Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00596-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2018-00596-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2018-00596-00
Consejero ponente: William Hernández Gómez
26 de abril de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS - No es absoluto o ilimitado / EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS - Aplicación en proceso de protección de derechos e intereses colectivos
[S]e advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá aplicó los pronunciamientos de los máximos tribunales, constitucional y de la jurisdicción contenciosa administrativa, para modificar parcialmente la decisión de primera instancia, lo cual además justificó de forma detallada y suficiente. En efecto, la referida corporación judicial estudió las normas legales y constitucionales y los tratados internacionales que servían de fundamento para obviar el principio de la non reformatio in pejus (…) De igual forma, precisó las razones por las cuales las excepciones podían aplicarse en los procesos de protección de los derechos e intereses colectivos, a pesar de la falta de pronunciamientos judiciales sobre el particular. Concretamente adujo que la jurisprudencia ha admitido dichas salvedades en asuntos de particulares de carácter patrimonial, por lo que con mayor razón deben tenerse en cuenta cuando se trata del derecho al medio ambiente que beneficia a toda la comunidad. Así las cosas, no le asiste razón al accionante al manifestar que el Tribunal se limitó a citar normas y efectuar afirmaciones generales, pero no sustentó la aplicación de su posición en el caso particular. Además, debe tenerse en cuenta que las problemáticas ambientales presentadas en la empresa no podían solucionarse con una decisión como la del Juzgado de primera instancia que se limitó a ordenarle a la empresa que determinara ella misma las medidas a adoptar, sin tener en cuenta que las falencias que presentaba la empresa generaban la imposibilidad de que continuara con sus actividades hasta que las mismas no fueran corregidas.
DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL - Aún cuando no exista certeza científica del riesgo / EXISTENCIA DE PELIGRO GRAVE E IRREVERSIBLE DEL MEDIO AMBIENTE
[E]l accionante alegó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado respecto del principio de precaución, ya que no se demostró la incertidumbre científica de un riesgo al medio ambiente. Concretamente estimó que se desconoció un auto proferido el 20 de mayo de 2016 (…) debe señalarse que la mencionada providencia no puede considerarse como un precedente judicial, pues constituye una única decisión dictada mediante auto. En todo caso, se repara en que el precitado principio se deriva de (…) mandatos constitucionales (…) y su aplicación implica que la falta de certeza científica no puede ser utilizada como excusa, para postergar la adopción de medidas cuando se esté ante un peligro grave e irreversible del medio ambiente. En el caso bajo estudio, se tiene que en la providencia debatida el Tribunal Administrativo de Boyacá realizó un examen de las situaciones irregulares que se estaban presentado al interior de Diaco S.A., las cuales permitieron advertir la existencia de un peligro al medio ambiente y la necesidad de emitir ordenes adicionales a las expuestas en primera instancia, aun cuando no existía certeza científica del nivel de contaminación (…) En esa medida, se concluye que el Tribunal Administrativo de Boyacá aplicó los principios de la non reformatio in pejus y de precaución, de conformidad con la Constitución Política y los pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN PROBATORIA BAJO LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA / CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES - Competencia de corporación autónoma regional como máxima autoridad ambiental en su jurisdicción
El accionante aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico porque valoró indebidamente los testimonios de [J.C.L.], [J.J.S.] y [A.M.S.] ya que no tuvo en cuenta que los mismos fueron parciales. Al respecto, se observa que los testimonios de los señores referidos se llevaron a cabo debido a que fueron aquellos quienes rindieron el informe técnico requerido a Corpoboyacá por el Tribunal en segunda instancia. En esa medida, se aclara que la corporación judicial no desconoció la vinculación de los testigos con la Corporación, por el contrario, la orden de que rindieran testimonio se realizó precisamente por su condición de funcionarios de aquella (…) es importante recordar que la Corporación Autónoma de Boyacá es la máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y es quien ejerce el control y seguimiento de las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y en general de los proyectos que puedan generar daños ambientales, por lo cual era precisamente dicha Corporación la entidad competente para practicar la visita a la empresa y determinar si se estaba realizando un debido funcionamiento (…) En consecuencia, se colige que el Tribunal Administrativo de Boyacá valoró los testimonios y las pruebas relacionadas con la contaminación atmosférica y la inversión, de conformidad con las reglas de la sana crítica, por lo cual no se demostró que hubiera incurrido en defecto fáctico.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 4 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 31 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 79 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 80 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 238 / CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES / DECRETO 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 2811 DE 1974 - ARTÍCULO 7 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 1
NOTA DE RELATORÍA: En relación con la aplicación del principio de no reformatio in pejus el cual no es absoluto y puede ceder para salvaguardar derechos fundamentales al presentarse situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico, consultar las sentencias T-291 de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería y T-455 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo, de la Corte Constitucional y la sentencia del 19 de enero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2015-02281-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, de esta Corporación.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00596-00(AC)
Actor: DIACO S.A.
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
ASUNTO
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela, decide la acción de la referencia.
HECHOS RELEVANTES
a) Medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
El accionante indicó que los señores Camilo Andrés Mendoza, Martín Hernán Pérez Cuervo y Luis Fernando Gómez Coy instauraron acción popular en contra del municipio de Tuta, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) y Diaco S.A, con la finalidad de proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad y salubridad públicas, el medio ambiente sano y el acceso a la infraestructura de servicios que garanticen la salubridad pública, los cuales consideraron vulnerados por la contaminación atmosférica causada por la empresa.
Señaló que el 13 de junio de 2016 el Juzgado Octavo Administrativo de Tunja amparó el derecho colectivo a un medio ambiente sano, el cual consideró transgredido por la contaminación producida por el alto ruido, la generación de emisiones atmosféricas y el manejo inadecuado de residuos.
Afirmó que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión y el 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 1, confirmó parcialmente la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, ordenó, entre otras, la suspensión inmediata de las actividades de la empresa. Aseguró que solicitó aclaración en relación con la anterior orden y la ejecución de la sentencia. Posteriormente, solicitó nuevamente aclaración y adición de la providencia y el 8 de febrero de 2018 el Tribunal referido negó las peticiones.
b) Inconformidad
Consideró que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 1, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia e incurrió en violación directa de la Constitución al desconocer el principio de la non reformatio in pejus y, por ende, ordenar la suspensión de las actividades de Diaco S.A. e implementar acciones adicionales, en lugar de resolver el motivo de la apelación.
Adicionalmente, estimó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en relación con la obligación de aplicar el principio mencionado, al agravar la situación del apelante único, y respecto del precaución, ya que no realizó un examen riguroso sobre la incertidumbre científica del riesgo al medio ambiente.
Igualmente, consideró que el Tribunal incurrió en defecto procedimental absoluto al omitir correr traslado del informe presentado por Corpoboyacá y, a pesar de ello, otorgarle valor probatorio. Así mismo, sostuvo que incurrió en defecto fáctico porque valoró indebidamente los testimonios de Julio Cruz Lemus, Jhon Jairo Sánchez y Ángela Morales Suárez y lo relacionado con las emisiones atmosféricas y la inversión del 1 % del costo total del proyecto.
PRETENSIONES
Solicitó amparar los derechos fundamentales referidos. En consecuencia, se deje sin efectos la providencia del 28 de noviembre de 2017 dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del medio de control de protección a derechos e intereses colectivos 2009-00334 y, en su lugar, se le ordene emitir una nueva decisión que restablezca sus derechos fundamentales y subsane los yerros referidos en la acción de la referencia.
CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO
Tribunal Administrativo de Boyacá (ff. 49-52 vto).
El magistrado del Despacho Núm. 3, Fabio Iván Afanador García, manifestó que en el fallo controvertido se demostró, con base en el material probatorio, que Diaco S.A. incumplió con las obligaciones ambientales a su cargo, como son la falta de permisos de vertimientos, concesión de aguas, extraer ilícitamente aguas del rio Chicamocha durante más de 15 años, no poseer un plan actualizado e idóneo sobre manejo de residuos sólidos, aguas residuales y domésticas. Señaló que se probaron los presupuestos configurativos del principio de precaución, pues las irregularidades cometidas implicaban un peligro de daño grave e irreversible para la comunidad aledaña a la empresa, en especial frente al recurso hídrico.
Expresó que, en virtud del artículo 257 del Código General del Proceso, en segunda instancia se decretó como prueba un informe técnico, que fue aportado por Corpoboyacá y del cual se corrió traslado el 3 de noviembre de 2017, para que las partes se pronunciaran. Sin embargo, Diaco S.A. guardó silencio.
Mencionó que no existe contradicción sobre la valoración de las pruebas referentes a las emisiones atmosféricas, puesto que el informe de calidad del aire presentado por la empresa Diaco S.A. se realizó para el periodo del 29 de noviembre de 2016 al 22 de diciembre del mismo año, por lo cual no fue posible determinar la calidad de las emisiones en otros momentos. Además, resaltó que la empresa no contaba con permiso de emisiones vigente, por lo que fue posible concluir que no existía control sobre la calidad del aire o las emisiones y advertir un peligro de daño y amenaza al medio ambiente.
Explicó que en lo relativo al principio de la non reformatio in pejus, decidió aplicar la sentencia del 9 de julio de 2014 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la cual se indicaron las excepciones frente a aquel, que resultaban aplicables al caso bajo estudio, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de los derechos colectivos alegados como vulnerados.
Añadió que en la sentencia de primera instancia se omitió efectuar un análisis de las órdenes que el asunto particular requería, debido a la gravedad del incumplimiento acreditado y de la magnitud de la afectación al medio ambiente. Argumentó que el incumplimiento de las obligaciones ambientales no podía solucionarse con la determinación del Juzgado, la cual, además, desconoció el preámbulo y los artículos 79, 95, 333 y 334 de la Constitución Política, 1º del Decreto 2811 de 1974 y 1º de la Ley 99 de 1993.
Informó que actualmente la empresa ya cumplió con las órdenes relacionadas con la obtención del permiso de vertimientos, emisiones y concesión de aguas, por lo que la suspensión de las actividades industriales de la misma no se llevó a cabo. En esa medida, estimó que el objeto de la presente acción de tutela respecto de dichas órdenes está agotado.
Vinculados (ff. 45 y 46)
Los señores Martín Hernán Pérez Cuervo y Camilo Andrés Mendoza Jiménez se opusieron a las pretensiones de la demanda de acción de tutela. Expresaron que la naturaleza de la acción popular es conseguir la protección de los derechos colectivos, por lo cual si el juez se percata de nuevas violaciones que no se trataron en primera instancia, puede fallar ultra o extra petita¸ como ocurrió en el proceso objeto de debate en relación con el vertimiento de aguas residuales al rio que pasa a un costado de la fábrica.
CONSIDERACIONES
Competencia
La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5.º del artículo 1° del Decreto 1983 de 2017, el cual regula que: “[l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]”.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada y uniforme de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia (defectos).
La posición actual ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional, entre otras providencias, empezando por la tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993 y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su sistematización en la sentencia C-590 de 2005.
Por su parte el Consejo de Estado en sentencia de unificación por importancia jurídica, del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:
Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la vía de hecho planteada. Ello son los siguientes:(i) La cuestión que se discute tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv) no se argumentó una irregularidad procesal; (v) se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo estudio; y; (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de una acción de tutela.
Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución Política.
Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en una cualesquiera de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.
Problema jurídico
En el caso concreto se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, por lo tanto, la parte motiva se ocupará de las causales específicas, que para el asunto bajo examen se centrará en el análisis de la violación directa de la Constitución, desconocimiento del precedente judicial, defecto procedimental y defecto fáctico.
El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes preguntas:
¿El Tribunal Administrativo de Boyacá aplicó los principios de la non reformatio in pejus y de precaución, de conformidad con la Constitución Política y los pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional?
¿La autoridad judicial accionada corrió traslado de las pruebas allegadas por Corpoboyacá, en virtud del requerimiento efectuado en segunda instancia?
¿El Tribunal Administrativo de Boyacá valoró los testimonios y las pruebas relacionadas con las emisiones atmosféricas, de conformidad con las reglas de la sana crítica?
Para resolver el problema así planteado se abordará la siguiente temática: (I) violación directa de la Constitución Política, (II) desconocimiento del precedente judicial, (III) principio de la non reformatio in pejus: análisis de la posición adoptada por el Tribunal accionado, (IV) defecto procedimental: traslado del informe y (V) defecto fáctico: valoración probatoria. Veamos:
Cuestión Previa
Antes de resolver el problema jurídico, se advierte que el expediente de la referencia fue remitido del despacho del Consejero Carmelo Perdomo Cuéter el 12 de abril del año en curso, ya que con anterioridad el despacho del Magistrado ponente conoció de una acción de tutela que versaba sobre los mismos hechos y pretensiones. En esa medida, se asume el conocimiento del presente proceso y se procederá a analizar las inconformidades alegadas.
I. Violación directa de la Constitución
De conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, la misma es norma de normas, por lo que en caso de incompatibilidad prevalecen las disposiciones constitucionales y las autoridades se encuentran en la obligación de respetar y garantizar su cumplimiento.
En ese orden de ideas, la jurisprudencia Constitucional[1] ha establecido que se presenta violación directa de la Constitución Política, como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando el juez desconoce la carta política por: 1. No aplicar una de sus disposiciones o 2. Aplicar la ley, sin tener en cuenta un mandato constitucional.
En el primero de los casos ha establecido tres subreglas a saber: a) cuando se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal conforme al precedente constitucional, b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y, c) el juez vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta la interpretación de acuerdo con la Constitución Política. Frente al segundo evento ha señalado la Corte Constitucional que se presenta cuando el juez debiendo aplicar de forma preferente la Constitución Política, no lo hace.
Así las cosas, al juez corresponde determinar en cada caso concreto cuándo se presenta violación directa de la Constitución Política dentro del proceso ordinario.
II. Desconocimiento de precedente judicial
La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela, ya que si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a que haya lugar, también lo es que la misma goza de unos límites como es el respeto por el precedente judicial.
Debe precisarse que el respeto por el precedente jurisprudencial no puede ser entendido de manera absoluta, pues se trata de armonizar y salvaguardar los principios constitucionales. No obstante, se ha admitido la separación del mismo siempre que se expongan las razones por las cuales se aparta.
En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional sostuvo que para el efecto deben cumplirse dos requisitos: (i) hacer una referencia expresa del precedente aplicado a casos similares y (ii) exponer las razones suficientes por las que considera que el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado.
En ese orden de ideas, cuando un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad.
Por último, debe precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede ser vertical, esto es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en un nivel jerárquico inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción o puede ser horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben seguir los jueces de la misma jerarquía.
III. El principio de non reformatio in pejus
El principio de non reformatio in pejus es la garantía del debido proceso consistente en que la autoridad judicial de superior jerarquía está imposibilitada para agravar la pena impuesta del condenado, cuando sea apelante único. El mencionado principio fue fijado en el artículo 31 de la Constitución Política Colombiana.
La anterior garantía ha sido aplicada a otras áreas del derecho distintas a la penal. En ese sentido, el artículo 238 del Código General del Proceso reitera que el juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación sea indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
Este principio busca evitar que se empeore la situación de una de las partes que recurre la decisión en el caso en que la otra parte no impugne la providencia. Lo anterior permite brindar seguridad jurídica al único apelante y constituye un límite al poder judicial. Así, la competencia funcional del juez que conoce en una instancia superior del recurso debe limitarse a resolver las inconformidades planteadas por la parte que apeló, sin que le sea factible analizar la totalidad del fallo.
No obstante, es importante precisar que no se trata de un principio absoluto, pues en algunos casos admite excepciones. Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que la aplicación de la non reformatio in pejus puede ceder, para atacar errores protuberantes de los jueces y, en esa medida, salvaguardar derechos fundamentales.
Igualmente, esta corporación en distintas providencias ha sostenido que excepcionalmente el juez de segunda instancia puede estudiar temas del debate jurídico, inclusive sino fueron planteados por el apelante único, cuando se profiera una decisión manifiestamente ilegítima y con el fin de proteger el ordenamiento jurídico. Así, la Sección Cuarta afirmó que “[…] funcionario judicial al advertir que se están consolidando situaciones jurídicas en abierta contradicción del ordenamiento jurídico, no puede rehusarse a efectuar algún tipo de pronunciamiento sólo bajo la consideración de que fue un asunto que no se planteó en el escrito de apelación […]”
Aunado a lo expuesto, en sentencia de unificación jurisprudencial, la Sección Tercera del Consejo de Estado expuso que como regla general el juez de segunda instancia tiene competencia para pronunciarse sobre los argumentos en el recurso del apelante único. Sin embargo, dicha regla no es absoluta, puesto que debe admitirse junto con ella las excepciones derivadas de: 1. Las normas o principios previstos en la Constitución Política, 2. Compromisos vinculantes asumidos por el Estado en tratados internacionales relacionados con derechos humanos y derechos internacional humanitario y 3. De las normas legales de carácter imperativo. Sobre estas excepciones, debe aclararse que su finalidad es proteger y garantizar el ordenamiento jurídico. Así como armonizar los principios constitucionales propios del Estado Social de Derecho y los derechos fundamentales de las partes.
Actuaciones efectuadas dentro del proceso y principio de la non reformatio in pejus
Diaco S.A. solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la expedición de la sentencia del 28 de noviembre de 2017.
Para el efecto, sostuvo que la referida autoridad judicial incurrió en violación directa de la Constitución al desconocer el principio de la non reformatio in pejus y, por ende, ordenar la suspensión de las actividades de la empresa y la implementación de otras acciones, en lugar de resolver el motivo de la apelación.
Adicionalmente, estimó que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en relación con la obligación de aplicar el principio mencionado, al agravar la situación del apelante único.
Pues bien, para resolver las anteriores inconformidades es necesario efectuar un recuento de las actuaciones llevadas a cabo dentro del proceso de cuya sentencia de segunda instancia se controvierte.
Así, se observa que el 16 de diciembre de 2009 los señores Camilo Andrés Mendoza Jiménez, Martín Hernán Pérez Cuervo y Luis Fernando Gómez Coy instauraron demanda de protección de los derechos e intereses colectivos, los cuales consideraron transgredidos por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), el municipio de Tuta y Diaco S.A, debido a las actividades desarrolladas por esta última, las cuales generaron contaminación del medio ambiente (ff. 1-13 del cuaderno 1 del expediente).
Igualmente, se tiene que el 13 de junio de 2016 el Juzgado mencionado negó la protección de los derechos colectivos a la moralidad pública, seguridad y salubridad pública, acceso a una infraestructura adecuada y amparó el derecho colectivo al goce de un medio ambiente sano (ff. 627-652 del cuaderno 4 del expediente).
En consecuencia, ordenó a: 1. Corpoboyacá formular recomendaciones técnicas, para cesar la amenaza al derecho referido, 2. Diaco S.A. rendir y ejecutar un plan pormenorizado con soluciones concretas y 3. Municipio de Tuta y Corpoboyacá ejercer el control y vigilancia en la calidad del aire, niveles de ruido y manejo adecuado de residuos (ibidem). Para adoptar la precitada decisión, el Juzgado analizó cada uno de los derechos colectivos alegados como transgredidos.
En relación con la vulneración de la moralidad administrativa por el no pago de la tasa retributiva, determinó que la misma sólo es exigible para la utilización de agua y vertimientos a fuentes puntuales, por lo cual la empresa demandada no debía pagarla. En cuanto a la seguridad y salubridad pública, coligió que no se demostró la existencia de enfermedades causadas por la operación de la siderúrgica.
Así mismo, respecto al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública, definió que no se probó la ausencia de la infraestructura sanitaria en el municipio de Tuta. En similar sentido, acerca del acceso a servicios públicos adecuados, concluyó que no se acreditó ninguna violación o amenaza.
Por otra parte, declaró que se presentó vulneración del derecho colectivo al medio ambiente sano, para lo cual estudió tres aspectos: emisiones atmosféricas, generación de ruido y manejo de residuos. Frente al primero comprobó que Diaco S.A. presentaba falencias en el sistema de control, debido a emisiones fugitivas en la nave de acería, de conformidad con el concepto emitido por Corpoboyacá en el 2015. En lo que se refiere a la generación de ruido, infirió que la empresa no cumplió con los parámetros para el horno de fusión y el proceso de laminación. A su vez, sobre el manejo de residuos, evidenció que Diaco S.A. tenía almacenamiento de residuos industriales, de acuerdo con el Concepto técnico EASJC 150/2017 de Corpoboyacá.
Por lo anterior, Diaco S.A. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia porque según su criterio el Juzgado decidió amparar con base en decisiones adoptadas dentro de un procedimiento sancionatorio ambiental en trámite y por el cual no había sido sancionado (ff. 655-657 del cuaderno 4 del expediente).
El 29 de junio de 2017 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho Núm. 3, decretó pruebas de oficio (ff. 704 y 705 del cuaderno 4 del expediente) y el el 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Núm. 1, confirmó parcialmente el fallo dictado por el Juzgado referido (ff. 894-940 del cuaderno 4 del expediente).
En vista de ello, ordenó a Diaco S.A: a). Suspender la ejecución del proyecto y de las actividades industriales de la empresa en la Planta Tuta hasta la expedición de los actos administrativos que otorguen los permisos de vertimientos, emisiones y concesión de aguas, b). Modificar el sistema de tratamiento, recolección y manejo de aguas lluvias y domésticas, c). Iniciar y ejecutar labores de limpieza, mejoramiento y mantenimiento de los pozos sépticos, la disposición de escorias y de materias primas, d). Implementar un proyecto de recuperación del área forestal y e). Pagar a Corpoboyacá lo correspondiente por aprovechamiento del recurso hídrico y vertimientos. Adicionalmente, dictó órdenes a Corpoboyacá y el municipio de Tuta y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación (ibidem).
Para el efecto, consideró que la empresa estaba en una situación ambiental crítica, puesto que no existía un adecuado manejo de las aguas lluvias, aguas domésticas y disposición de escorias. Así mismo, determinó que dos de las seis unidades de pozos sépticos tenían descargas a un canal externo que terminaban en el rio Chicamocha y a ninguno de los pozos se le había realizado mantenimiento. Igualmente, observó que: 1. Se presentaban emisiones fugitivas de la nave de acería, 2. Los permisos de vertimientos, emisiones atmosféricas y concesión de aguas estaban vencidos y 3. No se demostró que la empresa invirtiera el 1 % del costo total del proyecto en acciones de recuperación, preservación y conservación del área forestal.
En esa medida, explicó que las órdenes efectuadas en primera instancia eran generales e insuficientes para lograr la protección del derecho colectivo a un ambiente sano, por lo cual, en atención a las excepciones desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado al principio de la non reformatio in pejus, decidió efectuar órdenes adicionales tendientes a lograr dicho cometido. Textualmente sostuvo (ibidem):
«[…] Se debe aclarar que las órdenes de la sentencia de primera instancia se impartieron de manera general, pues en ellas se impuso formular recomendaciones técnicas y rendir y ejecutar un plan de acción pormenorizado, contentivo de las soluciones concretas para resolver la situación de amenaza al derecho colectivo, sin embargo, a juicio de la Sala estas órdenes no tuvieron el alcance necesario para proteger el derecho al medio ambiente sano […]
Ahora bien, en relación con la mencionada regla, según la cual aquellos temas no propuestos en el recurso de alzada estarían llamados a excluirse del conocimiento del juez ad quem, la sentencia de unificación referida dispuso que dicha regla general no es absoluta, puesto que la misma debe entenderse y admitirse juntos con las excepciones que se derivan de:
Las normas o los principios previstos en la Constitución Política.
Los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario.
Las normas legales de carácter imperativo […]»
De la transcripción efectuada, se advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá aplicó los pronunciamientos de los máximos tribunales, constitucional y de la jurisdicción contenciosa administrativa, para modificar parcialmente la decisión de primera instancia, lo cual además justificó de forma detallada y suficiente.
En efecto, la referida corporación judicial estudió las normas legales y constitucionales y los tratados internacionales que servían de fundamento para obviar el principio de la non reformatio in pejus. Específicamente indicó que las órdenes de primera instancia no eran suficientes para garantizar: 1. El preámbulo y los artículos 79, 95, 333 y 334 de la Constitución Política, 2. Los compromisos del Estado contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 3. Los artículos 1º y 7 del Decreto 2811 de 1974, el artículo 1º de la Ley 99 de 1993. Lo anterior le permitió concluir lo siguiente (ibidem):
«[…] Los postulados normativos y jurisprudenciales mencionados anteriormente van encaminados a garantizar derechos fundamentales como la vida y el ambiente como patrimonio común de la humanidad, lo que conlleva comprender que no es de recibo garantizar la protección absoluta al principio de la non reformatio in pejus, cuando se encuentra demostrada la vulneración a normas superiores, a obligaciones internacionales suscritas por Colombia y al ordenamiento jurídico interno […]»
De igual forma, precisó las razones por las cuales las excepciones podían aplicarse en los procesos de protección de los derechos e intereses colectivos, a pesar de la falta de pronunciamientos judiciales sobre el particular. Concretamente adujo que la jurisprudencia ha admitido dichas salvedades en asuntos de particulares de carácter patrimonial, por lo que con mayor razón deben tenerse en cuenta cuando se trata del derecho al medio ambiente que beneficia a toda la comunidad.
Así las cosas, no le asiste razón al accionante al manifestar que el Tribunal se limitó a citar normas y efectuar afirmaciones generales, pero no sustentó la aplicación de su posición en el caso particular. Además, debe tenerse en cuenta que las problemáticas ambientales presentadas en la empresa no podían solucionarse con una decisión como la del Juzgado de primera instancia que se limitó a ordenarle a la empresa que determinara ella misma las medidas a adoptar, sin tener en cuenta que las falencias que presentaba la empresa generaban la imposibilidad de que continuara con sus actividades hasta que las mismas no fueran corregidas.
Por otra parte, Diaco S.A. alegó en el escrito de tutela que el Tribunal desconoció varias sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, las cuales serán examinadas a continuación.
En primer lugar, se tiene que si bien en las sentencias del 8 de octubre de 2013 y 3 de septiembre de 2013 dictadas por la Sección Tercera de esta corporación, dentro de los procesos con radicado 2007-0073-01 y 2009-01566-01, respectivamente, se analizó el principio de la non reformatio in pejus, también lo es que ello se efectuó en el marco de la revisión eventual de los fallos de las acciones populares. Además, cabe resaltar que aun cuando se indicó que el juez en la apelación estaba sujeto al referido principio, ello no formó parte de la ratio decidendi de la providencia y, en esa medida, no se estudiaron las excepciones.
En segundo lugar, se aclara que en el fallo del 26 de enero de 2006 emitido en el proceso 2009-01566-01 y alegado como desconocido por el accionante no se analizaron las excepciones del principio, pues ello no fue objeto de debate ni se consideró la necesidad de aplicarlas, lo cual no implica que las mismas no existan.
En todo caso, se recuerda que las tres providencias judiciales mencionadas fueron dictadas con anterioridad a la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación el 9 de julio de 2014 en la cual se aceptó las excepciones al principio de la non reformatio in pejus y que fue aplicada por el Tribunal. Adicionalmente, se precisa que ninguna de las decisiones alegadas por el accionante constituye un precedente judicial en los términos de la Ley 1437 de 2011.
En tercer lugar, el accionante menciona el fallo del 19 de enero de 2017 del Consejo de Estado, radicado número 2015-02281-01, y la sentencia T-455 de 2016 como desconocidas, a pesar de que en ellas textualmente se indica que el precitado principio no es absoluto ni ilimitado y que admite excepciones. En ese orden de ideas, se advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá aplicó los pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en relación con las excepciones al principio de la non reformatio in pejus.
Principio de precaución
Por otra parte, el accionante alegó que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial del Consejo de Estado respecto del principio de precaución, ya que no se demostró la incertidumbre científica de un riesgo al medio ambiente. Concretamente estimó que se desconoció un auto proferido el 20 de mayo de 2016, dentro del proceso 2011-00611-01.
Sobre el particular, debe señalarse que la mencionada providencia no puede considerarse como un precedente judicial, pues constituye una única decisión dictada mediante auto. En todo caso, se repara en que el precitado principio se deriva de los mandatos constitucionales contenidos en los artículos 266, 78, 79 y 80 y su aplicación implica que la falta de certeza científica no puede ser utilizada como excusa, para postergar la adopción de medidas cuando se esté ante un peligro grave e irreversible del medio ambiente.
En el caso bajo estudio, se tiene que en la providencia debatida el Tribunal Administrativo de Boyacá realizó un examen de las situaciones irregulares que se estaban presentado al interior de Diaco S.A., las cuales permitieron advertir la existencia de un peligro al medio ambiente y la necesidad de emitir ordenes adicionales a las expuestas en primera instancia, aun cuando no existía certeza científica del nivel de contaminación, en los siguientes términos (ff. 894-940 del cuaderno 4 del expediente):
«[…] se demostró que la empresa DIACO S.A. no posee permiso de vertimientos, de emisiones ni concesión de aguas, tampoco posee un adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales y domésticas, ni de recolección y almacenamiento de residuos sólidos. Si bien no existe certeza científica del nivel o el porcentaje de contaminación que está generando la empresa demandada, la Sala encuentra necesario aplicar en el presente asunto el principio de precaución, con el fin de evitar que se siga poniendo en riesgo el derecho colectivo al medio ambiente sano de la comunidad que reside en los alrededores de la empresa.
En el presente asunto no se tuvo certeza ni una medición exacta de la contaminación que se está generando, sin embargo, existen serias pruebas que permiten concluir que el derecho al medio ambiente sano se encuentra amenazado […]»
En esa medida, se concluye que el Tribunal Administrativo de Boyacá aplicó los principios de la non reformatio in pejus y de precaución, de conformidad con la Constitución Política y los pronunciamientos del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
IV. Defecto procedimental
Este tipo de defecto se configura cuando se desconocen las formas propias de cada juicio. La Corte Constitucional ha diferenciado la existencia de dos tipos de defecto procedimental.
El primero de ellos denominado “defecto procedimental absoluto” que acontece cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento establecido para determinados trámites judiciales, ya sea porque aplica uno distinto al indicado o porque omite etapas sustanciales del procedimiento establecido.
El segundo se ha denominado “defecto procedimental por exceso ritual manifiesto” y se configura cuando el juez utiliza el procedimiento de manera excesiva y como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, con lo cual se genera una denegación de justicia.
En relación con este último, de relevancia para el caso, la Corte Constitucional indicó que puede configurarse en las siguientes circunstancias procesales: 1. Al aplicar un precepto procesal se restringen derechos sustanciales o al utilizar el primero se limitan las mismas oportunidades procesales, 2. Se aplican disposiciones procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto, 3. Se exige el cumplimiento de requisitos formales de manera irreflexiva o 4. Se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas.
Traslado del Informe
Diaco S.A. sostuvo que el Tribunal Administrativo de Boyacá incurrió en defecto procedimental absoluto al omitir correr traslado del informe presentado por Corpoboyacá y, a pesar de ello, otorgarle valor probatorio.
Pues bien, de la revisión del expediente, se precisa que la precitada corporación judicial el 29 de junio de 2017 ofició la Corporación Autónoma Regional de Boyacá para que, entre otros, realizara una visita técnica a las instalaciones de la empresa DIACO S.A., con el objetivo de constatar varias situaciones relacionadas con el funcionamiento de aquella (ff. 704 y 705 del cuaderno 4 del expediente).
En respuesta del requerimiento, el 28 de julio de 2017 la entidad allegó copia del Concepto Técnico CTO 0170/17 del 24 de julio de 2017 (ff. 725-738 ibidem). El 28 de septiembre de 2017 el Tribunal requirió nuevamente a Corporboyacá, para que aclarara algunos aspectos (ff. 753-754 ibidem) y el 25 de octubre de la misma anualidad debido al incumplimiento abrió incidente de desacato en contra del representante legal de la Corporación (ff. 763-765 ibidem). La información solicitada fue presentada por dicha entidad y el 3 de noviembre de 2017 el Tribunal corrió traslado a las partes de los documentos allegados (ff. 887 y vto. ibidem).
En atención a lo anterior, el 10 de noviembre de ese año Diaco S.A. se pronunció sobre el particular (ff. 890-892 ibidem). Así las cosas, se colige que la autoridad judicial accionada corrió traslado de las pruebas allegadas por Corpoboyacá y, en ese orden de ideas, no incurrió en un defecto procedimental absoluto.
V. Defecto fáctico
De conformidad con la jurisprudencia Constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Dicho defecto debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto y adicionalmente debe tener una incidencia directa en la decisión.
La Corte Constitucional ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse defecto fáctico: 1) Una dimensión negativa que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin justificación da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez. 2) Una dimensión positiva, que se presenta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas y al hacerlo el fallador desconoce la Constitución Política.
A pesar de lo expuesto, la intervención del juez de tutela, en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido. En primer lugar, el respeto por el principio de autonomía judicial y el principio del juez natural, impiden que el juez constitucional realice un examen exhaustivo del material probatorio. Así, la Corte Constitucional, en sentencia T-055 de 1997, determinó que, en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra mayor valor y trascendencia.
Por tal razón, tampoco es procedente la acción constitucional, cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.
Valoración probatoria efectuada por el Tribunal
El accionante aseguró que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico porque valoró indebidamente los testimonios de Julio Cruz Lemus, Jhon Jairo Sánchez y Ángela Morales Suárez, ya que no tuvo en cuenta que los mismos fueron parciales.
Al respecto, se observa que los testimonios de los señores referidos se llevaron a cabo debido a que fueron aquellos quienes rindieron el informe técnico requerido a Corpoboyacá por el Tribunal en segunda instancia. En esa medida, se aclara que la corporación judicial no desconoció la vinculación de los testigos con la Corporación, por el contrario, la orden de que rindieran testimonio se realizó precisamente por su condición de funcionarios de aquella.
Sobre dicho aspecto, es importante recordar que la Corporación Autónoma de Boyacá es la máxima autoridad ambiental de su jurisdicción y es quien ejerce el control y seguimiento de las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables y en general de los proyectos que puedan generar daños ambientales, por lo cual era precisamente dicha Corporación la entidad competente para practicar la visita a la empresa y determinar si se estaba realizando un debido funcionamiento.
Ahora bien, el accionante alegó que no se tuvo en cuenta las respuestas manifestadas por los testigos en los contrainterrogatorios. Sin embargo, se abstuvo de indicar cuáles respuestas fueron desconocidas y porque consideraba que las mismas demostraban una conclusión distinta a la determinada por el Tribunal.
En ese sentido, es importante recordar que la acción de tutela es un mecanismo que procede excepcionalmente en contra de providencias judiciales, por lo que el solicitante debe justificar claramente porque estima que la autoridad incurrió en una causal específica.
Por otro lado, Diaco S.A. afirmó que se presentó defecto fáctico respecto a las emisiones atmosféricas, ya que no se demostró el nivel de contaminación del aire. Así mismo, expresó que el Tribunal concluyó que no se efectuó la inversión del 1 % del costo total del proyecto, sin contar con pruebas para ello.
Acerca de los anteriores planteamientos, es relevante reiterar que el Tribunal aplicó el principio de precaución en cuanto a la contaminación atmosférica, como se explicó con anterioridad, pues si bien es cierto no existió certeza científica sobre dicha situación, también lo es que se acreditaron las fugas de la nave de acería. Así mismo, debe precisarse que la corporación judicial determinó que no se efectuó la inversión mencionada porque Diaco S.A. no allegó ninguna prueba en cuanto a ello, a pesar de que estaba obligada a realizar dicha contribución.
En consecuencia, se colige que el Tribunal Administrativo de Boyacá valoró los testimonios y las pruebas relacionadas con la contaminación atmosférica y la inversión, de conformidad con las reglas de la sana crítica, por lo cual no se demostró que hubiera incurrido en defecto fáctico ni en ninguna otra causal de procedencia de la tutela en contra de providencias judiciales. Por lo tanto, se negará el amparo solicitado por Diaco S.A., mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo aquí expuesto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
F A L L A
Primero: Negar el amparo solicitado por Diaco S.A., mediante la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo aquí expuesto.
Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el cuaderno original de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Háganse las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.
Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. nº 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.
[1] Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias: T-949/03.SU198/13. T-369/15.
Ver entre otras sentencias: T-446/13. T-360/14 y T-309/15.
Ver entre otras sentencias: T-231 de 1994, SU-132 de 2002, T-291 de 2006 y T-455 de 2016 y el Auto de 7 de diciembre de 2017. Rad. Núm: 2010-00154-01.
Ver entre otras sentencias: Núm. Rad: 2015-02284-01, 2015-02281-01 y 2011-00820-01.
Esta posición también se encuentra en las siguientes sentencias de tutela proferidas por la Corporación en las que se decidió que en casos como el aquí analizado no se vulnera el principio de la non reformatio in pejus cuando se revoca una decisión ilegal, pese a que el apelante es único. Las sentencias son: Radicado: 03-1511001--000-2017-000057-00. Demandante: Constructora Plermo Ltda. Demandado. Consejo de Estado, Sección Tercera. 4 de mayo de 2017. Radicación: 11001-03-15-000-2017-00421-00. Demandante: Yorjanis Romero Bauwero. Demandado: Tribunal Administrativo del Sucre. 25 de mayo de 2017. Radicado: 41001-23-33-000-2017-00161-01(AC). Demandante: María Nayibe Gutierrez Castro. Demandado: Juzgado Séptimo Administrativo Judicial de Neiva. 4 de octubre de 2017.
Sentencia del 9 de febrero de 2012. Rad. Núm: 1997-06093-01.
Ver entre otras: C-293/02 y T-204/14.
T-352 de 2012
Sentencia T- 429 de 2011: M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
T-950 de 2011
Ibídem, num.2.
Sentencia T-442 de 1994.
Sentencia T-239 de 1996.
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