Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03274-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2018-03274-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2018-03274-01
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
14 de marzo de 2019
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO - Asignación de retiro de miembro de la policía nacional / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE – Inexistencia / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE – Exige similitud fáctica / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO – Adecuada aplicación normativa / RÉGIMEN PENSIONAL APLICABLE AL PERSONAL VINCULADO DE FORMA DIRECTA AL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL – Decreto 1858 de 2012 vigente para la fecha del retiro del servicio por separación absoluta / SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD DEL DECRETO 1858 DE 2012 – Proferida con posterioridad a la sentencia cuestionada y la situación del actor ya estaba consolidada
En el presente caso está acreditado que el [actor] ingresó a la Policía Nacional a prestar el servicio militar del 30 de enero de 1992 al 27 de enero de 1993, luego de manera directa como Alumno del Nivel Ejecutivo del 25 de febrero de 1998 al 24 de febrero de 1999 en donde posteriormente fue ascendido a patrullero el 25 de febrero de 1999, grado que pertenece al Nivel Ejecutivo, y retirado del servicio por separación absoluta, el 29 de abril de 2014, mediante Resolución núm. 01815, acumulando un tiempo de servicio de 17 años, 4 meses y 26 días (…) para la Sala los precedentes judiciales invocados por el actor no le son aplicables a su caso concreto, toda vez que, las providencias citadas no guardan identidad fáctica y jurídica con el caso, teniendo en cuenta que él se incorporó de manera directa a la Policía Nacional, mientras que en la primera providencia corresponde a un integrante de la Policía Nacional que ingresó a la institución como agente y, una vez cumplió los requisitos fue homologado al Nivel Ejecutivo, motivo por el cual, no era viable aplicar la ratio decidendi contenida en dicho pronunciamiento al presente caso; en la segunda providencia, la normativa aplicada al momento de proferir las sentencias era diferente, razón por la cual tampoco podía considerarse que se vulneraba el derecho a la igualdad; y en la tercera providencia la situación del actor estaba consolidada, teniendo en cuenta que la sentencia se profirió el 31 de mayo de 2018 y la declaratoria de nulidad se profirió el 3 de septiembre de 2018. Por las anteriores razones, a juicio de la Sala no hubo desconocimiento del precedente judicial (…) Cargo por defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas Para la Sala este cargo no está llamado a prosperar, toda vez que el Tribunal al resolver el caso concreto, aplicó correctamente la norma jurídica, que debía resolver la situación, esto es, el artículo 2 del Decreto núm. 1858 de 2012. La Sala observa, que al abordar el cargo por desconocimiento del precedente judicial, indicó que el actor fue retirado del servicio por la causal de separación absoluta de la Policía Nacional el 29 de abril de 2014, y en ese orden de ideas la norma jurídica aplicable al caso concreto era el artículo 2 del Decreto núm. 1858 de 2012, como aconteció (…)Por último, el actor considera en el escrito de impugnación que debía aplicarse el Decreto núm. 1213 de 1990, pero la Sala reitera dicho acto administrativo regía para el nivel de suboficial o agente, y en este caso el actor se vinculó directamente en el Nivel Ejecutivo, y de acuerdo como lo resolvió la autoridad judicial, para la fecha del retiro de la institución por separación absoluta estaba vigente el Decreto núm. 1858 de 2012 norma que aplicó el Tribunal
FUENTE FORMAL: DECRETO 1852 DE 2012 - ARTÍCULO 2
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03274-01(AC)
Actor: YILVER MANRIQUE MANRIQUE
Demandado: JUZGADO CINCUENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y SUBSECCIÓN E DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial por defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas
Derechos Fundamentales Invocados: i) acceso a la administración de justicia; ii) debido proceso; iii) igualdad; iv) mínimo vital y v) seguridad social
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Yilver Manrique Manrique, contra la sentencia de tutela de 5 de febrero de 2019 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque, a su juicio, el Juzgado al proferir la sentencia de 4 de noviembre de 2016 y el Tribunal al proferir la sentencia de 31 de mayo de 2018 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 051 2016 00186 01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la solicitud de tutela son los siguientes:
3. Señaló que prestó el servicio militar obligatorio del 30 de enero de 1992 al 27 de enero de 1993; posteriormente, fue vinculado como alumno del nivel ejecutivo, mediante Resolución núm. 014 de 26 de febrero de 1999.
4. Indicó que fue dado de alta como Patrullero del Nivel Ejecutivo, mediante Resolución núm. 00600 de 26 de febrero de 1999, siendo retirado del servicio por separación absoluta el 29 de abril de 2014, mediante Resolución núm. 01815, computando un tiempo de servicio de 17 años, 9 meses y 26 días.
5. Afirmó que, mediante Oficio núm. 22283-GAG-SDO de 22 de octubre de 2015, solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en adelante Casur, el reconocimiento de la asignación de retiro, quienes mediante Oficio núm. 22283-GAG-SDP de 1.° de diciembre de 2015, le negaron el reconocimiento de la misma.
6. Mencionó que presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Casur, con el fin de que se declarara: i) la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de ilegalidad, respecto del artículo segundo del Decreto núm. 1858 de 6 de septiembre de 2012; ii) la nulidad del Oficio núm. 22283-GAG-SDP de 1 de diciembre de 2015; y, a título de restablecimiento del derecho:
“[…] liquide e incluya en nómina y pague todas las mesadas a mi poderdante dejadas de percibir de su asignación de retiro a partir de 29 de abril de 2014, hasta cuando se profiera el fallo de fondo que así lo decrete y hacia el futuro en el porcentaje del salario básico y los factores salariales que por ley le corresponden a un miembro de nivel ejecutivo de la Policía Nacional del 57% del salario básico de un subintendente y los factores salariales contemplados en el Decreto 1091 de 1991, en el artículo 49 y 104 y Decreto 4433 de 2004 por haber laborado al servicio de la Policía Nacional por un lapso de tiempo de 17 años, 9 meses (sic) y 26 días […]”.
Sentencia proferida el 4 de noviembre de 2016 por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 051 2016 00186 00
7. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante sentencia proferida el 4 de noviembre de 2016, decidió:
“[…]
PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante.
[…]”.
8. El Juzgado encontró demostrado que el actor prestó sus servicios a la Policía Nacional, así: i) el servicio militar obligatorio del 30 de enero de 1992 al 27 de enero de 1993; ii) alumno del nivel ejecutivo del 25 de febrero de 1998 al 24 de febrero de 1999; iii) en el nivel ejecutivo del 25 de febrero de 1999 al 29 de abril de 2014; iv) mediante Resolución núm. 1615 de 28 de abril de 2014 fue separado del servicio de forma absoluta; v) en resumen, el actor prestó el servicio por el término de 17 años, 4 meses y 26 días.
9. Afirmó que, como el actor ingresó al nivel ejecutivo por incorporación directa, no era beneficiario del régimen de transición, dispuesto en el artículo 1.° del Decreto núm. 1858, pero que el artículo 2° ibídem si le era aplicable, y que se encontraba vigente y surtiendo plenos efectos al momento del retiro del servicio que tuvo lugar el 29 de abril de 2014, teniendo en cuenta que fue incorporado al escalafón antes del 31 de diciembre de 2004, que señalaba que la asignación de retiro se adquiría cuando:
9.1. Se cumplan 20 años de servicio si el retiro se produce por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del Director General, o por disminución de la capacidad psicofísica.
9.2. Se cumplan 25 años en los eventos en que se retiren por solicitud propia, retirados o separados en forma absoluta o destituidos y, manteniendo los requisitos dispuestos en la normativa anterior.
10. Atendiendo lo anterior, consideró que para que el actor tuviera derecho a la asignación de retiro debía acreditar 25 años de servicios, teniendo en cuenta que el retiro se ocasionó por separación absoluta, y de conformidad con el tiempo de servicio se acreditaron 17 años, 4 meses y 26 días.
11. Finalmente, consideró que:
“[…] En lo que atañe a la petición de aplicar la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de ilegalidad respecto del Artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, advierte el despacho que no se constituyen tales figuras en el caso concreto, en consideración a que la norma no resulta contraria a los mandatos constitucionales ni legales que ameriten su inaplicación, pues, por el contrario, como quedó explicado, es el Decreto 1858 de 2012 el que hace una diferenciación de las categorías que surgen del nivel ejecutivo, determinando un trato particular para cada una de ellas, habida consideración que dispuso un régimen de transición para el personal homologado incorporado con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, así como también señaló un régimen común para el personal que ingresó directamente al nivel ejecutivo antes de la misma fecha.
Por último, en cuanto a la aplicación de que se aplique la excepción de inconstitucionalidad y la excepción de ilegalidad respecto del parágrafo segundo del Artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, se advierte que como el mismo fue declarado nulo por el Consejo de Estado, como se señaló con antelación, el despacho no lo aplicará al caso concreto, pero en consideración a que a la fecha del retiro del actor se encontraba anulado y no con ocasión a la excepción propuesta […]”.
Sentencia proferida el 31 de mayo de 2018 por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 051 2016 00186 01
12. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia proferida el 31 de mayo de 2018, resolvió:
“[…]
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 4 de noviembre de 2016 proferida por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en esta providencia.
[…]”.
13. El Tribunal consideró que la norma aplicable al caso bajo estudio era la estipulada en el artículo 2.° del Decreto núm. 1858 , teniendo en cuenta que a la fecha de retiro del servicio, 29 de abril de 2014, se encontraba surtiendo plenos efectos, y en consecuencia al ser retirado por separación absoluta, debió acreditar 25 años de servicios, tiempo que no se cumplió en la medida que estuvo vinculado como miembro del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, por el periodo de 17 años, 4 meses y 26 días.
14. Con relación a la solicitud de la inaplicación por vía de excepción de inconstitucionalidad de la norma supra, mencionó que mediante auto de 8 de octubre de 2015, en el proceso identificado con número único de radicación 11001032500020130054300, indicó que para la época en la cual se expidió la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004 se encontraba vigente el artículo 51 del Decreto núm. 1091 de 27 de junio de 1995 y, en ese sentido el requisito de tiempo de servicio para tener derecho a la asignación de retiro del personal vinculado directamente al nivel ejecutivo estimado entre 20 o 25 años, fue incluido por el legislador de 2004, como elemento mínimo para fijar el régimen prestacional de dicho grupo de uniformados.
15. Asimismo, indicó que:
“[…] Por tanto, concluye la Sala que la situación prestacional para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro del actor no puede analizarse conforme al Decreto 1212 de 1990, como quiera que a la fecha de retiro del actor se encontraba vigente el Decreto 1858 de 2012, que como se dijo en precedencia surtió efectos desde el 6 de septiembre de 2012 y no puede inaplicarse por vía de excepción, en la medida que esa previsión, se ciñó al límite material que la Ley 923 de 2004 le impuso en el inciso 2°, del numeral 3.1.1, del artículo 3°, consistente en la prohibición de exigir al personal del nivel ejecutivo vinculado de forma directa, un tiempo superior al determinado en el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 – norma anterior -, que vale señalar, para esa época – 31 de diciembre de 2004 – se presumía acorde al ordenamiento jurídico por el legislador […]”:
La solicitud de tutela
Pretensiones
16. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…]
Con fundamento en los hechos relacionados solicito disponer y ordenar a la parte accionada y a favor de mi poderdante, lo siguiente.
Con el convencimiento de que lo aquí expuesto se ajusta al ordenamiento contencioso administrativo y, es suficiente para que no se desconozca el derecho puesto en movimiento con la presentación de la demanda, ni se cierre la posibilidad del debate jurisdiccional, porque ésta cumple con los requisitos que ameritan su admisión, comedidamente solicito tutelar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, mínimo vital, igualdad, a la seguridad social y, ordenar se deje sin efectos la sentencia del Juzgado 54 (sic) Administrativo de Oralidad de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca […] en sentencia del 31 de mayo de 2018, dentro del proceso No. 11001 33 42 051 2016 00186 01 y en consecuencia ordenar que en un término no mayor a 48 horas sea proferida nuevo auto en donde se protejan los derechos del accionante, valorándose las pruebas arrimadas en forma efectiva y teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular se han venido expresando en diversas providencias del órgano de cierre y de la Corte Constitucional, accediéndose a las pretensiones de la demanda.
[…]”.
17. El actor señaló que las autoridades judiciales incurrieron en defecto sustantivo, porque establecieron que los tiempos de servicio que debía tener en cuenta para efectos de la asignación de retiro era el establecido en el Decreto núm. 1091 de 1995, el parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto núm. 4433 de 2004 y el artículo segundo del Decreto núm. 1858 de 2012, y los dos últimos fueron declarados nulos por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Además, para determinar los requisitos de la asignación de retiro, se debían haber aplicado los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 8 de junio de 1990.
18. Igualmente afirmó que la Sección Segunda y Cuarta del Consejo de Estado, al proferir las siguientes sentencias, resolvieron casos con similares de manera contraria a lo decidido en el presente asunto:
• 27 de abril de 2017, identificada con el núm. único de radicación 11001031500020160345200, MP. Stella Jeannette Carvajal Basto.
• 11 de abril de 2018, identificada con el núm. único de radicación 25000234200020150194901, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
• 24 de abril de 2018, identificada con el núm. único de radicación 11001031500020170199701, MP. Cesar Palomino Cortes.
• 3 de septiembre de 2018, identificada con el núm. único de radicación 11001032500020130054300, MP. Cesar Palomino Cortés.
Actuación
19. El Despacho sustanciador, por auto de 17 de septiembre de 2018, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.
20. De igual manera, dispuso vincular al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y a Casur, concediéndoles el mismo término de dos (2) días para rendir el informe.
Intervenciones de las partes accionadas y de las partes vinculadas
21. El doctor Norberto Mendivelso Pinzón, en calidad de Juez Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, realizó un recuento de los hechos de la solicitud de tutela, y señaló que en el caso concreto no se cumplen con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, teniendo en cuenta que la situación planteada no corresponde a un asunto de relevancia constitucional, puesto que se limita a una situación de interpretación legal, a la luz de los precedentes jurisprudenciales que han abordado temas similares.
22. Asimismo, señaló que la decisión proferida por el Juzgado se tomó, de conformidad con la normativa vigente, y de ninguna manera se vulneró el precedente, toda vez que, se tuvo en cuenta la decisión proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de junio de 2016, MP. Amparo Oviedo Pinto, proceso identificado con número único de radicación 25000234200020150194900.
23. El apoderado especial de Casur, realizó un recuento de los hechos del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y de los argumentos jurídicos del mismo, para concluir que el Tribunal profirió la decisión con base en la normativa vigente para el caso bajo estudio, por lo que la presente acción de tutela se torna improcedente al pretender la revisión de un proceso legalmente concluido, por lo que solicitó negar las pretensiones del amparo.
24. La doctora Patricia Victoria Manjarrés Bravo, en calidad de Magistrada de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, señaló que teniendo en cuenta la solicitud de tutela, en la que se indicó que el Tribunal incurrió en defecto fáctico, en atención a que no se tuvo en cuenta los medios probatorios que indicaban que su vinculación se produjo con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, lo cual resultaba indispensable para concluir que estaba cobijado por los principios mínimos contenidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, los que prohibían imponer, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, tiempos superiores a los previstos en disposiciones anterior, como el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
25. La autoridad judicial indicó que, si se tuvo en cuenta dicho medio probatorio, tanto en la relación probatoria como en la resolución del caso concreto, al mencionar que su vinculación ocurrió el 25 de febrero de 1999, por lo que de ninguna manera podía configurarse el defecto aducido, habida cuenta que a partir de esa información, se determinó el tiempo de servicios del actor y el consecuente estudio de los principios de la Ley 923 de 2004.
26. Asimismo, señaló que mediante providencia de 8 de octubre de 2015 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con núm. único de radicación 11001032500020130054300, MP. Sandra lisset Ibarra Vélez, revocó la suspensión provisional del artículo 2° del Decreto 1858 , por considerar que dicha disposición respetó los límites de la ley 923, consistente en mantener los tiempos contenidos en normas anteriores para acceder a la asignación de retiro del personal vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, que para el caso del personal del nivel ejecutivo vinculado de forma directa, correspondía al artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, y que si bien es cierto, con posterioridad, se declaró la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, ello ocurrió el 3 de septiembre de 2018, es decir tres meses después de la proferida sentencia.
27. Con respecto a las sentencias del Consejo de Estado citadas en la solicitud de tutela mencionó que:
“[…] ninguna resulta aplicable al presente caso, habida cuenta que difieren de los supuestos fácticos resueltos por esta Sala de Decisión en sentencia de 31 de mayo de 2018, especialmente, en lo relacionado con la fecha de retiro del señor Yilver Manrique Manrique que contraría a esas decisiones, tuvo lugar cuando estaba vigente el Decreto 1858 de 6 de septiembre de 2012 – 29 de abril de 2014-, veamos:
Proceso
Fecha decisión
Fecha de retiro
Norma aplicable
25000 23 42 000 2015 01949 01
11/04/2018
27/02/2012
Decreto 1212 de 1990
05001 23 33 000 2013 01922 01
17/04/2018
10/08/2011
Decreto 1212 de 1990
11001 03 15 000 2017 01997 01
24/04/2018
08/08/2014
Decreto 1212 de 1990, en atención a que para esa época se encontraba suspendidos los efectos del Decreto 1858 de 2012
28. Con respecto a la sentencia proferida el 20 de marzo de 2018, identificada con el núm. único de radicación 11001 03 15 000 2018 00521 00, afirmó que se trataba de una desvinculación ocurrida en el año 2012, razón por la cual los supuestos fácticos eran diferentes al caso bajo estudio.
La sentencia impugnada
29. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 5 de febrero de 2019, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO.- NIÉGANSE las pretensiones de la solicitud de tutela interpuesta por el señor Yilver Manrique Manrique contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E y el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo de Bogotá […]”.
30. La Sección Cuarta indicó que en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se demostró que el actor fue vinculado a la Policía Nacional de forma directa al nivel ejecutivo, que prestó sus servicios durante 17 años, 4 meses y 26 días y que, fue retirado del servicio por separación absoluta.
31. Asimismo, mencionó que:
“[…] Ahora bien, la Sala advierte que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en sentencia de 3 de septiembre de 2018, anuló, con efectos ex tunc, el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, norma en que se sustentó la decisión de negar la asignación de retiro del accionante, al igual que los fallo de primera y segunda instancia, y aunque dicha decisión se dictó con posterioridad a la providencia atacada, lo cierto es que esta genera una incidencia en el caso bajo estudio, en razón a que la decisión de nulidad conllevó a expulsar del ordenamiento jurídico el tiempo de servicio de 25 años que se le exigió al actor al momento en que se estudió el reconocimiento de la prestación motivo del debate.
Pese a lo anterior, dicha incidencia no establece la posibilidad de conceder el amparo solicitado como lo ha hecho esta Sección en un pronunciamiento anterior, puesto que, en dicho caso la Sala estudió el caso de una asignación de integrante de las fuerzas militares, para lo cual el ordenamiento jurídico establece una forma propia para los militares que es el Decreto 1211 de 1990, por lo cual se podía establecer cuál era la causal de retiro y el tiempo de servicio requerido para que se reconociera una asignación de retiro […]”:
32. Afirmó que, en el caso bajo estudio la situación fáctica no es la misma, teniendo en cuenta que el actor se vinculó directamente al nivel ejecutivo, por lo que no era un caso de homologación, y como las normas que regulaban el reconocimiento de la asignación de retiro para dichos miembros de la policía se anularon, se debía privilegiar el principio de la autonomía e independencia judicial, para que el juez determinara cual era el marco normativo aplicable.
33. Agregó que, incluso en la providencia citada por el actor de la Sección Segunda de la Corporación (sin mencionar su referencia), se consideró que si fuese el caso no aplicar el artículo 2.° del Decreto núm. 1858, la norma a verificar sería el Decreto núm. 1212 de 1990.
34. Por lo que en caso de aplicar dicho Decreto, el actor tampoco cumplía el término legal para acceder a la asignación de retiro al no tener cumplidos 20 años de servicio.
La impugnación
35. El señor Yilver Manrique Manrique, impugnó la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, solicitando que se accedieran a las pretensiones del amparo.
36. Adujo que tenía derecho a la asignación de retiro en aplicación del Decreto núm. 1213 de 1990, toda vez que cumplía con los requisitos para ser acreedor a dicha prestación; para el efecto citó varios pronunciamientos jurisprudencialesque, a su juicio, habían resuelto casos similares, en donde se accedieron a las pretensiones de la demanda, y se reconoció la asignación de retiro. Las providencias mencionadas en el escrito de impugnación fueron las siguientes:
• 14 de septiembre de 2017, en el proceso identificado con el número único de radicación 76001233100020060294201, MP. William Hernández Gómez.
• 11 de abril de 2018, en el proceso identificado con el número único de radicación 25000234200020150194901, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; en las que, a su juicio se accedió a las pretensiones de la demanda en casos similares.
• 3 de septiembre de 2018, en el proceso identificado con el número único de radicación 11001032500020130054300, MP. Cesar Palomino Cortés, mediante el cual se declaró la nulidad del artículo 2° del Decreto núm. 1858 de 2012.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
37. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y el artículo 2.° del Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 2018.
Generalidades de la acción de tutela
38. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
39. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela contra el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir las sentencias de 4 de noviembre de 2016 y 31 de mayo de 2018, respectivamente; y de ser así, ii) determinar si, vulneraron los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social del actor por incurrir en defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, al negar el pago de la asignación de retiro, por no cumplir con el tiempo de servicios requerido para los suboficiales vinculados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, en aplicación del artículo 2.° del Decreto núm. 1858, cuando a su juicio la normativa aplicable era el Decreto núm. 1213; además, de haber desconocido el precedente judicial de las siguientes providencias en las que, a su juicio se accedió a las pretensiones de la demanda en casos similares::
• 14 de septiembre de 2017, en el proceso identificado con el número único de radicación 76001233100020060294201, MP. William Hernández Gómez.
• 11 de abril de 2018, en el proceso identificado con el número único de radicación 25000234200020150194901, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez; -
• 3 de septiembre de 2018, en el proceso identificado con el número único de radicación 11001032500020130054300, MP. Cesar Palomino Cortés, mediante el cual se declaró la nulidad del artículo 2° del Decreto núm. 1858 de 2012.
40. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y, finalmente, v) la Sala procederá al estudio de los hechos probados; del caso concreto y las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
41. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales
42. Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
43. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
44. Además de estas exigencias, la Corte Constitucional en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que la propia Corte Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “[…] de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial […]”.
45. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
46. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer orden, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]” que encaje en dichos parámetros.
47. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
48. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto
49. De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la Sala entrará a examinar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación.
50. En el caso bajo examen, la Sala advierte que estudiará los requisitos generales con base en los lineamientos que exige la sentencia C-590 del 2005, para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:
51. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Yilver Manrique Manrique a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social.
52. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de los derechos fundamentales a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, al mínimo vital y a la seguridad social, y además, ii) el actor cumplió con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales las autoridades judiciales accionadas incurrieron en posibles defectos sustantivos.
53. Para la Sala exigirle al actor una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional solo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales.
54. Cumplió con el principio de inmediatez; en la medida que se interpuso dentro de un plazo razonable después de proferida la providencia de 31 de mayo de 2018, por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
55. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos invocados respecto a la solicitud de amparo consistente a la asignación de retiro.
56. En la acción de tutela no se alega un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad.
57. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
58. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
El caso concreto
59. La Sala aclara que si bien es cierto el actor presentó la acción de tutela contra las sentencias proferidas por el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 4 de noviembre de 2016 y 31 de mayo de 2018, respectivamente, esta Sala analizará únicamente la última providencia, teniendo en cuenta que fue la providencia que quedó ejecutoriada.
60. Atendiendo lo anterior, la Sala deberá determinar si, en efecto la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 31 de mayo de 2018 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 051 2016 00186 01, incurrió en defecto sustantivo por i) falta de aplicación de normas jurídicas y ii) desconocimiento del precedente judicial, de conformidad con los argumentos de la impugnación.
61. Para determinar lo anterior, la Sala hará los siguientes análisis: i) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; ii) el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas; y, iii) análisis del caso en concreto.
Desconocimiento del precedente judicial
62. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia.
63. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 2001; C-816 de 2011; C-179 de 2016; y T-102 de 2014.
64. En relación con esta causal, la Corte Constitucional ha desarrollado, ampliamente, el concepto del precedente judicial, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […].” (Destacado fuera de texto).
65. Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia.
66. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal). En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…] En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Destacado de la Sala).
67. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
68. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
69. En efecto, la Sala ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas
70. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el defecto sustantivo, en los siguientes términos:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica.
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=11001-03-15-000-2018-01139-00(AC)" \l "sdfootnote33sym" 33, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=11001-03-15-000-2018-01139-00(AC)" \l "sdfootnote37sym" 37.
Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Document/?docid=11001-03-15-000-2018-01139-00(AC)" \l "sdfootnote40sym" 40.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”.
71. El defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas se presenta cuando el juez desconoce las normas que deben tenerse en cuenta en un caso determinado.
72. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que el juez de tutela se debe limitar a verificar la ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, dado que su decisión “[…] no puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
73. Así las cosas, para que sea procedente el defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, no basta con mencionar que la providencia incurrió en defecto sustantivo, sino que es necesario demostrar que la decisión cuestionada contradice, de manera manifiesta, el régimen jurídico que debía aplicar.
74. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional, ha precisado que este se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (Destacado de la Sala).
Análisis del caso en concreto
75. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
Acervo y análisis probatorios
76. Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros proferidos por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas y el desconocimiento del precedente, a fin de determinar si, efectivamente, la autoridad judicial al proferir la providencia accionada incurrió en los yerros mencionados, para lo cual revisará el acervo probatorio.
77. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 11001 33 42 051 2016 00186 01 del cual se destaca:
• La Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional expidió la hoja de servicios del subintendente Yilver Manrique Manrique en la que se indicó que prestó sus servicios en la entidad en los siguientes periodos:
Denominación
Desde
Hasta
Tiempo
Servicio militar
30/01/1992
27/01/1993
11 meses y 27 días
Alumno nivel ejecutivo
25/02/1998
24/02/1999
11 meses y 29 días
Nivel ejecutivo
25/02/1999
29/04/2014
15 años, 2 meses y 4 días
Total: 17 años, 4 meses y 26 días
• La Oficina de Notificaciones de la Policía Nacional, el 29 de abril de 2014, mediante diligencia de comunicación personal, le notificó al actor la Resolución núm. 01615 de 28 de abril de 2014, por medio de la cual se separó de forma absoluta del servicio activo.
• El actor, por intermedio de apoderado especial presentó una petición ante la Policía Nacional para que se “[…] reconozca e incluya en nómina la asignación mensual de retiro de mi poderdante, en el grado de subintendente por haber laborado por más de 15 años en la Policía Nacional, ya que de acuerdo a la ley y jurisprudencia tiene derecho a la misma, que estos dineros sean cancelados con retroactividad, además que con intereses e indexados […]”.
• El Director General de la Policía Nacional, mediante oficio núm. 22283/GAG SDP de 1 de diciembre de 2015 le informó al actor que:
“[…] De forma atenta le informo que según la hoja de servicios No. 1120949, expedida por la Policía Nacional el 11-06-2014 certifican que prestó servicios en la Policía Nacional por espacio de 17 años, 4 meses y 26 días, incluidos los tiempos de servicio militar, alumno del nivel ejecutivo y diferencia por año laboral, siendo retirado de la Institución por separación absoluta, a partir del 24-04-2014.
De conformidad con los Decretos 1091 de 1995 y 4433 de 2004, en concordancia con el Decreto 1858 del 06-09-2012 normas de carácter especial que regulan la carrera del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, entre otros pronunciamientos establecen que el miembro del nivel ejecutivo debe acreditar 25 años de servicio cuando la desvinculación del servicio activo se produce por separación absoluta, condición que no se cumple para efecto del reconocimiento de asignación de retiro […]”.
Cargo por desconocimiento del precedente judicial
78. Frente a este cargo, la Sala evidencia que el actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial se apartó de los precedentes jurisprudenciales emanados por parte del Consejo de Estado, en los que as su juicio, se había otorgado la asignación de retiro a Policía que tenían similares presupuestos fácticos al caso bajo estudio.
79. Ahora, para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de las sentencias se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
Sentencias proferidas por el Consejo de Estado
80. La Sala debe efectuar el respectivo análisis de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado, para concluir si el Tribunal al resolver el caso concreto incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Para tales efectos, se analizarán los problemas jurídicos y los respectivos argumentos jurídicos abordados por el Consejo de Estado.
Sentencia de 14 de septiembre de 2017 proferida por el Consejo de Estado
81. En esta oportunidad el demandante ingresó a la Policía Nacional el 25 de enero de 1988, en calidad de agente y fue retirado de la entidad por destitución, el 5 de diciembre de 2005. Asimismo, el problema jurídico que tenía que resolver el Consejo de Estado consistió en lo siguiente:
“[….] Establecido lo anterior, los problemas jurídicos que se deben resolver en esta sentencia se resumen en las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es la normativa aplicable al señor Jhon Jairo Arredondo Montaño a efectos de definir si le asiste el derecho a la asignación de retiro?
2. ¿Los conceptos de retiro por «separación absoluta» y «destitución» son equiparables a la causal de «mala conducta comprobada» contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990?
3. ¿El señor Jhon Jairo Arredondo Montaño reúne los requisitos legales para el reconocimiento y pago de la asignación de retiro? […]”.
82. Indicó que:
“[…]
La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica que surge de la relación laboral administrativa existente entre el Estado y los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), quienes al cese definitivo de la prestación de sus servicios se hacen acreedores, en tanto cumplan con los requisitos legalmente establecidos, al reconocimiento y pago en forma mensual y vitalicia de una determinada suma de dinero que tiene como finalidad garantizar, al menos, la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador retirado y las de su familia. En esos términos, la asignación de retiro resulta ser la consagración de un sistema pensional especial para la Fuerza Pública y, por lo tanto, una de las formas en que se materializa el derecho a la seguridad social en este sector, lo que determina que constituya un derecho fundamental irrenunciable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la HYPERLINK "http://www.noticieroficial.com/paneldecontrol/framecodigos.php?i=codigo&token=1&cat=21" Constitución Política.
El 8 de junio de 1990 se expidió el Decreto 1213, por medio del cual se reformó el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional. En ese entonces la estructura de jerarquías y escalafones al interior de la entidad se encontraba integrada por tres niveles que eran el de oficiales, el de agentes y el de suboficiales. Dicho decreto consagró en su artículo 104 lo relacionado con la asignación de retiro de los agentes de la institución policial.
[…]”.
83. Al resolver el caso bajo estudio concluyó que era necesario establecer la fecha de retiro activo del demandante para determinar la norma aplicable para la asignación de retiro y resolvió que para el 5 de diciembre de 2005 regía el Decreto núm. 1213 de 1990. Asimismo, consideró que los conceptos “[…] de retiro por “separación absoluta” y “destitución” previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía Nacional son equiparables a la causal de «mala conducta comprobada» contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la evolución normativa que ha tenido tal régimen […]”.
Sentencia del 11 de abril de 2018 proferida por el Consejo de Estado
85. En esta demanda el demandante ingresó a la Policía Nacional el 12 de febrero de 1996 hasta el 27 de febrero de 2012, fecha en que fue retirado del servicio por destitución, es decir que acumuló un tiempo de servicio de 16 años, 3 meses y 5 días. Asimismo, el problema jurídico que tenía que resolver el Consejo de Estado consistió en lo siguiente:
“[…] determinar la norma aplicable y el tiempo requerido para que un integrante del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, incorporado automáticamente y vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, acceda a la asignación de retiro cuando su desvinculación se produce por destitución […]”.
86. Señaló que:
“[…] Es claro entonces, que la jurisprudencia de la sección segunda de ésta Corporación, analizando la legalidad de las nuevas disposiciones relacionadas con el tiempo de servicio requerido para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro, en función del marco general dispuesto en la Ley 923 de 2004, se inclinó por acudir a la normatividad anterior a los Decretos 1091 de 1995, 2070 de 2003 y 4433 de 2004, esto es, a los Decretos 1212 y 1213 de 1990, al considerar que además de los vicios en su formación, éstas normativas desaparecieron del ordenamiento positivo al ser declaradas nulas.
Entonces, si bien la entidad demandada se fundamentó en el parágrafo del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004 y en el artículo 2º del Decreto 1858 de 2012 para negar el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante, lo cierto es, que mediante sentencia proferida el 12 de abril del 2012 por esta Corporación, con ponencia del Consejero Alfonso Vargas Rincón dentro del proceso con radicado interno 1074 – 2007, el primero de los artículos referidos fue declarado nulo, por cuanto excedió lo dispuesto por la Ley marco e invadió competencias legislativas, al modificar lo atinente al tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraba en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas legítimas.
Así las cosas, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, los efectos de la sentencia de nulidad se retrotraen al momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad, sin que ello afecte las situaciones consolidadas o los derechos reconocidos bajo el amparo de la disposición anulada. Igualmente, la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones particulares que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por tanto, la declaratoria de nulidad del parágrafo del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004 afecta la situación jurídica del demandante en la medida que al proferirse la sentencia (12 de abril del 2012), no se encontraba consolidada su situación, toda vez que precisamente está en discusión su derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con base en el artículo declarado nulo.
La consecuencia lógica de la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y del parágrafo del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004 es que se aplique para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante la ley reglamentada, es decir, la Ley 923 del 2004 tal como lo ha señalado en asuntos similares esta Corporación.
En ese sentido, a la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 (30 de diciembre del 2004) el demandante se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional y había ingresado por incorporación directa al nivel ejecutivo de dicha entidad; por tanto no se podía exigir un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores.
En esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro le es aplicable la transición señalada en el artículo 3º, ordinal, 3.1 inciso segundo de la Ley 923 del 2004, toda vez que el único condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia de esta normativa la persona se encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública, al margen de la causal de retiro.
Conforme a lo expuesto, para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante resulta entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, teniendo en cuenta la condición que ostentaba al momento de su desvinculación, esto es Subintendente, que señala para el caso concreto 15 años de servicios para su reconocimiento, cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia, requisito que cumple toda vez que según la hoja de servicios y el acto acusado, al momento de su retiro del servicio contaba con un tiempo de servicio de 16 años, 3 meses y 5 días.
Ahora bien y clarificado el aspecto atinente a la norma aplicable al actor para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, debe proceder la Sala a señalar que el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 no hace referencia a la “destitución” como causal de retiro del servicio, siendo necesario precisar si la misma se puede enmarcar dentro de alguna de las causales que contempla dicha disposición.
En tal sentido, debe precisar la Sala que, como el demandante estuvo vinculado durante toda su vida laboral al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, hasta que se produjo su retiro por destitución, que como se indicó no se encuentra prevista dentro del artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, lo cierto es que dicha situación puede ser enmarcada dentro de la causal de mala conducta, razón por la cual, al hacer una interpretación amplia de la norma, debe entenderse tal causal como un tipo en blanco en donde se encuentran incluidos acontecimientos que al verse cuestionados pueden culminar en una sanción bien sea de carácter penal, fiscal o disciplinario, y que al ser llevadas al caso concreto, evidencian que el retiro del servicio se realizó con fundamento en la existencia de mala conducta sin que ello implique la negativa al reconocimiento de la asignación de retiro una vez se verifique el complimiento de los requisitos legales del interesado.
Así las cosas, y como quiera que la figura de la destitución puede enmarcarse dentro de la causal de retiro del servicio por mala conducta, lo cual resulta procedente en el caso bajo análisis, en la medida en que de acuerdo con la hoja de servicios del demandante, su retiro del servicio de produjo por destitución, lo cual constituye un hecho indicador de que su dimisión se dio por mala conducta, por lo que será ésta la causal bajo la cual se verificará el cumplimiento del tiempo de servicios para acceder a la asignación de retiro.
El argumento principal formulado por la entidad demandada al negar el derecho pretendido es que el demandante no acreditó un tiempo de servicio de 25 años, conforme lo establecen los Decretos 4433 del 2004 y 1858 del 2012, teniendo en cuenta que su retiro de la institución policial se produjo en cumplimiento de la decisión disciplinaria que le impuso la sanción de destitución; no obstante lo anterior y conforme lo señalado, la situación del señor Vinasco Salazar debe enmarcarse dentro de la causal de retiro por mala conducta, la cual exige en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, un tiempo de servicios mínimo de 15 años para obtener la asignación de retiro, condición que cumple el accionante por haber laborado 16 años, 3 meses y 5 días.
En ese orden de ideas, el actor al haber sido miembro activo de la Policía Nacional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3º ordinal 3.1 ibídem y, en esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 (15 años), el cual le es aplicable teniendo en cuenta la condición que ostentaba al momento de su desvinculación como Subintendente de la institución.
A la altura de lo enunciado, es pertinente señalar que al demandante no se le puede aplicar el Decreto 1858 del 2012 para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues de hacerlo se desconocería que el régimen de transición garantizaba la expectativa para que la situación de quienes se encontraban en servicio activo de la Policía Nacional, continuara rigiéndose por el Decreto 1212 de 1990, en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio; aunado a que para el momento en que entró en vigencia dicha norma (6 de septiembre de 2012) el actor había sido retirado de la institución. […]”.
87. Concluyó que conforme a lo expuesto la norma aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro era el artículo 144 del Decreto núm. 1212 de 1990, en el que se exigía un término de 15 años de servicios, cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia, y que el demandante demostró un término de 16 años, 3 meses y 5 días.
Sentencia del 3 de septiembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado
88. En esta oportunidad se demandó la nulidad del artículo 2.° del Decreto núm. 1852 de 2012, por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional; y como problema jurídico se planteó:
“[…] (ii) Si aumenta o no los requisitos de tiempo de servicio para acceder a la asignación de retiro para el personal con vinculación directa en el nivel ejecutivo activos al 30 de noviembre de 2004
(iii) Si genera o no trato desigual, entre el personal del nivel ejecutivo activo a 30 de diciembre de 2004, de incorporación directa, con los incorporados por homologación también con los niveles de oficiales, suboficiales y agentes […]”:
89. Para resolver:
“[…] DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 “por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”, expedido por el Gobierno Nacional […]”.
90. Lo anterior, por cuanto consideró que con la disposición acusada el Gobierno Nacional desbordó los términos temporales previstos en la Ley 923 de 2004 para acceder al derecho de asignación de retiro de los integrantes del nivel ejecutivo incorporados directamente y en servicio activo a 31 de diciembre de 2004, y desconoció y violentó los límites materiales previstos para la fijación del régimen de asignación de retiro de la Fuerza Pública, con lo cual excedió el ejercicio de la potestad reglamentaria.
91. En el presente caso está acreditado que el señor Yilver Manrique Manrique ingresó a la Policía Nacional a prestar el servicio militar del 30 de enero de 1992 al 27 de enero de 1993, luego de manera directa como Alumno del Nivel Ejecutivo del 25 de febrero de 1998 al 24 de febrero de 1999 en donde posteriormente fue ascendido a patrullero el 25 de febrero de 1999, grado que pertenece al Nivel Ejecutivo, y retirado del servicio por separación absoluta, el 29 de abril de 2014, mediante Resolución núm. 01815, acumulando un tiempo de servicio de 17 años, 4 meses y 26 días.
92. Para la Sala las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado no constituyen precedente judicial, toda vez que la situación fáctica del caso concreto no son similares a los casos que se decidieron en las citadas sentencias, y en ese orden de ideas, el Tribunal judicial accionado no incurrió en defecto sustantivo. Veamos:
91. Con respecto a la sentencia de 14 de septiembre de 2017 proferida por el Consejo de Estado, se puede evidenciar que se trata de una persona que ingresó a la institución el 25 de enero de 1988 al 5 de diciembre de 2005, por lo que es un caso en los que la situación fáctica consistía en un funcionario que ingresó al nivel ejecutivo por homologación en la Policía Nacional, y no de manera directa, como en el caso sub examine.
92. Con relación a la sentencia de 11 de abril de 2018 proferida por el Consejo de Estado la decisión de acceder a la asignación de retiro obedeció a que la primera instancia había negado su prestación, porque no se cumplía con el artículo 25 del Decreto núm. 4433 de 2004, pero al momento de resolver la situación jurídica del demandante, 12 de abril de 2012, no se encontraba consolidada la situación, razón por la cual no era aplicable dicha norma jurídica. En el caso bajo estudio, el señor Manrique Manrique argumentó en la solicitud de tutela que debía aplicarse el Decreto núm. 1212 de 1990, (luego en la impugnación afirmó que era el Decreto núm. 1213 de 1990), y el Tribunal, al resolver el problema jurídico, consideró que la norma vigente para el caso del demandante era el Decreto núm. 1858 de 2012, por lo que en el tiempo estaba vigente una normativa diferente.
93. Con respecto a la providencia de 3 de septiembre de 2018 proferida por el Consejo de Estado y que declaró la nulidad del artículo 2.° del Decreto núm. 1858 de 2012, tampoco es aplicable al caso bajo estudio, teniendo en cuenta que la sentencia del Tribunal que ahora acusa el actor, fue proferida el 31 de mayo de 2018, cuando estaba vigente dicho acto administrativo, es decir, si bien luego se declaró la nulidad para el momento de proferirse la providencia que declaró la nulidad, la situación del actor estaba consolidada.
94. En ese orden de ideas, para la Sala los precedentes judiciales invocados por el actor no le son aplicables a su caso concreto, toda vez que, las providencias citadas no guardan identidad fáctica y jurídica con el caso, teniendo en cuenta que él se incorporó de manera directa a la Policía Nacional, mientras que en la primera providencia corresponde a un integrante de la Policía Nacional que ingresó a la institución como agente y, una vez cumplió los requisitos fue homologado al Nivel Ejecutivo, motivo por el cual, no era viable aplicar la ratio decidendi contenida en dicho pronunciamiento al presente caso; en la segunda providencia, la normativa aplicada al momento de proferir las sentencias era diferente, razón por la cual tampoco podía considerarse que se vulneraba el derecho a la igualdad; y en la tercera providencia la situación del actor estaba consolidada, teniendo en cuenta que la sentencia se profirió el 31 de mayo de 2018 y la declaratoria de nulidad se profirió el 3 de septiembre de 2018.
95. Por las anteriores razones, a juicio de la Sala no hubo desconocimiento del precedente judicial, y con base en lo anteriormente expuesto, la tesis expuesta por el Tribunal en su sentencia fue la correcta, en donde adujo que:
“[…] Por tanto, concluye la Sala que la situación prestacional para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro del actor no puede analizarse conforme al Decreto 1212 de 1990, como quiera que a la fecha de retiro del actor se encontraba vigente el Decreto 1858 de 2012, que como se dijo en precedencia surtió efectos desde el 6 de septiembre de 2012 y no puede inaplicarse por vía de excepción, en la medida que esa previsión, se ciñó al límite material que la Ley 923 de 2004 le impuso en el inciso 2°, del numeral 3.1. del artículo 3°, consistente en la prohibición de exigir al personal del Nivel Ejecutivo vinculado de forma directa, un tiempo superior al determinado en el artículo 51 del Decreto 51 del Decreto 1091 de 1995 – norma anterior -, que vale señalar, para esa época – 31 de diciembre de 2004 – se presumía acorde al ordenamiento jurídico por el legislador.
Ahora bien el demandante aporta sentencias del Consejo de Estado en donde se ordena el reconocimiento de la asignación de retiro conforme a los requisitos contenidos en el Decreto 1212 de 1990, al personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional como lo son las emitidas el 28 de septiembre de 2017 y el 5 de octubre de 2017, sin embargo, las mismas no pueden tenerse en cuenta para resolver el presente asunto, habida cuenta que hacen referencia a distinta situación fáctica, pues resuelven una controversia que un homologado, como es el caso de la primera decisión y además, en ambos retiros se producen con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1858 de 2012.
Por otra parte, sin en todo caso se aceptara que el actor se encuentra inmerso en la transición del artículo 3°, ordinal 3.1. inciso segundo de la Ley 923 de 2004 y proceder hacer aplicación del Decreto 1212 de 1990, se advierte que al ser desvinculado por separación absoluta, el interesado debe cumplir 20 años de servicios, pues dicha causal no fue enlistada en el artículo 144 como aquellas que exigen 15 años de vinculación, y en consecuencia la acreditar 17 años, 4 meses y 26 días tampoco resulta procedente el reconocimiento de la asignación de retiro […]”:
Cargo por defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas
96. Para la Sala este cargo no está llamado a prosperar, toda vez que el Tribunal al resolver el caso concreto, aplicó correctamente la norma jurídica, que debía resolver la situación, esto es, el artículo 2.° del Decreto núm. 1858 de 2012.
97. La Sala observa, que al abordar el cargo por desconocimiento del precedente judicial, indicó que el actor fue retirado del servicio por la causal de separación absoluta de la Policía Nacional el 29 de abril de 2014, y en ese orden de ideas la norma jurídica aplicable al caso concreto era el artículo 2. ° del Decreto núm. 1858 de 2012, como aconteció.
98. Asimismo, en la medida en que la aplicación del Decreto núm. 1858 de 2012 no quebrantaba las disposiciones del numeral 3.1 del artículo 3.° de la Ley 923 de 2004, relacionadas con que “no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley”, comoquiera que no podía predicarse que el actor tuviera una expectativa legitima fundada en régimen anterior, pues se incorporó a la institución de manera directa.
99. Por último, el actor considera en el escrito de impugnación que debía aplicarse el Decreto núm. 1213 de 1990, pero la Sala reitera dicho acto administrativo regía para el nivel de suboficial o agente, y en este caso el actor se vinculó directamente en el Nivel Ejecutivo, y de acuerdo como lo resolvió la autoridad judicial, para la fecha del retiro de la institución por separación absoluta estaba vigente el Decreto núm. 1858 de 2012 norma que aplicó el Tribunal, sumado a que se afirmó que en caso de aceptarse que se debía aplicar el Decreto núm. 1212 de 1990 citado en la solicitud de tutela y el decreto núm. 1213 de 1990 en la impugnación, las causales del retiro de los artículos 144 y 104 no establecía la asignación de retiro por el término de 15 años para la causal de retiro de separación absoluta como ocurrió en el caso sub examine.
100. Con base en lo anteriormente expuesto, para la Sala la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas, ni desconocimiento del precedente judicial, teniendo en cuenta que profirió su sentencia de manera razonable y ajustada a derecho, en donde no se evidenció por esta Sala una actuación grosera o arbitraria que haya traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales del actor.
Conclusión de la Sala
101. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 5 de febrero de 2019 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.
SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
"Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional"
Cfr. Folios 51 a 54
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política. Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995. Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares
Por la cual se reforma el Estatuto de personal de Oficiales y. Suboficiales de la Policía Nacional
Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional
Cfr. Folios 72 a 73
Cfr. Folios 90 a 94
Se aclara que si bien es cierto el actor afirmó que se incurrió en defecto fáctico, lo cierto es que sus argumentos están encaminados a describir un presunto defecto sustantivo por inobservancia de las normas pertinentes y por desconocimiento del precedente judicial. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política
Cfr. Folios 117 a 123
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
“[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación 11001.03.15-000-2009-01328-00. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012. C.P. María Elizabeth García González, Número único de radicación 11001-03-15-0002009-01328-02. Corte Constitucional, sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01.
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Número único de radicación 11001-03-15-000-2012-02201-01. En dicho pronunciamiento, en lo pertinente, se sostuvo: “[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”. La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia acusada data del 31 de mayo de 2018, y la presente acción de tutela fue presentada el 11 de septiembre de 2018.
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial). Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008 con ponencia del magistrado Humberto Antonio Sierra Porto. Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de 2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
Ibídem. Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010,M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencia T-310 de 30 de abril de 2009, Ref. Expediente T-2.021.124, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, entre otras
Cfr. Folio 43 cd
Cfr. Folio 43 cd
Cfr. Folio 43 cd
Cfr. Folio 43 cd
Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. MP. Manuel José Cepeda Espinosa. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 14 de septiembre de 2017, núm. único de identificación 76001 23 31 000 2006 02942 01, CP. William Hernández Gómez
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 11 de abril de 2018, núm. único de identificación 25000 23 42 000 2015 01949 01 C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
(…)
ARTICULO 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. Los Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresen al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados del servicio activo después de veinte (20) años, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad psicofísica, o por voluntad del Gobierno, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro, así: 25.1 El setenta por ciento (70%) del monto de las partidas computables a que se refiere el artículo 23 del presente decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio. 25.2 El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuatro por ciento (4%) por cada año que exceda de los veinte (20) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%). 25.3 A su vez, el ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se adicionará en un dos por ciento (2%) por cada año, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables. PARAGRAFO 1o. También tendrán derecho al pago de asignación mensual de retiro, en las condiciones previstas en este artículo, los oficiales, y los miembros del Nivel Ejecutivo que se retiren por solicitud propia, siempre y cuando tengan veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres. PARAGRAFO 2o.
El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.
(…)”
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.”
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de septiembre de 2014, Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso, radicación 520012331000200501421 01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2017, Consejero Ponente William Hernández Gómez, exp. 4295-13. Folio 15. Al respecto debe señalarse que la Subsección A de esta sección mediante sentencia del 14 de septiembre de 2017 dentro del proceso 760012331000200602942-01consideró que “los conceptos de retiro por «separación absoluta» y «destitución» previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía Nacional son equiparables a la causal de «mala conducta comprobada» contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la evolución normativa que ha tenido tal régimen”.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.”
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional.”
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 3 de septiembre de 2018, C.P Cesar Palomino Cortés
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