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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01515-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
26 de julio de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01515-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01515-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

26 de julio de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA INTERPRETACIÓN NORMATIVA / NULIDAD DE LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN AUTOADHESIVO / EXENCIÓN DE GRAVÁMENES ARANCELARIOS A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA DESTINADA A LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

El asunto planteado versa sobre un tema de interpretación legal, referente a la aplicación de exenciones de carácter arancelario por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado (…) en la sentencia en cuestión, sobre el punto específico de la censura, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hace un análisis detallado sobre la normativa que regula la exención arancelaria para la exploración de hidrocarburos, en donde tuvo en cuenta, entre otras cosas que con el artículo 8 del Decreto 255 de 1992 se derogaron las exenciones de gravámenes arancelarios otorgados a las importaciones que realizaran las personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero que con su literal h) del artículo 9 se mantuvieron las exenciones arancelarias para la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo que, conforme con el artículo 4 del Decreto 1056 de 1953 “Código de Petróleos”, corresponde a uno de los ramos de la industria del petróleo. Para la Sala, la decisión censurada no incurrió en una indebida interpretación normativa sino que el pronunciamiento realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de asumir que el asunto no se encontraba dentro de la adición del Decreto 255 de 1992 en su artículo 9-1, estuvo debidamente sustentada y justificada, pues con las franquicias arancelarias otorgadas en el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se introdujo al 255 un artículo (9-1), que no suple ni deroga el 9 de hecho, dicha adición confirma la vigencia de éste al señalar que “las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las …” Además, teniendo en cuenta que el asunto versaba sobre el ramo de exploración, se comparte el argumento del operador judicial conforme al cual, evidentemente la subpartida no podía estar en la lista anexa a la adición del Decreto, pues el punto adicionado no trataba dicho asunto, como sí lo hacía el artículo 9 en su literal h), respecto de la mercancía destinada a la exploración de petróleos.

DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / PRECEDENTE - Exige similitud fáctica y jurídica / CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE EXENCIÓN ARANCELARIA - Cumplimiento

La DIAN consideró que el operador judicial, sin razón justificada se apartó de 5 providencias proferidas por esa misma Sección en el año 2015 en las que fungió como demandante la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia, pero que contrario a lo ocurrido en el asunto bajo estudio, se mantuvo la legalidad de los actos acusados (…) Si bien en las providencias invocadas se analiza el tratamiento arancelario preferencial para la importación de mercancías consistente en mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos”, de conformidad con lo estipulado en las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, lo cierto es que la decisión en los asuntos presuntamente desconocidos por el fallador se debió a que en ellos la empresa no realiza de manera directa las actividades mencionadas, sino que presta sus servicios a quienes sí lo hacen; mientras que en el caso objeto de análisis, la sociedad HOCOL sí lo hace de manera directa; por lo que la Sección Cuarta del Consejo de Estado para mantener la legalidad de los actos demandados en los 5 casos que se señalan desconocidos, no se presenta, por lo que mal podría pretenderse que se adoptara la misma decisión tomado al considerarse un requisito que en el otro caso, no concurre (…) Así pues, es evidente que no concurren en el sub examine los presupuestos para conceder el amparo constitucional, toda vez que las providencias presuntamente desconocidas mantuvieron la legalidad de los actos demandados solamente por el hecho de que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa, sin pronunciarse sobre alguna otra circunstancia adicional para fallar en tal sentido, mientras que en el asunto analizado en el fallo censurado, ello no ocurrió ya que se determinó que la sociedad HOCOL sí desarrollaba la actividad de forma directa, razón por la cual era beneficiaria de la exención arancelaria. Lo anterior hace diferente el asunto bajo estudio respecto de los 5 señalados

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 228 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 230 / DECRETO 255 DE 1992 - ARTÍCULO 8 / DECRETO 255 DE 1992 - ARTÍCULO 9 - LITERAL H / DECRETO 255 DE 1992 - ARTÍCULO 9-1 / DECRETO 1056 DE 1953 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 4743 DE 2005 - ARTÍCULO 2 / RESOLUCIÓN 880 DE 2004 DE LA COMUNIDAD ANDINA / RESOLUCIÓN 969 DE 2005 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

NOTA DE RELATORÍA: La Sección Quinta en otras oportunidades se pronunció sobre el mismo problema jurídico, al respecto, consultar las sentencias del 14 de junio de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-01517-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y del 21 de julio de 2018, exp. 11001-03-15-000-2018-01518-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro, en las cuales se falló en el mismo sentido de la tutela de la referencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01515-00(AC)

Actor: U.A.E DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian a través de apoderado, en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado de conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017.

ANTECEDENTES

1. Solicitud

1.1. Mediante escrito del 11 de mayo de 2018, en la Secretaría General de esta Corporación, la U.A.E Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, actuando a través de apoderado, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado con el fin de reclamar el amparo de su derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad jurídica.

1.2. La autoridad administrativa consideró vulneradas sus garantías con ocasión de la sentencia del 8 de febrero de 2018, dictada por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado N° 250002337000201300247-01, instaurado por HOCOL S.A., por medio de la cual se revocó la sentencia del 26 de marzo de 2016 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección “A” para, en su lugar, declarar la nulidad de la Liquidación Oficial de Corrección N° 1-03-241-201-639-1-1143 de 24 de julio de 2012 y de la Resolución N° 1-00-223-10161 de 8 de noviembre de 2012 y, a título de restablecimiento del derecho, “declara en firme la declaración de importación con autoadhesivo N° 13883022334441 de 14 de julio de 2009, presentada por el declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A. a nombre del importador HOCOL S.A., que amparó la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, importada con destino a la exploración petrolera.”

A título de amparo constitucional solicitó:

“PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales constitucionales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO e IGUALDAD, de la UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – “DIAN”, los cuales considero vulnerados por la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado, con ocasión de la siguiente sentencia de segunda instancia.

Sentencia de fecha ocho (8º) de febrero de dos mil dieciocho (2018), proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad HOCOL S.A., en contra de la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –“DIAN”, Consejero Ponente Dr. JOSÉ OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, proceso radicado con el número 250002337000201300247-01 (21808).

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se dejen (sic) sin efecto la sentencia de segunda instancia de fecha primero (sic) ocho (8º) de febrero de dos mil dieciocho (2018), proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad HOCOL S.A., en contra de la U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –“DIAN”, Consejero Ponente Dr. JOSÉ OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, proceso radicado con el número 250002337000201300247-01 (21808).

TERCERA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, el Honorable Consejo de Estado le ordene a la Sección Cuarta de esa Corporación Judicial que proceda a emitir un nuevo fallo de manera concreta y congruente en los que se acaten los fundamentos legales de los actos administrativos demandados en el referido proceso, así como el debido proceso.”.

2. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

2.1. La División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá de la DIAN, profirió la Resolución No. 03-241-201-639-1-1143 del 24 de julio de 2012 mediante la cual resolvió la liquidación oficial de corrección sobre la declaración de importación autoadhesivo No. 13883022334441 del 14 de julio de 2009, por considerar que a la mercancía importada por dicha sociedad consistente en (tubos de perforación y/o entubación -casing- o de producción –tubing-) no era posible aplicarle el tratamiento arancelario del 0%.

La DIAN indicó que dicha mercancía se encontraba clasificada arancelariamente por la subpartida 73.04.23.00.00 y no estaba incluida en la lista de las que gozarían de tal tratamiento arancelario del 0%, establecido en el artículo 2º del Decreto 4743 de 2005, en los anexos de la Resolución 880 de 2004, ni en la Resolución 969 de 2005.

2.2. La Sociedad HOCOL S.A., presentó recurso de reconsideración contra la Resolución No. 03-241-201-639-1-1143 del 24 de julio de 2012 de liquidación oficial, donde la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN mediante Resolución No. 1-00-223-10161 del 8 de noviembre de 2012 resolvió confirmar el acto recurrido.

2.3. HOCOL S.A. presentó medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la DIAN, con la que pretendió la nulidad de los actos referidos. Conoció en primera instancia la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quien, mediante sentencia del 26 de marzo de 2015, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. La parte accionante apeló la anterior providencia y el Consejo de Estado, en fallo del 8 de febrero de 2018, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de las resoluciones demandadas y la firmeza de la declaración de importación de autoadhesivo No. 13883022334441 del 14 de julio de 2009.

3. Fundamentos de la vulneración

3.1. Defecto sustantivo - Indebida interpretación de los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, así como de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005

La parte accionante señaló que los actos administrativos declarados nulos por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado se justificaron en que la mercancía importada consistente en tubos de perforación y/o exploración, no era posible aplicarle el tratamiento arancelario del 0% habida cuenta que dicha subpartida no está incluida en la lista de las que gozarían de dicha prerrogativa, contenida en el artículo 2 del Decreto 4743 de 2005, que estableció la exención para ramos de la industria del petróleo diferentes a la exploración.

Indicó que no comparte la decisión a la que arribó la Sección Cuarta del Consejo de Estado, pues señaló, que no es la DIAN la que incurrió en indebida interpretación de las normas, sino dicha Sección, por cuanto la normativa que le sirve de sustento a los actos administrativos al contemplar la exención arancelaria, como son los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005 y las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, tienen un listado taxativo de las subpartidas arancelarias sobre las cuales exclusivamente recae la exención arancelaria, entre las que no se encuentra la subpartida 73.04.29.00.00.

Indicó que de conformidad con la mencionada normativa, son 3 las condiciones para el otorgamiento de la exención arancelaria:

Que se trate de las mercancías contempladas en el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992.

Que las mercaderías mencionadas se clasificaran arancelariamente por cualquiera de las subpartidas que se indican en los anexos de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y en los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005.

Que las importaciones fueran efectuadas por entidades gubernamentales o empresas que realicen de manera directa actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y de los hidrocarburos.

Del desconocimiento del precedente judicial

La DIAN consideró que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial al dictar providencias disímiles en casos idénticos.

Se refirió a las sentenciasen las que fungió como demandante Superior Energy Services Sucursal Colombia y, como demandada, la DIAN, en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho seguidos en su contra.

Adujo que los anteriores casos son idénticos, pues se refieren al mismo tema del tratamiento arancelario preferencial para la importación de mercancías consistente en “La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, y “las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”.

Señaló que en los casos anotados, la Sección Cuarta si bien analizó la subpartida arancelaria y reconoció que la demandante no tenía derecho al beneficio arancelario, solo lo hizo con base en el hecho de que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa.

Así las cosas, concluyó que la providencia enjuiciada incurrió en el defecto denominado “desconocimiento del precedente”, por lo que solicita que se acceda a las pretensiones.

4. Trámite de la acción de tutela

Con auto del 18 de mayo de 2018, el despacho ponente de la presente providencia admitió la solicitud de amparo, ordenó notificar a las partes y vinculó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección “B” y a la sociedad HOCOL S.A., como terceros con interés en el resultado del proceso.

De otra parte, se ofició a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Sección Cuarta del Consejo de Estado para que allegaran en calidad de préstamo el expediente del proceso No. 25000-23-37-000-2013-00247-01.

4.1. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles a folios 35 a 41, se presentaron las siguientes intervenciones.

4.1.1. Sociedad HOCOL S.A.

A través de apoderada judicial, con escrito del 8 de junio de 2018, solicitó no conceder el amparo solicitado por la DIAN.

Manifestó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no incurrió en indebida interpretación de los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005 y de las Resoluciones 880 de 2004 y 9969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones en la sentencia censurada.

Indicó que se acogió a la exención arancelaria consagrada en el artículo 9º, literal h) del Decreto 255 de 1992, la cual no se encuentra sujeta a un grupo determinado de mercancías listado en unas específicas subpartidas arancelarias, sino que dicha exención se estableció para mercancías, maquinaria y equipos destinados a la exploración de hidrocarburos, previo visto bueno del Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1659 de 1964, artículo 1º, literal e).

Afirmó que la autoridad judicial accionada no incurrió en indebida interpretación de la normativa aplicada al declarar la nulidad de los actos administrativos.

Para sustentar lo anterior, transcribió apartes de cada una de las sentencias invocadas como desconocidas, frente a las que concluyó que no constituían precedente toda vez que en tales casos se negó la exención y, en consecuencia, se mantuvo la legalidad de los actos acusados.

Consideró que la alegación de la tutelante se funda es en el desacuerdo con el análisis y la decisión adoptados en el fallo censurado, que resulto desfavorable a sus intereses, no obstante, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no puede ser considerada como una tercera instancia, que se emplee para modificar interpretaciones que son propias del juez natural.

4.1.2. Sección Cuarta del Consejo de Estado

Con escrito allegado el 12 de junio de 2018, el magistrado ponente de la decisión atacada manifestó que se tuvo en cuenta los fundamentos de hecho expuestos en la demanda, en su contestación, así como todas las pruebas arrimadas al proceso.

Indicó que con la presente acción constitucional, lo que discrepa la DIAN es la interpretación del literal h del artículo 9 del Decreto 225 de 1992, norma respecto de la que se afirmó que “ se encuentra vigente y mantuvo la exención de gravámenes arancelarios en la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo sin que pueda restringirse su aplicación a las subpartidas arancelarias señaladas en los decretos que adicionan el artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992” por lo tanto, lo que se pretende en esta oportunidad es reabrir el debate de instancia respecto de la interpretación que el juez natural le dio a esta norma.

Manifestó que en la sentencia proferida en el proceso adelantado por la sociedad HOCOL S.A., se advirtió que “el argumento de la administración para modificar de manera oficial la declaración de importación tipo modificación, se centró en que la mercancía clasificada por la subpartida 73.04.29.00.00, no es posible aplicarle el tratamiento arancelario del 0%, establecido en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, habida cuenta que dicha subpartida no está incluida en la lista de las que gozarían de dicha prerrogativa, establecida en el artículo 2 del Decreto 4743 de 2005, ni en los anexos de la Resolución 880 de 2004, ni de la Resolución 969 del 20 de octubre de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Explicación, que como se anotó con anterioridad, carece de sustento legal, porque la procedencia de la exención arancelaria por la importación de mercancía o bienes destinados para la exploración petrolera no está supeditada a las subpartidas arancelarias señaladas en el Decreto 4743 de 2005, que estableció la exención para ramos de la industria del petróleo diferentes a la exploración, como es el caso de la exploración, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos.”

Resaltó que por lo anterior, resulta sustancialmente diferente el examen que se realizó en las sentencias proferidas en los procesos en los que actuó como parte demandante la sociedad SUPERIOR ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA, citados en el escrito de tutela, en los que se analizó si esa sociedad cumplió con el requisito de acreditar que realizó de manera directa las actividades de exploración, requisito echado de menos por la Administración para que procediera la exención arancelaria en estudio.

Por lo anterior, solicitó desestimar las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que no cumple los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales.

4.1.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la petición de amparo constitucional presentada por la parte accionante, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el artículo 2 del acuerdo 55 de 2003 de Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso en concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿incurrió la autoridad judicial accionada en defecto sustantivo por “indebida interpretación normativa” y en desconocimiento del precedente al dictar la sentencia del 8 de febrero de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 250002337000201300247-01 (21808)?

Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades del defecto alegado; y (iv) análisis del caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetro procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones judiciales, incluidas las de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedencia adjetiva, esto es: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.

Luego de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad sustantiva a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de 2005, y acogida por esta Sección se resumen, de manera general, de la siguiente manera:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; y h. Desconocimiento del precedente.

De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificado: (i) la concurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la configuración de alguno de estos requisitos específicos mencionados -siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado-; y que (iii) el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.

4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

Para esta Sala está acreditado que la solicitud de amparo no se dirige a cuestionar decisiones producto de un proceso de tutela, con lo que se entiende superado el primero de los requisitos.

También el de subsidiariedad, pues la sentencia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que se cuestiona en sede de tutela, puso fin a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 25000-27-33-000-2013-00247-01, y frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.

Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta acción constitucional no se compadecen con los requisitos que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión.

Y, por último, se cumple con el de la inmediatez en atención a que sentencia atacada es del 8 de febrero de 2018, y aunque el término para calcular el plazo prudencial para promover la solicitud de amparo se contabiliza a partir de la ejecutoria de la sentencia reprochada, lo cierto es que la tutela fue presentada el 11 de mayo de 2018, lo que desde ya implica un ejercicio oportuno de la acción de tutela.

Superados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala se adentrará en el examen del reproche formulado.

5. Del precedente

La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.

Resulta necesario precisar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”

En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.

Se destaca que existe una tendencia en los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional que confunden y utilizan en forma indistinta los conceptos de jurisprudencia y precedente, como acaeció en la sentencia SU-053 del 2015 en la que se consignó que “El precedente es conocido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

Tal definición deja por fuera un elemento esencial y determinante de la noción de precedente y es precisamente aquel referido a que la sentencia que se califica como tal debe haber creado una regla para solucionar un determinado conflicto jurídico, aspecto que fue dejado de lado por el alto tribunal, al considerar que cualquier sentencia o conjunto de sentencias podía constituir precedente.

Sin embargo, tal yerro fue corregido por la alta Corporación en la sentencia SU-288 de 2015 que en forma clara diferenció el concepto de precedente de la necesidad constante de realizar ejercicios interpretativos del ordenamiento jurídico, labor que no sólo comprende la integración del derecho, sino la creación de subreglas:

“…la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.” Sin embargo, es ampliamente aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan. Incluso, se ha entendido que mediante sus providencias los jueces desarrollan un complejo proceso de creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea de la subsunción y elaboración de silogismos jurídicos”.

6. Generalidades del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.
Puntualmente, el defecto sustantivo lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.

No se hace una interpretación razonable de la norma.

La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.

El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.

La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .

Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente.

7 Caso concreto

En la presente solicitud de amparo la entidad accionante alegó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con la sentencia del 8 de febrero de 2018 vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, igualdad y seguridad jurídica, por cuanto realizó una indebida interpretación normativa aplicable al caso concreto, así como el desconociendo del precedente judicial.

En vista que esta Sección, en sentencias de tutela, se pronunció sobre el mismo problema jurídico, esta providencia hará referencia a los argumentos allí expuestos, por considerar que tiene características fácticas y jurídicas similares, a las que ahora ocupan la atención de la Sala, como se expone a continuación:

En este orden de ideas, la Sala pasará a analizar de manera separada cada uno de estos cuestionamientos, como sigue:

El asunto planteado versa sobre un tema de interpretación legal, referente a la aplicación de exenciones de carácter arancelario por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

7.1 A juicio de la accionante, de acuerdo al Decreto 255 de 1992 y 4743 de 2005, así como a las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la CAN, son 3 las condiciones establecidas para el otorgamiento de la exención arancelaria, y la empresa HOCOL, no cumplió con la segunda de ellas, consistente en que “las mercancías … se clasificaran arancelariamente por cualquiera de las subpartidas arancelarias que se indican en los anexos de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y en los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005”, por lo que no podía ser beneficiaria de la exención, ya que la partida arancelaria en la que se encuentra la mercancía no está allí enlistada, y que no obstante lo anterior, la autoridad judicial accionada aplicó indebidamente las normas y declaró la nulidad de los actos acusados.

Así las cosas, revisados los hechos en que se fundamentó la solicitud de amparo y la providencia atacada se puede concluir que no le asiste razón a la accionante al considerar vulnerados los derechos invocados, en la medida en que no se observa una indebida interpretación del fallador accionado.

De hecho, en la sentencia en cuestión, sobre el punto específico de la censura, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hace un análisis detallado sobre la normativa que regula la exención arancelaria para la exploración de hidrocarburos, en donde tuvo en cuenta, entre otras cosas que con el artículo 8º del Decreto 255 de 1992 se derogaron las exenciones de gravámenes arancelarios otorgados a las importaciones que realizaran las personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero que con su literal h) del artículo 9º se mantuvieron las exenciones arancelarias para la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo que, conforme con el artículo 4º del Decreto 1056 de 1953 “Código de Petróleos”, corresponde a uno de los ramos de la industria del petróleo.

Para la Sala, la decisión censurada no incurrió en una indebida interpretación normativa sino que el pronunciamiento realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de asumir que el asunto no se encontraba dentro de la adición del Decreto 255 de 1992 en su artículo 9-1, estuvo debidamente sustentada y justificada, pues con las franquicias arancelarias otorgadas en el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se introdujo al 255 un artículo (9-1), que no suple ni deroga el 9º; de hecho, dicha adición confirma la vigencia de éste al señalar que “las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las ….”.

Además, teniendo en cuenta que el asunto versaba sobre el ramo de exploración, se comparte el argumento del operador judicial conforme al cual, evidentemente la subpartida no podía estar en la lista anexa a la adición del Decreto, pues el punto adicionado no trataba dicho asunto, como sí lo hacía el artículo 9º en su literal h), respecto de la mercancía destinada a la exploración de petróleos.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado hizo un análisis normativo coherente y razonable para llegar a la decisión adoptada, sin obrar de manera grosera, arbitraria o caprichosa, por lo que no se encuentra alguna razón determinante para que la accionante sostenga que la normativa estuvo indebidamente interpretada en cuanto ello se realizó teniendo en cuenta la adición normativa y las Resoluciones CAN, señalando en que forma se enmarcaba dentro de éstas el asunto debatido.

Así, se observa que los razonamientos de la providencia censurada no fueron desproporcionados y expuso el contenido del referido artículo 9-1 adicionado con la debida explicación de que no era factible su aplicación por las razones expuestas, aspecto que se aleja del defecto alegado.

Adicionalmente, al respecto, se observa identidad de los fundamentos de la petición de amparo con los estudiados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

7.2 En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, debe analizarse si la autoridad judicial accionada incurrió en dicho defecto, por desconocimiento de las decisiones mencionadas en la solicitud de amparo.

La Sala pone de presente que el simple hecho de que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hubiera determinado en sentencias previas, que la parte actora no era beneficiaria de la exención arancelaria en temas de importación, ello de entrada no implica que en todos los asuntos de exención arancelaria deba fallar en el mismo sentido o que deba manifestar específicamente las razones por las que se aparta de su propia determinación, menos aún, que no hacerlo conlleve a la vulneración de los derechos fundamentales de las partes.

Para que una decisión sea constitutiva de violación de derechos fundamentales conviene verificar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar sean coincidentes, es decir, que las reglas fijadas en una decisión, sean aplicables a casos similares.

La DIAN consideró que el operador judicial, sin razón justificada se apartó de 5 providencias proferidas por esa misma Sección en el año 2015 en las que fungió como demandante la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia, pero que contrario a lo ocurrido en el asunto bajo estudio, se mantuvo la legalidad de los actos acusados; situación que de entrada se observa que no cumple con el requisito de que se trate de casos idénticos, pues, incluso desde los mismos argumentos y apartes transcritos por la actora se advierte que a pesar de que las decisiones de la DIAN versaban sobre el mismo asunto, las razones para mantener la legalidad de tales actos no se presentaron en el caso de la actora.

Así las cosas, revisadas las sentencias señaladas como desconocidas por la parte accionante, se evidencia que mantienen el mismo fundamento como sigue:

250002327000201200128-01 (20637) “Así, el objeto social de la actora es prestar servicios especiales y equipos a las empresas que se dedican a las industrias de producción y explotación de petróleo y gas, lo que pone en evidencia que no desarrolla directamente las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria minera y de hidrocarburos, como lo exige la Resolución 880 del 2 de diciembre de 2004 de la CAN, para acceder a la franquicia arancelaria cuestionada. En consecuencia, la actora no tiene derecho a la exención del arancel, como lo determinó la DIAN”.

250002337000201200358-01 (21131) “Así, el objeto social de la actora es prestar servicios especiales y equipos a las empresas que se dedican a las industrias de producción y explotación de petróleo y gas, lo que pone en evidencia que no desarrolla directamente las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria minera y de hidrocarburos, como lo exige la Resolución 880 del 2 de diciembre de 2004 de la CAN, para acceder a la franquicia arancelaria cuestionada. En consecuencia, la actora no tiene derecho a la exención del arancel, como lo determinó la DIAN”.

250002337000201200330-01 (20693) “De lo anterior se infiere que si el objeto social de la parte demandante consiste en proporcionar servicios especiales y equipos a las empresas que se dedican a las industrias de producción y explotación de petróleo y gas, es evidente que no desarrolla directamente las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria minera y de hidrocarburos, para acceder a la exención arancelaria en estudio. De esta manera, le asiste la razón a la DIAN al rechazar la procedencia del beneficio arancelario reclamado por la parte actora”.

250002337000201300184-01 (21595) “Pues bien, con el pronunciamiento de la Administración transcrito, no hay lugar a duda de que el criterio de la DIAN se ha mantenido en el sentido que para tener derecho a la exención prevista en el Decreto 255 de 1992, las importaciones deben ser efectuadas por entidades gubernamentales o empresas que realicen de manera directa actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y de los hidrocarburos, que coincide con la conclusión expuesta en esta providencia”.

250002337000201300187-01 (21130) “De lo anterior se infiere que si el objeto social de la parte demandante consiste en proporcionar servicios especiales y equipos a las empresas que se dedican a las industrias de producción y explotación de petróleo y gas, es evidente que no desarrolla directamente las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria minera y de hidrocarburos, para acceder a la exención arancelaria en estudio. En consecuencia, le asiste la razón a la DIAN al rechazar la procedencia del beneficio arancelario reclamado por la parte actora, lo que conduce a que no sea necesario que la Sala proceda al estudio de la subpartida arancelaria 73.04.23.00.00, en la que se clasificó los bienes importados, para analizar si la misma está exenta o no de los tributos aduaneros con ocasión del “desdoblamiento de la subpartida incluida en el Decreto 4743 de 2005”. No prospera el cargo”.

Si bien en las providencias invocadas se analiza el tratamiento arancelario preferencial para la importación de mercancías consistente en mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos”, de conformidad con lo estipulado en las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, lo cierto es que la decisión en los asuntos presuntamente desconocidos por el fallador se debió a que en ellos la empresa no realiza de manera directa las actividades mencionadas, sino que presta sus servicios a quienes sí lo hacen; mientras que en el caso objeto de análisis, la sociedad HOCOL sí lo hace de manera directa; por lo que la Sección Cuarta del Consejo de Estado para mantener la legalidad de los actos demandados en los 5 casos que se señalan desconocidos, no se presenta, por lo que mal podría pretenderse que se adoptara la misma decisión tomado al considerarse un requisito que en el otro caso, no concurre.

Teniendo en cuenta que la exención prevista en la norma, aplica para los gravámenes arancelarios en relación con las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, que realicen las personas naturales o jurídicas de derecho privado, siempre que el interesado acredite que realiza de manera directa las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria minera y de hidrocarburos, lo que en efecto ocurrió con la sociedad HOCOL.

Así pues, es evidente que no concurren en el sub examine los presupuestos para conceder el amparo constitucional, toda vez que las providencias presuntamente desconocidas mantuvieron la legalidad de los actos demandados solamente por el hecho de que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa, sin pronunciarse sobre alguna otra circunstancia adicional para fallar en tal sentido, mientras que en el asunto analizado en el fallo censurado, ello no ocurrió ya que se determinó que la sociedad HOCOL sí desarrollaba la actividad de forma directa, razón por la cual era beneficiaria de la exención arancelaria.

Lo anterior hace diferente el asunto bajo estudio respecto de los 5 señalados, por lo que al no ser asimilables, no puede predicarse la obligatoriedad de decidir en igual sentido.

Por lo expuesto, la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto alegado, pues el desconocimiento del precedente está constituido por apartes específicos y concretos de decisiones anteriores las cuales deben tener una relación estrecha o similar con el caso bajo estudio y una correlación directa con la parte resolutiva de la decisión, lo que en efecto en el presente caso no ocurrió.

Así, la Sala observa que el asunto bajo análisis se encuentra enmarcada dentro del principio de autonomía judicial que tienen los jueces de la República, tal como lo establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, sin que la acción de tutela pueda ser utilizada como una instancia adicional, por lo que se negará el amparo solicitado.
III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folio 1.
folio 40 anverso del expediente allegado en calidad de préstamo.
Folio 2.
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Martha Teresa Briceño De Valencia. Radicados Nos. 250002327000201200128-01-(20637), 250002337000201200358-01-(21131). Consejo de Estado, Sección Cuarta, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicados Nos. 250002337000201200330-01-(20693), 250002337000201300184-01-(21595) y 250002337000201300187-01-(21130) del 12 de noviembre de 2015, Consejera Ponente: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

Folios 33 y 34.
Folios 43 a 68.
Folios 52 a 67.
Folio 120.
Folio 36.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012, Expediente No. 2009-01328-01, C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.
El recuento de esos criterios se encuentra de las páginas 13 a 50 del fallo antes reseñado.
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (negrillas dentro del texto).
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 2012-02201-01 (IJ), C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01) y Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01.
Corte Constitucional. Sentencia SU-337/2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo.
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.
Corte Constitucional, Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
Corte Constitucional, Sentencia SU-288 del 14 de mayo de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo.
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras.
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas.
Consejo de estado, Sección Quinta, sentencias del 14 de junio de 2018, radicado No. 11001-03-15-000-2018-01517-00 Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez y del 21 de julio de 2018 Radicado No. 11001-03-15-000-2018-01518-00 Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro.
Folios 447 a 456 anv. del cuaderno ordinario.

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