Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 18001-23-33-000-2021-00072-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 18001-23-33-000-2021-00072-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Radicado : 1800123330002021-00072-01 (1813-2024)1
Demandante : Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas : Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional -
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(Casur)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento y pago de tres meses de alta y de
la de asignación de retiro
Decisión : Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
de 30 de noviembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá2,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
Daniel Fernando Zarabanda Pinto, por conducto de apoderado, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
solicitó que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:
• Oficio S-2020-050634 / DIPON-DITAH-1.10 del 20 de noviembre de 2020,
mediante el cual el director general de la Policía Nacional negó el
reconocimiento y pago de los tres (3) meses de alta por no cumplir con los
presupuestos establecidos en el Decreto 754 de 2019.
• Oficio 202021000234961 Id: 619032 de fecha 14 de diciembre de 2020, a
través del cual el director general de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
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Expediente digital.
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Sala conformada por los magistrados: Edith Alarcón Bernal, Yanneth Reyes Villamizar y Pedro Javier Bolaños Andrade.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
Nacional “CASUR”, negó el reconocimiento de la asignación de retiro por no
cumplir con los presupuestos establecidos en el Decreto 4433 de 2004, en
concordancia con el Decreto 754 de 2019.
A título de restablecimiento del derecho, pidió condenar a la accionada a (i)
reconocer y pagar los tres (3) meses de alta, (ii) reconocer la asignación de retiro a
la cual tiene derecho, desde el 19 de octubre de 2014, con los intereses moratorios
y la indexación a que hubiere lugar, (iii) dar cumplimiento a la sentencia en los
términos del CPACA, y (iv) sufragar lo correspondiente a las costas y agencias en
derecho.
Los hechos en que fundamentan las pretensiones de la demanda, en síntesis, son
los siguientes:
El demandante ingresó a la Escuela de Policía Rafael Reyes como alumno de nivel
ejecutivo el 23 de agosto de 1999 hasta el 18 de agosto de 2000, posteriormente
egresó de la escuela de formación como profesional del nivel ejecutivo, en el grado
de patrullero y, posteriormente, ascendió al grado de subintendente.
El 19 de octubre de 2014 el señor Daniel Fernando Zarabanda Pinto fue retirado del
servicio activo de la Policía Nacional por sanción disciplinaria de destitución,
mediante Resolución 04111 del 8 de octubre de 2014, teniendo como tiempo de
servicio 15 años, 4 meses y 10 días, momentos en los cuales prestaba sus servicios
en la Estación de Policía Florencia adscrita al Departamento de Policía Caquetá.
Señala que, aunque fue retirado de la Policía Nacional, el 19 de octubre de 2014,
con más de 15 años de servicio ininterrumpidos, la Policía Nacional no le ha
reconocido y pagado los tres meses de alta, a los que considera tener derecho, así
como tampoco se le ha reconocido la asignación de retiro.
Solicitó ante la Policía Nacional el reconocimiento y pago de los tres meses de alta
con radicado No. PQR2S No. 12021- 20201020 el 19 de octubre de 2020,
pedimento que le fue negado a través del Oficio S-2020-050634 / DIPON-DITAH-
1.10 del 20 de noviembre de 2020.
Igualmente, el 19 de octubre del año 2020 acudió ante la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional, solicitando que se reconozca y pague la asignación de retiro.
La entidad dio respuesta negativa a la anotada petición, mediante Oficio
202021000234961 Id: 619032 de fecha 14 de diciembre de 2020.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
De la Constitución política los artículos 4°, 5°, 13, 42, 48, 53, 58 y 218 inciso 2°;
artículo 2°, literal a) de Ley 4ª de 1992; artículos 68, 71, 74, 82, 140 y 144 del Decreto
1212 de 1990; y la Ley Marco 923 de 2004.
El concepto de violación la parte accionante lo sustentó en que la asignación
mensual de retiro, se debía reconocer y liquidar con base en los tiempos de servicio
señalados en el Decreto 1212 de 1990, el cual establece los requisitos que fueron
determinados en el Decreto 754 de 2019, al establecer mayores requisitos para el
personal vinculado al nivel ejecutivo por incorporación directa con anterioridad a la
expedición de aquella norma y por las mismas razones se debía acceder al
reconocimiento de los 3 meses de alta; por lo anterior, los actos administrativos se
encuentran viciados de legalidad por expedición irregular, falsa motivación, e
infracción de las normas en que debió fundarse.
2. Contestación de la demanda
2.1. La Nación – Ministerio de Defesa – Policía Nacional3
Se opuso a las pretensiones de la demanda y solicitó que se denieguen las
pretensiones de la demanda, en razón a que el acto demandado está ajustado a los
preceptos legales y ordenamiento jurídico, sin que se presente ningún tipo de
irregularidad en la expedición del mismo y sumado a la presunción de legalidad de
la cual goza y que no ha sido desvirtuada.
Afirmó que el retiro del señor intendente Zarabanda Pinto fue por la ejecución de la
Resolución 04111 del 8 de octubre de 2014, la cual resolvió retirarlo del servicio
activo de la institución por destitución, y la inhabilidad para ejercer función pública
en cualquier cargo o función por el término de 11 años, así como también la
exclusión del escalafón o carrera.
Adujo que el Decreto 754 del 30 de abril de 2019, en su artículo 1° señala que el
personal del Nivel Ejecutivo, dado de alta antes del 31 de diciembre de 2004,
retirado del servicio activo por la causal de destitución, debe acreditar mínimo 20
años de servicio, para el reconocimiento y pago de los deberes a que tenga derecho,
en este caso, los tres (03) meses de alta, así como la asignación de retiro.
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Expediente digital – archivo 11.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
Concluyó que, conforme con lo anterior, no era posible el reconocimiento de los tres
meses de alta al demandante, toda vez que, una vez revisada la hoja de servicios
74374640 se constató que laboró con un tiempo de servicios de 15 años, 4 meses
14 días.
1.2.2. Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)4
La entidad se opuso a las pretensiones del demandante, porque en su criterio los
actos se expidieron conforme a derecho. Manifestó que el actor no tiene derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro por no cumplir con el requisito de tiempo
de servicio exigido en casos de destitución, pues para ello se requiere haber
prestado 20 años de servicios a la institución policial, según lo dispone el Decreto
0754 de 2019, el cual estaba vigente para la fecha de separación del cargo del
demandante.
Propuso como excepción, la inexistencia del derecho y prescripción trienal de las
mesadas, la cual se debe aplicar desde el 19 de octubre de 2017; por último, que
no se condene en costas.
3. Sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo del Caquetá, en sentencia de 30 de noviembre de 2023,
accedió a las súplicas de la demanda. Al respecto, declaró la nulidad de los oficios
demandados y ordenó a la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y Casur
reconocer y pagar los tres meses de alta, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 145 del Decreto 1212 de 1990, que se encuentran causados entre el 19 de
octubre de 2014 y el 18 de enero de 2015; y reconocer la asignación de retiro a
favor de Daniel Fernando Zarabanda Pinto, en los términos de la Ley 923 de 2004
y el Decreto 1212 de 1990, a partir del 19 de octubre de 2016.
Indicó que los miembros de la Policía Nacional, entre los cuales se hallan los que
integran el nivel ejecutivo, que se encontraran activos al momento de la expedición
de la Ley 923 de 2004, esto es, al 31 de diciembre de 2004, no se les puede exigir
un tiempo de servicio, para efectos de acceder a la asignación de retiro, superior al
establecido en los Decretos 1212 y 1213 de 1990, por ser esta la normativa que se
encontraba vigente para dicho momento, cuando quiera que la causal de retiro
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Expediente digital – archivo 13.
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Expediente digital. Con salvamente parcial de la magistrada Yanneth Reyes Villamizar – expediente digital - archivo 5.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
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invocada sea la de solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando la desvinculación
se produzca por cualquier otra causal.
Señaló que para el reconocimiento de la asignación de retiro del demandante,
resulta entonces aplicable el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, teniendo en
cuenta la condición que ostentaba al momento de su retiro, esto es subintendente,
que señala para el caso concreto 15 años de servicios para su reconocimiento,
cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia, requisito que
cumple el actor, toda vez que según la hoja de servicio y el acto acusado, al
momento de su retiro contaba con un tiempo de servicio de 15 años, 4 meses y 14
días.
Adujo que de acuerdo con la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004 (30 de
diciembre de 2004) el demandante se encontraba en servicio activo de la Policía
Nacional, puesto que su vinculación con la entidad fue desde el 23 de agosto de
1999, por lo tanto, para el reconocimiento de la asignación de retiro le es aplicable
el artículo 3°, ordinal 3.1 inciso segundo de la referida norma, ya que el único
condicionamiento es que, al momento de la entrada en vigencia, la persona se
encuentre en servicio activo de la Fuerza Pública, al margen de la casual de retiro.
Por último, se tiene que no se condenó en costas a la parte vencida.
4. Recurso de apelación
4.1 Parte demandante
Solicitó revocar el ordinal primero de la sentencia del 30 de noviembre de 2023, en
cuanto declaró la prescripción de su reconocimiento a la asignación de retiro, para
en su lugar, ordenar a Casur el reconocimiento y pago la asignación de retiro, a
partir del 19 de enero de 2015, fecha en que terminan los tres meses de alta.
4.3. Parte demandada - Policía Nacional
Realizó un recuento normativo y relató los hechos, de los cuales se desprende que
el demandante fue retirado de la institución policial, porque el ente disciplinario le
impuso una sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad general por el término
de 11 años; por lo que el reconocimiento y pago de los tres meses de alta,
constituyen un acto de trámite que depende del reconocimiento de la asignación de
retiro y, por lo tanto, al no ser procedente la pretensión principal, no hay lugar a su
reconocimiento.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
Por lo anterior, peticionó no acceder a las pretensiones de la demanda y revocar en
su totalidad la sentencia de primera instancia.
5. Trámite de segunda instancia
Con auto de 18 de junio de 20246, este despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.
2.2. Problema jurídico.
La Subsección debe estudiar en los términos de los recursos de apelación
interpuesto por las partes (i) si Daniel Fernando Zarabanda Pinto tiene derecho a
que se le reconozca y paguen los tres meses de alta y a obtener el consecuente
reconocimiento de la asignación de retiro; (ii) si la motivación del acto administrativo
que ordenó el retiro del cargo del demandante corresponde a una sanción que le
impide obtener la asignación de retiro solicitada y (iii) si se configuró la prescripción.
Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala seguirá la siguiente metodología:
2.1. Análisis normativo y jurisprudencial de la asignación de retiro de los integrantes
de las Policía Nacional; 2.2. Análisis del caso concreto.
2.2.1. Análisis normativo y jurisprudencial de la asignación de retiro de los
integrantes de la Policía Nacional
El régimen de asignación de retiro de los miembros del denominado nivel ejecutivo
de los miembros de la Policía Nacional se halló por el Decreto 1212 del 8 de junio
de 1990 reformó el Estatuto del personal de los Oficiales y Suboficiales de la Policía
Nacional estableciendo en su artículo 144 los términos en los que se podía ordenar
el reconocimiento y pago de una asignación de retiro, así:
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Expediente digital – SAMAI índice 004.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
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“Artículo 144. ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente estatuto, los
oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después
de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, por no asistir
al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del Gobierno o de la
Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente
al grado, o por disminución de la capacidad sicofísica, o por incapacidad profesional, o por
conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de
servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que
por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual
de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de los primeros años de servicio
y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total
sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad”.
Por otra parte, el artículo 145 del Decreto 1212 de 1990, respecto de los tres meses
de alta, dispuso lo siguiente:
“Artículo 145. TRES (3) MESES DE ALTA. Los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional
que pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho a asignación de retiro
o pensión, continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de
la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de
prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 175 de este
decreto continuarán recibiendo la totalidad de los haberes devengados en actividad
correspondientes a su grado. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de
servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales”.
El Decreto 1091 de 1995, reglamentó el régimen de asignaciones y prestaciones
para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, regulando en el artículo
51 lo referente a la asignación de retiro de tales miembros, sin embargo, en
sentencia del 14 de febrero de 2007, la Sección Segunda del Consejo de Estado
declaró la nulidad del artículo 51 del Decreto Reglamentario 1091 de 1995.
Es importante, acá hacer mención de que cuando el retiro de un uniformado del
nivel ejecutivo vinculado en vigencia el Decreto 1091 de 1995 se produce por
“destitución”; conforme lo antes señalado, debe enmarcarse dentro de la causal de
retiro por mala conducta, por cuanto la sentencia en referencia consideró: “ […] los
conceptos de retiro por “separación absoluta” y “destitución” previstos en las disposiciones de “mala
conducta comprobada” contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la
evolución normativa que ha tenido tal régimen […]”
Posteriormente, la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004 señaló las normas,
objetivos y criterios que debería observar el Gobierno Nacional para la fijación del
régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
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Número interno: 1813-2024
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de conformidad con lo previsto en la Constitución Política y le defirió al Gobierno
Nacional la fijación del régimen legal de las asignaciones de retiro, la pensión de
invalidez, sobreviviente, sus sustituciones y reajustes.
Con fundamento en dicha norma, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4433 de
31 de diciembre de 2004, por medio del cual fijó el régimen pensional y de
asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, definiendo el campo de
aplicación, alcance y los principios que se debían tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la referida prestación. Aduce que de acuerdo con el artículo 25,
el a tiempo de servicio necesario para la asignación de retiro de los miembros de la
Policía Nacional, fue aumentado para el caso del nivel ejecutivo.
Respecto a este artículo, el parágrafo 2°, fue declarado nulo en su integridad por el
Consejo de Estado mediante sentencia del 12 de abril de 2012 7, y por las mismas
razones, la Corporación en sentencia del 23 de octubre de 20148- declaró también
la nulidad del parágrafo 1° del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004.
Con posterioridad, se expidió el Decreto 1858 del 6 de septiembre de 2012, a través
del cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro del personal del Nivel
Ejecutivo de la Policía Nacional; y en su artículo segundo, se dispuso lo siguiente:
“Artículo 2. Régimen común para el personal del Nivel Ejecutivo que ingresó al escalafón por
incorporación directa. Fíjase el régimen pensional y de asignación de retiro para el personal
que ingresó al Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con
veinte (20) años o más de Servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del
Director General de la Policía por delegación, o por disminución de la capacidad psicofísica, y
los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta o
destituidos después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha
en que terminen los tres (3) meses de alta, por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por
ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 3º del presente decreto, por los
primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más, por cada año que exceda
de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales
partidas”.
El artículo 2° del Decreto 1858 de 2012, también fue declarado nulo por el Consejo
de Estado mediante sentencia del 3 de septiembre de 20189, en el que se señaló lo
siguiente:
7
Con ponencia del Dr. Alfonso Vargas, Radicado: 11001032500020060001600 radicado interno 290-2006 (acumulado 1074-
2007).
8
Radicación: 11001-03-25-000- 2007-00077-01(1551-07) C.P Bertha Lucia Ramírez De Páez.
9
Con ponencia del Dr. César Palomino Cortés, proceso con radicado 11001032500020130054300.
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Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
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“En conclusión de esta primera disquisición, la Sala encuentra que por remisión expresa de la
Ley 923 de 2004, a los miembros de la Policía Nacional, entre los cuales se hallan los que
integran el nivel ejecutivo, que se encontraran activos al momento de la expedición de la Ley,
esto es, al 31 de diciembre de 2004, no se les puede exigir un tiempo de servicio, para efectos
de acceder a la asignación de retiro, superior al establecido en los Decretos 1212 y 1213 de
1990, por ser esta la normativa que se invocada sea la de solicitud propia, ni inferior a 15 años
cuando la desvinculación se produzca por cualquier otra causal.
Determinados entonces los limites materiales previstos en el artículo 3 de la Ley 923 de 2004
que restringe el accionar del Gobierno Nacional al momento del ejercer la potestad
reglamentaria ampliada para fijar el régimen de la asignación de retiro de los integrantes del
Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, desemboca en un imperativo categórico establecer si
con la expedición del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 se desconocieron, trasgredieron o
vulneraron dichos confines normativos.
Así las cosas, a partir de la integración normativa que por vía de remisión interpretativa se
realiza entre las disposiciones contenidas en el artículo 3.1, inciso 2 de la Ley 923 de 2004 y
las establecidas en los artículos 144 y 104 de los Decretos 1212 y 1213 de 1990,
respectivamente, es posible realizar una lectura omnicomprensiva del límite material
establecido para acceder al derecho de asignación de retiro del personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional que se encontrara en servicio activo al 31 de diciembre de 2004; de tal
manera que este quedaría literalmente precisado así:
A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo
de servicio superior a 20 años cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15
años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
(…)
Dado que el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 señala de manera diáfana que el personal
de la Policía Nacional que ingresó al Nivel Ejecutivo por incorporación directa hasta el 31 de
diciembre de 2004, fecha de entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, podrán acceder a la
asignación de retiro cuando quiera que cumplan con un mínimo de 20 años de servicio por
una causal de desvinculación distinta a la de voluntad propia y con un máximo de 25 años
tratándose del retiro por solicitud de parte o destitución; es dable concluir que los presupuestos
normativos en ella contemplados se encuentran en abierta contradicción con aquellos
previstos a manera de límites materiales por el ordenamiento jurídico superior”.
Se puede concluir de la jurisprudencia citada, que dicha nulidad se generó porque
al expedir esa norma, el Gobierno Nacional no respetó lo ordenado por la Ley 923
de 2004, ya que no estableció un régimen de transición para el personal del nivel
ejecutivo que se encontraba en servicio activo para la entrada en vigor de ese
decreto, desconociendo así la jurisprudencia del Consejo de Estado, pues en
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reiterados pronunciamientos se ha establecido como postulado que ante un nuevo
régimen de pensiones se debe establecer un régimen de transición que respete las
expectativas legítimas.
Es claro entonces según lo analizado, que el tiempo de servicio requerido para
obtener el reconocimiento de la asignación de retiro, en función del marco general
dispuesto en la Ley 923 de 2004, son los Decretos 1212 y 1213 de 1990, al
considerar que las normas posteriores por los vicios en su formación
desaparecieron del ordenamiento positivo al ser declaradas nulas.
Así las cosas, a los miembros de la Policía Nacional del Nivel Ejecutivo, que fueron
incorporados de manera directa, no se les puede exigir para el reconocimiento de
la asignación de retiro un tiempo superior a los 20 años, ni inferior a los 15 que
contiene el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, siendo esa la norma que el
Consejo de Estado, ha considerado que es la que se debe aplicar al nivel ejecutivo.
Ahora bien, respecto a la expedición del Decreto 754 del 27 de diciembre de 2019
no existe a la fecha un pronunciamiento general de su legalidad por lo que en
principio dicha norma es la regulación vigente para el contexto de reconocimiento
de la asignación de retiro del personal uniformado del nivel ejecutivo de la Policía
Nacional, sin perjuicio de que conforme a las posiciones jurisprudenciales ya
esbozadas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa y por la Corte
Constitucional sus regulaciones deban respetar los criterios de la Ley Marco 923 de
2004.
2.3. Análisis del caso concreto.
El demandante pretende que se declare la nulidad de los Oficios S-2020-
050634/DIPON-DITHA-1-10 del 20 de noviembre de 2020 y S-2020-
050634/DIPON-DITHA-1-10 del 20 de noviembre de 2020, por medio de los cuales
se le negó el reconocimiento y pago de los tres meses de alta y de la asignación de
retiro.
Con el fin de resolver la controversia alegada por las partes, esta Subsección estima
necesario hacer un recuento del material probatorio avizorado en el expediente, en
los siguientes términos:
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i) Resolución 04111 del 8 de octubre de 201410 “por la cual se ejecuta una sanción
disciplinaria impuesta a un Subintendente de la Policía Nacional ”, de la cual se destaca:
“artículo 1°. Retirar del servicio activo de la Policía Nacional por Destitución, al subintendente
DANIEL FERNANDO ZARABANDA PINTO, identificado con cédula de ciudadanía No
74.374.640. Así mismo el citado policial se encuentra Inhabilitado para ejercer función pública
en cualquier cargo o función por el término de once (11) años y la exclusión del escalafón o
carrera, de acuerdo a lo establecido en el fallo de primera instancia de fecha 18 de junio de
2014, suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento de
Policía Caquetá y providencia de segunda instancia de fecha 26 de agosto de 2014, proferida
por el Inspector Delegado de la Región de Policía No. 2 (E)”. Decisión que se notificó al actor
el 19 de octubre de 201411.”
ii) Obra la Hoja de servicio 74374640, expedida el 6 de noviembre de 2014, a través
de la cual se observa que el actor laboró por el espacio de 15 años, 4 meses y 14
días en el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, desde el 23 de agosto de 1999
hasta el 19 de agosto de 2014, retirado por destitución.
iii) El demandante solicitó a la Policía Nacional el 19 de octubre de 2020, el
reconocimiento y pago de los 3 meses de alta. Mismo día que también pidió a Casur
el reconocimiento de la asignación de retiro.
iv) Mediante Oficio S-2020-050634/DIPON-DITAH 1.10 del 20 de noviembre de
2020, la entidad demandada negó el reconocimiento de los tres meses de alta.
Como fundamento señaló:
“[…] Es pertinente señalar, que el Decreto Ley 1212 de 1990, aplica únicamente para el personal
de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, por tanto, no rige para los miembros el Nivel
Ejecutivo.
En este sentido, es de precisar que el régimen aplicable para efectos salariales y prestacionales
del personal del Nivel Ejecutivo, es el contenido en el Decreto 1091 del 27 de junio de 1995 “por
el cual se expide el Régimen de Asignaciones y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo
de la Policía Nacional, creado mediante el Decreto 132 de 1995” el cual en materia de
reconocimiento y pago de tres meses de alta, en s artículo 52 establece…
(…)
De acuerdo con lo expuesto, aparte de la definición de los efectos retroactivos aplicables para el
personal del Nivel Ejecutivo, dado de alta con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, la aludida
sentencia fue clara en determinar el tiempo en que este personal puede acceder al
reconocimiento y pago de una asignación de retiro, mismo que corresponde al periodo entre 15
a 20 años de servicio, por lo que el señor Presidente de la República de Colombia, en virtud de
los parámetros fijados en la Ley Marco 923 de 2004, y con base en el fallo judicial que declaró la
10
Expediente digital - archivo 2 fl 56.
11
Expediente digital - archivo 2 fl 57.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, expidió el Decreto 754 del 30 de abril de 2019
"Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro del personal de Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004",
el cual en su artículo 1° señala que el personal del Nivel Ejecutivo, dado de alta antes del 31 de
diciembre de 2004, retirado del servicio activo por la causal de DESTITUCIÓN, debe acreditar
mínimo 20 años de servicio, para el reconocimiento y pago de los haberes a que tenga derecho,
en este caso, los tres (03) meses de alta así como la asignación de retiro.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que para el 19 de octubre de 2014, fecha del retiro del servicio
activo de la Policía Nacional, por la causal de destitución, contaba con un tiempo de servicio de
quince (15) años, cuatro (04) meses y catorce (14) días, no es viable legalmente realizar el
reconocimiento y pago de los tres meses de alta. […]”
v) Por medio de Oficio 202021000234961 del 14 de diciembre de 2020, se negó el
reconocimiento de la asignación de retiro, por parte de Casur, bajo los siguientes
argumentos:
“[…] En atención a los escritos del asunto, relacionado con el reconocimiento de la asignación
mensual de retiro a que cree tener derecho su representado el señor Subintendente (r)
ZARABANDA PINTO DANIEL FERNANDO, identificado con cedula de ciudadanía No.
74.374.640, me permito informar que según la hoja de servicios, se certifica que ingresó a la
Policía Nacional en la categoría del Nivel Ejecutivo y prestó servicios por espacio de 15 años, 04
meses, 10 días, incluidos tiempos de alumno, Nivel Ejecutivo, siendo desvinculado de la
Institución por la causal de “…Destitución…”, a partir del 19/10/2014.
De conformidad con el Decreto 4433 de 2004, en concordancia con el Decreto 754 del
30/04/2019, se establece en el artículo 1:
“(…) Fijase el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa hasta el 31 de diciembre de 2004, los
cuales tendrán derecho cuando sean retirados de la institución con quince (15) años o más de
servicio por llamamiento a calificar servicios, o por voluntad del Director General de la Policía, o
por disminución de la capacidad psicofísica, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados
o separados en forma absoluta o destituidos después de veinte (20) años de servicio, tendrán
derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, se les pague una asignación mensual de retiro (…)”,
condición que no cumple el mencionado Subintendente […]” (En negrillas de la Sala).
Analizada la hoja de servicios, se observa que el subintendente Zarabanda Pinto
fue incorporado en el Nivel Ejecutivo por orden administrativa 1-184 del 30 de
septiembre de 1999. Igualmente, fue retirado del servicio el 19 de octubre de 2014
por “Destitución Inhabilitado” para ejercer función pública en cualquier cargo o función
por el término de 11 años y la exclusión del escalafón o carrera; por lo que, al
momento de su retiro contaba con 15 años, 4 meses y 14 días en el nivel ejecutivo.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
Así mismo, se constata que las entidades accionadas le negaron el reconocimiento
y pago de los tres meses de alta al actor y el reconocimiento de la asignación de
retiro, en razón que no cumple los requisitos. En ese sentido, se expuso que el
Decreto Ley 1212 de 1990 aplica únicamente para el personal de Oficiales y
Suboficiales de la Policía Nacional, por tanto, no rige para los miembros el Nivel
Ejecutivo, y el Decreto 754 del 30 de abril de 2019 prevé que quienes sean retirados
o separados en forma absoluta o destituidos después de 20 años de servicio,
tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres meses de alta, tiempo
este último que el actor no probaba.
De acuerdo con lo anterior, para la fecha en que el accionante fue retirado del
servicio -19 de octubre de 2014- las disposiciones vigentes que regulaban su
situación jurídica respecto de la asignación de retiro eran las contempladas en la
Ley 923 de 2004, conforme a la cual, al 31 de diciembre de 2004, la normativa
aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública eran los Decreto 1212 y 1213 de 1990, aplicables al personal del
nivel ejecutivo por incorporación directa, por ser la norma vigente de ese momento.
Ahora, respecto del Decreto 1858 de 2012, debe señalarse que no resulta ser
aplicable, toda vez que su artículo 2° fue declarado nulo por el Consejo de Estado12
con efectos ex tunc, por lo que no existía una norma que regulara la asignación de
retiro que le fuera ajustable al demandante que cumpliera con los requisitos del
artículo 3° de la Ley 923 de 2004.
Por ello, el demandante para ser beneficiario de la asignación de retiro debía cumplir
los requisitos que son los contemplados en el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990,
teniendo en cuanta la calidad que ostentaba al momento de su retiro, es decir,
subintendente, que en el caso concreto exigía 15 años de servicios para su
reconocimiento, cuando el retiro se produjera por causa distinta a la voluntad propia,
requisito que se acredita por el interesado, toda vez que según la hoja de servicio y
el acto acusado, al momento de su retiro contaba con un tiempo de servicio de 15
años, 4 meses y 14 días, aspecto que no está en discusión.
Por otro lado, la Sala precisa que, si bien es cierto el señor Zarabanda Pinto fue
retirado del servicio por separación absoluta por “haber sido hallado responsable
disciplinariamente”, también lo es que la jurisprudencia de esta Corporación ha
considerado que tal circunstancia es asimilable a la causal de retiro del servicio por
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sentencia del 3 de septiembre de 2018.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
comportamiento deficiente o mala conducta, de conformidad con lo normado en el
artículo 144 del Decreto 1212 de 1990.
Ello, comoquiera que es beneficiario del régimen de transición de la Ley 923 de
2004, y en tal sentido, se reitera la interpretación que esta Corporación ha venido
aplicando respecto al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990. En efecto, en
sentencia de 10 de junio de 202113 se sostuvo:
“[A]unque no señala [hace referencia al artículo 144 del Decreto 1212 de 1990] expresamente
la posibilidad de obtener asignación de retiro para aquellos funcionarios que hayan sido
retirados del cargo bajo la causal de «separación absoluta» del servicio activo, sí indica la
eventualidad de obtener dicha prestación para aquellos empleados que han sido retirados del
servicio después de 15 años, bajo la causal de «mala conducta», razón por la cual al hacer
una interpretación amplia de la norma, debe entenderse tal causal como un tipo en blanco en
donde se encuentran incluidos acontecimientos que al verse cuestionados pueden devenir en
una sanción bien sea de carácter penal, fiscal, o disciplinario y que al ser llevadas al caso
concreto evidencian que la separación del servicio se realizó con fundamento en la existencia
de una mala conducta y que en nada excluyen al peticionario para que luego de verificado el
cumplimiento de los requisitos legales, se le reconozca la asignación de retiro que solicita.
Por tal razón, al tenor del artículo 144 del decreto 1212 de 1990, cuando la «separación
absoluta» se produce como consecuencia de una condena proferida en un proceso penal, sí
da lugar a percibir la asignación de retiro siempre que se hubiere acreditado el requisito de 15
años de servicios como miembro de la Policía Nacional.”
Por lo tanto, el actor debía contar 15 años de servicio como mínimo para acceder al
reconocimiento de la asignación de retiro, lo que en efecto acreditó dado que al
momento de su retiro tenía un total de tiempo de servicios a la Policía Nacional, de
15 años, 4 meses y 10 días, según se expuso en precedencia. Asimismo, le asiste
el derecho establecido en el artículo 145 del Decreto 1212 de 1990, esto es, a
continuar dado de alta en la pagaduría por tres meses a partir de la fecha en que se
causó la novedad de retiro.
Ahora, en lo que, respecta a la prescripción del derecho, la Sala advierte que el
artículo 155 del Decreto 1212 de 1990 dispone:
“[…] Los derechos consagrados en este Estatuto, prescriben en cuatro (4) años que se
contarán desde la fecha en que se hicieron exigibles. El reclamo escrito recibido por autoridad
competente, sobre un derecho, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual. El
13
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 10 de junio de
2021, Radicado: 25000-23-42-000-2013-05174-01(0959-18).
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
derecho al pago de los valores reconocidos prescribe en dos (2) años contados a partir de la
ejecutoria del respectivo acto administrativo y pasarán a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional.”
Así las cosas, se debe manifestar que la declaración que realizó el a quo esta
conforme a derecho, puesto que al demandante lo retiraron del servicio a partir del
19 de octubre de 2014 y las solicitudes respectivas se realizaron el 19 de octubre
de 2020, habiendo transcurrido 6 años, por lo que de acuerdo con la norma
transcrita todo lo anterior al 19 de octubre de 2016 se encuentra prescrito, por lo
que la declaratoria del a quo se ajustó a lo previsto en la norma que regula la
materia.
Sobre la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante destacar que no procede de manera
automática, pues tal y como se indica en el numeral 8 del artículo 365 del Código
General del Proceso, «[…] solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se
causaron y en la medida de su comprobación […]». Siendo así, teniendo en cuenta que en
el trámite no se observa que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida.
III. DECISIÓN
Visto lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia del Tribunal
Administrativo de Caquetá, que accedió parcialmente las pretensiones y declaró la
prescripción con anterioridad al 19 de octubre de 2016.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 30 de noviembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Caquetá, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda y declaró la prescripción con anterioridad al 19 de octubre de 2016,
por las razones expuestas.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
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Número interno: 1813-2024
Demandante: Daniel Fernando Zarabanda Pinto
Demandadas: Nación - Min. Defensa – Policía Nacional y Casur
TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriada
esta providencia.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada
en la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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