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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03555-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
8 de noviembre de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-03555-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por la señora AURA ROSA CASTIBLANCO ROMERO, en relación con la decisión de inadmitir el recurso de apelación, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la protección constitucional reclamada en relación con la sentencia del 23 de mayo de 2018, dictada por la autoridad judicial accionada. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que la sentencia no sea impugnada, ENVIAR a la Corte Constitucional, al día siguiente a su ejecutoria, este proceso para su eventual revisión. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría General DEVOLVER el expediente, remitido en calidad de préstamo al despacho judicial de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-03555-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

8 de noviembre de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL – Inexistencia / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN – Referida como desconocida fue aplicada / PRESCRIPCIÓN DE LOS DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS DERIVADOS DEL CONTRATO REALIDAD - Se cuenta a partir de la terminación del vínculo laboral o en contratos de prestación de servicios a la finalización de cada uno / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DERECHOS FUNDAMENTALES

En la sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 2016 la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó, con fundamento en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el régimen prestacional de los empleados públicos, que la prescripción extintiva de las prestaciones económicas en los casos en que se declara la existencia de un contrato realidad es de tres (3) años, término que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del trabajador. Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el término, consideró que es desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es el momento en que se puede demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado. (…) Sin embargo, aclaró que, en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado, en relación con los cuales la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, debe analizarse la prescripción con respecto a cada contrato, a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. En consecuencia, señaló que “le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular”, aclarando que no es dable aplicar la prescripción extintiva frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional (…) Al aplicar las reglas decisionales al caso concreto y contrastarlas con lo decidido por la autoridad accionada, encuentra la Sala que, contrario a lo afirmado por la parte actora, en cada caso concreto corresponde al juez verificar si se trata de un solo contrato o de varios y, en este último evento si existió o no interrupción de la ejecución, que fue precisamente la constatación que realizó el Tribunal Administrativo de Boyacá, encontrando que entre el contrato adicional No. 1 del contrato 101 del 16 de junio de 2009 que terminó el 17 de diciembre de esa anualidad y el celebrado el 18 de enero de 2010, existió una interrupción superior a quince (15) días. Siendo ello así, la decisión de declarar la prescripción de las prestaciones económicas, diferentes a las relacionadas con aportes a pensión y seguridad social, resultaba imperativa, no solo frente a la sentencia de unificación sino de cara a las normas que regulan la materia. En consecuencia, no se encuentra acreditado el alegado desconocimiento del precedente, sino que, contrario a ello, la ratio fue aplicada estrictamente al caso concreto, por lo que el cargo no está llamado a prosperar

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Auto que inadmitió recurso de apelación / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITO DE INMEDIATEZ / INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD / RECURSO DE SÚPLICA – Mecanismo de defensa idóneo

Cargo contra el auto que inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia (…) Al revisar el material probatorio allegado, la Sala encuentra demostrado que la inadmisión del recurso se decretó en auto proferido por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá, el 18 de abril de 2017, notificado por estado del 19 de abril de 2017, que cobró ejecutoria el 24 de abril de la misma anualidad. En consecuencia, desde la ejecutoria de la decisión referida hasta la interposición de la acción de amparo –28 de septiembre de 2018–, transcurrió un término superior a un año y cinco meses, plazo que la Sala no puede considerar como razonable para acudir a la acción de tutela en protección de los derechos fundamentales que considera conculcados con ocasión de la providencia judicial, pues se desvirtúa la necesidad de protección. (…) Tal como se reseñó, con ocasión del estudio del requisito de inmediatez, la decisión de inadmisión del recurso de apelación se tomó en auto de ponente proferido por la autoridad accionada el 18 de abril de 2017, providencia contra la cual resultaba procedente interponer el recurso de súplica (…) De la revisión del trámite dado al proceso se advierte que la parte actora no interpuso el referido recurso, por lo que la decisión cobró ejecutoría, sin que resulte posible a través de este mecanismo excepcional revivir el término que la parte actora, por su propia incuria, dejó vencer. En virtud de lo expuesto, para este juez constitucional es evidente que la parte actora contó en su oportunidad con otros mecanismos judiciales idóneos para la protección de sus derechos fundamentales, sin que se haya acreditado que hizo uso adecuado de los mismos, por lo que no concurre el requisito de subsidiariedad que torne procedente el estudio de fondo, por lo que se declarará la improcedencia de la acción en relación con este cargo

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., ocho (8) de noviembre de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-03555-00(AC)

Actor: AURA ROSA CASTIBLANCO ROMERO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Asunto: Acción de tutela – Declara improcedencia por no concurrir los requisitos de inmediatez y subsidiariedad en relación con la inadmisión del recurso de apelación y niega con respecto al desconocimiento del precedente sobre prescripción extintiva en contrato realidad.

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud formulada por la señora Aura Rosa Castiblanco Romero, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1.1. Con escrito radicado el 28 de septiembre de 2018, en la Secretaría General del Consejo de Estado, la señora Aura Rosa Castiblanco Romero, actuando a través de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión N° 2, con el fin de que le sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.

1.2. La accionante consideró vulneradas sus garantías con ocasión de la sentencia del 23 de mayo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión N° 2, mediante la cual modificó el numeral 3° del fallo de 10 de junio de 2016, dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja para, en su lugar, confirmar la existencia del contrato realidad, pero declarar probada “la excepción de prescripción formulada por la entidad demandada, respecto de las sumas generadas con anterioridad al 18 de enero de 2010”, dentro del trámite de la demanda que presentó en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Samacá.

1.3. Petición de amparo constitucional

La accionante solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados, razón por la cual pidió “(…) REVOCAR en el expediente de Nulidad y Restablecimiento del derecho, Radicado No. 15001-33-33-007-2013-00129-01 actor AURA ROSA CASTIBLANCO ROMERO, el fallo de segunda instancia, proferido el 23 de mayo de 2018, por el Tribunal Administrativo de Boyacá sala de decisión No.2 (…)” y, como consecuencia de lo anterior, que se profiera una nueva providencia.

1.4. Sustento de la vulneración

Fundamentó la solicitud de amparo en los siguientes argumentos:

1.4.1. “Inaplicación sentencia de unificación”, al respecto la parte actora transcribió las reglas de unificación jurisprudencial, contenidas en la sentencia CE-SUJ2 No. 5 de 2016, dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado y afirmó que “para algunos casos como el referido, el término de prescripción se toma desde el último contrato y para otros como los estudiados por el Tribunal de Boyacá, los términos corren de manera independiente para cada contrato”.

1.4.2. “Vulneración del debido proceso – Nulidad”, al respecto consideró que, con ocasión del proferimiento de la decisión de segunda instancia, se presentó una nulidad constitucional, por cuanto la autoridad accionada –juez de segunda instancia– “No lee el expediente en cada una de sus actuaciones procesales”, lo que lo llevó a concluir que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante fue extemporáneo.

1.4.2.1. Lo anterior, sin haber tenido en cuenta que en el proceso se presentó una solicitud de aclaración de la sentencia de primera instancia, el 16 de junio de 2016, la cual fue resuelta por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de Tunja el 12 de agosto de 2016, rechazándola por improcedente y disponiendo que “En firme esta providencia reanúdense los términos de ejecutoria de la sentencia”.

1.4.2.2. Agregó que, en razón a la reanudación de los términos, interpuso el recurso de apelación el 18 de agosto de 2016, que fue concedido por el despacho judicial en virtud de haber sido radicado oportunamente.

1.4.2.3. Consideró necesario que el juez de tutela verificara las actuaciones y garantizara el respeto del derecho de defensa y contradicción, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política “… causal de nulidad dentro de los controles procesales y que para el caso en estudio se conculcó no solo frente a la procedencia y estudio del recurso de apelación, sino frente a la aplicación del fenómeno de prescripción por cada uno de los contratos, cuando ya de manera decantada el máximo órgano de cierre Consejo de Estado en sentencia de unificación, señaló que el término contará desde el último contrato.”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará:

2.1. La señora Aura Rosa Castiblanco Romero, el 23 de agosto de 2013, presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de Samacá, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio del 21 de marzo de 2013, por medio del cual el ente territorial le negó el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, cotizaciones a seguridad social y demás derechos económicos que reclamó por considerar que existió una relación laboral derivada de la prestación de servicios contratada por la entidad.

2.1.1. La parte actora, en el libelo introductorio de la demanda ordinaria, consideró que concurrían los tres elementos esenciales para la existencia de una relación laboral en el período comprendido entre el 1º de febrero de 2002 y el 31 de diciembre de 2012.

2.1.2. Indicó que se desempeñó como Secretaria – Auxiliar Administrativa en diferentes dependencias de la Alcaldía, precisando que en el año 2006 no suscribió contrato con el municipio en forma directa “sino por interpuesta persona” y manifestó que durante el tiempo de vinculación no le pagaron prestaciones sociales.

2.2. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Tunja, previo agotamiento del trámite procesal, dictó sentencia del 10 de junio de 2016 en la que declaró que entre el municipio de Samacá y la demandante existió una relación laboral durante el período comprendido entre el 1º de febrero de 2002 y el 31 de diciembre de 2012 y ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el pago de los salarios y prestaciones sociales en un equivalente a los que percibían los empleados públicos para la época en que prestó sus servicios, incluyendo los aportes a pensión y seguridad social.

2.3. La sentencia de primera instancia fue notificada por medios electrónicos el 14 de junio de 2016 y dentro del término de ejecutoría i) la apoderada de la parte demandante solicitó la aclaración del fallo, respecto de los valores que debían ser incluidos en la liquidación de las prestaciones sociales; y ii) el apoderado del ente territorial demandado interpuso recurso de apelación.

2.4. La solicitud de aclaración de la sentencia fue resuelta mediante proveído del 12 de agosto de 2016 que, en su numeral primero, la rechazó por improcedente y, en el segundo, dispuso “En firme esta providencia reanúdense los términos de ejecutoría de la sentencia”.

2.5. La providencia referida se notificó en el estado electrónico del 16 de agosto de 2016 y, mediante memorial radicado el 18 de agosto de la misma anualidad, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual tenía por objeto que se precisaran todos los conceptos que se debían incluir en la liquidación del crédito laboral y se le reconocieran y pagaran perjuicios.

2.6. Mediante auto del 16 de septiembre de 2016, se fijó fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación posterior a la sentencia condenatoria, providencia en la que se consideró que los recursos de apelación fueron interpuestos en forma oportuna y que correspondía concederlos.

2.7. Como consecuencia de haberse declarado fracasada la audiencia de conciliación, el expediente fue remitido al Tribunal Administrativo de Boyacá, para resolver los recursos de alzada.

2.8. Según auto del 18 de abril de 2017, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá, i) admitió, en el efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; e ii) inadmitió el recurso de apelación formulado por la parte demandante, por considerar que fue radicado en forma extemporánea.

2.8.1. Esta providencia fue notificada por estado electrónico el 19 de abril de 2017, según constancia obrante en el folio 681 del cuaderno número 3 del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, sin que se interpusieran recurso alguno.

2.8.2. El 30 de junio de 2017, al no haberse solicitado pruebas, mediante auto de ponente, se decidió prescindir de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, ordenar a las partes la presentación de alegatos por escrito y dar traslado al Ministerio Público para rendir concepto, providencia que fue notificada por estado del 4 de junio de 2017.

2.8.3. Según constancia secretarial del 10 de agosto de 2017, el expediente ingresó al despacho para sentencia, al haber cobrado ejecutoria el auto que dispuso correr traslado para alegatos sin que se presentara alguno en la oportunidad referida.

2.9. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión No. 2, dictó sentencia de segunda instancia del 23 de mayo de 2018, en la que decidió:

“PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja, de fecha 10 de junio de 2016, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, MODIFICANDO el numeral tercero de su parte resolutiva, que quedará así:

TERCERO.- Declarar probada la excepción de prescripción formulada por la entidad demandada, respecto de las sumas generadas con anterioridad al 18 de enero de 2010. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho se ordena al Municipio de Samacá pagar a la actora, el equivalente a las prestaciones sociales que percibían los empleados públicos en la época para la cual la trabajadora prestó sus servicios, tomando como base el valor pactado en cada uno de los contratos que suscribió con la entidad territorial.”

2.9.1. Para arribar a la citada resolutiva, consideró que se encontraba demostrada la concurrencia de los elementos del contrato realidad, por lo que era procedente confirmar la decisión, no obstante lo cual encontró que en relación con varios de los contratos sucesivos celebrados entre el municipio y la demandante se había presentado solución de continuidad, por cuanto se interrumpieron por un término que es superior a quince (15) días, establecido en el artículo 45 del Decreto 1042 de 1978.

2.9.2. Es así como, al valorar las pruebas allegadas a la actuación, concluyó que “El contrato vigente en el límite del término de prescripción, fue el suscrito el 18 de enero de 2010 para ser ejecutado hasta el 18 de junio de ese año (fls. 269-271); y el anterior a ese fue el adicional No. 1 al contrato 101 de 16 de junio de 2009” que estuvo vigente hasta el 17 de diciembre de 2009 “… de manera que entre la suscripción de uno y uno otro contrato se superó el término…”.

2.9.3. Concluyó afirmando que en el año 2009 terminó una relación jurídica que ha debido ser demandada “en su momento”, por lo que consideró que había operado la prescripción de los montos generados con anterioridad al 18 de enero de 2010, “pero no así el reconocimiento de la existencia de la relación laboral junto con los demás efectos señalados en la sentencia de primera instancia, que entonces será confirmada, en lo que atañe a estos aspectos.”

3. Actuaciones procesales relevantes

3.1. Admisión de la demanda

Mediante auto del 4 de octubre de 2018, se admitió la demanda de tutela y se dispuso la notificación a la demandante, a los Magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 2, como autoridad accionada y se ordenó la vinculación del Juzgado Séptimo Administrativo de Tunja y al Municipio de Samacá, como terceros interesados en el resultado del proceso.

3.2. Intervención del Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión No. 2

3.2.1. El Magistrado Ponente de la decisión censurada presentó informe radicado el 22 de octubre de 2018, en el que se opuso a las pretensiones de la demanda de tutela, con fundamento en el carácter excepcional de esta acción cuando se cuestionan providencias judiciales.

3.2.2. Afirmó que el Tribunal, al valorar el acervo probatorio, encontró, a la luz de lo dispuesto por el artículo 45 del Decreto 1042 de 1978, que para que proceda el reconocimiento de prestaciones es indispensable que no haya solución de continuidad en el servicio y se entenderá la misma si, entre el retiro y la nueva posesión, no transcurrieron más de quince (15) días hábiles.

3.2.3. Indicó que el Consejo de Estado, en reciente sentencia de unificación, dictada el 18 de julio de 2018, consideró que para contabilizar los períodos laborados debía establecerse si se está en presencia de una vinculación sucesiva o interrumpida, evento este último en el cual opera la prescripción extintiva, con respecto a las prestaciones no reclamadas de contratos anteriores.

3.2.4. En relación con la inconformidad referida a la declaratoria de extemporaneidad del recurso de apelación interpuesto, precisó que la parte actora tuvo al alcance el medio idóneo de defensa, del cual no hizo uso, precisando que resultaba procedente el recurso de queja.

3.3. Intervención del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Tunja

3.3.1. La titular del despacho judicial presentó informe del 17 de octubre de 2018, en el que precisó el trámite dado al proceso y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de tutela, resaltando el carácter excepcionalísimo de procedencia cuando se cuestionan providencias judiciales, con fundamento en jurisprudencia de la Corte Constitucional.

3.4. Intervención del Municipio de Samacá

Guardó silencio, no obstante encontrarse debidamente notificado, según constancia secretarial visible a folio 108 vuelto del cuaderno original del expediente de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

De acuerdo con lo dispuesto por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, y en el Acuerdo No. 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación, esta Sección es competente para resolver el presente asunto.

Problemas jurídicos

Con fundamento en el examen de la situación fáctica acreditada en el proceso, de los cargos expuestos por la accionante y del material probatorio recaudado, la Sala considera que subyacen al caso concreto los siguientes problemas jurídicos:

2.1. Si se superan o no, en el presente caso, los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.2. En caso afirmativo, si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales de la parte actora, con ocasión de la decisión de declarar la prescripción trienal de las prestaciones económicas en relación con los contratos celebrados antes del 18 de enero de 2010.

Concretamente, la Sala resolverá el subproblema de si con ocasión del proferimiento del fallo del 23 de mayo de 2018, el tribunal tutelado desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado CE-SUJ2 No. 5 de 2016, citada por la parte actora.

Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los referidos problemas jurídicos, la Sala analizará los siguientes aspectos: i) criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) resolución del caso concreto con fundamento en los cargos invocados en el libelo introductorio.

3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

3.1.1. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

3.1.2. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

3.1.3. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

3.1.4. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590/2005, M.P. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

3.1.5. A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

3.2. Análisis de los requisitos de procedibilidad adjetiva

3.2.1. Tutela contra tutela

En la presente solicitud de amparo se advierte que no se trata de una tutela contra tutela, puesto que las providencia judiciales que censura la parte actora, fueron proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la señora Aura Rosa Castiblanco Romero contra el municipio de Samacá.

3.2.2. Inmediatez

3.2.2.1. Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe incoarse en un plazo razonable, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se desconocería el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.

3.2.2.2. De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha considerado como plazo razonable el de seis (6) meses desde la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la misma, y cuando éste es excesivo se declara su improcedencia.

3.2.2.3. No obstante lo anterior, se debe analizar en cada caso concreto si median razones suficientes que justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate jurídico planteado.

3.2.2.4. Aplicando tales reglas al caso concreto, de la revisión de los hechos probados y de la alegación de la parte actora, se encuentran dos situaciones fácticas que corresponden a cada uno de los cargos formulados, que por razones de técnica jurídica y de las especificidades propias de cada una deben ser examinadas por la Sala en forma separada a saber:

3.2.2.4.1. Cargo contra el auto que inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia

3.2.2.4.1.1. En relación con esta decisión, la parte actora consideró que se incurrió en una nulidad de lo actuado, por cuanto no se tuvo en cuenta que los términos para interponer el recurso de apelación se reanudaron con posterioridad al proferimiento de la providencia que resolvió la solicitud de aclaración del fallo.

3.2.2.4.1.2. Al revisar el material probatorio allegado, la Sala encuentra demostrado que la inadmisión del recurso se decretó en auto proferido por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Boyacá, el 18 de abril de 2017, notificado por estado del 19 de abril de 2017, que cobró ejecutoria el 24 de abril de la misma anualidad.

3.2.2.4.1.3. En consecuencia, desde la ejecutoria de la decisión referida hasta la interposición de la acción de amparo –28 de septiembre de 2018–, transcurrió un término superior a un año y cinco meses, plazo que la Sala no puede considerar como razonable para acudir a la acción de tutela en protección de los derechos fundamentales que considera conculcados con ocasión de la providencia judicial, pues se desvirtúa la necesidad de protección.

3.2.2.4.1.4. En virtud de lo expuesto, con respecto a esta alegación, la Sala no abordará el fondo del asunto, por no superar el requisito de inmediatez.

3.2.2.4.2. Cargo formulado contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2018 que confirmó parcialmente el fallo apelado

3.2.2.4.2.1. En criterio de la Corporación, en relación con el cargo de desconocimiento del precedente que se formula con ocasión de la declaratoria de prescripción trienal decretada en la sentencia dictada por la autoridad accionada, no existe reparo alguno en cuanto hace referencia al juicio de procedibilidad en relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, toda vez que fue proferida el 23 de mayo de 2018, se notificó por estado del 24 de mayo de 2018 y cobró ejecutoria el 29 de los mismos mes y año y el libelo constitucional se presentó el 28 de septiembre de 2018.

3.2.2.4.2.2. De lo anterior se concluye que, al no haber transcurrido un término superior a seis (6) meses, a la luz de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) se encuentra cumplido el requisito de inmediatez en relación con este cargo.

3.2.3. Subsidiariedad

3.2.3.1. Marco normativo y jurisprudencial del requisito de subsidiariedad

3.2.3.1.1. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

3.2.3.1.2. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

3.2.3.1.3. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

3.2.3.1.4. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de cuyos principales lineamientos se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

3.2.3.1.5. Cabe resaltar que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del artículo 2° de la Constitución, por lo que solo se encuentra a cargo del juez de tutela, sino que es vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y en todos los ámbitos funcionales del mismo.

3.2.3.1.6. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, la cual se trae a colación como criterio auxiliar de interpretación, manifestó que:

“Esta exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.”

Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional precisó que:

“Además del cumplimiento del requisito de inmediatez, la Corte ha exigido como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que el actor haya ejercido los recursos previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su debido tiempo.

El ejercicio de los recursos previstos en el respectivo proceso judicial cumple varias finalidades: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es ésta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.”

3.2.3.2. Requisito de subsidiariedad en el caso concreto

3.2.3.2.1. Al abordar el caso concreto, con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial expuesto y siguiendo la línea de pensamiento que ha mantenido esta Sección, se considera que en el sub lite resulta igualmente necesario examinar el requisito con respecto a los dos cargos expuestos por la parte actora:

3.2.3.2.1.1. Inadmisión del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, por considerar que fue presentado en forma extemporánea

3.2.3.2.1.1.1. Tal como se reseñó, con ocasión del estudio del requisito de inmediatez, la decisión de inadmisión del recurso de apelación se tomó en auto de ponente proferido por la autoridad accionada el 18 de abril de 2017, providencia contra la cual resultaba procedente interponer el recurso de súplica, al tenor de lo dispuesto por el artículo 246 de la Ley 1437 de 2011:

“ARTÍCULO 246. SÚPLICA. El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.

Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.” (Negrillas de la Sala)

3.2.3.2.1.1.2. De la revisión del trámite dado al proceso se advierte que la parte actora no interpuso el referido recurso, por lo que la decisión cobró ejecutoría, sin que resulte posible a través de este mecanismo excepcional revivir el término que la parte actora, por su propia incuria, dejó vencer.

3.2.3.2.1.1.3. En virtud de lo expuesto, para este juez constitucional es evidente que la parte actora contó en su oportunidad con otros mecanismos judiciales idóneos para la protección de sus derechos fundamentales, sin que se haya acreditado que hizo uso adecuado de los mismos, por lo que no concurre el requisito de subsidiariedad que torne procedente el estudio de fondo, por lo que se declarará la improcedencia de la acción en relación con este cargo.

3.2.3.2.1.2. Cargo formulado contra la sentencia proferida el 23 de mayo de 2018 que confirmó parcialmente el fallo apelado.

En relación con esta alegación, la Sala advierte que concurre el requisito de subsidiariedad, toda vez que contra la referida providencia no proceden recursos ordinarios.

3.2.3.2.1.2.1. Lo anterior por cuanto, si bien es cierto el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia se inadmitió, lo cierto es que la declaración de prescripción extintiva en relación con los contratos anteriores al 18 de enero de 2010, decisión contra la cual se dirige la presente acción, corresponde a una resolutiva de segunda instancia que puede ser censurada por un medio ordinario.

3.2.3.2.1.2.2. En relación con la procedencia del recurso extraordinario de revisión, la Sala advierte que la alegación de desconocimiento del precedente no se encuentra consagrada como causal de procedencia de este recurso en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

3.2.3.2.1.2.3. Sobre la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, la Sala advierte que en principio resultaría ser el mecanismo idóneo a la luz de lo dispuesto por el artículo 256 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que la alegación de la parte actora hace referencia al desconocimiento de una sentencia de unificación de jurisprudencia sobre prescripción de los derechos prestacionales derivados del contrato realidad, no obstante lo cual en este caso no aparece demostrado que concurran todos los presupuestos exigidos por el artículo 257 ejusdem.

3.2.3.2.1.2.4. Lo anterior, en consideración a que la condena se hizo en abstracto y no es posible conocer en esta oportunidad, si asciende a la cuantía exigida por el legislador, aspecto que torna procedente el estudio de fondo del presente cargo.

Cabe destacar que en la demanda se estimó la cuantía total de la demanda en $30.000.000, suma que igualmente sería inferior a la cuantía exigida para procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral.

3.3. Análisis del caso concreto frente al cargo de desconocimiento del precedente

3.3.1. Esta Sección destaca que en el evento de incorporarse un cargo de desconocimiento de precedente, a la parte actora le asiste una carga argumentativa mínima en relación con los cargos que invoca, que le permita al juez constitucional estudiarlos en el caso concreto.

3.3.2. En efecto, le corresponde precisar, si quiera en forma mínima, i) la decisión que se considera desatendida, identificándola a efectos de que el juez constitucional la pueda encontrar; ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la Litis anterior; y iii) la incidencia de la misma en la decisión final adoptada por el fallador de instancia.

3.3.3. De los presupuestos reseñados, se advierte que la parte actora dio alcance al primero de ellos, referido a la identificación de la sentencia que se considera desconocida, que corresponde al fallo de unificación de jurisprudencia dictado por la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de agosto de 2016, en el radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005 -16, por medio de la cual se unificó jurisprudencia con respecto a las controversias relacionados con el contrato realidad, en particular en lo que concierne a la prescripción de las prestaciones económicas reclamadas en el caso de docentes vinculados mediante contratos de prestación de servicios personales, sin que hiciera lo propio en relación con los otros requisitos.

3.3.4. En consecuencia, si bien la parte actora no identificó la ratio de la sentencia que consideró aplicable a su caso, limitándose a transcribir las reglas de unificación, ni la identidad de la situación fáctica, lo cierto es que se trata de un fallo de unificación de jurisprudencia que contiene una regla de decisión y las respectivas subreglas, sobre la prescripción de las prestaciones derivadas del reconocimiento de la existencia de un contrato realidad, que corresponden precisamente a la situación alegada por la actora, lo que habilita a la Sala para estudiar el cargo y precisar si las circunstancias fáctica y jurídica se adecúan a la ratio decidendi o si resultan aplicables por analogía al caso concreto.

3.3.5. Sentencia de unificación referida como desconocida

3.3.5.1. En la sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 5 de 2016 la Sección Segunda del Consejo de Estado precisó, con fundamento en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el  régimen prestacional de los empleados públicos, que la prescripción extintiva de las prestaciones económicas en los casos en que se declara la existencia de un contrato realidad es de tres (3) años, término que se interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del trabajador.

3.3.5.2. Respecto de la oportunidad a partir de la cual debe contabilizarse el término, consideró que es desde la terminación del nexo contractual con el empleador, por cuanto es el momento en que se puede demostrar que durante la ejecución del contrato de prestación de servicios se dieron los elementos constitutivos de una relación laboral con el Estado.

3.3.5.3. En consecuencia, la Sección Segunda advirtió que “si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se excede de los tres años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar los derechos en aplicación del principio de la ‘...primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales’ (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella.”

3.3.5.4. Sin embargo, aclaró que, en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado, en relación con los cuales la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, debe analizarse la prescripción con respecto a cada contrato, a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio.

3.3.5.5. En consecuencia, señaló que “le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular”, aclarando que no es dable aplicar la prescripción extintiva frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales.

3.3.5.6. Al aplicar las reglas decisionales al caso concreto y contrastarlas con lo decidido por la autoridad accionada, encuentra la Sala que, contrario a lo afirmado por la parte actora, en cada caso concreto corresponde al juez verificar si se trata de un solo contrato o de varios y, en este último evento si existió o no interrupción de la ejecución, que fue precisamente la constatación que realizó el Tribunal Administrativo de Boyacá, encontrando que entre el contrato adicional No. 1 del contrato 101 del 16 de junio de 2009 que terminó el 17 de diciembre de esa anualidad y el celebrado el 18 de enero de 2010, existió una interrupción superior a quince (15) días.

3.3.5.7. Siendo ello así, la decisión de declarar la prescripción de las prestaciones económicas, diferentes a las relacionadas con aportes a pensión y seguridad social, resultaba imperativa, no solo frente a la sentencia de unificación sino de cara a las normas que regulan la materia.

3.3.5.8. En consecuencia, no se encuentra acreditado el alegado desconocimiento del precedente, sino que, contrario a ello, la ratio fue aplicada estrictamente al caso concreto, por lo que el cargo no está llamado a prosperar.

3.3.5.9. Finalmente, cabe destacar que el Tribunal accionado expuso en su intervención que dio aplicación a la sentencia de unificación dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018, sin embargo, ésta no se había proferido para la fecha en que se dictó el fallo censurado –23 de mayo de 2018– pero en ella se ratifica la posición sobre la contabilización independiente de los términos de prescripción extintiva, para los contratos cuando exista interrupción en la ejecución.

3.3.5.10. Es así como, la sentencia censurada no se apartó de los lineamientos y de la construcción jurisprudencial que en materia de prescripción extintiva en contrato realidad ha expuesto el Consejo de Estado, en particular, los señalados en la sentencia de unificación que la parte actora citó como desconocida, por lo que el cargo expuesto no está llamado a prosperar.

3.3.5.11. Es preciso poner de presente que los artículos 228 y 230 de la Constitución Política confieren al juez autonomía, potestad que legitima las decisiones que profiere, de tal manera que la acción de tutela no puede constituirse en una tercera instancia que se pueda emplear para que se revise lo definido por el juez natural de la especialidad.

3.4. Conclusiones

3.4.1. Con respecto al primer problema jurídico, frente al cargo dirigido contra la providencia que inadmitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, por considerar que fue presentado en forma extemporánea, la Sala encuentra no concurren los requisitos de inmediatez y subsidiariedad que tornen procedente el análisis de fondo, por lo que se declarará la improcedencia de la acción.

3.4.2. En relación con el segundo problema jurídico, se negará la protección solicitada, por cuanto se encontró que el Tribunal accionado no desconoció el precedente contenido en la sentencia de unificación de jurisprudencia referida por la parte actora y, por ende, no vulneró los derechos fundamentales invocados.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela instaurada por la señora AURA ROSA CASTIBLANCO ROMERO, en relación con la decisión de inadmitir el recurso de apelación, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la protección constitucional reclamada en relación con la sentencia del 23 de mayo de 2018, dictada por la autoridad judicial accionada.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que la sentencia no sea impugnada, ENVIAR a la Corte Constitucional, al día siguiente a su ejecutoria, este proceso para su eventual revisión.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría General DEVOLVER el expediente, remitido en calidad de préstamo al despacho judicial de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
Ausente con excusa

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero

Folio 1 a 18 del expediente. Folio 84 del expediente. Folio 12 del expediente. Folio 10 del expediente de tutela. Folio 10 del cuaderno principal de tutela. Folios 646 a 647 del expediente contentivo del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 648 a 653 del expediente contentivo del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho. Folio 658 del expediente contentivo del proceso ordinario. Folio 668 del cuaderno número 3 del proceso ordinario. Folio 687 del cuaderno número 3 del proceso ordinario
Folio 687 vuelto del cuaderno número 3 del proceso ordinario. Folio 703 del cuaderno número 3 del proceso ordinario. En virtud de la norma citada por el Tribunal “Se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.”
Folio 703 del cuaderno número 3 del proceso ordinario. Se dejaron a salvo de la prescripción las prestaciones imprescriptibles que corresponden a los aportes para pensión. Folios 103 del cuaderno principal del expediente de tutela. Folio 67. Consejo de Estado, Sección Segunda – Sala Plena, Sentencia del 18 de julio de 2018, Rad. 33002014, C.P. William Hernández Gómez
“Los conceptos que en apariencia son de pura técnica jurídica o simples partes del edificio de la jurisprudencia, solo cobran su verdadero sentido desde la cuestión de la justicia”. THEODOR VIEHWEG, Tópica y jurisprudencia, Tauros Ediciones. pág. 49
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente No. 2009-01328-01. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (Negrillas dentro del texto). Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS. C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. Dicha criterio fue expuesto en la sentencia Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 26 de febrero del 2015, Radicación 2015-00045-00, Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 15 de octubre del 2015, Radicación 2015-01605-01, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Corte Constitucional. Sentencia T-290 de 14 de abril de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. Ver sentencias: de 18 de abril de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01172-01, Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia; 3 de julio de 2013. Rad. No. 11001-03-15-000-2012-01891-01, 12 de agosto de 2013 Rad. No. 11001-03-15-000-2013-1435-00 Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; 3 de julio de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-00142-01, 12 de septiembre de 2013, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02203-01, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, entre otras. En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.

Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.” Posteriormente, en las sentencias T-373 de 2015 y T-630 de 2015, estableció que si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, el afectado debe agotarlos de forma principal y no utilizar directamente la acción de tutela. En consecuencia, una persona que acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que debe conocer del asunto dentro del marco estructural de la administración de justicia. Por su parte, esta Corporación acogiendo tales decisiones ha proferido, entre otras, la sentencia del 1º de noviembre de 2018, Rad. 11001-03-15-000-2018-01530-01, M.P. Rocío Araújo Oñate
Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17 de octubre de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20 de febrero de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa
“ARTÍCULO 256. FINES. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tiene como fin asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los agravios inferidos a tales sujetos procesales.”
“ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y segunda instancia por los tribunales administrativos. Tratándose de sentencias de contenido patrimonial o económico, el recurso procederá siempre que la cuantía de la condena o, en su defecto, de las pretensiones de la demanda, sea igual o exceda los siguientes montos vigentes al momento de la interposición del recurso: 1. Noventa (90) salarios mínimos mensuales legales vigentes, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, que no provengan de un contrato de trabajo, en los cuales se controviertan actos administrativos de cualquier autoridad.”
Folio 12 del cuaderno número 1 de primera instancia. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 30 de agosto de 2018, Rad. 11001-03-15-000-2018-01973-01, M.P. Rocío Araújo Oñate
Magistrado Ponente Carmelo Perdomo Cueter
De conformidad con el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, en armonía con el mandato contenido en el artículo 12 (numeral 2) del convenio 95 de la OIT. En esta oportunidad la Sección Segunda clasificó la forma de vinculación así: i) sucesiva: en estos eventos los periodos a reconocer como relación laboral serán contabilizados desde la fecha de inicio y hasta la fecha de finalización, aun así hubiesen mediado múltiples contratos; ii) interrumpida: en este caso la relación laboral únicamente puede reconocerse por los períodos efectivamente contratados o debidamente ejecutados, sin importar si la interrupción es de un día, inclusive. Esto en virtud de que, conforme con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, los derechos prestacionales derivados del contrato realidad son pasibles de perderse por prescripción extintiva, es decir, por no reclamarse en la oportunidad que la ley otorga para ese efecto.

Acción de tutela – fallo de primera instancia
Accionante: Aura Rosa Castiblanco Romero
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Rad. 11001-03-15-000-2018-03555-00

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