Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2012-00129-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Desplazamiento de conjuez por integración de quórum decisorio: configuración
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2012-00129-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2012-00129-01
Consejero ponente: Milton Chaves García
1 de marzo de 2018
DESPLAZAMIENTO DE CONJUEZ POR INTEGRACIÓN DE QUÓRUM DECISORIO – Configuración
El 3 de agosto de 2017, la Sala, conformada por los Consejeros de Estado Milton Chaves García y Jorge Octavio Ramírez Ramírez y el Conjuez Héctor J. Romero Díaz, designado para integrar el quorum decisorio, declaró fundado el impedimento manifestado por la Consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto para conocer de este proceso. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 del CPACA, en el momento de proferir esta providencia existe quórum para decidir el asunto, por lo que es innecesaria la intervención de Conjuez.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 126
EXENCIÓN ARANCELARIA A LA IMPORTACIÓN DE BIENES DEDICADOS A LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS –Alcance. No está condicionada a que la mercancía importada esté amparada por alguna de las subpartidas arancelarias a que se refieren los decretos que adicionaron el artículo 9- 1 del Decreto 255 de 1992 / EXENCIÓN DE GRAVÁMENES ARANCELARIOS EN LA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS TÉCNICOS, SUS ACCESORIOS, MATERIALES Y REPUESTOS DESTINADOS A LA EXPLORACIÓN DE PETRÓLEO – Vigencia y aplicación al tema del literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992 / FRANQUICIAS ARANCELARIAS – Alcance de los artículos 9-1 del Decreto 255 de 1992 y 2 del Decreto 260 de 2005. Las exenciones arancelarias que esas normas prevén se refieren a los ramos de la industria del petróleo relacionados con la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos y no a los relativos a la exploración de los mismos que se rige por el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992 / EXENCIÓN DE GRAVÁMENES ARANCELARIOS PARA LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN, TRANSPORTE POR DUCTOS Y REFINACIÓN DE HIDROCARBUROS – Bienes importados a los que se aplica. Solo recae sobre los bienes que se clasifican en las subpartidas arancelarias expresamente señaladas en el artículo 2 del Decreto 260 de 2005
El Decreto 255 de 1º de febrero de 1992, por el que se introducen algunas modificaciones en el Arancel de Aduanas, fue expedido por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 de la Decisión 282 de la CAN, que dispuso que a partir del 31 de marzo de 1991, los países miembros no establecerán nuevas franquicias arancelarias que vulneren los compromisos arancelarios subregionales. En el artículo 8 de ese decreto se dispuso que “[s]alvo lo dispuesto en tratados y convenios internacionales, deróganse las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realicen las personas naturales o jurídicas de derecho privado”. De esa derogatoria de exenciones, se exceptuaron, entre otras, la prevista en el literal h) del artículo 9 del citado decreto (…) Es decir, con el artículo 8 del Decreto 255 de 1992 se derogaron las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realizaran las personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero, con el literal h) del artículo 9 de ese mismo decreto se mantuvieron las exenciones arancelarias para la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo, que conforme con el artículo 4 del Decreto 1056 de 1953 – Código de Petróleos- corresponde a uno de los ramos de la industria del petróleo. Posteriormente, con el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se otorgaron franquicias arancelarias para la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en otras actividades diferentes a la exploración de hidrocarburos, en virtud de la autorización de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que mediante la Resolución Nº. 880 de 2 de diciembre de 2004, autorizó por el término de 5 años al Gobierno de Colombia para el “otorgamiento de franquicias arancelarias a la importación de los bienes comprendidos en las subpartidas listadas en el anexo a la presente resolución”. Es preciso mencionar que para la expedición de dicha autorización, la CAN tuvo en cuenta que el Gobierno de Colombia “solicitó autorización para la aplicación de franquicias arancelarias a la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón y de los hidrocarburos, al amparo del inciso b) del artículo 6º de la Decisión 282, alegando que la crisis de orden público que atraviesa Colombia tiene efectos negativos sobre los referidos sectores”; por lo tanto, en palabras de esa misma Secretaría, se “autorizó al Gobierno de Colombia el otorgamiento de franquicias arancelarias por un plazo de 5 años para la importación de bienes correspondientes a 422 subpartidas NANDINA a 8 dígitos, en áreas relacionadas a la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón e hidrocarburos” (…) Esa autorización dio lugar a que se adicionara el Decreto 255 de 1992 con el artículo 9-1, en los siguientes términos: Artículo 1º. Adiciónase el Decreto 255 de 1992 con el siguiente artículo: "Artículo 9-1. Las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”. Artículo 2º. La exención de gravámenes arancelarios para las actividades del sector minero y de hidrocarburos fijados en el presente decreto, será aplicable a las importaciones de las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación, hasta el 31 de diciembre de 2005. [Negrilla y subraya de la Sala].
Conforme con lo anterior, las exenciones arancelarias previstas en el Decreto 260 de 2005 se refieren a los ramos de la industria del petróleo relacionados con la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos, mas no con la de exploración, porque para la importación de bienes dedicados a este ramo se aplica el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, que se reitera, se encuentra vigente y no ha sido objeto de ninguna modificación. Además, se advierte que según el artículo 2 del Decreto 260 de 2005, la exención de gravámenes arancelarios para las actividades de hidrocarburos fijadas en dicho decreto, vale decir, las relacionadas con la explotación, transporte por ductos y refinación, solo se aplica para los bienes importados que se clasifiquen en las subpartidas arancelarias expresamente señaladas en el listado que aparece en el citado artículo, que corresponden a las autorizadas por la CAN con la Resolución Nº 880 de 2 de diciembre de 2004, lo que no se puede hacer extensivo para la exploración, porque el texto de la norma no permite esa interpretación. En iguales términos se refirieron los decretos 4743 de 30 de diciembre de 2005 y 562 de 2 de marzo de 2011, con los que de manera posterior se modificó el Decreto 255 de 1992 y se adicionó el artículo 9-1. En efecto, verificadas las consideraciones tanto de las resoluciones de la CAN Nros. 880 de 2 de diciembre de 2004, 969 de 20 de octubre de 2005 y 1346 de 12 de agosto de 2010, como de los Decretos 260 de 2005, 4743 de 2005 y 562 de 2011 que se expidieron en virtud de la correspondiente autorización de la CAN, no existe lugar a duda de que con estas actuaciones se pretendía favorecer a ciertos ramos de la industria petrolera, que no gozaban de beneficio arancelario para ese entonces, porque solo estaban exentos de arancel los bienes importados con destino a la exploración petrolera; por lo tanto, las previsiones hechas en dichos decretos, respecto de las subpartidas arancelarias a la que aplica la exención, no se hacen extensivas para la importación de bienes destinados a la exploración de petróleo. En conclusión, el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992 se encuentra vigente y mantuvo la exención de gravámenes arancelarios en la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo, beneficio cuyo reconocimiento no está supeditado a que la mercancía importada se encuentre amparada por alguna de las subpartidas arancelarias señaladas en los decretos que adicionaron el artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, entre los que se encuentra el Decreto 4743 de 2005, que se encontraba vigente para la época de los hechos que interesan en este proceso. (…) Observa la Sala que el argumento de la Administración para modificar de manera oficial la declaración de importación tipo modificación, se centró en que la mercancía importada no se encontraba exenta de gravámenes arancelarios porque la subpartida arancelaria por la que se declaró [73.04.29.00.00] no está incluida en el listado del Decreto 4743 de 2005, explicación que, como se analizó con anterioridad, carece de sustento legal, porque la procedencia de la exención arancelaria por la importación de mercancía o bienes destinados para la exploración petrolera no está supeditada a las subpartidas arancelarias señaladas en el Decreto 4743 de 2005, que estableció la exención para ramos de la industria del petróleo diferentes a la exploración, como es el caso de la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos. Así las cosas, los actos administrativos demandados están viciados de nulidad, porque los planteamientos expuestos por la DIAN para sustentar su actuación se originaron en una indebida interpretación de la norma, lo que conduce a su nulidad.
NOTA DE RELATORÍA: Sobre la vigencia de la de la exención arancelaria prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1995 se reitera el criterio expuesto por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencias de 18 de mayo de 2017, radicado 25000-23-37-000-2013-00035-01(21302), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 8 de febrero de 2018, radicado 25000-23-37-000-2013-00247-01(21808), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
CONDENA EN COSTAS – Conceptos que la integran / CONDENA EN COSTAS EN PROCESOS EN LOS QUE SE VENTILE UN INTERES PÚBLICO – Improcedencia / CONDENA EN COSTAS – Reglas análisis conjunto con el numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso / CONDENA EN COSTAS – Improcedencia por falta de prueba de su causación
De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas (…) En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), pues se da prosperidad al recurso interpuesto por la parte demandante y, en consecuencia, se revoca la del inferior y se declara la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento del derecho consecuente. No obstante, la Sala ha precisado que esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en ambas instancias. En consecuencia, no se condena en costas a la demandada, en ambas instancias.
FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 361 / LEY 1564 DE 2012- ARTÍCULO 365
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., primero (1º) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 25000-23-37-000-2012-00129-01(20528)
Actor: HOCOL S.A.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOPS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 31 de julio 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El 2 de octubre de 2008, HOCOL S.A. presentó la declaración de importación, tipo modificación, con el autoadhesivo 14011041661035 que ampara la mercancía descrita como “… TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA (CASING) PARA REVESTIMIENTO DE POZOS PETROLEROS (…)”, que clasificó en la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00 y autoliquidó el arancel en el 0% e IVA del 16% [base $1.485.746.051 x 16% = $237.719.000].
Previa investigación, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá profirió el Requerimiento Especial Aduanero N° 01-03-238-419-434-4 004856 del 21 de septiembre de 2011, en el que propuso a la actora liquidación oficial de corrección de la declaración de importación anterior, por error en la tarifa arancelaria aplicada, pues debió liquidar y pagar una tarifa del 15% de arancel y del 16% de IVA, dado que los productos importados no gozan de la exención arancelaria prevista en el artículo 2º del Decreto 4743 de 2005, que adicionó el Decreto 255 de 1992; además, propuso liquidar la sanción del 10% del valor de los tributos dejados de pagar.
Previa respuesta al requerimiento especial, del declarante autorizado y de la importadora, mediante la Resolución Nº 1-03-241-201-639-01-2199 de 20 de diciembre de 2011, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló la liquidación oficial de corrección, en la que mantuvo las glosas propuestas en el acto previo.
Contra la anterior liquidación, el declarante autorizado y la importadora interpusieron el recurso de reconsideración, que fue desatado mediante la Resolución Nº 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012 de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. DIAN, en el sentido de confirmar la liquidación recurrida.
DEMANDA
HOCOL S.A., en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), formuló las siguientes pretensiones:
1. Que se declaren nulos en todas sus partes los siguientes actos administrativos:
a. Resolución N° 1-03-241-201-639-1-2199 del 20 de diciembre de 2011, de la División de Gestión de Liquidación, de la Dirección Seccional de Aduanas de la (sic) Bogotá, de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la cual se formula liquidación de corrección a la declaración de importación (tipo modificación) con autoadhesivo N° 14011041661035 del 2 de octubre de 2008, presentada por el declarante autorizado AGENCIA DE ADUANAS GAAMA (sic) S.A. NIVEL 1 con NIT N° 890.404.190-5, a nombre del importador HOCOL S.A. con NIT N° 860.072.134-7, por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUANTRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($284.372.000).
b. Resolución N° 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012, de la Dirección de Gestión Jurídica de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos, de la Unidad Administrativa Especial - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por la cual se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra Resolución Resolución (sic) N° 1-03-241-201-639-1-2199 del 20 de diciembre de 2011, de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de la (sic) Bogotá, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, confirmándola en todas sus partes.
2. Si para el tiempo en que se vaya a proferir el fallo de fondo que dé término a este proceso, mi poderdante ha cancelado las sumas de dinero establecidas en las resoluciones anteriores, solicito que se condene a la NACIÓN representada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, a pagar a mi poderdante, a título de restablecimiento del derecho, por concepto de daño emergente, el valor total de las sumas que haya cancelado mi representada por concepto de arancel, IVA, intereses y sanción.
3. Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la NACIÓN – representada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES a pagar a mi poderdante, a título de restablecimiento del derecho, por concepto de daño emergente, el valor correspondiente a la pérdida del poder adquisitivo del peso colombiano, entre la fecha en que se haga efectivo el pago de las sumas indicadas en las resoluciones que se demandan y la fecha en que se verifique el pago a que se refiere la petición segunda.
4. Que también a título de restablecimiento del derecho, como reparación del lucro cesante, si se verifican los puntos 2 y 3 de este acápite, se condene a la NACIÓN representada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, a pagar a mi poderdante, la cantidad que corresponda al valor de los intereses comerciales de las sumas a que se condene por concepto de daño emergente, desde la fecha del pago de la suma indicada en las resoluciones demandadas, hasta la fecha en que se haga efectiva su devolución por parte de la demandada.
5. Que si como consecuencia de la imposición de la sanción propuesta a través de los actos administrativos demandados, se derivan perjuicios materiales y morales posteriores a esta demanda para la sociedad que represento (tales como la suspensión, cancelación o no renovación de su condición de Usuario Aduanero Permanente, el embargo de cuentas, la suspensión de prerrogativas aduaneras, cambiarias, de comercio exterior, etc.) y antes de que se decida de fondo el caso mediante sentencia de esa Honorable Corporación, solicito que se condene a la NACIÓN – representada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, a título de restablecimiento del derecho, a pagar a mi representada las sumas que correspondan y que se avaluarán en su momento, incluido el lucro cesante y el daño emergente, desde el momento de producido el perjuicio hasta la fecha de su pago efectivo a HOCOL S.A., por parte de la entidad demandada.
6. Que se condene en costas a la NACIÓN – representada por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, para el caso en que el fallo que dé término a esta demanda sea favorable a mi representada.
Invocó como disposiciones violadas las siguientes:
Artículo 9 lit. h) y 9.1 del Decreto 255 de 1992
Artículos 3 y 8 del Decreto 3803 de 2006
El concepto de la violación se sintetiza así:
1. Falta de aplicación del artículo 9 literal h) del Decreto 255 de 1992
La tubería importada estaba destinada a ser utilizada en el Pozo exploratorio de Huron. Obtuvo el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía para la importación y la licencia previa por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que le concedió la exención de derechos arancelarios.
La actora se acogió a la exención arancelaria prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, beneficio tributario establecido para la maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la actividad exploratoria. Esta disposición no sujeta la procedencia de la exención a un grupo determinado de mercancías listado en unas específicas subpartidas arancelarias.
El artículo 9 literal h) del Decreto 255 de 1992 está vigente y goza de presunción de legalidad.
2. Indebida aplicación del artículo 9.1 del Decreto 255 de 1992
La exención consagrada en el artículo 9.1 del Decreto 255 de 1992, adicionado por el Decreto 260 de 2005 y modificado por el Decreto 4743 de 2005, vigente para la época, se aplicaba a una lista taxativa de bienes definidos por subpartidas arancelarias.
3. Violación de los artículos 3 y 8 del Decreto 3803 de 2006, por interpretación indebida, por desconocimiento de la licencia previa Nº LIC-20328235-03072008 del Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los actos acusados violan los artículos mencionados al desconocer la función del Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es competente para conceder la exención de los derechos arancelarios a la que accedió al otorgarle la licencia previa a la actora.
4. Para el Ministerio de Industria y Turismo es evidente que la exención de gravámenes arancelarios del art 9 del literal h) del Decreto 255 de 1992 no está restringida a un listado de subpartidas arancelarias.
Al concederle la licencia previa y con esta la exención arancelaria, la importadora no solo estaba amparada en el artículo 9 literal h) del Decreto 255 de 1992 sino en la Circular Externa SOI Nº 022 del 30 de marzo de 1992 y el Manual de Licencia Previa del 2008 del Ministerio de Comercio Exterior.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La UAE DIAN solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:
1. El artículo 9 del Decreto 255 de 1992 dejó vigentes unas exenciones de gravámenes arancelarios, pero limitándolas a las normas legales que las consagraban.
Si bien el Decreto 4743 de 2005 amplió las exenciones arancelarias de que trata el Decreto 255 de 1992, las limitó a un listado de subpartidas arancelarias dentro de la que no está la indicada en la declaración de importación.
Si en gracia de discusión se aceptan los argumentos de la demandante, la mercancía importada por Hocol S.A., no está dentro de las señaladas en el literal e) del artículo 2 del Decreto 1659 de 1964, ni se acreditó que la DIAN le hubiera reconocido la exención mediante resolución.
La declaración de importación a que hacen referencia los actos acusados debió ajustarse a la normativa vigente para la época de la operación de comercio exterior, esto es, a la Resolución 880 de 2004, proferida por la Secretaría General de la Comunidad Andina, y al Decreto 4743 de 2005.
2. Si bien el Decreto 255 de 1992 dispuso que continuarían vigentes unas exenciones de gravámenes arancelarios, lo cierto es que ninguna norma anterior establecía exenciones arancelarias para el sector privado.
Se equivoca la actora al considerar que las exenciones señaladas en el Decreto 255 de 1992 únicamente están limitadas a que la mercancía sea destinada a la actividad exploratoria, toda vez que la exenciones son de creación legal, expresas y taxativas, sin que puedan extenderse a sujetos o hechos no previstos en la ley, ni pueden aplicarse por analogía.
La Resolución 880 de 2004 de la Secretaría General de la Comunidad Andina autorizó al Gobierno de Colombia para otorgar franquicias arancelarias para el sector de los hidrocarburos, siempre que la subpartida arancelaria fuera de las taxativamente listadas en el anexo y que la mercancía fuera importada por un ente gubernamental o por empresas que realizaran en forma directa las actividades allí previstas.
El Decreto 4743 de 2005, que adicionó el Decreto 255 de 1992, vigente para el momento de presentación de la declaración de importación, corregida por los actos demandados, no incluye la subpartida 73.04.29.00.00 como exenta, por lo que no goza del beneficio arancelario.
Dado que la mercancía importada no gozaba de dicha exención debía liquidar y pagar el arancel a la tarifa del 15%.
La única forma acceder a la exención del gravamen arancelario para la mercancía importada por las empresas del sector minero es la contemplada en el artículo 9.1 del Decreto 255 de 1992, adicionado por el Decreto 260 de 2005, y modificado por el Decreto 4743 de 2005, que limita la exención al listado de subpartidas arancelarias dentro de las que no está la 73.04.29.00.00.
3. El Decreto 3803 de 2006 no establece que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sea el encargado de otorgar exenciones arancelarias.
La DIAN es la competente para adelantar investigaciones y desarrollar controles para asegurar el efectivo cumplimiento de las leyes aduaneras, en virtud de lo que puede verificar la exactitud de las declaraciones, documentos soporte y otros informes.
En cumplimiento de sus funciones, la DIAN adelantó la investigación en la que encontró que el importador se acogió a la exención prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, pero no tenía derecho al beneficio tributario, por lo que profirió la liquidación oficial de corrección, sin que con su actuación haya desconocido las competencias propias del Ministerio de Minas y Energía y del Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ni el principio de la buena fe que se presume en la actividad desarrollada por la demandante.
4. La actora interpretó de manera equivocada la Circular Externa SOI Nº 022 del 30 de marzo de 1992 y el Manual de Licencia Previa del 2008 del Ministerio de Comercio Exterior, por lo siguiente:
El Decreto 1659 de 1964 reglamentó las exenciones de derechos aduaneros de importación para el sector privado y exigió que para acceder a ese beneficio se requería del reconocimiento, mediante resolución de la Dirección General de Aduanas, hoy DIAN. Tales exenciones desaparecieron de la vida jurídica con la expedición del Decreto 193 de 1992.
El artículo 9 del Decreto 255 de 1992 dispuso que continuarían vigentes unas exenciones de gravámenes arancelarios, pero no estableció exenciones arancelarias. Antes del Decreto 193 de 1992 existían unos derechos aduaneros en la importación, diferentes de los gravámenes arancelarios. Con la expedición del Decreto 2685 de 1999, la expresión derechos de aduana se amplió a todo pago que se exija por la importación de mercancías al territorio aduanero nacional.
El Manual de Licencia Previa del 2008 trae la definición de derechos de aduana establecida en el Decreto 2685 de 1999 y fue expedido en vigencia del Decreto 4743 de 2005 que “amplió las exenciones para el sector privado limitándolas al listado de subpartidas en dicho decreto señaladas”, por lo que se desvirtúan los argumentos de la actora.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal negó las súplicas de la demanda. Frente a los cargos propuestos se pronunció en los siguientes términos:
1. Con fundamento en lo previsto en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, adicionado por el Decreto 260 de 2005 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Resolución 880 de 2004, ampliada por la Resolución 969 de 2005 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y el Decreto 4743 de 2005, el Tribunal precisó que la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, por la que fue declarada la mercancía importada no está enunciada en el Decreto 4743 de 2005 como exenta del gravamen arancelario, de lo que infirió, que la actora está obligada al pago del arancel a la tarifa del 15%, establecido en el capítulo 73 del Decreto 4589 de 2006.
2. El Decreto 3803 de 2006 (art. 8) dispone que el Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es responsable de administrar y aplicar el régimen de licencia previa, así como de autorizar las importaciones de mercancías de acuerdo con las políticas de orden macroeconómico que regulan el sector, pero de manera alguna, preceptúa que sea el encargado de otorgar exenciones, toda vez que estas son de creación legal.
En desarrollo de la facultades contenidas en los artículos 469 y 470 del Decreto 2685 de 1989, la DIAN adelantó el proceso administrativo en que fueron proferidos los actos demandados, por los que determinó oficialmente que la exención declarada no se ajusta a la normativa vigente.
3. Con fundamento en la Circular Externa SOI Nº 022 del 30 de marzo de 1992 de la Dirección General del INCOMEX y el Manual de Licencia Previa del 2008 del Ministerio de Comercio Exterior, indicó que la mercancía importada por HOCOL se caracteriza por estar usada y que, por esta razón está sometida a licencia previa, es decir, a que el importador diligencie un formato en el que declara, bajo gravedad de juramento, que los precios, cantidades, unidades y demás detalles suministrados son veraces. Por lo tanto, no es un acto administrativo motivado de reconocimiento de una exención, como lo pretende la actora.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló. Solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo planteado en los cargos que se resumen a continuación:
1. Indebida aplicación del artículo 9.1 del Decreto 255 de 1992
Se equivoca el Tribunal al considerar que los Decretos 260 y 4743 de 2005, frente al Decreto 255 de 1992, unificaron la exención de gravámenes arancelarios para las importaciones de maquinarias, equipos y repuestos tanto para la exploración como para la explotación, mediante el señalamiento de subpartidas arancelarias, por lo siguiente:
La actora se acogió a la exención prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, norma que no sujeta el beneficio a un grupo determinado de mercancías listado en unas específicas subpartidas arancelarias, sino que la establece para esas mercancías, siempre y cuando, estén destinadas a la exploración de hidrocarburos, previo el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía, requisito exigido por el literal e) del artículo 1º del Decreto 1659 de 1964.
El Decreto 255 de 1992, adicionado por los Decretos 260 de 2005 y 4743 de 2005 (art. 9-1), creó una nueva exención de gravámenes arancelarios para actividades diferentes a la exploración de hidrocarburos, al ampliar la exención a otras actividades de la cadena minera, como la explotación y transporte de hidrocarburos a las que se aplica todo el listado de subpartidas que contempló el Decreto 4743 de 2005.
El Tribunal, en la práctica, crea una exención de gravámenes a una serie de bienes que no se utilizan en la exploración de hidrocarburos, lo que generaría una desviación del beneficio tributario en la etapa de exploración.
Dado que la tubería importada por la actora, que se utiliza en la etapa de exploración, no está en el listado en el Decreto 4743 de 2005, la interpretación del Tribunal implicaría quitarle el beneficio tributario al bien que más se utiliza y que es vital en la exploración de hidrocarburos.
La cartilla de Licencia Previa del 2008 y la Circular Única 50 de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informan que la exención consagrada en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992 está vigente para la maquinaria, equipos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o petróleos, para lo que se requiere el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía.
No es cierto, que los Decretos 260 y 4743 de 2005 unificaron los tratamientos preferenciales para las importaciones de maquinarias, equipos y repuestos tanto para la exploración como para la explotación, mediante le señalamiento de subpartidas arancelaras.
Concluyó que “las exenciones de gravámenes arancelarios para la actividad de exploración están consagradas en el Decreto 255 de 1992, artículo 9 literal h) y las exenciones para la actividad de explotación y transporte estaban consagradas en los decretos 260 y 4743 de 2005, por lo tanto no se pueden aplicar por analogía las subpartidas señaladas para la procedencia de la exención de gravámenes arancelarios de la maquinaria y equipo destinados a la actividad de producción o explotación, para la maquinaria o equipos que se importen destinadas a la actividad de exploración, así el equipo pueda ser usado en las dos actividades”.
2. Violación de los artículos 3 y 8 del Decreto 3803 de 2006 por interpretación indebida por desconocimiento de la licencia previa Nº LIC-20328235-03072008 del Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
La actora actuó amparada en la exención prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992. Obtuvo el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía para la importación de la tubería en cuestión, que es el encargado de verificar las especificaciones y destinación de la mercancía, conforme al inciso 3 del literal e) del artículo 2 del Decreto 1659 de 1964. Además, la actora obtuvo la aprobación de la licencia previa con exención por parte del Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el encargado de reconocer, para una determinada importación, si procede o no la exención.
En la nacionalización de mercancías, la DIAN verifica la correcta liquidación de los tributos aduaneros, para lo cual, en el caso, debió tener en cuenta si HOCOL gozaba de la exención, para el efecto, verificar que la mercancía introducida al país corresponde a la descrita en la licencia previa, si coincide “no puede desconocer las facultades del Comité de Importaciones ni el acto administrativo particular y concreto contenido en la licencia previa”, acto particular que para ser revocado se requeriría del consentimiento del afectado.
3. Para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es evidente que la exención de gravámenes arancelarios del art. 9 del literal h) del Decreto 255 de 1992, no está restringida a un listado de subpartidas arancelarias.
El artículo 3 del Decreto 3803 de 2006 prevé los casos en los que es obligatoria la licencia previa. En el presente asunto para expedir la licencia previa concurrieron tres causales, a saber: (i) tratarse de una importación no reembolsable, es decir, que no generó giro de divisas al exterior, (ii) operación de comercio exterior exenta de gravámenes arancelarios, por lo que requería y obtuvo el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía y (iii) es mercancía usada, por lo que el Comité de Importaciones debió consultar la existencia o no de producción nacional registrada del bien a importar para su otorgamiento.
El Ministerio de Minas y Energía comprobó que el pozo Hurón, al que estaba destinada la tubería importada es de naturaleza exploratoria, por lo que le otorgó el visto bueno mediante la forma 4CR, según indica la casilla 28 de la licencia previa N° LIC-20328235-03072008.
Al decidir, el Tribunal no tuvo en cuenta el inciso 3 del literal e) del artículo 2 del Decreto 1659 de 1964 ni la Circular Única 50 de 2012.
4. Destinación de los equipos amparados en la Declaración de Importación de modificación N° 14011041661035 del 2 de octubre del 2008
La declaración de importación modificada por los actos acusados ampara tubería de acero sin costura casing para revestimiento destinada al pozo exploratorio de Hurón, hecho no discutido en el proceso. Por lo tanto, goza de la exención prevista en el artículo 9 literal h) del Decreto 255 de 1992.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
La demandante insistió en los planteamientos en que sustentó el recurso de apelación.
La demandada indicó que en Colombia han existido exenciones arancelarias para las mercancías destinadas a la exploración y explotación de hidrocarburos, como el Plan Vallejo. Luego, el Decreto 255 de 1992 estableció la exención para mercancías clasificables por subpartidas arancelarias específicas. Y, las Resoluciones 880 de 2004 y 969 de 2006 de la Secretaría General de la Comunidad Andina autorizaron al Gobierno Nacional para otorgar franquicias arancelarias a la importación de los bienes comprendidos en las subpartidas arancelarias listadas en los anexos de dichas resoluciones.
En el caso, la demandante no cumple los requisitos exigidos, por cuanto la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, por la que clasificó la mercancía importada, no está listada en los mencionados anexos ni en el Decreto 4743 de 2005.
Así, al declarar la mercancía como exenta del arancel, la actora liquidó y pagó un menor valor de los tributos de lo que realmente debía pagar, por lo que es procedente exigirle el pago de los tributos dejados de pagar, tal como se determinó en los actos acusados.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cuestión previa
El 3 de agosto de 2017, la Sala, conformada por los Consejeros de Estado Milton Chaves García y Jorge Octavio Ramírez Ramírez y el Conjuez Héctor J. Romero Díaz, designado para integrar el quorum decisorio, declaró fundado el impedimento manifestado por la Consejera de Estado Stella Jeannette Carvajal Basto para conocer de este proceso. Sin embargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 del CPACA, en el momento de proferir esta providencia existe quórum para decidir el asunto, por lo que es innecesaria la intervención de Conjuez.
En el caso, se controvierte si son nulas o no las Resoluciones Nº 1-03-241-201-639-01-2199 de 20 de diciembre de 2011 de la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, por la que formuló liquidación oficial de corrección a la declaración de importación con el autoadhesivo 14011041661035 del 2 de octubre de 2008 que ampara la mercancía descrita como “… TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA (CASING) PARA REVESTIMIENTO DE POZOS PETROLEROS (…)” y la Resolución Nº 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012 de la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. DIAN, que confirmó la liquidación anterior, al desatar los recursos de reconsideración interpuestos por el declarante autorizado y por la importadora.
En los términos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si la actora es beneficiaria de la exención arancelaria prevista en el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992. En caso afirmativo, estudiar si el reconocimiento de dicha exención está supeditado a la clasificación de los bienes importados en alguna de las subpartidas arancelarias previstas en los decretos que adicionaron el artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, o, si esa condición se aplica de manera exclusiva para las exenciones amparadas en dichos decretos. Además, si el otorgamiento de la licencia de importación por parte del Comité de Importaciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el visto bueno del Ministerio de Minas y Energía imposibilita a la DIAN para ejercer su facultad de fiscalización sobre los tributos aduaneros de los bienes importados.
En oportunidad anterior, en que se discutió un asunto similar, la Sala se pronunció, en los siguientes términos, que ahora se reiteran.
1. La exención arancelaria para la exploración de hidrocarburos
El Decreto 255 de 1º de febrero de 1992, por el que se introducen algunas modificaciones en el Arancel de Aduanas, fue expedido por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 2 de la Decisión 282 de la CAN, que dispuso que a partir del 31 de marzo de 1991, los países miembros no establecerán nuevas franquicias arancelarias que vulneren los compromisos arancelarios subregionales.
En el artículo 8 de ese decreto se dispuso que “[s]alvo lo dispuesto en tratados y convenios internacionales, deróganse las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realicen las personas naturales o jurídicas de derecho privado”.
De esa derogatoria de exenciones, se exceptuaron, entre otras, la prevista en el literal h) del artículo 9 del citado decreto, en los siguientes términos:
ARTÍCULO 9º. Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior y por consiguiente continuarán exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones las siguientes importaciones:
a) […]
h) La maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de minas o a la exploración de petróleo;
[…] [Negrilla y subraya de la Sala].
Es decir, con el artículo 8 del Decreto 255 de 1992 se derogaron las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realizaran las personas naturales o jurídicas de derecho privado, pero, con el literal h) del artículo 9 de ese mismo decreto se mantuvieron las exenciones arancelarias para la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo, que conforme con el artículo 4 del Decreto 1056 de 1953 – Código de Petróleos- corresponde a uno de los ramos de la industria del petróleo.
Posteriormente, con el Decreto 260 de 7 de febrero de 2005 se otorgaron franquicias arancelarias para la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en otras actividades diferentes a la exploración de hidrocarburos, en virtud de la autorización de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que mediante la Resolución Nº. 880 de 2 de diciembre de 2004, autorizó por el término de 5 años al Gobierno de Colombia para el “otorgamiento de franquicias arancelarias a la importación de los bienes comprendidos en las subpartidas listadas en el anexo a la presente resolución”.
Es preciso mencionar que para la expedición de dicha autorización, la CAN tuvo en cuenta que el Gobierno de Colombia “solicitó autorización para la aplicación de franquicias arancelarias a la importación de mercancías destinadas a ser utilizadas en la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón y de los hidrocarburos, al amparo del inciso b) del artículo 6º de la Decisión 282, alegando que la crisis de orden público que atraviesa Colombia tiene efectos negativos sobre los referidos sectores”; por lo tanto, en palabras de esa misma Secretaría, se “autorizó al Gobierno de Colombia el otorgamiento de franquicias arancelarias por un plazo de 5 años para la importación de bienes correspondientes a 422 subpartidas NANDINA a 8 dígitos, en áreas relacionadas a la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón e hidrocarburos” [Subraya de la Sala].
Esa autorización dio lugar a que se adicionara el Decreto 255 de 1992 con el artículo 9-1, en los siguientes términos:
Artículo 1º. Adiciónase el Decreto 255 de 1992 con el siguiente artículo:
"Artículo 9-1. Las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos”.
Artículo 2º. La exención de gravámenes arancelarios para las actividades del sector minero y de hidrocarburos fijados en el presente decreto, será aplicable a las importaciones de las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación, hasta el 31 de diciembre de 2005. [Negrilla y subraya de la Sala].
Conforme con lo anterior, las exenciones arancelarias previstas en el Decreto 260 de 2005 se refieren a los ramos de la industria del petróleo relacionados con la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos, mas no con la de exploración, porque para la importación de bienes dedicados a este ramo se aplica el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992, que se reitera, se encuentra vigente y no ha sido objeto de ninguna modificación.
Además, se advierte que según el artículo 2 del Decreto 260 de 2005, la exención de gravámenes arancelarios para las actividades de hidrocarburos fijadas en dicho decreto, vale decir, las relacionadas con la explotación, transporte por ductos y refinación, solo se aplica para los bienes importados que se clasifiquen en las subpartidas arancelarias expresamente señaladas en el listado que aparece en el citado artículo, que corresponden a las autorizadas por la CAN con la Resolución Nº 880 de 2 de diciembre de 2004, lo que no se puede hacer extensivo para la exploración, porque el texto de la norma no permite esa interpretación.
En iguales términos se refirieron los decretos 4743 de 30 de diciembre de 2005 y 562 de 2 de marzo de 2011, con los que de manera posterior se modificó el Decreto 255 de 1992 y se adicionó el artículo 9-1.
En efecto, verificadas las consideraciones tanto de las resoluciones de la CAN Nros. 880 de 2 de diciembre de 2004, 969 de 20 de octubre de 2005 y 1346 de 12 de agosto de 2010, como de los Decretos 260 de 2005, 4743 de 2005 y 562 de 2011 que se expidieron en virtud de la correspondiente autorización de la CAN, no existe lugar a duda de que con estas actuaciones se pretendía favorecer a ciertos ramos de la industria petrolera, que no gozaban de beneficio arancelario para ese entonces, porque solo estaban exentos de arancel los bienes importados con destino a la exploración petrolera; por lo tanto, las previsiones hechas en dichos decretos, respecto de las subpartidas arancelarias a la que aplica la exención, no se hacen extensivas para la importación de bienes destinados a la exploración de petróleo.
En conclusión, el literal h) del artículo 9 del Decreto 255 de 1992 se encuentra vigente y mantuvo la exención de gravámenes arancelarios en la importación de maquinaria, equipos técnicos, sus accesorios, materiales y repuestos destinados a la exploración de petróleo, beneficio cuyo reconocimiento no está supeditado a que la mercancía importada se encuentre amparada por alguna de las subpartidas arancelarias señaladas en los decretos que adicionaron el artículo 9-1 del Decreto 255 de 1992, entre los que se encuentra el Decreto 4743 de 2005, que se encontraba vigente para la época de los hechos que interesan en este proceso.
El caso concreto
Está probado que el 2 de octubre de 2008, el declarante autorizado, SIA ADUANAS GAMA S.A., presentó la declaración de importación (tipo modificación) con autoadhesivo Nº 14011041661035, a nombre del importador HOCOL S.A, respecto de la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, correspondiente a “… TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA (CASING) PARA REVESTIMIENTO DE POZOS PETROLEROS (…)”, en la que se liquidó $237.719.000 por IVA (16%) y $0 por arancel.
En los actos administrativos demandados, la Administración corrigió la anterior declaración de importación al encontrar que se incurrió en error en la tarifa arancelaria, puesto que la operación de comercio exterior está gravada con un arancel del 15%, de acuerdo con lo señalado en el Arancel de Aduanas para la subpartida 73.04.29.00.00.
En el proceso no se cuestionó su destino –exploración petrolera-, ni que la sociedad importadora se dedicara de manera directa a las actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte o refinación de productos de la industria del carbón y los hidrocarburos, motivo por el cual, estos aspectos no son objeto de análisis.
Observa la Sala que el argumento de la Administración para modificar de manera oficial la declaración de importación tipo modificación, se centró en que la mercancía importada no se encontraba exenta de gravámenes arancelarios porque la subpartida arancelaria por la que se declaró [73.04.29.00.00] no está incluida en el listado del Decreto 4743 de 2005, explicación que, como se analizó con anterioridad, carece de sustento legal, porque la procedencia de la exención arancelaria por la importación de mercancía o bienes destinados para la exploración petrolera no está supeditada a las subpartidas arancelarias señaladas en el Decreto 4743 de 2005, que estableció la exención para ramos de la industria del petróleo diferentes a la exploración, como es el caso de la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos.
Así las cosas, los actos administrativos demandados están viciados de nulidad, porque los planteamientos expuestos por la DIAN para sustentar su actuación se originaron en una indebida interpretación de la norma, lo que conduce a su nulidad.
En estas condiciones, la Sala se releva del estudio de los demás argumentos propuestos en el recurso de apelación y, en consecuencia, se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, con fundamento en el inciso 3 del artículo 187 del CPACA que permite al juzgador estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas, se declara la nulidad de la Resolución Liquidación Oficial Nº 1-03-241-201-639-01-2199 de 20 de diciembre de 2011 y de la Resolución Nº 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012 que la confirmó y, en consecuencia, se declara en firme la declaración de importación –tipo modificación- con autoadhesivo Nº 14011041661035 de 2 de octubre de 2008.
En cuanto a las pretensiones de reconocimiento de perjuicios morales y materiales por daño emergente y lucro cesante, contenidas en los numerales 2, 3, 4 y 5, transcritas en la página 3 de esta providencia, la Sala no accede a su reconocimiento toda vez que no se encontró elemento de prueba que demuestre que la actora pagó suma alguna por el concepto a que se refieren los actos aquí anulados.
Condena en costas
En relación con las costas, la Sala precisa lo siguiente:
De acuerdo con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.
Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:
“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
“Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.
“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por partes iguales entre ellos.
“7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
“8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.
“9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.” (Se destaca)
En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), pues se da prosperidad al recurso interpuesto por la parte demandante y, en consecuencia, se revoca la del inferior y se declara la nulidad de los actos acusados y el restablecimiento del derecho consecuente.
No obstante, la Sala ha precisado que esta circunstancia debe analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen la condena en costas en ambas instancias. En consecuencia, no se condena en costas a la demandada, en ambas instancias.
Las razones anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada. En su lugar, se anulan los actos demandados, a título de restablecimiento del derecho, se declara en firme la declaración de importación –tipo modificación- con autoadhesivo Nº 14011041661035 de 2 de octubre de 2008. En lo demás, se niegan las pretensiones de la demanda.
Además, no se condena en costas a la demandada, en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia proferida el 31 de julio de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”. En su lugar, se dispone:
1. ANULAR la Resolución Liquidación Oficial Nº 1-03-241-201-639-01-2199 de 20 de diciembre de 2011 y la Resolución Nº 1-00-223-10050 de 16 de abril de 2012 que la confirmó.
2. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR en firme la declaración de importación –tipo modificación - con autoadhesivo Nº 14011041661035 de 2 de octubre de 2008, presentada por el declarante autorizado SIA ADUANAS GAMA S.A. a nombre del importador HOCOL S.A, que amparó la mercancía clasificada por la subpartida arancelaria 73.04.29.00.00, importada con destino a la exploración petrolera.
3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.
4. NO CONDENAR en costas a la demandada, en ambas instancias.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ
La declaración fue presentada por SIA ADUANAS GAMA S.A. (hoy AGENCIA DE ADUANAS GAMA S.A. NIVEL 1), declarante autorizado. Fl. 48 c.a. Fl. 75 c.a. Fl. 86 y 109 c.a. Fl. 150 c.a. Fls 160 y 193 c.a. V. fls. 160 y 177 c.a. Fl. 125 c.a. Fl. 441 c.p. Con informe secretarial del 9 de noviembre de 2017, se allegó la certificación de la Sala que acepta la renuncia del doctor Héctor J. Romero Díaz a la designación de Conjuez de la Sección (fls. 443 a 446 c.p.). Sentencia del 18 de mayo de 2017, Exp. 250002337000-2013-00035-01 [21302], Actor: CEPSA COLOMBIA S. A. – CEPCOLSA, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, reiterada en fallo del 8 de febrero de 2018, Exp. 21808. En el caso de entidades gubernamentales, en el artículo 2 del Decreto 2184 de 1990 se previó que“[s]alvo lo dispuesto en tratados y convenios internacionales, deróganse las exenciones de gravámenes arancelarios otorgadas a las importaciones que realicen: La Nación, los departamentos, las intendencias, las comisarías, los municipios, el Distrito Especial de Bogotá y las entidades descentralizadas de los órdenes nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal y distrital”. Sin embargo, en el artículo 3 de ese mismo decreto se señaló lo siguiente: “[e]xceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior y por consiguiente continuarán exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones, las siguientes importaciones: […]/ c) Las que efectúen la Nación y las entidades mencionadas en el artículo 2° de este Decreto, que se dediquen a la minería o a los hidrocarburos o a la prestación de servicios de salud pública o educación o comercialización de alimentos”. Derogado por el artículo 13 del Decreto 255 de 1992./ Con el artículo 7 del Decreto 255 de 1992, se exceptuó de lo previsto en el artículo 2 del Decreto 2184 de 1990 y, por consiguiente, “continuarán exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas legales que consagran y regulan estas exenciones”, entre otras, “[l]as que efectúen la Nación o las entidades mencionadas en el artículo 2º del Decreto 2184 de 1990, que se dediquen a la prestación de servicios de salud pública, educación, comercialización de alimentos o a la exploración de minería o de hidrocarburos” [literal b]/ Posteriormente, con el artículo 1 del Decreto 4123 de 2004, se modificó el literal b) del artículo 7 del Decreto 255 de 1992, por lo que continuaban exentas de gravámenes arancelarios, en los términos señalados en las normas que las consagran y regulan las exenciones, “[l]as que efectúe la Nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas por servicios que se dediquen a la prestación de servicios de salud pública, educación, comercialización de alimentos, o la exploración y explotación de minería y de hidrocarburos” [Destaca la Sala]. Artículo 23 del Código de Petróleos. “[…] Por exploración se entiende el conjunto de trabajos geológicos superficiales y los de perforación con taladro tendiente a averiguar si los terrenos materia de la concesión contienen o no petróleo en cantidades comercialmente explotable”.
“Artículo 4. Declárase de utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de exploración, explotación, refinación, transporte y distribución. […]”. Por medio del cual se adiciona el Decreto 255 del 11 de febrero de 1992 y se dictan otras disposiciones. Conforme con el artículo 5 “El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2005”. Publicado en el Diario Oficial año CXL, Nro. 45816 de 8 de febrero de 2005. Conforme a la Decisión 282 de 21 de marzo de 1991 de la CAN, sobre armonización de franquicias arancelarias, para los efectos de esa decisión, “se entiende por franquicias arancelarias, los distintos regímenes que permiten el despacho a consumo con la exención, rebaja o devolución de los gravámenes arancelarios respectivos.
Por despacho a consumo se entiende el régimen aduanero en virtud del cual las mercancías importadas pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero” [art. 1]. En los considerandos de la Resolución 1346 de 12 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por la que se resolvió “[e]xtender la vigencia de la autorización concedida al Gobierno de Colombia para el otorgamiento de franquicias arancelarias, otorgada mediante Resoluciones 880 y 969, por 5 años adicionales, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, para los bienes señalados en el Anexo adjunto”, se expuso que con la Resolución 880 de 2004 se autorizó al Gobierno de Colombia el otorgamiento de franquicias arancelarias por un plazo de 5 años para la importación de bienes correspondientes a 422 subpartidas NANDINA a 8 dígitos, en áreas relacionadas a la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón e hidrocarburos. Así se expuso en los considerandos de la Resolución 1346 de 12 de agosto de 2010, de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por la que se resolvió “[e]xtender la vigencia de la autorización concedida al Gobierno de Colombia para el otorgamiento de franquicias arancelarias, otorgada mediante Resoluciones 880 y 969, por 5 años adicionales, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, para los bienes señalados en el Anexo adjunto”. Artículo 1º. Adiciónase el Decreto 255 de 1992 con el siguiente artículo:/ "Artículo 9.1. Las exenciones arancelarias de que trata el literal h) del artículo 9º del presente decreto, serán aplicables a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos". [Negrilla de la Sala]./ Artículo 2º. Para efectos de lo previsto en el artículo 9.1 del Decreto 255 de 1992, la exención de gravámenes arancelarios para las actividades del sector minero y de hidrocarburos fijados en el presente decreto, será aplicable a las importaciones de las subpartidas arancelarias relacionadas a continuación, por un término de cinco años./ […]”
Artículo 1°. Adiciónase el Decreto 255 de 1992 con el siguiente artículo./ "Artículo 9.1. Establecer una exención del 50% de la tarifa vigente del gravamen arancelario, aplicable a las importaciones de maquinaria, equipos y repuestos destinados a la explotación, beneficio, transformación y transporte de la actividad minera y a la explotación, transporte por ductos y refinación de hidrocarburos" [Negrilla de la Sala]. Entre otras, en esta resolución se expusieron las siguientes consideraciones:/ “Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación 2-2005-012043, recibida por la Secretaría General el pasado 11 de abril, solicitó autorización para la aplicación de franquicias arancelarias a la importación para un grupo de bienes destinados a ser utilizados en la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón y de los hidrocarburos./ Dicha solicitud atendería la petición presentada por el sector minero para que se modifique el Decreto 260 de 2005, incluyendo subpartidas adicionales a la lista de productos contenida en tal disposición;/ Que, el Gobierno de Colombia, mediante comunicación 2-2005-015851, recibida por la Secretaría General el pasado 19 de abril, amplió su solicitud de autorización para la aplicación de franquicias arancelarias a la importación para un grupo de bienes destinados a ser utilizados en la cadena productiva de la minería, en particular la extracción y transporte de carbón y de los hidrocarburos” [Se subraya].
“Ampliación de plazo por el cual se autorizan franquicias arancelarias al amparo de las resoluciones 880 y 969”. Fl. 48 del c.a. Sentencia de 13 de julio de 2017, Exp. 21188. C.P. Milton Chaves García.
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