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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01144-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-01144-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo del Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda incoada por el señor Jhon Janner Gutiérrez Coy, en contra de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto por la falta de respuesta de la petición elevada el 17 de marzo de 2020 ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de la cual le negó al demandante el reconocimiento y pago de la asignación de retiro. TERCERO. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a reconocer y pagar al señor Jhon Janner Gutiérrez Coy, identificado con la cédula de ciudadanía 94.150.948, el derecho a la asignación de retiro en la cuantía y con las partidas a que hace referencia el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, a partir del 25 de noviembre del 2016; es decir, el valor de las mesadas causadas desde esa data y las que en futuro se sigan causando mes a mes. En efecto, para la liquidación de la asignación de retiro se tendrá en cuenta que el monto conforme el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 corresponderá al 50% de las partidas de que trata el artículo 158 ibidem, por los 15 primeros años de servicio y un cuatro por ciento 4% más por cada año que exceda a los quince (15), pero que el total no sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia. CUARTO. CREMIL hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta sentencia. QUINTO: CREMIL deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA SEXTO. CONDENAR en costas a la entidad demandada en ambas instancias. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-01144-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42000-2020-01144-01 (2609-2023)
Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy
Demandado: Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares)

Tema: Reconocimiento de asignación de retiro de las fuerzas
militares. Aplicación del régimen de transición de la Ley 923
de 2004. Alcance del Decreto 991 del 2015. Relación entre
«separación absoluta» y «conducta deficiente» en el marco
del retiro del servicio militar. Aplicación de prescripción
cuatrienal del artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

Decisión: Se revoca en su totalidad la sentencia porque se probó que
el señor Jhon Janner Gutiérrez Coy es beneficiario del
régimen de transición previsto en la Ley 923 del 2004. Se
accede al reconocimiento y pago de la asignación de retiro
de las fuerzas militares.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 28 de septiembre de 2022 proferida
por la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. El demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la existencia del acto administrativo ficto o presunto derivado de
la petición elevada el 17 de marzo de 2020 ante la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, mediante el cual se entiende negado el reconocimiento de la asignación
de retiro a su favor. En consecuencia, pidió la declaratoria de nulidad del referido
acto ficto por ilegalidad o inconstitucionalidad.

1 Documento PDF «01Demanda.pdf» que obra en el documento «EXPDIG.rar», visible en el índice 2 de

SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

2. Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene a la entidad
demandada reconocer y pagar la asignación de retiro desde el 24 de noviembre
de 2016, conforme al régimen previsto en el Decreto Ley 1211 de 1990 y la Ley
923 de 2004, o subsidiariamente, con fundamento en el Decreto 991 de 2015.

3. Asimismo, requirió el pago de todas las sumas dejadas de percibir por
concepto de asignaciones, primas, bonificaciones y demás prestaciones, junto
con su correspondiente actualización, así como el cumplimiento de la sentencia
en los términos legales y la condena en costas.

4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, expuso que el régimen
prestacional de las Fuerzas Militares, fijado en el Decreto Ley 1211 de 1990,
reconoce el derecho a la asignación de retiro con un mínimo de 15 años de
servicio. Indicó que prestó servicio militar obligatorio entre 1999 y 2000, ingresó
a la Escuela Militar en 2001 y fue dado de alta como oficial el 28 de abril del 2004,
alcanzando posteriormente el grado de capitán.

5. Expuso que el régimen prestacional de los miembros de las Fuerzas
Militares ha sido objeto de diversas modificaciones normativas, dentro de las
cuales destacó la expedición del Decreto 2070 de 2003, posteriormente
declarado nulo por el Consejo de Estado, lo que implicó la reviviscencia de las
disposiciones anteriores, en particular las contenidas en el Decreto Ley 1211 de
1990.

6. Señaló que, en consonancia con lo anterior, el propio Ministerio de
Defensa Nacional emitió directrices en las que precisó que, ante la nulidad del
referido decreto, el régimen aplicable para el reconocimiento de prestaciones
continuaba siendo el previsto en el Decreto Ley 1211 de 1990, lo cual, a su juicio,
consolidó una expectativa legítima en cabeza de los miembros de la Fuerza
Pública respecto de las condiciones para acceder a la asignación de retiro.

7. Indicó que prestó sus servicios a la institución por un tiempo total de 15
años, 2 meses y 7 días, cumpliendo así el requisito mínimo exigido por el régimen
prestacional aplicable para acceder a la asignación de retiro.

8. Señaló que el 29 de abril del 2016 fue declarado responsable por la
Justicia Penal Militar del delito de abandono del servicio y fue retirado de las
fuerzas militares por la modalidad de «separación absoluta», sin que ello
implicara la pérdida de su grado ni de las expectativas legítimas derivadas de su
tiempo de servicio, razón por la cual considera que mantiene el derecho a la
referida prestación.

9. Manifestó que, pese a cumplir con los requisitos legales, la entidad
demandada negó el reconocimiento de la asignación de retiro mediante la
Resolución 818 del 10 de febrero de 2017; no obstante, dicho acto no le fue
notificado en debida forma ni puesto en su conocimiento.

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

10. Agregó que el 17 de marzo de 2020 elevó petición ante la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares solicitando el reconocimiento de la prestación, frente a
la cual la entidad se limitó a indicar que la solicitud ya había sido resuelta
mediante la referida resolución, sin allegarla, y posteriormente informó que dicho
acto no reposaba en sus archivos o se encontraba en trámite. Sostuvo que, ante
la ausencia de una respuesta de fondo, clara y oportuna, se configuró el silencio
administrativo negativo.

Contestación de la demanda2

11. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, así como a las condenas solicitadas a título de restablecimiento del
derecho y al pago de costas y agencias en derecho.

12. Precisó que algunos de los hechos relacionados con la prestación del
servicio activo del demandante no le constan, por corresponder a situaciones
propias del Ejército Nacional y no a su ámbito funcional.

13. Expuso que el expediente prestacional del actor fue remitido por la
Dirección de Personal del Ejército Nacional, junto con la hoja de servicios, en la
que consta que el demandante fue retirado del servicio activo con la causal de
separación absoluta, con un tiempo de servicios de 15 años, 2 meses y 7 días.

14. Indicó que, mediante la Resolución No. 818 del 10 de febrero de 2017, la
entidad negó el reconocimiento y pago de la asignación de retiro en aplicación
del Decreto Ley 991 de 2015, vigente para la fecha del retiro del actor, que
establece que cuando el retiro se produce por separación absoluta, el derecho a
la asignación de retiro solo se consolida con 20 años de servicio, requisito que
no fue acreditado por el demandante.

15. Afirmó que, en virtud del principio de aplicación de la ley en el tiempo, las
situaciones jurídicas deben regirse por la norma vigente al momento de su
configuración, sin que sea posible aplicar disposiciones anteriores más
favorables cuando estas han sido derogadas o modificadas.

16. De igual forma, sostuvo que el acto administrativo demandado se
encuentra amparado por la presunción de legalidad y no adolece de falsa
motivación, en tanto se fundamenta en hechos ciertos y en la correcta aplicación
de las normas que regulan el régimen prestacional de los miembros de la Fuerza
Pública.

Sentencia apelada3

17. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de
primera instancia el 28 de septiembre de 2022, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda.

2
Documento PDF «12ContestaciónDemanda.pdf» Ibidem.
3 Documento PDF «21FalloPrimeraInstancia.pdf» ibidem.

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Radicación: 25000-23-42000-2020-01144-01 (2609-2023)
Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

18. Como fundamento de su decisión, el a quo precisó que el derecho a la
asignación de retiro se consolida en el momento en que se produce el retiro del
servicio activo, razón por la cual la normatividad que debe aplicarse es aquella
vigente para dicha fecha. Bajo ese entendido, señaló que el demandante fue
retirado del servicio en el año 2016, cuando ya se encontraba en vigor el Decreto
991 de 2015, que modificó el régimen de asignación de retiro para los miembros
de la Fuerza Pública.

19. Explicó que dicha normativa introdujo una diferenciación en función de la
causal de retiro, estableciendo que, en los eventos de separación absoluta, el
reconocimiento de la asignación de retiro exige el cumplimiento de un tiempo
mínimo de 20 años de servicio, a diferencia de regímenes anteriores que
contemplaban requisitos más favorables.

20. Asimismo, consideró que no resultaba procedente aplicar el régimen
previsto en el Decreto Ley 1211 de 1990 ni el régimen de transición de la Ley 923
de 2004, en la medida en que el actor no acreditó una situación jurídica
consolidada bajo dichas disposiciones antes de la entrada en vigencia del
Decreto 991 de 2015, ni demostró estar amparado por un régimen de transición
que le permitiera beneficiarse de condiciones anteriores.

21. En ese orden, concluyó que la situación del demandante debía regirse por
el Decreto 991 de 2015, norma vigente al momento de su retiro, bajo la cual no
cumplía con el requisito mínimo de 20 años de servicio, pues únicamente acreditó
15 años, 2 meses y 7 días.

22. Bajo esa premisa, el Tribunal destacó que la causal de «separación
absoluta» no es equiparable a la de «conducta deficiente», prevista en el Decreto
Ley 1211 de 1990, por tratarse de categorías jurídicas distintas, con supuestos y
consecuencias propias dentro del régimen prestacional de la Fuerza Pública. En
consecuencia, consideró que no era procedente aplicar por analogía o
interpretación extensiva los efectos de la conducta deficiente a la situación del
demandante.

23. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la parte demandante al
considerar que no se evidenció temeridad ni mala fe en el ejercicio del medio de
control.

Recurso de apelación4

24. Inconforme con la decisión adoptada, la parte demandante interpuso
oportunamente recurso de apelación solicitando que la sentencia de primera
instancia sea revocada y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la
demanda.

4 Documento PDF «23RecursoApelación.pdf», ibidem.

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

25. Sostuvo que en el proceso quedó plenamente acreditado que era miembro
de la Fuerza Pública, que se encontraba en servicio activo para la entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004 y que al momento de su retiro contaba con más
de 15 años de servicio, el cual se produjo por una conducta que dio lugar a una
decisión penal militar.

26. Cuestionó que el Tribunal hubiera aplicado el Decreto 991 de 2015 para
definir su situación prestacional al considerar que desconoció el régimen de
transición previsto en la Ley 923 de 2004, el cual, en su criterio, garantiza que a
los miembros de la Fuerza Pública activos a su entrada en vigencia no se les
exijan condiciones más gravosas que las previstas en el régimen anterior.

27. Afirmó que el régimen aplicable es el contenido en el Decreto Ley 1211 de
1990, que permite acceder a la asignación de retiro con un mínimo de 15 años
de servicio cuando el retiro se produce por causales distintas a la solicitud propia,
entre ellas, aquellas relacionadas con conductas que pueden dar lugar a
sanciones disciplinarias o penales.

28. Sostuvo que la causal de retiro de separación absoluta derivada de una
sentencia penal, debe ser entendida como equiparable a la de «conducta
deficiente» en los términos del Decreto 1211 de 1990, lo cual no impide el
reconocimiento de la asignación de retiro una vez se acreditan los requisitos de
tiempo de servicio.

29. En apoyo de esta tesis, indicó que el Consejo de Estado5 ha reconocido
que las causales de separación absoluta y conducta deficiente pueden ser
equiparadas para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, en tanto
ambas obedecen a formas de retiro no voluntario del servicio, lo que permite una
interpretación garantista orientada a la protección del derecho a la seguridad
social de los miembros de la Fuerza Pública

30. Adujo que el Tribunal desconoció el precedente jurisprudencial de esta
Corporación6, según el cual a los miembros de la Fuerza Pública que se
encontraban en servicio activo al 30 de diciembre de 2004 les resulta aplicable el
régimen de transición de la Ley 923 de 2004, sin que pueda exigírseles un tiempo
de servicio superior a 15 años cuando el retiro se produce por causales distintas
a la solicitud propia.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

31. Mediante auto del 21 de septiembre de 20237 se admitió el recurso de
apelación y se le advirtió a la parte demandada que tenía hasta la ejecutoria de
dicha providencia para pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio

5 Números internos: 3473 – 2014; 2936 – 2016; 4302 – 2015 y 1631 – 2021.
6
Ibidem.
7 Índice 4 de SAMAI del Consejo de Estado.

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

Público que disponía hasta antes de que el expediente ingresara al despacho
para fallo para emitir concepto.

32. A pesar de lo anterior, la entidad y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

33. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

34. Conforme con los reparos expuestos en el recurso de apelación,
corresponde a la Sala determinar si el demandante tiene derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro, pese a haber sido retirado del servicio
activo por la causal de separación absoluta y contar con un tiempo de servicios
mínimo de 15 años conforme lo dispone el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990,
o si, por el contrario, le resulta aplicable el Decreto 991 de 2015 que exige 20
años, como lo concluyó el Tribunal de primera instancia.

Análisis del problema jurídico

35. La Sala considera que el demandante tiene derecho al reconocimiento de
la asignación de retiro por cuanto es beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004 y cumple con los requisitos establecidos en el
Decreto Ley 1211 de 1990, en particular el tiempo mínimo de servicios y el retiro
por una causal no voluntaria susceptible de ser subsumida dentro de la conducta
deficiente.

36. Revisado el expediente se observa lo siguiente: mediante sentencia No.
009-20168 del 29 de abril de 2016, el Juzgado 12 Penal Militar de Brigada de
Bogotá declaró penalmente responsable al demandante por el delito de
abandono del servicio y le impuso una pena de 5 meses de prisión; además, que,
como consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional expidió la
Resolución No. 10379 del 24 de noviembre de 20169, mediante la cual se dispuso
su retiro del servicio activo por la causal de separación absoluta, decisión que le
fue comunicada el 30 de noviembre de 2016 por la Dirección de Familia y
Bienestar del Ejército Nacional10.

8 Páginas 1-36 del documento PDF «02Anexos1.pdf» que obra en el documento «EXPDIG.rar», visible en

el índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado.
9 Páginas 37-38 ibídem.
10 Página 39 ibidem.

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

37. Asimismo, se encuentra acreditado que conforme a la hoja de servicios
No. 3-94150948 expedida el 23 de diciembre de 2016 por la Dirección de
Personal del Ejército Nacional, el demandante ingresó el 01 de junio del 2004,
prestando sus servicios continuamente hasta el 24 de noviembre del 2016, que
corresponden a un tiempo total de 15 años, 2 meses y 7 días. En dicho
documento se dejó constancia de su retiro por la causal de separación absoluta11.

38. De igual forma obra prueba de que el 13 de abril de 2020 el actor elevó
petición12 ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitando el
reconocimiento y pago de la asignación de retiro, con fundamento en haber
superado los 15 años de servicio y ser beneficiario del régimen de transición
previsto en la Ley 923 de 2004. En respuesta, la entidad demandada informó que
la solicitud ya había sido resuelta mediante la Resolución No. 818 del 10 de
febrero de 2017, a través de la cual se negó el reconocimiento de la prestación13.

39. También se acreditó que el demandante mediante correo electrónico del
16 de julio de 202014 solicitó a la entidad que se le remitiera copia del referido
acto administrativo al manifestar que no había sido notificado del mismo, frente a
lo cual el Grupo Integral de Servicio al Usuario de CREMIL, mediante
comunicación del 20 de julio de 2020, indicó que dicho acto no fue encontrado
en sus bases de datos15.

40. A partir de los anteriores supuestos fácticos debidamente acreditados, la
Sala procede a determinar el régimen jurídico aplicable al caso concreto. En ese
sentido, se tiene que el Decreto Ley 1211 de 1990 reguló la asignación de retiro
para los miembros de las Fuerzas Militares y dispuso en su artículo 163 que esta
prestación se reconoce cuando el uniformado es retirado con un mínimo de 15
años de servicio por causales distintas a la solicitud propia, entre ellas, la
conducta deficiente.

41. Posteriormente el numeral 3.1 del artículo 3 de la la Ley 923 de 2004
estableció un régimen de transición en favor de los miembros de la Fuerza
Pública que se encontraban en servicio activo al momento de su entrada en
vigencia con el fin de proteger sus expectativas legítimas en materia prestacional,
sobre el cual el Consejo de Estado16 ha señalado que a quienes cumplían esa
condición no se les pueden imponer requisitos más gravosos que los previstos
en el régimen anterior.

11 Páginas 1-3 del documento PDF «03Anexos2.pdf» ibidem.

12 Páginas 4-8 ibidem.
13 Página 9 ibidem.
14 Página 10 ibidem.
15 Páginas 11-12 ibidem.
16 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Subsección que sirven de fundamento

jurisprudencial: i) sentencia del 17 de febrero del 2022, rad. 76001-23-33-000-2016-01514-01 C.P. William
Hernández Gómez, y ii) sentencia de 16 de julio de 2013, rad. 25000-23-41-000-2013-00659-01, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

42. Con lo anterior se ha precisado que el único requisito para acceder al
régimen de transición es encontrarse en servicio activo al 30 de diciembre de
2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, lo cual comporta la
aplicación del Decreto Ley 1211 de 1990 en lo relacionado con el tiempo de
servicios exigido para el reconocimiento de la asignación de retiro a quienes se
encontraban vinculados a la Fuerza Pública antes de esa fecha.

43. De igual forma, esta Subsección17 ha precisado que a los miembros de la
Fuerza Pública que, para la mencionada fecha de entrada en vigencia de la Ley
923 de 2004, se encontraban en servicio activo, les resultan aplicables las
disposiciones anteriores a dicha ley, en virtud del régimen de transición allí
previsto, dentro de las cuales se encuentra el Decreto Ley 1211 de 1990.

44. En el presente asunto se encuentra acreditado que el demandante se
encontraba en servicio activo para la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004
pues ingresó el día 1 de junio del 2004 y que al momento de su retiro contaba
con más de 15 años de servicio, razón por la cual le resulta aplicable el régimen
de transición, sin que pueda exigírsele el cumplimiento de condiciones más
gravosas.

45. Ahora bien, en lo que respecta a la causal de retiro, la Sala advierte que
el Tribunal consideró que la «separación absoluta» no es equiparable a la
«conducta deficiente». No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación ha
adoptado un sentido abierto del artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990,
estableciendo que ambos términos pueden subsumirse y encajar en el canon
mencionado.

46. En efecto, en sentencia del 8 de abril del 202118 esta Subsección
estableció que el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990 debe interpretarse
de manera amplia, de modo que la causal de «separación absoluta», aunque no
esté expresamente prevista, puede adecuarse dentro de la «conducta
deficiente».

47. A su vez, en providencia del 17 de febrero de 202219, esta Subsección
sostuvo que las normas que regulan la asignación de retiro deben interpretarse
de forma flexible y acorde con la garantía del derecho a la seguridad social, de
tal manera que, aunque la causal de separación absoluta no esté expresamente
contemplada, es posible entenderla comprendida dentro de la noción de
«conducta deficiente».

48. Así las cosas, la Sala no comparte la tesis adoptada por el Tribunal en

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-

23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia

del ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021), radicación 25000-23-42-000-2017-01913-01 (2684-2019),
C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 17 de febrero del 2022. Rad. 76001-

23-33-000-2016-01514-01 (1631-2021). C.P. William Hernández Gómez.

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

cuanto al régimen jurídico aplicable al caso concreto por cuanto acudió a una
norma posterior como el Decreto 991 de 2015 sin tener en cuenta que, en virtud
del régimen de transición previsto en la Ley 923 de 2004, la situación del
demandante debía regirse por las disposiciones vigentes al momento en que
ingresó a la entidad, esto es, por el Decreto Ley 1211 de 1990.

49. En ese orden, al encontrarse demostrado que el demandante cumple con
los requisitos exigidos, esto es, más de 15 años de servicio y retiro por una causal
no voluntaria como lo es la conducta deficiente, se concluye que le asiste el
derecho al reconocimiento de la asignación de retiro. Por lo tanto, se revocará la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de
la demanda.

50. Por lo anterior, se declarará la nulidad del acto administrativo ficto o
presunto derivado de la solicitud presentada por el demandante el 13 de abril de
2020 ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante el cual se negó el
reconocimiento de la asignación de retiro.

51. En consecuencia, se ordenará a título de restablecimiento del derecho a
dicha entidad el reconocimiento y pago de la asignación de retiro a favor del
demandante de conformidad con el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990 a
partir del 25 de noviembre de 2016, esto es, el día siguiente a aquel en que fue
retirado del servicio activo, equivalente al 50% del monto de las partidas que trata
el artículo 158 del Decreto 1211 de 1990.

52. Para la liquidación de la asignación de retiro se tendrá en cuenta que el
monto conforme el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 corresponderá al 50%
de las partidas de que trata el artículo 158 ibidem, por los 15 primeros años de
servicio y un cuatro por ciento 4% más por cada año que exceda a los quince
(15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo
monto.

53. Las mesadas causadas deberán actualizarse con fundamento en el inciso
4 del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 e indexarse conforme a la siguiente
fórmula:
R= R.H. INDICE FINAL
INDICE INICIAL

54. En la que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh),
correspondiente a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el
índice final de precios al consumidor vigente a la fecha de ejecución de la
presente sentencia, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE), por el índice inicial vigente para la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente.

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

Análisis sobre la prescripción de las mesadas pensionales

55. Ahora bien, resulta necesario que la Sala determine cuál es la norma
aplicable para establecer el término de prescripción de las mesadas pensionales
derivadas del reconocimiento de la asignación de retiro.

56. En el régimen general de los empleados públicos y trabajadores oficiales
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 dispone que las acciones que emanen
de los derechos allí consagrados prescriben en 3 años contados desde que la
obligación se hace exigible. No obstante, tratándose de los miembros de la
Fuerza Pública, la Constitución Política, en su artículo 217, prevé un régimen
especial en atención a la naturaleza de sus funciones, lo cual ha sido reiterado
por la jurisprudencia de esta Corporación20.

57. En esa misma línea, esta Sección21 ha precisado que la asignación de
retiro constituye una prestación de carácter especial propia del régimen pensional
de los miembros de la Fuerza Pública en consideración a las funciones
excepcionales que desempeñan. En consecuencia, la determinación del término
de prescripción debe efectuarse con fundamento en las normas especiales que
regulan dicha prestación.

58. En el caso concreto las disposiciones que rigen la situación pensional de
los miembros de la Fuerza Pública como es el caso del demandante, son el
Decreto Ley 1211 de 1990 y el Decreto 4433 de 2004. El primero, en su artículo
174, establece un término de prescripción de 4 años contados desde la
exigibilidad del derecho, mientras que el segundo, en su artículo 41, prevé un
término de tres 3 años para las mesadas pensionales de asignación de retiro.

59. Frente a esta dualidad normativa, la Sala considera que debe seguirse la
línea planteada por la Sección22, que estableció que debe aplicarse el término
cuatrienal previsto en el artículo 174 del Decreto Ley 1211 de 1990, en la medida
en que dicho estatuto es el que rige integralmente la situación pensional del
demandante, conforme al régimen de transición reconocido en esta providencia.

60. Lo anterior se sustenta en el principio de inescindibilidad, desarrollado por
la sentencia de unificación de esta Corporación23, que dispuso que las normas
aplicables a un caso deben ser consideradas en su integridad, sin que resulte

20 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Sección que sirven de fundamento

jurisprudencial: i) sentencia del 9 de marzo de 2017, rad. 25000-23-25-000-2011-00040-01 (3823-14), C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez y ii) sentencia del 9 de octubre de 2020, rad. 20001-23-39-000-2016-00172-01
(0909-18), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de julio de 2023, rad. 25000-23-

42-000-2019-00336-01 (3388-2021), C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
22 Sobre este razonamiento, véase las siguientes sentencias de esta Sección que sirven de fundamento

jurisprudencial: i) sentencia del 19 de abril del 2018, rad. 05001-23-33-000-2013-01922-01 (1288-16), C.P.
William Hernández Gómez. ii) sentencia del 31 de enero del 2019, rad. 76001-23-31-000-2011-00356-01
(2385-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández iii) sentencia del 6 de mayo del 2021, rad. 25000-23-42-000-
2015-04950-01 (1454-19), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas y iv) sentencia del 7 de noviembre de 2025,
rad. 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022), C.P. Elizabeth Cornejo Becerra.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación CESUJ-016-19, rad. 25000-23-42-000-

2013-02235-01 (2602-16)

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

viable fraccionarlas para aplicar parcialmente distintos factores pensionales. En
ese sentido, si el derecho a la asignación de retiro se rige por el Decreto Ley 1211
de 1990, también debe aplicarse la regla de prescripción contenida en dicho
estatuto. Por esa razón, se aplicará el término de prescripción cuatrienal
contemplado en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

61. Bajo este entendido, y teniendo en cuenta que el demandante fue retirado
del servicio el 24 de noviembre de 2016, el término de prescripción de 4 años se
extendía hasta el 24 de noviembre de 2020. No obstante, dicho término fue
interrumpido con la presentación del derecho de petición el 13 de abril de 2020,
lo que produjo la interrupción de la prescripción por un lapso igual, conforme a lo
previsto en el artículo 174 del Decreto 1211 de 1990.

62. Así las cosas, como la demanda fue presentada el 11 de diciembre de
2020, esto es, dentro del nuevo término cuatrienal, la Sala concluye que no operó
el fenómeno de la prescripción respecto de las mesadas pensionales
reclamadas.

Condena en costas

63. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

64. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

65. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

66. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada en ambas
instancias, por cuanto se revoca en su integridad la sentencia de primera
instancia y se accede a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 28 de septiembre de 2022 proferida por
la Sección Segunda, Subsección C del Tribunal Administrativo del
Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda
incoada por el señor Jhon Janner Gutiérrez Coy, en contra de la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la
providencia.

SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o
presunto por la falta de respuesta de la petición elevada el 17 de marzo de 2020
ante la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de la cual le negó al
demandante el reconocimiento y pago de la asignación de retiro.

TERCERO. CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares, a reconocer y pagar al señor Jhon Janner
Gutiérrez Coy, identificado con la cédula de ciudadanía 94.150.948, el derecho a
la asignación de retiro en la cuantía y con las partidas a que hace referencia el
artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, a partir del 25 de noviembre del 2016; es
decir, el valor de las mesadas causadas desde esa data y las que en futuro se
sigan causando mes a mes.

En efecto, para la liquidación de la asignación de retiro se tendrá en cuenta que
el monto conforme el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 corresponderá al
50% de las partidas de que trata el artículo 158 ibidem, por los 15 primeros años
de servicio y un cuatro por ciento 4% más por cada año que exceda a los quince
(15), pero que el total no sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del
mismo monto, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente
providencia.

CUARTO. CREMIL hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 187 (inciso final) del CPACA,
teniendo en cuenta los índices de inflación certificados por el DANE y mediante
la aplicación de la fórmula matemática indicada en la parte motiva de esta
sentencia.

QUINTO: CREMIL deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro
del plazo señalado en el artículo 192 del CPACA

SEXTO. CONDENAR en costas a la entidad demandada en ambas instancias.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de

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Demandante: Jhon Janner Gutiérrez Coy

Cundinamarca.

SÉPTIMO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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