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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07580-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-07580-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 28 de enero de 2026 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo de José Raúl González Mariño. SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-07580-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07580-01
Demandante: José Raúl González Mariño
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección D

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Asignación de retiro. Excepción de
inconstitucionalidad. Excepción de ilegalidad. Ley 923 de 2004.
Decreto 754 de 2019. Defecto sustantivo. Desconocimiento del
precedente.

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia y niega amparo

La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora en contra de la
Sentencia proferida el 28 de enero de 2026 por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 28 de noviembre de 2025, la parte actora, a través de apoderado,
presentó una acción de tutela con el propósito de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, los cuales fueron
presuntamente transgredidos por la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001-33-35-009-2023-00156-00/01.

2. A título de amparo, solicitó dejar sin efectos la Sentencia de 22 de mayo de
2025 y, en consecuencia, se ordenara proferir una decisión de remplazo ajustada a
derecho en la que se reconociera la asignación de retiro.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora
señaló que, el 8 de febrero de 2004, ingresó a la escuela del nivel ejecutivo de la
Policía Nacional y fue escalafonado en el grado de patrullero el 1 de noviembre de
2004. Afirmó que se encontraba en servicio activo al momento de la entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004, esto es, el 30 de diciembre de 2004.

4. Sostuvo que, mediante Resolución No. 2119 de 7 de julio de 2021, fue
retirado del servicio activo de la Policía Nacional por una causa distinta a la solicitud

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-07580-01
Demandante: José Raúl González Mariño

por voluntad propia, concretamente, por destitución en el marco de un proceso
disciplinario.

5. El 4 de agosto de 2022, la parte actora radicó una solicitud de
reconocimiento de la asignación de retiro conforme a la Ley 923 de 2004, en la
medida en que acreditaba un tiempo de servicio en la Policía Nacional de 17 años,
8 meses y 3 días.

6. El 13 de octubre de 2022, la Policía Nacional brindó respuesta a la solicitud
tras certificar que efectivamente había ingresado a la institución en la categoría del
nivel ejecutivo y que había prestado servicios por un periodo de 17 años, 8 meses
y 3 días, incluidos los tiempos de formación como alumno. No obstante, le indicó
que no cumplía con los requisitos para el reconocimiento y pago de la asignación
de retiro por tiempo de servicio, de conformidad con el Decreto 4433 de 2004 y el
artículo 2 del Decreto 1858 de 2012.

7. El 4 de mayo de 2023, el hoy accionante radicó una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (CASUR), con el propósito de que se declarara la nulidad del Oficio de 13
de octubre de 2022, mediante el cual se había negado el reconocimiento y pago de
la asignación de retiro.

8. El 17 de septiembre de 2024, el Juzgado 9 Administrativo de Bogotá declaró
probada la excepción de fondo propuesta por la entidad demandada, por
inexistencia del derecho, tras considerar que la norma aplicable para el
reconocimiento de la asignación de retiro era el Decreto 754 de 2019, el cual exigía
20 años de servicio cuando la desvinculación se produce por la causal de
destitución, requisito que no logró acreditar.

9. El 1 de octubre de 2024, interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia, en el que sostuvo que, si bien el Decreto 754 de 2019 se
encontraba vigente, también lo era que reproducía el mismo vicio de ilegalidad del
Decreto 991 de 2015, declarado nulo, en tanto había desbordado la potestad
reglamentaria otorgada por el legislador al incrementar el tiempo de servicio exigido
para acceder a la asignación de retiro en los casos de separación absoluta y
destitución, lo cual estaba prohibido. Afirmó que resultaba necesario aplicar la
excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad respecto de la expresión «o sean
retirados o separados en forma absoluta o destituidos», contenida en el artículo 1
del Decreto 754 de 2019, conforme al artículo 148 de la Ley 1437 de 2011.

10. El 22 de mayo de 2025, la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca confirmó la Sentencia de 17 de septiembre de
2024 que negó las pretensiones de la demanda. Concluyó que no se advertía una
contradicción ostensible con la norma invocada y que, al tratarse de la disposición
vigente al momento del retiro del actor, resultaba procedente su aplicación, por lo
cual concluyó que no había lugar a aplicar la excepción de ilegalidad, ni tampoco la
excepción de inconstitucionalidad.

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Demandante: José Raúl González Mariño

11. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora manifestó que la
Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en un defecto sustantivo, al aplicar indebidamente el Decreto 754 de 2019,
cuando correspondía aplicar la Ley 923 de 2004, en tanto el accionante contaba con
derechos adquiridos. Indicó que dicho decreto se encontraba al margen de la ley y,
por ende, debía ser inaplicado, pues desconocía los parámetros fijados por el
legislador desde 2004 en materia de asignación de retiro, situación que ya se venía
presentando con regulaciones anteriores y que se mantuvo con su expedición.

12. Afirmó que, aunque el Decreto 754 de 2019 respetaba los tiempos mínimos
y máximos para acceder a la prestación, desconocía otros derechos adquiridos,
particularmente las causales previstas en la Ley 923 de 2004. Precisó que el artículo
1 de dicho decreto estableció causales distintas a las vigentes, contrariando no solo
esta disposición sino también la Constitución, en la medida en que no respetó los
derechos, garantías y beneficios previamente consolidados conforme a regímenes
anteriores.

13. Añadió que el Gobierno Nacional excedió la potestad reglamentaria al
desbordar los parámetros fijados por el legislador y arrogarse competencias no
asignadas, pese a que se les solicitó a los jueces de instancia inaplicar dicho
decreto.

14. Expuso que el Consejo de Estado declaró la nulidad de disposiciones
similares por exceder la facultad reglamentaria, lo cual evidenciaba que el Decreto
754 de 2019 presentaba los mismos vicios de ilegalidad que el Decreto 991 de 2015.
Señaló que el decreto cuestionado incrementó el tiempo de servicio a 20 años para
ciertos eventos, en contravía de la Ley 923 de 2004, que prohibía exigir un tiempo
superior al vigente y fijaba un mínimo de 15 años para causales distintas a la
solicitud propia. Consideró que resultaba obligatoria la aplicación de la excepción
de inconstitucionalidad e ilegalidad frente a dicha norma y concluyó que la sentencia
censurada negó la asignación de retiro con fundamento en una disposición contraria
a la ley y a la jurisprudencia aplicable.

15. Precisó que, en casos similares, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo concedió el derecho a miembros de la Policía Nacional en idéntica o
parecidas situaciones 1 . Sostuvo que el tribunal desconoció dichos criterios
jurisprudenciales lo que afectaba el derecho fundamental a la igualdad.

1 «Sentencia de 19 de noviembre de 2015 de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, Rad: 11001-33-35-007-2014-00258-01; Sentencia de 9 de marzo de 2017 de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad: 27001-23-33-000-00068-01; Sentencia de 1 de junio de
2017 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Rad: 11001-03-15-000-2016-03812-00; Sentencia de 5 de
octubre de 2017 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad: 18001-23-33-000-
2014-00085-01; Sentencia de 1 de marzo de 2018 de la Sección Primera del Consejo de Estado, Rad: 11001-
03 15-000-2017-03432-00».

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Intervenciones2

16. El Juzgado 9 Administrativo de Bogotá manifestó que no se configuraba
vulneración alguna dentro del proceso, en tanto se respetaban las garantías
constitucionales en cada una de las etapas procesales surtidas. Indicó que la
sentencia emitida reflejaba una valoración integral de los elementos probatorios,
conforme a las reglas procesales aplicables.

17. CASUR solicitó que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, tras
sostener que no se evidenciaba la vulneración de los derechos fundamentales
invocados. Afirmó que no se configuraba la existencia de un perjuicio irremediable
ni de una amenaza inminente e injustificada que hiciera procedente la tutela como
mecanismo para obtener el reconocimiento de las pretensiones formuladas y que la
sentencia de segunda instancia obedecía a los principios de sana crítica y
autonomía judicial, en respeto de las pruebas y alegaciones de las partes.

18. Indicó que el asunto ya fue debatido a través del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que no resultaba procedente reabrir dicha
discusión mediante el trámite constitucional, en tanto los argumentos expuestos en
el escrito de tutela evidenciaban el desacuerdo del accionante con la decisión
adoptada por el tribunal.

19. La Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, pese a que fue debidamente notificada, guardó silencio.

Sentencia impugnada

20. El 28 de enero de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, tras considerar que esta se dirigía a obtener una nueva valoración
de argumentos que ya habían sido analizados y resueltos en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo que desnaturalizaba el carácter subsidiario y
excepcional del amparo constitucional.

21. Indicó que, en la Sentencia de 22 de mayo de 2025, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca abordó expresamente los planteamientos al
resolver el recurso de apelación, en la medida en que consideró que no había lugar
a acceder a la solicitud de inaplicación del Decreto 754 de 2019 por las razones de
inconstitucionalidad e ilegalidad alegadas por el accionante.

22. Afirmó que la autoridad judicial accionada no incurrió en una aplicación
indebida de la norma, sino que resolvió el cargo propuesto en el proceso ordinario
al desestimar la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad
invocada. Sostuvo que los reproches formulados en sede de tutela no evidenciaban

2 Mediante Auto de 2 de diciembre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección

D del Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y vinculó al Juzgado 9 Administrativo del
Circuito de Bogotá y a la Caja de Sueldo de Retiro de la Policía Nacional (CASUR).

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una actuación arbitraria, irrazonable o caprichosa, sino que correspondían a una
discrepancia del actor frente a la interpretación jurídica adoptada por el tribunal.

Impugnación

23. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia comoquiera que el
asunto sí revestía relevancia constitucional en la medida en que la decisión
cuestionada vulneró derechos fundamentales. Señaló que se desconoció el derecho
al debido proceso, al no haberse aplicado la ley vigente al momento de los hechos
dentro de la actuación judicial, garantía que no solo resultaba exigible en materia
penal, sino también en el ámbito laboral.

24. Afirmó que se configuraba una vulneración al derecho a la igualdad, dado
que, en situaciones fácticas equivalentes, otros miembros de la Policía Nacional,
con más de 15 años de servicio, vinculados antes del 31 de diciembre de 2004 y
retirados por decisión disciplinaria, sí habían accedido a la asignación de retiro, lo
que evidenciaba un trato desigual injustificado.

25. Argumentó que se vulneró el derecho al trabajo, entendido en su dimensión
de protección de los derechos laborales, entre ellos el reconocimiento y pago de la
asignación de retiro al cumplirse los requisitos legales, los cuales sí satisfacía.
Sostuvo que la negativa de dicha prestación afectó su mínimo vital como
exfuncionario, como consecuencia de la aplicación indebida de una norma inferior,
el Decreto 754 de 2019, en lugar de la Ley 923 de 2004, lo que configuraba el
defecto alegado.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, si la Subsección
D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso e igualdad de la parte actora, al proferir
la Sentencia de 22 de mayo de 2025, por presuntamente haber incurrido un defecto
sustantivo al haber aplicado el Decreto 754 de 2019, cuando correspondía aplicar
la Ley 923 de 2004 y/o desconocer el precedente al apartarse de criterios
jurisprudenciales con idéntica o similar situación fáctica.

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Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

28. La acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) se encuentra satisfecha la legitimación en la causa
por activa y por pasiva, debido a que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y, por el otro,
la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca profirió la decisión que se cuestiona; (2) se encuentra acreditada la
exigencia de subsidiariedad, comoquiera que se agotaron todos los mecanismos
judiciales que tenía para procurar la defensa de sus derechos; (3) la acción de tutela
se presentó el 28 de noviembre de 2025, es decir, dentro de los 6 meses siguientes
a la notificación de la Sentencia de 21 de mayo de 20253; (4) no se cuestionó una
irregularidad procesal; (5) se identificaron razonablemente los hechos y argumentos
con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales;
y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de igual naturaleza.

29. (7) Respecto del requisito de relevancia constitucional, la Sala se aparta de
la tesis sostenida por el juez de tutela de primera instancia. En efecto, el debate no
se reduce a una controversia de mera legalidad o a un interés estrictamente
económico, sino que se relaciona de manera directa con la presunta vulneración de
derechos fundamentales, derivada de la alegada configuración del defecto
sustantivo y el desconocimiento del precedente, debidamente desarrollados por la
parte actora.

30. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, se revocará la decisión
de primera instancia y se estudiará el fondo de la controversia.

Análisis de vulneración alegada: estudio de defectos

31. La Sala negará la solicitud de amparo, por las razones que se exponen a
continuación:

32. El accionante sostuvo que la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un defecto sustantivo al proferir
la Sentencia de 21 de mayo de 2025, mediante la cual confirmó la decisión de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, tras considerar que no
se configuraba el presupuesto necesario para la aplicación de la excepción de
inconstitucionalidad respecto del Decreto 754 de 2019, en razón de no evidenciarse
una contradicción clara, ostensible y directa con el numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución. En su criterio, dicha autoridad judicial no debió aplicar el referido
decreto, por cuanto resultaba contrario a la Constitución, al presentar las mismas
particularidades del Decreto 991 de 2015, el cual fue parcialmente declarado nulo
por el Consejo de Estado por incrementar indebidamente los requisitos de tiempo
de servicios y reducir beneficios.

3 Notificada mediante mensaje de datos el 28 de mayo de 2025.

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33. No obstante, en la Sentencia de 21 de mayo de 2025, el tribunal explicó
que, frente a la excepción de inconstitucionalidad, no se advertía una oposición
evidente ni notoria entre el Decreto 754 de 2019 y la Constitución que justificara su
inaplicación, en la medida en que no se configuraba una contradicción grave o
insalvable. Lo anterior, por cuanto consideró que el Gobierno Nacional, mediante
dicho decreto, se limitó a regular la Ley 923 de 2004 en materia de régimen salarial
y prestacional de los servidores públicos.

34. En cuanto a la excepción de ilegalidad, tampoco advirtió una contradicción
ostensible entre el Decreto 754 de 2019 y la Ley 923 de 2004, dado que esta era la
disposición vigente al momento del retiro del accionante, razón por la cual resultaba
procedente su aplicación. Además, destacó que el numeral 3.1 del artículo 3 de la
Ley 923 de 2004 establece que el tiempo de servicio para acceder a la asignación
de retiro será mínimo de 18 años y que, en ningún caso, se exigirá un tiempo
superior a 25 años, disposición que resultaba compatible con el Decreto 754 de
2019, el cual dispuso que, en caso de retiro por solicitud propia, destitución o
separación absoluta, se deberán acreditar 20 años o más de servicios.

35. La Sala encuentra que dicha interpretación resulta coherente, en la medida
en que el tribunal descartó de manera justificada la existencia de una contradicción
clara, ostensible y directa entre el Decreto 754 de 2019 y la Constitución, así como
la presencia de una incompatibilidad normativa con la Ley 923 de 2004. Por el
contrario, evidenció la correspondencia entre las disposiciones analizadas en lo
relativo al tiempo de servicios exigido, concluyendo que el decreto se ajusta a los
parámetros fijados por el legislador. En ese sentido, no se configuran los
presupuestos que habilitarían la inaplicación normativa por vía de excepción, ni se
configura un defecto sustantivo en la providencia cuestionada.

36. De otra parte, el accionante alegó el desconocimiento del precedente y citó
varias decisiones proferidas por distintos despachos judiciales en las que, según
afirmó, se había reconocido la asignación de retiro en situaciones idénticas o
similares. Al respecto, señaló: (i) la Sentencia de 19 de noviembre de 20154; (ii)
Sentencia de 9 de marzo de 20175; (iii) la Sentencia de 1 de junio de 20176; (iv) la
Sentencia de 5 de octubre de 20177; y la Sentencia de 1 de marzo de 20188.

37. Frente a las providencias invocadas, la Sala advierte que no se configuró el
aludido defecto, en tanto no se cumplió el presupuesto de identidad jurídica
necesario para su aplicación. En efecto, el problema jurídico del presente asunto,
relativo a la eventual inaplicación del Decreto 754 de 2019 por su presunta
inconstitucionalidad o ilegalidad frente a la Ley 923 de 2004, no fue objeto de
análisis en las decisiones citadas, pues fueron proferidas con anterioridad a la
expedición de dicho decreto. En consecuencia, la ausencia de comparabilidad entre

4 Rad: 11001-33-35-007-2014-00258-01.
5 Rad: 27001-23-33-000-2017-00068-01.
6 Rad: 11001-03-15-000-2016-03812-00.
7 Rad: 18001-23-33-000-2014-00085-01.
8 Rad: 11001-03 15-000-2017-03432-00.

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los supuestos analizados impide estructurar un estudio de fondo del precedente, sin
que pueda predicarse, por tanto, su desconocimiento.

38. En ese orden de ideas, la Sala considera que los argumentos de la parte
accionante no logran acreditar la existencia de un defecto sustantivo ni el
desconocimiento del precedente en la providencia cuestionada. Por el contrario, se
advierte que la autoridad judicial accionada efectuó un análisis razonado, completo
y ajustado a las pruebas obrantes en el expediente, valoró de manera conjunta los
elementos de juicio disponibles y expuso de forma suficiente las razones que
sustentaron su decisión.

Conclusión

39. La Sala revocará la Sentencia de 28 de enero de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. En su lugar,
negará el amparo solicitado, al no haberse acreditado la configuración de los
defectos alegados por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

III. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 28 de enero de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la acción de tutela y, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo
de José Raúl González Mariño.

SEGUNDO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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