Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01530-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Acción de tutela contra providencia judicial
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01530-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-01530-01
Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate
31 de octubre de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR EXISTENCIA DE OTRO MECANISMO DE DEFENSA / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECURSO DE REPOSICIÓN / RECURSO DE APELACIÓN - Mecanismo judicial idóneo y eficaz / OMISIÓN EN LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ORDINARIOS
De las pruebas obrantes en la foliatura se advierte que únicamente se interpuso recurso de reposición contra la providencia del 15 de marzo de 2018, que contenía un pronunciamiento idéntico a aquellos que había realizado el Tribunal accionado en anteriores oportunidades por solicitudes iguales y sobre los cuales la parte ejecutante no había interpuesto los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Cabe destacar que la misma solicitud se reiteró en varias ocasiones y, en todas ellas, la autoridad dictó providencias en relación con las cuales contaba con la posibilidad de interponer los recursos de reposición y de apelación, este último al tenor de lo dispuesto por el numeral 8º del artículo 321 del Código General del Proceso, (...) las solicitudes encaminadas a la inaplicación del principio de inembargabilidad debieron ser expuestas a través de los recursos correspondientes en contra del auto del 24 de agosto de 2017, en el que se decretó inicialmente la medida cautelar, y no a través de los distintos requerimientos que presentó posteriormente y que fueron resueltos negativamente, sin que tampoco fueran objeto de recurso alguno. (...) la Sala advierte que, por su propia incuria, la parte accionante dejó vencer el término con el cual contaba para interponer los mecanismos de defensa judicial que el legislador puso a su disposición, no obstante que pretendió revivirlo, con la presentación de varias solicitudes en el mismo sentido, sin que le sea dable en sede de tutela alegar el desconocimiento de sus derechos fundamentales. (...) la parte actora contó en su oportunidad con otros mecanismos judiciales idóneos para la protección de sus derechos fundamentales, esto en consideración a que no interpuso los recursos de reposición y apelación que resultaban procedentes.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 2 - INCISO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 321 - NUMERAL 8 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 594 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 / DECRETO 1069 DE 2015
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01530-01(AC)
Actor: EUGENIO MARTÍN MURGAS SUARITH
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Asunto: Acción de tutela – fallo de segunda instancia – revoca la sentencia que concedió el amparo constitucional para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción por no concurrir el requisito de subsidiariedad.
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Presidenta del Tribunal Administrativo del Cesar –, contra el fallo del 5 de julio de 2018, por medio del cual el Consejo de Estado – Sección Cuarta amparó el derecho fundamental al debido proceso del actor.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
1.1. Mediante escrito radicado el 9 de mayo de 2018 , el señor Eugenio Martín Murgas Saurith, obrando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y la protección del principio de seguridad jurídica.
1.2. La parte actora consideró vulnerados tales derechos y principio “ante la configuración de una DECISIÓN ILEGÍTIMA dentro de proceso ejecutivo distinguido con radicado 2010-00042, seguido en contra de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN”
1.3. En forma concreta, censuró las decisiones proferidas por la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Cesar el 7 de diciembre de 2017, 15 de marzo y 26 de abril de 2018, por medio de las cuales la autoridad judicial negó la petición de extender los embargos a cuentas del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación que, de acuerdo con la Constitución Política, las leyes especiales sobre el tema y el artículo 594 del Código General del Proceso son inembargables, en aplicación de la excepción contemplada por la Corte Constitucional, en relación con obligaciones contenidas en fallos judiciales.
1.4. Pretensiones
A título de amparo constitucional, solicitó que “se ordene al Tribunal Administrativo del Cesar, representado por el despacho de la Magistrada DORIS PINZÓN AMADO, proferir una nueva providencia de embargo, teniendo en cuenta las consideraciones aplicables por vía de excepción para decretar medidas cautelares sin oponer la inembargabilidad al cumplimiento de las mismas.”
1.5. Sustento de la solicitud de amparo
1.5.1. A juicio del actor, la autoridad accionada incurrió en defecto sustantivo, al aplicar de manera absoluta el principio de inembargabilidad, contenido en el artículo 594 del Código General del Proceso, “y como consecuencia de ello procedió a negar el embargo de los bienes inembargables de la Fiscalía General de la Nación.”
1.5.2. Sustentó el defecto referido, en la segunda excepción a la regla de inembargabilidad de recursos del Estado, prevista por la Corte Constitucional, en las sentencias C-1154 de 2008, C-543 de 2013 y C-313 de 2014, que se refiere a créditos provenientes de sentencias judiciales.
1.5.3. Citó igualmente, como desconocidas, las providencias dictadas por el Consejo de Estado en los radicados 08001-23-31-000-2007-00112-02 (3679-2014) y 11001-03-15-000-2017-01581-00.
1.5.4. Alegó que, la Corte Constitucional, en sentencia C-354 de 1997, realizó el estudio de constitucionalidad del artículo 19 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en relación con el cual concluyó que existe la posibilidad de embargar recursos del presupuesto de la entidad pública demandada, señalando que ello procedía para el pago de sentencias judiciales o conciliaciones.
2. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
2.1. Los señores Luis Alejandro López Araújo, Alfredo Santander López, Leda Beatriz Araújo de López, Martha Beatriz López, Heardley A. López Araújo, Freddy Alberto López e Ildemaro de Jesús López Mier, presentaron demanda ejecutiva contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se librara mandamiento de pago por la sumas de dinero que corresponden a la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 6 de septiembre de 2012 , obligaciones que fueron conciliadas entre las partes en un valor equivalente al cincuenta y cinco por ciento (55%) de la condena, según acuerdo aprobado el 30 de mayo de 2013.
2.2. El Tribunal Administrativo del Cesar libró mandamiento de pago, según auto del 26 de mayo de 2017, por valor de $38.922.736.10, más los intereses causados desde el 30 de mayo de 2013 hasta la fecha del pago efectivo de la obligación, proceso en el que se profirió sentencia que negó las excepciones propuestas por la entidad demandada y ordenó continuar la ejecución , encontrándose en firme la liquidación del crédito, la cual fue aprobada, en proveído del 1º de febrero de 2018, por valor de $87.015.382.52.
2.3. En el trámite del proceso, los derechos crediticios de la parte actora fueron cedidos al señor Eugenio Martin Murgas Suarith quien, en consecuencia, se subrogó en la calidad de acreedor, para efectos del proceso ejecutivo, siendo reconocido como tal, según consta en la audiencia inicial llevada a cabo el 16 de noviembre de 2017.
2.4. En cuaderno separado se tramitaron las medidas cautelares, habiéndose dictado el auto del 24 de agosto de 2017, por medio del cual la Magistrada Ponente del Tribunal Administrativo del Cesar decretó “el embargo y retención de los dineros a cargo de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que no pertenezcan a bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, y en el artículo 594 del Código General del Proceso y que no sean de destinación específica, embargo que se limita a la suma de cincuenta millones de pesos ($50.000.000).” (Negrillas incluidas en el texto transcrito)
El referido auto fue notificado por estado del 25 de agosto de 2017, sin que se interpusiera recurso alguno.
2.5. Mediante escrito radicado el 6 de octubre de 2017, el apoderado judicial de la parte actora solicitó requerir a los gerentes de las entidades financieras para que dieran cumplimiento a la orden de embargo proferida por el Tribunal, haciendo claridad que el crédito objeto de ejecución proviene de una sentencia judicial que cobró ejecutoria el 12 de junio de 2013 “y que la misma goza de la segunda excepción de inembargabilidad de los recursos del Estado”.
2.6. La referida solicitud fue resuelta mediante auto interlocutorio del 7 de diciembre de 2017, que la negó, por considerar que si bien era procedente acceder a la solicitud de medidas cautelares, tal como se había hecho en auto del 24 de agosto de 2017, por pretenderse la efectividad de una condena impuesta mediante orden judicial, esta medida no podía extenderse a los bienes inembargables y, en especial, a los recursos con destinación específica, en la medida en que esto último únicamente procedía frente a créditos laborales.
Esta providencia fue notificada por estado del 11 de diciembre de 2017, habiendo cobrado ejecutoria, por cuanto no se interpuso recurso alguno.
2.7. En memorial radicado el 6 de febrero de 2018, el apoderado de la parte ejecutante solicitó nuevamente que se insistiera ante las entidades financieras frente a las que se habían decretado embargos, “señalándoles la procedencia de la orden de embargo frente a bienes de naturaleza inembargable, por tratarse del pago de una sentencia judicial, de conformidad con el criterio señalado por la H. Corte Constitucional en las sentencias C-543 de 2013 y C-1154 de 2008; en consecuencia se debe advertir a los Gerentes bancarios que NO se abstengan de practicar la medida cautelar sobre dineros que provengan del Sistema General de Participaciones, Transferencias de la Nación y de las Rentas incorporadas al Presupuesto General de la Nación.”
2.8. El despacho ponente se pronunció sobre la anterior solicitud, en providencia del 15 de febrero de 2018, negando la petición, con fundamento en que en el auto interlocutorio proferido el 7 de diciembre de 2017 se indicaron los argumentos que sustentaron la decisión de no acceder a la petición presentada por la parte actora “la cual es reiterada en esta oportunidad, sin variar sustancialmente las motivaciones, razón por la cual se atendrá este Despacho a lo resuelto en la aludida providencia.”
El auto en cuestión fue notificado por estado del 16 de febrero de 2018, sin que se presentara recurso alguno.
2.9. Nuevamente la parte actora solicitó el decreto de embargos sobre sumas de dinero depositadas en cuentas de la entidad pública demandada, insistiendo en que debían extenderse a los dineros que en principio son inembargables, por provenir de una condena judicial y encontrarse, en consecuencia, incluidos en la segunda excepción de inembargabilidad a que ha hecho referencia la Corte Constitucional, referida a las condenas judiciales.
2.10. La petición fue resuelta en providencia del 15 de marzo de 2018, en la que se decretaron los embargos sobre las cuentas solicitadas por la parte actora, aclarando que “solo podrá recaer sobre dineros que no pertenezcan a bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, y en el artículo 594 del Código General del Proceso y que no sean de destinación específica”.
2.11. Contra la anterior decisión, la parte actora interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto en auto del 26 de abril de 2018 que confirmó en todas sus partes la providencia objeto del recurso, reiterando las consideraciones expuestas en los pronunciamientos anteriores sobre el mismo aspecto, en especial las contenidas en el auto del 7 de diciembre de 2017.
3. Actuaciones procesales relevantes
3.1. Admisión de la demanda
3.1.1. Mediante auto del 21 de mayo de 2018, el Consejero Ponente de la Sección Cuarta de esta Corporación admitió la demanda de tutela, ordenó notificar al demandante y a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar.
3.1.2. Asimismo, ordenó notificar al Fiscal General de la Nación, como tercero interesado en las resultas del proceso.
3.2. Contestaciones
3.2.1. Informe de la autoridad accionada – Tribunal Administrativo del Cesar
3.2.1.1. La Presidenta de esa corporación pidió que se denegara la solicitud de amparo, petición que fundamentó que las providencias judiciales cuestionadas no vulneraron los derechos fundamentales del actor. Para sostener esa afirmación, reiteró los argumentos expuestos en el auto del 7 de diciembre de 2017, en el que expuso in extenso las razones por las cuales existía un principio de inembargabilidad de recursos públicos, contenido en el artículo 594 del Código General del Proceso.
3.2.1.2. Afirmó que la excepción al principio de inembargabilidad de los recursos corresponde a aquellos eventos en los que se pretenda la ejecución de obligaciones de naturaleza laboral y, en el caso concreto, la deuda proviene de una sentencia dictada en un proceso de reparación directa, por lo que no se pueden dictar medidas de embargo sin las restricciones o limitaciones consagradas en el artículo 594 del Código General del Proceso, situación que se tuvo en cuenta al dictar los autos del 7 de diciembre de 2017, 15 de marzo y 26 de abril de 2018.
3.2.2. Informes de los terceros vinculados – Fiscalía General de la Nación
3.2.2.1. La coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos aclaró que comparece al presente proceso en calidad de tercera, dado el interés que le asiste como demandada en el proceso ejecutivo, pero que no vulneró los derechos fundamentales de la parte accionante.
3.2.2.2. Concretamente, explicó que: i) las decisiones judiciales cuestionadas no fueron proferidas por la Fiscalía General de la Nación, sino por el Tribunal Administrativo del Cesar, que era la autoridad judicial competente, y ii) la parte actora lo que pretendía era reabrir la discusión que fue resuelta en el proceso ejecutivo.
3.3. Sentencia de primera instancia
3.3.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 5 de julio de 2018, amparó el derecho fundamental al debido proceso de la parte actora y, en consecuencia, dejó sin efectos la providencia del 26 de abril de 2018 – que confirmó en sede de reposición el auto de 15 de marzo de la citada anualidad– y ordenó al Tribunal Administrativo del Cesar que, en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la decisión, profiriera una decisión de reemplazo, en el que tenga en cuenta las consideraciones expuestas en el fallo de tutela.
3.3.2. Para arribar a la citada resolutiva, consideró, en primer lugar, que se cumplía con los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, por lo que resultaba procedente estudiar el fondo del asunto.
3.3.3. En segundo lugar, aseveró que el problema jurídico en el caso concreto se contraía a establecer “si los autos del 7 de diciembre de 2017, del 15 de marzo de 2018 y del 26 de abril de 2018, que se abstuvieron de insistir en el embargo de recursos de la Fiscalía General de la Nación, incurrieron en defecto sustantivo, por interpretación indebida del artículo 594 del Código General del Proceso —al desconocer las sentencias C-1154 de 2008, C-543 de 2013 y C-313 de 2014—, o en desconocimiento del precedente judicial, por no aplicar los pronunciamientos del Consejo de Estado sobre la excepciones al principio de inembargabilidad”.
3.3.4. Transcribió in extenso los argumentos expuestos en las providencias referidas en precedencia y analizó el artículo 594 del Código General del Proceso y las sentencias de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, referidas por la parte actora como desconocidas.
3.3.5. Destacó que la interpretación y aplicación del artículo 594 del Código General del Proceso no ha sido condicionada en los pronunciamientos de la Corte, por cuanto en la sentencia C-543 de 2013, que se profirió a raíz de una demanda dirigida, entre otras normas, contra este artículo, la referida corporación se declaró inhibida para pronunciarse de fondo.
3.3.5.1. Agregó que, no obstante lo anterior, en ese fallo, la Corte explicó las excepciones al principio de inembargabilidad de los recursos públicos, que son: i) para la satisfacción de créditos u obligaciones de origen laboral, ii) para el pago de sentencias judiciales, y iii) para el pago de títulos emanados del Estado que contienen una obligación clara, expresa y exigible.
3.3.5.2. Precisó que las anteriores excepciones son aplicables respecto de los recursos del Sistema General de Participaciones, siempre y cuando las obligaciones reclamadas tengan como fuente alguna de las actividades a las cuales estaban destinados dichos recursos (educación, salud, agua potable y saneamiento básico) .
3.3.6. Indicó que, a su turno, la sentencia C-1154 de 2008 estudió el artículo 21 del Decreto 28 de 2008 y lo declaró exequible, “en el entendido de que el pago de las obligaciones laborales reconocidas mediante sentencia debe efectuarse en el plazo máximo de dieciocho (18) meses, contados a partir de la ejecutoria de la misma, y de que si los recursos correspondientes a los ingresos corrientes de libre destinación de la respectiva entidad territorial no son suficientes para el pago de las citadas obligaciones, deberá acudirse a los recursos de destinación específica”.
3.3.7. Agregó que, la sentencia C-313 de 2014 estudió el artículo 25 de la Ley 1751 de 2015 y lo declaró exequible pero precisó: i) “que la inembargabilidad no opera como una regla, sino como un principio y, por ende, no tiene carácter absoluto, debiendo entonces atenderse al momento de la aplicación del precepto, lo sentado por la jurisprudencia en materia de excepciones al mandato que excluye respecto de los caudales de la salud la medida cautelar” y ii) “que bajo ninguna circunstancia los recursos de salud podrán destinarse al pago de otros emolumentos que no se relacionen directamente con garantizar el derecho a la salud de las personas.”
3.3.8. Del estudio de los pronunciamientos referidos, concluyó que las reglas pueden sintetizarse en que la inembargabilidad i) presupuestal cede en los casos de créditos laborales, sentencias judiciales y títulos provenientes del Estado con obligaciones claras, expresas y exigibles y ii) la de recursos del Sistema General de Participaciones se excepciona únicamente ante créditos laborales judicialmente reconocidos.
3.3.9. Al aplicar lo anterior al caso concreto, precisó que el embargo solicitado por la parte actora no afecta al Sistema General de Participaciones, en tanto no compromete los recursos que la Nación transfiere a las entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios) para la financiación de servicios básicos.
Recordó que la Fiscalía General de la Nación no es una entidad territorial y, por ende, consideró forzoso concluir que no tiene a cargo recursos del Sistema General de Participaciones.
3.3.10. Por tanto, consideró que, contrario a lo concluido por el tribunal demandado, no era aplicable la excepción referida al Sistema General de Participaciones (créditos laborales judicialmente reconocidos), sino las excepciones a la regla de inembargabilidad presupuestal (créditos laborales, sentencias judiciales y títulos provenientes del Estado).
En virtud de lo anterior, consideró que estaba demostrado que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo, por desconocer las reglas que ha fijado la Corte Constitucional en control abstracto, en lo que tiene que ver con el tema de las excepciones al principio de inembargabilidad de recursos públicos.
3.3.11. Finalmente, le advirtió a la autoridad accionada que, para efecto de aplicar la excepción de inembargabilidad presupuestal, la decisión de reemplazo debía tener en cuenta el procedimiento previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto 111 de 1996) y en los artículos 176 y 177 del Decreto 01 de 1984 o 192, 194, 195 y 297 a 299 de la Ley 1437 de 2011, según sea el caso.
3.3.12. La sentencia de tutela de primera instancia fue notificada por medios electrónicos el 11 de julio de 2018, según constancias obrantes a folios 76 y siguientes del expediente de tutela.
3.4. Impugnación
3.4.1. Con escrito recibido el 12 de julio de 2018, la Presidenta del Tribunal Administrativo del Cesar y Magistrada Ponente de las providencias censuradas impugnó la sentencia de primera instancia, solicitó que se revocara y, en su lugar, se negara a la petición de amparo.
3.4.2. Afirmó que no vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, por cuanto en las providencias, contra las cuales se dirige la acción de amparo, se señaló que “la excepción al principio de inembargabilidad no aplica para los bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, así como en el artículo 594 del Código General del Proceso, y para los bienes que sean de destinación específica, excepto cuando en la providencia que se pretenda ejecutar se hayan reconocido derechos laborales, tal como lo señaló el H. Consejo de Estado en la decisión de fecha 16 de agosto de 2017…” (Subrayado incluido en el texto)
3.4.3. Insistió en que, en el caso concreto, la ejecución tiene origen en una sentencia dictada en un proceso de reparación directa, de tal manera que su origen no es laboral por lo que opera el principio de inembargabilidad de los recursos que tienen destinación específica.
3.5. Actuación en segunda instancia
3.5.1. Auto de mejor proveer
3.5.1.1. Encontrándose el proceso de la referencia para dictar sentencia de segunda instancia, el despacho ponente consideró necesario obtener mayores elementos de convicción para analizar en debida forma la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso que el accionante invocó en el libelo introductorio.
3.5.1.2. En consecuencia, mediante auto del 6 de septiembre del año en curso, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo del Cesar para que remitiera en préstamo el proceso ejecutivo, con el fin de aclarar el trámite del mismo y los bienes sobre los que recaen las medidas cautelares solicitadas.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la Presidenta del Tribunal Administrativo del Cesar contra la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en la acción ejercida por el señor Eugenio Martín Murgas Suarith, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015 y en el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.
2. Problemas jurídicos
2.1. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la providencia del 5 de julio de 2018, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en la acción de tutela del vocativo de la referencia, instaurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y al principio de seguridad jurídica, para lo cual resolverá previamente los siguientes problemas jurídicos:
2.1.1. Si concurren en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva, que permitan el estudio de fondo del asunto;
2.1.2. En caso afirmativo, si la autoridad accionada al negar la petición, de extender los embargos sobre recursos del presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, que por regla general son inembargables al tenor de lo dispuesto por el artículo 594 del Código General del Proceso, vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante.
Concretamente se resolverá el subproblema referido a si se incurrió en defecto sustantivo, con ocasión del proferimiento de los autos del 7 de diciembre de 2017, 15 de marzo de 2018 y 26 de abril de la misma anualidad, dictados por el Tribunal Administrativo del Cesar.
2.2. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iii) análisis del caso concreto, de cara a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación.
3. Razones jurídicas de la decisión
3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
3.1.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema y declaró su procedencia .
3.1.2. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
3.1.3. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
3.1.4. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
3.2. Análisis de los requisitos adjetivos de procedibilidad
La Sala analizará los requisitos de procedibilidad adjetiva, en consideración a que, aun cuando la primera instancia consideró que concurrían, no realizó un análisis de cada uno de ellos en el caso concreto, de tal manera que no tuvo en cuenta todos los elementos que configuran cada una de los presupuestos.
3.2.1. Tutela contra tutela
En la presente solicitud de amparo se advierte que no se trata de una tutela contra tutela, puesto que las providencia judiciales que censura la parte actora, fueron proferidas en el proceso ejecutivo singular instaurado por la parte actora, como cesionaria de los derechos de los señores Luis Alejandro López Araújo y otros contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.
3.3.2. Inmediatez
3.3.2.1. Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe incoarse en un plazo razonable , el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se desconocería el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo .
3.3.2.2. De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha considerado como plazo razonable el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando éste es excesivo se declara su improcedencia.
3.3.2.3. No obstante lo anterior, se debe analizar en cada caso concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.
3.3.2.4. Aplicando tales reglas al caso concreto, en criterio de la Corporación, en el sub lite no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, toda vez que las providencias que la parte actora censura son los autos del 7 de diciembre de 2017, 15 de marzo y 26 de abril de 2018 notificados en su orden el 7 de diciembre de 2017, el 16 de febrero de 2018 y el 27 de abril de 2018, habiendo cobrado ejecutoría, respectivamente, el 12 de diciembre de 2017, el 20 de marzo y el 2 de mayo de 2018 y el libelo constitucional se presentó el 9 de mayo de 2018.
3.3.2.5. De lo anterior se concluye que no haber transcurrido un término superior a seis (6) meses, a la luz de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) se encuentra cumplido el requisito de inmediatez.
3.3.3. Subsidiariedad
3.3.3.1. Marco normativo y jurisprudencial del requisito de subsidiariedad
3.3.3.1.1. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.
3.3.3.1.2. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.
3.3.3.1.3. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.
3.3.3.1.4. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de cuyos principales lineamientos se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
3.3.3.1.5. Cabe resaltar que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución, por lo que solo se encuentra a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en todos los ámbitos funcionales del mismo.
3.3.3.1.6. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, la cual se trae a colación como criterio auxiliar de interpretación, manifestó que:
“Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.”
Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional precisó que:
“Además del cumplimiento del requisito de inmediatez, la Corte ha exigido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que el actor haya ejercido los recursos previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo.
El ejercicio de los recursos previstos en el respectivo proceso judicial cumple varias finalidades: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.”
3.3.3.2. Requisito de subsidiariedad en el caso concreto
3.3.3.2.1. Al abordar el caso concreto, con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial expuesto y siguiendo la línea de pensamiento que ha mantenido esta Sección, se considera que en el sub lite no concurre el requisito de subsidiariedad, por las siguientes razones:
3.3.3.2.2. El despacho judicial accionado se pronunció por primera vez sobre inembargabilidad de los recursos públicos, limitando las medidas cautelares solicitadas por la parte actora, en el auto del 24 de agosto de 2017, en el cual decretó “el embargo y retención de los dineros a cargo de la NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que no pertenezcan a bienes inembargables señalados en la Constitución Política o en leyes especiales, y en el artículo 594 del Código General del Proceso y que no sean de destinación específica” , notificado por estado del 25 de agosto de 2017, sin que la parte actora haya interpuesto recurso alguno.
3.3.3.2.3. Con fundamento en una solicitud posterior, radicada por el ejecutante, el 6 de octubre de 2017, encaminada a que no se aplicara el principio de inembargabilidad, se dictó el auto interlocutorio del 7 de diciembre de 2017, que la negó.
Lo anterior, por considerar que si bien era procedente acceder a la solicitud de medidas cautelares, tal como se había hecho en auto del 24 de agosto de 2017, por pretenderse la efectividad de una condena impuesta mediante orden judicial, esta medida no podía extenderse a los bienes inembargables y, en especial, a los recursos con destinación específica, toda vez que esto último únicamente procedía frente a créditos laborales.
Contra esta providencia tampoco interpuso recurso alguno la parte actora.
3.3.3.2.4. Nuevamente la parte demandante del proceso ejecutivo, en memorial radicado el 6 de febrero de 2018, solicitó que se decretaran los embargos sin limitación alguna, petición que fue negada por la autoridad accionada, en providencia del 15 de febrero de 2018, por considerar que en el auto del 7 de diciembre de 2017 se habían expuesto los argumentos que sustentaron la decisión de no acceder a la petición presentada por la parte actora, “la cual es reiterada en esta oportunidad, sin variar sustancialmente las motivaciones, razón por la cual se atendrá este Despacho a lo resuelto en la aludida providencia.”
La providencia en cuestión fue notificada por estado del 16 de febrero de 2018, sin que se presentara recurso alguno.
3.3.3.2.5. De las pruebas obrantes en la foliatura se advierte que únicamente se interpuso recurso de reposición contra la providencia del 15 de marzo de 2018, que contenía un pronunciamiento idéntico a aquellos que había realizado el Tribunal accionado en anteriores oportunidades por solicitudes iguales y sobre los cuales la parte ejecutante no había interpuesto los recursos previstos por el ordenamiento jurídico.
3.3.3.2.6. Cabe destacar que la misma solicitud se reiteró en varias ocasiones y, en todas ellas, la autoridad dictó providencias en relación con las cuales contaba con la posibilidad de interponer los recursos de reposición y de apelación, este último al tenor de lo dispuesto por el numeral 8º del artículo 321 del Código General del Proceso, aplicable al proceso ejecutivo tramitado en la jurisdicción contenciosa, en virtud de las normas de integración normativa, previstas en el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que es apelable el auto que resuelva sobre una medida cautelar, sin que lo hiciera.
3.3.3.2.7. Sumado a lo anterior, es claro que las solicitudes encaminadas a la inaplicación del principio de inembargabilidad debieron ser expuestas a través de los recursos correspondientes en contra del auto del 24 de agosto de 2017, en el que se decretó inicialmente la medida cautelar, y no a través de los distintos requerimientos que presentó posteriormente y que fueron resueltos negativamente, sin que tampoco fueran objeto de recurso alguno.
3.3.3.2.8. Adicional a lo anterior, el tribunal accionado ha decretado otros embargos, como dineros en cuentas, remanentes en otros procesos y, en general, aquellos que la parte ejecutante ha pedido en el proceso, sin que esta haya demostrado que resultan insuficientes frente el monto del crédito que se encuentra liquidado.
3.3.3.2.9. Es así como, la Sala advierte que, por su propia incuria, la parte accionante dejó vencer el término con el cual contaba para interponer los mecanismos de defensa judicial que el legislador puso a su disposición, no obstante que pretendió revivirlo, con la presentación de varias solicitudes en el mismo sentido, sin que le sea dable en sede de tutela alegar el desconocimiento de sus derechos fundamentales.
3.3.3.3. Conclusión
3.3.3.3.1. En virtud de lo expuesto, para este juez constitucional es evidente que la parte actora contó en su oportunidad con otros mecanismos judiciales idóneos para la protección de sus derechos fundamentales, esto en consideración a que no interpuso los recursos de reposición y apelación que resultaban procedentes.
3.3.3.3.2. Con fundamento en las consideraciones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que amparó la petición de amparo constitucional para, en su lugar, declarar la improcedencia de la acción, por cuanto no concurre en el caso concreto el requisito de subsidiariedad que permita abordar el fondo del asunto.
3.3.3.3.3. Al no haberse encontrado acreditado un requisito de procedibilidad adjetiva, no se analizarán los demás problemas jurídicos planteados.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo del 5 de julio de 2018, por medio del cual el Consejo de Estado – Sección Cuarta amparó el derecho al debido proceso del señor Eugenio Martín Murgas Suarith contra el Tribunal Administrativo del Cesar, para, en su lugar, declarar improcedente la acción de tutela, por las consideraciones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoría del fallo, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: DEVOLVER al despacho judicial de origen el expediente remitido en préstamo.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
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Actor: Eugenio Martín Murgas Suarith
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad. 11001-03-15-000-2018-01530-01
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