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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01139-00

Acción de tutela contra sentencia proferida en acción de cumplimiento

Fecha
12 de julio de 2018
Consejero ponente
Hernando Sánchez Sánchez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-01139-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO. DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto del defecto procedimental absoluto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo interpuesto por la señora Blanca María Hilarión respecto a los demás cargos presentados por la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2018-01139-00

Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez

12 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA EN ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LISTA DE BENEFICIARIOS DE PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA AFECTADOS POR OLA INVERNAL / INEXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO, INOBJETABLE Y EXPRESO / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO

Para la Sala, en el presente asunto no se configura el defecto sustantivo por indebida interpretación de la Ley 393 ni el defecto fáctico propuesto por la actora y, como tal, la providencia cuestionada no implica la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna e igualdad, por lo siguiente (…) Para la Sala, la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, no establece una orden imperativa, inobjetable y expresa, en la medida que solo establece una relación de beneficiarios del Proyecto RENACER sin indicar una obligación directa que estuviera a cargo del Municipio de San Sebastián de Mariquita. En efecto, la Sala observa que la Resolución 0688 determinó un listado preliminar de beneficiarios y ordenó su remisión al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para que verificara de manera definitiva si los beneficiarios del proyecto RENACER cumplían con la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a los subsidios, listado que fue depurado por medio de la Resolución núm. 1050 de 2015 una vez realizada la verificación de los requisitos llevada a cabo por el Fondo de Adaptación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin que: i) establezcan un deber imperativo que deban cumplirse; ii) puedan exigirse de forma directa y iii) de su contenido no puede concluirse la existencia de un deber jurídico que obligue a una actuación del Municipio (…) A juicio de la Sala, las pruebas relevantes aportadas en el expediente fueron valoradas de forma objetiva y racional y el hecho de que el Tribunal haya interpretado que el sorteo de 16 de febrero de 2017 no formaba parte del material probatorio pertinente para verificar el cumplimiento de la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Municipio de San Sebastián de Mariquita, corresponde a una interpretación que se encuentran dentro de la autonomía e independencia del juez natural. Aunado a ello, es preciso indicar que, en efecto, el acta del sorteo de 16 de febrero de 2017, suscrita entre un representante de la Red Unidos y un contratista del Municipio de San Sebastián de Mariquita, y el contrato de prestación de servicios 061 de 18 de enero de 2017 , por medio del cual el municipio contrató a este último, no eran pruebas pertinentes para el objeto de la litis, comoquiera que no guardaban relación directa con el objeto del medio de control de cumplimiento, el cual era hacer efectivo el Acuerdo núm. 054 de 2009 expedido por el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Municipio de San Sebastián de Mariquita.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01139-00(AC)

Actor: BLANCA MARÍA HILARIÓN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la señora Blanca María Hilarión, en su calidad de Presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria del Proyecto de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la Atención de Hogares Damnificados y/o Localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña 2010 a 2011 – RENACER, mediante apoderado especial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima, porque, a su juicio, la sentencia de 13 de marzo de 2018, proferida dentro del medio de control de cumplimiento con núm. único de radicación 73001 33 33 001 2018 00004 01, vulneró sus derechos fundamentales supra.

La presente providencia tiene tres partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

ANTECEDENTES

La solicitud

1. La señora Blanca María Hilarión, en su calidad de Presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria del Proyecto de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la Atención de Hogares Damnificados y/o Localizados en zonas de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña 2010 a 2011 – en lo sucesivo RENACER, mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela porque, a su juicio, el Tribunal Administrativo del Tolima al proferir la sentencia de 13 de marzo de 2018 dentro del medio de control de cumplimiento con núm. único de radicación 73001 33 33 001 2018 00004, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:

3. El Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, mediante Acuerdo núm. 054 de 1 de diciembre de 2009 facultó al Alcalde para transferir ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) y cancelar las condiciones resolutorias que fueran necesarias al Banco Inmobiliario San Sebastián de Mariquita, con el fin de que se entregara un subsidio de vivienda en especie a las personas desplazadas por la violencia o el invierno que necesitaran ser reubicadas de la Comunidad del Barrio Los Pinos y demás que estuvieran en zona de riesgo o de influencia de la Reserva Forestal José Celestino Mutis.

4. Con el fin de dar cumplimiento a lo anterior, el Alcalde del Municipio de San Sebastián de Mariquita, mediante Escritura Pública núm. 1460 de 14 de diciembre 2010, celebró contrato de permuta con la Sociedad Constructora Real del Lago Ltda., por medio del cual permutó el bien inmueble ubicado en la Carrera 13 D núm. 7 – 141 con el bien inmueble ubicado en la Carrera 16 núm. 15 – 49.

5. Señaló que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Fondo Nacional de Vivienda y el Departamento del Tolima suscribieron el Convenio núm. 016 de 29 de junio de 2011, con el fin de unir esfuerzos para la ejecución de programas de vivienda de interés social urbana para las familias afectadas con la ola invernal, causada por el fenómeno de “[…] La Niña […], y ubicadas en zonas de alto riesgo en el Departamento del Tolima.

6. Con fundamento en lo anterior, el Municipio de San Sebastián de Mariquita presentó ante el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Proyecto RENACER, el cual estaría ubicada en el lote de terreno permutado.

7. El Municipio de San Sebastián de Mariquita, mediante Resolución núm. 688 de 22 de diciembre de 2011, estableció la lista “[…] definitiva […]” de 102 familias beneficiarias “[…] del Proyecto de Vivienda de Interés Social para los afectados por ola invernal, desplazados y reubicados de zonas de riesgo para la Urbanización RENACER […]”.

8. Asimismo, indicó que el municipio celebró el Convenio de Asociación y Cooperación Recíproca núm. 013 de 8 de noviembre de 2013 con la Corporación Minuto de Dios, con el objetivo de unir esfuerzos y recursos para la “[…] asistencia y cofinanciación de soluciones habitacionales en el casco urbano y/o rural del Municipio de Mariquita […]”.

9. Adujo que el Municipio de San Sebastián de Mariquita, mediante Resolución núm. 1050 de 29 de diciembre de 2015, modificó la lista del artículo 1.° de la Resolución núm. 688 de 22 de diciembre de 2011 y estableció las 31 familias beneficiarias.

10. Señaló que en su calidad de Presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria RENACER, presentó derechos de petición ante la Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita y la Corporación Minuto de Dios, el 23 de agosto de 2017 y el 1 de septiembre de 2017, respectivamente, por medio de los cuales solicitó el acta de asignación de las soluciones de vivienda del Convenio núm. 013 de 2013.

11. En respuesta al derecho de petición referido, el Alcalde del Municipio de San Sebastián de Mariquita, mediante Oficio núm. G – 06983 de 5 de septiembre de 2017, informó que las soluciones de vivienda del Convenio núm. 013 de 2013 no habían sido asignadas.

12. No obstante lo anterior, la Corporación Minuto de Dios, mediante Oficio de 19 de septiembre de 2017, informó que se asignaron 12 soluciones de vivienda, en sorteo realizado el 16 de febrero de 2017, de las cuales 7 personas “[…] no pertenecían a la Comunidad del Barrio Los Pinos, ni eran titulares de los derechos consagrados en el Acuerdo 054 de 2009 […]”.
13. Indicó que presentó solicitud de cumplimiento del Acuerdo núm. 054 de 2009, expedido por el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Alcalde de Mariquita, ante el Fondo Adaptación y la Corporación Minuto de Dios sin recibir respuesta.

14. Manifestó que en su calidad de Presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria RENACER, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de cumplimiento contra el Municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima, por el presunto incumplimiento del Acuerdo núm. 054 de 2009, expedido por el Concejo Municipal de Mariquita, y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Alcalde de San Sebastián de Mariquita.

15. Lo anterior, por considerar que en atención a los actos administrativos referidos se debía ordenar al Municipio de San Sebastián de Mariquita, dar cumplimiento al Convenio núm. 013 de 8 de noviembre de 2013, por medio del cual se otorgaron soluciones de vivienda a la lista de beneficiarios de la Resolución núm. 688 de 2011.

Sentencia de 16 de febrero de 2018 proferida en primera instancia por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué dentro del medio de control de cumplimiento con el núm. único de radicación 73001 33 33 001 2018 00004 00

16. El Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, mediante sentencia de 16 de febrero de 2018, decidió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Corporación El Minuto de Dios.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de cumplimiento promovida por BLANCA MARÍA HILARIÓN contra el MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
[…]” (Se resalta).

16.1. Al respecto, el Juzgado consideró que la Corporación Minuto de Dios no estaba legitimada en la causa por pasiva, comoquiera que los actos administrativos no señalaban una obligación para dicha entidad.

16.2. Asimismo, explicó que el medio de control de cumplimiento resultaba improcedente: i) respecto al Acuerdo núm. 054 de 2009, dado que establecía una orden de gasto que no implicaba necesariamente un deber de gasto a la administración y ii) en lo referente a la Resolución núm. 688 de 2011 modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, en la medida que establecía un listado de personas beneficiarias de un Proyecto de Vivienda de Interés Social pero no se trataba de un mandato imperativo, inobjetable, claro y directo a cargo del Municipio de San Sebastián de Mariquita.

Apelación de la sentencia proferida en primera instancia

17. La actora, mediante escrito de 20 de febrero de 2017, apeló la sentencia proferida en primera instancia y solicitó revocar la decisión. Al respecto, expuso los siguientes argumentos:

17. 1. Adujo que la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, si contenía una orden imperativa, dado que, en su condición de acto administrativo, ostentaba los atributos de firmeza, presunción de legalidad y fuerza ejecutoria, en virtud de los cuales 102 familias beneficiarias del Plan de Vivienda de Interés Social habían adquirido unos derechos subjetivos.

17.2. Indicó que el Juez no tuvo en cuenta el sorteo de 16 de febrero de 2017, realizado por el Asesor de la Secretaría de Planeación Infraestructura y Medio Ambiente del Municipio de San Sebastián de Mariquita, quien era un contratista de la entidad territorial encargado de prestar servicios profesionales como Ingeniero de Sistemas, no pertenecía al Fondo de Adaptación y, por tanto, no era competente para realizar dicha actividad.

17.3. Afirmó que el Municipio de San Sebastián de Mariquita fue renuente en dar cumplimiento a la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, pues no ha otorgado las soluciones de vivienda a las personas que aparecen en las listas como beneficiarias del Plan de Vivienda de Interés Social.

17.4. “Se funda en consideraciones inexactas por errónea interpretación de sus principios. Improcedencia de la acción de cumplimiento”: explicó que la pretensión de la demanda estaba relacionada con la asignación de unas soluciones de vivienda de interés social a “[…] sus verdaderos beneficiarios […]” y, por tanto, el Juzgado no debió fundamentar su decisión en consideraciones sobre el gasto público, las cuales no estaban relacionadas con lo solicitado.

Sentencia de 13 de marzo de 2018 proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Tolima dentro del medio de control de cumplimiento con el núm. único de radicación 73001 33 33 001 2018 00004 01

18. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 13 de marzo de 2018, resolvió:

“[…]
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (2018) por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. […]” (Se resalta).

18.1. Consideró que la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, no era un acto administrativo con deberes concretos u órdenes específicas que pudieren exigirse por medio del medio de control de cumplimiento.

18.2. Asimismo, señaló que el medio de control referido era improcedente para exigir el cumplimiento del Acuerdo núm. 054 de 2009, comoquiera que su objeto correspondía a la transferencia de unos recursos para la compra de un bien inmueble y el artículo 9 de la Ley 393 de 29 de julio de 1997 no permitía solicitar “[…] el cumplimiento de normas que establezcan gastos […]”.

18.3. En ese sentido, indicó que si bien la actora solicitó el cumplimiento del Acuerdo núm. 054 de 2009, expedido por el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Alcalde de Mariquita, lo cierto era que pretendía controvertir la legalidad del sorteo de 16 de febrero de 2017, por medio del cual se asignaron unas soluciones de vivienda, en cumplimiento del Convenio núm. 013 de 2013, asunto que excedía el objeto de la acción constitucional.

La solicitud de tutela

Pretensiones

19. La parte actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los Derechos Fundamentales Constitucionales del debido proceso, derecho a la vivienda digna e igualdad EXTRA Y ULTRA PETITA.

SEGUNDO: REVOCAR: De la manera más respetuosa solicitó a su señoría se revoque la providencia judicial del Tribunal Administrativo del Tolima de fecha 13 de marzo de 2018 proceso No. 73001-33-33-001-2018-00004-01, interno 00266-2018 Medio de Control de Cumplimiento.

TERCERO: DECLARAR: Que se declare la PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO promovida por la señora BLANCA MARÍA HILARIÓN en contra del municipio de San Sebastián de Mariquita, de conformidad con los argumentos sustentados.

[…]”.

20. La actora, en el presente asunto considera que la autoridad judicial demandada incurrió: i) en defecto procedimental absoluto “[…] por desconocimiento del derecho de defensa […]”, ii) en defecto sustantivo por indebida interpretación de la Ley 393, por considerar que dicha norma permitía establecer que la Resolución núm. 688 de 2011 contenía un mandato imperativo e inobjetable y iii) en defecto fáctico, por omitir valorar las pruebas aportadas en el medio de control de cumplimiento referentes al sorteo de 16 de febrero de 2017.

Actuación

21. El Despacho, mediante auto de 10 de mayo de 2018, admitió la solicitud de tutela y dispuso notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

22. De igual manera, dispuso vincular al Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, al municipio de San Sebastián de Mariquita y a la Corporación Minuto de Dios, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles un término de tres (3) días para rendir informe.

Informes de la parte accionada y las partes vinculadas

23. La Juez Primero Administrativo de Ibagué, mediante escrito de 18 de mayo de 2018, solicitó negar las pretensiones presentadas en la acción de tutela. Al respecto, manifestó que el medio de control de cumplimiento era improcedente, dado que, a través de este no se podía exigir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

23.1. En ese sentido, refirió que la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, no contenía una orden categórica y, por tanto, carecía de uno de los presupuestos de prosperidad del medio de control.

23.2. Adicionalmente, expresó que no se vulneró el derecho al debido proceso de la actora, teniendo en cuenta que la decisión se profirió según lo establecido en la Ley 393.

24. La Corporación Minuto de Dios, mediante escrito de 21 de mayo de 2018, solicitó negar lo pretendido por la actora, por considerar que el sorteo de 16 de febrero de 2017 no había vulnerado los derechos fundamentales de la señora Hilarión en la medida que se efectuó con el pleno conocimiento de los beneficiarios del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Vivienda que cumplieron con los requisitos de elegibilidad para el Programa del Fondo de Adaptación.

24.1. De igual forma, aclaró que la comunidad del Barrio Los Pinos era beneficiara del Plan de Vivienda de Interés Social de la Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita para población desplazada, pero no era beneficiaria del Programa Nacional de Reubicación y Reconstrucción de Viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, afectados por eventos derivados del fenómeno de la niña, en los años 2010 y 2011.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

25. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

26. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

27. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir la providencia de 13 de marzo de 2018, dentro del medio de control de cumplimiento con núm. único de radicación 73001 33 33 001 2018 00004, incurrió en defecto procedimental absoluto, sustantivo por indebida interpretación de normas jurídicas y fáctico.

28. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) los requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) el análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) los defectos sustantivo y fáctico como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; v) los requisitos de procedencia del medio de control de cumplimiento y, finalmente, la vi) solución del caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

29. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

30. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C – 590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

31. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

32. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C – 590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “[…] de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial […]”.

33. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

34. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela, en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya enunciados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.

35. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces resulta necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

36. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

37. En el caso bajo examen la Sala procederá a realizar el estudio del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, así:

37.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de la actora al debido proceso, la vivienda digna y la igualdad.

37.2. Cumplió con el principio de inmediatez, en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la sentencia de 13 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

37.3. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados;

37.4. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega;

37.5. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela; y

37.6. Respecto a la existencia de un defecto procedimental, la actora en su escrito de tutela plantea un “[…] defecto procedimental absoluto por desconocimiento del derecho de defensa […]”, consistente en que la Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita omitió notificar personalmente la Resolución 1050 de 2015 a los beneficiarios del Proyecto RENACER reconocidos en la Resolución núm. 688 de 2011.

37.6.1. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el defecto procedimental absoluto se configura cuando: i) el juez en sus providencias se aparta de las normas procesales ii) desconoce el procedimiento determinado por la ley iii) o al exceso ritual que anula la efectividad de los derechos fundamentales.

37.6.2. Al respecto, es preciso indicar que el defecto descrito no hace referencia a la providencia judicial proferida en el medio de control de cumplimiento sino a la notificación del acto administrativo del cual se pretendió el cumplimiento, razón por la cual se torna improcedente en la medida que excede la naturaleza del medio de control y no es un defecto que se predique de la providencia judicial proferida por el Tribunal.

37.6.3. En suma, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de tutela respecto al defecto procedimental absoluto, como se hará en la parte resolutiva de esta sentencia.

El caso concreto

38. La actora, en su calidad de Presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria RENACER, mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, por considerar que, a su juicio, la providencia proferida el 13 de marzo de 2018 vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

39. La Sala debe determinar si, en efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima, incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación de la Ley 393, por considerar que dicha norma permitía establecer que la Resolución núm. 688 de 2011 contenía un mandato imperativo e inobjetable y defecto fáctico, por omitir valorar las pruebas aportadas en el medio de control de cumplimiento referentes al sorteo de 16 de febrero de 2017.

40. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto sustantivo por indebida interpretación de normas jurídicas, ii) el defecto fáctico; iii) los requisitos de procedencia del medio de control de cumplimiento y, finalmente, iv) analizará el caso en concreto.

Defecto sustantivo por indebida interpretación de normas jurídicas

41. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una vía de hecho por defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”.

42. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por no haber aplicado una norma jurídica relevante para la solución del caso concreto.

43. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Se resalta)..

Defecto fáctico

44. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de procedibilidad por defecto fáctico:

“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia ha determinado que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b) valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez;” mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la Constitución” [...]”.

45. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de manera: i) omite valorar los medios probatorios debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del acervo probatorio.

46. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial.

47. Además, con fundamento en los principios constitucionales de independencia y autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la valoración de las pruebas.

48. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto puede lesionar derechos fundamentales […]”

Requisitos de procedencia del medio de control de cumplimiento

49. El artículo 87 de la Constitución Política describe el medio de control de cumplimiento en los siguientes términos:

“[…] Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido […].”.

50. Asimismo, el artículo 146 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, dispone:

“[…] CUMPLIMIENTO DE NORMAS CON FUERZA MATERIAL DE LEY O DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. Toda persona podrá acudir ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previa constitución de renuencia, para hacer efectivo el cumplimiento de cualesquiera normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos […].”.

51. La Ley 393, “[…] por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política […]” es la encargada de regular el contenido del medio de control de cumplimiento.

52. El Consejo de Estado, mediante sentencia de 24 de septiembre de 2015, describió los requisitos de procedencia del medio de control de cumplimiento en los siguientes términos:

“[…]

Este mecanismo procesal idóneo para hacer efectiva la aplicación de normas o de actos administrativos contentivos de un mandato, al igual que la acción de tutela, es subsidiario.

Ahora bien, conforme con la Ley 393 de 1997 son exigencias para la procedencia y la prosperidad de la acción de cumplimiento: i) Que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas con fuerza de ley o en actos administrativos; ii) Que el mandato, la orden, el deber, la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en la norma o en el acto administrativo de una manera precisa, clara y actual; iii) Que se acredite que a la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas se le ha constituido en renuencia frente al cumplimiento de la misma norma o acto administrativo cuyo acatamiento solicita en la demanda. Este presupuesto de procedibilidad puede exceptuarse cuando de cumplirlo se pueda producir un perjuicio grave e inminente y, iv) Que tratándose de actos administrativos no haya otro instrumento judicial para lograr su cumplimiento.
[…].” (Se resalta)

Análisis del caso en concreto

53. En el presente caso, se advierte que la actora pretende que se deje sin efecto la sentencia de 13 de marzo de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, dentro del medio de control de cumplimiento con núm. único de radicación 73001 33 33 001 2018 00004, por medio de la cual confirmó la sentencia de 16 de febrero de 2018 proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, que declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Corporación El Minuto de Dios y declaró improcedente el medio de control de cumplimiento.

54. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

Acervo y análisis probatorios

55. De conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, se encuentra acreditado que:

55.1. El Acuerdo núm. 054 de 2009 expedido por el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, facultó al Alcalde de San Sebastián de Mariquita para transferir ciento cincuenta millones de pesos ($150.000.000) y cancelar las condiciones resolutorias que fueran necesarias al Banco Inmobiliario San Sebastián de Mariquita, con el fin de que entregara un subsidio de vivienda en especie a las personas desplazadas por la violencia o el invierno, que necesitaran ser reubicadas de la Comunidad del Barrio Los Pinos y demás que estuvieran en zona de riesgo o de influencia de la Reserva Forestal José Celestino Mutis.

55.2. El Municipio de San Sebastián de Mariquita, mediante Escritura Pública núm. 1460 de 14 de diciembre 2010, celebró contrato de permuta con la Sociedad Constructora Real del Lago Ltda., por medio del cual transfirió el bien inmueble ubicado en la Carrera 13 D núm. 7 – 141 a cambio del bien inmueble ubicado en la Carrera 16 núm. 15 – 49.

55.3. El Municipio de San Sebastián de Mariquita expidió la Resolución núm. 688 de 22 de diciembre de 2011, “[…] por la cual se establece la lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de Interés Social para los afectados por ola invernal, desplazados y reubicados de zonas de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”. La parte resolutiva de la Resolución establece:

“[…]
ARTÍCULO PRIMERO: Establézcase la lista de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de Interés Social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de zonas de riesgo para la Urbanización RENACER, de la siguiente manera: […]

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENASE la remisión del presente acto administrativo para que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, verifique de manera definitiva si los beneficiarios de la presente Resolución cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a los subsidios que aportará el Gobierno Nacional en el proyecto de Vivienda URBANIZACIÓN RENACER de éste municipio […]”.

55.4. El Fondo de Adaptación expidió el Manual Operativo de Operadores Zonales de Vivienda del año 2013, por medio del cual definió los términos, las condiciones, los requisitos y los procedimientos bajo los cuales debía llevarse a cabo la reconstrucción y construcción de viviendas destruidas reportadas en el Registro Único de Damnificados y aclaró que:

“[…] mediante el Decreto 4819 de diciembre de 2010, se creó el Fondo de Adaptación como una entidad descentralizada del orden nacional con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el objeto de atender la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el Fenómeno de la Niña 2010 – 2011 […].

Se dispuso que los contratos que celebre el Fondo para el cumplimiento de su objeto, cualquiera sea su índole o cuantía, se regirán por el derecho privado […].

PROCESO DE ASOGNACIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA

Una vez aprobado el Plan de Intervención, el Operador Zonal procederá a contratar lo allí dispuesto, soportado financieramente en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Recursos que gestionó el Fondo al momento de aprobar dicho Plan.

Surtido el proceso de contratación de las soluciones de vivienda, el Operador Zonal deberá consolidar el listado de beneficiarios del Fondo de Adaptación […].

Esta información, junto con el soporte de los cruces realizados para la definición de elegibilidad de los beneficiarios, será entregada durante los primeros siete (7) días de cada mes al Interventor Contractual para que este valide y solicite los ajustes que considere necesarios.

El Interventor Contractual, por su parte, entregará al Fondo de Adaptación, con su visto bueno, los listados de beneficiarios según lo descrito anteriormente.

Con base en esta información proyectará la Resolución mediante la cual se realizará la asignación de viviendas a los beneficiarios y preparará ñas cartas de comunicación que serán entregadas como soporte de la asignación efectuada […]” (Se resalta).

55.5. El Municipio de San Sebastián de Mariquita y la Corporación Minuto de Dios celebraron el Convenio de Asociación y Cooperación Recíproca núm. 013 de 8 de noviembre de 2013, con el siguiente objeto:

“[…] Aunar esfuerzos y recursos entre el MUNICIPIO DE MARIQUITA y con la coordinación y la asistencia de LA CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS, como GERENTE DEL PROYECTO, para el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés prioritario (VIP) que brinde soluciones habitacionales en el casco urbano y/o rural, del Municipio de Mariquita, del Departamento del Tolima encaminados a atender las familias afectadas por causa de la ola invernal de acuerdo con lo establecido por el “PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE AFECTADAS POR LOS EVENTOS DERIVADOS DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 – 2011”, las soluciones de vivienda que debe proveer el FONDO ADAPTACIÓN, a través del OPERADOR ZONAL que se pretende contratar, bien sea a través de la reconstrucción en sitio de las viviendas destruidas o la reubicación de aquellas localizadas en zonas de riesgo no mitigables […]” (Se resalta).

55.6. El Gerente del Fondo de Adaptación, mediante Resolución núm. 009 de 27 de febrero de 2013, adoptó el Manual Operativo de Contratos de Operadores Zonales de Vivienda.

55.7. El Fondo de Adaptación, mediante Resolución núm. 046 de 16 de septiembre de 2013, modificó parcialmente el Manual Operativo de los Contratos de Operadores Zonales de Vivienda, adoptado mediante Resolución núm. 009 de 2013, y estableció que “[…] son elegibles para acceder a los beneficios del PROGRAMA los damnificados que cumplan los requisitos y condiciones […] definidos por el Fondo de Adaptación en orden a los objetivos de su intervención en vivienda y a sus cometidos funcionales establecidos en el Decreto 4819 de 2010, según los cuales el PROGRAMA no tiene el propósito de superar el déficit habitacional, sino atender las afectaciones del fenómeno de La Niña 2010 – 2011 […]”.

55.8. El Municipio de San Sebastián de Mariquita, mediante Resolución núm. 1050 de 29 de diciembre de 2015, modificó la lista del artículo 1.° de la Resolución núm. 688 de 22 de diciembre de 2011, estableció la lista definitiva depurada de 31 familias beneficiarias y explicó las razones por las cuales no se habían incluido todas las familias descritas inicialmente, en los siguientes términos:

“[…]
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR la lista de beneficiarios enunciados en el artículo PRIMERO de la resolución No. 688 de 2011, teniendo en cuenta los diversos criterios de calificación legal, siendo la lista definitiva depurada, que han resultado beneficiarias por su condición de damnificadas junto con su núcleo familiar, aptas para la asignación de las viviendas que se vienen construyendo con ocasión del Convenio 1106 de 2014, suscrito con la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA […].

PARÁGRAFO PRIMERO.- La vivienda en adjudicación por reubicación no será entregada formalmente a la familia beneficiaria, hasta que se verifique la demolición de la vivienda en zona de riesgo, aun habitada por la familia beneficiaria, actuación policiva que será adelantada por el INSPECTOR DE POLICÍA en asocio con personal de la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente.

ARTÍCULO SEGUNDO: ORDENAR que los beneficiarios no tenidos en cuenta en el artículo primero de la presente resolución y que estaban mencionados en la Resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011, continúen el proceso de saneamiento de la información, depuración, cruces de información con otras entidades si fuera del caso, para adquirir su calidad de beneficiario apto para adjudicación en otros proyectos de vivienda, que el Municipio de San Sebastián de Mariquita, gestione para beneficio de estas familias.

PARÁGRAFO.- El resultado de la revisión de información, se evidencia en casilla a reglón seguido del nombre y núcleo familiar, entre otras, por razones tales como no contar con REGISTRO DAMNIFICADOS según base de datos nacional consultada, como también, algunos beneficiarios inscritos en la base de datos del SISBEN de otros municipios distintos a San Sebastián de Mariquita; así mismo, algunos de ellos registran inmuebles de su propiedad; los núcleos familiares no coinciden con los miembros familiares mencionados en la resolución No. 688 de 2011, como se relaciona en anexo adjunto, junto a los documentos soportes de la revisión.
[…]” (Se resalta).

55.9. El Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente del Municipio de San Sebastián de Mariquita, a través de Acta de Fijación de 4 de enero de 2016, realizó la publicación en la cartelera municipal del listado de familias elegibles, no elegibles y pendientes de elegibilidad del Proyecto RENACER.

55.10. El señor Luis Fernando Gálvez López, contratista de la Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita, y el señor Edgar Julián Rubio, representante de Red Unidos, sortearon 12 soluciones de vivienda dentro del Proyecto RENACER, el 16 de febrero de 2017, en los siguientes términos:

“[…]
ACTA DE REUNIÓN

PROYECTO: Proyecto de Reubicación y reconstrucción de viviendas para la atención de hogares damnificados y/o localizados en zona de alto riesgo no mitigable afectadas por los eventos derivados del fenómeno de la Niña 2010 – 2011.

FECHA: FEBRERO 16 DE 2017 […]
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Sortear la ubicación de vivienda dentro del Proyecto RENACER, para proceder con la solicitud de las cartas de asignación y posterior escrituración de las mismas […].

DESARROLLO:
Se inició la reunión aclarando el objeto del programa así como los criterios de elegibilidad. De la misma manera la importancia de la cesión de predios urbanos a la alcaldía municipal y la utilización de los predios rurales solo para usos agrícolas y pecuarios.

Se menciona la importancia de la aclaración de la conformación de los grupos familiares, para poder realizar la escritura con los grupos familiares definitivos y no incurrir en errores.

Se procede a realizar el sorteo, una vez son certificadas las balotas por parte del personero municipal, se cuenta con la presencia de un funcionario de la Red Unidos que solicita información sobre las familias No elegibles ante lo cual se aclaran los criterios de elegibilidad.

ASIGNACIÓN DE VIVIENDA SEGÚN SORTEO URB. RENACER MANZANA B SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA
ID BIEN
NOMBRE JEFE DE HOGAR
1285882
JOSÉ FLORENCIO MATIZ MANJARRES
1285527
CLELIA BERDUGO GÓMEZ
645757
DILIA ROSA HERNÁNDEZ SANDOVAL
518381
RUTH ESPERANZA GARCÍA
518262
JESÚS REINALDO GUTIÉRREZ OSPINA
518058
MARICELA ARENAS
1286636
DANIEL EDUARDO CASTAÑEDA ORDOÑEZ
1285575
HUMBERTO AMAYA RUBIANO
1162684
MARIELA GÓMEZ QUIÑONEZ
1158213
SALOMON ZAPATA ECHEVERRY
[…]” (Se resalta).

55.11. La actora, en su calidad de Presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria RENACER, presentó derechos de petición ante la Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita el 14 de noviembre de 2017, el 23 de agosto de 2017 y 7 de diciembre de 2017, por medio de los cuales solicitó: i) el cumplimiento del Acuerdo núm. 054 de 2009 y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015; ii) realizar “[…] un sorteo transparente y democrático para la asignación de las 12 soluciones de vivienda otorgadas mediante convenio 013 de 2013 […]” y iii) abstenerse de realizar la entrega material de las 12 soluciones de vivienda otorgadas mediante el Convenio núm. 013 de 2013.

55.12. La Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita, mediante escritos de 29 de noviembre de 2017, 5 de septiembre del 2017 y 26 de diciembre de 2017, informó que: i) los beneficiarios de las viviendas otorgadas por el municipio, a través del Convenio núm. 013 de 2013, fueron escogidos por el Fondo de Adaptación, entidad descentralizada del orden nacional que en cumplimiento de políticas propias seleccionó las familias damnificadas y/o localizadas en zonas de alto riesgo no mitigables afectados por el fenómeno de la niña, en los años 2010 y 2011 y ii) las soluciones de vivienda del Convenio núm. 013 de 2013 no habían sido “[…] asignadas […]”.

55.13. La Corporación Minuto de Dios, mediante escrito de 19 de septiembre de 2017, informó que en el proyecto San Sebastián de Mariquita, mediante sorteo de 16 de febrero de 2017, se asignaron 12 soluciones de vivienda, con fundamento en los “[…] criterios establecidos por el Fondo de Adaptación a través de su manual operativo y la Resolución 046 de 2013 […]”, las cuales no habían sido entregadas.

55.14. La actora, en su calidad de Presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria RENACER, presentó derecho de petición ante el Fondo de Adaptación y la Corporación Minuto de Dios, el 7 de diciembre de 2017, por medio del cual solicitó: i) el cumplimiento del Acuerdo núm. 054 de 2009 y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015; ii) realizar “[…] un sorteo transparente y democrático para la asignación de las 12 soluciones de vivienda otorgadas mediante convenio 013 de 2013 […]” y iii) abstenerse de realizar la entrega material de las 12 soluciones de vivienda otorgadas mediante el Convenio núm. 013 de 2013.

55.15. El Secretario de Infraestructura del Municipio de San Sebastián de Mariquita, mediante escrito de 5 de enero de 2018, aclaró que los beneficiarios del Convenio núm. 013 de 2013 fueron escogidos por el Fondo de Adaptación y que el sorteo de 16 de febrero de 2017 fue realizado por dicha entidad. Asimismo, señaló que esa decisión no afectaba lo establecido en el Acuerdo núm. 054 de 2009 ni a los beneficiarios de la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015.

55.16. La actora presentó solicitud de cumplimiento del Acuerdo núm. 054 de 2009, expedido por el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Alcalde de Mariquita, ante el Fondo Adaptación y la Corporación Minuto de Dios, sin recibir respuesta alguna.

55.17. La actora, en su calidad de Presidenta de la Junta de Vivienda Comunitaria RENACER, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de cumplimiento contra el Municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima, por el presunto incumplimiento del Acuerdo núm. 054 de 2009, expedido por el Concejo Municipal de Mariquita, y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Alcalde de San Sebastián de Mariquita.

56.18. Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, mediante sentencia de 16 de febrero de 2018, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Corporación El Minuto de Dios y declaró improcedente el medio de control de cumplimiento referido.

55.19. La actora impugnó el fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, el 16 de febrero de 2018.

55.20. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia de 13 de marzo de 2018, confirmó la providencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo de Ibagué, el 16 de febrero de 2018.

Estudio de los defectos sustantivo por indebida interpretación de la Ley 393 y fáctico

56. La actora en su escrito de tutela consideró que el Tribunal accionado interpretó de forma indebida la Ley 393, dado que esta permitía establecer que el Acuerdo 054 de 2009 y la Resolución núm. 688 de 2011 contenía una orden imperativa e inobjetable.

57. Asimismo, señaló que el Tribunal Administrativo del Tolima omitió valorar “[…] los documentos aportados del sorteo de 16 de febrero de 2016 […]”, en los cuales se evidenciaba que el funcionario de la Alcaldía del Municipio de San Sebastián de Mariquita no era el competente para realizar dicha actividad, por medio de la cual se afectaron los derechos de las familias beneficiarias por la Resolución núm. 688 de 2011.

58. Para la Sala, en el presente asunto no se configura el defecto sustantivo por indebida interpretación de la Ley 393 ni el defecto fáctico propuesto por la actora y, como tal, la providencia cuestionada no implica la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, vivienda digna e igualdad, por lo siguiente:

58.1. Los artículos 1, 8, 9 y 10 de la Ley 393 disponen lo siguiente:

“[…] Artículo 1º.- Objeto. Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos.

Artículo 8º.- Procedibilidad. La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos Administrativos. También procederá contra acciones u omisiones de los particulares, de conformidad con lo establecido en la presente Ley […].
También procederá para el cumplimiento de normas con fuerza de Ley y Actos Administrativos, lo cual no excluirá el ejercicio de la acción popular para la reparación del derecho.

Artículo 9º.- Improcedibilidad. La Acción de Cumplimiento no procederá para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante la Acción de Tutela. En estos eventos, el Juez le dará a la solicitud el trámite correspondiente al derecho de Tutela.

Tampoco procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o  Acto Administrativo, salvo, que de no proceder el Juez, se siga un perjuicio grave e inminente para el accionante.

PARAGRAFO. La Acción regulada en la presente Ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.
[…]

Artículo 10º.- Contenido de la Solicitud. La solicitud deberá contener:
[…]
2. La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Si la Acción recae sobre Acto Administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo. Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia.
[…].” (Se resalta)

58.2. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado, ha establecido que el medio de control de cumplimiento está encaminado a la ejecución de deberes que emanan de un mandato, contenido en la ley o en un acto administrativo, imperativo, inobjetable y expreso.

58.3. El problema jurídico que planteó el Tribunal Administrativo del Tolima consistía en establecer la legitimación en la causa por pasiva de la Corporación Minuto de Dios y la procedencia del medio de control de cumplimiento.

58.4. La autoridad judicial accionada hizo referencia a la Ley 393 para exponer la naturaleza de la acción de cumplimiento y sus requisitos de procedibilidad. Asimismo, estableció que, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, uno de los presupuestos que hacen exigible el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos es que el mandato sea imperativo e inobjetable, como se expone a continuación:

“[…]
En este orden de ideas el Consejo de Estado11 ha señalado como presupuestos que hacen exigible, por esta vía, el cumplimiento de normas, los siguientes:

1. Que el deber jurídico que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1).

2. Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que éste radicado en cabeza de aquella autoridad pública o de un particular en ejercicio de funciones públicas, frente a los cuales se reclama su cumplimiento (arts. 5 y 6).
[…]” (Se resalta).

58.5. Con base en lo anteriormente expuesto, la autoridad judicial accionada consideró que la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, no era un acto administrativo con órdenes concretas y específicas que se pudieran exigir a las autoridades demandadas por el medio de control de cumplimiento, dado que se trataba de una lista de beneficiarios de un proyecto de vivienda de interés social que no permitían reclamar de forma directa una obligación.

58.6. Para la Sala, la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, no establece una orden imperativa, inobjetable y expresa, en la medida que solo establece una relación de beneficiarios del Proyecto RENACER sin indicar una obligación directa que estuviera a cargo del Municipio de San Sebastián de Mariquita.

58. 7. En efecto, la Sala observa que la Resolución 0688 determinó un listado preliminar de beneficiarios y ordenó su remisión al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para que verificara de manera definitiva si los beneficiarios del proyecto RENACER cumplían con la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a los subsidios, listado que fue depurado por medio de la Resolución núm. 1050 de 2015 una vez realizada la verificación de los requisitos llevada a cabo por el Fondo de Adaptación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin que: i) establezcan un deber imperativo que deban cumplirse; ii) puedan exigirse de forma directa y iii) de su contenido no puede concluirse la existencia de un deber jurídico que obligue a una actuación del Municipio.

58.8. En ese sentido, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, en la medida que, con fundamento en la interpretación del Consejo de Estado de los requisitos de procedibilidad de la Ley 393, explicó las razones jurídicas por las cuales consideró que la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, no establecía una orden imperativa, inobjetable y expresa.

58.9. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el objeto de la acción de cumplimiento es hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos, se observa que el Tribunal Administrativo del Tolima, en la sentencia de 13 de marzo de 2018, valoró las pruebas aportadas en el medio de control de cumplimiento que consideró pertinentes para evaluar la procedencia de la acción y el presunto incumplimiento de los actos administrativos referidos por la actora.

58.10. Al respecto, se tiene que el Tribunal argumentó que no valoró el material probatorio referente al sorteo de 26 de febrero de 2017, dado que estimó que dicha situación extralimitaba la naturaleza del medio de control de cumplimiento.

58.10.1. En ese sentido, el Tribunal accionado, indicó:

“[…] advierte la Sala, que si bien la parte actora en apariencia buscaba el cumplimiento de las normas anotadas como incumplidas, realmente lo que pretende es controvertir la legalidad del sorteo que se efectuó el 16 de febrero de 2016 (sic) por la administración, para la asignación de unas soluciones de vivienda en cumplimiento del Convenio 013 de 2013, suscrito entre el ente territorial y la Corporación Minuto de Dios, situación que escapa a la naturaleza de la presente acción constitucional […]” (Se resalta).

58.11. A juicio de la Sala, las pruebas relevantes aportadas en el expediente fueron valoradas de forma objetiva y racional y el hecho de que el Tribunal haya interpretado que el sorteo de 16 de febrero de 2017 no formaba parte del material probatorio pertinente para verificar el cumplimiento de la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Municipio de San Sebastián de Mariquita, corresponde a una interpretación que se encuentran dentro de la autonomía e independencia del juez natural.

58.12. Aunado a ello, es preciso indicar que, en efecto, el acta del sorteo de 16 de febrero de 2017, suscrita entre un representante de la Red Unidos y un contratista del Municipio de San Sebastián de Mariquita, y el contrato de prestación de servicios 061 de 18 de enero de 2017, por medio del cual el municipio contrató a este último, no eran pruebas pertinentes para el objeto de la litis, comoquiera que no guardaban relación directa con el objeto del medio de control de cumplimiento, el cual era hacer efectivo el Acuerdo núm. 054 de 2009 expedido por el Concejo Municipal de San Sebastián de Mariquita, y la Resolución núm. 688 de 2011, modificada por la Resolución núm. 1050 de 2015, expedida por el Municipio de San Sebastián de Mariquita.

Conclusiones de la Sala

59. En suma, la Sala considera que el Tribunal Administrativo del Tolima, al proferir la sentencia de 13 de marzo de 2018: i) no incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación de la Ley 393, porque aplicó la interpretación del Consejo de Estado según la cual la orden respecto de la cual se exige el cumplimiento debe ser imperativa, inobjetable y expresa, ii) no incurrió en defecto fáctico, dado que no valoró las pruebas referentes al sorteo de 16 de febrero de 2017, por considerar que esto implicaba exceder la naturaleza del medio de control de cumplimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO. DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto del defecto procedimental absoluto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo interpuesto por la señora Blanca María Hilarión respecto a los demás cargos presentados por la actora, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“[…] Por la cual se estableció lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de interés social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de la zona de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”.
“[…] Por la cual se estableció lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de interés social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de la zona de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito público del Gobierno Colombiano que fue inicialmente creada para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011.
“[…] Por el cual se faculta al Alcalde Municipal de San Sebastián de Mariquita para que transfiera recursos presupuestales de la Administración Municipal a favor del Banco Inmobiliario de San Sebastián de Mariquita para la adquisición de un lote urbano en el municipio y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por la cual se estableció lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de interés social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de la zona de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”.
“[…] Convenio de asociación y cooperación recíproca celebrado entre el municipio de Mariquita- Tolima y la Corporación Minuto de Dios – con el fin de aunar esfuerzos y recursos para la asistencia y cofinanciación de soluciones habitacionales en el casco urbano y/o rural del Municipio de Mariquita en el Departamento del Tolima […]”. Folios 345 a 352 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 359 a 369 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 381 a 391 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento.
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política […]”.
“[…] Por la cual se estableció lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de interés social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de la zona de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”.
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política […]”. Folios 23 y 24 del Cuaderno de tutela. Folios 38 a 40 del Cuaderno de tutela. Folios 41 a 99 del Cuaderno de tutela.
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001 03 15 000 2009 01328 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2009-01328-02. C.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional, sentencia C – 590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño, referencia expediente D – 5428. Corte Constitucional, sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional, sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, núm. único de radicación: 11001031500020120220101. La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 14 de marzo de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 13 de abril de 2018. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras. Corte Constitucional, sentencia T-781 de 20 de octubre de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Núm. único de radicación T-3106156.
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política […]”. Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P.

Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional, Sentencia T-204/08, MP: Dr. Hernando Herrera Vergara). Corte Constitucional, sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011. M.P.Mauricio González Cuervo y T-535 de 20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de marzo de 2017. C.P.: Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00. Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 2013. M.P.: Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
“[…] Por el cual se faculta al Alcalde Municipal de San Sebastián de Mariquita para que transfiera recursos presupuestales de la Administración Municipal a favor del Banco Inmobiliario de San Sebastián de Mariquita para la adquisición de un lote urbano en el municipio y se dictan otras disposiciones […]”. Folios 4 a 6 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 63 a 80 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 156 a 172 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 208 a 231 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 81 a 80 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento.
“[…] Por la cual se modifica parcialmente el Manual Operativo de los Contratos de Operadores Zonales de Vivienda, adoptado mediante la Resolución núm. 009 de 2013 […]”. Folios 119 a 121 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Al respecto, la Resolución señaló que: “[…] el proyecto PROGRAMA NACIONAL DE REUBICACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA LA ATENCIÓN DE HOGARES DAMNIFICADOS Y/O LOCALIZADOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE AFECTADOS POR LOS EVENTOS DERIVADOS DEL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010 2011, en adelante, y para los efectos de esta Resolución, EL PROGRAMA […]”. Folios 270 a 295 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”. Folio 127 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 115 a 117 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 24 a 29 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 43 a 47 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 54 a 56 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 30 a 32 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folio 47 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 54 a 56 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 52 a 53 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento. Folios 33 a 39 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento.

Folios 40 a 42 del cuaderno contentivo del medio de control de cumplimiento.
“[…] Por la cual se estableció lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de interés social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de la zona de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito público del Gobierno Colombiano que fue inicialmente creada para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por los eventos derivados del fenómeno de La Niña de los años 2010 y 2011.
“[…] Por el cual se faculta al Alcalde Municipal de San Sebastián de Mariquita para que transfiera recursos presupuestales de la Administración Municipal a favor del Banco Inmobiliario de San Sebastián de Mariquita para la adquisición de un lote urbano en el municipio y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por la cual se estableció lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de interés social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de la zona de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”.
“[…] Existe una indebida aplicación e interpretación de la ley […]. La pretensión era clara, pues lo que se requiere es que se le dé cumplimiento a la resolución 688 del año 2011 en donde se establece la lista definitiva de los beneficiarios del proyecto de vivienda de interés social de la URBANIZACIÓN RENACER […] y como pretensión secundaria o subsidiaria se declarará la nulidad del sorteo […] lo anterior nos permite inferir claramente que no se buscaba controvertir la legalidad del sorteo, sino una vez fuese ordenado el cumplimiento de la resolución 688 de 2011 se dispusiera realizar un nuevo sorteo con las personas verdaderamente beneficiarias del proyecto, en consonancia con el principio jurídico según el cual lo accesorio sigue la suerte del Tribunal. Situación en la que yerra el Tribunal.
[…] Mediante la Resolución 688 de 2011 le fueron reconocidos unos derechos a favor de los 102 núcleos familiares […] la mencionada Resolución contiene unos mandatos imperativos e inobjetables a favor de las familias relacionadas en el listado definitivo. […] Debe concluirse entonces que, el acto administrativo cuyo cumplimiento se pretendía mediante la procedencia de la acción de cumplimiento contienen un verdadero mandato pues determinan con claridad quienes fueron los afectados de la ola invernal del año 2010 […]”. Inciso 2 declarado EXEQUIBLE, excepto la expresión "la norma o" que se declara INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional Sentencia C-193 de 1998. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia ACU – 615 de 10 de marzo de 1999, C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 24 de septiembre de 2015, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, núm. único de radicación: 25000 23 41 000 2015 00041 01 (ACU). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 24 de septiembre de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro, núm. único de radicación: 68001 23 33 000 2013 00846 01. 11 “[…] Dentro de la que podemos relacionar la Sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA, Consejera Ponente: MARIA NOHEMI HERNÁNDEZ PINZÓN, del 17 de febrero de 2005, radicación número:

13001 23 31 000 2004 00052 01 (ACU) […]”.
“[…] Por la cual se estableció lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de interés social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de la zona de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”. Cuyo objeto contractual era: “contratar los servicios profesionales de un Ingeniero de Sistemas con Especialización en Derecho Público como Asesor Externo en la Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente del municipio de San Sebastián de Mariquita, Tolima”.
“[…] Por la cual se estableció lista definitiva de beneficiarios del Proyecto de Vivienda de interés social para los afectados por la ola invernal, desplazados y reubicados de la zona de riesgo para la Urbanización RENACER y se dictan otras disposiciones […]”.
“[…] Por medio del cual de MODIFICA la resolución No. 688 de 22 de diciembre de 2011 […]”.

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