Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01517-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01517-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-01517-00
Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
14 de junio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / EXENCIÓN ARANCELARIA PARA LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS / ACTO QUE ANULA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN Y DEJA EN FIRME LA DECLARACIÓN OFICIAL DE IMPORTACIÓN - Derecho al beneficio arancelario
Para la Sala, la decisión censurada no incurrió en una indebida interpretación normativa, sino que el pronunciamiento realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de asumir que el asunto no se encontraba dentro de la adición del Decreto 255 de 1992 en su artículo 9-1, estuvo debidamente sustentada y justificada, pues con las franquicias arancelarias otorgadas en el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se introdujo al decreto 255 un artículo (9-1), que no suple ni deroga el 9º; de hecho, dicha adición confirma la vigencia de éste al señalar que “las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las ….”.(…) Además, teniendo en cuenta que el asunto versaba sobre el ramo de exploración, se comparte el argumento del operador judicial conforme al cual, evidentemente la subpartida no podía estar en la lista anexa a la adición del Decreto, pues el punto adicionado no trataba dicho asunto, como sí lo hacía el artículo 9º en su literal h), respecto de la mercancía destinada a la exploración de petróleos. [(…) [L]a Sección Cuarta del Consejo de Estado hizo un análisis normativo coherente y razonable para llegar a la decisión adoptada, sin obrar de manera grosera, arbitraria o caprichosa, por lo que no se encuentra alguna razón determinante para que la accionante sostenga que la normativa estuvo indebidamente interpretada en cuanto ello se realizó teniendo en cuenta la adición normativa y las Resoluciones CAN, señalando en qué forma se enmarcaba dentro de éstas el asunto debatido. (…) La Sala advierte que el simple hecho de que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hubiera determinado en sentencias previas, que la parte actora no era beneficiaria de la exención arancelaria en temas de importación, ello de entrada no implica que en todos los casos de exención arancelaria deba fallar en el mismo sentido.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Bogotá, D.C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01517-00(AC)
Actor: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA
Se pronuncia la Sala sobre la acción de tutela interpuesta por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en adelante, DIAN, contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
ANTECEDENTES
1. Solicitud
Con escrito presentado el 11 de mayo de 2018, la DIAN, por intermedio de apoderado judicial, promovió acción de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.
Consideró vulnerados estos derechos con ocasión de la sentencia del 1º de marzo de 2018, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantó la sociedad HOCOL S.A. en su contra, en la que, revocó la sentencia del 31 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” y, en su lugar i) anuló la Resolución de Liquidación Oficial No. 1-03-241-201-639-01-2199 de 20 de diciembre de 2011 y la Resolución No. 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012, que la confirmó y ii) a título de restablecimiento del derecho, declaró en firme la declaración de importación –tipo modificación- con autoadhesivo No. 14011041661035 de 2 de octubre de 2008, presentada por el declarante autorizado SIA ADUANAS GAMA S.A., a nombre del importador HOCOL S.A., que amparó la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, importada con destino a la exploración petrolera y iii) negó las demás pretensiones de la demanda.
A título de amparo constitucional, la parte accionante solicitó:
“PRIMERA: Que se tutelen los derechos fundamentales constitucionales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DEBIDO PROCESO e IGUALDAD, de la UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN- los cuales considero vulnerados por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ocasión de la siguiente sentencia de segunda instancia.
Sentencia de fecha primero (1º) de marzo de dos mil dieciocho (2018), proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad HOCOL S.A., en contra de la UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN-, Consejero Ponente Dr. MILTON CHAVES GARCÍA, proceso radicado con el número 250002337000201200129-01 (20528).
SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se dejen (sic) sin efecto la sentencia de segunda instancia de fecha primero (1º) de marzo de dos mil dieciocho (2018), proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la sociedad HOCOL S.A., en contra de la UAE DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –DIAN-, Consejero Ponente Dr. MILTON CHAVES GARCÍA, proceso radicado con el número 250002337000201200129-01 (20528).
TERCERA: Que, como consecuencia de la declaración anterior, el Honorable Consejo de Estado le ordene a la Sección Cuarta de esa Corporación Judicial que proceda a emitir un nuevo fallo de manera concreta y congruente en los que se acaten los fundamentos legales de los actos administrativos demandados en el referido proceso, así como el debido proceso.”.
2. Hechos probados
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará:
A través de la Resolución No. 03-241-201-639-1-2129 del 20 de diciembre de 2011, la DIAN profirió en contra de la sociedad HOCOL S.A., la Liquidación Oficial de Corrección sobre la declaración de importación de autoadhesivo No. 14011041661035 del 2 de octubre de 2008, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999; en síntesis, al encontrar demostrado que la mercancía declarada en el documento de importación con dicho autoadhesivo, se clasifica por la subpartida 73.04.29.00.00, de acuerdo con las reglas generales interpretativas 1 y 6 del arancel de aduanas, correspondiéndole una tarifa de arancel del 15% e IVA del 16%.
Contra el acto anterior, se interpuso recurso de reconsideración, no obstante la DIAN confirmó la decisión, mediante Resolución No. 1-00-223-10050 del 16 de abril de 2012.
La sociedad HOCOL S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la DIAN, con la que pretendió la nulidad de los mencionados actos, de la que conoció en primera instancia la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que mediante sentencia de 31 de julio de 2013, negó las pretensiones de la demanda.
La decisión fue apelada por la sociedad HOCOL S.A. siendo revocado el fallo del Tribunal por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que en consecuencia, declaró la nulidad de los actos demandados y dejó en firme la declaración de importación de autoadhesivo No. 14011041661035 del 2 de octubre de 2008.
3. Sustento del amparo solicitado
3.1. Indebida interpretación de los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, así como de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005
La parte accionante señaló que los actos administrativos declarados nulos se sustentaron en que:
“La mercancía importada consistente en tubos de perforación y/o exploración, de entubación (casing) o de producción (tubing) no es posible aplicarle el tratamiento arancelario del 0% establecido en la norma que invocó el importador en la declaración de importación objeto de liquidación oficial de corrección, como lo es el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992, habida cuenta que al ser clasificada arancelariamente por las subpartidas 7304.29.00.00, y no estar incluidas en la lista de las que gozarían de dicho mecanismo, establecido en el artículo 2º del Decreto 4743 de 2005, ni en los anexos de la Resolución 880 de 2004, ni en la Resolución 969 de 2005”.
Los que fueron declarados nulos por la Sección Cuarta del Consejo de Estado bajo el siguiente sustento:
“En los actos administrativos demandados, la Administración corrigió la anterior declaración de importación al encontrar que se incurrió en un error en la tarifa arancelaria, puesto que la operación de comercio exterior está gravada con un arancel del 15%, de acuerdo con lo señalado en el Arancel de Aduanas para la subpartida 73.04.29.00.00.
(…)
“Observa la Sala que el argumento de la Administración para modificar de manera oficial la declaración de importación tipo modificación, se centró en que la mercancía importada no se encontraba exenta de gravámenes arancelarios porque la partida arancelaria por la que se declaró (73.04.29.00.00) no está incluida en el listado del Decreto 4743 de 2005, explicación que, como se analizó con anterioridad, carece de sustento legal, porque la procedencia de la exención arancelaria por la importación de mercancía o bienes destinados para la exploración petrolera no está supeditada a las subpartidas arancelarias señaladas en el Decreto 4743 de 2005, que estableció la exención para ramos de la industria del petróleo diferentes a la exploración, como es el caso de la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”.
Indicó que no comparte lo argumentado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado y señaló que no es la DIAN la que incurrió en indebida interpretación de las normas, sino dicha Sección, por cuanto la normativa que le sirve de sustento a los actos administrativos al contemplar la exención arancelaria, como son los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005 y las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, tiene un listado taxativo de las subpartidas arancelarias sobre las cuales exclusivamente recae la exención arancelaria, entre las que no se encuentra la subpartida 73.04.29.00.00, mediante la que se clasifica la mercancía objeto de la Liquidación Oficial de Corrección.
Agregó que la Secretaría General de la Comunidad Andina, al expedir las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, fue enfática en que la “Autorización al Gobierno de Colombia para el otorgamiento de franquicias arancelarias a la importación de los bienes comprendidos en las subpartidas listadas en el anexo de dichas resoluciones, para las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y de los hidrocarburos”.
Afirmó que en los actos anulados no se cuestionó el destino de la mercancía –exploración petrolera-, porque ese era su destino y no podía ser otro, ni se cuestionó que la sociedad importadora se dedicara de manera directa a las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de hidrocarburos, porque conforme a su certificado de existencia y representación legal, sí lo hace de manera directa, razón por la cual el cuestionamiento de la administración solo versó sobre el incumplimiento del requisito de la subpartida arancelaria, lo cual era apenas suficiente para que la sociedad actora no tuviera derecho al beneficio arancelario, y por lo tanto, se debió mantener la liquidación oficial de corrección.
Consideró injusto y desmedido que la providencia enjuiciada hubiera afirmado que los actos demandados carecían de sustento legal porque la procedencia de la exención arancelaria por la importación de mercancía o de bienes destinados para la exploración petrolera no está supeditada a las subpartidas arancelarias; pues ello es contrario a las normas en que se fundamentaron los actos administrativos como son los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, y las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, ya que la clasificación arancelaria de la mercancía es uno de los pilares fundamentales para el otorgamiento del beneficio.
Indicó que de conformidad con la mencionada normativa, son 3 las condiciones para el otorgamiento de la exención arancelaria:
Que se trate de las mercancías contempladas en el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992, es decir, de “la maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o la exploración de petróleo”.
Que se tratara de las mercancías incluidas con la expedición del Decreto 4743 de 2005, artículos 1 y 2, es decir, “las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la exploración, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”, y para las mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos”.
Que las mercaderías mencionadas se clasificaran arancelariamente por cualquiera de las subpartidas que se indican en los anexos de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y en los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005.
Que las importaciones fueran efectuadas por entidades gubernamentales o empresas que realicen de manera directa actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y de los hidrocarburos.
Al respecto afirmó que esas 3 condiciones debían cumplirse a cabalidad para tener derecho a la exención arancelaria, lo que no ocurrió en el caso de la sociedad Hocol S.A., ya que no se cumplió la segunda condición, es decir, la subpartida arancelaria no forma parte de los anexos de los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, y de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que la autoridad judicial accionada no podía otorgarle a la referida sociedad, un beneficio que no se encuentra contemplado en las normas (expedidas por la Comunidad Andina de Naciones, el Acuerdo Internacional de Codificación y Clasificación de Mercancías –Arancel de Aduanas-).
Defecto que se alega: desconocimiento del precedente judicial
La tutelante consideró que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente judicial al dictar providencias disímiles en casos idénticos.
Señaló que en la providencia demandada declaró la nulidad de los actos y en los que se enlistan, aunque modificó los montos bajo el principio de favorabilidad, mantuvo su legalidad.
Se refirió a las sentencias de radicados Nos. 250002327000201200128-01 (20637), 250002337000201200358-01 (21131) de ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño de Valencia; 250002337000201200330-01 (20693), 250002337000201300184-01 (21595) de ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez y 250002337000201300187-01 (21130), de ponencia de la Consejera Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, en las que fungió como demandante Superior Energy Services Sucursal Colombia y, como demandada, la DIAN, en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho seguidos en su contra.
Para sustentar su dicho, transcribió apartes de las mencionadas providencias, para reflejar que en casos idénticos se mantuvo la legalidad de los actos de la DIAN acusados.
Adujo que los referidos casos son idénticos, pues se refieren al mismo tema del tratamiento arancelario preferencial para la importación de mercancías consistente en “La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, y “las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”, y para las mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos”, de conformidad con lo estipulado en las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, todos tienen en común que la subpartida arancelaria por la que se clasifican las mercancías importadas no corresponde a las subpartidas enlistadas en las normas señaladas, por lo que no tienen derecho a gozar del beneficio arancelario.
Manifestó que los casos de la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia presentan variación en el sentido que, aunque la mercancía cumple con la condición de estar destinada a las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y de los hidrocarburos, dicha empresa no realiza de manera directa las actividades mencionadas, sino que presta sus servicios a quienes sí lo hacen, es decir, que incumple 2 de las condiciones para tener derecho al beneficio arancelario.
Señaló que en los referidos casos, la Sección Cuarta si bien analizó la subpartida arancelaria y reconoció que la demandante no tenía derecho al beneficio arancelario, solo lo hizo con base en el hecho de que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa, igualmente los hubiera podido resolver analizando únicamente el incumplimiento del requisito de la clasificación arancelaria, o con fundamento en el incumplimiento de ambos requisitos.
Alegó que en amparo del derecho a la igualdad, se debe aplicar el aforismo de “donde existen las mismas razones de hecho, existen las mismas razones de derecho”, por lo que, además en armonía con lo señalado por la Corte Constitucional el caso tratado en la providencia enjuiciada, debió tratarse en condiciones de igualdad respecto de los similares que se invocan.
Finalmente, indicó que en el presente caso se cumplen los requisitos para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales de inmediatez y subsidiaridad; así como los de prosperidad de la acción toda vez que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en la decisión, ya que de acuerdo a las irregularidades expuestas, la decisión que debió adoptar la Sección Cuarta del Consejo de Estado era la de mantener la legalidad de los actos demandados, y la referente a que la acción no intente reabrir el debate de instancia, pues no se alega ninguna cuestión propia de la discusión en sede gubernativa, sino que se cuestiona el hecho de que se hayan proferido decisiones diferentes en casos idénticos.
Así las cosas, concluyó que la providencia enjuiciada incurrió en el defecto denominado “desconocimiento del precedente”, por lo que solicita que se acceda a las pretensiones.
4. Actuaciones procesales relevantes
4.1. Admisión de la demanda
Mediante auto del 17 de mayo de 2018, la Sección Quinta de esta Corporación admitió la acción de tutela y dispuso su notificación a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, como demandada; y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A” y a la sociedad HOCOL S.A., como terceros con interés, por cuanto el primero profirió la sentencia atacada, el segundo por haber sido la autoridad que profirió la decisión de primera instancia y la tercera, por ser la demandante dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a quienes se les otorgó un término de 3 días para que rindieran informe sobre los hechos de la acción objeto de estudio.
De otro lado, le solicitó que se allegara en calidad de préstamo el expediente de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de Rad. No. 2012-00129.
4.2. Contestaciones
4.2.1. Sección Cuarta del Consejo de Estado
Mediante memorial del 30 de mayo de 2018 el Consejero Ponente de la decisión atacada solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo.
Señaló que la tutela no cumple con los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales fijados en la sentencia C-590-05, en especial, los siguientes:
No se agotaron todos los medios de defensa: consideró que la DIAN tiene a su alcance el recurso extraordinario de revisión, previsto en el artículo 248 del CPACA, para cuestionar la legalidad de la sentencia proferida, máxime cuando lo que alega es la vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
El asunto no tiene una evidente relevancia constitucional: se trata de una controversia de contenido netamente económico, como lo es la definición de si procede o no una exención arancelaria sobre maquinaria y equipos destinados a la exploración y explotación de petróleo.
Afirmó que en el escrito de tutela no se acreditó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia invocados por la DIAN; lo que se observa es una diferencia de criterio con el fallo proferido que no puede conducir a determinar que se vulneró algún derecho fundamental.
Consideró que la tutela es utilizada por la actora como una tercera instancia para reiterar argumentos del proceso ordinario.
Finalmente, indicó que de llegarse a aceptar que la tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad, debe observarse que de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo se evidencia que no hubo desconocimiento del precedente, pues, contrario a ello, el fallo enjuiciado contiene reiteración de un criterio fijado por la Sección en un asunto similar, como se advierte con claridad al inicio de las consideraciones de la sentencia.
4.2.2. Sociedad HOCOL S.A.
Se manifestó a través de apoderada judicial, con escrito de 29 de mayo de 2018, por medio del cual solicitó no conceder el amparo solicitado por la DIAN.
Manifestó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no incurrió en indebida interpretación de los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005 y de las Resoluciones 880 de 2004 y 9969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones en la sentencia censurada.
Indicó que HOCOL S.A. se acogió a la exención arancelaria consagrada en el artículo 9º, literal h) del Decreto 255 de 1992, la cual no se encuentra sujeta a un grupo determinado de mercancías listado en unas específicas subpartidas arancelarias, sino que dicha exención se estableció para mercancías, maquinaria y equipos destinados a la exploración de hidrocarburos, previo visto bueno del Ministerio de Minas y Energía, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1659 de 1964, artículo 1º, literal e).
Se refirió a las normas que regulan la materia y afirmó que el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992 establece:
“Artículo 9: Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior y por consiguiente continuarán excentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones las siguientes importaciones: (…)
h) La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y respuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleos”.
Indicó que el Decreto 1659 de 1964 es la norma que consagra la exención arancelaria de los equipos y materiales destinados a la exploración de minas o a la exploración de hidrocarburos, que en su artículo 2º estableció:
“Estarán exentos de derechos de aduana de importación: (…)
e. Los equipos de perforación, sus accesorios y repuestos destinados a la exploración en busca de petróleos (…).
Mientras que el Decreto 260 de 2005, establecía:
“Artículo 1º: Adiciónase el Decreto 255 de 1992 con el siguiente artículo:
‘Artículo 9-1. Las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos’
Artículo 2º La exención de gravámenes arancelarios para las actividades del sector minero y de hidrocarburos fijados en el presente decreto, será aplicable a las importaciones de las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación, hasta el 31 de diciembre de 2005”.
Argumentó que con posterioridad, se expidió el Decreto 4743, que derogó el 260 de 2005, así:
“Artículo 1º. Adiciónase el Decreto 255 de 1992 en el siguiente artículo:
‘Artículo 9-1. Las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a a explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos’.
Artículo 2º. Para efectos de lo previsto en el artículo 9.1 del Decreto 255 de 1992, la exención de gravámenes arancelarios para las actividades del sector minero y de hidrocarburos fijados en el presente decreto, será aplicable a las importaciones de las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación, por un término de 5 años”.
Concluyó que la nueva exención arancelaria, creada con los mencionados decretos, a través de la adición del artículo 9-1 al Decreto 255 de 1992, referida a las actividades de explotación, beneficio, transformaión y transporte de minerales y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos, se circunscribió a un conjunto limitado de mercancía comprendidas en un listado de subpartidas arancelarias.
En cuanto al alcance de la Resolución No. 880 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones, señaló que dentro de sus considerandos, con los cuales se fundamentaron los Decretos 260 y 4743 de 2005 se indicó:
“(…)
Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicado DIE/AA/LFF/345 de fecha 14 de octubre de 2003, solicitó autorización para la aplicación de franquicias arancelarias a la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en la cadena productiva de la minería, en particular, la extracción y transporte de carbón y de los hidrocarburos, al amparo del inciso b) del artículo 6 de la Decisión 282, alegando que la crisis de orden público que atraviesa Colombia, tiene efectos negativos sobre los referidos sectores;
Que, mediante nota SG-F/1.11.9/1798/2003, la Secretaría General solicitó a dicho Gobierno la definición de un ámbito de subpartidas Nandina al cual se aplicarán las franquicias solicitadas, así como la presentación de los documentos que sustentan la solicitud”;
(…)
“Que, la Secretaría General, luego de analizar la lista de subpartidas presentada por el Gobierno de Colombia mediante nota DIE-825, encuentra que, en términos generales, se corresponde con las actividades relativas a la cadena minera, en particular a la extradición y transportación de carbón e hidrocarburos, puesto que en su mayor parte está referida a bienes de capital, sus repuestos y accesorios propios de dichas actividades (…)”.
Señaló que HOCOL actuó ajustada a derecho ya que:
Fundamentó la solicitud de exención arancelaria en el artículo 9, literal h) del Decreto 255 de 1992;
Obtuvo el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía No. 0009233-08 del 14 de agosto de 2008, para la importación de tubería amparada en la declaración de modificación 1401141661035 del 2 de octubre de 2008, destinada a ser utilizada en el pozo exploratoio del Huron.
Con base en el visto bueno, el Comité expidió la Licencia Previa LIC-2032823503072008, por la cual concedió la exención de derechos arancelarios en virtud de la facultad que le otrorgan los artículos 3 y 8 del Decreto 3803 de 2006.
No se acogió al artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, que fue adicionado por el Decreto 260 del 7 de febrero de 2005, que extiende las exenciones a otras actividades del sector de hidrocarburos y minero diferentes a la exploración, específicamente a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio y transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos que se tiene en listado de subpartidas arancelarias.
Por lo anterior, considero que no es aceptable hacer extensiva la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, la limitación que para la exención de aranceles establece el artículo 9.1 del Decreto 255 de 1992, para las actividades de explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos.
Así, afirmó que la autoridad judicial accionada no incurrió en indebida interpretación de los decretos y las resoluciones referidos al declarar la nulidad de los actos que se acusaron.
Agregó que tampoco incurrió en desconocimiento del precedente judicial de la misma Corporación.
Al respecto, manifestó que las exenciones arancelarias para las importaciones de maquinaria, equipo y materiales destinados a la exploración de hidrocarburos es fundamental que concurran dos elementos: 1) que el importador sea una empresa dedicada directamente a la exploración de hidrocarburos y 2) que el equipo debe estar destinado a la exploración (elementos que indicó, la misma DIAN reconoce como fundamentales para la exención).
Señaló que la parte actora consideró el desconocimiento de 5 sentencias, por lo que se refirió a cada una para concluir que no se trató de casos absolutamente idénticos al enjuiciado.
Afirmó que en los casos presuntamente desconocidos el importador no es una empresa directamente dedicada a la prestación de servicios para la industria petrolera, lo que descartaba, frente a él cualquier tipo de exención, mientras que HOCOL sí es una empresa dedicada a la exploración de hidrocarburos.
Agregó que no es cierta, la afirmación de la DIAN referente a que en las sentencias presuntamente desconocidas se hubiera establecido la forma como debía aplicarse la exención del literal h) del artículo 9°, del artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, adicionado por el artículo 1º del Decreto 4743 de 2005, y de las Resoluciones 880 de 2003 y 969 de 2005 de la CAN para los gravámenes arancelarios en relación con las importaciones de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, por cuanto este análisis no se realizó en tales providencias.
Para sustentar lo anterior, transcribió apartes de cada una de las sentencias invocadas como desconocidas, frente a las que concluyó que no constituían precedente toda vez que en tales casos se negó la exención y en consecuencia se mantuvo la legalidad de los actos acusados, en razón a que se trataba de una empresa destinada a la prestación de servicios petroleros y no directamente a la exploración de hidrocarburos, como sí lo hace HOCOL S.A.
Lo anterior, además, por cuanto en aquellos fallos el Consejo de Estado no realizó la interpretación de las normas que consagran las exenciones arancelarias previstas en el literal h) del artículo 9º y en el artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, adicionado por el artículo 1º del Decreto 4743 de 2005 y las Resoluciones 880 de 2003 y 969 de 2005 de la CAN, para establecer la aplicación de las exenciones de los gravámenes arancelarios, en relación con las importaciones de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados, bien sea a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, o a las otras actividades como son, entre otras, la explotación y transporte de petróleo.
Señaló que contrario a esas decisiones, sí existía un caso idéntico al de HOCOL, en el que el Consejo de Estado en sentencia estableció que el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992 se encuentra vigente y mantiene la exención de gravámenes arancelarios en la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo, la cual no se supedita a que la mercancía importada se encuentre amparada por alguna de las subpartidas arancelarias señaladas en los decretos que adicionaron el artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, entre los que se encuentra el Decreto 4743 de 2005, vigente para la época de la importación de HOCOL S.A.
Se trata de la sentencia de 13 de diciembre de 2017, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, C.P. Milton Chaves García, Rad. 2013-00034-01, actor: CEPSA COLOMBIANA S.A. CEPCOLSA, con la que se revocó la decisión de primera instancia, proferida por la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar dispuso anular la Liquidación Oficial y dejó en firme la declaración oficial a nombre del importador que amparó la mercancía de la subpartida arancelaria 73.04.23.00.00, importada con destino a la exploración petrolera; de la que transcribió algunos apartes.
Consideró que la alegación de la tutelante se funda es en el desacuerdo con el análisis y la decisión adoptados en el fallo censurado, que resulto desfavorable a sus intereses, no obstante, debe tenerse en cuenta que la acción de tutela no puede ser considerada como una tercera instancia, que se emplee para modificar interpretaciones que son propias del juez natural.
4.2.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”
La magistrada ponente del fallo de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelantó contra la DIAN, se manifestó con escrito de 30 de mayo de 2018, por medio del cual se opuso a las pretensiones de la solicitud de amparo.
En síntesis señaló que las pretensiones de la tutela carecen de fundamento jurídico ya que, de conformidad con lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia T-307 de 2011, la procedencia del amparo constitucional contra providencias judiciales es de carácter excepcional y está supeditada, entre otras cosas, a que los efectos de una decisión judicial vulneren o amenacen derechos fundamentales y a que no exista otro mecanismo de defensa judicial idóneo para la protección del derecho comprometido.
Hizo un recuento de la actuación en primera instancia y expuso las razones por las cuales allí se negaron las pretensiones de la demanda, básicamente porque las mercancías objeto de importación no estaban clasificadas en una partida arancelaria de las enlistadas en el artículo 2º del Decreto 4743 de 2005, providencia en la que además señaló que “si bien es cierto la norma en su redacción es deficiente y da para interpretaciones como la planteada por el demandante, (…) la interpretación de las normas que consagran exenciones tributarias es de carácter restrictivo, como sucede en este caso, pues la norma refirió unas subpartidas específicas que no pueden pasarse por alto al momento de liquidar los tributos aduaneros”.
Finalmente señaló que la solicitud de amparo debía declararse improcedente por no existir vulneración alguna de derechos fundamentales, con la sentencia proferida por esa Subsección.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
De acuerdo con lo dispuesto por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 esta Sección es competente para resolver el presente asunto.
Problema jurídico
De cara al examen de la situación expuesta por la parte accionante y del material probatorio recaudado, se evidencian los siguientes problemas jurídicos:
¿Se superan o no, en este asunto, los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales?
En caso afirmativo, ¿incurrió la autoridad judicial accionada en “indebida interpretación normativa” y en desconocimiento del precedente al dictar la sentencia del 1º de marzo de 2018, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado No. 250002337000201200129-01 (20528)?
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella concluyó:
“… si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente…”.
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra providencias judiciales y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “… fijados hasta el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto -procedencia adjetiva.
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Examen de los presupuestos de procedencia adjetiva
Atendiendo lo antes expuesto, la Sala determinará si la petición tutelar satisface todos los presupuestos de viabilidad del recurso de amparo cuando este se dirige a desvirtuar la presunción de legalidad de las providencias judiciales, tal y como se explica a continuación:
4.1. Para esta Sala, está acreditado que la solicitud de amparo no se dirige a cuestionar el fallo proferido dentro de un proceso de tutela, con lo que entiende superado el primero de los requisitos, puesto que la providencia que se cuestiona fue dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en el trámite de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
4.2. Asimismo, se advierte que la parte actora no cuentan con otro medio de defensa judicial, distinto de este mecanismo constitucional, pues de entrada se advierte que agotaron los recursos ordinarios que tenían a su alcance. En cuanto a los recursos extraordinarios – taxativamente contemplados en el ordenamiento – los mismos no tienen cabida en el sub examine, dado que los alegatos presentados, no encajan dentro de las causales para ellos consagradas.
4.3. De igual forma, en el presente asunto se cumple con el requisito de inmediatez, en atención a que el fallo cuestionado fue dictado el 1º de marzo de 2018 y la tutela que retiene en la actualidad la atención de la Sala fue interpuesta el 11 de mayo de 2018, lo que implica un ejercicio oportuno del recurso de amparo.
Caso concreto
5.1. En cuanto al defecto planteado de la parte actora por indebida interpretación de las normas, se considera que aceptar esa censura implicaría desconocer que el juez natural posee autonomía en determinar los alcances de la ley partiendo del señalamiento que consagra el artículo 228 constitucional.
El asunto planteado versa sobre un tema de interpretación legal, referente a la aplicación de exenciones de carácter arancelario por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
A juicio de la accionante, de acuerdo al Decreto 255 de 1992 y 4743 de 2005, así como a las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005 de la CAN, son 3 las condiciones establecidas para el otorgamiento de la exención arancelaria, y la empresa HOCOL, no cumplió con la segunda de ellas, consistente en que “las mercancías … se clasificaran arancelariamente por cualquiera de las subpartidas arancelarias que se indican en los anexos de las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y en los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005”, por lo que no podía ser beneficiaria de la exención, ya que la partida arancelaria en la que se encuentra la mercancía no está allí enlistada, y que no obstante lo anterior, la autoridad judicial accionada aplicó indebidamente las normas y declaró la nulidad de los actos acusados.
Para resolver el asunto constitucional planteado, esta Sala se ha apoyado en la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que sostiene que el derecho a acceder a la justicia es un derecho fundamental, que además forma parte del núcleo esencial del debido proceso, que se ve vulnerado al configurarse el defecto sustantivo; frente a ese, ese Alto Tribunal ha dicho que, se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica” (la subraya es de la Sala).
Dicho defecto lo configuran entonces los siguientes supuestos:
El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
Cuando se deja de aplicar una norma exigible para el caso.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación” (la subraya es de la Sala).
Es decir, que si se acredita la existencia de un defecto sustantivo de los previamente enlistados, procederá el amparo constitucional, siempre y cuando el accionante cumpla con su carga argumentativa de indicar claramente la norma que considera fue desconocida o interpretada de forma arbitraria por el fallador de instancia, así como la incidencia que dicho defecto tiene en el sentido de la decisión judicial cuestionada.
Así las cosas, revisados los hechos en que se fundamentó la solicitud de amparo y la providencia censurada se puede concluir que no le asiste razón a la accionante al considerar vulnerados los derechos invocados, en la medida en que no se observa una indebida interpretación del fallador accionado.
De hecho, en la sentencia en cuestión, sobre el punto específico de la censura, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hace un análisis detallado sobre la normativa que regula la exención arancelaria para la exploración de hidrocarburos, en donde tuvo en cuenta, entre otras cosas que con el artículo 8º del Decreto 255 de 1992 se derogaron las exenciones de gravámenes arancelarios otorgados a las importaciones que realizaran las personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero que con su literal h) del artículo 9º se mantuvieron las exenciones arancelarias para la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo que, conforme con el artículo 4º del Decreto 1056 de 1953 “Código de Petróleos”, corresponde a uno de los ramos de la industria del petróleo.
Además, señaló que con el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se otorgaron franquicias arancelarias para la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en actividades diferentes a la exploración de hidrocarburos, en virtud de la autorización especial de la CAN, otorgada mediante la Resolución No. 880 de 2 de diciembre de 2004, por la que autorizó por el término de 5 años al Gobierno Nacional “el otorgamiento de franquicias arancelarias a la importación de los bienes comprendidos en las subpartidas listadas en el anexo a la presente resolución”; vigencia que se extendió con la Resolución 1346 de 12 de agosto de 2010.
Se advirtió que a partir de dicha autorización se adicionó el Decreto 255 de 1992 con el artículo 9-1, en el que se indicó que la exención de que trata el artículo 9º del mismo es aplicable, entre otros, a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos; exención que será aplicable a las subpartidas arancelarias que allí se relacionan.
Revisada dicha normativa, el fallador concluyó que las excepciones arancelarias previstas en el Decreto 260 de 2005 hace referencia a los ramos de la industria del petróleo, relacionados con la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos, pero no con la de exploración, porque para la importación de bienes de ese ramo se aplica es el literal h) del artículo 9º del Decreto 255 de 1992, que se encontraba vigente y no había sido objeto de ninguna modificación.
Para la Sala, la decisión censurada no incurrió en una indebida interpretación normativa sino que el pronunciamiento realizado por la Sección Cuarta del Consejo de Estado de asumir que el asunto no se encontraba dentro de la adición del Decreto 255 de 1992 en su artículo 9-1, estuvo debidamente sustentada y justificada, pues con las franquicias arancelarias otorgadas en el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se introdujo al 255 un artículo (9-1), que no suple ni deroga el 9º; de hecho, dicha adición confirma la vigencia de éste al señalar que “las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las ….”.
Además, teniendo en cuenta que el asunto versaba sobre el ramo de exploración, se comparte el argumento del operador judicial conforme al cual, evidentemente la subpartida no podía estar en la lista anexa a la adición del Decreto, pues el punto adicionado no trataba dicho asunto, como sí lo hacía el artículo 9º en su literal h), respecto de la mercancía destinada a la exploración de petróleos.
Para la Sala, la Sección Cuarta del Consejo de Estado hizo un análisis normativo coherente y razonable para llegar a la decisión adoptada, sin obrar de manera grosera, arbitraria o caprichosa, por lo que no se encuentra alguna razón determinante para que la accionante sostenga que la normativa estuvo indebidamente interpretada en cuanto ello se realizó teniendo en cuenta la adición normativa y las Resoluciones CAN, señalando en que forma se enmarcaba dentro de éstas el asunto debatido.
Así, observa la Sala que los razonamientos de la providencia censurada no fueron desproporcionados y expuso el contenido del referido artículo 9-1 adicionado con la debida explicación de que no era factible su aplicación por las razones expuestas, aspecto que se aleja del defecto alegado.
Adicionalmente, al respecto, se observa identidad de los fundamentos de la petición de amparo con los estudiados en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
5.2. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, debe analizarse si la autoridad judicial accionada incurrió en dicho defecto, por desconocimiento de las 5 decisiones mencionadas en la solicitud de amparo.
Para el efecto, debe señalarse que, de conformidad con la posición reiterada de esta Sala cuando el desconocimiento que se invoca no es respecto de una sentencia de unificación que deba reiterarse sino que verse sobre el desconocimiento de otras decisiones, la acción de tutela será el mecanismo de protección de los derechos fundamentales que resultan trasgredidos por la respectiva autoridad judicial.
Para considerar lo anterior, se trajo en las referidas providencias el siguiente argumento de la Corte Constitucional:
“ … [las] sentencias de unificación cumplen la función especial y específica de ordenar y clarificar el precedente aplicable. En este sentido, es plenamente razonable que sean estas sentencias y no otras del Consejo de Estado, las llamadas a ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia. Las demás sentencias del Consejo de Estado siguen teniendo su valor como precedente del órgano de cierre de lo contencioso-administrativo, pero son un tipo especial de providencias -las sentencias de unificación jurisprudencial- a las que el Legislador, en ejercicio de su poder de configuración normativa, asignó la potestad de ser aplicadas en el mecanismo de extensión de jurisprudencia, que tienen la virtud de evitar la realización de un proceso y de facilitar el acceso directo al Consejo de Estado.” (Negrilla fuera de texto).
En el sub judice, la tutelante adujo que en el caso concreto se presenta el defecto de desconocimiento del precedente de la misma Sección Cuarta del Consejo de Estado, conforme al cual, en 5 casos “idénticos”, profirió decisiones disímiles, es decir, que no siguió sus propias decisiones.
Para resolver el asunto, deberá determinarse si el juez, ya sea individual o colegiado, está obligado a seguir sus propias decisiones cuando le corresponda resolver casos similares a otros fallados previamente, que es lo que se observa en el asunto sub examine, con el fin de garantizar los principios a la igualdad y a la confianza legítima de quienes acuden a la administración de justicia y esperan que su conflicto se defina en la misma forma o bajo el mismo raciocinio que empleó ese juez en casos anteriores.
Principios que también se garantizan si el operador judicial al motivar su decisión hace explícitas las razones por las cuales no puede fallar la situación puesta a su conocimiento bajo los mismos parámetros utilizados por él en un caso anterior, bien sea porque existe algún elemento que le impide tal proceder o porque opta por rectificar su criterio.
Para determinar si la violación de los derechos fundamentales de la demanda se presentó al desconocer 5 fallos proferidos por la misma Sección, en los que se decidió un caso con supuestos “idénticos”, y se mantuvo la legalidad de los actos acusados, lo primero que debe verificarse es que, en efecto se trate de un caso idéntico a los invocados como desconocidos y de ser así, determinar si al fallar, la Sección Cuarta del Consejo de Estado expuso las razones por la cuales se apartaba de lo expuesto en otras providencias, a efectos de no desconocer el derecho a la igualdad y seguridad jurídica del actor.
Lo primero que debe advertir la Sala es que en la providencia accionada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de los actos demandados, desconociendo presuntamente lo decidido por esa misma Sala, en las siguientes decisiones en las que mantuvo la legalidad de las decisiones de la DIAN:
“Sentencias de radicados Nos. 250002327000201200128-01 (20637), 250002337000201200358-01 (21131) de ponencia de la Consejera Martha Teresa Briceño de Valencia; 250002337000201200330-01 (20693), 250002337000201300184-01 (21595) de ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez y 250002337000201300187-01 (21130), de ponencia de la Consejera Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, en las que fungió como demandante Superior Energy Services Sucursal Colombia y, como demandada, la DIAN, en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho seguidos en su contra”.
La Sala advierte que el simple hecho de que la Sección Cuarta del Consejo de Estado hubiera determinado en sentencias previas, que la parte actora no era beneficiaria de la exención arancelaria en temas de importación, ello de entrada no implica que en todos los casos de exención arancelaria deba fallar en el mismo sentido o que deba manifestar específicamente las razones por las que se aparta de su propia determinación, menos aún, que no hacerlo conlleve a la vulneración de los derechos fundamentales de las partes, pues para que ello sea así, deben analizarse las circunstancias particulares de cada uno de los casos, que conlleven a que se apliquen las mismas reglas que se tuvieron en cuenta, para así poder considerar que se trata de casos idénticos, lo que se hace necesario, ya sea para la mencionada obligatoriedad de seguir la misma línea de la decisión, o de exponer las razones por las cuáles se aparta de un asunto específico ya decidido previamente de manera diferente, pues se reitera, es necesario que se trate de casos idénticos.
Para que una decisión en un sentido diferente represente la mentada violación de derechos conviene verificar que las circunstancias que motivan el asunto sean coincidentes, es decir, que las reglas señaladas en una decisión, le sean aplicables al que se estudie, lo que no se observa en el asunto de marras, en el que la DIAN consideró que el operador judicial, sin razón justificada se apartó de 5 providencias proferidas por esa misma Sección en el año 2015 en las que fungió como demandante la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia, pero que contrario a lo ocurrido en el asunto bajo estudio, se mantuvo la legalidad de los actos acusados; situación que de entrada se advierte que no cumple con el requisito de que se trate de casos idénticos, pues, incluso desde los mismos argumentos y apartes transcritos por la actora se advierte que a pesar de que las decisiones de la DIAN versaban sobre el mismo asunto, las razones para mantener la legalidad de tales actos no se presentaron en el caso de la actora, como se pasa a explicar.
Lo anterior se deduce del hecho que si bien en ambos se analiza el tratamiento arancelario preferencial para la importación de mercancías consistente en “La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo, y “las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”, y para las mercancías destinadas a “las actividades del sector minero y de hidrocarburos”, de conformidad con lo estipulado en las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2005, y los Decretos 255 de 1992 y 4743 de 2005, en los casos de la sociedad Superior Energy Sucursal Colombia se presenta la variación reconocida por la misma tutelante, en el sentido que, la decisión en los asuntos presuntamente desconocidos por el fallador se debió a que en ellos la empresa no realiza de manera directa las actividades mencionadas, sino que presta sus servicios a quienes sí lo hacen; mientras que en el caso objeto de análisis, la sociedad HOCOL sí lo hace de manera directa; es decir, que la única razón que tuvo en cuenta la Sección Cuarta del Consejo de Estado para mantener la legalidad de los actos demandados en los 5 casos que se señalan desconocidos, no se presenta, por lo que mal podría pretenderse que se adoptara la misma decisión tomado al considerarse un requisito que en el otro caso, no se presenta.
La actora considera que todos los casos (el enjuiciado y los 5 citados como desconocidos) tienen en común que la subpartida arancelaria por la que se clasifican las mercancías importadas no corresponde a las subpartidas enlistadas en las normas señaladas, por lo que en unos y otros no se tiene derecho a gozar del beneficio arancelario y luego, la misma DIAN, agrega que en los casos de Superior Energy Services Sucursal Colombia, la Sección Cuarta reconoció que la demandante no tenía derecho al beneficio arancelario únicamente con base en que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa, pero supone que igualmente lo hubiera podido resolver analizando el incumplimiento del requisito de la clasificación arancelaria, o con fundamento en el incumplimiento de ambos requisitos; pues a su juicio ello también se presentó.
Así pues, es evidente que no concurren en el sub examine los presupuestos para conceder el amparo constitucional, toda vez que las providencias presuntamente desconocidas mantuvieron la legalidad de los actos demandados solamente por el hecho de que la sociedad no realizaba las actividades en forma directa, sin pronunciarse sobre alguna otra circunstancia adicional para fallar en tal sentido, mientras que en el asunto analizado en el fallo censurado, ello no ocurrió ya que se determinó que la sociedad HOCOL sí desarrollaba la actividad de forma directa, lo que de entrada hace diferente el asunto respecto de los 5 señalados, por lo que al no ser asimilables, no puede predicarse la obligatoriedad de decidir en igual sentido.
Por otro lado, la suposición de la tutelante consistente en que si el operador judicial hubiera estudiado que las mercancías no se encontraban en las subpartidas enlistadas en la norma, hubiera mantenido también, por ese solo hecho, la legalidad de los actos; no conlleva a que la Sección Cuarta deba fallar en el mismo sentido que decidió en esos 5 casos, bajo suposiciones que la misma actora reconoce que no fueron analizadas en la providencia.
Así, la Sala observa que el asunto bajo análisis se encuentra enmarcada dentro del principio de autonomía judicial que tienen los jueces de la República, tal como lo establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, sin que la acción de tutela pueda ser utilizada como una instancia adicional, por lo que se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la acción de tutela presentada por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADIUANAS NACIONALES - DIAN, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: RECONOCER personería a la doctora Rosa Leonor Rodríguez Hernández, portadora de la tarjeta profesional No. 39.913 del C. S. de la J., para actuar como apoderada de la sociedad HOCOL S.A., en los términos del memorial obrante a folio 88 del expediente.
CUARTO: Si no fuere impugnada, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: Se ordena que por Secretaría General, si no fuese impugnado este fallo, se regrese el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-2337-000-2012-00129, al Tribunal de origen; de lo contrario, una vez se resuelva dicho trámite, se haga su correspondiente devolución.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
Folios 1 a 9. Folio 2 anverso. Obrante a folios 41 a 49 anv. del cuaderno del proceso ordinario. De 9 de julio de 2015. De 20 de agosto de 2015. De 24 de septiembre de 2015. De 16 de septiembre de 2015. De 12 de noviembre de 2015. Folios 9 a 19. Señaló algunos apartes que indicó corresponder a las sentencias 2531-94, 196-91, 1942-92, 7582-02, 1942-94, 2050-91, 1372-92, 633-94 y 500-95. Folios 99 y 99 anv. Folios 30 al 31. Folios 61 a 86. Folios 70 a 78. Folios 100 a 103 anv. Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Consejera Ponente: María Elizabeth García González. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. Negrilla fuera de texto. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. El mencionado requisito exige que la acción de tutela se interponga tan pronto se produce el hecho, acto u omisión al que se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales, o por lo menos dentro de un término prudencial y consecuencial a su ocurrencia, pues el paso prolongado del tiempo, indica que se ha disipado la gravedad de la lesión y la urgencia de la protección deprecada, desvirtuándose así, la inminencia de la afectación. La razón de ser del referido principio, es evitar que este mecanismo constitucional de defensa se utilice como herramienta que subsane la desidia, negligencia o indiferencia de las personas que debieron buscar una protección oportuna de sus derechos y no lo hicieron, o que la misma se convierta en factor de inseguridad jurídica. Ver sentencia de 13 de julio de 2017, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2016-03452-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio
Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras
Ver sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, de 13 de julio de 2017, C.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 2016-03452-01. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería
Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-288 de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia SU-241 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; Sentencia SU-918 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas
Folios 447 a 456 anv. del cuaderno ordinario. Ver sentencias de 19 de febrero de 2014, de radicado No. 2013-02690-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro y 5 de febrero de 2015, de radicado No. 2014-01312-01, C.P.
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-588 de 2012. En esta ocasión, la Corte Consideró que estaba dentro de la libertad de configuración del legislador, consagrar tanto el mecanismo de la extensión de jurisprudencia como el recurso de unificación solo frente a las denominadas sentencias de unificación, definidas en el artículo 270 del CPACA.
De 9 de julio de 2015.
De 20 de agosto de 2015.
De 24 de septiembre de 2015.
De 16 de septiembre de 2015.
De 12 de noviembre de 2015.
Folios 9 a 19.
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