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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01518-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
21 de junio de 2018
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01518-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Negar el amparo deprecado por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión. SEGUNDO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impagada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01518-00

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

21 de junio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA / NULIDAD DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN AUTOADHESIVO / EXENCIÓN DE GRAVÁMENES ARANCELARIOS A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA DESTINADA A LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[S]e observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hace un análisis detallado sobre la normativa que regula la exención arancelaria para la exploración de hidrocarburos, en donde tuvo en cuenta, entre otras cosas que con el artículo 8 del Decreto 255 de 1992 se derogaron las exenciones de gravámenes arancelarios otorgados a las importaciones que realizaran las personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero que con su literal h) del artículo 9 se mantuvieron las exenciones arancelarias para la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo (…) señaló que con el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se otorgaron franquicias arancelarias para la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en actividades diferentes a la exploración de hidrocarburos, en virtud de la autorización especial de la CAN, otorgada mediante la Resolución No. 880 de 2 de diciembre de 2004 (…) vigencia que se extendió con la Resolución 1346 de 12 de agosto de 2010. Se advirtió que a partir de dicha autorización se adicionó el Decreto 255 de 1992 con el artículo 9-1, en el que se indicó que la exención de que trata el artículo 9 del mismo es aplicable, entre otros, a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos; exención que será aplicable a las subpartidas arancelarias que allí se relacionan. Revisada dicha normativa, el fallador concluyó que las excepciones arancelarias previstas en el Decreto 260 de 2005 hace referencia a los ramos de la industria del petróleo, relacionados con la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos, pero no con la de exploración, porque para la importación de bienes de ese ramo se aplica es el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, que se encontraba vigente y no había sido objeto de ninguna modificación. Para la Sala, la decisión censurada no incurrió en una indebida interpretación normativa sino que el pronunciamiento realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de asumir que el asunto no se encontraba dentro de la adición del Decreto 255 de 1992 en su artículo 9-1, estuvo debidamente sustentada y justificada (…) Además, teniendo en cuenta que el asunto versaba sobre el ramo de exploración, se comparte el argumento del operador judicial conforme al cual, evidentemente la subpartida no podía estar en la lista anexa a la adición del Decreto, pues el punto adicionado no trataba dicho asunto, como sí lo hacía el artículo 9 en su literal h), respecto de la mercancía destinada a la exploración de petróleos.

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / PRECEDENTE - Exige similitud fáctica y jurídica / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL - Aplicación

La DIAN consideró que el operador judicial, sin razón justificada se apartó de 5 providencias proferidas por esa misma Sección en el año 2015 en las que fungió como demandante la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia, pero que contrario a lo ocurrido en el asunto bajo estudio, se mantuvo la legalidad de los actos acusados (…) si bien en ambos se analiza el tratamiento arancelario preferencial para la importación de mercancías consistente en “La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, y “las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”, y para las mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos” (…) en los casos de la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia se presenta la variación reconocida por la misma tutelante, en el sentido que, la decisión en los asuntos presuntamente desconocidos por el fallador se debió a que en ellos la empresa no realiza de manera directa las actividades mencionadas, sino que presta sus servicios a quienes sí lo hacen; mientras que en el caso objeto de análisis, la Sociedad CEPCOLSA S.A sí lo hace de manera directa; es decir, que la única razón que tuvo en cuenta la Sección Cuarta del Consejo de Estado para mantener la legalidad de los actos demandados en los 5 casos que se señalan desconocidos, no se presenta, por lo que mal podría pretenderse que se adoptara la misma decisión al considerarse un requisito que en el otro caso, no concurre (…) Por otro lado, la suposición de la tutelante consistente en que si el operador judicial hubiera estudiado que las mercancías no se encontraban en las subpartidas enlistadas en la norma, hubiera mantenido también, por ese solo hecho, la legalidad de los actos; no conlleva a que la Sección Cuarta deba fallar en el mismo sentido que decidió en esos 5 casos, bajo suposiciones que la misma actora reconoce que no fueron analizadas en la providencia. Así, la Sala observa que el asunto bajo análisis se encuentra enmarcada dentro del principio de autonomía judicial que tienen los jueces de la República.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / DECRETO 255 DE 1992 - ARTÍCULO 9 - LITERAL H / DECRETO 255 DE 1992 - ARTÍCULO 9-1 / DECRETO 260 DE 2005 / DECRETO 1056 DE 1953 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 4743 DE 2005 - ARTÍCULO 2 / RESOLUCIÓN 880 DE 2004 DE LA COMUNIDAD ANDINA / RESOLUCIÓN 969 DE 2005 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01518-00(AC)

Actor: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela interpuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN - contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta.

ANTECEDENTES

Solicitud

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, mediante apoderado judicial y con escrito presentado el 11 de mayo de 2018, interpuso acción de tutela contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, autoridad judicial que conoció del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la Sociedad Cepsa Colombia -Cepcolsa- contra la Resolución No. 03-241-201-639-1-0726 del 26 de abril de 2012 de liquidación oficial de corrección sobre la declaración de importación autoadhesivo No. 012040208008270 del 6 de marzo de 2011.

Lo anterior, toda vez que la autoridad judicial accionada, a través de la providencia de 13 de diciembre de 2017 revocó la dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró la nulidad de los actos demandados y la firmeza de la declaración de importación de autoadhesivo referenciada.

Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la DIAN, profirió la Resolución No. 03-241-201-639-1-0726 del 26 de abril de 2012 de liquidación oficial de corrección sobre la declaración de importación autoadhesivo No. 012040208008270 del 6 de marzo de 2011 presentada por la Sociedad Cepsa S.A, por considerar que a la mercancía importada (tubos de perforación y/o entubación -casing- o de producción –tubing-) no era posible aplicarle el tratamiento arancelario del 0% establecido en la norma que invocó el importador en la declaración de importación objeto de liquidación oficial de corrección como lo es el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992.

El sustento de la DIAN consistió en que dicha mercancía se encontraba clasificada arancelariamente por la subpartida 73.04.23.00.00 y no estaba incluida en la lista de las que gozarían de tal tratamiento arancelario del 0%, establecido en el artículo 2º del Decreto 4743 de 2005 ni en los anexos de la Resolución 880 de 2004, ni en la Resolución 969 de 2005.

La Sociedad referida presentó recurso de reconsideración contra la Resolución No. 03-241-201-639-1-0726 del 26 de abril de 2012 de liquidación oficial, y esta fue resuelta mediante Resolución No. 1-00-223-10127 del 30 de agosto de 2012 proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN, en el sentido de confirmar el acto recurrido.

La Sociedad CEPSA S.A demandó en nulidad y restablecimiento del derecho la nulidad de la resolución de liquidación oficial y la que resolvió el recurso de reconsideración confirmándola.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – dictó la sentencia de 4 de septiembre de 2014 a través de la cual negó las pretensiones de la demanda.

La parte accionante apeló la anterior providencia y el Consejo de Estado en fallo de 13 de diciembre de 2017 revocó la decisión de primera instancia y en su lugar declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y la firmeza de la declaración de importación de autoadhesivo referenciada.

Fundamentos de la acción

Defecto sustantivo por indebida interpretación de los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, así como de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005

La parte accionante señaló que los actos administrativos declarados nulos se sustentaron en que:

“La mercancía importada consistente en tubos de perforación y/o exploración, de entubación (casing) o de producción (tubing) no es posible aplicarle el tratamiento arancelario del 0% establecido en la norma que invocó el importador en la declaración de importación objeto de liquidación oficial de corrección, como lo es el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, habida cuenta que al ser clasificadas arancelariamente por las subpartidas 7304.29.00.00 y 7306.29.00.00, y no estar incluidas en la lista de las que gozarían de dicho mecanismo, establecido en el artículo 2 del Decreto 4743 de 2005, ni en los anexos de la Resolución 880 de 2004, ni en la Resolución 969 de 2005.”

Por su parte, el argumento de la providencia cuestionada de la Sección Cuarta del Consejo de Estado se fundamentó en que:

“En los actos administrativos demandados, la Administración corrigió la subpartida arancelaria, ubicándola en la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, no cuestionó su destino -exploración petrolera- menos aún que la sociedad importadora se dedicara de manera directa a las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de hidrocarburos, motivo por el cual, estos aspectos no son objeto de análisis y, por ende, no le correspondía al Tribunal hacer el estudio técnico de la mercancía importada y trazabilidad, como se afirmó en el recurso de apelación; por lo mismo, la falta de práctica del testimonio solicitado por la parte actora no influyó en la decisión que se analiza en esta instancia."

(…)

Aclarado lo anterior, observa la Sala que el argumento de la Administración para modificar de manera oficial la declaración de importación tipo corrección, se centró en que la mercancía importada no se encontraba exenta de gravámenes arancelarios porque la subpartida arancelaria por la que se declaró [73.04.23..00.00], y ubicó oficialmente [73.04.29.00.00]-, no estaban incluidas en el listado del Decreto 4743 de 2005, explicación que, como se analizó con anterioridad, carece de sustento legal, porque la procedencia de la exención arancelaria por la importación de mercancía o bienes destinados para la exploración petrolera no está supeditada a las subpartidas arancelarias señaladas en el Decreto 4743 de 2005, que estableció la exención para ramos de la industria del petróleo diferentes a la exploración, como es el caso de la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos."

Indicó que no comparte lo argumentado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y señaló que no es la DIAN la que incurrió en indebida interpretación de las normas, sino dicha Sección, por cuanto la normativa que le sirve de sustento a los actos administrativos al contemplar la exención arancelaria, como son los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005 y las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, tiene un listado taxativo de las subpartidas arancelarias sobre las cuales exclusivamente recae la exención arancelaria, entre las que no se encuentra la subpartida 73.04.29.00.00, por las que se clasifican las mercancías que fueron objeto de la liquidación oficial de corrección, con cargo a su importadora la sociedad CEPSA COLOMBIA S.A.

Agregó que la Secretaría General de la Comunidad Andina, al expedir las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, fue enfática en que la “Autorización al Gobierno de Colombia para el otorgamiento de franquicias arancelarias a la importación de los bienes comprendidos en las subpartidas listadas en el anexo de dichas resoluciones, para las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y de los hidrocarburos”.

Afirmó que en los actos anulados no se cuestionó el destino de la mercancía -exploración petrolera-; así como tampoco se cuestionó que la sociedad importadora se dedicara de manera directa a las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de hidrocarburos, por cuanto de conformidad con el certificado de existencia y representación legal de la sociedad CEPSA COLOMBIA S.A., sí lo hace de manera directa; por eso, el cuestionamiento solamente recayó sobre el incumplimiento del requisito de la subpartida arancelaria, lo cual era apenas suficiente para que la sociedad actora no tuviera derecho a gozar del beneficio arancelario, y, por lo tanto, se debió mantener la liquidación oficial de corrección contenida en los actos administrativos declarados nulos a través de la sentencia objeto de la presente acción constitucional.
Consideró injusto y desmedido que la providencia enjuiciada hubiera afirmado que los actos demandados carecían de sustento legal porque la procedencia de la exención arancelaria por la importación de mercancía o de bienes destinados para la exploración petrolera no está supeditada a las subpartidas arancelarias; pues ello es contrario a las normas en que se fundamentaron los actos administrativos como son los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, y las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, ya que la clasificación arancelaria de la mercancía es uno de los pilares fundamentales para el otorgamiento del beneficio.

Indicó que de conformidad con la mencionada normativa, son 3 las condiciones para el otorgamiento de la exención arancelaria:

Que se trate de las mercancías contempladas en el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992, es decir, de “la maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o la exploración de petróleo”.

Que se tratara de las mercancías incluidas con la expedición del Decreto 4743 de 2005, artículos 1 y 2, es decir, “las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la exploración, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”, y para las mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos”.

Que las mercaderías mencionadas se clasificaran arancelariamente por cualquiera de las subpartidas que se indican en los anexos de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y en los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005.

Que las importaciones fueran efectuadas por entidades gubernamentales o empresas que realicen de manera directa actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y de los hidrocarburos.

Al respecto afirmó que esas 3 condiciones debían cumplirse a cabalidad para tener derecho a la exención arancelaria, lo que no ocurrió en el caso de la sociedad CEPSA Colombia S.A., ya que no se cumplió la segunda condición, es decir, la subpartida arancelaria no forma parte de los anexos de los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, y de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que la autoridad judicial accionada no podía otorgarle a la referida sociedad, un beneficio que no se encuentra contemplado en las normas (expedidas por la Comunidad Andina de Naciones, el Acuerdo Internacional de Codificación y Clasificación de Mercancías –Arancel de Aduanas-).

Desconocimiento del precedente judicial

La tutelante consideró que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial al dictar providencias disímiles en casos idénticos.

Señaló que en la providencia demandada declaró la nulidad de los actos y en los que se enlistan, aunque modificó los montos bajo el principio de favorabilidad, mantuvo su legalidad.

Se refirió a las sentencias de radicados Nos. 250002327000201200128-01 (20637), 250002337000201200358-01 (21131) de ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño de Valencia; 250002337000201200330-01 (20693), 250002337000201300184-01 (21595) de ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez y 250002337000201300187-01 (21130), de ponencia de la Consejera Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, en las que fungió como demandante Superior Energy Services Sucursal Colombia y, como demandada, la DIAN, en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho seguidos en su contra.

Para sustentar su dicho, transcribió apartes de las mencionadas providencias, para reflejar que en casos idénticos se mantuvo la legalidad de los actos de la DIAN acusados.

Adujo que los referidos casos son idénticos, pues se refieren al mismo tema del tratamiento arancelario preferencial para la importación de mercancías consistente en “La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, y “las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”, y para las mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos”, de conformidad con lo estipulado en las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, todos tienen en común que la subpartida arancelaria por la que se clasifican las mercancías importadas no corresponde a las subpartidas enlistadas en las normas señaladas, por lo que no tienen derecho a gozar del beneficio arancelario.

Manifestó que los casos de la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia presentan variación en el sentido que, aunque la mercancía cumple con la condición de estar destinada a las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y de los hidrocarburos, dicha empresa no realiza de manera directa las actividades mencionadas, sino que presta sus servicios a quienes sí lo hacen, es decir, que incumple 2 de las condiciones para tener derecho al beneficio arancelario.

Señaló que en los referidos casos, la Sección Cuarta si bien analizó la subpartida arancelaria y reconoció que la demandante no tenía derecho al beneficio arancelario, solo lo hizo con base en el hecho de que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa, igualmente los hubiera podido resolver analizando únicamente el incumplimiento del requisito de la clasificación arancelaria, o con fundamento en el incumplimiento de ambos requisitos.

Alegó que en amparo del derecho a la igualdad, se debe aplicar el aforismo de “donde existen las mismas razones de hecho, existen las mismas razones de derecho”, por lo que, además en armonía con lo señalado por la Corte Constitucional el caso tratado en la providencia enjuiciada, debió tratarse en condiciones de igualdad respecto de los similares que se invocan.

Finalmente, indicó que en el presente caso sí se cumplen los requisitos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales de inmediatez y subsidiaridad; así como los de prosperidad de la acción toda vez que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en la decisión, ya que de acuerdo a las irregularidades expuestas, la decisión que debió adoptar la Sección Cuarta del Consejo de Estado era la de mantener la legalidad de los actos demandados, y la referente a que la acción no intente reabrir el debate de instancia, pues no se alega ninguna cuestión propia de la discusión en sede gubernativa, sino que se cuestiona el hecho de que se hayan proferido decisiones diferentes en casos idénticos.

Así las cosas, concluyó que la providencia enjuiciada incurrió en el defecto denominado “desconocimiento del precedente”, por lo que solicita que se acceda a las pretensiones.

1.4. Pretensiones:

A título de amparo solicitó:

“PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales constitucionales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO e IGUALDAD, de la UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN- los cuales considero vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ocasión de la siguiente sentencia de segunda instancia.

Sentencia de fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad CEPSA COLOMBIA – CEPCOLSA- S.A., en contra de la UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN-, Consejero Ponente Dr. MILTON CHAVES GARCÍA, proceso radicado con el número 250002337000201300034-01.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se dejen (sic) sin efecto la sentencia de segunda instancia de fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) (…).

TERCERA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, el Honorable Consejo de Estado le ordene a la Sección Cuarta de esa Corporación Judicial que proceda a emitir un nuevo fallo de manera concreta y congruente en los que se acaten los fundamentos legales de los actos administrativos demandados en el referido proceso, así como el debido proceso.”

1.5. Trámite de la acción

Con auto de 17 de mayo de 2018 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial demandada. Asimismo, se ordenó la vinculación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta y de la Sociedad CEPSA COLOMBIA S.A. – CEPSOLSA- , en calidad de terceros con interés en el resultado del proceso.

1.6. Contestaciones

Ordenada la notificación y surtidas las respectivas comunicaciones contestaron:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Cuarta

Mediante memorial del 31 de mayo de 2018 el Consejero Ponente de la decisión atacada solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo.

Señaló que la tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales fijados en la sentencia C-590-05, en especial, los siguientes:

No se agotaron todos los medios de defensa: consideró que la DIAN tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del CPACA, para cuestionar la legalidad de la sentencia proferida, máxime cuando lo que alega es la vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

El asunto no tiene una evidente relevancia constitucional: se trata de una controversia de contenido netamente económico, como lo es la definición de si procede o no una exención arancelaria sobre maquinaria y equipos destinados a la exploración y explotación de petróleo.

Afirmó que en el escrito de tutela no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por la DIAN; lo que se observa es una diferencia de criterio con el fallo proferido que no puede conducir a determinar que se vulneró algún derecho fundamental.

Consideró que la tutela es utilizada por la actora como una tercera instancia para reiterar argumentos del proceso ordinario.

Finalmente, indicó que de llegarse a aceptar que la tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, debe observarse que de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo se evidencia que no hubo desconocimiento del precedente, pues, contrario a ello, el fallo enjuiciado contiene reiteración de un criterio fijado por la Sección en un asunto similar, como se advierte con claridad al inicio de las consideraciones de la sentencia.

1.6.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – y la Sociedad CEPSA COLOMBIA S.A. – CEPSOLSA- guardaron silencio a pesar de haber sido debidamente notificados.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta por la DIAN contra del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 artículo 1° y el Acuerdo 55 de 2003.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Cuarta, al proferir la sentencia de 13 de diciembre de 2017 dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el número 25000233700020130003401, lesionó los derechos fundamentales de la DIAN.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio de la Sala sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela de la referencia y; (iv) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

Esta Sección, mayoritariamente, venía considerando que la acción de tutela contra providencia judicial era improcedente por dirigirse contra una decisión judicial. Solo en casos excepcionales se admitía su procedencia, eventos éstos que estaban relacionados con un vicio procesal ostensible y desproporcionado que lesionara el derecho de acceso a la administración de justicia en forma individual o en conexidad con el derecho de defensa y contradicción.

Sin embargo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Señaló la Sala Plena en el fallo en mención:

“De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.” (Negrilla fuera de texto)

A partir de esa decisión de la Sala Plena, la Corporación debe modificar su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de reciente sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

En ese sentido, si bien la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, no ha distinguido con claridad cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -improcedencia sustantiva- y cuáles impiden analizar el fondo del asunto -improcedencia adjetiva-.

Por tanto, la Sección verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá principalmente: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Al aplicar los presupuestos conceptuales anotados al caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de tutela, pues la providencia que se censura corresponde a la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado por la sociedad Sociedad CEPSA COLOMBIA S.A. – CEPSOLSA- contra de la DIAN.

2.4.2. Tampoco existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, toda vez que la providencia que se acusa como vulneradora de derechos fundamentales fue proferida el 13 de diciembre de 2017, notificada por estado del 15 de enero de 2018. Por ello, cobró fuerza ejecutoria el 18 del mismo mes y año y, la solicitud de amparo constitucional se presentó el 11 de mayo de 2018, plazo que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo constitucional.

2.4.3. Respecto a la subsidiariedad, la Sala encuentra que la accionante no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o extraordinarios, para censurar la providencia proferida por la mencionada autoridad judicial.

Conviene resaltar que el Magistrado Ponente de la providencia enjuiciada sostuvo que la parte accionante cuenta con el recurso extraordinario de revisión por cuanto alega la vulneración de su derecho al debido proceso; no obstante, los defectos alegados por la DIAN para cuestionar la sentencia dictada por la Sección Cuarta, no se encuadran en ninguna de las causales de procedencia del mencionado recurso.

Es así como, al concurrir los requisitos de procedibilidad adjetiva frente a los cargos planteados por la parte actora, corresponde a la Sala abordar el estudio del caso planteado.

2.5. Caso concreto

En vista que esta Sección, en sentencia de tutela de 14 de junio de 2018, radicado No. 11001-03-15-000-2018-01517-00, se pronunció sobre el mismo problema jurídico, esta providencia hará referencia a los argumentos allí expuestos, por considerar que tiene características fácticas y jurídicas similares, a las que ahora ocupan la atención de la Sala, como se expone a continuación:

En este orden de ideas, la Sala pasará a analizar de manera separada cada uno de estos cuestionamientos, como sigue:

2.5.1 Defecto sustantivo por indebida interpretación de los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, así como de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005

En cuanto al defecto planteado por la parte actora por indebida interpretación de las normas referidas conviene precisar que el asunto versa sobre la aplicación de exenciones de carácter arancelario por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

A juicio de la accionante, de acuerdo al Decreto 255 de 1992 y 4743 de 2005, así como a las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la CAN, son 3 las condiciones establecidas para el otorgamiento de la exención arancelaria, y la Sociedad CEPCOLSA S.A, no cumplió con la segunda de ellas, consistente en que “las mercancías … se clasificaran arancelariamente por cualquiera de las subpartidas arancelarias que se indican en los anexos de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y en los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005”, por lo que no podía ser beneficiaria de la exención, ya que la partida arancelaria en la que se encuentra la mercancía no está allí enlistada, y que no obstante lo anterior, la autoridad judicial accionada aplicó indebidamente las normas y declaró la nulidad de los actos acusados.

Para resolver el asunto constitucional planteado, esta Sala se ha apoyado en la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que sostiene que el derecho a acceder a la justicia es un derecho fundamental, que además forma parte del núcleo esencial del debido proceso, que se ve vulnerado al configurarse el defecto sustantivo; frente a ese, ese Alto Tribunal ha dicho que, se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (la subraya es de la Sala).

Dicho defecto lo configuran entonces los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
Cuando se deja de aplicar una norma exigible para el caso.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación” (la subraya es de la Sala).

Es decir, que si se acredita la existencia de un defecto sustantivo de los previamente enlistados, procederá el amparo constitucional, siempre y cuando el accionante cumpla con su carga argumentativa de indicar claramente la norma que considera fue desconocida o interpretada de forma arbitraria por el fallador de instancia, así como la incidencia que dicho defecto tiene en el sentido de la decisión judicial cuestionada.

Así las cosas, revisados los hechos en que se fundamentó la solicitud de amparo y la providencia censurada se puede concluir que no le asiste razón a la accionante al considerar vulnerados los derechos invocados, en la medida en que no se observa una indebida interpretación del fallador accionado.

De hecho, en la sentencia en cuestión, sobre el punto específico de la censura, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hace un análisis detallado sobre la normativa que regula la exención arancelaria para la exploración de hidrocarburos, en donde tuvo en cuenta, entre otras cosas que con el artículo 8º del Decreto 255 de 1992 se derogaron las exenciones de gravámenes arancelarios otorgados a las importaciones que realizaran las personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero que con su literal h) del artículo 9º se mantuvieron las exenciones arancelarias para la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo que, conforme con el artículo 4º del Decreto 1056 de 1953 “Código de Petróleos”, corresponde a uno de los ramos de la industria del petróleo.

Además, señaló que con el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se otorgaron franquicias arancelarias para la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en actividades diferentes a la exploración de hidrocarburos, en virtud de la autorización especial de la CAN, otorgada mediante la Resolución No. 880 de 2 de diciembre de 2004, por la que autorizó por el término de 5 años al Gobierno Nacional “el otorgamiento de franquicias arancelarias a la importación de los bienes comprendidos en las subpartidas listadas en el anexo a la presente resolución”; vigencia que se extendió con la Resolución 1346 de 12 de agosto de 2010.

Se advirtió que a partir de dicha autorización se adicionó el Decreto 255 de 1992 con el artículo 9-1, en el que se indicó que la exención de que trata el artículo 9º del mismo es aplicable, entre otros, a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos; exención que será aplicable a las subpartidas arancelarias que allí se relacionan.

Revisada dicha normativa, el fallador concluyó que las excepciones arancelarias previstas en el Decreto 260 de 2005 hace referencia a los ramos de la industria del petróleo, relacionados con la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos, pero no con la de exploración, porque para la importación de bienes de ese ramo se aplica es el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992, que se encontraba vigente y no había sido objeto de ninguna modificación.

Para la Sala, la decisión censurada no incurrió en una indebida interpretación normativa sino que el pronunciamiento realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de asumir que el asunto no se encontraba dentro de la adición del Decreto 255 de 1992 en su artículo 9-1, estuvo debidamente sustentada y justificada, pues con las franquicias arancelarias otorgadas en el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se introdujo al 255 un artículo (9-1), que no suple ni deroga el 9º; de hecho, dicha adición confirma la vigencia de éste al señalar que “las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las ….”.

Además, teniendo en cuenta que el asunto versaba sobre el ramo de exploración, se comparte el argumento del operador judicial conforme al cual, evidentemente la subpartida no podía estar en la lista anexa a la adición del Decreto, pues el punto adicionado no trataba dicho asunto, como sí lo hacía el artículo 9º en su literal h), respecto de la mercancía destinada a la exploración de petróleos.

Para la Sala, la Sección Cuarta del Consejo de Estado hizo un análisis normativo coherente y razonable para llegar a la decisión adoptada, sin obrar de manera grosera, arbitraria o caprichosa, por lo que no se encuentra alguna razón determinante para que la accionante sostenga que la normativa estuvo indebidamente interpretada en cuanto ello se realizó teniendo en cuenta la adición normativa y las Resoluciones CAN, señalando en qué forma se enmarcaba dentro de éstas el asunto debatido.

Así, observa la Sala que los razonamientos de la providencia censurada no fueron desproporcionados y expuso el contenido del referido artículo 9-1 adicionado con la debida explicación de que no era factible su aplicación por las razones expuestas, aspecto que se aleja del defecto alegado.

Adicionalmente, al respecto, se observa identidad de los fundamentos de la petición de amparo con los estudiados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.2. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, debe analizarse si la autoridad judicial accionada incurrió en dicho defecto, por desconocimiento de las 5 decisiones mencionadas en la solicitud de amparo.

En el sub judice, la tutelante adujo que en el caso concreto se presenta el defecto de desconocimiento del precedente de la misma Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme al cual, en 5 casos “idénticos”, profirió decisiones disímiles, es decir, que no siguió sus propias decisiones.

Para determinar si la violación de los derechos fundamentales de la demanda se presentó al desconocer 5 fallos proferidos por la misma Sección, en los que se decidió un caso con supuestos “idénticos”, y se mantuvo la legalidad de los actos acusados, lo primero que debe verificarse es que, en efecto se trate de un caso idéntico a los invocados como desconocidos.

Pues bien, en la providencia accionada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de los actos demandados, desconociendo presuntamente lo decidido por esa misma Sala, en las siguientes decisiones:

“Sentencias de radicados Nos. 250002327000201200128-01 (20637), 250002337000201200358-01 (21131) de ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño de Valencia; 250002337000201200330-01 (20693), 250002337000201300184-01 (21595) de ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez y 250002337000201300187-01 (21130), de ponencia de la Consejera Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, en las que fungió como demandante Superior Energy Services Sucursal Colombia y, como demandada, la DIAN, en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho seguidos en su contra”.

La Sala advierte que el simple hecho de que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hubiera determinado en sentencias previas, que la parte actora no era beneficiaria de la exención arancelaria en temas de importación, ello de entrada no implica que en todos los casos de exención arancelaria deba fallar en el mismo sentido o que deba manifestar específicamente las razones por las que se aparta de su propia determinación, menos aún, que no hacerlo conlleve a la vulneración de los derechos fundamentales de las partes, pues para que ello sea así, deben analizarse las circunstancias particulares de cada uno de los casos, que conlleven a que se apliquen las mismas reglas que se tuvieron en cuenta, para así poder considerar que se trata de casos idénticos, lo que se hace necesario, ya sea para la mencionada obligatoriedad de seguir la misma línea de la decisión, o de exponer las razones por las cuáles no aplicará una regla de un asunto específico ya decidido previamente de manera diferente, pues se reitera, es necesario que se trate de casos idénticos.

La DIAN consideró que el operador judicial, sin razón justificada se apartó de 5 providencias proferidas por esa misma Sección en el año 2015 en las que fungió como demandante la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia, pero que contrario a lo ocurrido en el asunto bajo estudio, se mantuvo la legalidad de los actos acusados; situación que de entrada se observa que no cumple con el requisito de que se trate de casos idénticos, pues, incluso desde los mismos argumentos y apartes transcritos por la actora se advierte que a pesar de que las decisiones de la DIAN versaban sobre el mismo asunto, las razones para mantener la legalidad de tales actos no se presentaron en el caso de la actora, como se pasa a explicar.

Lo anterior se deduce del hecho que si bien en ambos se analiza el tratamiento arancelario preferencial para la importación de mercancías consistente en “La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, y “las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”, y para las mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos”, de conformidad con lo estipulado en las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, en los casos de la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia se presenta la variación reconocida por la misma tutelante, en el sentido que, la decisión en los asuntos presuntamente desconocidos por el fallador se debió a que en ellos la empresa no realiza de manera directa las actividades mencionadas, sino que presta sus servicios a quienes sí lo hacen; mientras que en el caso objeto de análisis, la Sociedad CEPCOLSA S.A sí lo hace de manera directa; es decir, que la única razón que tuvo en cuenta la Sección Cuarta del Consejo de Estado para mantener la legalidad de los actos demandados en los 5 casos que se señalan desconocidos, no se presenta, por lo que mal podría pretenderse que se adoptara la misma decisión al considerarse un requisito que en el otro caso, no concurre.

La actora considera que todos los casos (el enjuiciado y los 5 citados como desconocidos) tienen en común que la subpartida arancelaria por la que se clasifican las mercancías importadas no corresponde a las subpartidas enlistadas en las normas señaladas, por lo que en unos y otros no se tiene derecho a gozar del beneficio arancelario y luego, la misma DIAN, agrega que en los casos de Superior Energy Services Sucursal Colombia, la Sección Cuarta reconoció que la demandante no tenía derecho al beneficio arancelario únicamente con base en que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa, pero supone que igualmente lo hubiera podido resolver analizando el incumplimiento del requisito de la clasificación arancelaria, o con fundamento en el incumplimiento de ambos requisitos; pues a su juicio ello también se presentó.

Así pues, es evidente que no concurren en el sub examine los presupuestos para conceder el amparo constitucional, toda vez que las providencias presuntamente desconocidas mantuvieron la legalidad de los actos demandados solamente por el hecho de que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa, sin pronunciarse sobre alguna otra circunstancia adicional para fallar en tal sentido, mientras que en el asunto analizado en el fallo censurado, ello no ocurrió ya que se determinó que la sociedad CEPCOLSA S.A sí desarrollaba la actividad de forma directa, lo que de entrada hace diferente el asunto respecto de los 5 señalados, por lo que al no ser asimilables, no puede predicarse la obligatoriedad de decidir en igual sentido.

Por otro lado, la suposición de la tutelante consistente en que si el operador judicial hubiera estudiado que las mercancías no se encontraban en las subpartidas enlistadas en la norma, hubiera mantenido también, por ese solo hecho, la legalidad de los actos; no conlleva a que la Sección Cuarta deba fallar en el mismo sentido que decidió en esos 5 casos, bajo suposiciones que la misma actora reconoce que no fueron analizadas en la providencia.

Así, la Sala observa que el asunto bajo análisis se encuentra enmarcada dentro del principio de autonomía judicial que tienen los jueces de la República, tal como lo establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, sin que la acción de tutela pueda ser utilizada como una instancia adicional, por lo que se negará el amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: Negar el amparo deprecado por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, de conformidad con la parte motiva de la presente decisión.

SEGUNDO: Notificar a las partes según lo establecido por el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impagada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto No. 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

De 9 de julio de 2015. De 20 de agosto de 2015. De 24 de septiembre de 2015. De 16 de septiembre de 2015. De 12 de noviembre de 2015. Folios 9 a 19. Señaló algunos apartes que indicó corresponder a las sentencias 2531-94, 196-91, 1942-92, 7582-02, 1942-94, 2050-91, 1372-92, 633-94 y 500-95. Folio 54
Folio 61. Sobre el particular, el Consejero Ponente mantuvo una tesis diferente sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial que se puede consultar en los salvamentos y aclaraciones de voto que se hicieron en todas las acciones de tutela que conoció la Sección. Ver, por ejemplo, salvamento a la sentencia Consejera Ponente: Dra. Susana Buitrago Valencia. Radicación: 11001031500020110054601. Accionante: Oscar Enrique Forero Nontien. Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, y otro. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
Ver sentencia de 13 de julio de 2017, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2016-03452-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Ver sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de 13 de julio de 2017, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2016-03452-01. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-288 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia SU-918 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P.

Clara Inés Vargas
Folios 447 a 456 anv. del cuaderno ordinario. De 9 de julio de 2015. De 20 de agosto de 2015. De 24 de septiembre de 2015. De 16 de septiembre de 2015. De 12 de noviembre de 2015. Folios 9 a 19.

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