Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2017-03432-00
Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez
1 de marzo de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO DE MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL - Depende de la fecha de desvinculación / VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
En el presente caso está plenamente acreditado que el señor Edgar Manuel Valencia Suárez a través de la Resolución nro. 05177 de 25 de noviembre de 2015, fue retirado de la institución y para esa fecha había acumulado un tiempo de servicio de veinte (20) años, siete (07) meses y veinticuatro (24) días (…) la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de Estado (…) si constituye precedente judicial, toda vez que la situación fáctica del caso concreto es similar al caso que se decidió con la citada sentencia. Fíjese que el señor [E.M.V.S], al igual que el accionante en el caso referenciado, se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional, al momento de entrar en vigencia Ley 923 [de 2004] y, en ese orden de ideas, con fundamento en el régimen de transición señalado en el artículo 3, ordinal, 3.1 inciso segundo para el reconocimiento de la asignación de retiro resultaba entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, tal como se decidió en la sentencia. Lo anterior, debe hacerse énfasis fue la tesis adoptada por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado en donde se sostuvo que con la entrada en vigencia de la Ley 923, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro se debía aplicar el régimen de transición, teniendo en cuenta que el único condicionamiento, al momento de entrada de la vigencia de dicha norma era que la persona se encontrara en servicio activo de la Fuerza Pública. En ese orden de ideas, conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de retiro resulta entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 (…) Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca i) incurrió en (…) desconocimiento del precedente judicial.
FUENTE FORMAL: DECRETO 1212 DE 1990 - ARTÍCULO 144
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2017-03432-00(AC)
Actor: EDGAR MANUEL VALENCIA SUÁREZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Edgar Manuel Valencia Suárez contra la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que la providencia de 26 de octubre de 2017 vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) antecedentes; ii) consideraciones y iii) resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
El señor Edgar Manuel Valencia Suárez, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en que, a su juicio, incurrió la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 26 de octubre de 2017, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con nro. único de radicación 11001-33-35-019-2016-00167-00, mediante la cual resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
Hechos
El actor fundamentó la solicitud de amparo en los siguientes hechos:
1.2.1 Indicó que ingresó a la Policía Nacional el 26 de julio de 1995, según consta en la Resolución nro. 0071 de la misma fecha.
1.2.2 Expresó que ascendió al grado de Intendente de la Policía Nacional, por medio de la Resolución nro. 02746 de 4 de septiembre de 2010.
1.2.3 Manifestó que fue retirado de la institución, mediante Resolución nro. 05177 de 25 de noviembre de 2015, fecha en la que ya había acumulado un tiempo de servicio de veinte (20) años, siete (7) meses y veinticuatro (24) días.
1.2.4 Indicó que al momento de su retiro, no le concedieron los tres meses de alta, como tampoco se le reconoció el derecho adquirido de asignación de retiro.
1.2.5 Señaló que radicó derecho de petición ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, el 8 de marzo de 2016, solicitando, entre otras cosas, la asignación de retiro, por haber sido desvinculado de la institución con más de 20 años de servicio. CASUR le contestó, mediante oficio nro. 7220/GAP SDP de fecha 18 de abril de 2016, manifestándole que no tenía derecho porque no acreditaba 25 años de servicio, dado que su retiró se había producido por una destitución.
1.2.6 El señor Edgar Manuel Valencia Suárez, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra CASUR, con el fin de que se decretara la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio nro. 7220/GAP SDP de fecha 18 de abril de 2016, suscrito por el señor Brigadier General (R) Jorge Alirio Barón Leguizamón, Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, mediante la cual se le negó la asignación de retiro.
1.2.7 Sentencia, en primera instancia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con nro. único de radicación 11001-33-35-019-2016-00167-00
El Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, mediante sentencia de 21 de junio de 2017, dirimió la controversia puesta a su conocimiento en el siguiente sentido:
“[…] PRIMERO: Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio GAG-SDP 7220 del 18 de abril de 2016, por medio del cual la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, negó el reconocimiento y pago de asignación de retiro al demandante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se condena a la CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, a reconocer, liquidar y pagar asignación mensual de retiro al demandante EDGAR MANUEL VALENCIA SUÁREZ, identificado con cédula de ciudadanía 88.180.284 de Labateca ( Norte de Santander), en el porcentaje y partidas computables previstas en los artículos 140 y 144 del Decreto 1212 de 1990, efectiva a partir del 1º de diciembre de 2015, por retiro definitivo del servicio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión […]”.
Consideró que:
“[…] hasta antes del 31 de diciembre de 2004, no existía normativa que regulara régimen de asignación de retiro de personal perteneciente al Nivel Ejecutivo al interior de la Policía Nacional que se incorporó directamente, pues la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, retiró del ordenamiento jurídico la única disposición que hasta entonces existía, haciéndose imposible aplicarle al demandante, una norma que se encuentra anulada por disposición del Consejo de Estado.
Corolario de lo anterior, no en vano el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, reguló el régimen de retiro para el personal vinculado por incorporación directa a partir de su entrada en vigencia, esto es, del 31 de diciembre de 2004, fijándolo entre 20 y 25 años, con incidencia de la causal de retiro, siendo el único personal que tiene la certeza del régimen jurídico aplicable al momento de su retiro, a efectos del reconocimiento de la asignación correspondiente.
Si bien es cierto que el parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 dispuso que los Oficiales y el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del referido Decreto, tendrán derecho al reconocimiento de la asignación de retiro por haber prestado sus servicios por un periodo de 20 a 25 años, con incidencia en la causal de retiro, también lo es que con la declaratoria de nulidad del parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, no se puede predicar nulidad relativa, pues lo cierto que al haber sido anulado, desapareció del ordenamiento jurídico, no siendo viable otorgarle efecto alguno […].
Señaló que si se admitiera que la declaratoria de nulidad del parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, únicamente se puede extender a los Suboficiales y Agentes homologados antes del 31 de diciembre de 2004, lo cierto es que con la expedición de dicho decreto, fueron incorporadas al ordenamiento jurídico, las normas jurídicas necesarias para fijar el régimen de asignación de retiro del Nivel Ejecutivo, esto es, 10 años después de la vinculación de los primeros patrulleros, por lo que ante el vacío legal, se produjeron expectativas legítimas en la aplicación del Decreto 1212 de 8 de junio de 1990 que se encontraba vigente y con fundamento en el artículo 144, la asignación de retiro se reconocerá una vez superados los 15 años de servicios, por los siguientes eventos: mala conducta, inasistencia al servicio por más de 5 días sin causa justificada, llamamiento a calificar servicios, incapacidad profesional, conducta deficiente, disminución de la capacidad sicofísica, sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado y aquellos que se retiren o sean separados con más de 20 años de servicio.
En ese orden de ideas, el Juzgado adujo que, en el presente caso, el actor cumplía con los requisitos para acceder a la asignación de retiro, toda vez que con fundamento en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, sólo se exigen 20 años de servicios, y está plenamente acreditado en el proceso que los prestó por un periodo de 20 años, 7 meses y 24 días.
1.2.8 Apelación de la sentencia proferida, en primera instancia, por el Juzgado Diecinueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación nro. 11001-33-35-019-2016-00167-00
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional impugnó la sentencia proferida, en primera instancia, solicitando revocar el fallo y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
Expresó que:
“ […] En el caso objeto de análisis, y como se enunció en párrafos precedentes el señor Edgar Manuel Valencia Suárez ingresó al servicio en el año de 1996, es decir, se vinculó directamente a la Policía Nacional, por ende nunca tuvo una expectativa de retiro con el tiempo establecido en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, ni siquiera de 18 años como mínimo que regula el decreto 4433 de 2004 en su artículo 24; y ante la declaratoria de nulidad e inexequibilidad de los diferentes Decretos que regulaban la carrera denominada Nivel Ejecutivo, el mismo se encuentra sometido al requisito de tiempo de 25 años de conformidad a lo establecido en el inciso segundo numeral 3.1 de la ley 923 de 2004, tiempo que no cumple el demandante toda vez que prestó sus servicios en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional durante 20 años, 07 meses y 24 días […].”
Indicó que la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 27 de junio de 1995 y del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, se dio por causa de una extralimitación de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional con respecto al personal que se homologó al régimen del Nivel Ejecutivo, situación fáctica diferente a la del actor, toda vez que este se vinculó a dicha jerarquía de manera directa.
1.2.9. Sentencia, en segunda instancia, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con nro. Único de radicación 11001-33-35-019-2016-00167-00
La Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dispuso en la parte resolutiva:
“[…] ARTÍCULO ÚNICO: REVÓCASE la Sentencia del 21 de junio de 2017, proferida por el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y su lugar se niegan las mismas […]”.
El Tribunal expresó que:
“[…] Al respecto, advierte la Sala, que no son de recibo los argumentos del juez de instancia, toda vez que si bien es cierto, el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, que regulaba los tiempos de para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros del Nivel Ejecutivo, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, dicha providencia fue expedida el 14 de febrero de 2007, como se explicó con anterioridad, es decir, que la citada norma reguló el reconocimiento de la asignación de retiro de referido personal hasta el año 2007, de tal suerte, que la única expectativa legítima que tenían los miembros del Nivel Ejecutivo que se incorporaron de manera directa, en relación con el reconocimiento de la asignación de retiro, era lo dispuesto en el artículo 51 que exigía por una parte, 20 años de servicio cuando el retiro se producía por i) Llamamiento a calificar servicio, ii) Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional, iii) Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial y, iv) Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60) años de edad las mujeres y, por la otra, 25 años si el retiro era por i) solicitud propia, ii) por incapacidad profesional, iii) por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, iv) por conducta deficiente, v) por destitución, vi) por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días y vii) por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 del Decreto 132 de 1995 […]”.
Indicó que antes de que se declarara la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995, el Gobierno Nacional ya había expedido el Decreto 4433 de 2004, en donde en su artículo 25 también reguló lo referente al reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros que corresponden al nivel ejecutivo, lo que implica que no se pueda afirmar que los policías que pertenecen o pertenecieron a dicho nivel, estuvieron 10 años sin las respectivas normas jurídicas que regularan su asignación de retiro.
Además, teniendo en cuenta que con posterioridad a la declaratoria de nulidad del parágrafo primero del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, a través de la sentencia de 12 de abril de 2012, proferida por el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1858 de 6 de septiembre de 2012, que no contraría las disposiciones de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004.
1.3. La solicitud de tutela
El señor Edgar Manuel Valencia, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en que, a su juicio, incurrió la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 26 de octubre de 2017 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con nro. único de radicación 11001-33-35-019-2016-00167-00, mediante la cual resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
Adujo que el Tribunal incurrió en i) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y ii) violación directa de la Constitución.
Para el actor, el Tribunal con fundamento en sentencias proferidas por el Consejo de Estado, ha debido resolver su caso aplicando el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, y de esta manera reconocerle su derecho de asignación de retiro por cumplir con los requisitos, es decir, estar retirado con más de 20 años de servicio, y no con base en el Decreto 1858 de 2012 como aconteció.
Con respecto al cargo por violación directa de la Constitución adujo que:
“[…] Con la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “D” MP. Dr, LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, se violó de forma directa la Constitución Política al quebrantarse derechos fundamentales. Derecho a la igualdad, derecho al debido proceso y el principio de favorabilidad e incluso el artículo 4 de la normas de normas, porque se ha debido si era del caso, aplicar la excepción de inconstitucionalidad para dar paso a la condición mas favorable al trabajador […]”.
1.3.1. Pretensiones
El señor Edgar Manuel Valencia Suárez, obrando mediante apoderado especial, solicitó en su escrito de tutela:
“[…] PRIMERA: Se tutelen los derechos fundamentales vulnerados (DERECHO DE IGUALDAD – DERECHO AL DEBIDO PROCESO – DERECHO DE FAVORABILIDAD), al tutelante, por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “D” MP. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA , por la decisión adoptada en la sentencia de fecha 26 de octubre de 2017 dentro del radicado 11001333501920160016701, siendo demandante el Intendente EDGAR MANUEL VALENCIA SUÁREZ y demandada la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), donde se resolvió revocar la sentencia proferida por el Juzgado 19 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá de fecha 21 de Junio de 2017, mediante la cual se había concedido las pretensiones parciales del actor, concerniente al derecho de asignación de retiro.
SEGUNDA: Se revoque o se deje sin efecto o se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –SECCION SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D” MP. Dr. LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA, proferir la Sentencia que en derecho corresponda, que no es otra cosa que se concedan las pretensiones del actor, tal como se había decidido en la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve (19) Administrativo Oral de Bogotá de fecha 21 de Junio de 2017, mediante la cual se había concedido las pretensiones de forma parcial al actor, consistente en el derecho de asignación de retiro […]”.
1.3.2. Actuación
Este Despacho, por auto de 18 de diciembre de 2017, admitió la acción de tutela y dispuso notificar a los magistrados de la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.
De igual manera dispuso vincular al Juzgado Diecinueve Administrativo de Bogotá y a CASUR.
1.3.3. Informes del actor y de las partes vinculadas
1.3.3.1. Los Magistrados de la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado Diecinueve Administrativo de Bogotá y CASUR, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia de la Sala
Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1º y 32 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto nro. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela.
2.2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2.3. Problemas Jurídicos
En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir la sentencia de 26 de octubre de 2017, incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial sentado por el Consejo de Estado y violación directa de la Constitución al no haberse aplicado la excepción de inconstitucionalidad dentro del marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado nro. 11001-33-35-019-2016-00167-00
Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales, ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; v) la violación directa de la Constitución, la vi) solución del caso concreto.
2.5 Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello (Rad.: 2009-01328, M.P.: Dra. María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la Ley y la propia doctrina judicial.
2.6. Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales
Esta Sección adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”.
Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión” que encaje en dichos parámetros.
Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001031500020120220101 (M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
2.7. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
Ahora bien, en relación con el defecto por desconocimiento de precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado ampliamente ese concepto, definiéndolo así:
“[…] conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia […]” (Negrilla fuera de texto).
Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la Administración de Justicia.
Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal).
En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T-457 de 2008 indicó:
“[…]
En relación a la aplicación del precedente, esta Sala de Revisión en sentencia T-158 de 2006 señaló: “Por ello, la correcta utilización del precedente judicial implica que un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación […]”. (Negrilla fuera de texto)
Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta.
Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
En efecto, esta Sección ha reconocido que, “ […] en los eventos referidos, el juez que se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial […]”, para lo cual resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la decisión de apartarse.
Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sección sólo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En ese sentido, la Sala precisa que debe diferenciarse el concepto anteriormente señalado de precedente judicial de los conceptos de antecedente jurisprudencial, doctrina probable y sentencia de unificación, los cuales se ponen de presente a continuación.
• La Corte Constitucional en sentencia T – 102 de 2014, definió el antecedente jurisprudencial como la decisión dictada dentro de una controversia anterior “que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho (conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio” y se caracteriza por tener un carácter orientador para el juez al momento resolver el problema jurídico planteado dentro del proceso judicial.
• El artículo 4 de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 definió la doctrina probable como “tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable, y los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”. La Corte Constitucional en la sentencia C – 836 de 2001 se refirió a la fuerza normativa de la figura de la doctrina probable en el sentido de señalar que:
“[…]
La fuerza normativa de la doctrina probable proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado de establecerla, unificando la jurisprudencia ordinaria nacional; (2) del carácter decantado de la interpretación que dicha autoridad viene haciendo del ordenamiento positivo, mediante una continua confrontación y adecuación a la realidad social y; (3) del deber de los jueces respecto de a) la igualdad frente a la ley y b) la igualdad de trato por parte de las autoridades y; (4) del principio de buena fe que obliga también a la rama jurisdiccional, prohibiéndole actuar contra sus propios actos. Por otra parte, la autoridad de la Corte Suprema para unificar la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de las personas y esta atribución implica que la Constitución le da un valor normativo mayor o un “plus” a la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto de los jueces de la jurisdicción ordinaria. Ello supone que la carga argumentativa que corresponde a los jueces inferiores para apartarse de la jurisprudencia decantada por la Corte Suprema es mayor que la que corresponde a éste órgano para apartarse de sus propias decisiones por considerarlas erróneas.
[...]”
Asimismo, la Corte Constitucional señaló que el acatamiento de la doctrina probable no constituye una obligación absoluta para el juez, puesto que puede apartarse de la misma, siempre y cuando dé a conocer las razones por las que se aparta en su decisión.
• Conforme con lo previsto en el artículo 270 de la Ley 1437 “se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de 2009”. En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C – 816 de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo) precisó que las sentencias de unificación jurisprudencial son proferidas por las altas cortes, poseen carácter vinculante en tanto que son expedidas en virtud del mandato de unificación que tienen en su jurisdicción con la finalidad de salvaguardar los principios de invocados de igualdad, buena fe y seguridad jurídica.
La Corte Constitucional en sentencia C – 179 de 2016, en lo concerniente a la fuerza vinculante de las sentencias de unificación, proferidas por el Consejo de Estado, consideró:
“[…]
Nótese cómo, según se infiere de lo expuesto, en la medida en que las sentencias de unificación cumplen una función específica referente a ordenar y clarificar las subreglas que se derivan de la aplicación del derecho regulado, el CPACA le reconoce a estas sentencias no sólo un valor de precedente para los jueces y tribunales, sino que también proyecta su obligatoriedad a la actividad de la administración. En efecto, a juicio de este Tribunal, su carácter vinculante se explica primordialmente por razón del principio de legalidad, a partir del deber de sujeción que tienen las autoridades al imperio de la Constitución y la ley, y por ende, al necesario acatamiento de la regla de derecho emanada de las altas cortes.
Desde el punto de vista judicial, las sentencias de unificación emergen como el fallo que brinda certeza y seguridad sobre la regla de derecho que se debe aplicar a un caso que presenta una hipótesis semejante de decisión. Son providencias que al identificar de manera clara y uniforme el precedente aplicable, se imponen de manera forzosa por razón de la obligatoriedad del mandato de unificación que les asiste a los órganos de cierre, en este caso, al Consejo de Estado como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
En este sentido, las sentencias de unificación producen, de un lado, unos efectos inter partes o subjetivos, que alcanzan a las personas involucradas en el proceso de origen, sin que dicho propósito concrete la operatividad de este mecanismo, pues el mismo se enfoca, fundamentalmente, en la consolidación de unos efectos vinculantes para todos los casos semejantes, brindado un carácter objetivo al respectivo fallo, ya que introduce una subregla o criterio de decisión judicial que deviene en obligatorio para todos los jueces que integran la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
En todo caso, cabe aclarar que la obligatoriedad que tienen las sentencias de unificación, no excluye el deber genérico de seguir el precedente, respecto de las decisiones del Consejo de Estado que no tienen dicha condición. Así lo advirtió esta Corporación, en la Sentencia C-588 de 2012, al señalar que:
“(…) en cuanto a la presunta omisión en el mecanismo de extensión de otras sentencias del Consejo de Estado distintas de las de unificación jurisprudencial, téngase en cuenta que, como bien se ha dicho, estas sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado.
[…]”.
2.8. Violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
En lo que respecta al defecto de violación directa de la Constitución, se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, este se predica cuando la afectación se deriva de una interpretación legal inconstitucional o por la omisión en aplicar la excepción de inconstitucionalidad, por parte de la autoridad judicial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente:
“[…] La exigencia de razonabilidad y de proporcionalidad en el proceso interpretativo y en los resultados de la interpretación, precisamente llama la atención acerca del papel que le corresponde a la Carta en la aplicación de la ley y, por eso, reiteradamente la jurisprudencia ha hecho énfasis en que las decisiones judiciales vulneran directamente la Constitución cuando el juez realiza una interpretación de la normatividad evidentemente contraria a la Constitución y también cuando se abstenga de aplicar la excepción de inconstitucionalidad en un caso en el cual, de no hacerlo, la decisión quebrantaría preceptos constitucionales […]”.
2.9. Análisis del caso concreto
2.9.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el caso concreto
Antes de que la Sala haga un análisis de fondo, la Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.
En el caso bajo examen la Sala advierte que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, ya que: i) es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del señor Edgar Manuel Valencia Suárez a la igualdad y al debido proceso; ii) cumplió con el principio de inmediatez, pues se interpuso dentro de un plazo razonable después de notificada la providencia de 26 de octubre de 2017, proferida por la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, iii) no existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales el accionante pueda lograr la protección de los derechos invocados; iv) en la acción de tutela no se alegó un defecto procedimental, por lo que no es necesario determinar la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) el señor Edgar Manuel Valencia Suárez identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y vi) no se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
2.9.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en el caso concreto
El señor Edgar Manuel Valencia Suárez, obrando mediante apoderado especial, presentó solicitud de tutela contra la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, en que, a su juicio, incurrió la Sección Segunda, Subsección “D”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca al proferir la sentencia de 26 de octubre de 2017 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con nro. único de radicación 11001-33-35-019-2016-00167-00, mediante la cual resolvió revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, denegar las pretensiones de la demanda.
La Sala debe determinar si, en efecto, la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo por desconocer el precedente del Consejo de Estado contenido en las sentencias proferidas por la i) Sección Cuarta de 1 de junio de 2017 con ponencia de la magistrada Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, y ii) Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado de 5 de octubre de 2017 con ponencia de la magistrada Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez y en violación directa de la Constitución al no haber aplicado la excepción de inconstitucionalidad.
Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.
2.9.2.1 Acervo y análisis probatorio
Para resolver el caso sub judice, la Sala seguirá rigurosamente los parámetros dictados por la Corte Constitucional respecto al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, a fin de determinar si, efectivamente, la entidad accionada incurrió en el yerro en mención, para lo cual revisará el acervo probatorio:
Sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de 1 de junio de 2017 con ponencia de la magistrada Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto.
Sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado de 5 de octubre de 2017 con ponencia de la magistrada Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
En su escrito de tutela el actor adujo que, con fundamento en los precedentes jurisprudenciales sentados por el Consejo de Estado en su caso, se le debía aplicar las disposiciones normativas contenidas en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, y, en ese orden de ideas, reconocerle la asignación de retiro.
Ahora pasa la Sala a analizar si la sentencia objeto de la presente tutela incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.
Para la aplicación del precedente judicial al caso concreto es necesario verificar la procedencia de los siguientes criterios: i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y, iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.
La Sala hará mención a la sentencia de fecha 1º de junio de 2017 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y 5 de octubre de 2017 expedida por la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, para efectos de establecer si en el presente caso hubo o no desconocimiento del precedente judicial.
-Sección Cuarta, Consejo de Estado, sentencia de 1º de junio de 2017 con ponencia de la magistrada doctora Stella Jeannette Carvajal Basto
En esta oportunidad, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del marco de una acción de tutela dejo sin efectos jurídicos la sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, resolvió lo siguiente:
“[…] Amparar los derechos fundamentales invocados por Simón Felipe Triviño Casallas y Miguel Ángel Triviño Beltrán, por las razones expuestas en la parte motiva. En consecuencia, se dispone:
[…]
Ordenar a la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta decisión, profiera una nueva sentencia en la que tenga en cuenta las consideraciones de esta providencia […]”.
El Consejo de Estado indicó que la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió el caso concreto estableciendo que las normas aplicables al actor eran: i) el inciso segundo del numeral primero del artículo tercero de la Ley 923 y ii) el artículo segundo del Decreto 1858 de 2012.
Al analizar el caso concreto y establecer si el Tribunal había incurrido en defecto sustantivo, adujo que el Decreto 1858 de 2012 empezó a regir a partir de la fecha de publicación, es decir, el 6 de septiembre de 2012. En ese orden de ideas, para la fecha en que se produjo el retiro del señor Luis Alberto Triviño Daza, 20 de julio de 2012, el Decreto 1858 de 2012 no había sido expedido y, como consecuencia, no le resultaba aplicable.
Manifestó que la fecha de retiro es relevante porque determina la normativa aplicable frente al reconocimiento de la asignación de retiro, pues es la desvinculación la que, precisamente, da origen a que el derecho se cause o no, dependiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos en ese momento.
En ese orden de ideas expresó que la aplicación del artículo segundo del Decreto 1858 de 2012 implicaba una situación gravosa para el actor, toda vez que se trataba de una aplicación retroactiva de dicha disposición normativa, teniendo en cuenta que los requisitos allí previstos no le permitían consolidar derecho alguno.
Concluyó expresando que:
“[…] Lo expuesto hasta aquí demuestra que entre el 12 de abril de 2012 (fecha en que se declaró la nulidad del parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004) y el 6 de septiembre de 2012 (fecha de publicación del Decreto 1858 de 2012) no existía norma específica que estableciera de manera concreta los requisitos que debía cumplir el personal ejecutivo para ser beneficiario de la asignación de retiro.
Sin embargo, el vacío normativo que produjo la declaratoria de nulidad de los preceptos normativos no significaba que los miembros del nivel ejecutivo carecieran de condiciones para acceder a la asignación de retiro.
A juicio de la Sala, durante ese periodo (12 de abril de 2012 a 6 de septiembre de 2012), las únicas fuentes normativas que podían servir de referente para definir la existencia o inexistencia del derecho de asignación de retiro de los miembros del nivel ejecutivo eran el artículo 144 de Decreto 1212 de 1990 y el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, pues esa reglamentación nunca fue declarada nula.
Siendo así, como el retiro de Luis Alberto Triviño Daza ocurrió el 10 de julio de 2016, la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debió aplicar, para resolver sobre el reconocimiento de la asignación de retiro, el artículo 144 de Decreto 1212 de 1990 o el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 […]”.
• Sección Segunda Subsección “B”, Consejo de Estado, Sentencia de fecha 5 de octubre de 2017 con ponencia de la magistrada doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.
La Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado en su parte resolutiva dispuso lo siguiente:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de mayo del 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Segunda de Decisión, que negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Carlos Andrés Zea Zea contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), encaminadas al reconocimiento de una asignación de retiro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio 2542 GAG - SDP del 16 de octubre del 2013, proferido por el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por el cual le fue negado al actor el derecho al reconocimiento y pago de una asignación de retiro, por lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), debe RECONOCER Y PAGAR a favor del señor Carlos Andrés Zea Zea, identificado con la cédula de ciudadanía 79.788.389 expedida en Bogotá, la asignación de retiro en la cuantía y con las partidas a que hace referencia el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, a partir del 24 de agosto del 2011.
Expresó que:
“[…] Es evidente, que los Decretos 1091 de 1995 y 4433 del 2004, establecieron para percibir una asignación de retiro un tiempo mayor al que se encontraba previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que era de 15 años. De este modo, se desconoció el marco general dispuesto por el legislador, cuando estableció los parámetros que debía observar el ejecutivo al momento de expedir la regulación pertinente para el goce de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública que se encontraban vinculados.
Debe afirmarse también, que ése marco general no impidió que se hicieran más rígidos los requisitos para optar por la asignación de retiro, en cuanto a tiempo de servicio se refiere, pero lo que sí hizo, fue prohibir que para quienes se encontraran en servicio activo al momento de su entrada en vigencia, se les exigieran mayor tiempo del contemplado en el régimen anterior.
La anterior interpretación, es la que resulta apropiada de acuerdo con la naturaleza de la materia en estudio, pues además de ser evidente que el gobierno no dispuso el régimen de transición en los Decretos 1091 de 1995 y 4433 del 2004, que obedece a la necesidad de regular situaciones en consolidación pero que no se hallan perfeccionado, simplemente dispuso en dicha normativa el reconocimiento de la existencia jurídica de un derecho que se consolidó por reunir los requisitos en su vigencia, al margen que materialmente el beneficiario no lo hubiere recibido aún; lo cual no compensó la intención del legislador, pues de ser así, no se requeriría de un tránsito normativo, ya que sería suficiente la aplicación de la ley en el tiempo.
Pues bien, concluye la Sala que para respetar la expectativa de quienes se encontraban próximos a alcanzar la asignación de retiro, el legislador a través de la Ley 923 del 2004 dispuso un marco general con destino a la Fuerza Pública, que estableció que quienes se encontraren en servicio activo al momento en que éste cobró vigencia, no se les podía exigir tiempo de servicio mayor al previsto en el régimen anterior.
La anterior postura ha sido acogida por la Consejera Ponente en sus sentencias, tal y como se puede observar en la providencia del 8 de septiembre del 2017, cuando señaló:
“(…)
En conclusión, tal como fuere decidido por el a quo, el actor por ser miembro activo del Ejército Nacional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º ordinal 3.1.º de dicha normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 (15 años por ser retirado en forma absoluta), imponiéndose razones para confirmar el fallo apelado sin consideración adicional […]”.
El Consejo de Estado al resolver el caso concreto adujo que al actor se le debía aplicar el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 en donde se estipula un tiempo de servicio de 15 años para el reconocimiento de la asignación cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia.
Indicó que a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 30 de diciembre del 2004 el actor se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional y en ese orden de ideas no se le podía exigir un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores.
Expresó que para el reconocimiento de la asignación de retiro le era aplicable la transición señalada en el artículo 3º, ordinal, 3.1. inciso segundo de la Ley 923 del 2004, teniendo en cuenta que el único condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 la persona se encontrara en servicio activo de la Fuerza Pública.
Indicó que:
“[…] Conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante resulta entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, teniendo en cuenta la condición que ostentaba al momento de su retiro, esto es Intendente, que señala para el caso concreto 15 años de servicios para su reconocimiento, cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia, requisito que cumple toda vez que según la hoja de servicios y el acto acusado, al momento de su retiro del servicio contaba con un tiempo de servicio de 15 años, 11 meses y 15 días.
En conclusión, el actor al haber sido miembro activo de la Policía Nacional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3º ordinal 3.1. ibídem y, en esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 (15 años), el cual le es aplicable teniendo en cuenta la condición que ostentaba al momento de su retiro como Intendente de la institución.
Es de anotar, que debido a que el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional es jerárquicamente superior al de Suboficiales de la institución, en casos como el presente se debe dar aplicación directa al Decreto 1212 de 1990 en su artículo 144, para el reconocimiento de la asignación de retiro.
A la altura de lo enunciado, es pertinente señalar que al demandante no se le puede aplicar el Decreto 1858 del 2012 para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues de hacerlo se desconocería que el régimen de transición garantizaba la expectativa para que la situación de quienes se encontraban en servicio activo de la Policía Nacional, continuara rigiéndose por el Decreto 1212 de 1990, en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio […]”.
Con base en el anterior análisis jurisprudencial de ambas sentencias proferidas por el Consejo de Estado, la Sala pasará a estudiar si el Tribunal incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial. Para tal fin hará el estudio del caso concreto, estableciendo si las dos sentencias constituyen o no precedente judicial para el caso concreto.
En el presente caso está plenamente acreditado que el señor Edgar Manuel Valencia Suárez a través de la Resolución nro. 05177 de 25 de noviembre de 2015, fue retirado de la institución y para esa fecha había acumulado un tiempo de servicio de veinte (20) años, siete (07) meses y veinticuatro (24) días.
El Consejo de Estado en la sentencia proferida por la Sección Cuarta sostuvo la tesis de que no se podía aplicar el Decreto 1858 de 2012 al caso concreto, dado que al momento del retiro del actor no había sido expedido y, como consecuencia, no le resultaba aplicable.
Indicó que la fecha de retiro era relevante porque determinaba la normativa aplicable frente al reconocimiento de la asignación de retiro, pues es la desvinculación la que, precisamente, da origen a que el derecho se cause o no, dependiendo el cumplimiento de los requisitos establecidos en ese momento.
Nótese que en el caso del señor Edgar Manuel Valencia, su retiro se efectuó el día 25 de noviembre de 2015, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 1858 de 2012. En ese orden de ideas para la Sala no hubo desconocimiento del precedente judicial contenido en la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, toda vez que la situación fáctica del presente caso es totalmente diferente a lo establecido en la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Sin embargo, para la Sala no ocurre lo mismo con la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado, dado que esta providencia si constituye precedente judicial, toda vez que la situación fáctica del caso concreto es similar al caso que se decidió con la citada sentencia.
Fíjese que el señor Edgar Manuel Valencia Suárez, al igual que el accionante en el caso referenciado, se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional, al momento de entrar en vigencia Ley 923 y, en ese orden de ideas, con fundamento en el régimen de transición señalado en el artículo 3º, ordinal, 3.1. inciso segundo para el reconocimiento de la asignación de retiro resultaba entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, tal como se decidió en la sentencia.
Lo anterior, debe hacerse énfasis fue la tesis adoptada por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado en donde se sostuvo que con la entrada en vigencia de la Ley 923, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro se debía aplicar el régimen de transición, teniendo en cuenta que el único condicionamiento, al momento de entrada de la vigencia de dicha norma era que la persona se encontrara en servicio activo de la Fuerza Pública.
En ese orden de ideas, conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de retiro resulta entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
Además, sostuvo que no se le podía aplicar el Decreto 1858 del 2012 para el reconocimiento de la asignación de retiro, teniendo en cuenta que de hacerlo se desconocía el régimen de transición que garantizaba la expectativa para que la situación de quienes se encontraban en servicio activo de la Policía Nacional, continuara rigiéndose bajo los parámetros del Decreto 1212 de 1990, en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio.
Por otro lado, la Sala pudo evidenciar que la propia Sección Segunda del Consejo de Estado, pero a través de su Subsección A sostuvo la misma tesis de la Sección B en donde dijo lo siguiente:
“ […] En ese sentido, a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 (30 de diciembre de 2004) el demandante se encontraba en servicio activo en el Ejército Nacional y por tanto no se podía exigir un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores.
En esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro le es aplicable la transición señalada en el artículo 3.º, ordinal, 3.1.º inciso segundo de la Ley 923 de 2004, toda vez que el único condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 la persona se encuentre en servicio activo de las Fuerzas Militares.
Conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante le es aplicable el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 que señala para el caso concreto 15 años de servicios para el reconocimiento de la mencionada prestación, requisito que cumple el demandante toda vez que según la hoja de servicios al momento de su retiro del servicio contaba con un tiempo de servicio de 16 años, 5 días (folio 113)
Por tanto, tal como lo señaló el a quo el demandante tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro desde la terminación de los tres meses de alta del cargo que desempeñó en el Ejército Nacional y que fue retirado de forma absoluta a través de la Resolución 0950 del 17 de junio de 2010 […]”.
En ese orden de ideas, para la Sala la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado si constituye precedente judicial teniendo en cuenta que: i) la situación fáctica del caso concreto es similar al caso que se decidió con la citada sentencia, ii) en la ratio decidendi de la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado se encuentra una regla jurisprudencial aplicable al presente caso y iii) esta ratio decidendi resuelve un problema jurídico semejante al caso bajo estudio.
2.9 Cargo por violación directa de la Constitución
En su escrito de tutela el actor manifestó que el Tribunal vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y el principio de la supremacía de la constitución consagrado en el artículo 4 de la carta política, y por lo tanto ha debido aplicar la excepción de inconstitucionalidad.
Para la Sala el cargo no está llamado a prosperar, dado que el actor no hizo un análisis del caso concreto, en donde tenía el deber de indicar cuales normas jurídicas debían ser inaplicadas por el Tribunal y como consecuencia de lo anterior, establecer las razones jurídicas de por qué las normas jurídicas eran manifiestamente contrarias a la Constitución Política de 1991.
De esta manera, que aun cuando la Sala, como Juez Constitucional, interpretara la inconformidad de la accionante, no existe objeto de examen, comoquiera que no se argumentó cómo la Sección Segunda Subsección “D” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca violó directamente la Constitución.
Así las cosas, es importante resaltar que el principio de informalidad que gobierna a la acción de tutela, no puede considerarse absoluto, pues es necesario satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio, el señalamiento de las causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
2.10. Conclusión de la Sala
Con base en lo anteriormente expuesto, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca i) incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial dado que desconoció la regla jurisprudencial establecida en la sentencia proferida por la Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado en donde se estableció que con la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro se debía aplicar el régimen de transición señalado en el artículo 3º, ordinal, 3.1. inciso segundo, teniendo en cuenta que el único condicionamiento, al momento de entrada de la vigencia de dicha norma era que la persona se encontrara en servicio activo de la Fuerza Pública.
En ese orden de ideas, conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de retiro resultaba entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
En lo que tiene que ver con el cargo por violación directa de la Constitución, para la Sala el Tribunal no la desconoció, toda vez que el actor no cumplió con la carga de argumentación mínima para demostrar que en el caso concreto el Tribunal tenía que aplicar la excepción de inconstitucionalidad por haberse evidenciado la vulneración de derechos fundamentales.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso del señor Edgar Manuel Valencia Suárez, vulnerados por la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 26 de octubre de 2017, por la citada Corporación, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con nro. único de radicación 11001-33-35-019-2016-00167-00, promovido por el señor Edgar Manuel Valencia Suárez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: ORDENAR a la Subsección “D” de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, profiera una nueva sentencia en el referido medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que acate las consideraciones puestas de presente en esta sentencia.
TERCERO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley nro. 2591 de 1991, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ
Presidente
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”. Por el cual se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional. Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0132_1995.htm" \l "1" 132 de 1995.
“Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política “. En su escrito de tutela el actor hace mención a las providencias que constituyen precedente y que fueron desconocidas por el Tribunal: i) Sección Cuarta del Consejo de Estado de 1 de junio de 2017 con ponencia de la magistrada Dra. Stella Jeannette Carvajal Basto, y ii) Sección Segunda Subsección “B” del Consejo de Estado de 5 de octubre de 2017 con ponencia de la magistrada Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. Consejo de Estado, Sección Primera. Sentencia de 31 de julio de 2012. Actor: Nery Germania Álvarez Bello. Exp. nro. 11001-03-15-000-2009-01328-02. M.P. María Elizabeth García González. Corte Constitucional. Sentencia de 3 de septiembre de 2009, Rad.: T-619, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván Palacio. Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
Sentencia T- 760A de 2011. M. P.: Juan Carlos Henao Pérez. Sentencia del 13 de mayo de 2008, expediente T-1.806.953,C.P. Humberto Antonio Sierra Porto. Ver sentencias C-083 de 1995, C-037 de 1996, SU-640 de 1998. Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. Ibídem. Sentencias T-1625 de 2000 y T-161 de 2010. Ver, entre otras, Sentencia 13 de marzo de 2013. M.P. Guillermo Vargas Ayala. Radicado: 11001-03-15-000-2012-02074-00. Sentencia 18 de abril de 2013. C.P.: Marco Antonio Velilla Moreno. Radicado: 11001-03-15-000-2012-01797-00. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“Sobre reformas judiciales”. Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001. Expediente D-3374. Actor: Carlos Alberto Maya Restrepo. M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011. Expediente D-8473. Actor: Francisco Javier Lara Sabogal. M.P. Mauricio González Cuervo. Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016. Expediente D-10973. Actora: Erika Nicole González Rojas. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez. En la Sentencia C-634 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se concluyó que: “El respeto del precedente judicial por parte de las autoridades administrativas se fundamenta (i) en el respeto del debido proceso y del principio de legalidad en materia administrativa (Arts.
29, 121 y 122 C.P.); (ii) en el hecho que el contenido y alcance normativo de la Constitución y la ley es fijado válida y legítimamente por las altas cortes, cuyas decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y tienen fuerza vinculante; (iii) en que las decisiones de las autoridades administrativas no pueden ser arbitrarias y deben fundamentarse de manera objetiva y razonable; (iv) en que el desconocimiento del precedente y con ello del principio de legalidad, implica la responsabilidad de los servidores públicos (Arts. 6º y 90 C.P.); y (v) en que las actuaciones y decisiones de las autoridades administrativas deben respetar la igualdad de todos ante la ley (Art. 13 C.P.).”
M.P. Mauricio González Cuervo. Énfasis por fuera del texto original. Sentencias T-1143 de 2003 y T-1045 de 2008. La Sala encuentra acreditado dentro del expediente, que la providencia fue notificada el 27 de noviembre de 2017, y la presente acción de tutela fue presentada el 14 de diciembre de 2017. Frente al tema de la configuración del precedente judicial ver Corte Constitucional, sentencia T-292 de 2006. Magistrado ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa. Sentencia proferida dentro del marco de una acción de tutela contra providencia judicial. Sentencia proferida dentro del marco de un proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Los hechos del caso fueron narrados por el Consejo de Estado de la siguiente manera: “[…]Que, el 5 de agosto de 1996, Luis Alberto Triviño ingresó a la Policía Nacional, como miembro del nivel ejecutivo.
Que, mediante Resolución 042 del 19 de julio de 2012, en ejercicio de la facultad discrecional de la Dirección General de la Policía Nacional, se retiró del servicio a Luis Alberto Triviño Daza, que para ese momento ocupaba el cargo de intendente.
Que, en vista del retiro, Luis Alberto Triviño Daza solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) que le reconociera asignación de retiro, por reunir más de 15 años de servicios. Que, sin embargo, la entidad le negó esa petición, mediante oficio GAG – SDP del 15 de octubre de 2013.
Que, por lo anterior, Luis Alberto Triviño Daza presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra Casur, con el fin de que se reconociera la asignación de retiro, en los términos de los Decretos 1212 de 1990 […]”.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, 8 de septiembre del 2017, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 3473 – 2014, demandante: Wilson Javier Chaparro Ladino, demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL).
Los hechos del caso fueron narrados por el Consejo de Estado de la siguiente manera: […] Indicó que el actor, ingresó al servicio de la Policía Nacional como Agente Alumno del Nivel Ejecutivo el 17 de octubre de 1995; posteriormente, a través de la Resolución 05042 del 3 de octubre de 1996 fue nombrado en el escalafón del Nivel Ejecutivo de la institución, el 11 de octubre de 1996 hasta el 24 de agosto del 2011; y fue suspendido disciplinariamente del 17 de enero del 2007 al 2 de marzo del mismo año. Actualmente se encuentra retirado por voluntad de la Dirección General a través de la Resolución 02914 del 22 de agosto del 2011, proferida por el Director General de la Policía Nacional.
Manifestó que a través de petición del 1º de agosto del 2013, solicitó a CASUR el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, la cual fue negada a través del acto administrativo acusado, bajo el argumento que no cumple con los requisitos establecidos en los Decretos 4433 del 2004 y 1858 del 2012, esto es, 20 años de servicios cuando la desvinculación del servicio activo se produce por voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional […]”.
Establece el artículo 3º, ordinal, 3.1. inciso segundo de la Ley 923 de 2004: A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 9 de marzo de 2017, Rad 27001 23 33 000 2013 00068 01. Magistrado ponente: Dr. William Hernández Gómez.
Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional.
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
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