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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01975-00

Acción de tutela contra providencia judicial

Fecha
9 de agosto de 2018
Consejero ponente
Rocío Araújo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-01975-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Jerson Gregorio Pérez Tordecilla, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2018-01975-00

Consejero ponente: Rocío Araújo Oñate

9 de agosto de 2018

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Inexistencia / AUSENCIA DE DEFECTO SUSTANTIVO / ADECUADA APLICACIÓN NORMATIVA / ASIGNACIÓN DE RETIRO DE PERSONAL DEL NIVEL EJECUTIVO DE LA POLICÍA NACIONAL POR INCORPORACIÓN DIRECTA - Normatividad aplicable / TIEMPO DE SERVICIO PARA ACCEDER A ASIGNACIÓN DE RETIRO - Incumplimiento de requisito / RETIRO DEL SERVICIO - Por destitución / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

De la lectura de los supuestos fácticos de la petición de amparo se observa que el actor ingresó a la Policía Nacional el 4 de agosto de 1997, su vinculación fue de forma directa al Nivel Ejecutivo y fue retirado del servicio por destitución el 14 de abril de 2015 (…) Advierte la Sala que las normas alegadas como desconocidas por el tutelante, no eran aplicables al proceso ordinario objeto de revisión, ello, toda vez que dicho decreto (1212 de 1990) regula la situación administrativa de los Agentes, Oficiales y Suboficiales así como los que ingresaron al Nivel Ejecutivo por homologación, mientras que el actor, como lo expone él mismo, ingresó de forma directa a dicho escalafón. Por lo que el Tribunal accionado aplicó la disposición legal para resolver el sub examine, esto es, el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, pues la referida norma distingue dos (2) hipótesis para el reconocimiento de la anotada prestación, a saber: i) 20 años de servicio cuando el retiro del policial se produzca por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica y, ii) 25 años de servicios cuando el retiro sea por solicitud propia, separación absoluta o destitución, requisitos que el actor no cumplió para la asignación de retiro, toda vez que únicamente acreditó diecisiete (17) años, once (11) meses y quince días (…) En cuanto al desconocimiento del precedente judicial (…) revisadas las sentencias señaladas como desconocidas por la parte accionante, se evidencia que contiene un fundamento distinto al que persigue el actor (…) Por lo expuesto, la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto alegado, pues el desconocimiento del precedente está constituido por apartes específicos y concretos de decisiones anteriores las cuales deben tener una relación estrecha o similar con el caso bajo estudio y una correlación directa con la parte resolutiva de la decisión, lo que en efecto en el presente caso no ocurrió.

FUENTE FORMAL: LEY 923 DE 2004 - ARTÍCULO 3 / DECRETO 1858 DE 2012 - ARTÍCULO 2

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 11001-03-15-000-2018-01975-00(AC)

Actor: JERSON GREGORIO PÉREZ TORDECILLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y OTRO

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Jerson Gregorio Pérez Tordecilla en contra del Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A de conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

Mediante escrito radicado el 14 de junio del 2018 en la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Jerson Gregorio Pérez Tordecilla, actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.

El accionante consideró vulneradas sus garantías con ocasión de las sentencias del 23 de agosto de 2017 y 15 de marzo de 2018 dictadas por el Juzgado Doce Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección A, respectivamente, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 11001-33-35-012-2015-00482-01 que adelantó contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional –CASUR–, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.

A título de amparo constitucional, solicitó la protección de los derechos invocados y:

“(…) ORDENE al Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Magistrado Ponente NÉSTOR JAVIER CALVO CHAVES, REVOQUE DIRECTAMENTE las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Juez 12 Administrativo del Circuito de Bogotá y el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento No 11001333501220150048200, POR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO…SE ORDENE a la (sic) de la Sección Segunda Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, profiera una nueva sentencia…”

2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos, que son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

El señor Jerson Gregorio Pérez Tordecilla, ingresó a la Policía Nacional el 4 de agosto de 1997, como alumno nivel ejecutivo; posteriormente, a través de la Resolución No. 002163 del 31 de julio de 1998, ascendió al grado de subintendente.

El accionante fue retirado del servicio bajo la figura de la “Destitución” en virtud de una sanción disciplinaria, mediante Resolución No. 01438 del 14 de abril de 2015, expedida por el Director General de la Policía Nacional, momento en el cual tenía como tiempo de servicio activo 17 años, 11 meses y 15 días.

Al momento del retiro de la institución el actor tenía el grado de Intendente y presentó ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR solicitud de reconocimiento de la asignación de retiro con fundamento en lo dispuesto en el Decreto 1212 de 1990, marco normativo que exige como tiempo mínimo para el reconocimiento de la referida prestación, 15 años de servicio.

CASUR, mediante oficio GAG 7880 del 3 de junio de 2015, negó la petición del accionante por cuanto al ser destituido debía acreditar 25 años de servicio según el Decreto 1858 de 2012, puesto que no cumplía con el tiempo requerido .

Por lo anterior, el actor inició acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR-, al considerar que la normativa aplicable era el Decreto 1212 de 1990 y no el Decreto 1858 de 2012.
Dicha acción correspondió por reparto al Juzgado Doce Administrativo de Bogotá, que mediante fallo del 23 de agosto de 2017 negó las pretensiones de la demanda, por cuanto el actor no contaba con el tiempo de servicio exigido por el Decreto 1858 del 2012 que hace referencia a 25 años de servicios.

Inconforme con la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” que con fallo del 15 de marzo de 2018, confirmó la sentencia recurrida de conformidad con los mismos argumentos expuestos por el a quo.

3. Fundamentos de la vulneración

La parte accionante fundamentó la petición de amparo bajo la siguiente línea argumentativa:

Consideró que las decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá, incurrieron en un defecto sustantivo al desconocer las reglas fijadas por la Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990 (normas que en su criterio debieron ser aplicadas para resolver el proceso ordinario) los cuales exigen para acceder a la asignación de retiro un tiempo de servicio activo superior a 15 años, requisito que cumplió con satisfacción, por ende, bajo dicha normativa tiene derecho a que se reconozca la prestación demandada.

Así mismo indicó que las accionadas desconocieron el precedente judicial del Consejo de Estado, que en casos similares al del actor en que aun siendo destituidos de la institución les fue concedida la asignación de retiro, refiriendo los siguientes:

Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra, sentencia del 14 se septiembre de 2017. Radicado: 20001-23-39-000-2015-00451-01 (2936- 16)

Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra, sentencia del 28 de septiembre de 2017. Radicado:15001-23-33-000-2015-00238-01 (4302-2015)

Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra, sentencia del 28 de septiembre de 2017. Radicado:25000-23-42-000-2013-01057-01 (3803-2016)

Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra, sentencia del 8 de septiembre de 2017. Radicado:25000-23-42-000-2013-00224-01 (3743-2014)

Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra, sentencia del 5 de octubre de 2017. Radicado:18001-23-33-000-2014-00085-01 (3034-16)

Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, Consejero Ponente: William Hernández Gómez, sentencia del 19 de abril de 2018. Radicado:05001-23-33-000-2013-01922-01 (1288-2016)

Consejo de Estado – Sección Primera, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez, sentencia del 1º de marzo de 2018. Radicado:11001-03-05-000-2017-03432-00 (Acción de tutela)

4. Actuaciones procesales relevantes

4.1. Admisión de la demanda

Mediante auto del 19 de junio del 2018, se admitió la demanda de tutela y se dispuso su notificación a la parte actora, a las autoridades judiciales accionadas; así como la vinculación, en su calidad de tercero interesado, de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR.

De otra parte, se reconoció personería para actuar al apoderado de la parte accionante.

4.2. Contestación de las autoridades judiciales accionadas

4.2.1. Juzgado Doce Administrativo de Bogotá

Pese a ser notificado en debida forma guardó silencio.

4.2.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Mediante escrito allegado a la Oficina de Correspondencia de esta corporación el Magistrado Ponente de la decisión de segunda instancia cuestionada, manifestó luego de enunciar los argumentos abordados en el trámite surtido en el proceso ordinario, que en el caso concreto no se encuentran acreditados ninguno de los elementos que se describen como omitidos, pues contrario a lo afirmado por el actor la providencia adoptada correspondió a un análisis jurisprudencial y legal, así como, a la valoración del material probatorio allegado al proceso.

Concluyó que en tratándose del personal incorporado directamente al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional les resulta plenamente aplicable el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, motivo por el cual, para el caso del demandante y a efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, le era exigible el cumplimiento de un tiempo mínimo de 20 años o 25 años de servicio “dependiendo de su causal de retiro”.

4.2.3 Informe del tercero

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional- CASUR-, con escrito radicado el 5 de julio del 2018, a través del Jefe de Oficina Jurídica, refirió que la acción de tutela resulta improcedente al no ser la vía idónea para examinar la legalidad de las providencias judiciales cuestionadas para las cuales la ley consagra recursos y oportunidades procesales para interponerlas garantizando los derechos de defensa y de doble instancia.

Destacó que se debe mantener en su integridad el fallo cuestionado, toda vez que se ajusta a los preceptos constitucionales y legales en estricto cumplimiento de la normatividad vigente.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la petición de amparo constitucional presentada por la parte accionante, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el artículo 2º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Se superan en el caso en concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala estudiará lo siguiente:

¿Incurrieron las providencias proferidas por el Juzgado Doce Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial al no aplicar el Decreto 1212 de 1990, desconociendo los derechos invocados en materia de asignación de retiro del accionante?

3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas: i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) régimen de la asignación de retiro de la Policía Nacional; iv) generalidades de los defectos alegados; y v) análisis del caso concreto.

3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de 2012 unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetro procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.

A partir de esa decisión, se dejó en claro que la acción de tutela se puede interponer contra decisiones judiciales, incluidas las de las Altas Cortes, específicamente, las del Consejo de Estado, autos o sentencias, que desconozcan derechos fundamentales, asunto que en cada caso deberá probarse y, en donde el actor tendrá la carga de argumentar las razones de la violación.

Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo -procedencia sustantiva- y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto - procedencia adjetiva.

Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedencia adjetiva, esto es: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; y iii) inmediatez.

Luego de ello, sería posible realizar el estudio de la procedibilidad sustantiva a través de los posibles errores específicos en que podría incurrir una providencia judicial. Estos últimos, según la doctrina fijada en la sentencia C-590 de 2005, y acogida por esta Sección se resumen, de manera general, de la siguiente manera:

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; y h. Desconocimiento del precedente.

De esta manera, la acción de tutela será procedente una vez verificado: (i) la concurrencia de los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la configuración de alguno de estos requisitos específicos mencionados -siempre y cuando hayan sido alegados por el interesado-; y que (iii) el vicio o defecto es de tal trascendencia que implica la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.

3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

Para esta Sala está acreditado que la solicitud de amparo no se dirige a cuestionar decisiones producto de un proceso de tutela, con lo que se entiende superado el primero de los requisitos.

También el de subsidiariedad, pues la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que se cuestiona en sede de tutela, puso fin a la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado 11001-33-35-012-2015-00482-01, y frente a tal providencia no procede recurso ordinario alguno.

Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta acción constitucional no se compadecen con los requisitos que hacen procedente el recurso extraordinario de revisión.

Y, por último, se cumple con el de la inmediatez en atención a que la providencia de segunda instancia atacada es del 15 de marzo de 2018, y aunque el término para calcular el plazo prudencial para promover la solicitud de amparo se contabiliza a partir de la ejecutoria de la sentencia reprochada, lo cierto es que la tutela fue presentada el 14 de junio de 2018, lo que desde ya implica un ejercicio oportuno de la acción de tutela.

Superados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, la Sala se adentrará en el examen del reproche formulado.

3.3. Del régimen de la asignación de retiro de la Policía Nacional.

Por disposición constitucional los miembros de la Fuerza Pública se benefician de un régimen prestacional especial, en consideración al ejercicio de las funciones públicas que desarrollan en cumplimiento de su actividad. Lo anterior es el fundamento de una normatividad legal diferente respecto de los demás servidores públicos, y a su exclusión de la aplicación del sistema integral de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 797 de 2003.

Ahora bien, el Decreto 1212 de 1990, “Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional”, en su artículo 144 estableció los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, establece la norma en comento:

“ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al (…)”.

Por su parte, el Decreto 1213 de 1990, “Por el cual se reforma el estatuto del personal de agentes de la Policía Nacional”, en cuanto a los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro de los Agentes, señaló:

“ARTÍCULO 104. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por disposición de la Dirección General, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala conducta comprobada, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por inasistencia al servicio y los que se retiren a solicitud propia después de los veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al (…)”.

Luego, se profirió la Ley 180 de 1995, norma que creó el Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional, la cual permitió el ingreso a este nuevo nivel del personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes al servicio de la Policía Nacional. Así mismo mediante Decreto 1091 de 1995, expidió su régimen de asignaciones y prestaciones.

El artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 estableció los requisitos para acceder a la asignación de retiro. No obstante, el citado decreto fue declarado nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 14 de febrero de 2007, al considerar que “el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto - se repite - era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo”.

Luego, se profirió la Ley 923 de 2004 (Ley marco), que señaló las normas, objetivos y criterios que debería observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, la cual, en su artículo tercero dispuso los elementos mínimos que debía contener la reglamentación que expediría el Gobierno. Esto es, que a los uniformados que estuvieran en servicio a la entrada en vigencia de la ley no podrían exigírsele tiempos de servicio superiores a los consagrados en las disposiciones vigentes a esa época.

Adicional a lo anterior, fijó un régimen de transición para proteger las expectativas legítimas de quienes estuvieran próximos a acceder al derecho de asignación de retiro.

La Ley 923 de 2004 fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4433 de 2004, el cual, en el parágrafo 2º del artículo 25, señaló:

“Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional. (…)

Parágrafo 2°. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro (…).”

De la lectura del precepto normativo citado en precedencia se tiene que para el reconocimiento de la asignación de retiro a favor de los miembros de la Policía Nacional, estos debían acreditar como mínimo 20 años de servicio, para los que fueran retirados por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del Ministro de Defensa o del Director General de la Policía, o por disminución de la capacidad psicofísica; mientras que, aquellos que se retiraran por voluntad propia debían contar con 25 años para acceder a la referida prestación.

No obstante, el parágrafo segundo del artículo arriba citado fue declarado nulo por el Consejo de Estado, mediante sentencia del 12 de abril de 2012, (radicado interno No. 1074-2007), al considerar que el Gobierno Nacional desbordó la potestad reglamentaria, al aumentar la edad para acceder a la asignación de retiro y vulnerar la cláusula de reserva legal.

De lo expuesto hasta acá se observa que los Decretos 1091 de 1995 y 4433 del 2004 establecieron un tiempo mayor para acceder a la asignación de retiro (20 años) al que se encontraba previsto en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 (15 años).

Así pues, resulta claro que al quedar en firme las sentencias que declararon la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y el parágrafo 2º del artículo 25 del Decreto 4433 del 2004, “se debe entender que desaparecieron del ordenamiento jurídico, entendiéndose tal situación desde el mismo momento en que fueren expedidos; por lo que las condiciones establecidas para la asignación de retiro deben examinarse a la luz de lo dispuesto en la Ley 923 de 2004”.

Luego, el Gobierno Nacional profirió el Decreto 1858 de 2012 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional", el cual, en el artículo segundo estableció los requisitos para la asignación de retiro del personal que ingresó al escalafón por incorporación directa, al respecto expuso:

“Artículo 2. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al escalafón por incorporación directa. Fijase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la Institución con veinte (20) años o más de Servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a (…)”.

Dicha norma fue suspendida provisionalmente (medida cautelar) por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante providencia de 14 de julio de 2014, al considerar que no tenía en cuenta la prohibición consagrada en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004, esto es, la de establecer tiempos de servicio mayores a los que consagraban las normas anteriores.

No obstante, la suspensión decretada fue objeto de recurso de súplica, el cual fue decidido con proveído de 8 de octubre de 2015, en el sentido de levantar la suspensión que recayó sobre el citado precepto legal.

3.4. De las generalidades del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, ha explicado que el defecto sustantivo se presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
No se hace una interpretación razonable de la norma.
La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición.
La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma .
Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga argumentativa.

3.5. Del precedente

La Sala precisa que constituye precedente aquella regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para que dicha regla sea considerada como precedente.

Resulta necesario precisar “…que debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del juez.”

En otras palabras, para que pueda hablarse de precedente es indispensable que una Alta Corte, haga uso de su actividad creadora, cuando las exigencias del caso así lo ameriten, como sucede en aquellos eventos en que una Alta Corporación se enfrenta a un caso en el cual, después de haber analizado los supuestos fácticos, los fundamentos jurídicos existentes y apreciado en su conjunto los elementos probatorios allegados, no encuentra una solución expresamente consagrada en el ordenamiento jurídico, por ello debe realizar un análisis desde los criterios hermenéuticos –semántico, sistemático y funcional–, encontrando que para la solución del caso en estudio existe una laguna jurídica, la cual es necesario resolver mediante la analogía o la integración a partir de principios, dando como resultado la creación de una regla, trascendiendo la clásica función de subsunción y elaboración de silogismos.

Se destaca que existe una tendencia en los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional que confunden y utilizan en forma indistinta los conceptos de jurisprudencia y precedente, como acaeció en la sentencia SU-053 del 2015 en la que se consignó que “El precedente es conocido como la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.

Tal definición deja por fuera un elemento esencial y determinante de la noción de precedente y es precisamente aquel referido a que la sentencia que se califica como tal debe haber creado una regla para solucionar un determinado conflicto jurídico, aspecto que fue dejado de lado por el alto tribunal, al considerar que cualquier sentencia o conjunto de sentencias podía constituir precedente.

Sin embargo, tal yerro fue corregido por la alta Corporación en la sentencia SU-288 de 2015 que en forma clara diferenció el concepto de precedente de la necesidad constante de realizar ejercicios interpretativos del ordenamiento jurídico, labor que no sólo comprende la integración del derecho, sino la creación de subreglas:

“…la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, de conformidad con los artículos 228 y 230 de la Constitución, los jueces gozan de autonomía e independencia para el ejercicio de sus funciones y “en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.” Sin embargo, es ampliamente aceptado que los jueces, más allá de llevar a cabo una aplicación mecánica de la ley, realizan un ejercicio permanente de interpretación del ordenamiento jurídico que implica esencialmente la determinación de cuál es la disposición jurídica aplicable al caso y los efectos que de ella se derivan. Incluso, se ha entendido que mediante sus providencias los jueces desarrollan un complejo proceso de creación e integración del derecho que trasciende la clásica tarea de la subsunción y elaboración de silogismos jurídicos”.

4. Análisis del caso concreto

4.1 La parte actora argumentó que las decisiones de primera y segunda instancia controvertidas en sede de tutela deben revocarse toda vez que, en su criterio, incurrieron en defecto sustantivo al desconocer las reglas fijadas por la Ley 923 de 2004 y Decreto 1212 de 1990, las cuales exigen para acceder a la asignación de retiro por destitución un tiempo de servicio activo superior a 15 años, requisito que cumplió con satisfacción, toda vez que estuvo vinculado a la Fuerza Pública 17 años, 11 meses y 15 días.

De cara al caso, para la Sala, contrario a lo señalado por el accionante habrá de negarse la solicitud de amparo bajo las siguientes razones:

De la lectura de los supuestos fácticos de la petición de amparo se observa que el actor ingresó a la Policía Nacional el 4 de agosto de 1997, su vinculación fue de forma directa al Nivel Ejecutivo y fue retirado del servicio por destitución el 14 de abril de 2015.

Al respecto, se observa que en la providencia censurada de segunda instancia se indicó lo siguiente:

“Del material probatorio recaudado dentro del presente proceso, se observa que el demandante ingresó al servicio de la policía Nacional como alumno del nivel ejecutivo desde el 4 de agosto de 1997 hasta el 30 de julio de 1998, ingresando al nivel ejecutivo desde el 31 de julio de 1998 hasta el 21 de abril de 2015 llegando a ocupar el Grado de Intendente, momento en que fue retirado del servicio por destitución.

En razón de lo anterior, el demandante acumuló diecisiete (17) años, once (11) meses y quince (15) días al servicio de la policía nacional, con sustento en lo cual solicitó a CASUR el reconocimiento de su asignación de retiro, misma que le fue negada por esa entidad a través del acto administrativo demandado, contenido en el Oficio Nº 7880/GAG del 3 de junio de 2015, aduciéndose que no cumplía los veinticinco (25) años de servicios para el reconocimiento de esa prestación.

Así las cosas, al haberse determinado que, conforme a lo analizado en el fundamento normativo de esta providencia, el Decreto 1858 de 2012 se encuentra plenamente vigente y consecuencialmente aplicable para el presente asunto, debe señalarse que debido a que el demandante ingresó o fue incorporado de manera directa el nivel ejecutivo de la Policía Nacional el 31 de julio de 1998, su situación jurídica, concerniente al reconocimiento de la asignación de retiro, se encuentra determinada por el artículo 2 de la norma ibídem, toda vez que no se trata de personal homologado al nivel ejecutivo, pues nunca perteneció al nivel de Suboficiales o Agentes, sino que ingresó de manera directa a ese nivel.

En consecuencia, toda vez que el demandante perteneció e ingreso de manera directa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y fue retirado del servicio por destitución el 21 de abril de 2015, en los términos del artículo en comento, aquel se encuentra en la obligación de acreditar veinticinco (25) años de servicio para ser acreedor de la asignación de retiro. No obstante, toda vez que únicamente acreditó diecisiete (17) años, once (11) meses y quince (15) días, se arrima a la conclusión que el demandante no cumplió con los requisitos exigibles por la normativa aplicable para ser acreedor de esa prestación”. (Negrillas y subrayas del texto original)

Advierte la Sala que las normas alegadas como desconocidas por el tutelante, no eran aplicables al proceso ordinario objeto de revisión, ello, toda vez que dicho decreto (1212 de 1990) regula la situación administrativa de los Agentes, Oficiales y Suboficiales así como los que ingresaron al Nivel Ejecutivo por homologación, mientras que el actor, como lo expone él mismo, ingresó de forma directa a dicho escalafón. Por lo que el Tribunal accionado aplicó la disposición legal para resolver el sub examine, esto es, el artículo 2º del Decreto 1858 de 2012, pues la referida norma distingue dos (2) hipótesis para el reconocimiento de la anotada prestación, a saber: i) 20 años de servicio cuando el retiro del policial se produzca por llamamiento a calificar servicios, por voluntad del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica y, ii) 25 años de servicios cuando el retiro sea por solicitud propia, separación absoluta o destitución, requisitos que el actor no cumplió para la asignación de retiro, toda vez que únicamente acreditó diecisiete (17) años, once (11) meses y quince días.

Así las cosas, en atención a los hechos probados en el curso de la acción de tutela se puede concluir que no le asiste razón al accionante, pues el decreto del que solicita su aplicación rige exclusivamente a los Agentes de Policía, mientras que el señor Jerson Gregorio Pérez Tordecilla, ingresó directamente al nivel ejecutivo y ostentaba la calidad de Intendente al momento de su desvinculación del servicio policial.

4.2. En cuanto al desconocimiento del precedente judicial, debe analizarse si las autoridades judiciales accionadas incurrieron en dicho defecto, por no atender de las decisiones mencionadas en la solicitud de amparo.

El actor consideró que las accionadas pasaron por alto el precedente judicial del Consejo de Estado, que en casos similares al del actor en que aun siendo destituidos de la institución les fue concedida la asignación de retiro.

Para que una decisión sea constitutiva de violación de derechos fundamentales conviene verificar que las circunstancias de tiempo, modo y lugar sean coincidentes, es decir, que las reglas fijadas en una decisión, sean aplicables a casos similares.

Así las cosas, revisadas las sentencias señaladas como desconocidas por la parte accionante, se evidencia que contiene un fundamento distinto al que persigue el actor, pues allí se formularon los siguientes problemas jurídicos:

20001-23-39-000-2015-00451-01(2936- 16). Fuerzas militares, reconocimiento de la asignación de retiro. “el problema jurídico que deberá resolver la Sala, consiste en determinar si para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro de un militar vinculado al servicio al entrar en vigencia la Ley 923 del 2004, es dable aplicar la norma anterior, esto es, el Decreto 1211 de 1990”.

25000-23-42-000-2013-00224-01(3743-2014) Fuerzas militares, reconocimiento de la asignación de retiro “el problema jurídico que deberá resolver la Sala, consiste en determinar para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro de un militar vinculado al servicio al entrar en vigencia de la Ley 923 de 2004, si es dable aplicar la norma anterior, esto es, el Decreto 1211 de 1990”.

Lo anterior no resulta aplicable al presente caso puesto que la norma aplicable al tutelante es la relativa al régimen especial de la Policía Nacional consistente en el nivel ejecutivo. Luego, es la referida decisión no se discute el tipo de vinculación, como tampoco la forma de desvinculación.

15001-23-33-000-2015-00238-01(4302-2015) Policía Nacional, asignación de retiro.”el problema jurídico que deberá resolver la Sala, consiste en determinar si para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro del señor Ricardo Escamilla Calderón como Intendente de la Policía Nacional vinculado al servicio al entrar en vigencia la Ley 923 del 2004, es dable aplicar la norma anterior, concretamente, el Decreto 1213 de 1990”.

25000-23-42-000-2013-01057-01(3803-2016) Policía Nacional, asignación de retiro “el problema jurídico que deberá resolver la Sala, consiste en determinar si para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro del señor César Augusto Guzmán como Intendente Jefe de la Policía Nacional vinculado al servicio al entrar en vigencia la Ley 923 del 2004, es dable aplicar la norma anterior, concretamente, el Decreto 1212 de 1990”.

En esta oportunidad los demandantes homologaron sus servicios al nivel ejecutivo de la Policía Nacional, por lo que debe señalarse que la situación jurídica del tutelante es diferente, puesto que el reconocimiento de la asignación de retiro para los que ingresaron de manera directa el nivel ejecutivo de la Policía Nacional , se encuentra determinada por el Decreto 1858 de 2012 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional”, el cual, en el artículo segundo estableció los requisitos para la asignación de retiro del personal que ingresó al escalafón por incorporación directa.

“Artículo 2. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al escalafón por incorporación directa. Fijase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal que ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la Institución con veinte (20) años o más de Servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a (…)”. (Subrayas y negrillas fuera del texto original)

Mientras que los casos arriba señalados, los demandantes ingresaron al nivel ejecutivo pero bajo la modalidad de homologación regulada por el Decreto (1212 de 1990) el cual exige para acceder a la asignación de retiro por destitución un tiempo de servicio activo superior a 15 años, norma no aplicable al caso del señor Pérez Tordecilla lo que hace que los dos casos sean son abiertamente disímiles.

En consecuencia, el demandante perteneció e ingreso de manera directa al nivel ejecutivo de la Policía Nacional y fue retirado del servicio por destitución el 14 de abril de 2015, en los términos del artículo en comento, aquel se encontraba en la obligación de acreditar veinticinco (25) años de servicio para ser acreedor de la asignación de retiro.

18001-23-33-000-2014-00085-01(3034-16) “el problema jurídico que deberá resolver la Sala, consiste en determinar para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro de un Intendente de la Policía Nacional vinculado al servicio al entrar en vigencia de la Ley 923 de 2004, si es dable aplicar la norma anterior, esto es, el Decreto 1213 de 1990”.

05001-23-33-000-2013-01922-01(1288-2016) “el problema jurídico que deberá resolver la Sala, consiste en determinar para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro de un Intendente de la Policía Nacional vinculado al servicio al entrar en vigencia de la Ley 923 de 2004, si es dable aplicar la norma anterior, esto es, el Decreto 1213 de 1990”.

En el presente caso el demandante perteneció a el nivel ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa, sin embargo para la fecha en que fue retirado del servicio, no se encontraba aplicable el Decreto 1858 de 2012.

11001-03-05-000-2017-03432-00. (Acción de tutela)

No puede ser considerada como precedente judicial, pues no fue emitida por el órgano de cierre de la máxima jurisdicción constitucional.

Así las cosas, del cargo del presunto desconocimiento de precedente, tampoco tiene vocación de prosperidad en atención a que lo anterior hace diferente el asunto bajo estudio respecto de los 7 señalados, por lo que al no ser asimilables, no puede predicarse la obligatoriedad de decidir en igual sentido.

Por lo expuesto, la autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto alegado, pues el desconocimiento del precedente está constituido por apartes específicos y concretos de decisiones anteriores las cuales deben tener una relación estrecha o similar con el caso bajo estudio y una correlación directa con la parte resolutiva de la decisión, lo que en efecto en el presente caso no ocurrió.

Así, la Sala observa que el asunto bajo análisis se encuentra enmarcada dentro del principio de autonomía judicial que tienen los jueces de la República, tal como lo establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, sin que la acción de tutela pueda ser utilizada como una instancia adicional, por lo que se negará el amparo solicitado.

Con fundamento en todo lo anterior, se negarán las pretensiones de la presente tutela, toda vez que no se encuentran configurados los defectos expuestos por la parte actora.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Quinta del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor Jerson Gregorio Pérez Tordecilla, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero

ALBERTO YEPES BARREIRO
(Ausente con excusa)
Folio 1. Folio 80. Folios 88.
"Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado". Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012, Expediente No. 2009-01328-01, C.P. MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. El recuento de esos criterios se encuentra de las páginas 13 a 50 del fallo antes reseñado. Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia” (negrillas dentro del texto). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, Expediente No. 2012-02201-01 (IJ), C.P. JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01) y Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01. Corte Constitucional. Sentencia SU-337/2017, M.P Antonio José Lizarazo Ocampo
Consejo de Estado, Sección Quinta, Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro, sentencia de tutela del 18 de abril de 2018. Radicado No: 11001-03-15-000-2018-00606-00. Por el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional. Exp. No. 11001032500020040010901.
“Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.”
"por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública."
Sentencia de 28 de septiembre de 2017, radicado No. 150012333000201500238 01, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
Radicado No. 110010325500020130054300. Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. Corte Constitucional, Sentencias SU.159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del 27 de enero de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31 de marzo de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-657 del 10 de agosto de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, T-743 del 24 de julio de 2008, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1º de febrero de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, T-792 del 1º de octubre 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio entre otras. Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3 de marzo de 2005. M.P. Manuel José cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4 de marzo de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería. Corte Constitucional, Sentencia T-522 de 2001M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30 de enero de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 del 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13 de mayo de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26 de agosto de 2004. M.P. Clara Inés Vargas. Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01. Corte Constitucional, Sentencia SU-053 del 12 de febrero de 2015, M.P.

Gloria Stella Ortiz Delgado. Corte Constitucional, Sentencia SU-288 del 14 de mayo de 2015 M.P. Mauricio González Cuervo.

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