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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00254-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
5 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00254-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 13 de octubre de 2021, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. Segundo: Modificar el numeral tercero en el sentido de declarar que operó la prescripción de las mesadas causadas antes del 14 de mayo de 2011. Tercero: Revocar el numeral sexto que condenó en costas a la parte demandada. Cuarto: Sin lugar a condena en costas en las dos instancias. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00254-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022)1
Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)

Tema: reconocimiento pensional. Subtema 1: asignación de retiro y transición de la
Ley 923 de 2004. Subtema 2: prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver los
recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, el 13 de octubre de 2021,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El actor como sargento retirado del Ejército Nacional solicita la nulidad de las
resoluciones que le negaron el reconocimiento de la asignación de retiro porque no
acreditó los 18 años de servicios que le exigía el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004.
En la demanda señaló que esta norma fue anulada por el Consejo de Estado y que el
precepto aplicable es el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990, que solo exige 15
años de servicios para el retiro por voluntad del Gobierno nacional.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. Carlos Alberto Borrero presentó demanda el 13 de mayo de 2019, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Caja de Retiro
de las Fuerzas Militares (en adelante CREMIL) con las siguientes pretensiones:

2. Declarar la nulidad de las resoluciones 6573 del 11 de agosto de 2015, 9539
del 30 de noviembre de 2015 y 2992 del 25 de abril de 2016, que negaron el
reconocimiento de la asignación de retiro.

1 Expediente electrónico.

Radicación: 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022)
Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento de la
asignación de retiro, a partir del 3 de enero de 2008. Además, pidió el pago de las
mesadas retroactivas indexadas, de los intereses moratorios y que se condene en
costas a la entidad2.

2. Hechos

4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

5. Carlos Alberto Borrero nació el 18 de diciembre de 1970, prestó sus servicios
en el Ejército Nacional, desde el 1 de septiembre de 1993, el último cargo que ejerció
fue Sargento Viceprimero y cumplió los tres meses de alta el 2 de enero de 2008. Por
consiguiente, acreditó 15 años, 6 meses y 19 días de servicios.

6. Relató que ingresó al Ejército Nacional en vigencia del Decreto Ley 1211 de
1990, que regula el régimen de asignación de retiro del personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares. Explicó que cuando fue expedida la Ley 923 de
2004 tenía 12 años y 3 meses de servicios.

7. A través de la Resolución 1651 de 2007, proferida por el comandante del
Ejército Nacional, el actor fue retirado del servicio con novedad fiscal del 3 de octubre
de 2007, por la causal de retiro discrecional, prevista en el artículo 104 del Decreto
1790 de 2000.

8. El demandante pidió ante CREMIL el reconocimiento de la asignación de retiro,
que fue negada mediante las resoluciones 6573 del 11 de agosto de 2015, 9539 de
2015, 2992 del 25 de abril de 2016, con fundamento en que debía acreditar 18 años
de servicios.

3. Normas violadas y concepto de violación

9. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Constitución Política, el artículo 13.
De la Ley 923 de 2004, el artículo 2.
Del Decreto 4433 de 2004, el artículo 3.
La Convención Americana de Derechos Humanos.
Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

10. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que CREMIL en
los actos demandados no explicó por qué no aplicó el artículo 163 del Decreto 1211
de 1990, pese a acreditar más de 15 años de servicios, cuando en otros casos de
similares hechos sí ordenó el reconocimiento de la asignación de retiro, para quienes
igualmente habían sido desvinculados por la causal de retiro discrecional.

11. En criterio del demandante, conforme al inciso 2 del numeral 3.1 del artículo 3
de la Ley 923 de 2004, por estar en servicio activo cuando entró en vigencia dicha ley
y haber sido desvinculado por retiro discrecional, no se le puede exigir un tiempo de
servicio mayor al previsto por las normas vigentes a la expedición de la ley. Además,
2 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 1, págs. 126 a 145.

2

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022)
Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

tratándose de una causal distinta a la solicitud propia, el requisito de tiempo no puede
ser inferior a 15 años para reconocer y pagar la asignación de retiro.

12. Con base en el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, a Carlos Alberto
Borrero —quien estaba en servicio activo cuando entró en vigor dicha ley y fue retirado
por causal de retiro discrecional— debió aplicársele un régimen de transición que
protegiera sus expectativas legítimas de acceder a la asignación de retiro, pues le
faltaban solo tres años para completar los 15 exigidos cuando el retiro obedece a
causal distinta de la solicitud propia. Sin embargo, al momento de su desvinculación
no se le reconoció la asignación de retiro debido a que estaba vigente el artículo 14
del Decreto 4433 de 2004, que exigía un mínimo de 18 años de servicio para retiro
discrecional.

13. Sin embargo, la sentencia del 23 de octubre de 20143 del Consejo de Estado
declaró la nulidad del artículo 14 y del parágrafo 1 del artículo 15 del Decreto 4433 de
2004. De modo que como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se aplica el
régimen del Decreto 1211 de 1990, cuyo artículo 163, reconoce la asignación de retiro
al personal separado del servicio activo después de 15 años por la causal llamada
«retiro por voluntad de los Comandos de Fuerza» (equivalente al retiro discrecional).
Precisó que la expresión retiro discrecional solo ingresó al ordenamiento desde el
artículo 104 del Decreto 1790 de 2000.

4. Contestación de la demanda

14. CREMIL se opuso a las pretensiones de la demanda al señalar que la Resolución
6573 del 11 de agosto de 2015 negó la asignación de retiro al demandante, dado que
no cumplía los requisitos legales vigentes para el reconocimiento. La decisión se
fundamentó en que la desvinculación fue por la causal de retiro discrecional y en que
su tiempo de servicio ascendía a 15 años, 6 meses y 19 días.

15. La entidad señaló que al momento de entrar en vigor el Decreto 4433 de 2004,
el militar tenía menos de 15 años de servicio, lo que impedía aplicar el régimen de
transición del parágrafo 1 del artículo 14 de ese decreto. En consecuencia, precisó que
el actor no reúne el tiempo exigido por la normativa vigente para acceder a la
asignación de retiro. En este sentido señaló que la norma aplicable al actor es el
artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, que exige un tiempo mínimo de 18 años para el
reconocimiento de la asignación de retiro, requisito que el demandante no cumple4.

5. Sentencia de primera instancia

16. El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 13 de octubre de
2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la parte accionada. Declaró la nulidad de las resoluciones 6573 del 11 de agosto de
2015 y 2992 del 25 de abril de 2016 y a título de restablecimiento del derecho ordenó:
«condenar a CREMIL a reconocer y pagar en favor del señor Carlos Alberto Borrero la
asignación de retiro conforme a lo previsto en el art. 163 del Decreto 1211 de 1990»,
liquidada con el 50% de las partidas del artículo 158 idem. Declaró la prescripción de

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), M.P.
Bertha Lucía Ramírez de Páez.
4 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 3.

3

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022)
Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

las mesadas causadas antes del 13 de mayo de 2016. Asimismo, dispuso que las
mesadas adeudadas debían actualizarse acorde con el inciso 4 del artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011.

17. Como fundamento de la decisión, el fallo explicó que el actor estuvo vinculado
al Ejército Nacional durante 15 años, 6 meses y 19 días; fue desvinculado del servicio
por retiro discrecional; y al solicitar la asignación de retiro, CREMIL la negó, en tanto, el
reconocimiento de esta prestación estaba regulaba por el artículo 14 del Decreto 4433
de 2004. No obstante, para el Tribunal al ser declarado nulo dicho precepto, la norma
aplicable para definir si el señor Borrero tiene derecho a la asignación de retiro es el
artículo 163 del Decreto 1211 de 1990.

18. Por ello, como el demandante estaba en servicio activo en el Ejército Nacional
al momento de la entrada en rigor de la Ley 923 de 2004, no se le podía exigir un
tiempo de servicio superior a 15 años, que corresponde al establecido en el artículo
163 del Decreto 1211 de 1990, disposición vigente al momento de la expedición de la
referida Ley.

19. Así las cosas, dado que el interesado se retiró en el año 2007 y prestó sus
servicios por más de 15 años de servicio, el Tribunal consideró que tiene derecho a la
asignación de retiro regulada en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990.

20. Contrario a lo expuesto en los actos demandados, el Tribunal estimó que el
retiro de los oficiales y suboficiales del Ejército Nacional se efectúa por disposición de
la autoridad competente, situación que se acompasa con lo descrito en el artículo 163
del Decreto 1211 de 1990, respecto de la voluntad de los Comandos de Fuerza.

21. Por consiguiente, se dispuso el reconocimiento de la asignación de retiro, desde
la terminación de los tres meses de alta, que finalizaron el 3 de enero de 2008. En
cuanto a la prescripción, el Tribunal indicó que la solicitud de reconocimiento pensional
presentada el 14 de mayo de 2015, interrumpió el término de prescripción hasta el 14
de mayo de 2018, de conformidad con el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004. Sin
embargo, como la demanda se interpuso el 13 de mayo de 2019, se declaró la
prescripción del derecho al pago de las mesadas causadas antes del 13 de mayo de
2016.

22. Frente a las costas, condenó en el 80% a la entidad, a favor del actor, en
aplicación del artículo 365 del Código General del Proceso5.

6. Recursos de apelación

6.1. Parte actora

23. El accionante interpuso recurso de apelación solamente para que se declare
que no operó la prescripción de las mesadas reconocidas a su favor. Explicó que el
fallo apelado desconoció que es improcedente aplicar la prescripción trienal del
Decreto 4433 de 2004 para el reconocimiento de las asignaciones de retiro. Por lo

5 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 22.

4

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022)
Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

tanto, el término prescriptivo para los miembros de la fuerza pública es cuatrienal,
como lo dispone el artículo 174 del Decreto Ley 1211 de 1990.

24. Por otra parte, el recurrente sostuvo que no operó la prescripción sobre las
mesadas porque desde su retiro del Ejército, en el 2007 hasta el 23 de octubre de
2014, estuvo vigente el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, que fue anulado por el
Consejo de Estado, el cual le imponía un requisito de 18 años de servicio que él no
cumplía. En ese lapso, existía un impedimento normativo que no le permitía reclamar
administrativa o judicialmente la asignación de retiro.

25. En otras palabras, en criterio del demandante, el término de cuatro años para
solicitar el reconocimiento de la asignación de retiro empezó a correr desde la
sentencia del 23 de octubre de 20146 que declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto
4433 de 2004. Por consiguiente, la demanda se presentó oportunamente, ya que la
prescripción cuatrienal se interrumpió el 14 de mayo de 2015 y vencía el 14 de mayo
de 2019; al radicarse la demanda el 13 de mayo de 2019, fue anterior al vencimiento,
por lo que no operó la prescripción de las mesadas7.

6.2. Parte demandada

26. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares solicitó que se revoque el fallo del
Tribunal y que, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda, con sustento
en los siguientes argumentos:

27. El demandante se desvinculó de la actividad militar por retiro discrecional a partir
del 3 de octubre de 2007, con 15 años, 6 meses y 19 días de servicio. Para esa época
regía el Decreto 4433 de 2004, cuyo artículo 14 regulaba la asignación de retiro para
oficiales y suboficiales. Esa disposición fue demandada por haber elevado de 15 a 18
años el tiempo exigido para causar la asignación, en contradicción con la Ley 923 de
2004, y por ello, fue declarada nula por el Consejo de Estado, en sentencia del 23 de
octubre de 2014.

28. Ante el vacío generado por la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433, la solución
fue acudir al Decreto 1211 de 1990, artículo 163, que preveía el reconocimiento de la
asignación de retiro a quienes fueran retirados del servicio activo con 15 años por
varias causales (llamamiento a calificar servicios, voluntad del Gobierno o de los
Comandos de Fuerza, sobrepasar edad máxima, disminución sicofísica, inasistencia,
conducta deficiente, entre otras) y a quienes se retiraran a solicitud propia después de
20 años.

29. Sin embargo, el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 no incluye el retiro
discrecional como causal para reconocer la asignación de retiro; por ello, con base en
esa norma no era posible reconocer la prestación al actor, máxime cuando solo
acreditó 15 años, 6 meses y 19 días de servicio. En consecuencia, para la entidad las
resoluciones que negaron la asignación están ajustadas a derecho porque la
disposición aplicable no prevé que CREMIL deba reconocer la asignación a quienes
sean retirados de manera discrecional con más de 15 años.

6 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), M.P.

Bertha Lucía Ramírez de Páez.
7 Idem, doc. 25.

5

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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022)
Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

30. La entidad también alegó que el retiro por voluntad del Gobierno y el retiro
discrecional (fuerzas militares), no pueden asimilarse. En este sentido aclaró que el
artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 no regula como causal de desvinculación el
retiro discrecional, sino la causal de retiro por voluntad de los comandos de fuerza
cuando el militar tenía 15 o más años de servicio. Afirmó que la categoría de retiro
discrecional se introdujo posteriormente con el Decreto 1790 de 2000. A partir de estos
preceptos, CREMIL concluyó que no había soporte jurídico para reconocer la asignación
de retiro al actor bajo la causal invocada y con el tiempo de servicio acreditado.

31. En relación con la condena en costas, la entidad afirmó que no es suficiente con
hacer un reproche a la parte vencida, sino que es pertinente constatar la causación de
los gastos y evaluar si la conducta de la parte fue temeraria8.

7. Trámite procesal en segunda instancia

32. El auto del 23 de junio de 20229 admitió el recurso de apelación, conforme el
numeral 3 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021 y al no existir pruebas para decretar
en segunda instancia, prescindió del periodo para correr traslado a las partes para
alegar de conclusión.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

33. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

2. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación y teniendo
en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo
328 del Código General del Proceso, corresponde a la Sala definir si:

35. ¿El accionante tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro prevista
en el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990, por acreditar 15 años de servicio, aun
cuando la causal de desvinculación fue por retiro discrecional?

36. ¿Se debe aplicar la prescripción trienal del Decreto 4433 de 2004 o la cuatrienal
del Decreto Ley 1211 de 1990? Asimismo, ¿debe entenderse que no operó la
prescripción porque la exigibilidad del derecho comenzó con la sentencia del 23 de
octubre de 2014 que declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004?

37. Para resolver el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: i)
asignación de retiro y transición de la Ley 923 de 2004; ii) hechos probados relevantes;
y iii) caso concreto.

8 Idem, doc. 24.
9 Samai, índice 4.

6

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Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

3. Marco normativo y jurisprudencial

3.1. Asignación de retiro y transición de la Ley 923 de 2004

38. El presidente de la república, en ejercicio de las facultades extraordinarias
otorgadas por la Ley 66 de 1989, expidió el Decreto Ley 1211 de 199010 que en el
artículo 163 reguló el reconocimiento de la asignación de retiro para los oficiales y
suboficiales de las fuerzas militares que fueran retirados del servicio activo después
de quince (15) años, por las siguientes causales:

i) Llamamiento a calificar servicios;
ii) por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza;
iii) sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado;
iv) disminución de la capacidad sicofísica;
v) incapacidad profesional;
vi) inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada;
vii) por conducta deficiente.

39. Si el retiro era por solicitud propia, el tiempo exigido para el reconocimiento de la
asignación de retiro procedía con 20 años de servicios.

40. La efectividad de la asignación surge desde la terminación de los 3 meses de alta,
y el monto corresponde al 50% de las partidas previstas en el artículo 158 del mismo
decreto, por los 15 primeros años de servicios y un 4% por cada año que exceda los
referidos 15 años, sin sobrepasar el 85%.

41. Ahora bien, la Ley 923 de 200411, en el artículo 3, reguló los elementos mínimos
del régimen de asignación de retiro, e indicó que se fijaría teniendo en cuenta
exclusivamente «el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de
servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de
servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un
tiempo superior a 25 años» (num. 3.1).

42. El inciso 2 creó una transición para los miembros activos vinculados en la fuerza
pública a la fecha de entrada en rigor de la citada Ley 923 de 2004, consistente en que
para el reconocimiento de la asignación de retiro no se les exigiría «un tiempo de
servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición
de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años
cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal».

43. Frente a la interpretación de esta norma, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en sentencias del 8 de septiembre de 201712 y de 14 de septiembre de 201713,
consideró que la Ley 923 de 2004 fijó que la asignación de retiro de los miembros de
10 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares».
11 « Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la

fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con
lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política».
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-00224-01

(3743-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 2001-23-39-000-2015-00454-01

(2936-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
7

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Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

la Fuerza Pública, para quienes estaban en servicio activo al entrar en vigencia, debía
respetar los tiempos del régimen anterior, es decir, no exigir más de 20 años si el retiro
es a solicitud propia, ni menos de 15 años cuando obedezca a otra causal. En esa
transición, el único requisito para beneficiarse era encontrarse en servicio activo al
momento de la vigencia de la ley.

44. El Gobierno reglamentó la Ley 923 de 2004 mediante el Decreto 4433 de 2004. El
artículo 14 dispuso que oficiales y suboficiales en servicio activo tendrían derecho a la
asignación de retiro si eran retirados con 18 o más años por determinadas causales, y
con 20 o más años en los demás eventos, estableciendo así un umbral general de
18/20 años para acceder a la prestación.

45. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de octubre
de 201414, declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 por exceder la
potestad reglamentaria y vulnerar la reserva de ley. La Sala recordó que la Ley 923 de
2004 delimitó de forma expresa el marco dentro del cual podía actuar el Ejecutivo, así
pues, no podía imponer a quienes estaban activos al entrar en vigencia de la ley un
tiempo de servicio mayor al previsto en el régimen anterior. Entonces, al exigir 18 años
—superior a los 15 años del Decreto 1211 de 1990 para ciertos eventos— el
reglamento quebrantó la Ley 923 de 2004 y, con ello, el artículo 150, numeral 19, literal
e) de la Constitución Política.

46. En cuanto a los efectos, la jurisprudencia precisó que la nulidad de un acto
administrativo opera ex tunc, esto es, desde su origen. Por ende, las condiciones para
reconocer la asignación de retiro deben examinarse directamente a la luz de la Ley
923 de 2004 y del régimen anterior aplicable a quienes estaban en servicio activo al
inicio de su vigencia.

47. En síntesis, aunque el legislador podía hacer más exigentes los requisitos en
términos generales, quedó expresamente prohibido elevar el tiempo de servicio
exigible a quienes ya estaban activos cuando entró a regir la Ley 923 de 2004. El
exceso de la facultad reglamentaria del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 consistió
en desconocer ese régimen de transición y las expectativas legítimas de los servidores
próximos a consolidar su estatus pensional. Por consiguiente, la Subsección concluyó
que15:

[…] el actor por ser miembro activo del Ejército Nacional al momento de la entrada en
vigencia de la Ley 923 de 2004 es beneficiario del régimen de transición del artículo 3.º
ordinal 3.1.º de dicha normativa y, en esa medida para el reconocimiento de la asignación
de retiro no se le puede exigir un tiempo de servicio superior al señalado en el artículo 163
del Decreto 1211 de 1990 (15 años por ser retirado en forma absoluta), imponiéndose
razones para confirmar el fallo apelado sin consideración adicional.

48. En conclusión, los integrantes activos de la fuerza pública vinculados antes de la
entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, gozan de una protección para que el
ejecutivo, en ejercicio de la facultad reglamentaria, no aumente el tiempo de servicio

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), M.P.

Bertha Lucía Ramírez de Páez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-00224-01

(3743-14), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022)
Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

para el reconocimiento de la asignación de retiro que ya estaba previsto en las
disposiciones vigentes para cuando se expidió la ley, que para el presente caso
corresponde al Decreto 1211 de 199016.

49. Ciertamente, con ocasión de la declaratoria de nulidad del artículo 14 del Decreto
4433 de 2004, esta corporación consideró que para llenar el vacío normativo, se acude
el principio de reviviscencia, para dar paso a la aplicación del artículo 163 del Decreto
1211 de 199017.

50. En último lugar, cabe anotar que el presidente de la república, dictó el Decreto 991
de 2015, en el que reguló la asignación de retiro para el personal de los Oficiales y
Suboficiales de las fuerzas militares, escalafonados con anterioridad al 31 de
diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados del servicio
activo después de 15 años, por llamamiento a calificar servicios o por retiro
discrecional según el caso, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado,
o por disminución de la capacidad psicofísica. Dispuso que es equivalente al 50% del
monto de las partidas de que trata el artículo 13 del Decreto 4433 de 2004, por los 15
primeros años de servicio y un 4% más por cada año que exceda a los 15, sin que
el total sobrepase el 85% del mismo monto, incrementado en un 2% por cada año
adicional después de los 24 años de servicio, sin que el total sobrepase el 95% de las
partidas computables.

51. Respecto al campo de aplicación del referido Decreto 991 de 2015, esta
corporación en sentencia del 28 de abril de 2022, consideró que no cobija a quienes
fueron retirados del servicio antes de su entrada en vigencia, así18:

Ahora, en cuanto a los argumentos de defensa esgrimidos en la alzada por la entidad
demandada en los que sostuvo que a la parte activa le debe ser aplicado el Decreto
991 de 2015, al ser esta la norma que se encontraba vigente al momento de su retiro
del servicio oficial, es pertinente indicar que aceptar dicha tesis como verdadera sería
tanto como desconocer el derecho adquirido por el demandante bajo las prerrogativas
destinadas a su situación particular, toda vez que i) la separación absoluta del cargo
que ocupaba como mayor en el Ejército Nacional, ocurrió a partir del 3 de septiembre
de 2014, momento para el cual aún no había sido expedido el decreto en mención (15
de mayo de 2015), y; ii) aquel se encontraba en servicio activo a la fecha de
promulgación de la Ley 923 de 2004 (30 de diciembre de 2004), por lo que se hizo
beneficiario de la transición allí contenida, en el sentido de que, para el reconocimiento
de su asignación de retiro, debían aplicarse las disposiciones trazadas en el Decreto
1211 de 1990, para su caso.

3.2. Hechos probados relevantes

52. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se muestra

16 En este mismo sentido, ver los fallos del 12 de agosto de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda,

proceso con radicado 15001-23-33-000-2018-00678-01 (1157-20), M.P. Gabriel Valbuena Hernández; 28 de
octubre de 2021, proceso con radicado 52001-23-33-000-2015-00060-01 (3330-19), M.P. William Hernández
Gómez.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2020, proceso con radicado

25000-23-42-000-2013-05972-01 (0094-01), M.P. César Palomino Cortés.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2022, proceso con radicado

25000-23-42-000-2017-00034-01 (4044-2021), M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

a continuación:

53. Según la hoja de servicios, el señor Carlos Alberto Borrero ingresó al Ejército
Nacional el 1 de septiembre de 1993 y se desvinculó el 3 de octubre de 2007, para un
total de 15 años, 6 meses y 19 días19.

54. Mediante la Resolución 1651 del 1 de octubre de 2007, dictada por el comandante
del Ejército Nacional, se retiró del servicio activo del Ejército Nacional con pase a la
reserva por retiro discrecional al señor Sargento Viceprimero Carlos Alberto Borrero,
con novedad fiscal del 3 de octubre de 2007. Indicó que el actor continuaría dado de
alta por tres meses a partir de la fecha de retiro20.

55. El 14 de mayo de 2015, el accionante presentó un escrito contentivo del derecho
de petición en interés particular ante CREMIL para obtener el reconocimiento de la
«asignación de retiro en cuantía del 50% de lo devengado en el momento de su
desvinculación y de las partidas computables descritas en el artículo 158 del Decreto
1211 de 1990, en los términos del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, por ser más
favorable»21.

56. CREMIL en la Resolución 6573 del 11 de agosto de 2015, dictada por el director
general, negó el reconocimiento de la asignación de retiro pedido en el escrito del 14
de mayo de 2015 al indicar que el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 no prevé el
reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años de servicios, cuando la causal
de desvinculación fue por retiro discrecional22, así:

[…] con la información contenida en la Hoja de Servicios arriba citada y en los demás
documentos que reposan en el expediente prestacional, no se cumplen los requisitos
establecidos en la normatividad vigente para efectos del reconocimiento de asignación de
retiro, toda vez que el Señor Sargento Viceprimero (RA) del Ejército CARLOS ALBERTO
BORRERO, fue retirado de la actividad militar por RETIRO DISCRECIONAL, causal que
no se contempla para reconocimiento de Asignación de Retiro en el artículo 163 del
Decreto 1211 de 1990 […].

Que en caso de que existiera la viabilidad de aplicar el Decreto 4433 de 2004 y teniendo
en cuenta la información contenida en la hoja de servicios arriba citada, es evidente que
con el mismo no se cumplen los requisitos establecidos en dicha normatividad para
efectos del reconocimiento de Asignación de Retiro, toda vez que el Señor Sargento
Viceprimero (RA) del Ejército CARLOS ALBERTO BORRERO, fue retirado de la actividad
militar por RETIRO DISCRECIONAL y el tiempo de servicio a la fecha de retiro es de 15
años, 06 meses y 19 días, no enmarcándose en lo señalado en el artículo 14 del Decreto
4433 de 2004 […].

57. El interesado interpuso recurso de reposición contra la Resolución 6573 del 11 de
agosto de 2015, que fue resuelto en la Resolución 9539 del 30 de noviembre de 2015,
y confirmó la decisión23. Sin embargo, a través de la Resolución 2992 del 25 de abril
de 2016, en cumplimiento de un fallo de tutela dictado por el Juzgado Penal de

19 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 1, págs. 4 y 5.

20 Idem, págs. 6 a 7.
21 Idem, págs. 8 a 14.
22
Idem, págs. 17 a 18. Doc. 03, págs. 38, 40 y 42.
23 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 01, págs. 59 a 61.

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Fusagasugá, el director general de CREMIL revocó la Resolución 9539 del 30 de
noviembre de 2015 y procedió a resolver nuevamente el recurso de reposición para
confirmar nuevamente la Resolución 6573 del 11 de agosto de 2015, para lo cual
expuso:

Ahora bien, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia de fecha 23 de octubre de 2014 debidamente ejecutoriada el
05 de diciembre de 2014 declaró la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433, el cual fijaba
las directrices para los reconocimientos de las asignaciones de retiro del personal de
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas militares.

Visto lo anterior, es necesario tener en cuenta lo dispuesto por la sentencia C-402 del
2010 la cual establece que es procedente dar aplicación la figura de la reviviscencia de la
norma anterior, siendo en este caso en particular, el Decreto Ley 1211/90 en su artículo
133, el cual suple el vacío normativo que dejó la declaración de nulidad del artículo 4 del
Decreto 4433/04, norma que NO contempla la causal de RETIRO DISCRECIONAL para
efecto de obtener el reconocimiento de la asignación de retiro, por lo que no es posible
reconocer la referida prestación a favor del militar en mención con base en dicha norma.

3.3. Caso concreto

58. En el caso bajo estudio, el actor como sargento viceprimero retirado del Ejército
Nacional, por retiro discrecional, solicita la nulidad de las resoluciones dictadas por
CREMIL que le negaron el reconocimiento de la asignación de retiro. En criterio de la
entidad, el Decreto 4433 de 2004 le exige 18 años de servicio, y solo acreditó 15. Como
fundamento de la demanda, alega que es beneficiario de la transición de la Ley 923
de 2004; por lo tanto, tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro
regulada en el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990.

59. El Tribunal Administrativo de Nariño accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y ordenó el reconocimiento pensional, acorde con el artículo 163 del
Decreto Ley 1211 de 1990 desde el 13 de mayo de 2016, por prescripción cuatrienal.

60. Inconforme con esta decisión, las dos partes presentaron recurso de apelación.
La parte actora estima que no operó la prescripción del derecho al pago de las
mesadas pensionales. A su vez, CREMIL insiste en que el demandante no tiene derecho
a la asignación de retiro del artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990, porque no
prevé el reconocimiento por la causal de desvinculación por retiro discrecional.

61. Con el objeto de resolver el recurso de apelación, la Subsección destaca que
en el proceso se encuentra probado que el señor Carlos Alberto Borrero prestó sus
servicios en el Ejército Nacional desde el 1 de septiembre de 1993 hasta el 3 de
octubre de 2007, para un total de 15 años, 6 meses y 19 días 24; fue desvinculado por
retiro discrecional, a través de la Resolución 1651 de 2007; el 14 de mayo de 2015,
solicitó el reconocimiento de la asignación de retiro acorde con el artículo 163 del
Decreto Ley 1211 de 199025; y CREMIL negó el reconocimiento mediante las
resoluciones demandadas26.

24 Samai, índice 2, expediente digital, doc. 1, págs. 4 y 5.
25 Idem, págs. 8 a 14.
26 Idem, págs. 17 a 18 y 59 a 61.

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62. Ahora bien, frente al recurso de apelación de la entidad, la Subsección debe
decir que aunque los actos administrativos demandados negaron el reconocimiento
pensional con fundamento en el artículo 14 del Decreto 4433 de 2004, vigente para el
2007 (año de retiro del actor), la Sala no pasa por alto que este precepto fue declarado
nulo por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 23 de octubre
de 2014, la cual consideró que27:

3.4. Con respecto a la nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004 por violación
de la norma que le sirve de fundamento, observa la Sección que las mismas razones
por las cuales fue declarada la nulidad del artículo 24 de este Decreto, primero de
manera parcial en la sentencia de 28 de febrero de 2013 N° interno 1238-2007 y que
habrá de declararse de conformidad con lo expuesto en esta sentencia al analizar el
resto de ese artículo, también se declarará la del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004,
en su integridad, pues su texto y las razones en que se apoyó la declaración de nulidad
del artículo 24 es idéntico al contenido de este, pero con variación únicamente de los
destinatarios de la norma en cuestión, como quiera que en el artículo 24 son los
Oficiales Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional en actividad y en el artículo 14
los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares en actividad.

63. En la citada sentencia del 28 de febrero de 2013, esta corporación señaló que
existe una reserva legal frente a la regulación de los beneficios mínimos establecidos
en las normas laborales y que la competencia reglamentaria del Gobierno nacional no
podía modificar el régimen pensional de los miembros de la fuerza pública vinculados
antes de la vigencia de la Ley 923 de 2004, así:

Como puede observarse, en la norma acabada de transcribir se hace la distinción entre
miembros de servicio de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en
vigencia de la Ley 923 de 30 de diciembre de 2004, y quienes para entonces no se
encontraran en servicio activo.

Respecto de quienes se encontraban en servicio activo a la iniciación de la vigencia de
la ley acabada de mencionar dispuso el legislador que: 'no se les exigirá como requisito
para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las
disposiciones vigentes al momento de expedición de esta ley cuando el retiro se
produzca por solicitud propia ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por
cualquier otra causal'.

Es decir, el ámbito de competencia del Presidente de la República en cuanto al
contenido de los Decretos que expida para desarrollar esta Ley Marco quedó así
expresamente delimitado por el legislador. Ello significa, entonces que si no obra el
Ejecutivo dentro de tales linderos competenciales, el decreto que se dicte fuera de ellos
será violatorio no sólo de la Ley Marco, sino también del artículo 150 numeral 19 literal
e) de la Constitución Política.

[…]

Si bien no existe derecho a un régimen prestacional inmodificable o que no pueda
variarse, el ejercicio de un derecho adquirido sólo es dable exigirlo en la medida en que
el mismo se haya causado, esto es, que haya ingresado al patrimonio de la persona
exhibiendo un justo título. Pero, lo cierto es que en este particular caso el Gobierno
nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 11001-03-25-000-2007-00077-01 (1551-07), M.P.

Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Fuerza Pública en tanto - se repite - era una materia que se hallaba reservada a la ley
y, de otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido
a la carrera del nivel ejecutivo.

64. Ahora bien, al retrotraerse los efectos de la declaratoria de nulidad a la fecha de
expedición del decreto en cita, para llenar el vacío se impone acudir a la norma
anterior, que para el caso concreto es el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990.

65. Debe agregarse que el legislador protegió las expectativas legítimas de los
integrantes de la fuerza pública vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley
923 de 200428, como el actor, quien estaba vinculado al Ejército Nacional desde el 1
de septiembre de 1993. Para ellos, la citada ley dispuso que para el reconocimiento
de la asignación de retiro, no se les podía exigir un tiempo de servicio superior al
previsto en las normas anteriores «cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni
inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal» (inciso 2 del
numeral 3.1 del artículo 3). De donde se colige que el propio legislador señaló que si
el retiro se producía por una causal diferente a solicitud propia, el tiempo de servicios
exigido era de 15 años. Por tanto, se impone acudir al artículo 163 del Decreto Ley
1211 de 1990 que señala:

ARTÍCULO 163. Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente estatuto, los
Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares que sean retirados del servicio activo
después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por voluntad del
Gobierno o de los de Comandos de Fuerza, según el caso, o por sobrepasar la edad
máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por
incapacidad profesional, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin
tener causa justificada, o por conducta deficiente, y los que se retiren a solicitud propia
después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que
terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares
se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento
(50%) del monto de las partidas de que trata el Artículo 158 de este Estatuto, por los
quince (15) primeros años servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que
exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento
(85%) del mismo monto. […].

66. De suerte que la Ley 923 de 2004 no excluyó de la transición la causal de
desvinculación por retiro discrecional. Por ello, determinó que salvo en el retiro por
solicitud propia, el tiempo mínimo de servicios era de 15 años, para los integrantes de
la fuerza pública en servicio activo a la entrada en rigor de la referida ley. Por ende, a
partir de una integración normativa entre la Ley 923 de 2004 y el artículo 163 del
Decreto Ley 1211 de 1990, en los eventos de retiro discrecional sí procede el
reconocimiento de la asignación de retiro con 15 años de servicios para los
beneficiarios de la transición de la Ley 923 de 2004. Además, la Subsección A de la
Sección Segunda ha estimado que el retiro discrecional corresponde al retiro por
voluntad del Gobierno del artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990, así:

Según la norma, la causación del derecho a la asignación de retiro depende del
cumplimiento de una condición de naturaleza temporal que varía de acuerdo con el
motivo de retiro del servicio, en ese orden, se encuentra probado que el demandante

28 30 de diciembre de 2004.

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fue retirado del servicio por «retiro discrecional», es decir, obedeció a una disposición
del Ejército Nacional.

[…]

En atención a las pruebas analizadas en precedencia, se colige que el demandante sí
tiene derecho al reconocimiento de la asignación de retiro, como lo consideró el a quo,
con fundamento en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990.

Acorde con lo expuesto, no es de recibo el argumento esgrimido en el recurso de
apelación por la entidad demandada, pues la causal de retiro discrecional obedece a
la voluntad del Ejército Nacional prevista en la norma aludida (Decreto 1211 de 1990),
a la cual habrá de remitirse para el reconocimiento de la asignación de retiro del
demandante.

El Consejo de Estado ha considerado que “gracias a la discrecionalidad que tiene el
nominador, el debido proceso y sus garantías, en especial la motivación no es
necesaria tratándose de desvinculación de miembros de las Fuerzas Militares29”, pero
en manera alguna, el retiro discrecional puede ser causal de rechazo para obtener la
asignación del retiro si el militar cuenta con el tiempo requerido para ello30.

67. Por consiguiente, en respuesta al problema jurídico, la Sala determina que como
el demandante se vinculó al Ejército Nacional en el año 1993, esto es, antes de la
entrada en rigor de la Ley 923 de 2004 y fue desvinculado por la causal de retiro
discrecional (la cual se asimila al retiro por voluntad del Gobierno nacional); entonces,
en virtud de la transición del artículo 3, numeral 3.1. idem tiene derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro en los términos del artículo 163 del Decreto
Ley 1211 de 1990, con 15 años de servicio, que fueron acreditados en el proceso.

68. En lo atinente al reparo del accionante sobre el estudio de la prescripción, cabe
anotar que el Tribunal consideró que se extinguieron por prescripción las mesadas
causadas antes del 13 de mayo de 2016, en tanto, la demanda se presentó el 13 de
mayo de 2019. Al respecto, es pertinente resaltar que el artículo 174 del Decreto Ley
1211 de 1990 regula que la prescripción de «los derechos consagrados en este
Estatuto prescriben en cuatro (4) años, que se contarán desde la fecha en que se
hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad competente sobre un
derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual […]».

69. Por lo tanto, se precisa que la prescripción se interrumpe con la reclamación
ante la administración, por el término de cuatro años. Así pues, con la presentación
del escrito del 14 de mayo de 2015, operó la prescripción de las mesadas causadas
antes del 14 de mayo de 2011. Además, la demanda se interpuso el 13 de mayo de
2019, es decir, en el término cuatrienal.

70. Esta corporación ha aplicado el término de prescripción de cuatro años en
aquellos eventos donde el reconocimiento de la asignación de retiro se realiza con

29 Consejo de Estado, Sentencia de 1 de marzo de 2007, M.P. Alberto Arango, Sección 2 y Sentencia de 22 de

febrero de 2007, M. P. Jesús María Lemos, Sección 2, Subsección.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 15001-23-33-000-2018-00678-01

(1157-20), M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Sobre la misma causal de retiro consultar la sentencia del 14 de
septiembre de 2017, proceso con radicado 20001-23-39-000-2015-00454-01 (2936-16), M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.
14

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fundamento en las normas anteriores al Decreto 4433 de 2004, entre ellos, el Decreto
1211 de 1990, como se expuso en las providencias de 19 de abril de 201831, 31 de
enero de 201932, 6 de mayo de 202133, 25 de julio de 202434 y 3 de octubre de 202435.

71. De igual modo, en cuanto a la aplicación del término de prescripción del Decreto
1211 de 1990, se resalta que procede acudir a esta norma en virtud del principio de
inescindibilidad, abordado en el fallo de unificación del 201936. Esta providencia explicó
que «consiste en entender que las normas jurídicas bajo las cuales ha de regirse un
asunto concreto, deben ser aplicadas en su integridad, es decir, no pueden ser
divididas para resolver con parte de ellas y parte de otras el caso de que se trate». En
este sentido, la providencia explicó que la «inescindibilidad se estructura con
fundamento en el principio de favorabilidad, según el cual, no es viable desmembrar
las normas legales, de manera que quien resulte beneficiario de un régimen debe
aplicársele en su integridad y no parcialmente tomando partes de uno y otro
ordenamiento». Luego, si el derecho pensional se rige por el Decreto 1211 de 1990,
se desconocería el principio de inescindibilidad, al aplicar la prescripción trienal del
artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

72. Por otro lado, no se comparte el argumento del accionante sobre que no operó
la prescripción porque el derecho a la asignación de retiro solamente fue exigible a
partir de la sentencia del Consejo de Estado del 23 de octubre de 2014, que declaró la
nulidad del artículo 14 del Decreto 4433 de 2004. Esto, en tanto, como se explicó en
el marco normativo y jurisprudencial, los efectos de la declaratoria de nulidad son ex
tunc, de modo que con ocasión de la sentencia de nulidad el derecho es exigible a la
adquisición del estatus pensional y era efectiva desde los tres meses de alta a partir
del retiro del servicio.

73. En efecto, la declaratoria de nulidad apareja una «consecuencia restitutoria»,
consistente en que «los efectos de los fallos que declaran la nulidad sean hacia el
pasado, esto es ex tunc, ya que no basta que el acto ilegal sea retirado del
ordenamiento jurídico a partir de la decisión judicial, sino que es necesario que las
situaciones particulares que surgieron en su vigencia queden como estaban ab initio,
ya que no de otra manera podrían restituirse las cosas a su estado anterior»37. Esos
efectos ex tunc o retroactivos solo comprenden situaciones jurídicas particulares que
no están consolidadas.

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 05001-23-33-000-2013-01922-01

(1288-16), M.P. William Hernández Gómez.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 76001-23-31-000-2011-00356-01

(2385-16), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-04950-01

(1454-19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 47001-23-33-000-2020-00006-01

(1638-2023), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, proceso con radicado 18001-23-33-000-2021-00072-01

(1813-2024), M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, proceso con radicado 25000-23-42-000-2013-02235-01 (2602-16) CE-

SUJ-016-19.
37 Consejo de Estado, Sala Novena Especial de Decisión, sentencia del 13 de agosto de 2021, proceso con radicado

66001-33-33-001-2012-00141-012, M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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Radicación: 52001-23-33-000-2019-00254-01 (1588-2022)
Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

74. Así, la parte tenía la obligación de pedir el reconocimiento de la asignación de
retiro, en los cuatro años siguientes a la exigibilidad del derecho, para que no se
extinguieran las mesadas.

75. En este orden de ideas, la prescripción es cuatrienal y no trienal, porque la
asignación de retiro se rige por el Decreto 1211 de 1990. Adicionalmente, la
exigibilidad del derecho no surgió con el fallo que declaró la nulidad del artículo 14 del
Decreto 4433 de 2004, en razón a que los efectos de la nulidad son retroactivos, es
decir, desde la expedición del acto.

3. Conclusión

76. El señor Carlos Alberto Borrero tiene derecho al reconocimiento de la
asignación de retiro regulada en el artículo 163 del Decreto Ley 1211 de 1990, por ser
beneficiario de la transición prevista en la Ley 923 de 2004, que le permite adquirir el
derecho pensional con las normas anteriores. Operó la prescripción cuatrienal de
conformidad con el artículo 174 del Decreto Ley 1211 de 1990. Por consiguiente, se
modificará el fallo del Tribunal para indicar que se extinguieron las mesadas causadas
antes del 14 de mayo de 2011.

4. Costas

77. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 38 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, se
revocará la condena en costas impuesta en primera instancia, porque no se advierte
que la parte vencida haya incurrido en las anteriores conductas. Por los mismos
motivos, no se condenará en costas en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

38 La magistrada ponente, en cambio, considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a

un criterio objetivo valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Demandante: Carlos Alberto Borrero
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

FALLA:

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo
de Nariño, el 13 de octubre de 2021, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Segundo: Modificar el numeral tercero en el sentido de declarar que operó la
prescripción de las mesadas causadas antes del 14 de mayo de 2011.

Tercero: Revocar el numeral sexto que condenó en costas a la parte demandada.

Cuarto: Sin lugar a condena en costas en las dos instancias.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el Sistema de
Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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