Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01148-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial: la providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso y a la igualdad
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01148-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-01148-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
12 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera el derecho al debido proceso y a la igualdad / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - No se configura puesto que los precedentes citados no guardan identidad fáctica ni jurídica con el caso del accionante
[P]ara la Sala no cabe duda que, si bien, el Juzgado demandado se equivocó al aplicar una disposición legal aplicable al caso del demandante, el Tribunal de instancia, previó a desatar la controversia, determinó que la norma aplicable era la prevista en el Decreto 1858 de 2012, norma vigente para la fecha de la separación absoluta del servicio (8 de mayo de 2014), momento para el cual el [accionante] no acreditaba el tiempo mínimo de servicio exigido para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro. Asimismo, el Tribunal demandado estimó que las normas invocadas por el actor no le eran aplicables a su caso concreto debido a que los Decretos 923 de 2004 y 1212 y 1213 de 1990, regulaban la situación administrativa de los Agentes, Oficiales y Suboficiales que ingresaron al Nivel Ejecutivo por homologación. En ese sentido, los pronunciamientos invocados por el [accionante] no le son aplicables a su caso concreto, por cuanto, las providencias citadas no guardan identidad fáctica y jurídica con el caso del actor puesto que él se incorporó de manera directa a la Policía Nacional el 25 de febrero de 1998, mientras que los antecedentes citados corresponden a miembros que ingresaron a la Institución como agentes, oficiales y suboficiales y, una vez cumplieron los requisitos fueron homologados al Nivel Ejecutivo, motivo por el cual, les era imposible que las autoridades judiciales demandadas aplicar el contendido de esas decisiones.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1212 DE 1991 - ARTÍCULO 144 / DECRETO 1858 DE 2012 / LEY 923 DE 2004 - ARTÍCULO 3 NUMERAL 3.1
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al desconocimiento del precedente, ver: Corte Constitucional, sentencia de 6 de abril de 2006, exp. T-292, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Sobre el mismo tema y el hecho de que las sentencias de constitucionalidad constituyen precedente, ver: Corte Constitucional, sentencia de 16 de junio de 2016, exp. 11001-03-15-000-2016-00043-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. Respecto de la obligatoriedad del precedente, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 15 de octubre de 2015, exp. 11001-03-15-000-2015-01714-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sobre la postura reiterada de que solamente son vinculantes los precedentes plasmados en las sentencias de control de constitucionalidad y de unificación en tutela, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 25 de febrero de 2016, exp. 11001-03-15-000-2016-00103-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sobre casos similares al estudiado en la presente tutela, en los que se despacharon desfavorablemente las pretensiones de los demandantes, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 12 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-03164-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; sentencia de 18 de abril de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-00606-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro; y sentencia de 3 de mayo de 2018, exp. 11001-03-15-000-2017-02685-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01148-01 (AC)
Actor: WILSON JAIME ÁVILA PARADA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D Y OTRO
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo del 17 de mayo de 2018, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela de la referencia.
ANTECEDENTES
1. La petición de amparo
Mediante escrito radicado el 13 de abril de 2018 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Wilson Jaime Ávila Parada, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Indicó que tales derechos le fueron vulnerados con la expedición de las sentencias de 29 de abril de 2016 y 21 de septiembre de 2017, proferidas por las mencionadas autoridades judiciales dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-028-2015-00229 promovido contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, en adelante CASUR.
En concreto, formuló las siguientes pretensiones:
“(…) PRIMERA. Que se TUTELEN los derechos fundamentales vulnerados al señor intendente ® WILSON JAIME ÁVILA PARADA identificado con la cédula de ciudadanía número 4´293.714 expedida en Viracacha, Boyacá tales como DERECHO A LA IGUALDAD Y (sic) AL (sic) DEBIDO PROCESO – FAVORABILIDAD. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la providencia emitida por el JUZGADO VEINTIOCHO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ SECCIÓN SEGUNDA de fecha abril 29 de 2016 y la sentencia del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUB SECCIÓN “D” de fecha septiembre 21 de 2017 según las cuales negaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDA. EN SU LUGAR: dictar un fallo sustitutivo u ordenar que se haga, en donde se acceda a las pretensiones formuladas por el medio de CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO dentro del radicado No. 11001333502820150022901”.
2. Hechos
Manifestó que el 25 de febrero de 1998 ingresó a la Policía Nacional en condición de alumno Nivel Ejecutivo y el 24 de diciembre del mismo año fue ascendido al grado de patrullero en el mismo Nivel Ejecutivo.
Señaló que mediante Resolución 01785 de 8 de mayo de 2014 fue separado en forma absoluta del servicio activo de la Policía Nacional con ocasión de la imposición de una pena privativa de la libertad, momento para el cual ostentaba el cargo de Intendente y tenía 16 años, 5 meses y 8 días en servicio.
Relató que el 4 de agosto de 2014, en ejercicio del derecho de petición, solicitó a CASUR el reconocimiento y pago de la asignación de retiro de acuerdo con el Decreto 1212 de 1990, norma que exigía 15 años de servicio para el reconocimiento de la prestación.
Indicó que el Director General de CASUR mediante oficio 20936/GAG SDP de 28 de agosto de 2014, negó el reconocimiento de la referida asignación, debido a que los Decretos 4433 de 2004 y 1858 de 2012, establecían que el personal del Nivel Ejecutivo que fuera retirado en forma absoluta de la Institución debía acreditar 25 años de servicio.
Manifestó que el 20 de octubre de 2014, presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Judicial para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida el 11 de diciembre del mismo año.
Informó que el 17 de febrero de 2015, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, CASUR, con el fin de que obtener la nulidad del oficio 20936/GAG SDP de 2014 y, en consecuencia, ordenar el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
Narró que dicha demanda fue tramitada por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, despacho que en sentencia de 29 de abril de 2009, negó las pretensiones de la demanda por considerar que para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional la norma aplicable era la prevista en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1991, que establecía que cuando el retiro fuera por solicitud propia o separación absoluta debían acreditarse 20 años de servicio (expediente 11001-33-35-028-2015-00229-00).
Mencionó que esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de sentencia de 21 de septiembre de 2017, pero por considerar que la norma aplicable al caso del señor Ávila Parada eran la contenida en el Decreto 1858 de 2012, debido a que el actor se vinculó de manera directa al Nivel Ejecutado de la Policía Nacional, disposición que exigía 25 años de servicio para los casos de separación absoluta.
La anterior providencia fue notificada a través de mensaje de datos enviado a los buzones electrónicos de las partes el 31 de octubre de 2017.
3. Sustento de la petición
Destacó que las decisiones censuradas incurren en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente establecido en las sentencias de 18 de febrero de 2010, 9 de marzo de 2017 y 8 de septiembre de 2017, proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las cuales se reconoció la asignación de retiro a miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional retirados por separación absoluta.
Indicó que el Juzgado y el Tribunal demandados desconocieron que la destitución y la separación absoluta son figuras homologables a la causal de mala conducta establecida en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
Señaló que, si bien, en su caso concreto, la separación absoluta de se debió a la imposición de una pena privativa de la libertad, dicha decisión no sancionó la pérdida de sus derechos prestacionales, a los cuales tiene derecho al haber estado vinculado a la Policía Nacional por más de 15 años.
Manifestó que en los pronunciamientos invocados como desconocidos, la Sección Segunda del Consejo de Estado, sostuvo que en virtud del régimen de transición de la Ley 924 de 2004, para determinar el tiempo de servicio que debían acreditar los integrantes de la fuerza pública que se encontraban en servicio activo para el año 2004, para obtener el reconocimiento y pago de la asignación de retiro, debían aplicarse los Decretos 1211, 1212 y 1213 de 1990, que señalan entre 15 y 20 años de servicio.
Agregó que las autoridades accionadas también desconocieron las providencias de 5 de octubre de 2017 y 1° de marzo de 2018 dictadas por el Consejo de Estado; sin embargo, no explicó por qué ni como se configura el defecto alegado.
Concluyó que el Tribunal demandado no tuvo en cuenta que el mismo Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 26 de octubre de 2009, señaló que de acuerdo con la Ley 923 de 2004, para tener derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro, solo se requería que el funcionario acreditara que se encontraba en servicio activo al momento de la expedición de la norma.
4. Trámite de la solicitud de amparo
A través de auto del 19 de abril de 2019, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, al juez Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, para que dentro del término de dos (2) días contestaran la demanda.
Igualmente, se vinculó al director general de la Caja de Sueldos de la Policía Nacional, como tercero interesado, para que dentro del término de dos (2) días contestara la demanda, notificación que se surtió frente al vinculado.
5. Argumentos de defensa
5.1. Juez Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Bogotá
Mediante correo electrónico recibido en esta Corporación el 26 de abril de 2018, el juez Diego Alejandro Baracaldo Amaya, contestó la demanda en los siguientes términos:
Luego de referirse a los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, señaló que no existe ninguna de las condiciones para que se configure la vía de hecho en los términos de la jurisprudencia constitucional comoquiera que las decisiones cuestionadas se encuentran ajustadas a la normatividad que regula la materia y fueron expedidas con estricta sujeción a los parámetros legales que rigen las asignaciones de retiro de los miembros de la Policía Nacional.
Explicó que en la decisión de primera instancia se concluyó que el actor no cumplía con el tiempo mínimo de servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro previsto en el artículo 114 del Decreto 1212 de 1990, debido a que fue separado en forma absoluta del servicio y estuvo vinculado a la Entidad menos de veinte años; y, en la de segunda instancia se precisó que el reconocimiento de dicha asignación se regía por el artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, cuya aplicación genera la misma consecuencia del fallo de primera instancia, porque el actor tampoco cumplía con el tiempo mínimo de servicio.
Solicitó negar la tutela ante la inexistencia de vulneración de derechos fundamentales y, porque la conducta de ese despacho judicial estuvo ajustada a los presupuestos legales y jurisprudenciales vigentes sobre la materia.
5.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Mediante escrito recibido en esta Corporación el 27 de abril de 2018, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, integrante del mencionado Tribunal y ponente de la providencia de segunda instancia que se controvierte, respondió la tutela en los siguientes términos:
Indicó que en el fallo de instancia consideró que el régimen aplicable a la situación particular del actor era el contenido en el Decreto 1858 de 2012, bajo el cual no se cumplían los requisitos necesarios para el reconocimiento de la prestación pretendida.
Señaló que el razonamiento que hace el actor sobre la expectativa pensional bajo el tiempo establecido en el Decreto 1212 de 1990, de 15 años, no es acertado porque, en tratándose de la asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, no todas las situaciones fácticas pueden generalizarse, pues debe distinguirse la situación jurídica de aquellos Agentes y Suboficiales de la Institución que venían vinculados con anterioridad a la creación de ese nivel y que posteriormente se homologaron a la carrera policial, respecto de los cuales se deben respetar las expectativas legítimas; y, la de quienes se incorporaron directamente a la carrera ejecutiva bajo las normas que regulan el nuevo escalafón, distinción que adquiere importancia, en la medida que, en el primer caso, de conformidad con los Decretos 1212 y 1213 de 1990, el tiempo de servicio exigido era de 15 años, mientras que en el segundo, se deben aplicar los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012, normas que exigen un tiempo de servicio mínimo de 20 años.
Concluyó que la sentencia de segunda instancia no configura ningún defecto porque fue proferida por funcionarios competentes, con acatamiento al procedimiento establecido para esa clase de procesos, aplicando el supuesto legal que sirvió de fundamento a la decisión, de acuerdo al acervo probatorio allegado al proceso, sin que se presentara contradicción entre los fundamentos de la decisión y la sentencia misma, no se estaba frente a un error inducido, la decisión fue ampliamente motivada con fundamentos de hecho y de derecho, y no se presentó desconocimiento del precedente.
5.3. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
Mediante escrito recibido en esta Corporación el 27 de abril de 2018, el jefe de la Oficina Asesora de la Entidad, respondió que la acción de tutela no es un mecanismo idóneo para controvertir la legalidad de las providencias judiciales comoquiera que la ley consagra los recursos y las oportunidades procesales para interponerlos garantizando el derecho de defensa y de doble instancia.
Solicitó negar la solicitud en razón a que la decisión proferida por el Tribunal demandado fue tomada en equidad y justicia, con fundamento en los parámetros legales y jurisprudenciales aplicables al caso concreto y, no vislumbra vulneración o violación de los derechos fundamentales invocados por el actor.
6. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo del 17 de mayo de 2018, denegó la solicitud de amparo por los siguientes motivos:
En cuanto a las providencias judiciales proferidas por el Consejo de Estado e invocadas por el actor como desconocidas, señaló que no le eran aplicables a su caso concreto, comoquiera que, si bien, en ellas, los demandantes eran miembros de instituciones castrenses, se trataba de personal que ingresó como agentes o soldados y, ascendieron al grado de sargento una vez cumplieron los requisitos legales, vinculación diferente a la del tutelante quien ingresó de manera directa al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, por lo que el reconocimiento de la asignación de retiro debía estudiarse bajo la protección del artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, criterio acogido en la sentencia de segunda instancia cuestionada.
Respecto del precedente horizontal indicó que la situación de hecho del actor no tenía identidad fáctica ni jurídica con los asuntos estudiados.
Por lo anterior, concluyó que las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en desconocimiento del precedente judicial.
7. La impugnación
Inconforme con la decisión de primera instancia, mediante escrito recibido el 31 de mayo de 2018, el apoderado de la parte demandante, la impugnó por los siguientes motivos:
Luego de referirse a los hechos expuestos en la demanda relacionados con el ingreso del actor a la Policía Nacional, señaló que los precedentes vertical y horizontal invocados se orientaban a demostrar que el Tribunal demandado desconoció que, según la Ley 923 de 2004, los funcionarios que acreditaran que se encontraban en servicio activo para el año 2004, no se les podía exigir menos de 15 años ni más de 20 para reconocerles la asignación de retiro.
Agregó que el a quo no se pronunció sobre las sentencias de 1° de marzo de 2018 y 5 de octubre de 2017 proferidas por las Secciones Primera y Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, invocadas en la demanda.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de primera instancia, en atención a lo consagrado por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los cargos expuestos en la impugnación, hay lugar a revocar, confirmar o modificar el fallo de primera instancia, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó el amparo de los derechos fundamentales invocados porque no encontró probado el defecto alegado por la parte actora con la expedición de las sentencias de 29 de abril de 2016 y 21 de septiembre de 2017, dictadas por el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-028-2015-00229-01, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
3. Caso concreto
Con la presente solicitud de amparo, la parte actora pretende que se dejen sin efectos las sentencias objeto de tutela, en cuanto negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 11001-33-35-028-2015-00229-01, instaurada en contra de CASUR.
Invocó la actora el presunto desconocimiento de los precedentes: i) vertical, fijado en los fallos de 18 de febrero de 2010, 9 de marzo de 2017, 8 de septiembre de 2017, 5 de octubre de 2017 y 1° de marzo de 2018, proferidos por el Consejo de Estado, relacionados con el reconocimiento de la asignación de retiro a miembros del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional retirados por separación absoluta; y, ii) horizontal, establecido en la sentencia de 26 de octubre de 2009 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, sobre reconocimiento de la asignación mensual de retiro con fundamento en la Ley 923 de 2004.
La Sección Cuarta de la Corporación negó la solicitud de amparo al considerar que las providencias cuestionadas no incurrieron en el defecto invocado, de una parte, porque los antecedentes fácticos y jurídicos de los casos citados en sede de tutela no le eran aplicables al caso concreto del señor Wilson Jaime Ávila Parada comoquiera que diferían en la vinculación directa al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional; y, por la otra, el Tribunal demandante verificó cuáles eran las disposiciones aplicables al caso del actor, para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro.
Con la impugnación, la parte demandante insistió en el defecto alegado y, agregó que el a quo no emitió pronunciamiento sobre los fallos del 1° de marzo de 2018 y 5 de octubre de 2017 dictados por las Secciones Primera y Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
En relación con el desconocimiento del precedente, para determinar si una decisión se constituye como tal, la Corte Constitucional, en sentencia T-292 de 2006, precisó lo siguiente:
“(…) (i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada con el caso a resolver posteriormente. (ii) La ratio debió haber servido de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante. (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será razonable que “cuando en una situación similar, se observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado para no considerar vinculante el precedente”. Estos tres elementos hacen que una sentencia anterior sea vinculante y, en esa medida, que se constituya en un precedente aplicable a un caso concreto. De allí que se pueda definir el precedente aplicable, como aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla - prohibición, orden o autorización- determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes.
Conforme a lo anterior, al momento de analizar si se desconoció el precedente, deben tenerse en cuenta estos elementos:
(i) Que exista una regla contenida en la ratio decidendi.
(ii) Que ésta sea aplicable al caso bajo estudio.
(iii) Que el problema jurídico sea semejante al presente.
(iv) Que los hechos y normas invocadas sean similares.
(v) Que se plantee un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente.
Debe precisarse que como lo ha sostenido esta Sección en oportunidades anteriores, las sentencias de constitucionalidad constituyen precedente, pues:
“(…) independientemente de su tipología, tienen carácter inmutable, obligatorio y definitivo, según el artículo 241 Superior, que encarga la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución a la Corte Constitucional, y el artículo 243 Superior que determina que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. El contenido de estos mandatos ha sido desarrollado por el legislador mediante los artículos 46 y 48 de la Ley 270 de 1966 y el artículo 22 del Decreto 2067 de 1991 (…).”.
Adicionalmente, como ha sido puesto de presente por esta Corporación en reiteradas ocasiones:
“(…) el precedente, entendido como la regla o subregla de derecho creada por el órgano cierre de la respectiva jurisdicción, es obligatorio porque proviene de los Altos Tribunales u órganos de cierre en Alto Tribunal como para los jueces de inferior jerarquía, quienes conociendo el precedente vertical están obligados a su aplicación (…)”.
Esta Sección ha adoptado una postura reiterada frente a las decisiones de la Corte Constitucional que son vinculantes, en la medida en que únicamente constituyen precedente cuando han sido plasmadas en las sentencias de control de constitucionalidad (sentencias C) y de unificación en tutela (sentencias SU):
“En consecuencia, la Sección debe indicar que cambia así su postura sobre la materia y entiende que frente a criterios o posturas divergentes entre la Corte Constitucional y otra Alta Corporación, han de prevalecer los del Tribunal Constitucional, contenidos únicamente en sentencias de constitucionalidad y de unificación en tutela, siempre que la ratio decidendi se aplique al caso concreto y, por tanto, su desconocimiento configura el defecto de violación del precedente.” (Destacado por la Sala)
Revisadas las providencias invocadas por la parte actora como desconocidas, la Sala precisa que la ratio decidendi posiblemente aplicable como precedente se refiere a la asignación de retiro de los miembros de la Policía Nacional que ingresaron al nivel ejecutivo por homologación y no por incorporación directa, como es el caso del accionante.
La Sala observa que las autoridades judiciales demandadas, en las providencias objeto de tutela negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Wilson Jaime Ávila Parada en contra de CASUR, por considerar que el actor no cumplía el tiempo mínimo de servicio activo para obtener el reconocimiento y pago de la prestación reclamada, pues acreditó 16 años, 5 meses y 8 días.
En cuanto a la normativa aplicable al caso del actor, el a quo estimó que eran las previstas en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1991, que exigía 20 años de servicio y, el ad quem señaló que las disposiciones pertinentes eran las establecidas en el Decreto 1858 de 2012, que exigía 25 de años cuando el retiro fuere por separación absoluta o destitución, en razón a que el demandante se había incorporado al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional de manera directa.
En efecto, en los fallos de 29 de abril de 2016 y 21 de septiembre de 2017, las autoridades judiciales demandadas, consideraron lo siguiente:
Sentencia de 29 de abril de 2016
“(…)
Del acervo probatorio, se verifica que el señor WILSON JAIME ÁREVALO PARADA prestó sus servicios en la Policía Nacional durante dieciséis (16) años, cinco (5) meses y quince (15) días y fue separado de forma absoluta del servicio activo en su condición de Intendente mediante la Resolución No. 01785 de ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014), sin que le fue reconocida asignación de retiro.
(…)
Partiendo de esas aseveraciones, de acuerdo con el marco jurídico expuesto en este providencia, el Despacho considera que atendiendo la causal de retiro del actor consistente en separación absoluta del servicio activo y la fecha en la cual ocurrió, que data de ocho (8) de mayo de dos mil catorce (2014) (fl. 37 vto.), la norma aplicable para el presente asunto en principio sería el Decreto 4433 de 2004, que previó en el parágrafo 2º del artículo 25 como requisito para adquirir la asignación de retiro un tiempo mínimo de servicio de veinticinco (25) años de servicio, condición que el señor ÁVILA PARADA no cumplió, toda vez que fue retirado del servicio con dieciséis (16) años, cinco (5) meses y quince (15) días, de acuerdo con la hoja de servicio visible a folio 33.
Sin embargo, tal como se señaló el Consejo de Estado en la sentencia de doce (12) de abril de dos mil doce (2012), arriba citada, es claro que dicha disposición no tuvo en cuenta los elementos mínimos contenidos en el artículo 3º de la Ley 923 de 2004, toda vez que no debió exigir como requisito para adquirir la asignación de retiro, un tiempo mayor al establecido en la norma anterior aplicable a los miembros activos de la Fuerza Pública, como es el caso del actor, quien se vinculó a partir del veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998), y en esa medida, la normativa a tener en cuenta para efectos de establecer las condiciones de reconocimiento de esas prestaciones en la nueva disposición, sería la prevista en el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, empero, dicha disposición también fue declarada nula por esa misma Corporación en pronunciamiento arriba transcrito proferido el catorce (14) de agosto de dos mil siete (2007).
Luego entonces, teniendo en cuenta la declaratoria de nulidad de las normas prenotadas, para el presente caso la disposición aplicable sería el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, pues independientemente de que a la fecha de ingreso como personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional - veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y ocho (1998) – se encontraba vigente el Decreto 1091 de 1995, en la época en que fue separado del servicio, ya había sido retirada del Ordenamiento Jurídico dicha previsión, razón por la cual, se acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, para determinar la normatividad aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro, en estos casos no se debe tener en cuenta “… los Decretos 1091 de 1995, 2070 de 2003 y 4433 de 2004, par. 2 del art. 25”.
Por tanto, la norma aplicable para el presente asunto sería el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, disposición que el Despacho analizará para efectos de verificar si al demandante le asiste derecho a las pretensiones que alega, y que en todo caso deberá aplicarse en su integridad.
Dicho lo anterior, tenemos las siguientes condiciones para obtener la asignación de retiro, veamos:
Cumplir un tiempo mínimo de quince (15) años si ha sido retirado por llamamiento a calificar servicios, mala conducta, inasistencia al servicio sin justa causa por más de cinco (5) días, disposición del Gobierno o Dirección General, haber sobrepasado la edad máxima correspondiente a su categoría, disminución de la capacidad psicofísica, incapacidad profesional o mala conducta deficiente.
Cumplir un tiempo de servicios de veinte (20) años si la solicitud de retiro es voluntaria o ha sido separado de forma absoluta del servicio.
Teniendo en cuenta esas condiciones, observa el Despacho que de acuerdo con la Resolución (…), el retiro del Intendente se produjo por separación absoluta del servicio, y en tal sentido, para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante debió cumplir un tiempo mínimo de servicios de veinte (20) años, sin embargo, del contenido de la hoja de servicios visible a folio 33 se verifica que el demandante solamente estuvo vinculado en la Policía Nacional, durante dieciséis (16) años, cinco (5) meses y quince (15) días.”
Sentencia de 21 de septiembre de 2018
“(…)
Ahora bien, el a quo consideró que para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro del demandante, se debió dar aplicación al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, toda vez que el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y el parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, fueron declarados nulos por el H. Consejo de Estado. Al respecto considera la Sala, que si bien, estas disposiciones legales fueron expulsadas del mundo jurídico, no es procedente aplicar el Decreto 1212 de 1990, sino el Decreto 1858 de 2012 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”, el cual, como se indicó, superó los vicios de legalidad advertidos por los fallos del Consejo de Estado.
Así entonces, como el demandante se incorporó de manera directa al Nivel Ejecutivo, y fue retirado del servicio el 9 de mayo de 2014, de conformidad con lo expuesto en la hoja de servicio (fl. 33 ), el reconocimiento de su asignación de retiro debe estudiarse a la luz del artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, que distingue dos hipótesis para el reconocimiento de la referida prestación, a saber: i) 20 años de servicio cuando el retiro del policial se produce por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del Director General de la Policía Nacional por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica y ii) 25 años de servicios cuando el retiro sea por solicitud propio, “separación absoluta” o destitución.
Con base en lo anteriormente expuesto, considera la Sala, que las pretensiones formuladas por el demandante no están llamadas a prosperar, toda vez que según la hoja de servicio, el demandante sumó en servicio activo un total de 16 años, 5 meses y 8 días y, dado que el retiro del servicio se produjo por “separación absoluta” en virtud de la imposición de una pena privativa de la libertar, debió acreditar como mínimo 25 años de servicio, tiempo de servicio que no fue cumplido por el actor.
Asimismo, en la sentencia de segunda instancia también se señaló que la aplicación del Decreto 1858 de 2012 no quebrantaba las disposiciones del numeral 3.1. del artículo 3° de la Ley 923 de 2004, relacionadas con que “no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley”, comoquiera que no podía predicarse que el actor tuviera una expectativa legitima fundada en régimen anterior pues se incorporó a la Institución de manera directa.
De acuerdo con lo anterior, para la Sala no cabe duda que, si bien, el Juzgado demandado se equivocó al aplicar una disposición legal aplicable al caso del demandante, el Tribunal de instancia, previó a desatar la controversia, determinó que la norma aplicable era la prevista en el Decreto 1858 de 2012, norma vigente para la fecha de la separación absoluta del servicio (8 de mayo de 2014), momento para el cual el señor Ávila Parada no acreditaba el tiempo mínimo de servicio exigido para obtener el reconocimiento de la asignación de retiro.
Asimismo, el Tribunal demandado estimó que las normas invocadas por el actor no le eran aplicables a su caso concreto debido a que los Decretos 923 de 2004 y 1212 y 1213 de 1990, regulaban la situación administrativa de los Agentes, Oficiales y Suboficiales que ingresaron al Nivel Ejecutivo por homologación.
En ese sentido, los pronunciamientos invocados por el señor Wilson Jaime Ávila Parra no le son aplicables a su caso concreto, por cuanto, las providencias citadas no guardan identidad fáctica y jurídica con el caso del actor puesto que él se incorporó de manera directa a la Policía Nacional el 25 de febrero de 1998, mientras que los antecedentes citados corresponden a miembros que ingresaron a la Institución como agentes, oficiales y suboficiales y, una vez cumplieron los requisitos fueron homologados al Nivel Ejecutivo, motivo por el cual, les era imposible que las autoridades judiciales demandadas aplicar el contendido de esas decisiones.
Sobre el punto, se precisa que la Sala en varios pronunciamientos recientes, abordó el estudio del asunto concreto, despachando desfavorablemente las pretensiones de los demandantes.
Ahora bien, en lo que respecta a la supuesta omisión del juez a quo de pronunciarse sobre el precedente fijado en las sentencias de 1° de marzo de 2018, y 5 de octubre de 2017, por las Secciones Primera y Segunda del Consejo de Estado, la Sala encuentra que la parte actora, en el escrito de la demanda, no cumplió con la carga argumentativa que se requiere en tratándose de acción de tutela contra providencia judicial, pues no sustentó las razones por las cuales las reglas o subreglas contenidas en las providencias citadas, fueron desconocidas por las autoridades judiciales demandadas.
Adicionalmente, la Sala considera que, de conformidad con enunciado en líneas anteriores, la sentencia de 1° de marzo de 2018, proferida por la Sección Primera de esta Corporación en sede constitucional, no constituyen precedente, el cual sólo se encuentra en las sentencias proferidas por la Corte Constitucional en sede de constitucionalidad y, por tanto, no es posible realizar un estudio de la referida sentencia, pues dicho fallo sólo es un criterio auxiliar.
En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado, que negó la solicitud de amparo, puesto que se observa que el Juzgado y el Tribunal demandados no incurrieron en el defecto invocado por parte demandante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 17 de mayo de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente que fue remitido en préstamo al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folio 3 del expediente de tutela. Poder especial visible a folio 15 ibídem. Mediante sentencias de 20 de marzo de 2012 y 20 de marzo de 2013 proferidas por el Juzgado de Primera Instancia del Departamento de Policía del Meta y el Tribunal Superior Militar, se condenó al actor a pena principal de 40 meses de prisión, 72 meses de inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y, multa de $9.237.500, como coautor responsable del delito de peculado por apropiación (fl. 37 del 1 del expediente ordinario).
“Por la cual se reforma el Estatuto de personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”. Folio 200 a 205 del expediente ordinario. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 19001-23-31-000-2004-00666-01. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 27001-23-33-000-2013-00068-01. M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 25001-23-42-000-2013-00224-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 18001-23-33-000-2014-00085-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 11001-33-31-018-2008-00012-01. M.P. José María Armenta Fuentes. Folio 90 del expediente de tutela. Folio 100 a 102 ibídem. Folio 108 a 109 ibídem. Folio110 a 113 ibídem. Folios 115 a 119 ibídem. La parte impugnante fue notificada personalmente el 28 de mayo de 2018 (fl. 125). Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 18001-23-33-000-2014-00085-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Folios 127 a 134 del expediente de tutela. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 19001-23-31-000-2004-00666-01. M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 27001-23-33-000-2013-00068-01. M.P. William Hernández Gómez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 25001-23-42-000-2013-00224-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 18001-23-33-000-2014-00085-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A. Radicado 11001-33-31-018-2008-00012-01. M.P. José María Armenta Fuentes. Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 18001-23-33-000-2014-00085-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Corte Constitucional, Sentencia C-164 del 15 de abril de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Sentencia de junio dieciséis (16) de dos mil dieciséis, expediente No. 11001-03-15-000-2016-00043-01, consejera ponente Rocío Araújo Oñate. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, providencia del quince (15) de octubre de dos mil quince (2015), Radicación 11001-03-15-000-2015-01714-00. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2016). Radicación: 11001-03-15-000-2016-00103-00. Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de once (11) de octubre de dos mil doce (2012). Expediente No. 110010325000200700041 00, Consejero Ponente: Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE.
Folios 147 a 153 del expediente ordinario. Consejo de Estado, Sección Quinta. Ver sentencias de: i) 12 de abril de 2018, radicación 11001-03-15-000-2017-03164-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; ii) 18 de abril de 2018, radicación 11001-03-15-000-2018-00606-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro; y, iii) 3 de mayo de 2018, radicación 11001-03-15-000-2017-02685-01, C.P. Alberto Yepes Barriro. Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Radicado 18001-23-33-000-2014-00085-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00. M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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