Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01922-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Asignación de retiro: policía Nacional
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2013-01922-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 05001-23-33-000-2013-01922-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
19 de abril de 2018
ASIGNACION DE RETIRO - Policía Nacional / ASIGNACION DE RETIRO - Recuento normativo / REGIMEN DE TRANSICION - Beneficiario / ASIGNACION DE RETIRO - Reconocimiento
Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los servidores de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional indicó que a los miembros en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 no se les exigirá un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores, sin que pueda ser superior a 20 años de servicios cuando el retiro se produzca a solicitud propia, ni inferior a los 15 años de servicios cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. El demandante por ser miembro activo de la Policía Nacional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º ordinal 3.1.º de dicha normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 (15 años por ser retirado en forma absoluta).
FUENTE FORMAL: LEY 923 DE 2004 / DECRETO 1212 DE 1990
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
SUBSECCION “A”
Consejero ponente: WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil dieciocho (2018).
Radicación número: 05001-23-33-000-2013-01922-01(1288-16)
Actor: GUSTAVO DE JESUS LIZCANO RODRIGUEZ
Demandado: CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. LEY 1437 DE 2011.
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por la parte demandante contra la sentencia proferida el 18 de diciembre de 2015 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Gustavo de Jesús Lizcano Rodríguez en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.
Pretensiones.
1. Declarar la nulidad del Oficio 947 del 8 de marzo de 2013 proferido por el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, que negó la asignación de retiro al intendente retirado Gustavo de Jesús Lizcano Rodríguez.
A título de restablecimiento del derecho solicitó:
2. Reconocer la asignación de retiro a la cual tiene derecho y ordenar el pago de todos los salarios y prestaciones sociales dejados de devengar, desde la fecha de retiro, es decir, desde el 12 de agosto de 2011 hasta que se profiera sentencia que reconozca el derecho.
3. Ordenar que las sumas reconocidas sean indexadas y con los respectivos intereses moratorios.
4. Dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en el artículo 192 del CPACA.
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
En el marco de la parte oral del proceso bajo la Ley 1437 de 2011, la principal función de la audiencia inicial es la de precisar el objeto del proceso y de la prueba.
En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.
Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso, a modo de antecedentes:
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.
En el presente caso a folio 54 y cd que obra a folio 57, en la etapa de excepciones previas se indicó lo siguiente:
«[…] Teniendo en cuenta que la entidad demandada no contestó la demanda se procede a fijar el litigio […]»
La decisión quedó notificada en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo», porque es guía y ajuste de esta última.
En el sub lite a folio 54 y cd que obra a folio 57, se fijó el litigio respecto de los hechos relevantes, pretensiones y el problema jurídico de la siguiente forma:
Hechos relevantes según la fijación del litigio
«[…] Se informó que el señor GUSTAVO DE JESÚS LIZCANO RODRÍGUEZ, prestó sus servicios personales mediante una relación legal reglamentaria en la Policía Nacional, desde el día 12 de julio de 1994, en vigencia de los Decretos (sic) 1213 de 1990.
Que mediante Resolución No. 10430 del 28 de junio de 1995 se graduó como Patrullero de la Policía Nacional; mediante Resolución No. 02766 del 10 de agosto de 2011 fue retirado de la Policía Nacional por destitución.
Se pone de presente que a la fecha de retiro del servicio activo, el señor GUSTAVO DE JESÚS LIZCANO RODRÍGUEZ, llevaba un tiempo en la Policía Nacional de 17 años, 3 meses y 28 días.
Para la fecha del retiro del Intendente GUSTAVO DE JESÚS LIZCANO RODRÍGUEZ, tenía un sueldo básico de $1.712.536, prima nivel ejecutivo por valor de $342.507, subsidio familiar Nivel Ejecutivo $22.136, subsidio de alimentación $40.137, prima de retorno a la experiencia de $51.376, factores que hacen parte integrante del salario, conforme a las normas vigentes.
Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional en el oficio (sic) 947 de fecha 08 de marzo de 2013 le negó al demandante la asignación de retiro con fundamento en el Decreto 4433 de 2004 en concordancia con el Decreto 1858 de 2012 señalando que el personal del nivel ejecutivo para efectos de reconocimiento de la asignación mensual de retiro cuando es desvinculado por destitución debe acreditar como mínimo 25 años de tiempo de servicios y que además de acuerdo al Decreto 1858 del 6 de septiembre de 2012 aplica solo para el personal homologado al nivel ejecutivo de la policía nacional (sic) y la incorporación fue directa. […]»
Pretensiones
«[…] Que se declare la nulidad del acto administrativo -oficio No. 947 de fecha 08 de marzo de 201, proferido por el Director General de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, mediante la (sic) cual se negó otorgarle la asignación de retiro al Intendente GUSTAVO DE JESÚS LIZCANO RODRÍGUEZ.
A título de restablecimiento del derecho que se le reconozca la asignación de retiro a la cual tiene derecho el señor GUSTAVO DE JESÚS LIZCANO RODRÍGUEZ y se le reconozca y pague de todos los sueldos y prestaciones sociales dejados de devengar, desde la fecha de retiro es decir desde el 12 de agosto de 2011 hasta que le pague (sic) más los intereses moratorios y la indexación a que hubiere lugar. […]»
Problema jurídico fijado en el litigio
«[…] si el señor GUSTAVO DE JESÚS LIZCANO RODRÍGUEZ quien ingresó a la policía nacional (sic) desde el 12 de julio de 1994 y retirado por destitución el 10 de agosto de 2011, tiene derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro.[…]»
Se le concedió el uso de la palabra a las partes y manifestaron estar de acuerdo.
SENTENCIA APELADA
El a quo profirió sentencia escrita, en la cual denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, estudió la naturaleza jurídica de la Ley 923 de 2004 y del Decreto 4433 de 2004, para concluir que el demandante no tenía derecho a la asignación de retiro, toda vez que a la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, conforme a su hoja de servicio, tenía 9 años y seis meses vinculado a la institución policial, por tanto no logró demostrar los 15 años de servicios exigidos por el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 y, adicionalmente, no cumplió con el supuesto de hecho regulado en el parágrafo 1 del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, el cual exigía de igual forma, contar con 15 años de servicio a la entrada en vigencia de la referida norma, para efectos del reconocimiento prestacional en cuantía del 50% de las partidas computables.
Arguyó que no le era aplicable el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, toda vez que la causal de retiro del servicio se produjo por destitución, en tanto, que la citada norma prevé la terminación por solicitud propia.
En igual sentido, consideró que al momento del retiro, el señor Lizcano Rodríguez acumulaba un tiempo de servicio de 17 años y 29 días, por lo que tampoco reunía el requisito previsto en el inciso 1 del artículo 24 del citado Decreto, es decir, 18 años, para el reconocimiento de una asignación de retiro en cuantía del 62% de las partidas computables.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones de la misma, conforme los argumentos que a continuación se exponen.
Sostuvo que el a quo realizó una interpretación errónea de la Ley 923 de 2004, al señalar que el demandante debía contar con 15 años de servicio a 31 de diciembre de 2004, pues lo que prevé la citada normativa es que al momento de entrada en vigencia de la citada ley, se encuentre el servidor en servicio activo, lo cual quedó plasmado tanto en la ley como en su exposición de motivos. Citó apartes jurisprudenciales de la Sentencia proferida por esta Corporación el 11 de octubre de 2012, que a su criterio, dejó claro que quienes se encontraran en servicio activo a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, se regirán por las normas anteriores contenidas en los Decretos 1212 y 1213 de 1990.
Igualmente, señaló que se probó dentro del proceso que el señor Gustavo de Jesús ingresó a la Policía Nacional el 12 de julio de 1994 y fue retirado del servicio por destitución el 10 de agosto de 2011, por lo que acreditó 17 años, 3 meses y 17 días, de donde se colige que se vinculó a la institución mucho antes de que entrara en vigencia la Ley 923 de 2004, sin que sea posible que se le exija un tiempo superior al consagrado en los Decretos 1212 y 1213 de 1990 y mucho menos pretender que posea más de 15 años de labores al momento de expedirse la citada Ley 923 de 2004.
En este mismo sentido, indicó que la demandada al haber sustentado la negativa del reconocimiento de la asignación de retiro en normas que ya habían sido declaradas nulas, como lo son el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y parágrafo 2 del Artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, y, en otra que no había nacido a la vida jurídica, como es el caso del Decreto 1858 de 2012, vulnera de forma flagrante el debido proceso y el principio de favorabilidad laboral. Reiteró que el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro aquí reclamada.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante:
Insistió en que al haber desaparecido del ordenamiento jurídico los decretos que regulaban la asignación de retiro para los miembros del nivel ejecutivo, se debe dar aplicación a los Decretos 1212 y 1213 de 1990 y así garantizar los derechos adquiridos del demandante.
Ministerio Público:
La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado, luego de realizar el estudio de los artículos pertinentes de la Ley 923 de 2004 y el Decreto 4433 de 2004, sostuvo que al declararse la nulidad del parágrafo 2 del artículo 25, quedaron en vigencia los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que regulan los requisitos mínimos para el reconocimiento de la asignación de retiro.
Acorde con lo anterior, aseveró que el demandante no acreditó el tiempo mínimo de servicio según lo ordenado por el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, es decir, 15 años de servicios motivo por el cual, debía confirmarse la sentencia recurrida.
A su turno, la parte demandada guardó silencio en el desarrollo de esta etapa procesal.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.
De igual forma, de conformidad con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico que se debe resolverse en esta instancia se circunscribe a los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales se resumen en la siguiente pregunta:
¿El señor Gustavo de Jesús Lizcano Rodríguez en su calidad de intendente retirado de la Policía Nacional tiene derecho al reconocimiento y pago de la asignación de retiro en aplicación del régimen de transición contemplado en el artículo 3, ordinal 3.1 de la Ley 923 de 2004?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: El demandante es beneficiario del régimen de transición previsto el artículo 3, ordinal 3.1 de la Ley 923 de 2004y, por tanto tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro, con base en los siguientes argumentos.
Régimen de asignación de retiro de la Policía Nacional
La asignación de retiro es una prestación de naturaleza económica que surge de la relación laboral administrativa existente entre el Estado y los miembros de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional), quienes al cese definitivo de la prestación de sus servicios se hacen acreedores, en tanto cumplan con los requisitos legalmente determinados, al reconocimiento y pago en forma mensual y vitalicia de una determinada suma de dinero que tiene como finalidad garantizar, al menos, la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador retirado y las de su familia.
En esos términos, la asignación de retiro resulta ser la consagración de un sistema pensional especial para la Fuerza Pública y, por lo tanto, una de las formas en que se materializa el derecho a la seguridad social en este sector, lo que determina que constituya un derecho fundamental irrenunciable de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política.
Ahora bien, el Decreto 1212 de 1990 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional», respecto a los requisitos para el reconocimiento de la asignación de retiro en su artículo 144, previó:
«ARTÍCULO 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.
PARAGRAFO 1o. La asignación de retiro de los Oficiales y Suboficiales que durante la vigencia de este Estatuto se retiren con treinta (30) o más años de servicio, será equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas fijadas en el artículo 140, liquidadas en la forma prevista en este Decreto.
PARAGRAFO 2o. Los Oficiales y Suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación.» (Subrayas fuera de texto).
Por su parte, el Nivel Ejecutivo en la Policía Nacional fue creado mediante la Ley 180 de 1995, disposición en la cual se permitió el ingreso a este nuevo nivel del personal de Oficiales, Suboficiales y Agentes al servicio de la Policía Nacional y por medio del Decreto 1091 de 1995 de junio 17 de 1995, se expidió su régimen de asignaciones y prestaciones en desarrollo de la Ley 4ª de 1992. Concretamente tratándose de la asignación de retiro esta norma la reguló en el artículo 51, en el que se previó:
«ARTÍCULO 51. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1091_1995_pr001.htm" \l "49" 49 de este Decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas, en las siguientes condiciones:
a) Al cumplir veinte (20) años de servicio y ser retirado por cualquiera de las siguientes causas:
1. Llamamiento a calificar servicio.
2. Voluntad de la Dirección General de la Policía Nacional.
3. Por disminución de la capacidad sicofísica para la actividad policial.
4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60) años de edad las mujeres.
b) Al cumplir veinticinco (25) años de servicio y ser retirado o separado por cualquiera de las siguientes causas:
1. Por solicitud propia.
2. Por incapacidad profesional.
3. Por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada.
4. Por conducta deficiente.
5. Por destitución.
6. Por detención preventiva que exceda de ciento ochenta (180) días.
7. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo HYPERLINK "http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0132_1995_pr001.htm" \l "68" 68 del Decreto 132 de 1995.
PARÁGRAFO. También tendrá derecho al pago de asignación mensual de retiro el personal del nivel ejecutivo de que trata el literal b) de este artículo, cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Veinte (20) años de servicio a la Policía Nacional, y
2. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombres y cincuenta (50) años de edad las mujeres. […]»
Ahora bien, es necesario señalar que el artículo citado fue declarado nulo mediante la Sentencia del 14 de febrero del 2007 proferida por esta Corporación, al considerar que:
«[…]
En tales casos, cuando se trate de regular prestaciones sociales que pretendan cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social, como en este caso la asignación de retiro, deberá tener en cuenta la ley marco, entre otros presupuestos, la edad, el tiempo de servicio, el monto, el ingreso base de liquidación (factores), régimen de transición y demás condiciones que aseguren el reconocimiento de dicha prestación, puesto que - se repite - existe una cláusula de reserva legal.
En esas condiciones, la regulación de tales presupuestos o requisitos no puede ser diferida o trasladada ni siquiera al legislador extraordinario, esto es, al Gobierno Nacional, como se señala en la citada sentencia de la Corte Constitucional, y menos podría desarrollarse mediante decretos administrativos expedidos por el Ejecutivo con fundamento en una ley marco (Ley 4ª de 1992) que no podía habilitarlo para tal efecto.
Adicionalmente, dirá esta Sala que al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al Nivel Ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la Institución Policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, asimismo, unos postulados constitucionales (arts. 13, 48 y 53) y legales (art. 7º - parágrafo - de la Ley 180 de 1995), que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima.
Si bien no existe derecho a un régimen prestacional inmodificable o que no pueda variarse, el ejercicio de un derecho adquirido sólo es dable exigirlo en la medida en que el mismo se haya causado, esto es, que haya ingresado al patrimonio de la persona exhibiendo un justo título. Pero, lo cierto es que en este particular caso el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza Pública en tanto - se repite - era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera del nivel ejecutivo.
Al desvirtuarse entonces, dentro de este proceso, la legalidad que amparaba la norma acusada - artículo 51 del Decreto 1091 de 1994 -, esta Sala procederá a retirarla del ordenamiento jurídico, por violar la Constitución Política y la Ley. […]» (Resalta la Sala)
Posteriormente, a través de la Ley Marco 923 de 30 de diciembre de 2004 se señalaron las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con el artículo 150, ordinal 19, literal e) de la Constitución Política.
La mencionada ley señaló para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, lo siguiente:
«Artículo 2°. Objetivos y criterios. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios:
2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma.
[…]
2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.
[…]
Artículo 3°. Elementos mínimos. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos:
3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años.
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. (Se subraya)
Excepcionalmente, para quienes hayan acumulado un tiempo de servicio en la Fuerza Pública por 20 años o más y no hayan causado el derecho de asignación de retiro, podrán acceder a esta con el requisito adicional de edad, es decir, 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres. […]»
A partir de lo anterior, se colige que la norma transcrita fijó los siguientes aspectos:
Como tiempo de servicio para el reconocimiento de la asignación de retiro un mínimo de 18 años y un máximo de 25 años de servicios.
Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los servidores de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional indicó que a los miembros en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 no se les exigirá un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores, sin que pueda ser superior a 20 años de servicios cuando el retiro se produzca a solicitud propia, ni inferior a los 15 años de servicios cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
Lo anterior, en concordancia al tiempo de servicios señalado en el artículo 144 del Decreto 1212.
Por tanto, el único condicionamiento que la Ley 923 de 2004 consagró para ser beneficiario de la transición señalada en su artículo 3.º, es que al momento de la entrada en vigencia la persona se encuentre en servicio activo en las Fuerzas Militares y Policía Nacional, toda vez, que respecto a la exigencia del término señalado a los miembros activos, únicamente se limitó a respetar los mínimos y máximos previstos en el Decreto 1212 de 1990 para el reconocimiento de la asignación de retiro.
Esta ley, fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4433 de 2004, el cual, en el artículo 25, indicó:
«Artículo 25. Asignación de retiro para el personal de la Policía Nacional.
[…]
Parágrafo 2°. El personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, sea retirado con veinte (20) años o más de servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Ministro de Defensa Nacional o del Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 23 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas.»
Se resalta que el artículo transcrito fue declarado nulo por la Sección Segunda de Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 12 de abril del 2012, por considerar que el Gobierno Nacional desbordó la potestad reglamentaria al aumentar la edad para acceder a la asignación de retiro y vulnerar la cláusula de reserva legal; tal como en su oportunidad, mediante Sentencia de fecha 28 de febrero de 2013, número interno 1238 - 2007, esta misma Sección, declaró la nulidad parcial de los artículos 24 y 30 del Decreto 4433 del 2004. En este sentido, razonó la Sala:
«[…]
La nulidad de las normas acabadas de mencionar tiene como fundamento común la invocación de violación de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, en cuyo artículo 3° se establecieron los elementos mínimos que habrán de ser incluidos en el régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes y los reajustes de estas, elementos entre los cuales se encuentra la regla establecida en el numeral 3.1 del artículo citado en la cual se preceptúa que:
[…]
Como puede observarse, en la norma acaba (sic) de transcribir se hace la distinción entre miembros de servicio de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, y quienes para entonces no se encontraran en servicio activo.
Respecto de quienes se encontraban en servicio activo a la iniciación de la vigencia de la ley acabada de mencionar dispuso el legislador que: ‘no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de expedición de esta ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
Es decir, el ámbito de competencia del Presidente de la República en cuanto al contenido de los Decretos que expida para desarrollar esta Ley Marco quedó así expresamente delimitado por el legislador. Ello significa, entonces, que si no obra el Ejecutivo dentro de tales linderos competenciales, el decreto que se dicte fuera de ellos será violatorio no sólo de la Ley Marco, sino también del artículo 150 numeral 19 literal e) de la Constitución Política.
En virtud de lo dicho si el artículo 24 del Decreto 4433 de 2004, establece que el personal de la Policía en servicio activo que a la fecha de entrada en vigor de ese Decreto sea retirado “después de dieciocho (18) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios, por disminución de la capacidad sicofísica o por voluntad del Gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional según corresponda y los que se retiren o sean retirados o sean separados en forma absoluta con más de veinte (20) años de servicio” tendrán derecho al pago de la asignación mensual de retiro como allí se determina, es evidente que se está exigiendo para poder ser asignatario de la misma el cumplimiento como mínimo de dieciocho (18) años de servicio en unos casos y veinte (20) años de servicio en otros, lo cual resulta superior a lo establecido para el personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, por el artículo 115 del Decreto 1212 de 8 de junio de 1990, cuando sean llamados a calificar servicios, o por voluntad del Gobierno, o de la Dirección General de la Policía y, de la misma manera ocurre con respecto a la asignación de retiro a que tendrían derecho con 15 años de servicio en las hipótesis contempladas en el artículo 144 del mismo Decreto mencionado. […]» (Subrayas fuera de texto original).
Por tanto, tal como lo ha señalado esta Corporación al ser declarado nulo el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 que reglamentó el tiempo de servicios para acceder a la asignación de retiro, se debe acudir para su reconocimiento a la Ley reglamentada, es decir, la Ley 923 de 2004.
Debe afirmarse también, que ese marco general no impidió que se hicieran más rígidos los requisitos para optar por la asignación de retiro, en cuanto a tiempo de servicio se refiere, pero lo que sí hizo fue prohibir que para quienes se encontraran en servicio activo al momento de su entrada en vigencia, se les exigieran mayor tiempo del contemplado en el régimen anterior.
De acuerdo con los razonamientos esbozados, en el presente caso, se tiene probado lo siguiente:
i). Conforme al formato hoja de servicio que obra a folio 2 se encuentra probado que el intendente ® Gustavo de Jesús Lizcano Rodríguez ingresó a la Policía Nacional el 12 de julio de 1994 hasta el 12 de agosto de 2011, con un tiempo de servicios de 17 años, 3 meses y 24 días, así:
NOVEDAD
DISPOSICIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINO
TOTAL
A M D
ALUMNO NIVEL EJECUTIVO
A 1-146
12-JUL-94
30-JUN-95
0 - 11 - 18
NIVEL EJECUTIVO
R 10430
01-JUL-95
12-AUG-11
16 - 1 - 11
DIFERENCIA AÑO LABORAL DR 1091 27 JUN 1995
0 - 2 - 29
TOTAL
17- 3 - 24
La causal de retiro consignada es la destitución a través de Resolución 02766 del 10 de agosto de 2011.
ii). De igual forma, a folio 4 se encuentra que recibió la medalla de servicios de 15 años a través de Resolución 02569 del 27 de julio de 2011, los cuales cumplió el 1 de julio de 2010.
iii) En el año 2013 (según el acto administrativo demandado que obra a folio 6) el demandante solicitó a la Caja de Retiro de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.
iv). La anterior petición fue negada mediante Oficio GAG-SDP 947.2013 del 8 de marzo de 2013 (folio 6), con base en los siguientes argumentos:
«[…]
En atención al escrito del asunto, relacionado con el trámite de la asignación de retiro a que cree tener derecho el señor IT (r) LIZCANO RODRIGUEZ (si) GUSTAVO DE JESUS (sic), le informo que según su hoja de servicios No 91272181, libro 002, folio 114, expedida por la Policía Nacional, el 26 de agosto de 2011, se certifica que prestó sus servicios a la Policía Nacional, por espacio de 17 años, 03 meses, 24 días, siendo desvinculado de la Institución por “Destitución”, a partir del 12-08-2011.
El Decreto 4433, norma de carácter especial que regula la carrera del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, vigente a la fecha de su retiro, entre otros pronunciamientos establece, que el miembro del Nivel Ejecutivo debe acreditar como mínimo (25) años de servicio cuando la desvinculación del servicio activo se produce por “Destitución”, condición que no cumple para efecto del reconocimiento de la asignación de retiro.
Por otra parte, con base en la Sentencia DEL (sic) 12-04-2012, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1858 del 06-09-2012, que aplica solamente para el personal homologado al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y su vinculación fue por incorporación directa. […]»
No obstante lo anterior, de la normativa analizada precedentemente se colige que el demandante sí tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro, con base en lo siguiente:
Al momento de ingresar al servicio de la Policía Nacional en el nivel ejecutivo (12 de julio de 1994, según consta a folio 2), se encontraba vigente el Decreto 1212 de 1990, el cual, en su artículo 144 señalaba un tiempo de servicio de 15 años para el reconocimiento de la asignación cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia.
Si bien el oficio del 8 de marzo de 2013 se fundamentó en el artículo parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 (normativa vigente al momento del retiro ocurrido el 12 de agosto de 2011 y que reglamentó la Ley 923 de 2004) para negar el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante, lo cierto es, que tal y como quedó analizado en precedencia, dicha normativa fue declarada nula por el Consejo de Estado mediante sentencia proferida el 12 de abril del 2012, con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón, radicado interno 1074-2007.
En ese sentido, como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, en la sentencia de nulidad los efectos se retrotraen al momento en que nació el acto administrativo viciado de nulidad, sin que ello afecte las situaciones consolidadas o los derechos reconocidos bajo el amparo de la disposición anulada.
Igualmente, la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones particulares que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Por tanto, la declaratoria de nulidad del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 afecta la situación jurídica del demandante en la medida en que al proferirse la sentencia (12 de abril de 2012), no se encontraba consolidada su situación, toda vez que precisamente está en discusión su derecho al reconocimiento de la asignación de retiro con base en el artículo declarado nulo.
La consecuencia lógica de la declaratoria de nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 y del parágrafo 2 del artículo 25 del Decreto 4433 es que se aplique para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante la Ley reglamentada, es decir, la Ley 923 de 2004 tal como lo ha señalado en asuntos similares esta Corporación.
En ese sentido, a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 (30 de diciembre de 2004) el demandante se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional y por tanto, no se podía exigir un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores.
En esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro le es aplicable la transición señalada en el artículo 3.º, ordinal, 3.1.º inciso segundo de la Ley 923 de 2004, toda vez que el único condicionamiento es que al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 la persona se encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública.
En ese sentido, a la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 (30 de diciembre del 2004) el demandante se encontraba en servicio activo en la Policía Nacional y por tanto no se podía exigir un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones anteriores.
Conforme al régimen de transición para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante le es aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 que señala para el caso concreto 15 años de servicios para el reconocimiento de la mencionada prestación, cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia, requisito que cumple el demandante toda vez que según la hoja de servicios al momento de su retiro del servicio contaba con un tiempo de servicio de 17 años, 3 meses y 28 días y su retiro se generó con ocasión de destitución (folio 2).
En consecuencia, el demandante al haber sido miembro activo de la Policía Nacional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 del 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3º ordinal 3.1. ibídem y, en esa medida, para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 (15 años), el cual le es aplicable teniendo en cuenta la condición que ostentaba al momento de su retiro como intendente de la institución.
De igual forma, es pertinente señalar que al demandante no se le puede aplicar el Decreto 1858 del 2012 para el reconocimiento de la asignación de retiro, pues de hacerlo se desconocería que el régimen de transición garantizaba la expectativa para que la situación de quienes se encontraban en servicio activo de la Policía Nacional, continuara rigiéndose por el Decreto 1212 de 1990, en lo que tiene que ver con el tiempo de servicio.
Así las cosas, el demandante tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro desde la terminación de los tres meses de alta del cargo que desempeñó en la Policía Nacional y que fue retirado de forma absoluta a través de la Resolución 02766 del 10 de agosto de 2011, a partir del 12 de agosto de 2011, por lo que los tres meses de alta terminarían el 12 de noviembre de 2011.
Para la liquidación de la asignación de retiro se tendrá en cuenta que el monto conforme el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 corresponderá al 50% de las partidas de que trata el artículo 140 ibidem, por los 15 primeros años de servicio y un cuatro por ciento 4% más por cada año que exceda a los quince (15), pero que el total no sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto y sin que opere la prescripción cuatrienal, en la medida que el demandante presentó la solicitud de reconocimiento de la asignación de retiro en el año 2013 (folio 6 ), es decir, dentro del término del artículo 174 del Decreto 1212 de 1990.
En conclusión: El demandante por ser miembro activo de la Policía Nacional al momento de la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º ordinal 3.1.º de dicha normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 (15 años por ser retirado en forma absoluta).
Decisión de segunda instancia
Por lo anterior, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se anulará el acto administrativo acusado.
Restablecimiento del derecho
Se ordenará a título de restablecimiento del derecho reconocer al señor Gustavo de Jesús Lizcano Rodríguez la asignación de retiro de conformidad con el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 partir del 13 de agosto del 2011 -día siguiente a la fecha en que fue retirado del servicio-, sin que pueda operar el fenómeno de la prescripción como quiera que se efectuó petición en el año 2013.
Las mesadas causadas, deberán actualizarse con fundamento en el inciso 4º del artículo 187 de la Ley 1437 del 2011 y deberán indexarse conforme a la siguiente formula:
R = Rh X Índice final
Índice inicial
En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecución de la presente sentencia certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), por el índice inicial vigente para la fecha en que debió realizarse el pago correspondiente.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la formula se aplicará separadamente mes por mes.
De la condena en costas
Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» -CCA- a uno «objetivo valorativo» -CPACA-.
Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.
La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.
La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Por tanto, y en ese hilo argumentativo, en el presente caso se condenará en costas a la entidad demandada en ambas instancias, en la medida que conforme el ordinal 4.º del artículo 365 del CGP, resulta vencida en el proceso y se revoca en forma total la sentencia de segunda instancia. Las costas serán liquidadas por el a quo de conformidad con el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Revocar la sentencia del 18 de diciembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor Gustavo de Jesús Lizcano Rodríguez contra la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR.
Segundo: Declarar la nulidad del Oficio GAG - SDP 947.2013 del 8 de marzo de 2013, proferido por el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por el cual le fue negado al señor Gustavo de Jesús el derecho al reconocimiento y pago de una asignación de retiro, conforme a las consideraciones que anteceden.
Tercero: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional-CASUR, reconocer y pagar a favor del señor Gustavo de Jesús Lizcano Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía 91.272.181, la asignación de retiro en la cuantía y con las partidas a que hace referencia el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, a partir del 13 de agosto del 2011, es decir, el valor de las mesadas causadas desde esa data y las que en futuro se sigan causando mes a mes.
En efecto, para la liquidación de la asignación de retiro se tendrá en cuenta que el monto conforme el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 corresponderá al 50% de las partidas de que trata el artículo 140 ibidem, por los 15 primeros años de servicio y un cuatro por ciento 4% más por cada año que exceda a los quince (15), pero que el total no sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto y sin que opere la prescripción cuatrienal, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
Cuarto: Los valores causados se deben actualizar de conformidad con el artículo 187 de la Ley 1437 del 2011 y se aplicará la formula indicada en la parte motiva de esta providencia.
Quinto: La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional efectuará los reajustes de ley sobre el monto de lo reconocido y dará cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes de la Ley 1437 del 2011.
Sexto: Condenar en costas en ambas instancias a la entidad demandada y a favor de la parte demandante; las cuales se liquidarán por el a quo.
Octavo: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Relatoría: JORM/Lmr.
Folio 11.
Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. (2015) EJRLB.
Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. EJRLB.
Hernández Gómez William, actualmente consejero de Estado, Sección Segunda (2015). Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB
Folios 103 a 115 vto.
Folios 118 a 125.
Sección Segunda, radicación 1001032500020070004100 (08232-2007). M. P.: Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
Folios 214 a 222 y 226 a 239.
Folios 236 a 239 vto.
Ver constancia secretarial obrante a folio 240.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Con ponencia del consejero Alberto Arango Mantilla y número interno 1240 – 2004.
Los derechos se adquieren en tanto se reúnan los dos (2) elementos que exige el artículo 58 de la C.P., como son: el objetivo y el subjetivo.
con ponencia del consejero Alfonso Vargas Rincón y radicado interno 1074-2007, en la cual se consideró «En consecuencia, la norma acusada, parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, excedió lo dispuesto por la Ley marco e invadió competencias legislativas, pues modificó lo referente al tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo que a la fecha de entrada en vigencia de la norma se encontraba en servicio activo al no establecer un régimen de transición que respetara sus expectativas legítimas.
En efecto, estableció como tiempo mínimo para obtener la asignación de retiro por solicitud propia en 25 años, tiempo que excede al contemplado en el régimen anterior para suboficiales en 5 años.
Y tratándose de causales diferentes al retiro por solicitud propia, lo estableció en 20 y 25 años, cuando las normas anteriores habían establecido entre 15 y 20 años, tiempo de servicio que debía respetarse para quienes, de conformidad con lo ordenado en la Ley 923 de 2004, se encontraban en servicio activo al momento de la entrada en vigencia de la Ley, como ésta misma lo dispuso.»
Consejera ponente Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de marzo de 2017. Consejero ponente: William Hernández Gómez. Radicación 27001-23-33-000-2013-00068-01 (4295-2013).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 5 de octubre de 2017. Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación número: 18001-23-33-000-2014-00085-01(3034-16).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de septiembre de 2014, Consejera Ponente María Claudia Rojas Lasso, radicación 520012331000200501421 01
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 9 de marzo de 2017, Consejero Ponente William Hernández Gómez, expediente 4295-2013, al considerar que «el Gobierno Nacional desbordó la potestad reglamentaria al aumentar la edad para acceder a la asignación de retiro de 15 a 18 años »
Conforme se observa en el formato de hoja de servicio del demandante obrante a folio 2 del expediente.
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.
“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…)”
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