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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10741-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-10741-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Juzgado 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia del 24 de marzo de 2022 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que NEGÓ las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Diego Mauricio López Ortiz. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-10741-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

26 de mayo de 2022

Demandante: Diego Mauricio López Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-10741-01
Demandante: DIEGO MAURICIO LÓPEZ ORTIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A”

Temas: Tutela contra providencia judicial – liquidación de perjuicios
materiales por lucro cesante – defecto fáctico y desconocimiento
del precedente

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 24 de marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, que
negó el amparo invocado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 26 de noviembre de 2021 al
buzón web de tutelas y habeas corpus en línea de la Rama Judicial, el señor Diego
Mauricio López Ortiz, mediante apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, con
el fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales “ al debido proceso y
a la igualdad”.

2. El accionante consideró vulneradas las garantías invocadas, con ocasión de
la sentencia proferida por la autoridad judicial accionada el 11 de noviembre del
2021, en el proceso de reparación directa identificado con el No. 11001-33-43-061-
2017-00210-00/01 promovido por el señor Diego Mauricio López Ortiz y otros1,
contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante la cual se

1 Los demandantes al interior del proceso fueron los señores Diego Mauricio López Ortiz, Rubén

López Jara en nombre propio y en representación de los menores Valery Juliana y Hanner Jecsell
López Medina; Gladys Ortiz Rojas en nombre propio y en representación del menor Johan Sebastián
Martínez Ortiz; Celia Rojas Vargas y Marco Tulio Ortiz.

1
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Demandante: Diego Mauricio López Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

revocó el fallo del 13 de julio de 2020, proferido por el Juzgado 61 Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá y, en su lugar: i) declaró administrativa y
extracontractualmente responsable a la demandada; ii) condenó a la entidad al pago
de perjuicios morales y iii) negó el reconocimiento y pago de perjuicios materiales
en la modalidad de lucro cesante al tutelante.

1.2. Pretensión

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó la protección de sus garantías
fundamentales y, en consecuencia, pidió:

“(…) se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera
Subsección A, proferir una sentencia complementaria donde se disponga
reconocer y liquidar el perjuicio material por lucro cesante en favor del señor
Diego Mauricio López Ortiz teniendo en cuenta el porcentaje de incapacidad
laboral (93.69%), el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, el salario que devengaba
en el Ejército Nacional como soldado profesional debidamente actualizado, más
un 25 % por concepto de prestaciones sociales, la expectativa de vida según
las tablas expedidas por la Superfinanciera para los hombres en Colombia y
además, aplicar los parámetros establecidos por la Sala Plena de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación respecto de la
ecuación financiera para calcular la indemnización debida.”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 14 de junio de 2015, el señor López Ortiz fue víctima de un artefacto
explosivo improvisado (mina AEI) mientras realizaba operaciones militares de
registro y control de área en la jurisdicción del municipio de Solano (Caquetá), en
calidad de soldado profesional.

5. Como consecuencia de la explosión, el accionante sufrió graves lesiones en
la extremidad inferior izquierda con pérdida anatómica, heridas múltiples por
esquirlas y trauma acústico valorado y tratado por los servicios de ortopedia,
fisiatría, otorrinolaringología, trauma, cirugía plástica, psiquiatría y salud
ocupacional. Lo anterior, le dejó las siguientes secuelas:

“a) amputación traumática bk en miembro inferior izquierdo b) hipoacusia
neurosensorial izquierda 27 decibeles c) depresión reactiva d) cicatriz en
economía corporal con moderado defecto estético con limitación funcional e)
tinnitus bilateral, así como una incapacidad laboral equivalente al noventa del
noventa y tres punto sesenta y nueve por ciento (93.69 %)”2

2 Conforme con el acta de la junta médica laboral número 99840 del 12 de febrero de 2018, que

realizó la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional.

2
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Demandante: Diego Mauricio López Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
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6. El accionante, junto con su núcleo familiar, interpuso demanda de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional con el fin de
que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la entidad por los
perjuicios generados por las lesiones y pérdida de la capacidad laboral sufrida como
consecuencia de la explosión en la que resultó herido.

7. Mediante sentencia del 13 de julio de 2020, el Juzgado 61 Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones del medio de control, pues
consideró que el pelotón al cual pertenecía el señor López Ortiz contaba con un
grupo EXDE3 el cual realizó su labor en debida forma el día antes del suceso, a
pesar de que no fue comprensible la razón por la cual el artefacto no fue desactivado
oportunamente.

8. Sumado a ello, el a quo señaló que el demandante estaba en desarrollo de
sus funciones, lo que implicaba el riesgo propio del servicio que deben afrontar
quienes asumen voluntariamente el compromiso de pertenecer al Ejército Nacional
y, porque, en todo caso, conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no
había lugar a afirmar que existió un incumplimiento de la Convención de Ottawa.

9. Inconforme con ello, la parte actora interpuso recurso de apelación y,
mediante providencia del 11 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” revocó el fallo de primera
instancia y, en su lugar, i) declaró administrativa y extracontractualmente
responsable a la demandada; ii) condenó a la entidad al pago de perjuicios morales
y iii) negó el reconocimiento y pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante al tutelante.

10. En relación con la negación del reconocimiento y pago de los perjuicios
materiales, la autoridad judicial accionada consideró que en el trámite se había
acreditado que, en sede administrativa, al señor López Ortiz se le había pagado una
indemnización por disminución de su capacidad laboral mediante Resolución
258242 del 27 de noviembre de 2018.

11. Por tanto, sostuvo el Tribunal que no era procedente que en sede judicial, a
título de responsabilidad extracontractual del Estado, solicitara el lucro cesante con
fundamento en los mismos aspectos que fueron tenidos en cuenta en sede
administrativa para conceder la indemnización por disminución de la capacidad
laboral, en cuanto el accionante: (i) no acreditó con ningún medio de prueba el lucro
cesante derivado de la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado;
(ii) ni demostró, que la magnitud del lucro cesante fuera mayor al otorgado mediante
indemnización a forfait, razón por la cual, no había lugar a reconocer el perjuicio
pretendido.

3 Abreviatura para los equipos de “explosivos y desminado” de la Fuerza Pública.

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Demandante: Diego Mauricio López Ortiz
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1.4. Sustento de la vulneración

12. La parte actora sostuvo que la autoridad demandada, al negar el
reconocimiento y pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante al
tutelante, incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

13. En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que, contrario a lo concluido por el
Tribunal, la parte actora sí acreditó la existencia de un daño material por lucro
cesante, pues al expediente se incorporó el acta de junta laboral No. 99840 del 12
de febrero de 2018 que daba cuenta del diagnóstico del señor López Ortiz y de la
pérdida de su capacidad laboral en un 93,69%.

14. Al respecto, agregó que la autoridad judicial demandada no explicó los
motivos por los cuales no se valoró dicho documento como prueba de la incapacidad
laboral y el lucro cesante padecido.

15. Arguyó que en la sentencia cuestionada se omitió valorar que el accionante,
al momento del siniestro, era una persona mayor de edad y económicamente
productiva, debido a que trabajaba como soldado profesional en el Ejército Nacional.

16. En relación con el defecto por desconocimiento del precedente, indicó que
en cuanto al lucro cesante, lo que se indemniza no son las meras expectativas y las
posibilidades de recuperación de una persona, sino un daño cierto, real y
cuantificable a partir del porcentaje de la pérdida o disminución de la fuerza tal como
sucedió en el asunto estudiado.

17. En este sentido, añadió que la indemnización por concepto de lucro cesante
no constituye sanción alguna, ya que su vocación es el restablecimiento del
equilibrio económico derivado del daño antijurídico producido e imputado al
responsable, cuya causación se cuantifica desde la fecha de los hechos.

18. Con fundamento en lo anterior, señaló que se acreditaron todos los
elementos exigidos por el precedente jurisprudencial para que procediera el
reconocimiento de la indemnización por lucro cesante, como son: i) la prueba del
porcentaje de incapacidad laboral de la víctima; ii) que esta se encuentre en edad
productiva, esto es, que acredite tener 18 años y, iii) anexar el certificado de los
ingresos mensuales o que, en su defecto, se reconozca el SMLMV.

19. En este orden de ideas, indicó que se había desconocido el precedente
judicial relativo a la compatibilidad entre la indemnización a forfait y el lucro cesante
y que, por tanto, la autoridad accionada incurrió en una contradicción al considerar
que dicha modalidad del perjuicio material padecido ya se había resarcido en sede
administrativa por el Ejército Nacional con el pago de las prestaciones sociales y la
pensión de invalidez otorgada a la víctima.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

20. De tal forma, citó algunos apartados textuales de las siguientes sentencias,
relacionados con la compatibilidad que existe entre el pago de las prestaciones
sociales a las que tienen derecho los miembros de la fuerza pública (indemnización
a forfait) y la indemnización plena derivada de la declaratoria de responsabilidad del
Estado en sede contenciosa administrativa:

• Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
“C”, sentencia del 29 de agosto de 2017, radicado No.
1100133360037201400392-01
• Consejo de Estado – Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 28 de
agosto de 2014, radicado No. 50001-23-15-000-1999-00326-01. M.P. Olga
Mélida Valle De La Hoz.
• Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia de tutela del 23 de julio de
2021, radicado No. 11001-03-15-000-2021-01950-00. M.P. Hernando
Sánchez Sánchez.
• Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”, sentencia de tutela
del 7 de diciembre de 2020, radicado No. 11001-03-15-000-2020-04407-00.
M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
• Consejo de Estado – Sección Primera, sentencia de tutela del 28 de
noviembre de 2019, radicado No. 11001-03-15-000-2019-04609. M.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
• Consejo de Estado – Sección Quinta, sentencia de tutela del 14 de junio de
2018, radicado No. 11001-03-15-000-2018-01318-00. M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez Bermúdez.
• Consejo de Estado – Sección Tercera4, sentencia del 13 de mayo de 2015,
radicado No. 66001-23-31-000-2007-00058-00. M.P. Carlos Alberto
Zambrano Barrera.
• Consejo de Estado – Sección Tercera5, sentencia del 28 de abril de 2010,
radicado No. 18.111.
• Consejo de Estado – Sección Tercera6, sentencia del 18 de “mayo marzo
(sic)”, radicado No. 76001-23-31-000-1994-00069-01 (14338).
• Consejo de Estado – Sección Tercera7, sentencia del 28 de febrero de 2013,
radicado No. 25000 23 16 000 2001 – 00158 – 01 (27152).
• Consejo de Estado – Sección Tercera8, radicado No.
2700123331000199900912-01 (31.841).

4 Sin especificar si es de la Sala Plena de la Sección o de alguna Subsección.
5 Sin especificar si es de la Sala Plena de la Sección o de alguna Subsección ni magistrado ponente.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Sin especificar si es de la Sala Plena de la Sección o de alguna Subsección, magistrado ponente

ni fecha.

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Demandante: Diego Mauricio López Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

• Consejo de Estado – Sección Tercera9, sentencia del 20 de febrero de 2008,
radicado No. 15.595.
• Consejo de Estado – Sección Tercera10, sentencia del 22 de marzo de 2007,
radicado No. 16.051.
• Consejo de Estado – Sección Tercera11, sentencia del 22 de abril de 2009,
radicado No. 16.745.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

21. A través de auto del 10 de diciembre de 2021, el magistrado ponente de la
Sección cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó la notificación de la
parte accionante, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección “A”, y vinculó como terceros con interés legítimo al Juzgado 61
Administrativo de Bogotá, a la Nación –Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional de Colombia y a los señores Rubén López Jara en nombre propio y en
representación de los menores Valery Juliana y Hanner Jecsell López Medina,
Gladys Ortiz Rojas en nombre propio y en representación del menor Johan
Sebastián Martínez Ortiz, Celia Rojas Vargas y Marco Tulio Ortiz.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”

22. Por medio de escrito enviado el 15 de diciembre de 2021 al correo electrónico
de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente de la
decisión cuestionada se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción constitucional o, en su defecto, que se
nieguen las pretensiones.

23. Argumentó que el accionante pretende que el mecanismo sea una tercera
instancia del proceso ordinario, ya que en el escrito de la tutela no se fundamentó
la vulneración de los derechos invocados y, por el contrario, se orientó a controvertir
los argumentos expuestos en la sentencia cuestionada.

24. Señaló que no se evidenció la configuración de un perjuicio irremediable que
justifique la intervención del juez constitucional y añadió que el asunto carece de

9 Sin especificar si es de la Sala Plena de la Sección o de alguna Subsección ni magistrado ponente.
10 Ibidem.
11 Ibidem.

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Subsección “A”
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relevancia constitucional, pues los argumentos del demandante no estuvieron
dirigidos a evidenciar una vulneración de derechos fundamentales.

25. Sostuvo que, frente al reconocimiento material en la modalidad de lucro
cesante no existe una posición unificada del Consejo de Estado sobre el valor
probatorio del acta de junta médica laboral, motivo por el cual no se incurrió en
desconocimiento del precedente.

26. Indicó que no se desconoció dicho documento en el pronunciamiento sobre
los perjuicios materiales y, por el contrario, se analizó y se tuvo en cuenta para
concluir que: i) no se allegó ninguna prueba que acreditara el lucro cesante derivado
de la responsabilidad extracontractual del Estado y ii) tampoco demostró, que la
magnitud del perjuicio material alegado fuera mayor al otorgado mediante
indemnización a forfait.

27. Afirmó que en la providencia censurada se hizo énfasis en que se aceptaba
la compatibilidad entre la indemnización a forfait y la derivada de responsabilidad
extracontractual y al respecto, citó el siguiente apartado textual de la misma:

Al respecto, se precisa que, la tendencia jurisprudencial, que comparte esta
Sala, es aceptar la compatibilidad de la indemnización a forfait y la derivada de
responsabilidad extracontractual. La razón, es que las prestaciones sociales
que se pueden llegar a reconocer, tienen como fuente, la relación jurídico -
laboral del demandante con la Administración Pública; en tanto, la
indemnización reconocida en trámite de un proceso declarativo, tiene como
fuente la responsabilidad de la Entidad que se demanda.

28. Agregó que, frente a cómo se debía interpretar dicha compatibilidad, se indicó
en la providencia cuestionada lo siguiente:

“Quiere significarse que, independientemente que en sede administrativa se
hubieran reconocido los derechos de orden laboral (como lo sería la asignación
de retiro - una compensación monetaria-, pensión de invalidez, etc), el afectado
directo puede acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, pretendiendo
igualmente la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado y los
respectivos perjuicios derivados de la misma. En este orden de ideas, el hecho
de ser compatibles la indemnización a forfait y la declaratoria de responsabilidad
extracontractual del Estado, no significa que se deba reconocer
automáticamente la indemnización pretendida en sede judicial, por cuanto dicha
compatibilidad conlleva a que se asuman determinadas cargas procesales, en
el sentido de demostrar los perjuicios reclamados en sede judicial.”

29. Frente al análisis del lucro cesante en el caso en concreto, advirtió que estaba
demostrado que al señor López Ortiz se le había reconocido y pagado, en sede
administrativa, una indemnización por disminución de su capacidad laboral
mediante la Resolución 258242 del 27 de noviembre de 2018.

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Subsección “A”
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30. Por tal motivo, adujo que, contrario a lo argüido por el accionante, en la
controversia en cuestión no se le negó el reconocimiento por perjuicio material
porque el daño ya había sido indemnizado en sede administrativa, sino por el
incumplimiento de las cargas procesales de la parte actora. En relación con ello, citó
el siguiente apartado de la sentencia objeto de tutela:

“Quiere significarse que, no es de recibo que, en sede judicial a título de
responsabilidad extracontractual del Estado, se solicite el lucro cesante, con
fundamento en los mismos aspectos que fueron tenidos en cuenta en sede
administrativa para conceder la indemnización a favor del señor DIEGO
MAURICIO LÓPEZ ORTIZ, por disminución de su capacidad laboral.

En el caso en concreto, encuentra la Sala que, en sede de reparación directa,
la parte actora, desde el punto de vista de sus cargas procesales probatorias:
(i) no acreditó con ningún medio de prueba el lucro cesante derivado de la
declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado; (ii) tampoco
demostró, que la magnitud del lucro cesante fuera mayor al otorgado mediante
indemnización a forfait, razón por la cual, no hay lugar a reconocer el perjuicio
pretendido.

En conclusión, la parte actora solicitó el reconocimiento por perjuicio material
como consecuencia de sus graves lesiones y la pérdida de la capacidad laboral,
sin embargo, no es de recibo que a título de una mala interpretación de la
compatibilidad entre la indemnización a forfait con la derivada de la
responsabilidad extracontractual del Estado, concretamente en materia de
perjuicios materiales, el demandante en sede judicial, no asuma la carga
procesal para reclamar aspectos que fueron reconocidos en sede
administrativa.”

31. Por último, expuso que el hecho de no reconocer un perjuicio material en
sede judicial no conlleva a un desconocimiento del precedente jurisprudencial del
Consejo de Estado.

1.6.2. Juzgado 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

32. A través de mensaje de datos remitido el 16 de diciembre de 2021, el titular
del despacho judicial solicitó la desvinculación del presente trámite.

33. Manifestó que el reproche de la acción de tutela recayó sobre la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A” y no sobre lo decidido en primera instancia y que en aquella
providencia se encontró que no era viable acceder a todo lo solicitado en la
demanda.

34. Arguyó que los hechos y pretensiones de la demanda están dirigidos a las
presuntas vías de hecho de la sentencia de segunda instancia y, por tanto, la
vulneración de derechos alegada no se relaciona con el actuar de esta autoridad
judicial, por lo que carece de legitimación en la causa por pasiva.

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Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

35. A pesar de haber sido debidamente notificados, la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional de Colombia y los señores Rubén López
Jara, Valery Juliana y Hanner Jecsell López Medina, Gladys Ortiz Rojas, Johan
Sebastián Martínez Ortiz, Celia Rojas Vargas y Marco Tulio Ortiz guardaron
silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

36. Por medio de sentencia proferida el 24 de marzo de 2022, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela al considerar
que la autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados por el
demandante.

37. En relación con el desconocimiento del precedente, señaló que la parte
actora arguyó que se había desconocido el criterio jurisprudencial del Consejo de
Estado con respecto al cual la indemnización a forfait y el resarcimiento pleno por
daño antijurídico no son excluyentes entre sí:

“porque la primera tiene una causa legal -relación laboral-, lo cual implica que
debe pagarse de manera independiente a que la responsabilidad de la
administración se halle o no comprometida por la ocurrencia de los hechos, en
tanto, la segunda tiene origen en la responsabilidad misma, proveniente del
daño antijurídico que no está obligado a soportar el administrado”

38. Al respecto, advirtió que no estudiaría el defecto alegado pues, en dicho
punto en específico, “no existe precedente de unificación, ni postura unificada al interior
de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, al punto que, existen
posturas contrarias al interior de las mismas Subsecciones”. De esta forma, nombró
algunas de las sentencias de las distintas subsecciones de la Sección Tercera de
esta Corporación en las que se habían desarrollado criterios contrapuestos sobre el
tema analizado.

39. Adujo que, a su vez, por medio de otras providencias dicho órgano de cierre
en la materia ha considerado que no son procedentes ambos reconocimientos
porque se configuraría una doble erogación en cabeza del Estado y, por tanto, un
enriquecimiento sin justa causa a favor del demandante.

40. Puso de presente que, en los casos en los que se advierte “la existencia de
precedentes judiciales contrarios, emanados de una misma corporación (o sección)”, los
operadores judiciales pueden elegir entre aplicar cualquiera de las tesis vigentes en
los casos que conocen, en virtud de su autonomía e independencia.

41. Argumentó que el papel del juez constitucional en estos casos es restringido,
“al punto que solo puede interferir cuando advierta que existe una interpretación
abiertamente irracional o caprichosa”. Agregó que las demás providencias citadas por

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Demandante: Diego Mauricio López Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

la parte actora son sentencias de tutela de las Secciones Primera, Segunda y
Quinta.

42. Indicó que, si bien, en otras oportunidades dicha Sección había accedido al
amparo en casos similares, lo cierto era que debido a que no existe una tesis
unificada al interior de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no era posible
advertir la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.

43. Con respecto al defecto fáctico alegado, expuso que la demandada precisó
que, si bien la indemnización a forfait era compatible con la derivada de la
responsabilidad extracontractual, el accionante no había acreditado el lucro cesante
causado por la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado ni
demostró que la magnitud de tal perjuicio material fuera mayor al otorgado mediante
aquel resarcimiento, razón por la cual se concluyó que no había lugar a reconocer
el daño pretendido.

44. Afirmó que el Tribunal no desconoció el acta de la junta médica laboral ni los
reconocimientos económicos que percibía al interior del Ejército pues, lo cierto era
que en el estudio del reconocimiento del lucro cesante, se determinó que en sede
administrativa se pagó al accionante una indemnización con ocasión a la
disminución de su capacidad laboral, por medio de la Resolución 258242 del 27 de
noviembre de 2018.

45. Aunado a ello, añadió que la entidad demandada en el proceso de reparación
directa tuvo en cuenta el porcentaje de pérdida de capacidad laboral dictaminado
en el documento que el señor López Ortiz alegó como desconocido, así como el
salario básico que percibía y la prima de antigüedad. Por tanto, agregó que, con
fundamento en ello, para la autoridad judicial accionada no fue posible solicitar el
reconocimiento del daño material por lucro cesante con base en los mismos
aspectos que fueron tenidos en cuenta en el procedimiento administrativo, por lo
que consideró que la indemnización a forfait había satisfecho las pretensiones de la
parte actora.

46. En este orden de ideas, consideró que con base en la valoración de los
documentos allegados al proceso ordinario, la ley y la jurisprudencia aplicable al
asunto estudiado, el Tribunal concluyó que no se acreditó el lucro cesante derivado
de la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado, sin que ello pueda
considerarse como una vulneración a los derechos fundamentales del tutelante.

47. En tal sentido, encontró que la decisión cuestionada fue debidamente
motivada, sustentada y además resultó razonable y ajustada a Derecho de
conformidad con las circunstancias específicas del asunto estudiado.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

1.8. Impugnación

48. A través de correo electrónico enviado el 8 de abril de 2022 al buzón web de
la Secretaría General del Consejo de Estado, la parte actora impugnó la sentencia
proferida el 24 de marzo de 2022, notificada el 6 de abril del mismo año y solicitó
que se revocara para que, en su lugar, se acceda al amparo de sus derechos.

49. Expuso de forma detallada las generalidades del defecto por
desconocimiento del precedente de acuerdo con la jurisprudencia constitucional y
del Consejo de Estado y señaló que no comparte las consideraciones del a quo
constitucional.

50. Lo anterior, pues, desde la sentencia del 28 de agosto de 201412, la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó tanto “lo relacionado con
la reparación de los perjuicios inmateriales para personas lesionadas y su núcleo familiar
(daño moral y a la salud)”, como lo concerniente a la compatibilidad que existe en la
indemnización a forfait y el resarcimiento pleno por daño antijurídico al considerar
que no son excluyentes entre sí, dado que la primera tiene una causa legal en la
relación laboral, por lo que debe pagarse independientemente de la responsabilidad
en la que incurra el Estado por un hecho dañoso que no debe soportar el
administrado.

51. Puso de presente que, en dicha providencia, se estudió el caso de un soldado
profesional que perdió el 100% de su capacidad física y laboral, a quien se le había
negado el reconocimiento de una indemnización por lucro cesante bajo el
argumento de que tal daño ya había sido cubierto con el pago de la indemnización
a forfait otorgado por la entidad demandada mediante el reconocimiento de una
pensión de invalidez.

52. Agregó que en dicha oportunidad, el Consejo de Estado “se inclinó por la tesis
de la compatibilidad entre ambos reconocimientos económicos” y trajo a colación la
siguiente cita textual de la sentencia:

“Ahora bien, uno de los principales motivos de apelación del demandante,
consiste en la negativa a conceder los perjuicios materiales a la víctima,
argumentando que ellos fueron cubiertos con la pensión de invalidez otorgada
al soldado Cuellar Penagos.

Al respecto vale la pena precisar que según la jurisprudencia de esta
Corporación, el reconocimiento de la pensión de invalidez, concedido a los
militares bajo el régimen de indemnización preestablecida denominada a forfait,

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia

del 28.08.14., M.P. Olga Mélida Valle De La Hoz. Expediente 50001-23-15-000-1999-00326-01
(31.172)

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no se excluye con el otorgamiento de una indemnización por daño, teniendo en
cuenta que la fuente de las mismas es diferente.

En efecto, de acuerdo con la estructura de la responsabilidad en nuestro
ordenamiento jurídico, y al tenor de lo dispuesto en las normas del Código
Contencioso Administrativo, se debe procurar la reparación integral del daño,
sin perjuicio de que en algunas ocasiones la víctima reciba compensaciones de
varias fuentes y sea mejorada en su situación patrimonial, pero para que ello
ocurra es necesario que la causa o título que justifica tal mejoría tenga su origen
en una causa diferente a la indemnización concedida en el proceso de
responsabilidad.

“De esta manera, procede el reconocimiento de los perjuicios materiales en su
modalidad de lucro cesante, para lo cual se tomará como base, la totalidad del
salario certificado por la entidad, teniendo en cuenta que la incapacidad
dictaminada es del 100% y se le sumará el 25% correspondiente a las
prestaciones sociales, para un total de $478.720, suma que debe ser
actualizada con la siguiente fórmula”

53. Argumentó que la sentencia impugnada no confrontó dicho precedente de
unificación con la situación fáctica estudiada ni tampoco le otorgó relevancia “a los
múltiples fallos de tutela proferidos por las diversas Secciones del Consejo de Estado en
relación con el tema de la compatibilidad entre la indemnización a forfait y la indemnización
por lucro cesante en vía judicial”, los cuales referenció en el escrito de amparo. A su
vez, indicó que son múltiples los fallos13 de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en los que “ha reiterado de forma mayoritaria que los miembros de la fuerza
pública si tienen derecho al reconocimiento del lucro cesante por vía judicial en aplicación
del artículo 90 de la CN”.

54. Insistió en que la accionada “incurrió en una contradicción evidente”, pues a
pesar de que reconoció la compatibilidad existente entre la indemnización a forfait
y la indemnización por lucro cesante en sede judicial, “finalmente condicionó esa
compatibilidad a que el actor demostrara un lucro cesante mayor al valor económico
reconocido como prestaciones sociales (a forfait) exigencia que no corresponde con lo
señalado en la sentencia de unificación”.

55. De igual forma, desarrolló extensamente las generalidades del defecto fáctico
y argumentó que:

“si se hubiesen aplicado los precedentes jurisprudenciales y en especial la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 el Tribunal accionado habría
entendido que el acta de junta médica laboral es la prueba idónea para acreditar
la existencia del lucro cesante de la persona lesionada y que dicho
reconocimiento, esto es, el lucro cesante, es perfectamente compatible con el
pago de las prestaciones sociales (indemnización a forfait)”

13Al respecto, el accionante citó extensamente sentencias de la Sección Tercera de esta
Corporación que no fueron referenciadas en el escrito de tutela.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

56. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 24 de marzo de 2022, dictada por el Consejo
de Estado – Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo
80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

57. El Juzgado 61 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá solicitó su
desvinculación del trámite constitucional, por considerar que la presunta vulneración
de derechos no devino de alguna actuación u omisión suya; no obstante, se advierte
que dicha petición será negada debido a que su vinculación se hizo como tercero
con interés legítimo y no como parte demandada.

58. Por otra parte, la Sala advierte que centrará su estudio en el defecto por
desconocimiento del precedente alegado pues, si bien el accionante manifestó en
su escrito de impugnación que la demandada incurrió en defecto fáctico, lo cierto es
que su argumentación estuvo dirigida en exponer los motivos por los cuales
consideró que se desatendió el criterio jurisprudencial establecido por la Sección
Tercera del Consejo de Estado en relación con la compatibilidad existente entre la
indemnización a forfait y el resarcimiento por los perjuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante.

2.3. Problema jurídico

59. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 24 de marzo de 2022, por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado, para lo cual se
deberán resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?

60. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema

● ¿Vulneró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A” los derechos fundamentales accionados, por presuntamente
incurrir en desconocimiento del precedente al proferir la sentencia del 11 de
noviembre de 2021 mediante la cual revocó el fallo de primera instancia y, en

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su lugar, i) declaró administrativa y extracontractualmente responsable a la
demandada; ii) condenó a la entidad al pago de perjuicios morales y iii) negó
el reconocimiento y pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante al tutelante?

61. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad
adjetiva; iii) generalidades de los defectos alegados; iv) análisis del caso en
concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

62. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
14
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 15 y declaró su
procedencia.16

63. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

64. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

65. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,

14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

66. La Sala encuentra que este requisito se encuentra cumplido en el caso en
concreto, por cuanto, al revisar el escrito de tutela en relación con los supuestos
fácticos de la demanda, las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se
advierte que la controversia propuesta por la parte actora es de naturaleza
constitucional al solicitar la protección de sus derechos fundamentales “al debido
proceso y a la igualdad”.

67. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, el accionante cumple con el
requisito de evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo
esencial de los derechos fundamentales alegados, mediante la exposición de los
motivos por los que consideran que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A” incurrió en desconocimiento del precedente.

68. En efecto, este requisito mínimo implica que la parte accionante, con
suficiencia en la parte motiva de la demanda interpuesta, evidencie la tensión que,
de acuerdo con su criterio jurídico, existe entre los derechos fundamentales
invocados y el fallo proferido por la autoridad judicial.

69. Dicha pericia argumentativa en la exposición del criterio de los demandantes
con respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus
derechos fundamentales, es lo que permite la superación de este requisito y
evidencia que la controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo
anterior, porque se evidencia que se cumple con la carga mínima de argumentación,
que permite comprender con suficiente claridad y de manera precisa el debate
constitucional en torno a la vulneración de las garantías fundamentales invocadas.
Esto, con independencia de si se comparte o no los motivos por los que considera
el accionante se vulneraron sus derechos fundamentales.

2.5.2. Tutela contra tutela

70. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela
contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue
proferida en segunda instancia del proceso de reparación directa con radicado No.
11001-33-43-061-2017-00210-00/01.

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2.5.3. Inmediatez

71. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún
reproche, en vista de que la providencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” fue proferida el 11 de noviembre
de 2021. Dado que el accionante interpuso la acción constitucional el 26 del mismo
mes y año, la Sala considera que se presentó dentro de un término razonable para
el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

72. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201417,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200518, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

2.5.4. Subsidiariedad

En relación con los argumentos expuestos en el escrito de la demanda, se acredita
que la parte tutelante no dispone de otros medios de defensa judicial ordinarios ni
extraordinarios para cuestionar la providencia dictada en segunda instancia, por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, toda
vez que ninguna de las razones presentadas se puede adecuar a las causales de
procedencia de los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.

2.6. Generalidades del defecto alegado

2.6.1. Desconocimiento del precedente

73. Para esta Sala19, el precedente es aquella regla de derecho creada por una
alta corte y órgano de cierre de la jurisdicción correspondiente para solucionar

17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
19 Frente a este aspecto puede revisarse, entre otras, la sentencia del 27 de junio de 2019, radicación

11001-03-15-000-2018-03784-01, con ponencia del Dr. Carlos Enrique Moreno Rubio y la
providencia del 27 de noviembre de 2019, radicación 11001-03-15-000-201904312-00 con ponencia
de la magistrada Rocío Araújo Oñate.

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un determinado conflicto, sin que sea necesario un número plural de decisiones en
el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como tal. Esta decisión es
vinculante para los demás operadores del sistema jurídico, porque, se reitera, se
crea una regla aplicable en los demás asuntos que se basen en los mismos
supuestos de hecho.

74. Lo anterior tiene lugar en ejercicio de la actividad creadora de derecho que
ejercen los jueces de las altas Cortes y los órganos de cierre de cada jurisdicción,
ya sea para definir la interpretación de la norma aplicable o la forma en que debe
dársele la mejor solución jurídica a los asuntos en estudio, en caso de vacíos
normativos, siempre a la luz de los preceptos constitucionales.

75. Por tanto, dicha labor busca brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios
y operadores judiciales y constituye una actividad de creación de derecho, al definir
directrices que permiten resolver una controversia bajo la primacía de la
Constitución.

76. Sin embargo, resulta necesario advertir que no todas las decisiones judiciales
que profieren las Altas Cortes generan una regla o subregla, pues aquellas
corresponden más al resultado de la aplicación al caso en concreto de la norma
cuyos presupuestos fácticos se subsumen al caso, sin que exista necesariamente
una actividad creadora del juez como tal20.

77. De allí que esta Sección ha considerado que la parte que invoca el
desconocimiento de un precedente judicial debe cumplir con la carga mínima de
identificar en su proceder argumentativo: i) la decisión que considera desatendida;
ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la
jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

2.7. Caso concreto

78. El accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A” vulneró los derechos fundamentales invocados
mediante sentencia del 11 de noviembre de 2021 que revocó la providencia del 13
de julio de 2020 proferida por el Juzgado 61 Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Bogotá y, en su lugar, i) declaró administrativa y extracontractualmente
responsable a la demandada; ii) condenó a la entidad al pago de perjuicios morales
y iii) negó el reconocimiento y pago de perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante al tutelante.

20 Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.

11001-03-15-000-2013-02690-01.

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79. La parte actora alegó que la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente en relación con la compatibilidad existente entre
la indemnización a forfait y el reconocimiento de los prejuicios materiales en la
modalidad de lucro cesante. En tal sentido, el accionante señaló que el Tribunal
desatendió, principalmente, lo dispuesto en la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 201421 proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.

80. En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A”, en lo relacionado con el estudio sobre el
reconocimiento del prejuicio material alegado por el demandante, planteó los
siguientes problemas jurídicos: i) la compatibilidad de la indemnización a forfait con
la derivada de la responsabilidad extracontractual del Estado, ii) la interpretación de
dicho concepto, iii) el perjuicio solicitado en el caso en concreto y iv) si el hecho de
no reconocer el perjuicio material en sede judicial, conlleva a un desconocimiento
del precedente jurisprudencial.

81. En primer lugar, precisó que la tendencia jurisprudencial compartida por la
Sala cuestionada fue aceptar la compatibilidad de la indemnización a forfait y la
derivada de la responsabilidad extracontractual, pues las prestaciones que se
pueden llegar a reconocer tienen como fuente la relación jurídico – laboral del
demandante con la administración – por lo que no se estudia la conducta de la
entidad –, mientras que la indemnización reconocida en un proceso de reparación
directa tiene como fuente la responsabilidad extracontractual del Estado.

82. No obstante, en cuanto a la forma como se debe interpretar dicha
compatibilidad, expuso que el soldado profesional o miembro de las Fuerzas
Armadas a quien se le hubiere reconocido la indemnización a forfait está facultado
para acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para solicitar: i) la
declaratoria de responsabilidad del ente estatal demandado, siempre que acredite
los elementos que la configuran y ii) la respectiva indemnización de perjuicios que
considere pertinentes, asumiendo las respectivas cargas procesales y probatorias.

83. En consonancia con ello, señaló que el hecho de que la indemnización como
consecuencia de la relación laboral con la entidad y la declaratoria de
responsabilidad extracontractual sean compatibles, no implica que se deba
reconocer automáticamente la indemnización pretendida mediante la reparación
directa, pues “dicha compatibilidad conlleva a que se asuman determinadas cargas
procesales, en el sentido de demostrar los perjuicios reclamados en sede judicial”
(negrillas originales del texto).

21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena. Sentencia

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Subsección “A”
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84. En relación con el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante
pretendido por el señor López Ortiz, consideró que el demandante cuenta con la
carga de probar su configuración, pues no existe ninguna presunción a diferencia
del daño moral. En tal sentido, señaló que la parte actora no podía pretender que,
en sede judicial a título de responsabilidad extracontractual del Estado, se solicitara
el reconocimiento del lucro cesante con fundamento en los mismos aspectos que
fueron tenidos en cuenta en sede administrativa para conceder la indemnización por
disminución de su capacidad laboral.

85. Lo anterior, puesto que no se acreditó “con ningún medio de prueba el lucro
cesante derivado de la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado” ni
“tampoco demostró, que la magnitud del lucro cesante fuera mayor al otorgado mediante
indemnización a forfait, razón por la cual, no hay lugar a reconocer el perjuicio pretendido”.
Por tanto, concluyó al respecto que:

“no es de recibo que a título de una mala interpretación de la compatibilidad
entre la indemnización a forfait con la derivada de la responsabilidad
extracontractual del Estado, concretamente en materia de perjuicios materiales,
el demandante en sede judicial, no asuma la carga procesal para reclamar
aspectos que fueron reconocidos en sede administrativa”

86. Para sustentar su decisión, citó algunas sentencias de la Sección Tercera –
Subsección “A” del Consejo de Estado22 de acuerdo con las cuales la causa del
reconocimiento de una pensión de invalidez por la disminución en la capacidad
laboral, en situaciones análogas a las del señor López Ortiz, es la misma por la que
procedería el reconocimiento del lucro cesante, por lo que acceder a dicha
pretensión implicaría una doble erogación a cargo del Estado y un enriquecimiento
sin causa en cabeza de la parte actora, pues los ingresos que dejaron y dejarán de
ingresar a su patrimonio se encuentran cubiertos por tal mesada pensional.

87. A su vez, motivó su decisión en algunas sentencias de tutela de la Sección
Segunda – Subsección “B”23 de esta Corporación en las que se sostuvo que el
reconocimiento de la compatibilidad entre ambas indemnizaciones, no implicaba el
reconocimiento automático del lucro cesante en situaciones en las que la parte
demandante, dentro de un proceso de reparación directa, no hubiera aportado el

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “A”.

Sentencia del 10.09.98. Rad: 10537. M.P. Ricardo Hoyos Duque; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “A”. Sentencia del 16.09.15. Rad: 19001-
23-31-000-2001-00427-01(31709). M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “A”. Sentencia del 28.08.19. Rad:
41001-23-31-000-2005-00883-01(51162) M.P. Martha Nubia Velázquez Rico.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”.

Sentencia del 19.03.19. Rad: 11001-03-15-000-2018-00512-01(AC). M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección
“B”. Sentencia del 19.09.19. Rad: 11001-03-15-000-2019-03763-00(AC). M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez

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Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

sustento probatorio necesario para acreditar que sufrió una afectación de tal
magnitud que requiriera una compensación más allá de lo percibido mediante la
indemnización recibida en sede administrativa.

88. Por tanto, el Tribunal concluyó lo siguiente:

“(i) se parte por aceptar la compatibilidad entre la indemnización a forfait y la
facultad de demandar, pretendiendo la responsabilidad extracontractual del
Estado; (ii) en sede judicial, las partes deben asumir su carga procesal
probatoria en materia de perjuicios y concretamente lo relacionado con el lucro
cesante; (iii) teniendo en cuenta que la indemnización a forfait responde al
cumplimiento de la normatividad que regula la relación laboral, en sede judicial
deben probarse los perjuicios derivados no de dicha relación, sino de la
responsabilidad extracontractual imputada a la Entidad demandada”.

89. En este orden de ideas, esta Sala considera que el Tribunal no incurrió en un
desconocimiento del precedente establecido por la Sección Tercera de esta
Corporación en materia de la compatibilidad entre la indemnización a forfait y la
derivada de los prejuicios materiales en la modalidad de lucro cesante pues,
contrario a ello, reconoció expresamente que no son excluyentes conforme con el
criterio jurisprudencial aplicable al caso en concreto.

90. Por tanto, la autoridad judicial demandada no motivó la decisión cuestionada
en una desatención al precedente alegado como desconocido pues, si bien
reconoció la compatibilidad entre ambos tipos de indemnización, su negativa estuvo
fundamentada en la valoración sistemática del material probatorio obrante en el
expediente, lo que le permitió concluir que el accionante no acreditó la existencia de
perjuicios materiales derivados única y exclusivamente de la responsabilidad
extracontractual imputada a la entidad estatal.

91. En tal sentido, la providencia censurada se fundamentó en el incumplimiento
de la carga procesal y probatoria que, a juicio de la accionada, recaía sobre los
demandantes. Como se ha expuesto, esta valoración tuvo como sustento el criterio
desarrollado por la Sección Tercera – Subsección “A” del Consejo de Estado en las
sentencias en cita, relativo a que, en situaciones fácticas análogas y por daños
derivados de la misma causa, acceder al resarcimiento de un perjuicio material en
la modalidad de lucro cesante implicaría una doble erogación a cargo del Estado,
en caso de que se hubiera reconocido en sede administrativa una pensión de
invalidez a favor del interesado.

92. Además de las providencias citadas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dicha Subsección ha expuesto tal tesis en sentencias como la del

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Demandante: Diego Mauricio López Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

13 de agosto de 201524, por medio de las cuales se ha manifestado que “en los
eventos en los que a una persona lesionada se le reconoce una pensión de invalidez, las
indemnizaciones -lucro cesante- que en el marco de un proceso judicial se otorgan por la
misma causa” (negrillas propias) no son susceptibles de ser reconocidas, puesto
que los ingresos que se dejaron y se dejarán de percibir se encuentran cubiertos
por la mesada pensional.

93. No obstante, este no ha sido un criterio reiterado y uniforme al interior de las
distintas Subsecciones que componen la Sección Tercera del Consejo de Estado,
pues existe otra postura sobre el tema desde la cual se ha señalado que la condena
por concepto de lucro cesante es procedente, de manera independiente de las
sumas que se hayan reconocido como indemnización a forfait, debido a que tales
rubros tienen origen en una fuente distinta -una es causada por la declaratoria de
responsabilidad extracontractual y la otra se proviene de la ley-, por lo que son tanto
compatibles como acumulables25.

94. Por tanto, es necesario reiterar lo argumentado por el a quo constitucional
relativo a que sobre el asunto estudiado no existe un precedente unificado en la
Sección Tercera del Consejo de Estado, motivo por el cual la autoridad judicial, en
ejercicio de su autonomía, podía escoger el criterio interpretativo que considerara
adecuado para la solución del caso en concreto. De igual forma, se pone de
presente que la sentencia de unificación que el accionante alegó como desconocida,
únicamente unificó el criterio de dicha Sección en cuanto a la reparación de los
perjuicios inmateriales y no en lo relativo al lucro cesante, tal como se señaló en el
ordinal tercero de la parte resolutiva de tal providencia que dispuso: “TERCERO:
Unificar la jurisprudencia de la Sala en cuanto a la reparación de los perjuicios inmateriales,
concretamente sobre el perjuicio moral en caso de lesiones personales”

95. En este orden de ideas, es necesario resaltar, tal como lo hizo esta Sala de
Decisión en sentencia del 18 de noviembre de 202126, que la Sección Tercera –
Subsección “C” de esta Corporación, hizo alusión a la falta de un criterio unificado
frente al asunto en cuestión en los siguientes términos:

24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “A”.

Sentencia del 28.08.19. Rad: 41001-23-31-000-2005-00883-01(51162) M.P. Martha Nubia
Velázquez Rico
25 Con respecto a esta postura, se pueden revisar, entre otras, las siguientes sentencias: Consejo

de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio del
2007, Rad. No. 15001-23-31-000-1993-03166-01 (15722), MP. Mauricio Fajardo Gómez; Sección
tercera, subsección A, sentencia de 26 de agosto de 2015, C. P. Hernán Andrade Rincón, expediente
50001-23-31-000-2001-20254-01; Sección tercera, subsección C, sentencia de 26 de noviembre de
2015, C. P. Guillermo Sánchez Luque, expediente 05001-23-31-000-1995-01287-01 (35167);
Sección tercera, subsección B, sentencia de 5 de marzo de 2020, C. P. Alberto Montaña Plata,
expediente 05001-23-31-000-2008-01138-01.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del

18.11.21. Rad: 11001-03-15-000-2021-07029-00. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.

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Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

“la Sala encuentra que existen diferentes concepciones en la Sección Tercera
relacionadas con la compatibilidad entre la indemnización a forfait y la derivada
de la responsabilidad extracontractual del Estado en los casos en los que se
pretende la reparación de los perjuicios (…), así como que son distintas las
definiciones que comprende esta primera indemnización en atención a una
concepción amplia o restringida del término, circunstancias que no permiten
sostener que actualmente haya un único precedente vinculante para los
operadores jurídicos.

Ante la existencia de criterios diferentes, no se puede hablar de un
precedente vinculante, sino de posibilidades interpretativas a disposición
de los jueces para que, al resolver los casos concretos decidan en ejercicio de
su autonomía judicial y bajo su criterio y sustentación.

Así las cosas, no hay lugar a acusar un defecto sustantivo por desconocimiento
de precedente judicial (…)”27. (Negrillas fuera del texto)

96. En tal sentido, al no existir un único precedente vinculante para el caso
sometido a estudio y al haber estado debidamente sustentada la decisión
censurada, conforme con las reglas de la lógica, la sana crítica y la normatividad
aplicable al caso en concreto, se concluye que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A” resolvió la controversia en
cuestión en ejercicio de su autonomía judicial a partir de las diversas posibilidades
interpretativas a su disposición. Por tanto, se concluye que no es posible acceder al
amparo constitucional, pues se desestima la configuración del defecto alegado.

2.7. Conclusión

97. La Sala negará el amparo de los derechos solicitados, pues se concluye que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, al
proferir la sentencia censurada, no incurrió en desconocimiento del precedente y,
en consecuencia, no vulneró los derechos fundamentales accionados.

98. Siendo ello así, se confirmará la sentencia de primera instancia del 24 de
marzo de 2022 dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó las
pretensiones de la acción de tutela.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “C”, Rad.

No. 11001-03-15-000-2019-03763-01, MP. Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Demandante: Diego Mauricio López Ortiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección “A”
Radicado: 11001-03-15-000-2021-10741-01

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por el Juzgado 61
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

SEGUNDO: CONFIRMAR la providencia del 24 de marzo de 2022 dictada por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que NEGÓ las pretensiones de la acción de
tutela interpuesta por el señor Diego Mauricio López Ortiz.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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