas, si bien la acción de tutela contra providencias judiciales subsiste como una creación de la jurisprudencia constitucional, debe mantenerse en un ámbito reducido y estrecho, para aquellos casos excepcionales en que han fracasado las instancias de corrección internas del proceso para preservar los derechos fundamentales, es decir, cuando la decisión del juez natural resulta radicalmente contraria a los valores y principios de la Carta, en especial cuando es burdamente trasgresora de los derechos fundamentales.

Cuando se trata de interpretación de las reglas jurídicas es posible llegar a diferentes conclusiones razonables, por lo cual debe tenerse en cuenta que la simple diferencia de criterio interpretativo sobre la aplicación de una norma no es razón suficiente para desautorizar la labor cognitiva del juez de la causa ordinaria y dejar sin efecto su decisión, ya que -se reitera- esto comportaría una asunción de competencias que no le corresponden al juez en sede de tutela, además de que desvirtuaría la finalidad del recurso constitucional.

Para que proceda el control constitucional concreto de la providencia judicial, entonces, se exige algo más de una simple diferencia de criterio interpretativo sobre una disposición del ordenamiento jurídico aplicable; y ello ocurre bien sea por el derecho en conflicto, dada su trascendencia para el ejercicio de otras garantías fundamentales, como por el respeto a la jurisprudencia de los órganos judiciales vértices de la jurisdicción en el contexto del respeto por la igualdad frente las decisiones judiciales.

Al respecto, con el propósito de evidenciar si en el presente asunto se incurrió en un defecto sustantivo o desconocimiento del precedente, es necesario señalar que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad; y, un medio para promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes Jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad que se derivará de la desobediencia al precedente.
En tal sentido y en vista de lo anterior, para resolver el cargo planteado es necesario recordar que la Corte Constitucional ha demarcado la forma en la que se puede presentar el desconocimiento de un precedente constitucional, tal como en efecto lo hace en la Sentencia T-360 de 2014 que dijo:

«[…] El precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela […]».

En este orden de ideas, es necesario indicar, de primera mano, que las inconformidades planteadas por la parte actora en el escrito inicial coinciden con los cargos manifestados en la demanda de reparación directa presentada y el recurso de apelación interpuesto, frente a lo cual debe recordarse que el mecanismo de amparo constitucional no puede ser utilizado como una tercera instancia para reabrir discusiones jurídicas ya concluidas y resueltas por el juez natural del asunto.

Sin embargo, lo anterior no es óbice para que esta Sala de decisión no efectúe algunas precisiones tendientes a aclarar las razones por las cuales se considera que en el asunto bajo estudio no se configuraron las vías de hecho endilgadas por la parte actora.

Así pues, como sustento del desconocimiento del precedente alegado, la tutelante invocó varias sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo Estado, en las cuales se estudiaron asuntos relacionados con: i) daños padecidos u ocasionados por miembros de la Fuerza Pública -lesiones o muerte- por uso de arma de dotación oficial, imputados a título de falla del servicio; ii) responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación por privación injusta de la libertad de un particular sindicado del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa y por muerte de una fiscal en atentado producto de amenazas contra su vida, la cual le fue imputada a título de falla del servicio por la omisión del deber de protección estatal; y, iii) el asunto de una funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- que sufrió estrés postraumático producto de haber sido retenida por parte de los internos de la Cárcel Judicial de Valledupar, quienes se encontraban desarrollando un motín.

En consonancia con la tesis expuesta por el a quo en el asunto bajo estudio y verificados los pronunciamientos enunciados previamente es posible concluir que aquellas no constituyen precedente en el caso sub examine, en la medida en que los supuestos fácticos y jurídicos difieren de la presente situación en particular, de tal forma la ratio contenida en las mencionadas decisiones no era aplicable en este oportunidad.

De otro lado, tampoco se advierte la configuración de un defecto fáctico por falta de valoración probatoria, en tanto la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó el acervo probatorio para concluir que tanto para la fecha en que se estructuró la invalidez de la accionante como para la fecha en que le fue “reconocida” su pensión de invalidez, ella se encontraba laborando para el ICBF, ostentando el cargo de Profesional Especializado y devengando un salario mensual básico de $1´545.793, por lo cual no había lugar a ordenar el pago de perjuicios de concepto de lucro cesante consolidado y futuro.

En este orden de ideas, contrario a lo argumentado por la tutelante, en la providencia acusada se observa que el juez de segunda instancia efectuó un estudio del caso puesto a su consideración supeditado a la normatividad y la jurisprudencia aplicables, de tal manera concluyó que no había lugar a reconocer un lucro cesante mayor al reconocido por el juez de primera instancia, en tanto aquella devengaba un salario mensual y también le fue reconocida una pensión de invalidez desde la ocurrencia del accidente, supuesto que obedece a las particularidades del asunto y la autonomía e independencia en la interpretación de la cual están investidos los jueces de la República.

De tal forma, se advierte que el juez natural del asunto efectuó la interpretación que consideró más adecuada al asunto, la cual no resulta cuestionable bajo la perspectiva constitucional, en atención a que, como se observa en el asunto de marras, la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca efectuó el estudio del asunto desde el criterio fijado por el Consejo de Estado desde el régimen de responsabilidad objetiva bajo el título de imputación del riesgo excepcional.

Corolario de lo expuesto en esta providencia, se advierte que la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en vía de hecho alguna, pues los argumentos por el expuestos como juez natural del proceso de reparación directa resultan razonables sin que se observe arbitrariedad alguna, de tal forma la providencia cuestionada, en cuanto al fondo del asunto, está debidamente sustentada, es decir cumple rigurosamente con los estándares de motivación, en tanto se seleccionaron las fuentes normativas que se consideraron aplicables al caso, acompañando el análisis de los hechos y las pretensiones a las instituciones y normas, máxime si se tiene en cuenta que la parte actora no alega en forma alguna que se hayan pretermitido instancias procesales u oportunidades que le impidieran el acceso a la administración de justicia o al debido proceso, diferente, es que no esté de acuerdo con la interpretación de los hechos y de las pruebas realizada por la autoridad judicial accionada en la providencia acusada.

En suma, las reglas de derecho aplicables al caso fueron razonadamente elegidas, esto es, el tribunal dio cuenta detallada del porqué de su decisión. No hay, entonces, falta de aplicación de los preceptos llamados a orientar la decisión, ni se incurrió en una interpretación absurda o desmesurada de los preceptos que orientan el trámite de los procesos de reparación directa o la normatividad y jurisprudencia aplicables. Ahora, es claro que la simple discrepancia de criterios entre el promotor del amparo constitucional y las razones de la providencia atacada, es insuficiente para quebrar la autonomía de que goza el juez natural para tomar las decisiones de las que este es responsable desde la perspectiva penal, patrimonial y disciplinaria.

En ese sentido y dado que el análisis del juez de la causa ordinaria tiene sustento en criterios razonables, en la valoración de las pruebas y en la jurisprudencia que consideró aplicable, no resulta procedente que el juez constitucional efectúe modificación alguna en la decisión judicial atacada, pues, se reitera, el juez natural es autónomo en sus determinaciones, aún más cuando se trata de la apreciación del material probatorio allegado al proceso.

Así las cosas, no se observa vulneración de los ius fundamentales invocados, en la medida en que no se configuraron vías de hecho por desconocimiento del precedente señalado o defecto fáctico, por lo que, en consecuencia confirmará el pronunciamiento que negó el amparo invocado por la señora Luz Edith Ardila Garzón dentro de la acción de tutela interpuesta contra la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

V. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la Sentencia de 26 de abril de 2018, proferida por la sección primera del Consejo de Estado que negó el amparo solicitado dentro de la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Edith Ardila Garzón contra la subsección A de la sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. LIBRAR las comunicaciones de que trata el artículo 30 de Decreto 2591 de 1991, para los fines ahí contemplados.

TERCERO. En acatamiento a las disposiciones del articulo 32 ibídem, dentro de los diez (10) días siguientes REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sección de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
El proceso de la referencia subió al Despacho con informe de Secretaría General de la Corporación de 20 de febrero de 2019. Folios 1 a 24.
“Pensión de invalidez contenida en la Ley 100 de 1993; Decreto Ley 1295 de 1994; Ley 1562 de 2012; y Ley 776 de 2002”. Visible de folio 65 y 66 vto. del cuaderno principal. Folios 130 y 131 vto. Folios 74 vto. Folios 90 a 100 vto. Folios 105 a 117. Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. En sentencia C-543 de 1992, proferida con ocasión del análisis de constitucionalidad de los artículos 11, 12, 25 y 40 del Decreto Ley 2591 de 1991, la Corte sostuvo, que atendiendo al querer del Constituyente, a la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y a la preservación de valores supremos como la seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, la tutela no era procedente cuando tuviera por objeto cuestionar providencias judiciales. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante decisión de 29 de enero de 1992 (AC-009) con ponencia de la Consejera Dolly Pedraza de Arenas, consideró que la acción de tutela era improcedente contra providencias judiciales, inaplicando para el efecto lo establecido en los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Esta tesis fue reiterada por la misma Sala Plena mediante sentencias de 3 de febrero de 1992 con ponencia del Consejero Luis Eduardo Jaramillo Mejía (AC-015), 14 de octubre de 1993 con ponencia del Consejero Libardo Rodríguez (AC-1247) y 29 de junio de 2004 con ponencia del Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda (AC-10203). Ver sobre el particular las sentencias T-483 de 1997, T-204 de 1998, T-766 de 1998 y SU-563 de 1999. Al respecto ver, entre otras, las siguientes Sentencias: Sección Primera, de 9 de julio de 2004, Exp. No. 2004-00308; y, Sección Segunda – Subsección A, de 27 de mayo de 2010, Exp. No. 2010-00559. Sentencia en la que se analizó la legalidad del artículo 185 de la Ley 906 de 2004. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias T-1009 de 1999, SU-1031 de 2001, SU-1184 de 2001, SU-159 de 2002, T-774 de 2004. También denominados requisitos generales de procedencia, y que son: i. Que el asunto tenga relevancia constitucional; ii. Que se hayan agotado los medios ordinarios y extraordinarios de defensa; iii. Que se cumpla con el requisito de inmediatez; iv. Que si se trata de una irregularidad procesal tenga efecto decisivo o determinante en la sentencia y afecte los derechos fundamentales; v. Que el interesado exponga los hechos que generan la vulneración o amenaza de sus derechos y que, además y de haber sido posible, hubiera alegado esta situación en el proceso; y, vi. Que no se trate de sentencias de tutela. También llamados requisitos generales de procedibilidad y que hacen referencia a la configuración de uno o varios de los siguientes defectos: i. Sustantivo o material; ii. Fáctico; iii. Orgánico; iv. Procedimental; vi. Desconocimiento del precedente; vii. Error inducido; viii. Ausencia de motivación; o, ix. Violación directa de la Constitución. Sobre la descripción de requisitos de forma y materiales ver la Sentencia T-007 de 2013. Al respecto ver lo sostenido en las Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-377 de 2009 y T-178 de 2012. También es importante resaltar que ya en la Sentencia SU-014 de 2001 la Corte consideró la necesidad de superar dicho concepto y dar paso a lo que, posteriormente, se denominó error inducido [Sentencia T-462 de 2003]. Emitida en el expediente 110010315000200901328 01. Al presentar demanda de reparación directa para que se declarara responsable patrimonial y administrativamente a las entidades demandadas e interponer recurso de apelación contra la decisión de primera instancia desfavorable a sus intereses.

En tanto la sentencia de segunda instancia atacada fue proferida el 25 de enero de 2018 y la acción de tutela se interpuso a menos de un mes después, es decir, el 19 de febrero de la misma anualidad.
a) Defecto orgánico: Que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece absolutamente de competencia. b) Defecto procedimental absoluto: Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c) Defecto fáctico: Que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d) Defecto material o sustantivo: Cuando se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e) Error inducido: Se presenta cuando el Juez fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f) Decisión sin motivación: Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones. g) Desconocimiento del precedente: Según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h) Violación directa de la Constitución: Cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, es decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. Folios 32 a 52 vto. del cuaderno de tutela. Consejo De Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Sentencia de 19 de mayo de 2010. Exp. Nº 2010-00284-00. Acción de Tutela. Actor: Dora Josefina Montoya Carmona. C/. Tribunal Administrativo del Quindío. Al respecto, ver la Sentencia C-836 de 2001. En este sentido ver las providencias C-539 y C-634 de 2011. Precedente Vertical. Concretamente, y de conformidad con lo establecido en las Sentencias T-292 de 2006, C-836 de 2001 y SU-047 de 1997, el precedente constituye la regla de decisión contenida en la ratio decidendi. En materia Contencioso Administrativa el reconocimiento del precedente como fuente importante de estabilidad y de garantía del derecho a la igualdad lo constituye el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, consagrado en el artículo 102 del nuevo C.P.A.C.A.; y, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, artículo 256 y siguientes ibídem. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad. Nro. 35906, C. P: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 3 de mayo de 2007, Rad. Nro. 25020, C. P: Ramiro Saavedra Becerra; 25 de marzo de 2015, Rad. Nro. 29718, C. P: Hernán Andrade Rincón (E); 14 de julio de 2016, Rad. Nro. 41482, C. P: Carlos Alberto Zambrano Barrera; 5 de diciembre de 2016, Rad. Nro. 37861, C. P: Stella Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 28 de septiembre de 2017, Rad. Nro. 44367, C. P: Marta Nubia Velásquez Rico; 26 de noviembre de 2015, Rad. Nro. 35167, C. P: Guillermo Sánchez Luque; 26 de agosto de 2015, Rad. Nro. 34309, C. P: Hernán Andrade Rincón (E). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2014, Rad. Nro. 31172, C. P: Olga Mélida Valle de la Hoz. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de octubre de 2017, Rad. Nro. 48406, C. P: Marta Nubia Velásquez Rico. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de abril de 2017, Rad. Nro. 40121, C. P: Marta Nubia Velásquez Rico.

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